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Nos ha tocado vivir un mundo agitado. Los avances de la ciencia y tecnología suceden atropelladamente. La forma de comunicarnos nos ha cambiado la vida. Una pandemia extrañísima nos ataca de repente, a escala global, mostrándonos lo mejor y lo peor de lo que somos, mientras muchos países se polarizan en ideologías opuestas y son corroídos por la corrupción de un dinero y de una violencia insaciables. Queremos recibir aquí sus reflexiones…

El estilo Trump

Por Francisco Cajiao
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Trump se ha estado lavando las manos por cuatro años, pero ha insistido en su papel de víctima.

Sorprende que un presidente que prometió cambiar las costumbres políticas que durante décadas denunció y combatir todas las formas de corrupción, aparezca inventando que quieren tumbarlo de su cargo. Más sorprendente aún es que el cuento se lo haya “comido” el presidente de la OEA.

Gustavo Petro consiguió la presidencia en elecciones democráticas legítimas, así como el Fiscal, la Procuradora, el Contralor, senadores, representantes y magistrados de las altas cortes han sido designados legítimamente, siguiendo los procedimientos y normas previstos por la Constitución. Eso no significa que todos creamos que son los mejores para ejercer las funciones que corresponden a sus cargos.

El 47,3 % de la gente votó por Rodolfo Hernández, lo cual significa que Petro no le gustaba a casi la mitad de los electores. Pero él ganó y eso le ha dado el derecho a gobernar, que es lo que todo el mundo le pide que haga, incluyendo sus opositores. El fiscal Barbosa hizo una muy cuestionada gestión, pero que no le guste al Presidente o a una parte de la ciudadanía, no significa que su investidura carezca de legitimidad y que investigar a funcionarios o parientes del gobernante sea una amenaza contra las instituciones. Lo mismo puede decirse de la Procuradora. Y de los tropiezos de los proyectos en el Congreso. Y de las investigaciones sobre el uso de los dineros públicos.

El problema es otro: si se nombra a funcionarios ineptos que se brincan las normas de contratación por ignorancia o por soberbia, aun después de ser advertidos, los responsables constitucionales de investigarlos y sancionarlos deben cumplir con su deber; si una ministra dice tonterías, hace tráfico de influencias para sacar a su hijo del país y su marido es contratado con otras entidades, no se puede molestar el Presidente con las críticas.

No sé cómo explique el Gobierno el nombramiento de Armando Benedetti en una embajada inventada ad hoc para sacarlo del país y tenerle la boca cerrada después de todo lo que alcanzó a decir. ¿Qué pasó con las investigaciones penales y disciplinarias pendientes? La lista de personajes oscuros y poco calificados designados por el Presidente de la República es larga, para hablar de aquello donde es directo responsable, porque enredos como los de su hijo y su hermano lo afectan mucho, pero no son atribuibles a él.

A los mandatarios de derecha, centro o izquierda no suelen caerles bien los órganos de control, las ramas del poder que puedan limitar su poder o las fuerzas sociales que critiquen su gestión. Pero eso no se acerca a un golpe blando o duro. A veces parecería que el Presidente se sentiría mejor si efectivamente alguien quisiera derrocarlo, pues en ese caso sería una víctima de las oligarquías, un mártir del cambio y no el responsable directo del fracaso más estruendoso de unas promesas que se van quedando en discursos y en una larga lista de funcionarios que replican exactamente lo que propusieron cambiar. Cada que surge una crítica sobre el uso abusivo de recursos del Estado para lujos personales, gastos suntuarios y cosas por el estilo se argumenta que son legítimos porque también antes se hacían. ¿Y, entonces, cuál era el cambio?

Trump desconoció la legitimidad de unas elecciones y azuzó a una turba para que se tomara el Congreso. Un simulacro parecido sucedió aquí la semana pasada frente a la Corte Suprema de Justicia. Trump se ha estado lavando las manos por cuatro años, pero ha insistido en su papel de víctima, y con cada denuncia penal aumentan sus seguidores y sus posibilidades de ser de nuevo presidente. Las investigaciones, los testimonios y los hechos han importado poco en las filas de sus áulicos. Ojalá el estilo Trump no pegue entre nosotros.

Nota: Es lamentable el papel de los directivos de Fecode en esta aventura. Hacen mucho daño a la imagen pública de los maestros cuyos aportes financian sus devaneos políticos. Francisco Cajiao

13 de febrero 2024

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Una amena e instructiva tertulia nos ofreció nuestro invitado sobre un tema muy de actualidad, gracias a la película nominada a varios Oscar de la Academia del Cine. Además de haber profundizado en el tema, Carlos nos ofreció tres historias cruzadas de ilustres Jesuitas que estuvieron íntimamente conectados con ese imborrable acontecimiento de la historia de la humanidad. Compartimos esta interesante tertulia con nuestros lectores.

Exjesuitas en tertulia- 8 de Febrero, 2024
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Las obras por impuestos no son un incentivo tributario, sino una modalidad de pago del impuesto. Se trata, entonces, de recursos públicos que son ejecutados por las empresas.

Hasta el momento, el balance de este mecanismo ha sido positivo. Tanto los empresarios como el gobierno han considerado que el instrumento ha cumplido con sus propósitos.

Desde la perspectiva de los empresarios, el mecanismo ha sido exitoso porque contribuye a mejorar su imagen institucional y les permite crear un ambiente amable con las comunidades. Aunque para la empresa sea más sencillo hacer un giro y consignarle los impuestos a la DIAN1, prefiere hacer la obra a pesar de los costos que ello implica. Esta decisión se toma porque la empresa valora otras dimensiones, de naturaleza reputacional, que van más allá de los aspectos puramente financieros.

Y por el lado del gobierno, las obras por impuestos han sido favorables porque la capacidad de gestión de las empresas es considerablemente mayor que la del Estado y las inversiones realizadas han sido oportunas y de calidad. La empresa se encarga de todo el proceso de la inversión, desde el diseño hasta su ejecución final. Las etapas de contratación en el sector público son engorrosas y toman más tiempo. Además, es positivo que el gobierno (local o nacional) sea el que decide el tipo de obra y sus características.

Entre 2018 y 2024, el monto de los recursos destinados a las obras por impuestos pasaría de $219.000 millones de pesos a $1 billón. El CONFIS2 acaba de aprobar este último cupo. Y si se ejecuta el presupuesto, el monto total a lo largo del período ascendería a $3,1 billones. La ampliación de estos cupos es una expresión de la bondad del mecanismo. Hasta ahora se han aprobado 297 proyectos en los que han participados 160 empresas y 238 municipios. La mayoría de los proyectos han sido en educación (156), le sigue transporte (75), vivienda (32) y energía (23).

Las bondades del mecanismo son indiscutibles desde la perspectiva micro, así que cuando se examina cada uno de los proyectos el balance es positivo. Pero desde la óptica macro vale la pena hacer consideraciones de tipo estratégico, que ponen en evidencia limitaciones de las obras por impuestos. Desde esta mirada global, el mecanismo se puede mejorar.

Primero, la jerarquización de los proyectos se debe realizar en función de programas estratégicos. Sería ideal que cada una de las inversiones se pudiera inscribir en líneas de acción con una perspectiva regional de mediano y largo plazo.

Segundo, el mecanismo se debe ampliar a cualquier tipo de municipio. La normatividad actual obliga a que los proyectos se realicen en los 344 municipios Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), que incluyen 170 municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Para que los proyectos de inversión sean estratégicos y de carácter regional, no se deberían restringir a los municipios Zomac, porque su dispersión reduce las posibilidades de articulación estratégica.

Tercero, se debe buscar una mayor diversificación, tanto desde la perspectiva de las empresas, como de los sectores. Sería conveniente que aumentaran los proyectos relacionados con el ambiente, las TIC, o la salud. También es conveniente que participe un mayor número de empresas.

