Home Tags Posts tagged with "religion"
Tag:

religion

Download PDF

Terminar este extenso ensayo, que ya ha comprendido 11 textos, amerita varias conclusiones, que aparecen en este artículo, el cual cierra una visión hasta cierto punto novedosa y discutible sobre el papel de la Iglesia católica en la historia de Colombia.

Conclusiones

1. Clerocracias y democraduras en América Latina

Desalojada la Corona española de América Latina, las instituciones democráticas se implantaron en el continente hispanoamericano cuando el sujeto social que debía darles contenido real era todavía inexistente. Por ello, desde sus orígenes se las combinó con las dos formas básicas del absolutismo premoderno: el autoritarismo cultural del clero y el autoritarismo coercitivo del Estado. A estos dos estilos de autoritarismo, conjugados con las normas e instituciones democráticas, se los denominó clerocracias y democraduras.

2. La clerocracia en Colombia

Con el respaldo de la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, la Iglesia católica implantó en el país una cultura antimoderna, dogmática y autoritaria, reacia a toda crítica y disidencia. Esta cultura marcó a los partidos políticos, hasta el punto de convertirlos en sectas seudorreligiosas, clericales o anticlericales. Así como la Iglesia garantizó hasta mediados del siglo XX la cohesión social de la nación y la estabilidad de las instituciones, se convirtió también en fuente de periódicas explosiones de violencia interpartidista y de posteriores reconciliaciones. Su dialéctica religioso-política de mutuo rechazo y reconciliación se agotó finalmente en La Violencia y el Frente Nacional. 

3. Instauración de la democradura en Colombia

Para sustituir el vacío cultural dejado por la quiebra de la clerocracia, el Frente Nacional no desarrolló una nueva cultura política basada en ideas y valores de carácter moderno. Más bien, instauró una forma mitigada de democradura. Puso en funcionamiento un sistema político basado en el clientelismo corrupto, la repartición burocrática del poder y la coerción militar. 

4. La democracia posible

La nueva Constitución de 1991 señala caminos de una democracia posible, pero sus buenos propósitos se enfrentan a retos difíciles. Los militares conservan aún su lugar central en el régimen gracias sobre todo a la perduración de guerrillas y disidencias de las exFarc, de grupos paramilitares y de organizaciones armadas criminales (GAO), que tienden a transformarse en formas estables de vida, y debido también y quizás sobre todo a los oscuros intereses de empresarios, terratenientes y gobernantes que las promueven o amparan. 

A la inercia de ese conflicto se suma el poder ascendente del narcotráfico que, con sus hábitos de ilegalidad, violencia y corrupción, viene incidiendo cada vez más en las costumbres políticas de los colombianos. Esperamos que, a partir de 2022, el nuevo gobierno, que trata de romper hasta cierto punto con las tradiciones políticas nacionales, tenga éxito en sus esfuerzos por crear y consolidar una democracia mucho más real.

5. La Iglesia católica hoy

Ya desde el Concilio Vaticano II, la elección de Pedro Arrupe como superior de los jesuitas y la elección posterior del papa Francisco, la Iglesia católica se ha transformado radicalmente y hoy es el más sólido soporte de la paz y la democracia. Sin embargo, no sabemos qué haya de seguir después de Francisco. Fuertes corrientes conservadoras, sobre todo norteamericanas, podrían intentar una recuperación del antiguo poder imperial de la Iglesia, aunque chocarían quizás, no solo con nuevos candidatos latinoamericanos, sino también con indios y coreanos, donde la Iglesia ha avanzado bastante.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

1 comentario
0 Linkedin
Download PDF

Solo hay un factor que apunta con algún grado de certidumbre que Colombia va hacia una cultura política democrática, que no es una vigencia de nuevas ideas, valores y comportamientos, sino el total agotamiento de las formas que habían encauzado hasta ahora la actividad social y política de los colombianos.

IV. Gérmenes de una nueva cultura política

1. ¿Hacia una nueva cultura política?

