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Juan Laureano gomez

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El aumento de la informalidad en los últimos diez años podría indicar que el sistema actual la estimula.

A raíz de la reforma laboral propuesta por el gobierno, y solo para fines especulativos, preguntémonos ¿qué sucedería si todos decidiéramos ser informales? La pregunta no tiene en la práctica validez, porque sabemos que en la realidad todo emprendedor, al momento de iniciar su actividad, toma la alternativa que le parece más racional. Algunos se fijan un monto en ventas mínimo para formalizarse, por ejemplo unos mil millones de pesos, que podría ser como el punto de equilibrio, después de analizar los costos de las opciones.

La formalidad conlleva un costo de entrada por los trámites y registros iniciales y otro de mantenimiento por impuestos y contribuciones de ley por salud, pensión y riesgos. En paralelo, la informalidad acarrea los costos de las posibles multas y sanciones de ley, la inseguridad o falta de protección legal ante demandas laborales o por derechos de propiedad de los productos y validez de los contratos, y el difícil acceso al crédito.

Sin embargo, no todos los emprendedores tienen bases analíticas suficientes y simplemente optan bajo una “cultura de ilegalidad”, por violar las normas del registro mercantil, del registro de la contabilidad y por evadir impuestos y aportes a la seguridad social, lo cual constituye un componente importante de nuestra tolerancia endémica a la corrupción.

Si nos atenemos a los datos publicados por el DANE, los ocupados informales representan el 56.7% del total de empleados entre marzo y mayo del 2023, contra el 51.8% para el periodo de mayo a julio del 2012, lo cual significa que hemos retrocedido. Ante esa evidencia, surge la inquietud entonces, de si el sistema actual incentiva la informalidad.

Si esto indican las cifras y las actitudes culturales enraizadas, y si no se ven programas frontales para reducir la informalidad laboral (y mucho menos la pandemia de la corrupción), ¿qué pasaría, entonces, si todos fuésemos informales? Como nadie pagaría impuestos a la renta por utilidades, ni contribuciones a la seguridad social, pues el estado se vería abocado a subsidiar los gastos por salud, riesgos y pensiones de toda la población, sin tener el ingreso del impuesto a las utilidades.

Algo estamos haciendo tremendamente mal para que la informalidad aumente (o en el mejor de los casos, se mantenga por encima del 50%). De leyes estamos sobrados hace rato, además de la ineficiencia del estado en la lucha contra la corrupción. 

Y, aún peor, hay evidencias de un mayor deterioro de la ética y moral nacional cuando el pueblo acepta con ligereza la vuelta de expresidiarios a la política (como recientemente ocurrió en la Guajira y en Córdoba), cuando es manifiesto el silencio o ciertas declaraciones de políticos y funcionarios gubernamentales sobre la corrupción en general, y sobre otros hechos aún pendientes de aclarar como la financiación de campañas políticas.

Como muestra de todo esto, vale la declaración del expresidente Gaviria sobre su consideración del Consejo Nacional Electoral como tal vez, la entidad más corrupta del país (véase el periódico El Tiempo de julio 4 pasado).

Juan Laureano Gómez

Julio, 2023

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Recientemente, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que la evasión y la elusión de impuestos en Colombia alcanza $80 billones anuales, aunque en la exposición de motivos de la reforma tributaria la cifra se acerca $65 billones.

Resulta paradójico que el ministro de Hacienda ‒en un reciente congreso de gremios en Cartagena‒ afirme que la evasión y la elusión de impuestos en Colombia sea de $80 billones anuales (notamos, sin embargo que en la exposición de motivos de la reforma tributaria se habla de cerca de $65 billones), cuando él mismo adelanta una propuesta de reforma tributaria para recaudar $25 billones anuales de impuestos adicionales, lo cual constituye una declaración tácita de la incapacidad crónica del Estado colombiano de hacer cumplir las leyes tributarias. 

Esos $80 billones de evasión y elusión son cercanos a 40 % de los $202 billones de recaudo proyectados para 2022, que representan más del doble de lo recaudado en el año 2012, sobre todo por incrementos sustanciales en recaudos en años recientes (excepto el año de la pandemia).

El presidente Petro afirmó en su campaña que la mayor corrupción en Colombia es la evasión de impuestos de las empresas, de lo cual no estoy muy seguro, pues las cifras estimadas de la corrupción son igualmente alarmantes. Sin entrar en mayores detalles, la Contraloría General de la Nación estimó en enero de 2021 en $50 billones las pérdidas por corrupción en Colombia, de tal manera que la mayor corrupción es la ineficiencia confesa y tolerada del Estado colombiano para hacer cumplir las leyes.

Dice un conocido que antes el mayor enemigo del hombre era el diablo, pero que ahora es la DIAN. Y esto seguramente empeorará en el futuro, a medida que mejoren los controles y sea mayor el número de funcionarios de la DIAN persiguiendo la evasión, lo cual me parece muy bien.

Por otra parte, los impuestos no pueden seguir subiendo indefinidamente, porque “matamos la gallina”. Si un particular o empresa deben generar cuatro pesos para quedarse solo con un peso, el Estado se convierte en el accionista mayoritario, con el agravante de que individuos y empresas siguen manejando todos los demás riesgos del negocio (mercado, laboral, penal, etc.), mientras el Estado se lleva la mejor parte sin asegurar un manejo eficiente y honrado de los recursos. Sería la fórmula segura al fracaso como nación. Y si además la productividad en Colombia es la cuarta parte de la de los países avanzados, ¿cómo podrán las empresas y los individuos progresar, competir, crear empleo y pagar mejores salarios?