Cuarto, en las evaluaciones futuras del instrumento se le debería dar mayor énfasis al impacto estratégico que a los análisis micro.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá

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No hay por qué exagerar los riesgos que implica el empleo de las máquinas como son los computadores, ni tampoco la inteligencia artificial. Aunque sí preocupa la búsqueda del lucro y del ahorro en recursos humanos. En muchos países han surgido más inquietudes sobre la deshumanización de la enseñanza-aprendizaje.

La relación entre profesor y alumno, característica de la enseñanza-aprendizaje, sigue vigente tras incontables siglos de experiencia. Dicen que Confucio transmitía con pedagogía muy cordial sus enseñanzas que tenían además como finalidad no solo comunicar contenidos, sino también enseñar cómo vivir de manera íntegra la vida. Acerca de Platón y su Academia sabemos mucho más en Occidente porque pertenecemos a una cultura que, a pesar de los siglos recorridos, es patrimonio común de Grecia y Roma antiguas y de las modernas civilizaciones europeas y americanas.

¿Sobrevivirá esa tradición civilizadora de la relación entre profesor y alumno? Hay signos contemporáneos que parecen anunciar su desaparición en los años por venir. No hay por qué exagerar los riesgos que implica el empleo de las máquinas como son los computadores ni tampoco la inteligencia artificial. Aunque sí preocupa la búsqueda del lucro y del ahorro en recursos humanos. En muchos países han surgido más inquietudes sobre la deshumanización de la enseñanza-aprendizaje.

Suecia tomó medidas para estimular con mayor presupuesto nacional la educación en las aulas de clase basada en la lectura de textos impresos y la interrelación de alumnos y profesores con el fin de no seguir incentivando con dineros públicos el uso excesivo de las tabletas digitales y la inteligencia artificial. La UNESCO publicó el año pasado una guía de políticas públicas en el uso de dicha inteligencia. Se busca que la comercialización de los productos digitales no arrastre consigo a la educación, humanística y técnica, sino más bien que mantenga su norte con sentido ético y a su vez se prevengan las desigualdades, ya que por costos económicos no se llega a una gran mayoría de la población rural y de bajos ingresos.

La pandemia obligó a acudir a la educación virtual, que es realmente educación a distancia, mediante la utilización de tecnologías que salvaron a millones de estudiantes de quedar confinados en la incomunicación, que es lo más opuesto que puede darse a la interrelación profesor- alumno.

La cercanía, la presencialidad, son intrínsecas a la formación integral, sobre todo en la de los niños y adolescentes. La tecnología es un complemento, necesario por cierto, de esa formación que por siglos ha seguido la tradición de convivencia que desde Confucio y Platón, -desde mucho antes- ha distinguido a la academia. Sin los Diálogos de Platón no sabríamos que Sócrates continúa siendo uno de los mayores pedagogos de la educación basada en virtudes ciudadanas y valores éticos, sin los cuales no habría futuro humano.

Jesús Ferro Bayona

Publicado en El Heraldo, Barranquilla

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La difícil coyuntura económica les está poniendo retos enormes tanto a las universidades públicas como a las privadas.

El número de estudiantes matriculados en educación superior empezó a bajar desde 2017. Con la pandemia se acentuó la tendencia. Según datos del Ministerio de Educación, una vez pasada la pandemia se ha registrado un aumento leve de estudiantes matriculados. Son más los que pueden hacerlo en entidades públicas que en las privadas. Las públicas cuentan con financiación del Estado, pero no tienen la capacidad instalada para recibir a todos los que quieren entrar. Por su lado, las universidades privadas se financian con matrículas, en muchos casos elevadas. La mayoría de los jóvenes colombianos pertenecen a estratos de bajos ingresos económicos por lo que no tienen los recursos suficientes para pagar matrículas.

Hay pues un conjunto de razones de orden económico que explican el decrecimiento del número de estudiantes en las universidades privadas de calidad, lo que repercute en gran parte en los problemas financieros que afrontan varias universidades del país que, según informes de prensa, han tenido que hacer recortes en la planta de profesores y de funcionarios con el fin de resolver los menores ingresos económicos con los que cuentan para funcionar.

No obstante, universidades como los Andes han buscado ingresos extraordinarios mediante la consecución de recursos distintos a las matrículas. En una publicación de página entera en un medio nacional, los Andes anunció que había recaudado entre amigos de grandes, medianas empresas y particulares, más de 9 mil millones de pesos para becas, auxilios o ayudas a los aspirantes a estudiar en su claustro. Es una cantidad de dinero apreciable para estos tiempos de bajo crecimiento económico.

En estudios publicados en 2023 por el ICFES, en una encuesta de la Javeriana y USAID entre 4.500 jóvenes, éstos manifiestan esperanzas en un futuro mejor a través de la formación universitaria, pero se encuentran con una realidad que no les ofrece oportunidades para realizar sus proyectos de vida. Una de ellas es el difícil acceso al estudio de profesiones debido a la insuficiente oferta de cupos en universidades públicas o a los costos de las matrículas en las privadas.

Más del 20% de los encuestados señala también la falta de ofertas de empleo en las áreas en las que se formaron. En esta difícil coyuntura económica pienso que las universidades tendrán que ser recursivas para ofrecer oportunidades de estudio mediante financiación y becas a los jóvenes de menores ingresos económicos, que son mayoría, manteniendo la calidad de su oferta educativa.

Es un reto difícil pero no imposible.

Jesús Ferro Bayona

Publicado en El Heraldo, Barranquilla

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Nuestros jóvenes están llegando a noveno grado sin saber leer y escribir. Más que muchas leyes se necesita con urgencia encontrar estrategias cada vez más eficaces para asegurar que el derecho fundamental a leer y escribir se garantice.

Está comenzando el año escolar y parte de lo que suele hacerse es un repaso de lo visto el año anterior. Con frecuencia los maestros descubren que buena parte de los avances que creyeron obtener, se perdieron durante las vacaciones. Más difícil suele ser indagar qué cosas nuevas aprendieron en su período de receso, pues nos inclinamos a ver lo que les hace falta a los niños y jóvenes y no lo que tienen en abundancia.

También resulta saludable que los colegios tengan claros los logros institucionales previos con el fin de afianzarlos, así como los problemas que les quedaron pendientes para avanzar en su solución. Otro tanto sucede en las entidades territoriales, máxime cuando llegan nuevos funcionarios a las secretarías de Educación y, de repente, se les ocurre que nada de lo anterior es apropiado. La importancia de los períodos de empalme es precisamente establecer el estado actual de las cosas, para dar continuidad a aquellas que venían funcionando bien y acometer las acciones necesarias para resolver los pendientes, que siempre son muchas.

A final del año pasado el país fue notificado de uno de estos retos impostergables: nuestros jóvenes están llegando a noveno grado sin saber leer y escribir. Esto para no hablar de su lamentable nivel en el dominio de las matemáticas.

En lectura, alrededor del 49% de los estudiantes en Colombia alcanzaron el nivel 2 o superior en las pruebas Pisa, mientras el promedio de la OCDE es del 74%. Esto significa que el 51% de la población adolescente es incapaz de identificar la idea principal en un texto medianamente largo, encontrar información basada en criterios explícitos y dar una opinión propia sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les pide que lo hagan. Solamente el 1% de los estudiantes evaluados está en el nivel 5, mientras el promedio de los países de la OCDE que está en este nivel es de 7%. Es de anotar que estas pruebas evalúan la lectura pero no la escritura, lo cual podría empeorar mucho el panorama.

Es legítimo el énfasis del Gobierno en abrir oportunidades de educación superior para todos los colombianos, pero si más de la mitad de los bachilleres del país son incapaces de leer un texto de corrido, saber lo que dice y formarse una opinión propia sobre su contenido, no pasará de una buena intención. El problema es que esta enorme limitación cultural, porque la lengua escrita es el vehículo indispensable para acceder al conocimiento, la historia y toda la herencia de la humanidad, está teniendo repercusiones perversas en las instituciones de educación superior.