El único factor que nos indica con alguna certeza que Colombia se encuentra en un tránsito hacia una cultura política democrática, distinta al autoritarismo tradicional o al sistema clientelista-utilitario implantado por el Frente Nacional, no es una clara vigencia de nuevas ideas, valores y comportamientos, sino el total agotamiento de las formas que habían encauzado hasta ahora la actividad social y política de los colombianos. Este es, a mi juicio, el único argumento convincente. Esa falta de aliento democrático pone a los colombianos ante la alternativa de cambio o barbarie. El presidente Petro le está apostando al gigantesco reto del cambio. Por el bien de Colombia me parece indispensable que tenga éxito, así sea parcial. El reto es enorme y tiene enemigos muy poderosos, comenzando por sus propios planes demasiado ambiciosos, algunos de los cuales suenan a utopía.

Ante todo, es claro que la cultura colombiana en general y, en particular, la cultura política, se han secularizado definitivamente. Además, la secularización de Colombia quedó consagrada en la nueva Constitución de 1991. Ningún otro actor tradicional ‒ni los partidos, ni los militares, ni los gremios‒ perdió tanto terreno en la nueva Constitución como la Iglesia católica. Del proemio de la Carta se suprimió el nombre de Dios para reivindicar en su lugar la soberanía del pueblo; Colombia se reconoció como nación pluricultural; se aceptó la libertad religiosa y de cultos; la Iglesia dejó de ser considerada como fundamento del orden social. En este campo, la Carta fundamental no hizo sino consagrar procesos sociales y políticos ya cumplidos de tiempo atrás en amplios y poderosos círculos el país.

Esto no quiere decir que la Iglesia católica haya dejado de ser una institución importante en la vida nacional. A pesar de su pérdida de poder político e influencia social, sigue siendo la institución de interés público más orgánica de Colombia, tanto en su funcionamiento interno como en sus nexos culturales y morales con la sociedad. Las élites laicas del país, sean económicas, políticas o militares, están muy lejos de emular el grado de cohesión, penetración social y eficacia operativa de la Iglesia colombiana. Ahora, cuando animada de manera constante desde el Vaticano y la Nunciatura, se preocupa menos por sus propios problemas y más por los de todos los colombianos, en especial por la paz, los obispos y el clero ‒con muy pocas excepciones‒ están jugando un papel significativo en la paz y la reconstrucción nacional. Pero ya no busca adquirir poder, sino servir*.

Si la clerocracia desapareció para siempre de los círculos de poder, tampoco es posible la restauración completa de la alianza burocrático-militar, la democratura. Instaurada por el Frente Nacional, su poder, sin embargo, podría prolongarse a término indefinido si no avanzaran alternativas creíbles, como las que promete Petro. Los numerosos y pequeños partidos y movimientos están en crisis. El abandono del serio debate político y el omnipresente clientelismo han dado de tiempo atrás rienda suelta a las ambiciones personales y la corrupción, que no cesan de generar divisiones internas. Ahora amenazan incluso al Pacto Histórico, que avanza por aguas pantanosas. Espero que no se ahogue. Las actuales circunstancias internacionales no les facilitan a las dos grandes vertientes de todo pensamiento político, una liberal y la otra conservadora, la tarea de redefinir su identidad: los conservadores del mundo son hoy los más acérrimos neoliberales, razón por la cual muchos liberales son en realidad conservadores, o viceversa. Esta confusión se refleja hoy en casi todos los partidos, los políticos y los gobernantes de Colombia. Sin embargo, las alternativas apenas comienzan a surgir.

Así, pues, militares y policías continúan siendo el último recurso para la estabilidad de todos los gobiernos. Los gobernantes civiles se han sentido hasta ahora obligados a “cogerle el paso” a los militares. Solo si el nuevo gobierno logra la paz completa y el desarme de todos los grupos armados ilegales como lo anuncia, será posible desarrollar una democracia más real e incluyente. En esa eventualidad se abriría paso un profundo replanteamiento de la función militar y del concepto tradicional de Seguridad fundado en las armas, para construir una Seguridad Humana, que incluya en primer lugar la presencia integral del Estado en los territorios y el bienestar social de las mayorías. Sin embargo, esta noble aspiración tiene visos de utopía. 

Tanto el agotamiento de los antiguos mecanismos de funcionamiento político como el surgimiento aún vacilante de nuevas instituciones constituyen, sin duda, indicios de una transición hacia nueva cultura política, que ya no puede ser sino de carácter moderno y democrático. Con todo, estos gérmenes enfrentan tres obstáculos considerables.

