Nos ha tocado vivir un mundo agitado. Los avances de la ciencia y tecnología suceden atropelladamente. La forma de comunicarnos nos ha cambiado la vida. Una pandemia extrañísima nos ataca de repente, a escala global, mostrándonos lo mejor y lo peor de lo que somos, mientras muchos países se polarizan en ideologías opuestas y son corroídos por la corrupción de un dinero y de una violencia insaciables. Queremos recibir aquí sus reflexiones…
El proyecto de “Ley de Rescate Económico” recién presentado por el gobierno es, en realidad, la mayor reforma tributaria de la historia. Además es regresiva pues beneficia a los estratos más ricos de la población a costa sobre todo de la clase media.
Hay que reconocer la intención del gobierno de enfrentar el problema fiscal y su expectativa optimista de que con este proyecto va a reducir el déficit en más de 4% del PIB a partir del año 2028. También se debe reconocer que haya aceptado que no era posible hacerlo solo con recorte del gasto público y reducción del Estado y, sobre todo, que haya decidido no cumplir sus promesas de campaña de no subir impuestos; lo va a hacer y en una cuantía superior a cualquier reforma tributaria reciente, pero disimulada en una supuesta “ley de Rescate”.
Como las reformas tributarias generan mucho rechazo, se ha vuelto costumbre no llamar las cosas por su nombre y le han puesto otros títulos. Las dos reformas de Santos y la primera de Petro sí se llamaron tributarias; Duque fue muy creativo y sus cuatro proyectos se llamaron de Financiamiento, de Crecimiento Económico, de Solidaridad Sostenible y de Inversión Social. Petro también usó el nombre de Ley de Financiamiento para su segundo proyecto que no fue aprobado por el Congreso.
Recorte del gasto público menor que lo prometido
El proyecto tiene cuatro grupos de medidas para reducir el déficit: primero, las que sí buscan recortar el gasto público; segundo, las que no reducen el gasto y se lo trasladan a los contribuyentes; tercero, las que son un aumento directo de impuestos, y por último la consabida mejora en la gestión de la DIAN. Además, hay otro grupo de medidas que disminuye impuestos, es decir, aumentan el déficit.
La tabla anexa tiene todos los ítems y valores incluidos en la Tabla 14 de la Exposición de Motivos del proyecto de ley, pero reclasificados en los 5 grupos de medidas mencionados para efectos de claridad en el análisis.
Aunque el ministro había anunciado un recorte del gasto del orden de $40 billones para los próximos 4 años, el proyecto solo plantea recortes de un promedio anual de 1% del PIB (unos $21 billones a pesos de hoy). Esto es solo una quinta parte de la reducción promedio del déficit planteada en el proyecto para estos años (4 % del PIB), con dos problemas que ponen en duda que se alcance este objetivo.
El primero es la obligación constitucional de trasladar alrededor del 30% de los ingresos corrientes de la nación a departamentos y municipios (eso sin tener en cuenta el último Acto Legislativo que ordena aumentar hasta 39.5% ese porcentaje). Esto significa que para el año 2030 se podría tener un menor gasto público de $21 billones, pero por el SGP habría que entregar a las regiones unos $18 billones (0,8% del PIB), que es el 30% de lo que se espera obtener de nuevos impuestos. El proyecto subestima este efecto, pues la Tabla 14 lo calcula en solo 0,2% del PIB

El otro problema es que buena parte de ese recorte todavía no está definido, sino planteado como objetivo que no se sabe si se pueda cumplir. Así por ejemplo, se plantea reducir en más de $6 billones el “gasto ineficiente”, pero no se sabe cuál es, o eliminar la mitad de los contratos de prestación de servicios sin que se haya hecho una evaluación de funciones y carga de trabajo.
Ojalá no suceda acá lo mismo que sucedió con el intento de Musk y Trump de reducir la ineficiencia del estado (allá se llamó DOGE) y que no logró ni el 5% del objetivo esperado. Como si esto fuera poco, la propuesta depende, en buena parte, de dar facultades extraordinarias al presidente para eliminar entidades públicas, lo que va a tener muchos obstáculos políticos, y de “otras medidas de ajuste fiscal” que se incluirán en el Plan de desarrollo, pero no se sabe cuáles son. En la tabla, estos son los renglones que están resaltados en amarillo
El sector privado carga con el peso del ajuste
Casi 4 de cada 5 pesos del “rescate” los va a poner el sector privado, a través de nuevos impuestos y parafiscales. El segundo grupo de medidas del proyecto no apunta a reducir el gasto público sino a financiarlo por las empresas y los trabajadores. Así por ejemplo, se aumentan las cotizaciones a salud de empleadores y trabajadores, se eliminan las exenciones de aportes al SENA y el ICBF y se toman recursos de las cajas de compensación para tapar el hueco de la salud.
Se estima que por estos conceptos los privados asumirán gastos que hoy hace el gobierno por un monto promedio anual de 0,86% del PIB, es decir sacarán de sus bolsillos unos $18 billones.
¡Y el aumento de los impuestos! El verdadero milagro de la Ley de Rescate es que mandó a la basura las reiteradas promesas de que no se iban a poner nuevos impuestos, y lo hizo estableciendo un récord histórico.
En efecto, con el aumento de la base del IVA y de los impuestos a cervezas, tabaco y juegos de azar, así como las mayores tarifas efectivas para las personas naturales, el gobierno espera incrementar el recaudo tributario en el año 2030 en 2.88% del PIB, que a pesos de hoy serían unos $60 billones. Recuérdese que la reforma tributaria que presentó el ministro Ocampo esperaba recaudar $25 billones, de los cuales le aprobaron $19.
Ese mayor recaudo se compensa en parte con unas cuantas gabelas a los más ricos del país, como la eliminación del impuesto al patrimonio y la disminución de las tarifas de impuestos corporativos, así como contratos de estabilidad jurídica y tarifas reducidas para nuevas inversiones. El costo fiscal de estas gabelas lo estima el proyecto que llegará a partir del 2028 a 0.47% del PIB, es decir unos $10 billones.
Este aumento del recaudo es la parte más discutible de la propuesta porque recaerá, en gran, parte sobre la clase media y algo sobre los estratos bajos pues las empresas y los más ricos verán disminuidas sus tarifas. Pero eso será tema de otra columna.
Mauricio Cabrera Galvis
Publicado en la revista CAMBIO, Colombia