Las universidades tienen la enorme responsabilidad de formar a quienes constituyen la élite intelectual de la sociedad. Médicos, abogados, ingenieros, economistas y demás profesionales, asumirán a lo largo de su vida las grandes responsabilidades políticas, administrativas, científicas y prácticas de las cuales depende el progreso de todos. Por

eso la calidad de la educación superior es un imperativo ético y no solamente un lujo opcional de algunas instituciones.

Cada día estamos confiando la vida individual y el destino colectivo a personas que suponemos calificadas para asegurar nuestro bienestar. El problema es que ya muchos profesores universitarios se encuentran con estudiantes completamente incapaces de seguir el hilo de un texto complejo o de redactar un trabajo relativamente sencillo. El dilema es que si los reprueban las aulas se desocupan, pero llevarlos hasta el final de una carrera es asumir que la excelencia no es posible.

Creo que el repaso obligado de comienzo de año, tanto para las administraciones locales como para el Gobierno Nacional, es recordar que más que muchas leyes se necesita con urgencia encontrar estrategias cada vez más eficaces para asegurar que el derecho fundamental a leer y escribir se garantice efectivamente, como base para el ejercicio de todos los demás derechos.

Francisco Cajiao

29 de enero 2024

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Esta es la crítica más leve que se puede hacer a la reciente decisión de la Junta del Banco de la República de rebajar de 13% a 12.75% su tasa de interés: ¡Se demoraron mucho en hacerlo, y la bajaron muy poco, solo 0,25%!

Hay que recordar que la tasa de intervención (TIB) es la herramienta que utiliza el Banco para controlar la inflación y mantenerla en su meta de 3% anual. Si la inflación sube por encima de esta meta (sin importar la causa) el Banco sube la TIB para enfriar la economía, disminuyendo el consumo y la inversión. Cuando se estanca la actividad productiva y la inflación baja por debajo de la meta, el Banco baja la TIB para estimular la economía, como lo hizo con éxito en la pandemia, cuando la inflación y la TIB llegaron a mínimo históricos de 1.5% y 1.75% respectivamente.

Desde marzo de 2021, la inflación comenzó a acelerarse por las secuelas de los problemas de transporte y contenedores que dejó la pandemia, por la invasión rusa a Ucrania que elevó el precio de los energéticos y por la escasez de alimentos y materias primas, agravada en Colombia por factores climáticos y de infraestructura vial; así llegó a un máximo de 13.3% dos años después.

Sin importar que las causas del rebrote inflacionario eran principalmente choques de oferta, la respuesta del Banco fue la tradicional de reducir la demanda para lo cual elevó la TIB en trece ocasiones hasta llevarla a 13.25% en mayo de 2023.

Desde que el Banco empezó a aplicar su política con el enfoque de la “inflación objetivo” es

la primera vez que eleva la TIB de una manera tan acelerada. El único episodio comparable sería lo ocurrido en 2014 y 2015, cuando la inflación pasó de 1.7% a 8.6 en 30 meses, pero el Banco solo subió su tasa de 3.25% a 7.25%

Muy tarde

La decisión del Banco es tardía por varias razones: primera, porque los dos últimos aumentos de la TIB los hizo el Banco cuando la inflación ya había bajado en más de 1%; segunda, porque mantuvo la TIB en su nivel máximo hasta diciembre del año pasado, es decir durante 8 meses, aunque en ese período la inflación se redujo cerca del 10%.

La última razón, y la más importante de todas, es que hace casi un año el Banco ya había logrado su objetivo de frenar el consumo y la inversión, y así enfriar la economía. En efecto, después de alcanzar un crecimiento del PIB de 7.3% en 2022, para abril del año pasado, el DANE reportaba una caída del 0.9% en su indicador de crecimiento de la economía, y el año cerró con un mínimo crecimiento de alrededor del 1%.

Es indiscutible el impacto de la subida de las tasas de interés sobre la actividad productiva. Por el encarecimiento de los créditos de consumo, los hogares están usando menos las tarjetas de crédito y compran menos bienes y servicios; la caída en las ventas de vehículos también se debe en buena parte al mayor costo de los créditos, y en el caso de la vivienda, se han dado miles de desistimientos de compradores de proyectos en planos ante la imposibilidad de cubrir el mayor valor de las cuotas.

Un indicador de esta caída de la demanda es el comportamiento de la cartera de créditos del sistema financiero. Descontando la inflación, la cartera comercial bajó 6%, la de consumo 11% y la de vivienda 3%. También los deudores han dejado de pagarle a los bancos, de manera que la cartera vencida se disparó 32% la comercial, 53% la de consumo y 25% la de vivienda.

Muy poco

También es tímida e insuficiente la decisión de bajar solo 0.25% la TIB. La diferencia con la tasa de inflación de enero será de 4.3%, que es la máxima registrada desde el año 2000. Y como no habrá decisiones de la Junta sino hasta finales del mes de marzo, y la inflación continuará descendiendo, esta diferencia se ampliará por encima del 5%.

No se puede argumentar que los bancos centrales son cautelosos al momento de modificar sus tasas de interés. El Banco ha sido mucho más agresivo cuando se trata de subir la TIB. En los dos últimos años la subió de un golpe 1.5% en dos oportunidades, y también 1% en 5 ocasiones. Tampoco se compadece ese mínimo cambio con las expectativas de inflación de los analistas, que para el 2024 se han reducido a 5.2%

Lo grave de ir tan lento es que el crecimiento seguirá frenado, pues el impacto de las menores tasas sobre la actividad económica tiene un rezago de unos 6 meses. Así las cosas, aún si el Banco acelerara la disminución de la TIB en los próximos meses, su efecto sobre las tasas de interés de la banca y, por lo tanto sobre la reactivación del consumo y la inversión, solo se sentirá al final del año.

El mismo Banco lo reconoce, pues su estimativo de crecimiento del PIB para 2024 es de solo 0.8%, lo cual es una profecía autocumplida pues en sus manos está estimularlo más si actuara más rápido.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Artículo para CAMBIO

Cali, Febrero 3 de 2024

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El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, ha planteado la discusión de si las becas deben ser para la gente que tenga mayores puntajes en las pruebas académicas o más bien para las personas que tengan mayores necesidades en términos de pobreza. 

En los programas de becas universitarias se ha pensado usualmente más en los méritos basados en los puntajes de las pruebas del ICFES, como las llaman, y menos en sopesar puntajes mínimos necesarios con la escasez probada de recursos económicos. Hago la salvedad de que hay bastantes estudiantes en condiciones de pobreza con muy altos puntajes.

En todas las capas sociales, desde los más pobres hasta los más pudientes, los individuos cuentan con capacidades innatas básicas que los hacen iguales para afrontar su desarrollo humano. La filósofa Martha Nussbaum afirma que los seres humanos vienen al mundo con el equipamiento suficiente para ser y hacerse.

Al comienzo del año escolar los educadores tenemos que pensar en la lucha que implica educarse, que en el fondo es una lucha con dedicación y constancia por el saber y los conocimientos que transforman : hay que luchar día a día durante el transcurso del año, hasta completar el ciclo anual antes de subir a un nivel más alto. 

Los atletas de la educación no congregan público ni realizan espectáculos mediáticos, pero mantienen viva la llama de la superación individual, del combate consigo mismos, que es la contienda más decisiva de los seres humanos para mantener su dignidad humana desarrollando sus capacidades innatas, su equipamiento básico. 

Pero no es suficiente que pobres y ricos cuenten con iguales capacidades básicas para su desarrollo. Las condiciones sociales y económicas en las que los seres nacen y crecen determinan, no de forma absoluta, pero sí en gran medida, los resultados del esfuerzo por superarse mediante la educación. 

Por esa razón pienso que es pertinente, en un contexto de pobreza y desmejoramiento económico como el de nuestro medio, que Estado y empresas ofrezcan más oportunidades de acceso a la educación con programas de más becas para los jóvenes con menores recursos. 

El gobernador Verano ha planteado la discusión de si las becas deben ser para la gente que tenga mayores puntajes en las pruebas académicas o más bien para las personas que tengan mayores necesidades en términos de pobreza. 