2. Obstáculos a la democracia en Colombia

El primer tropiezo para el desarrollo de una cultura democrática en Colombia proviene de la persistencia de guerrillas y de la transformación que han sufrido las que continúan en la lucha: el ELN, las disidencias de las exFARC y un pequeño reducto del EPL en el Catatumbo. En los últimos años estas estructuras se han fortalecido económicamente en virtud del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, y esto les ha permitido adquirir armas más modernas y reclutar jóvenes marginados o de clases medias, que carecen de ideales políticos, pero encuentran en la guerra un empleo remunerado, sentido de pertenencia a un colectivo poderoso y un cierto poder personal. La guerra se torna entonces para ellos más estimulante y mucho más rentable que la paz. A estas organizaciones se les suman, como ya dije, numerosos y diversos grupos paramilitares y criminales. El clima de guerra y el enquistamiento o la descomposición de una guerrilla enriquecida han llevado también al fortalecimiento de unas Fuerzas Armadas que, con el auspicio de empresarios, funcionarios y gobiernos, vienen ejerciendo con frecuencia una violencia desproporcionada e ilegal y conspiran contra la gestación de una cultura democrática que pondría en cuestión su papel actual y sus grandes privilegios. Sin embargo, no pretendo desconocer que muchos de ellos asumen graves riesgos, exponen y pierden fácilmente la vida. 

El segundo gran obstáculo para un tránsito hacia una democracia más efectiva es el narcotráfico. Hasta ahora se ha hablado sobre todo de sus efectos inmediatos: el impacto económico y su aporte al clima de violencia en el país. Los ingresos que genera ese tipo de contrabando han contribuido a mantener cierto crecimiento económico en Colombia. Ahora, cuando el crecimiento se encuentra gravemente amenazado por un altísimo déficit fiscal del Estado, un fuerte desequilibrio en el comercio internacional y una creciente inflación nacional que se suma a la inflación importada por las medidas tardías que han tomado la FED y también el Banco de la República, tampoco parece que se hayan ponderado suficientemente los efectos políticos y culturales de esa situación, previsibles en el mediano y largo plazo. 

En la medida en que la economía legal cae en barrena crecerán la influencia y el poder de los narcotraficantes. Los narcos colombianos han aprendido a mimetizarse y están presentes entre empresarios, dirigentes políticos y autoridades como forma de irradiación espontánea de su poder económico y como condición para protegerse a sí mismos y sus negocios. El fenómeno es urbano y rural, pero resulta particularmente perceptible en provincia y en el ámbito local y regional. Desde ese punto de vista, la descentralización y democratización del Estado, aunque no carezcan de potencialidades democráticas, han ofrecido también los escenarios más propicios para el desarrollo silencioso del poder político del narcotráfico. De tal manera que, si durante el Frente Nacional surgió una clase política que ejercía el poder en su propio beneficio, más recientemente se ha gestado una nueva élite puesta directamente al servicio de sus mecenas, los narcotraficantes. Más que el testaferrato económico, Colombia padece un testaferrato político.

Como quiera que sea, es indudable que los narcotraficantes han impuesto sus patrones culturales a las nuevas generaciones: enriquecimiento rápido, alto consumo sin demasiada ostentación, corrupción y, en casos extremos, violencia como método de resolución de conflictos. El tradicional santanderismo o el nuñizmo de los colombianos tendrá que retorcerse si se propone continuar encubriendo esta nueva dosis de barbarie que amenaza gravemente el desarrollo de una cultura democrática.

Finalmente, todos los obstáculos anteriores, aunque graves, no lo serían tanto si Colombia contara con una nueva élite dirigente sólidamente formada en los principios democráticos y con un medio cultural que le fuera favorable. En el país parece estar irrumpiendo una cultura democrática, aunque todavía es precaria y superficial. Es importante contribuir a su consolidación.

