Nos ha tocado vivir un mundo agitado. Los avances de la ciencia y tecnología suceden atropelladamente. La forma de comunicarnos nos ha cambiado la vida. Una pandemia extrañísima nos ataca de repente, a escala global, mostrándonos lo mejor y lo peor de lo que somos, mientras muchos países se polarizan en ideologías opuestas y son corroídos por la corrupción de un dinero y de una violencia insaciables. Queremos recibir aquí sus reflexiones…
El Estado se ha convertido en una vaca lechera a la que todos quieren ordeñar, lo cual no significa que no deba dar subsidios a grupos particulares.
Una de las características más paradójicas del capitalismo a la colombiana es la posición contradictoria ante el Estado. Son muchas la personas que piensan que el Estado es la némesis del espíritu emprendedor, un obstáculo al desarrollo de la libre empresa o un estorbo para la prosperidad de los negocios; por eso hay que reducir su tamaño y recortar el gasto público. Esas mismas personas piensan que hay que aumentar el gasto público para que el Estado pueda ayudarlas cuando tienen dificultades.
No es una contradicción exclusiva de Colombia; es de la gran mayoría de los países capitalistas. La manida expresión de “privatizar las ganancias y socializar las pérdidas” resume bien esa postura, casi universal, de considerar las ganancias de las empresas como propiedad privada de sus accionistas, mientras que las pérdidas son una responsabilidad pública, que el Estado y la sociedad deben asumir.
Son numerosos los ejemplos de exigencias al Estado para que asuma los costos o las pérdidas de determinados negocios. En el sector agrícola son cíclicos. Los cafeteros hacen un esfuerzo de ahorrar parte de las bonanzas, pero cuando se les acaba ese ahorro, exigen que el gobierno les garantice un precio mínimo para la cosecha; los arroceros reclaman subsidios para el almacenamiento de las cosechas; todos los productores solicitan créditos con tasas de interés subsidiadas, y en las épocas pasadas de revaluación, pedían coberturas cambiarias.
En la pandemia, empresarios de todos los tamaños buscaban -y lo lograron- que el Estado les compensara los costos o la pérdida de ingresos causada por un fenómeno por fuera del control del gobierno. Subsidios para la nómina, incentivos a las empresas para la contratación de empleo, reducción de encajes para los bancos y por supuesto, los recursos para el sector salud y los ingresos para la población vulnerable.
Más grave es la situación cuando las ayudas o subsidios se presionan con huelgas paros o bloqueos, como se ha hecho costumbre en el sector transporte. Para evitar bloqueos de las carreteras se congelan los peajes o no se aumenta el precio del diésel, manteniendo un subsidio injustificado. Ante un paro de taxistas, se les concede un precio diferencial de la gasolina, y la amenaza de los motociclistas se conjura subsidiándoles el SOAT.
Así, el Estado se ha convertido en una vaca lechera a la que todos quieren ordeñar, lo cual no significa que el Estado no deba dar subsidios o ayudas a grupos particulares. Por el contrario, si debe utilizar sus escasos recursos para favorecer a un grupo social en particular, debe ser el de los más débiles y desprotegidos.
Es el principio básico del Estado Social de Derecho que se concreta en el artículo 334 de la Carta Política: “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servicios básicos”.
Mauricio Cabrera
Artículo publicado en la revista Portafolio, Bogotá.