Hago la salvedad de que hay bastantes estudiantes en condiciones de pobreza con muy altos puntajes. Son hijos de motociclistas, de empleadas domésticas, de vendedores informales. 

Encontré muchos de estos casos cuando fui rector de una universidad. A pesar de que una gran mayoría pobre no puede alcanzar tan altos resultados académicos, las ganas de educarse y su potencial humano convierten a muchos en candidatos meritorios de las becas. La voluntad de transformarse a través del estudio patentiza capacidades intelectuales que muchos no han tenido la ocasión de demostrar. Falta darles la mano. 

Jesús Ferro Bayona

Publicado en El Heraldo, Barranquilla.

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Presentamos a nuestros lectores esta interesante entrevista de Lina Quiroga Rubio a nuestro compañero exjesuita y actualmente Director Nacional de Planeación, en El Tiempo, 20 de Enero de 2024.

En abril se darán a conocer las propuestas que planteará la Misión de Descentralización para lograr una mayor autonomía regional y disminuir la diferencia entre grandes ciudades y pequeños municipios.

En entrevista, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González, sostiene que es necesario buscar “recursos estables” para los departamentos y una opción para ello es entregarles un porcentaje del impuesto de renta, del IVA o del predial.

Además, se refiere a cómo será la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), que llegará para reemplazar los estratos sociales en el país.

¿Cómo avanza la propuesta para la descentralización del Gobierno?

Estamos terminando lo que en el gobierno de Iván Duque se llamó la Misión de Descentralización, la cual termina a mediados de marzo, y a principios o mediados de abril estaremos haciendo el lanzamiento de las conclusiones.

Efectivamente, en Planeación Nacional estamos de acuerdo en que hay que avanzar en la descentralización y darles más autonomía a las regiones, en ese sentido van muchas de las propuestas de la misión.

Hay que avanzar en la descentralización y darles más autonomía a las regiones

Yo no estoy de acuerdo con decir que hay que descentralizar desde el punto de vista de la ciudad. Las ciudades grandes e intermedias no tienen problemas de recursos, lo que tienen es una pasividad para generar recursos a partir de la captura de las rentas que generan las dinámicas inmobiliarias.

Pero hay dificultades con los municipios pequeños y con los departamentos. Estoy de acuerdo con los gobernadores frente a que la estructura fiscal del país dejó a los departamentos sin recursos, y en que necesitamos buscar recursos estables para las gobernaciones.

Por ejemplo, darles unos puntos del impuesto de renta, del IVA, e incluso darles unos puntos del predial si efectivamente seguimos avanzando en el mejoramiento de los catastros y en el aumento de las tarifas.

La Amazonía y el Pacífico tienen que recibir recursos por una sola razón y es que tienen los grandes activos ambientales de la humanidad. Esos recursos tienen que venir desde las grandes ciudades porque son las que consumen el agua.

¿Para entregar esos puntos se necesita una reforma tributaria?

En la misión hay unas propuestas que no necesitan ninguna reforma. Por ejemplo, que les pidamos cuentas a las ciudades de por qué están cobrando en algunos casos unas tarifas de predial tan bajas, que revisemos por qué no estamos avanzando en avalúos catastrales y por qué no hay concurrencia de recursos.

Creo que hay unos elementos que podemos poner en práctica ahora mismo. Yo encuentro en los nuevos alcaldes y gobernadores una disposición muy favorable para trabajar.

Hay otros cambios que implican modificaciones en normas ordinarias que existen actualmente y hay otros cambios muy complicados que involucrarían transformaciones constitucionales.

Por ejemplo, hemos dicho en la misión que hay que hacer una nueva ley orgánica de ordenamiento territorial. Esto implica un debate muy complicado e importante en el Congreso de la República, pero es absolutamente necesario.

El tema de descentralización es el problema de gobernabilidad del país. Yo les he dicho a todos los alcaldes y gobernadores que el Plan de Desarrollo se hace con alcaldes y gobernadores, es que no hay otra forma.

¿Cómo van los cambios en el Ocad Paz?

Hay unos artículos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que avalaron unos cambios sustantivos. Nosotros encontramos que había una concentración de proyectos, el 70 por ciento estaba concentrado en 56 de los 170 municipios que deberían haber recibido recursos del Ocad Paz.

No vamos a seguir concentrando recursos en los municipios que ya habían tenido la mayor parte de recursos

Lo segundo que encontramos fue una lógica con la que nunca estuvimos de acuerdo y era asignarle los proyectos a quien primero llegara. Nosotros rompimos ese esquema, volvimos a abrir convocatorias con dos criterios.

El primero es que no vamos a seguir concentrando recursos en los municipios que ya habían tenido la mayor parte de recursos. La idea es hacer las convocatorias más equitativas y para eso asignamos unos cupos por regiones.

Lo segundo es que los componentes de los proyectos contribuyan a cerrar brechas, que favorezcan la integración y que tengan impacto. Esto significa hacer una evaluación de proyectos mucho más juiciosa y que no solo gane el que llegó primero.

Nosotros hicimos unos cambios muy importantes en todos los equipos de regalías buscando que efectivamente estos proyectos correspondan a los de mayor impacto. Ya se aprobó una primera convocatoria por 585.000 millones de pesos, y este año vamos a hacer cuatro convocatorias por 1,3 billones de pesos.

¿Cuándo se comienza a implementar el Registro Universal de Ingresos (RUI)?

Para esto tenemos tres etapas. La primera es el alistamiento, que es la integración de bases de datos que estamos haciendo ahora. Hemos avanzado muchísimo, por las bases de datos que ya existían.

La segunda fase es el tema metodológico, que son unos pilotos que esperamos empezar a hacer a finales de este año con Bogotá. Ninguno de nosotros piensa que esto es fácil, somos absolutamente realistas.

Si a una persona le fue mal todo el año pasado desde el punto de vista económico, todo el año le damos subsidios.

Si lográramos hacer esto en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla, ya tendríamos más de la mitad de la población del país. En el 2025 esperamos ensayar el proceso de transición, esto es una conversación con todo mundo, con las empresas de servicios públicos.

El hogar es la capacidad de pago, y la vivienda son los ladrillos, el problema es que la facturación la hacemos por la dirección de vivienda, pero la vivienda no te dice las dificultades del hogar.

Si a una persona le fue mal todo el año pasado desde el punto de vista económico, todo el año le damos subsidios. Si le fue muy mal porque tuvo créditos, el papá se le murió y tuvo que pagar un montón de médicos, pero afortunadamente en febrero de 2024 encontró trabajo y le fue muy bien en el año, durante todo el 2024 las empresas le siguen tarifando como le fue en el 2023, y en 2025 le tarifan distinto porque ya le fue muy bien.

Esta lógica implica un trabajo colectivo, pero cuando entremos a pagos electrónicos eso irá avanzando muy rápido y tendremos mucha más información.

¿Cómo evitarán que haya colados en el RUI?

Para cumplir el propósito del RUI de convertirse en el único instrumento de focalización del gasto público social, incluyendo no solo transferencias monetarias sino los subsidios cruzados de los servicios públicos domiciliarios, es necesario contar con la distribución de la capacidad de generación de ingresos de todos los habitantes de Colombia.

Por lo tanto, hablar de colados en el RUI no es apropiado, aunque sí es posible que se presenten errores de inclusión o de exclusión similares a los que se presentaban con el Sisbén, es decir, personas u hogares mal clasificados.

Para evitar esto, el RUI se actualizará frecuentemente con base en registros administrativos e información autodeclarada por los hogares, de tal forma que se pueda garantizar que mensualmente se cuente con una clasificación que refleje las condiciones socioeconómicas reales de todas las personas.

¿Cómo avanza la ejecución del PND?

Nosotros tenemos unos cálculos por ministerio, pero la dificultad ha sido que en el primer año los logros son menores mientras se adecúa el presupuesto.

En el consejo de ministros que tuvimos en diciembre hicimos una evaluación de cada uno de los sectores y de cada uno de los ministerios.