3. Cambio en la Iglesia

Con todo, en esta historia se impone un paréntesis. Hay que reconocer que, ya desde comienzos de los años 60, la Iglesia católica comenzó un importante proceso de apertura a la modernidad. El 25 de enero de 1959, el papa Juan XXIII anunció la celebración del Concilio Vaticano II. Sin embargo, “el papa bueno” falleció un año después (1963). Las otras tres etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el papa hamletiano Pablo VI, hasta su clausura en diciembre de 1965. 

En 1968, se realizó en Medellín la Segunda Conferencia del Episcopado de América Latina (CELAM), que buscó aplicar al continente las determinaciones del Concilio Vaticano II. En esa reunión los obispos reconocieron que la Iglesia como institución había estado vinculada a las clases dirigentes de la época, desconociendo la “violencia institucionalizada” e ignorando a la gran cantidad de latinoamericanos pobres. De aquí surgió la bien conocida “opción preferencial (de la Iglesia) por los pobres”, contra la cual se levantaría luego, en la reunión del CELAM en Puebla (México, 1979) el oscuro cardenal Alfonso López Trujillo con el apoyo del mismo papa Juan Pablo II, que pretendía mantener el mismo modelo de Iglesia medieval que gobernaba el mundo. Con sus contemporáneos, Reagan y Tatcher, padres del neoliberalismo, el Papa inhibió todos los intentos de reacción en contra del sistema vigente, acusándolos de marxistas y comunistas

Además, en 1965, había sido elegido el padre Pedro Arrupe, S.J., como superior General de los jesuitas. Lo primero que hizo Arrupe fue convocar a todos los superiores provinciales de América Latina a una reunión de un mes en Rio de Janeiro, asamblea dirigida por un psicólogo, y el mensaje que les transmitió el General fue ‒palabras más, palabras menos‒ el siguiente: “Durante siglos, los jesuitas hemos querido formar a las élites para que, desde la fe, transformaran sus sociedades. Entre tanto, dejamos de lado a los pobres. Pues nos hemos equivocado radicalmente. Las élites se engolosinaron con el poder y se olvidaron de su gente. Ahora debemos dar un giro de 180 grados a nuestro trabajo, y dedicarnos a formar, ante todo, a los pobres y olvidados”. 

El nuevo rumbo de los jesuitas tuvo amplia influencia en numerosas comunidades religiosas femeninas y masculinas, y también en los obispos que luego se reunieron en Medellín. 

Trece años después, en 1978, accedió a la sede pontificia el arzobispo de Cracovia, Karol Józef Wojtyła, Juan Pablo II. De inmediato, el papa polaco frenó en seco a Arrupe, lo encerró con él durante tres días y lo presionó de tal manera para que le diera contraorden a todos los jesuitas del mundo, que Arrupe padeció un derrame cerebral y quedó en silla de ruedas, casi sin habla. El Papa sacó a la mayor parte de los jesuitas del Vaticano y los humilló de muchas maneras. 

Wojtyła falleció en 2005. Ironías de la vida: ocho años más tarde, en marzo de 2013, otro jesuita ‒por lo demás latinoamericano (argentino) ‒, Jorge Mario Bergoglio, fue elegido papa (marzo de 2013-…) y adoptó el nombre Francisco I en memoria del santo de Asís. Ya desde el Vaticano, Francisco profundizó el cambio y sigue reformando sustancialmente la herencia colonial. 

Esperemos que su legado perdure más allá de su fallecimiento. 

_____________________

* Aunque esta nota no hace parte del ensayo, me parece oportuno aclarar mi relación ambivalente con el cristianismo y en especial con la Iglesia. Aprecio la figura de Jesús de Nazaret (como también la de Buda Gautama), los evangelios ‒a pesar de que los leo muy rara vez‒ y recuerdo con alguna frecuencia sus sabias sentencias. Pero no me gusta para nada el Cristo que se inventó Pablo y ratificó Constantino I con el Concilio de Nicea. De ahí en adelante, la Iglesia perdió su rumbo. Nada que ver con Jesús, el fiel judío y carpintero de Nazaret. Por fin, el papa Francisco ha seguido desandando el camino de la Iglesia hacia su origen. Me parece un proceso que, si perdura, a mediano y largo plazo tendrá una enorme incidencia en Colombia y en otras partes del mundo. Con todo, no ignoro que la ciencia derribó desde hace tiempos todo el edificio dogmático. Ya ni siquiera merece revisión. Por eso, simplemente creo en La Vida, en esa misteriosa energía que desde nuestro interior impulsa La Vida, aunque no sepamos qué es ni para dónde va. Parece más bien una energía loca, desatada, pero quién sabe las que se trae. A veces da vueltas inesperadas.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

5 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

Una vez consumado el papel mediador para recomponer el poder oligárquico, a los militares se les confió la tarea que cumplió antes la Iglesia católica, pero con su propia y muy distinta visión de país y sus peculiares métodos de fuerza. En adelante, los militares se convertirían en los garantes de la integración nacional.

