Orden, religión y violencia. La cultura política colombiana en transición (5 de 11)

Por: Luis Alberto Restrepo
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Hasta el comienzo del Frente Nacional, la Iglesia no reconocía categorías distintas a la de verdad y error, bien y mal, blanco y negro. En el seno de esos antagonismos se autoconsideraba como la única e incuestionable portadora de la Verdad y del Bien, en constante lucha contra el mal y el error y contra herejes y pecadores de carne y hueso.

4. Regeneración y violencia

Con todo, volvamos al pasado. Hasta los inicios del Frente Nacional (1958), la Iglesia no reconocía categorías distintas a la de verdad y error, bien y mal, blanco y negro. Y, en el seno de esas oposiciones radicales, se consideraba a sí misma como la única e incuestionable portadora de la Verdad y el Bien, en constante lucha, no solo contra el mal y el error en abstracto, sino contra “herejes” y “pecadores” de carne y hueso. Hasta simples críticos eran considerados como “enemigos” de la Iglesia. Mientras existió la Inquisición, estos se exponían a severos castigos que podían llegar a la tortura y la muerte. Una vez desaparecido el tenebroso engendro, la Iglesia optó por imponerles la “excomunión” pública, lo cual equivalía, en naciones mayoritariamente católicas, a su exclusión y señalamiento social. La Regeneración consolidó y radicalizó ese espíritu en Colombia. 

Durante el siglo XIX y hasta los inicios de la segunda mitad del XX, la intransigencia eclesiástica se tornó particularmente beligerante en contra de las ideas modernas y de sus expresiones revolucionarias. El Concilio Vaticano I (1869-1870) reafirmó a la Iglesia como la portadora exclusiva de la Verdad, elevó a dogma la infalibilidad del Papa y condenó nuevamente los errores de sus enemigos. Desde entonces y hasta los años 60 del siglo XX, en el instante mismo en que un miembro del clero procedía a recibir del obispo la ordenación sacerdotal, arrodillado junto al presbiterio del templo, debía prestar en voz alta un “juramento antimodernista”, por el que rechazaba, entre otras, las expresiones políticas de la modernidad. Democracia, liberalismo, socialismo y comunismo se convirtieron, todos por igual, en objeto de reiteradas condenas eclesiásticas. La confrontación cobró visos de cruzada. 

Un buen ejemplo del clima político-religioso de la época lo constituye fray Ezequiel Moreno y Díez, obispo de Pasto a comienzos del siglo XX. Para el fraile carlista español ‒promovido a los altares por los capuchinos españoles y finalmente declarado “santo” (!) por Juan Pablo II‒, hubiera sido mejor continuar la Guerra de los Mil días con los liberales que firmar con ellos la paz. En su tumba hizo poner el epitafio: “ser liberal es pecado”. 

Actitudes y consignas similares siguieron reiterándose hasta los tiempos del obispo Miguel Ángel Builes en los años 60, y de algunos de sus sucesores como el turbio y amanerado cardenal Alfonso López Trujillo, de influencia más reciente en la Iglesia colombiana y mundial. Las condenas episcopales contra el liberalismo y la masonería se prolongaron hasta el advenimiento del Frente Nacional y, después de instaurado este, se volvieron en contra del marxismo y el comunismo “ateos”. 

En Colombia, el sectarismo religioso contribuyó decisivamente a la exaltación de las pasiones políticas y a sus violentos estallidos periódicos. Le confirió a la actividad política un carácter sagrado, de enfrentamiento absoluto entre la verdad y el error, el bien y el mal. Por esta razón, los dos partidos tradicionales no se conformaron como simples asociaciones de intereses susceptibles de ser representados y negociados, sino como sectas seudorreligiosas, depositarias de cosmovisiones y convicciones inalterables. Los obispos y los curas, quién más, quién menos, se consideraban portadores de la salvación o la condenación eternas. 

Desde sus orígenes en el siglo XIX, tanto los liberales como los conservadores se confesaban católicos, pero mientras los conservadores defendían al clero, los liberales se oponían a sus privilegios: clericales y anticlericales enfrentados. Con una dosis de humor se afirmaba que, en la misa de los domingos, los primeros ocupaban los asientos de adelante y pasaban a comulgar, mientras los segundos atendían el rito desde la puerta del templo y se abstenían de recibir la hostia. Más allá de estas versiones picarescas, asuntos tan serios como los bienes de la Iglesia, el matrimonio o la educación católica obligatoria ‒y quizá no tanto los acalorados debates económicos y políticos de las élites‒ definieron en buena medida el perfil de los partidos y les dieron su arraigo popular. Incluso las elecciones se transformaron en una expresión de fe religiosa. Hasta fines del siglo XX, y aun después, el clero prescribía por quién se debía votar y por quién no. Desde el púlpito y la cátedra se ejercía una especie de tutela electoral sobre el pueblo simple y sobre conservadores educados y cultos. En este contexto, un choque brutal entre las pasiones anticlericales de algunas corrientes liberales y el fanatismo integrista de la Iglesia y sus fieles conservadores se transfirió a la contienda política. 