En general, el promedio no lo recuerdo, pero es necesario avanzar mucho más en ejecución. Hacia marzo vamos a tener el primer informe consolidado.

¿Cuándo definen los indicadores para medir la ejecución del PND?

El DNP y el Ministerio de Hacienda son las entidades encargadas de la coordinación y conceptualización de las bases del PND, en conjunto con los sectores gubernamentales.

Durante la construcción del documento se definen indicadores trazadores para la ejecución del PND. Una vez establecidos, los sectores de Gobierno, en colaboración con las direcciones técnicas del DNP, llevan a cabo un ejercicio técnico para definir la línea de base y la meta de cada indicador, consignándolas en la ficha técnica correspondiente.

Estos indicadores, que abarcan áreas como desarrollo económico, social y ambiental, se determinan durante la preparación del plan. Durante este proceso se establecen metas e indicadores que permiten evaluar el progreso e impacto de las acciones planificadas, contribuyendo así a una evaluación exhaustiva de la ejecución del PND y en la que próximamente los colombianos podrán consultarlos.

¿Y la ejecución del Presupuesto de 2023 en cuánto cerró?

Nosotros en el DNP tenemos competencia sobre la inversión pública, y aquí le puedo decir que al cierre de diciembre de 2023 el presupuesto de inversión asciende a 83,3 billones de pesos, de los cuales se han comprometido 75,2 billones de pesos (90,3 por ciento), obligado 59,4 billones de pesos (71,3 por ciento) y pagado 58,8 billones de pesos (70,5 por ciento).

Los sectores con mayor ejecución fueron educación (91,3 por ciento); trabajo (89,2 por ciento); TIC (88,8 por ciento); inclusión social y reconciliación (88,6 por ciento); Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (85,7 por ciento); minas y energía (85,6 por ciento) y transporte (76,5 por ciento).

¿Cuánto va a costar la transición energética?

Hicimos unos cálculos preliminares, pero esto depende mucho de cómo se mida

Nosotros hicimos unos cálculos preliminares, pero esto depende mucho de cómo se mida. Estamos hablando como del 7 u 8 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Planeación ha venido trabajando en los escenarios que debe surtir el país para la transición energética. Es muy difícil hablar de una cifra o un costo absoluto porque dependiendo de las variables que usted tiene en los modelos técnicos, verá también los diferentes escenarios. Hay unas estimaciones que hablan de un costo anual de la transición como porcentaje del PIB a 2030.

Algunos estudios plantean la necesidad de invertir hasta cinco puntos del PIB en inversión pública y privada, pero eso lo estamos determinando y quiero ser enfático en que no es una fórmula absoluta, sino son escenarios de acuerdo a la decisión con evidencia que tome el país. Lo que es claro es que debemos avanzar hacia la transición.

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Sorprende la fuerte reacción de los voceros del sector empresarial y de algunos periódicos contra un estudio de los técnicos del Ministerio de Hacienda sobre “la inflación de vendedores” en Colombia, es decir sobre el papel de las utilidades empresariales en el aumento de los precios. El Consejo Gremial respondió señalando 24 críticas al estudio y sendos editoriales de El Tiempo y Portafolio se apresuraron a descalificarlo. Se nota que la sensibilidad sobre este tema está a flor de piel.   

El año pasado, en este mismo espacio, comenté varios estudios internacionales sobre el tema, que también se empezó a denominar la “inflación por avaricia” (greedinflation), que coincidían en la conclusión del análisis del FMI según el cual en los últimos años: “Las crecientes ganancias empresariales explican casi la mitad del incremento de la inflación en Europa, en la medida en que las empresas aumentaron sus precios mucho más que el incremento del costo de la energía importada”. 

La inflación de vendedores en Colombia 

El estudio de Minhacienda aplica la metodología de esos estudios al caso colombiano, y no es de extrañar que, después de un detallado análisis empírico, llegaran a conclusiones similares, que vale la pena resumir pues han sido malinterpretadas por los gremios y los medios.

Para los autores los procesos inflacionarios tienen tres etapas: “i) impulso, ii) propagación y amplificación, y iii) conflicto con los trabajadores”. Según ellos, en el caso colombiano reciente, el impulso vino tanto en choques de oferta (la pandemia, la invasión a Ucrania, la caída de la producción de alimentos, etc.) como de demanda (el aumento del gasto de consumo de los hogares). 

Debe resaltarse este punto, pues parece que los críticos del estudio no lo leyeron y demuestran desconocer los factores exógenos, de oferta y demanda, que impulsaron la aceleración reciente de la inflación en Colombia. 

En la etapa de amplificación identifican un papel importante de las utilidades por cuanto ante el aumento de sus costos en los años 2020 a 2022, las empresas con poder de mercado los transmitieron a los precios al consumidor para mantener sus márgenes de utilidad. Lo mismo sucedió en Europa. En 2023 se dio la tercera etapa pero no por la vía del conflicto, sino del aumento real del salario mínimo que permitió la recuperación del ingreso real de los trabajadores.

Una comprobación empírica de estas conclusiones es el mayor crecimiento de las utilidades empresariales en 2021 y 2022, muy por encima del crecimiento de los costos laborales y de las tasas de incremento de las mismas utilidades en lo corrido del siglo hasta la pandemia. En el gráfico de los autores también se observa que en 2023 se revierte la tendencia y crecen más los costos laborales.

La pugna distributiva y la desigualdad en Colombia.

Según este tipo de análisis, después de los choques exógenos que inician un proceso inflacionario, éste se convierte en una “pugna distributiva”, como la denominó Raúl Prebisch, el gran teórico de la Cepal, en la cual los cambios en los costos y los precios llevan a cambios en la participación de las utilidades y los salarios en el ingreso nacional, generándose un potencial conflicto social, donde el grupo perdedor trata de recuperar su tajada del pastel.

Así, la reproducción y ampliación de la inflación sería el resultado de la pugna distributiva entre grupos sociales. En palabras de Albert Hirschman. “la inflación se inicia o se intensifica, a menudo, cuando un grupo social tiene poder e influencia suficiente para obtener riqueza o ingreso adicional para sí mismo, o para escapar a la participación en alguna pérdida sufrida por la economía (….) con la inflación, cada grupo puede desarrollar su comportamiento conflictivo y demostrar su poder…¨

La visión tradicional ha señalado a los aumentos de salarios como el principal factor de la propagación y amplificación de la inflación en Colombia. Pero una conclusión interesante del estudio es que, desde los años 70 del siglo pasado “las utilidades han aportado más a la inflación que la remuneración de los asalariados”, pues han representado en promedio un 60% del aumento de los precios, medidos por el deflactor del PIB, mientras que los costos laborales solo han sido en promedio el 33%. En los dos últimos años la contribución de las utilidades subió al 77%.

Esta comprobación fáctica es, sin duda, una de las explicaciones a la alta y permanente desigualdad de la distribución del ingreso en Colombia En lugar de descalificar documentos técnicos con argumentos ideológicos se debe reflexionar sobre sus hallazgos para adoptar las políticas que permitan tener un país más equitativo.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista Cambio

Enero 20 de 2024

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Una manera cotidiana como el filósofo Derrida quiso que el público entendiera lo que él quería significar con el término deconstrucción fue la alusión que hizo de alguien que, al sentarse, sintió un pinchazo y por simple deducción encontró que otro había dejado descuidadamente un alfiler en la silla.

Con ese ejemplo quería que entendiéramos que el proceso lógico de la deconstrucción se mueve prioritariamente de los efectos al conocimiento y análisis de las causas y no, como la lógica tradicional lo señala con autoridad incontestable: ir primero al conocimiento de las causas y de allí deducir los procedimientos y mecanismos para el logro o manejo de los efectos y los resultados.

Se trata, entonces, de una inversión en el direccionamiento lógico tradicional que usamos en nuestros discursos y procedimientos comportamentales, y no de una “destrucción” (como algunos podrían interpretarlo) en la forma racional de analizar e interpretar los hechos.