11. Articulación subordinada de militares e Iglesia

Una vez cumplido el papel de mediadores para la recomposición del poder oligárquico, a los militares se les confió la tarea que antes cumplía la Iglesia católica, aunque, desde luego, con su propia y muy diferente visión de país y sus peculiares métodos de fuerza. En adelante, los militares se convertirían en los garantes de la integración nacional, ya no por el consenso horizontal de una sociedad sociológicamente católica, sino por la fuerza vertical de las armas sobre una sociedad cada día más heterogénea y, hasta hace poco, más bien desvalida. Los militares y una policía militarizada pasaron a mirar a la sociedad civil ‒en particular a los más pobres y a la clase media baja‒, no como ciudadanos con derechos, sino como virtuales “enemigos internos”, tanto del Estado como de la misma fuerza pública. Del autoritarismo cultural del clero, Colombia pasó, pues, a la otra cara del absolutismo: al autoritarismo estatal ejercido por élites políticas que han instrumentalizado la fuerza pública. Las recientes movilizaciones y paros de más de un mes han puesto de manifiesto a una sociedad que ya no se somete tan fácilmente.

Sentadas las bases de la pacificación de los dos partidos tradicionales gracias al Frente Nacional, las élites políticas se desentendieron en buena medida de la inconformidad social para confiársela, como problema de “orden público”, a la represión policiva y militar. Rígida división del trabajo establecida por Lleras Camargo, que tuvo sus virtudes, pero también enormes falencias. Por lo menos hasta 2002, sustrajo a los militares de la política, de modo que ante los distintos partidos y opciones políticas ‒en principio‒ se mantuviesen neutrales pero, al mismo tiempo, hizo que los civiles se desentendiesen del Ejército y sus distintas fuerzas, abandonando además la preocupación y el esfuerzo por elaborar una verdadera estrategia político-militar de largo plazo.

En el nuevo contexto nacional, entre obispos y altos mandos militares surgió entonces una cierta convergencia ideológica. Si se comparan las cartas episcopales de los años 60 y 70 con las declaraciones y escritos de altos mandos militares se percibe en ellas una creciente coincidencia de perspectivas y, a veces, casi una copia. La prédica anticomunista de la jerarquía y de los capellanes militares de la Brigada en Bogotá fue particularmente bien acogida por los militares. Sumado el nacionalismo inherente a la función de todos los Ejércitos del mundo, los sermones y exhortaciones de obispos y capellanes militares se convirtieron por esos años en la principal fuente de su motivación para la defensa de las instituciones. A la hora de la verdad, al menos hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado, talvez más que en teorías importadas de Seguridad Nacional, que tuvieron sin duda influencia, es en este tipo de convicciones y sentimientos tradicionales de los militares colombianos donde posiblemente haya que buscar la inspiración de su lucha antisubversiva. Desde entonces los mueve un anticomunismo puro y duro, sumado con frecuencia al auspicio que les prestan algunos gobernantes, así como a los intereses oscuros y bastante extendidos de algunos de sus mandos. A la par con el anticomunismo, fue creciendo en obispos y mandos militares la desafección por una clase política incapaz y corrupta, así como el anhelo de un orden coercitivo y de cierto cambio social. Jerarquía y cúpulas castrenses fueron construyéndose una especie de limbo político desde el cual defendían instituciones democráticas sin sujeto.