Se estima que la informalidad (58 % en Colombia), genera evasión de impuestos por $10 billones en renta y $20 billones en IVA. Además, este mismo 58 %, generalmente, no aporta a salud ni a pensión, cuyos costos deben asumirlos los formalizados (empleados y empresas). ¿Es esto fiscal y socialmente sostenible?

Este estado de cosas es un llamado a una guerra inteligente, pero radical, contra la corrupción (incluyendo la informalidad), antes que nada. Sin este saneamiento previo, ganar las otras batallas parece muy difícil.

Juan L. Gómez

Noviembre, 2022

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Muy al estilo macondiano, Petro ofrece crear el capitalismo a la colombiana, un “capitalismo mágico” para “gozar la vida y vivir sabroso”. Los chinos han sido exitosos, pero el capitalismo del siglo XXI es un fracaso mayor. 

Para gozar la vida ‒todos sabemos‒ se requieren recursos y la fuente principal de recursos del Estado son los impuestos, con lo cual cobra relevancia la reforma tributaria, un primer requisito de los gobiernos en los últimos 30 años. Todos prometen una reforma estructural, aunque en la práctica las reformas no han pasado de ser cortoplacistas, bien sea por miopía financiera, cobardía política o, muy probablemente, una mezcla de las dos. 

Los gobiernos saben que cualquier exceso en impuestos es “perjudicial para la salud” y, por eso, andan con tino; si no, acordémonos de la abortada reforma de Carrasquilla el año pasado. Mucho impuesto a los ricos desestimula la inversión y la creación de puestos de trabajo y mucho impuesto a los pobres aumenta la pobreza y la crisis social en general. Y un nivel bajo de impuestos limita el gasto social, además de mantener un déficit fiscal permanente, como es el caso de las economías en desarrollo. 

Dicho esto, la política colombiana ha sido acomodaticia desde el Frente Nacional. Lo que empezó como una alternancia en el poder de los partidos políticos tradicionales derivó en acuerdos programáticos entre el ejecutivo y el legislativo para obtener mayorías en el Congreso y asegurar así la gobernabilidad. En esta última elección presidencial, a pesar de las promesas de cambio y de lucha contra la corrupción, principalmente caracterizada por el cobro de comisiones en las asignaciones presupuestales, parece que todo seguirá igual. Al menos en el interactuar entre gobierno y Congreso. Así al menos parece por los recientes acuerdos entre el victorioso Pacto Histórico, el Partido Liberal y otras agrupaciones que permitirán al gobierno entrante contar con mayorías en el legislativo. De hecho ‒recordemos‒ las elecciones presidenciales no cambian la composición del Congreso.

Esa alianza parecería servir de moderadora de la ortodoxia socialista de muchas de las propuestas del nuevo presidente. Sin embargo, podría llevar al desengaño de muchos seguidores del Pacto Histórico, votantes claros de un cambio en la forma de hacer política en el país.

Así pues, se impone la realidad de “moler con las mulas que hay” y, en lugar de generar un cambio brusco de consecuencias desconocidas o un “salto al vacío”, parecería que vendrán cambios graduales. Siempre es mejor y más sostenible construir sobre lo construido.

De la habilidad del nuevo presidente para explicar a todos el curso de acción y la implementación de propuestas ‒teniendo en cuenta los acuerdos programáticos‒ dependerá que sigamos avanzando, no sin dificultades como hasta ahora lo hemos hecho, sobre la base que solo el trabajo y la honradez son garantía de progreso.

Es resaltable la declaración de guerra a la pobreza (uno de los argumentos fuertes para la reforma tributaria y pilar de la prometida “vida sabrosa “), de la cual estábamos en mora pues, al parecer, el dolor ajeno termina insensibilizándonos ante la imposibilidad individual de resolverlo. 

Por otra parte, es indispensable reactivar relaciones y comercio con Venezuela ante tanto drama migratorio y necesidades económicas. Si con alguien se debe hablar es con el “enemigo”, que en verdad no lo parecerá tanto después de que hablemos con él. Del amigo siempre sabemos lo que piensa, pero ¿cómo lidiar con el “enemigo” si lo desconocemos totalmente? También con los vecinos debe aplicarse el “moler con las mulas que hay”.

La pregunta del día es el modelo socialista latinoamericano que seguirá el nuevo gobierno y si finalmente dicho modelo cuadra con el capitalismo a la colombiana. Me inclino por que Petro seguirá un modelo de cambios graduales parecido al de AMLO en México.

Nuestro éxito como país dependerá de que hablemos menos y nos escuchemos más para entendernos y juntos poder hacer más. Y, además, cambiar la cultura de la corrupción imperante, esa otra guerra que falta por declarar urgentemente y por la cual la otra mitad del electorado votó y sin la cual la guerra contra la pobreza puede perderse. Es posible que esa otra mitad del electorado se organice como partido político y siga muy de cerca el desarrollo de los acontecimientos.

Con una margen de victoria de apenas 3 % y una situación económica precaria, se impone la necesidad de alcanzar acuerdos programáticos para lograr consensos mayoritarios como un buen comienzo para aterrizar un capitalismo mágico que surja de la unidad. Quizá Colombia logre añadir a su marca país esta denominación del capitalismo que contrastaría con el capitalismo salvaje que tanto se critica hoy.

Juan L. Gómez C.

Septiembre, 2022

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