Deconstrucción es partir de los hechos para de allí derivar “la complejidad” de las causas atribuibles. El alfiler pinchó a nuestro sujeto, pero quién lo dejó, cuándo lo dejó y por qué lo dejó en la silla, es lo que debería averiguarse, con clara conciencia que pueden ser múltiples, controvertidas y posiblemente ambiguas y poco confiables las respuestas que puedan encontrarse.

Un segundo elemento que señalan los que practican la racionalidad de la deconstrucción es tratar de invertir y/o anular las priorizaciones que atribuimos cuando afirmamos que algo es bueno/malo, aceptable/rechazable, moderno/tradicional, reaccionario/progresista, cristiano/pagano, y demás juicios que realizamos permanentemente en el cotidiano análisis de nuestras realidades. No es privarnos de pensar y de emitir juicios, sino darnos la posibilidad de interpretarlos en forma diferente, teniendo en cuenta que ni lo positivo ni lo negativo son absolutos, que se pueden dar ambas posibilidades y que el significado de los mismos es susceptible de ser invertido. De alguien que es blanco, masculino, adinerado, buen mozo, y exitoso, podría también afirmarse que fuera mejor sin tales características.

Podría afirmarse entonces que la forma tradicional del pensamiento occidental sobre el capitalismo, la democracia, la interpretación de los derechos humanos, la organización económica mundial, la utilización de las energías tradicionales derivadas de la explotación del petróleo, los sistemas abiertos de reproducción y acumulación del capital, la concentración demográfica en las metrópolis urbanas, la multiplicación incontrolada de las poblaciones, la interpretación absolutista de las soberanías nacionales, etc. etc., deben ser susceptibles a la lógica de la deconstrucción, que dista mucho de ser considerada nihilista. Simplemente abre las puertas para una reconstrucción del mundo, para un reordenamiento de los valores tradicionales y posiblemente para la potencialización de esperanza en contraposición al fatalismo que predomina como visión del futuro en estos primeros años del Siglo XXI.

Esta es la forma como puedo responder ante la pregunta muy honesta y muy sensata de quienes me motivan a explicar por qué considero que el Siglo XXI comienza con el trágico evento de la destrucción de las Torres Gemelas, que si bien fue en sí misma una acción nihilista (el pinchazo del alfiler) da comienzo a una reflexión profunda no solo sobre nuestro mundo real sobrecargado de problemas y aporías, sino sobre la necesidad de transformar la lógica de nuestro pensamiento para encontrar nuevas soluciones.

Y con esto para terminar, solo quiero hacer alusión a que nuestro maestro y nuestro guía es el Papa Francisco cuando al interpretar la misericordia divina nos lleva a reconocer la realidad del amor en parejas del mismo sexo (el pinchazo del alfiler) y permitir que Dios que es amor les demuestre su bendición. Duro asunto cuando solo se tiene una posición fundamentalista basada en la interpretación moral única de “la primera causalidad”.

Hernando Bernal Alarcón

Enero, 2024

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2024 es decisivo para Venezuela en múltiples dimensiones. Ante todo en lo electoral, lo que determinará si Nicolás Maduro continúa en su cargo -ha sido presidente desde 2013 y antes era vicepresidente de Hugo Chávez- o si la oposición llega al ejecutivo. Además, por el colapso de la producción energética y el litigio territorial con Guyana. También este año será decisivo sobre si los retos pueden ser transformados en oportunidades, en estos cuatro ejes.

Elecciones en Venezuela

Aunque aún no hay fecha exacta, los comicios para elegir el nuevo presidente 2025-2031 deben realizarse en el 2º semestre de 2024, tal como acordaron en octubre 2023 en la mesa de negociación el gobierno y una parte sustancial de la oposición[1]. Pese a que el Acuerdo de Barbados incluye lo electoral exigiendo transparencia, no hay garantías para que se realicen las campañas electorales en forma realmente democrática y competitiva. Tampoco hay fechas para las elecciones en 2025 para escoger gobernadores, alcaldes y legisladores.

Empezando 2024, cuando el chavismo cumple 25 años en el poder, aún se desconoce quién será su candidato. Maduro -reelegido en 2018 en comicios desconocidos por más de 60 países, incluido Estados Unidos- primero afirmó que se postularía para las presidenciales, cuando Diosdado Cabello reiteró esa postulación dijo a Telesur que es prematuro confirmarla “Solo Dios sabe… No Diosdado”. Maduro no tiene ni 10% de favorabilidad, según la encuesta Delphos, y maniobra para impedir que otros sectores participen en elecciones.

Además de perseguir y amenazar a disidentes del chavismo y a distintos opositores, desde junio 2023 inhabilitó por 15 años a María Corina Machado de la Plataforma de Unidad Democrática, escogida como candidata opositora, al sacar 92,35% de los 2,3 millones de votos en las primarias que se realizaron el 22 octubre 2023. Ella ha insistido en que las elecciones libres son el camino para lograr el cambio, y ha convocado la alianza por Venezuela para estimular la organización de los venezolanos dentro y fuera de su país hacia los comicios[2].

En la apertura democrática y del camino electoral incide lo internacional. A finales de 2023, el régimen venezolano liberó a presos estadounidenses y venezolanos, y el gobierno de Biden, a Álex Saab -empresario colombo-venezolano catalogado como testaferro de Maduro- además anunció como alivio temporal el levantamiento de sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolanos; en abril 2024, lo finaliza o extiende dependiendo de las elecciones en Venezuela y en Estados Unidos.

El colapso de la producción energética

El colapso de la industria energética ha colocado a Venezuela en una situación grave. Los problemas de administración de PDVSA han contribuido a la destrucción de sus capacidades productivas, sus trabajadores están sumidos en la pobreza absoluta, muchos son

perseguidos o están presos. Aun así, Maduro usa petróleo y gas para pagar deudas, y a PDVSA para acuerdos con empresas energéticas de distintos países.

Esos ingresos, más que para generar desarrollo industrial y empleo nacional, el régimen madurista los usa para mantenerse en el poder. Mientras tanto, Venezuela terminó el 2023 con la inflación más alta del mundo: 260,70%; en 2022 había sido del 240% [3]. En esos años tuvo ligeros repuntes económicos, por la incidencia de las licencias que Biden les concedió a empresas petroleras y gasíferas norteamericanas para que operaran en Venezuela.

Litigio territorial y presión internacional

El 2024 es decisivo también para Venezuela en la disputa con Guyana sobre el territorio de 160.000 km2, rico en recursos naturales. La controversia escaló cuando el 3 de diciembre del 2023, Maduro convocara el referendo, diera 3 meses a operadoras como Exxon para salir de allí, y para anexarlo creara PDVSA Esequibo, colocara asentamiento militar próximo al área en litigio y designara jefe militar para el nuevo estado de Guayana Esequiba.

Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, se reunieron el 14 de diciembre 2023 en San Vicente y las Granadinas, acordaron no amenazarse, evitar incidentes por la disputa, y volver a reunirse en el primer trimestre de 2024. Brasil ha tratado de mediar en ese conflicto, mostrando que amenazas y demostraciones militares contradicen los compromisos asumidos por ambos países.

Gran Bretaña le pidió a Venezuela, el 28 de diciembre 2023, cesar acciones contra Guyana, cuyo gobierno había insistido que el buque de guerra británico en aguas en litigio no amenazaba y que su salida mostraba el compromiso de mantener relaciones pacíficas [4]. También la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, había señalado la llegada de ese buque como acción provocadora, pedido su retiro inmediato y que Venezuela reafirmara la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966, presentando ante la Corte los documentos que defienden ese territorio. El 31 de diciembre, Maduro ordenó el repliegue de las aeronaves desplegadas en el Atlántico, y continuar la defensa de la Guyana Esequiba.