El control del orden público asignado a los militares por el Frente Nacional se vio también aparentemente justificado desde los años 60 por la oleada revolucionaria de América Latina y por la expansión de las concepciones norteamericanas de Seguridad Nacional, propias de la Guerra Fría, relativamente adaptadas a las condiciones del país. De conformidad con las concepciones difundidas después de la Segunda Guerra Mundial en todo el Tercer Mundo, los ejércitos debían reorientar sus esfuerzos a la lucha contra el “enemigo interno”: el comunismo internacional. En consecuencia, en América Latina, policías y militares se vieron convertidos en una especie de policía política. Formados para la guerra, su actividad represiva y violenta se fue extendiendo en contra de las más diversas formas de organización, movilización y protesta popular. Así, la Guerra Fría resultó enormemente funcional a las necesidades del bipartidismo colombiano en el poder. Otro tanto podemos decir del fervor de izquierda o incluso guerrillero en una porción reducida de la juventud en esa época.

12. La generación de los años 60 y 70

Las décadas de los 60 y 70 les ofrecían a las jóvenes generaciones una excepcional oportunidad histórica. La dialéctica religioso-política, que le había dado vigencia a los partidos tradicionales durante más de un siglo, se encontraba agotada; en su reemplazo, liberales y conservadores habían establecido un pacto de dudosa legitimidad democrática; pronto había comenzado a manifestarse el deterioro ético y político del contubernio bipartidista y su deriva hacia un vulgar clientelismo corrupto. 

Nuevos sujetos sociales ‒como sindicatos, juntas de acción comunal, movimiento estudiantil‒ presionaban con paros regionales y nacionales por una mayor democracia. Se hacía entonces urgente asentar la nación sobre nuevos fundamentos éticos y políticos, ahora sí, de carácter laico, moderno y democrático. Sin embargo, la aparición de guerrillas revolucionarias (FARC, ELN, EPL y otros grupos menores) a mediados de los 60, condujeron a la sociedad civil emergente a una especie de callejón sin salida. Las guerrillas, aisladas en selvas lejanas y en regiones de compleja geografía, no preocupaban a los centros del poder nacional y fueron entrando a formar parte natural del paisaje nacional, pero los gobiernos y la fuerza militar encontraron en su existencia el mejor argumento para consolidar regímenes represivos y corruptos, que bloqueaban a los movimientos sociales. La sociedad civil entró en una parálisis que duró hasta poco después de los acuerdos de La Habana y la desmovilización de las FARC. 

Conviene añadir que la actividad guerrillera en su conjunto fue ‒y en mucho menor medida lo sigue siendo con el ELN y las disidencias‒ uno de los más sólidos y constantes soportes políticos del régimen clientelista instalado en el poder desde el Frente Nacional y del papel fuertemente coercitivo que este le confirió a las fuerzas militares y de policía. La lucha armada ha servido, además, como el mejor pretexto de los dirigentes políticos para criminalizar toda forma de organización y protesta popular y para abandonar, en manos de la policía y los militares, el manejo de un mal definido problema de “orden público”. Con tal que el Estado frene a las guerrillas, parte importante de la sociedad colombiana ‒no solo las élites, sino también las clases medias e incluso sectores pobres‒ le han dado su respaldo electoral al clientelismo y han impulsado o se han resignado al fortalecimiento del aparato militar. Así pues, a la par con el clientelismo y el narcotráfico, la guerrilla ha sido el tapón de la democratización en Colombia y el mayor estímulo para el desarrollo de una derecha recalcitrante, digna sucesora de Laureano Gómez y de otros bien conocidos dirigentes de la actualidad. 

La contradictoria alianza bipartidista (fragmentada luego en pequeños movimientos y seudopartidos), el aparato militar y la lucha guerrillera fueron el pilar esencial del régimen político establecido en Colombia desde el Frente Nacional hasta 1991 e incluso hasta hoy. Los tres se realimentaron incesantemente e, incluso, siguen haciéndolo. Tanto la concepción estadounidense de Seguridad Nacional como la efervescencia revolucionaria y de izquierda de los años 60 y 70 le vinieron, pues, como anillo al dedo, al régimen bipartidista y a la fuerza pública, necesitados de legitimación. 