Teniendo en cuenta el monopolio cultural ejercido por la Iglesia en Colombia, es posible comprender por qué los conflictos de interés entre los colombianos se han visto transfigurados en luchas a muerte entre los supuestos representantes de Dios y los voceros del demonio. Esta actitud maniquea, de carácter seudorreligioso, fue la pólvora emocional de las ocho grandes guerras civiles y las decenas de rebeliones locales del siglo XIX, y continuó inspirando las confrontaciones armadas del XX, que culminaron en el holocausto nacional de La Violencia en los años 50. 

6. Regeneración y reconciliación

Paradójicamente, hay que señalar de nuevo que, a la par con la lógica de confrontación, condena y exclusión, la Iglesia también ha infundido en la cultura política colombiana la disposición contraria, que se inclina a la reincorporación del pecador arrepentido en la comunidad. Para la Iglesia, las condenas y excomuniones no son un fin en sí mismas: buscan la conversión del pecador. No hay pecado ni delito que no pueda ser perdonado, a condición, eso sí, de que el pecador confiese su delito o “abjure” públicamente de sus errores y se someta de nuevo, humildemente, a la autoridad de la Iglesia.

En el ámbito político, la casi ilimitada capacidad de perdón del Estado colombiano ‒que no es frecuente en otros países‒, condicionada a la previa sumisión del enemigo, ha encontrado quizás su expresión en las innumerables amnistías que han puesto fin a las guerras entre nacionales promovidas por las mismas élites, y a las condiciones que suelen acompañarlas. Durante la primera mitad del siglo XX los acuerdos y amnistías entre liberales y conservadores fueron denominados con el refinado nombre de “pactos de caballeros”, que incluían el secreto sobre las responsabilidades últimas de los enfrentamientos armados.

Sin embargo, las nuevas guerras que comienzan en los años 60 no enfrentan como antaño a las élites entre sí, sino a estas con las clases populares o medias, lo que imposibilita alcanzar acuerdos ocultos. En el fondo, de la criminalización radical del enemigo, de la condena absoluta y los enfrentamientos insuperables, los colombianos pasamos a negociar y a reconciliarnos a condición de que el delincuente se someta a la autoridad legítima o al menos haga los gestos públicos equivalentes al sometimiento. Confesión de los pecados, arrepentimiento y penitencia. En otras naciones, como en Estados Unidos, no tienen reato en imponer al delincuente la cadena perpetua o la pena de muerte. Ni qué hablar de China donde la pena de muerte es la solución preferida.

Vale la pena añadir que la Iglesia y el Estado no siempre coinciden en sus condenas y absoluciones. En ocasiones, la Iglesia condena a quienes el Estado está dispuesto a perdonar ‒como a la mujer que aborta y al médico que la ayuda‒, y viceversa, la jerarquía se muestra a veces dispuesta a absolver a quienes el Estado persigue, como sucede con algunos promotores del paro y el desorden público o con los criminales de guerra. No hay duda de que en los países de tradición católica esta doble y contrapuesta norma de la vida pública dificulta la consolidación de la ley civil en la consciencia de los ciudadanos. La España franquista y sus efectos son un ejemplo extremo de esta situación.

La dialéctica pasional de enfrentamientos y reconciliaciones ahondó en los colombianos una absoluta adhesión a los partidos liberal y conservador, hasta llegar a convertirlos en pasiones ancestrales de carácter familiar, local o incluso regional o ‒como dice Daniel Pécaut‒ en verdaderas “subculturas” contrapuestas dentro de una sola cultura nacional. Hasta fines de los años 50, a través de los partidos tradicionales, liberal y conservador, el colombiano se hacía partícipe de la nación y, movido por ellos, la escindía en periódicas confrontaciones armadas. Sin embargo, solo gracias a los mismos partidos era posible reconstruir la unidad nacional y la paz. 

La militante adhesión religioso-política de los colombianos a los partidos le garantizó a las élites, durante más de medio siglo, la lealtad de las clases subalternas. De este modo, el orden de la Regeneración, quizá más que el “santanderismo” elitista, pudo servir de fundamento a la estabilidad institucional de Colombia y, a la vez, propiciar las recurrentes confrontaciones armadas entre sus pobladores. Estabilidad institucional y violencia llegaron a ser características inseparables y duraderas del orden político colombiano.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

1 Comentario

Juan Gregorio Vélez 4 septiembre, 2022 - 6:25 pm

Gracias Larpo, seguimos comprendiendo más el origen de lo que nos pasó y que puede seguir pasando.
Una curiosidad: Del numeral 4 se pasa al 6.

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