La Corte Internacional le fijó el 8 de abril de 2024 como plazo para que Maduro presente su contramemoria que explique que ese territorio es venezolano. Aunque el régimen chavista no reconoce la jurisdicción de la Corte -porque investiga a su gobierno por crímenes de lesa humanidad- organizaciones como Acceso a la Justicia le han pedido a la Corte que no se deje utilizar para retrasar esa investigación y que mantenga comunicación directa con las víctimas y la sociedad civil venezolanas.

A convertir retos en oportunidades

Tanto el régimen de Maduro como la oposición venezolana, en 2024 pueden estimular el cambio democrático, pacífico y constitucional, si toman en cuenta los fracasos previos y convierten sus retos en oportunidades.

Maduro está aislado, aun dentro del chavismo no hay acuerdo sobre sus actuaciones, sabe que si su gobierno no garantiza elecciones realmente democráticas y acoge sus resultados, las sanciones se agravan, y que las presidenciales del 2024 pueden abrir una transición en Venezuela [5].

Por su parte, la oposición venezolana tiene que recomponer su unidad, no puede repetir divisiones y conflictos. Para ganar las elecciones debe lograr fuerte participación de diversos sectores políticos y sociales, respaldar la candidatura con más probabilidades de reunir la mayoría de votos, y evitar la abstención que aprovecharía Maduro para mantenerse en el poder. Cruciales son tanto las presiones al gobierno -para que suprima inhabilitaciones, actualice el registro y garantice el voto del éxodo poblacional- como las garantías e incentivos al chavismo para que respete los resultados electorales, incluso si debe dejar el poder y concrete con la oposición salidas democráticas.

Ambos lados deben revivir la mesa de diálogo y negociación para que no se repita lo que ocurrió en 2019, cuando, con la mediación de Noruega, el gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Maduro iniciaron un diálogo para buscar solución a las crisis venezolanas, pero se agotó por la falta de capacidad para construir un acuerdo, pues el gobierno no aceptó elecciones democráticas, ni compromisos internacionales, y la oposición no superó la división entre quienes apoyaban la negociación y los que la rechazaban.

Aunque aún no se perfilan salidas, lo que se haga desde ahora ayuda a que ambos lados, con apoyo internacional, avancen hacia la transición democrática en Venezuela.

[1] https://www.elnacional.com/venezuela/cinco-acontecimientos-que-haran-de-2024-un-ano-decisivo-para-venezuela/ [2] https://efectococuyo.com/politica/maria-corina-anuncia-creacion-de-red-para-defensa-del-voto-600k/?utm_medium=email”. [3] https://www.elnacional.com/economia/venezuela-cerraria-el-2023-con-una-inflacion-de-26070/ [4] https://www.elnacional.com/mundo/guyana-dice-que-presencia-de-buque-britanico-no-amenaza-a-venezuela/ [5] https://www.elnacional.com/opinion/2024-ano-de-la-transicion/

Socorro Ramírez

Enero 14, 2024

Artículo publicado en Razón Pública, Colombia

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Frente a la propuesta del presidente Petro de realizar otra reforma tributaria para bajar los impuestos a las empresas, aumentando los de las personas naturales, surgen varios interrogantes tales como: ¿Se necesita una nueva reforma tributaria y de que tipo?, ¿Quiénes deben pagar más impuestos para compensar la rebaja a las empresas? y, el más complejo, ¿Es posible que una reforma de este tipo sea aprobada este año en el Congreso?

Estas preguntas son más relevantes si se recuerda que desde 1990 se han hecho nada menos que 22 reformas tributarias, en promedio una cada 18 meses, y se suponía que la del 2022 era la única que iba a tramitar este gobierno.

¿Se necesita una nueva reforma tributaria?

La respuesta a esta pregunta es claramente afirmativa, por dos razones. Primera, para lograr el objetivo planeado por el presidente que es un cambio de la estructura tributaria del país, recomendado por expertos nacionales e internacionales, pues Colombia tiene una de las tarifas de impuesto corporativo más altas de la región y de la OECD, y una de las participaciones más bajas de las personas naturales en los ingresos fiscales.

En la discusión de la reforma del ministro Ocampo se planteó la posibilidad de reducir progresivamente la tarifa corporativa, que había sido aumentada en 5 puntos en la última reforma del gobierno Duque, pero al final primó la necesidad de garantizar un aumento de los ingresos fiscales para financiar los programas sociales del gobierno.

La segunda razón es que se necesita aumentar el recaudo tributario para compensar los menores ingresos generados por las sentencias judiciales (como aceptar la deducibilidad de las regalías) y el menor crecimiento económico, así como para cubrir el mayor costo del servicio de la deuda en los próximos años.

En otras palabras, a pesar de que el ministro de Hacienda ha dicho que la reforma debe ser neutra, es decir que no buscaría aumentar los ingresos fiscales sino solo recomponer las cargas entre las empresas y las personas, la realidad es que sí se necesitan más ingresos.

¿Quiénes deben pagar más impuestos?

Si las empresas van a pagar menos y se necesitan ingresos adicionales, ¿de dónde va a salir la plata?, o para ser más precisos, ¿quiénes van a pagar más? Ante todo, hay que descartar la manida fórmula del simple aumento de tarifas a quienes ya pagan; en particular los nuevos tributos no deben recaer sobre los asalariados y trabajadores independientes de altos ingresos, que ya verán un significativo aumento en los impuestos que deben pagar este año.

El ministro ha planteado una gestión administrativa de la DIAN para reducir la elusión con mayores controles a las empresas familiares que asumen los costos y gastos de sus accionistas -hasta el mercado, ha dicho-. Es una medida conveniente y necesaria, pero no se sabe todavía si daría el monto necesario de recursos nuevos. Además, podría

complementarse con una tarifa más alta para aquellas empresas familiares que no tengan actividades productivas.

Para lograr un verdadero cambio en la estructura tributaria del país se deben plantear propuestas diferentes y retomar algunas que ya han sido negadas en el Congreso por el cabildeo de los afectados. Para suscitar el debate se mencionan algunas:

Hacer progresivo el impuesto de renta a las empresas, estableciendo un tope de unos $500 millones a la devolución del IVA, a las compras anuales de bienes de capital de todas las empresas. Las pymes que inviertan hasta $2.500 millones anuales recibirían el 100% del IVA, y empresas más grandes con mayores inversiones recibirían un porcentaje menor.

Eliminar la exención del Impuesto de Timbre a las escrituras de compraventa de bienes inmuebles de valor superior a 10.000 UVT, con una escala progresiva de acuerdo con el valor del inmueble. Este es un tributo de fácil recaudo que es utilizado en muchos países del mundo con tarifas hasta del 10% o más.

Incluir a todas las iglesias dentro del régimen especial para las entidades sin ánimo de lucro.

Ampliar el impuesto al consumo de bienes de lujo (Luxury tax), que de alguna forma ya se aplica, por ejemplo, a vehículos de alta gama.

Establecer regalías variables para minerales como el carbón o el oro que aumenten de acuerdo con las variaciones de sus precios internacionales.

¿PASARÁ EN EL CONGRESO UNA NUEVA REFORMA?

En las circunstancias actuales, la respuesta inicial a esta pregunta sería negativa. La agenda legislativa está muy congestionada con el trámite de las reformas pensional, laboral y de la salud. Además, las relaciones entre el gobierno y el Congreso no están en su mejor momento.”

Sin embargo, todo depende de la prioridad que le asigne el gobierno a esta necesaria modificación del régimen tributario. Si queda en la cola detrás de las otras reformas, entonces 2024 no será el año de una nueva reforma tributaria, y habrá que esperar otro momento.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Artículo para CAMBIO

Cali, enero 13 de 2024

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Para quienes consideran el año 2000 como el comienzo del Siglo XXI, el 2024 marcaría los primeros 25 años del siglo, es decir el transcurso de su cuarta primera parte. Para los que consideramos el comienzo del siglo XXI a partir del año 2001, significa solo que al final de este período podríamos dar por finalizada la primera cuarta parte.

Puntos de vista discutibles, pero que en sí mismos no tienen una mayor relevancia, dado que históricamente ambas posiciones podrían considerarse como válidas. 