13. Resultados globales del Frente Nacional

El resultado político global del Frente Nacional fue, pues, como ya señalamos, el debilitamiento del Estado. De un orden social y político cimentado en la hegemonía cultural del catolicismo se hizo tránsito a un Estado precario, ausente de la mitad del país, pero sostenido por la maquinaria de clientelas políticas corruptas y la incierta fortaleza de las Fuerzas Armadas, cada vez más erosionadas por la corrupción y la ilegalidad, lo que no excluye en modo alguno la existencia de militares y policías heroicos que exponen su vida en defensa de los colombianos. Las élites políticas y empresariales pusieron una confianza creciente en las medidas de fuerza, ahorrándose casi siempre los costos políticos y económicos de una mayor democratización; los militares y una policía militarizada hallaron en el orden público su razón de ser; a unos y otros se los preparaba y se los sigue preparando para la guerra. Se impuso en el país un círculo vicioso: las organizaciones guerrilleras le daban argumentos a la represión oficial, y en los excesos de esta encontraron el mejor argumento a su favor. La actual violencia generalizada, confusa y dispersa ‒próxima a la anarquía‒ se deriva, en buena medida, de esa dialéctica clientelista-militar instaurada por el Frente Nacional.

La consecuencia quizás más importante del Frente Nacional fue su impacto en la sociedad misma. Tanto el régimen bipartidista como sus enemigos propiciaron la disolución de los principios en los que se había basado hasta entonces la convivencia social sin que, entre tanto, se gestaran otros nuevos. Los códigos morales de la Iglesia católica perdieron vigencia. Aunque el bipartidismo enarbolaba la defensa de la democracia, no lo hacía de manera creíble: centraba sus preocupaciones en la defensa de sus privilegios económicos y burocráticos y no tenía reparo en violar los principios y derechos fundamentales que decía defender. Sustituyó las convicciones partidarias por el frío utilitarismo clientelista, sinónimo de corrupción. En la medida en que se fueron disolviendo los códigos normativos, la violencia se apoderó de las relaciones sociales. Por fortuna, hoy la mayor parte de la juventud parece estar reclamando la construcción de una verdadera democracia. El resultado de las recientes elecciones así lo demuestra, aunque casi medio país de adultos o de viejos (“adultos mayores”), aún se resiste.

En suma, aunque el Frente Nacional superó la violenta crisis final del orden antiguo, contribuyó a gestar otra nueva, todavía más honda: la corrupción se desbordó y le abrió el camino a la violencia política, el terrorismo y el narcotráfico, el cual acabó de difundirse por todos los circuitos de la vida nacional. Parte importante de las élites, incluso en altos niveles empresariales, políticos, gubernamentales, policivos y militares, se benefician hoy, directa o indirectamente, de los recursos de la droga que han aprendido a mimetizar. En esta crisis nos encontramos.

14. Bases de una nueva cultura política y sus obstáculos (1991)

No resulta fácil fijar el término real del régimen político implantado por el Frente Nacional y determinar el punto de partida de una nueva época. Formalmente, el Frente Nacional concluyó en 1974 por disposición constitucional. Pero, como sucede con frecuencia en la historia, el pacto bipartidista alcanzó su más perfecta realización después de concluido, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), aupado por su antecesor, Alfonso López Michelsen (1974-1978).

López hizo abrir la “ventana siniestra” en el Banco de la República para recibir y legitimar los dineros de la marihuana sin necesidad de declarar su origen, opción que luego se iría transvasando a todas las drogas, ya no por la famosa ventana sino por los muy diversos canales del establecimiento. Durante el gobierno de Turbay llegaron a su apogeo la distribución burocrática del poder entre los dos partidos, las maquinarias clientelistas y la ciega alianza de la clase política con las fuerzas militares en contra de los sectores sociales subalternos. Turbay le entregó el gobierno al general Camacho Leyva y a las fuerzas militares. Este clímax del clientelismo bipartidista y su descrédito nacional e internacional abrieron las puertas a su franca descomposición. 