Pero lo que sí parece importante es que muchos señalamos el comienzo de las nuevas realidades a partir del 11 de Septiembre del 2001, cuando la destrucción de las torres gemelas del World Trade Center en New York por los extremistas islámicos, marcó una época diferente a la anterior, donde durante la mayor parte de nuestra vida, había prevalecido la cotidianeidad de quienes nacimos a mediados del siglo XX. 

Creíamos en el progreso, el desarrollo económico, la inviolabilidad del estado de derecho, el predominio de la cultura cristiana, la globalización de la economía, el predominio de los bienes y valores de Occidente,  y estábamos muy lejos de aceptar que estas creencias o valores inmutables, pudieran ser objeto de destrucción por parte de otros creyentes u otras culturas diferentes. A partir de este evento, si bien no se derrumbaron inmediatamente esos valores y creencias, sí sentimos la necesidad de repensarlas y de someterlas a una crítica seria y reflexiva. 

Pero entonces surge una pregunta un tanto tautológica: ¿qué es aquello que en nuestro cotidiano vivir como ciudadanos del Siglo XX considerábamos como diferente? Acostumbrados como estábamos al cambio como una característica ontológica de la modernidad, acaso se puede afirmar que en el Siglo XXI ¿están ocurriendo cambios sustancialmente diferentes de aquellos a los cuales estábamos acostumbrados a vivir durante nuestra vida activa en el Siglo XX?. 

Posiblemente en nosotros prevalece un paradigma de experiencia continuada que nos podría llevar a afirmar que lo que está ocurriendo es solo más de lo mismo, o simple continuación de lo que venía acaeciendo. 

Podríamos entonces afirmar que la destrucción de las torres gemelas es un evento simple, o una variación no estadísticamente significativa de los hechos que vivimos a partir de la segunda guerra mundial. 

Podría decirse que fue simplemente un evento póstumo de las guerras mundiales y de la guerra fría que predominaron en el escenario histórico de la segunda mitad del Siglo XX. Y no, como pienso yo, de un evento con un amplio significado en lo religioso, político y cultural, que posiblemente sea una de las características de los conflictos recurrentes en el Siglo XXI.

Pueden ser simples bobadas mías, pero yo considero que los eventos que marcan el desarrollo de estos 24 primeros años del Siglo XXI tienen una diferencia histórica que yo considero sustancial, con respecto a aquellos en los cuales muchos de nosotros fuimos protagonistas, durante los 50 años que transcurrieron entre 1951 y el año 2000. Con esto quiero decir que simplemente nos corrieron el tapete y que, posiblemente, si no distinguimos las diferencias estamos bailando un valse fuera de ritmo o silbando una tonada con acordes destemplados.  

Cuando realizo esta afirmación me refiero a hechos tan protuberantes como lo relacionado con la interpretación religiosa de la bendición de las parejas del mismo sexo del Papa Francisco aprobada recientemente en contraposición con los eventos de la Iglesia del Papa Bueno Juan XXIII cuando a comienzos de los años sesenta del siglo pasado convocó al aggiornamento de la Iglesia Católica con el Concilio Vaticano II. 

Me refiero además, al hecho como USA interpreta actualmente la osadía y desfachatez de Putin al invadir a Ucrania, que es muy diferente a la interpretación de hechos tales como ocurrió en el Siglo XX con la presencia de las fuerzas estadounidenses en diferentes territorios asiáticos como Corea y Vietnam, en respuesta directa al reto de la permanencia e implantación del modelo democrático occidental. 

Me refiero además, en el panorama económico, a la manera como se produjo y se solucionó la debacle de las hipotecas y la crisis financiera del 2008, a diferencia de cómo se pudo atender y desarrollar el cataclismo financiero de finales de los años 20s. 

En asuntos menos políticos pero no sin enorme complejidad tecnológica, es diferente la forma de transmisión de mensajes y comunicaciones por ondas y medios electrónicos, algunos de mucho avance como el fax propios del Siglo XX, a la forma inmediata como corre y se multiplica actualmente la información a través de las redes cibernéticas y cubre espacios globales en tiempo real mediante la cibercomunicación e Internet. 

O, a manera de ejemplo, para señalar los avances de la biomedicina, es sustancialmente diferente la implantación actual de un órgano en pacientes humanos con el apoyo de la bioingeniería, de la nanotecnología, propios del Siglo XXI, a las admirables operaciones del corazón realizadas en los años 60s y 70s por los médicos surafricanos. 

Unos y otros asuntos pueden estar relacionados entre sí, y analíticamente pueden clarificarse sus interrelaciones, pero son hechos que responden a realidades totalmente diferentes que al mismo tiempo que producen nuevas esperanzas crean situaciones y expectativas distintas, ante muchas de las cuales predomina el miedo, la incertidumbre, la posibilidad de descalabros y el incremento de los riesgos globales, que son características propias de nuestra humanidad del Siglo XXI.

¿Estamos preparados para entenderlas, analizarlas y afrontarlas?…

Hernando Bernal Alarcón

Enero, 2024

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha ido avanzando hacia la consolidación del registro universal de ingreso, que fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Cuando se haya logrado esta meta, ya no será necesario focalizar subsidios a través de la estratificación. Tampoco tendrá sentido continuar con encuestas que ahora se utilizan para la focalización, como las del Sisben, o Familias en Acción.

La estratificación tiene dos limitaciones estructurales. La primera tiene que ver con el espacio analítico. El estrato se refiere a la vivienda, e informa de manera muy imperfecta sobre las condiciones socioeconómicas del hogar. Entre la vivienda y el hogar existe una brecha conceptual insalvable. La segunda limitación tiene que ver con el costo político de subir el estrato. Ningún grupo de vecinos permite que se le cambie el estrato porque ello se reflejaría en menores subsidios.

El campo analítico del estrato es la vivienda, y el de la capacidad de pago es el hogar. Esta diferencia esencial no se puede modificar. La metodología de la estratificación gira alrededor de la vivienda, bien sea considerada desde la perspectiva de la manzana, o del predio. El estrato no puede dar cuenta de la capacidad de pago del hogar. La características de la vivienda y las condiciones socioeconómicas del hogar responden a espacios analíticos específicos. No es pertinente evaluar el ingreso del hogar a partir de la vivienda. Esta imposibilidad es insuperable, ya que se trata de una diferencia sustantiva.

La aproximación a través del predio, y no de la manzana, fue un ejercicio realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, mediante la estimación del Valor Unitario Integral (VUI). A pesar de los avances que se lograron al relacionar el estrato con el predio, no se superaron las limitaciones intrínsecas, que impiden captar las condiciones socioeconómicas de los hogares.

La segunda limitación del estrato es de naturaleza política. Nadie se deja subir el estrato. Los vecinos se ponen de acuerdo y no admiten que se suba el estrato porque ello se refleja en menor subsidio o en una tarifa más alta. Esta inmovilidad del estrato ha llevado a que en Bogotá, por ejemplo, 69% de hogares está concentrado en los estratos 2 y 3. En otras palabras, el estrato perdió su capacidad de discriminar y ya no permite diferenciar.

Puesto que la brecha entre la vivienda y el hogar es insuperable, la atención se debe ir centrando en la capacidad de pago del hogar. El punto de llegada se definió en el PND, que formaliza el registro universal de ingresos (RUI).

El paso intermedio entre el estrato y el RUI es el Registro Social de Hogares (RSH), que ya se está utilizando como un complemento al Sisben en el proceso de selección de beneficiarios. Actualmente, el RSH cuenta con 55 millones de registros. A medida que la información administrativa se vaya consolidando y si el pago electrónico avanza, será posible conocer el ingreso de las personas de menores recursos. Poco a poco se han ido integrando los registros administrativos que existen en el país.

Además, en el PND se estimula al Banco de la República para que avance en la formalización de los pagos electrónicos. Ello permitirá mejorar la información sobre las transacciones de todos los ciudadanos y se irá consolidando el RUI. En tales circunstancias, ya no será necesario el estrato.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá

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