Algunos de los gobiernos posteriores trataron de superar la crisis rompiendo con determinados elementos del régimen, pero se vieron obligados a apoyarse en otros para poder gobernar. Finalmente, los intentos de modernización han sucumbido a los intereses creados, la interesada inercia de políticos y gobernantes, y la aparente ausencia de alternativas. Adoptamos aquí la Constitución del 91 como punto de inflexión histórica, aunque desde su promulgación, esta ha sido reiteradamente reformada y deformada. Solo ahora, en 2022, el nuevo presidente electo promete rescatarla y cumplirla a cabalidad. Esperamos que así suceda.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

1 comentario
1 Linkedin
Download PDF

La violencia se ha reiterado en el título de este extenso ensayo, que ya va más allá de la mitad. El siguiente texto entra de lleno en La Violencia (con mayúscula) que llevó a su consumación el orden establecido por la Regeneración y la tradicional dialéctica colombiana de enfrentamiento y reconciliación entre conservadores y liberales.

8. La Violencia, consumación de la Regeneración

Gaitán fue asesinado el 9 de abril de 1948. Su inesperada muerte dio rienda suelta a conflictos largamente postergados. La ira del pueblo contra la oligarquía, alimentada por Gaitán, se dirigió contra los jefes del orden oligárquico y sus símbolos: fue atacado el Palacio donde residía el presidente Ospina (1946-1950); periódicos y residencias de notables conservadores y de algunos liberales, templos e imágenes sagradas, fueron asediados y algunos fueron destruidos. Las masas enfurecidas arrasaron e incendiaron barrios enteros de la antigua Bogotá. 

El imperturbable Ospina respondió a la turba enfurecida y ebria con una masacre indiscriminada. Los dirigentes liberales se dividieron: un sector entró a participar en el gobierno, con el propósito de garantizar la estabilidad institucional, mientras el otro auspiciaba la conformación de guerrillas liberales y comunistas. Gracias a la división de los enardecidos gaitanistas, las élites liberales recuperaron el control de sus dos vertientes: la antioligárquica del primer Gaitán y la oficialista del segundo, cuando se convirtió en jefe del directorio Liberal. La reacción del pueblo se combinó con un violento y último enfrentamiento entre liberales y conservadores. Además, en ese conflicto se anudaron pasiones religioso-políticas y conflicto de intereses de terratenientes que aprovecharon el caos para incrementar sus propiedades, como lo analizan muy bien Gonzalo Sánchez y Donny Maertens. A partir de entonces, se desató una violencia sanguinaria que duraría por lo menos hasta 1953. 

En La Violencia, con mayúsculas (1948-1953), llegó a su consumación el orden establecido por la Regeneración y la tradicional dialéctica colombiana de enfrentamiento y reconciliación entre conservadores y liberales. La cifra de sus víctimas, que oscila entre 200.000 y 400.000 muertos, constituyó su holocausto final. La salvaje brutalidad desplegada en las masacres desbordó con mucho los imperativos de la guerra y revistió, más bien, el carácter cuasirreligioso de un sacrificio expiatorio o de una retaliación absoluta entre el bien y el mal. Revelaba, de este modo, la quintaesencia religiosa de la lucha entre los partidos. La Violencia y sus increíbles excesos, que amenazaban la estabilidad institucional, la agotaron como recurso para la relación entre los partidos. No era posible seguirla utilizando por más tiempo. Había que buscar caminos de reconciliación.

En 1950, triunfó Laureano Gómez con una escasa votación frente a un partido liberal disminuido y en desbandada. A la vez que acentuaba la violencia oficial contra liberales y comunistas, Gómez pretendió ‒como ya sugerí‒ implantar un régimen de cristiandad que reviviera, tardíamente, el espíritu católico de la Contrarreforma y la Regeneración. Sin embargo, la descomposición de la guerrilla en bandidaje y su parcial transformación en lucha campesina contra el poder terrateniente condujo al comandante de las Fuerzas Armadas, general Gustavo Rojas Pinilla, a deponer a Gómez mediante el golpe militar de 1953 y a buscar la “pacificación” del país a sangre y fuego. Los obispos, el alto clero y los conservadores ospinistas saludaron el golpe, aunque luego, cuando Rojas comenzó a matar estudiantes y obreros, manifestando a la vez su propósito de permanecer en el poder, lo declararon dictador. Masivas y continuas protestas ‒animadas además por una parte del clero‒ lo obligaron a renunciar y fue reemplazado por una Junta de cinco altos mandos militares que le darían paso a un arreglo entre los dirigentes políticos de los dos partidos tradicionales.

El orden establecido por la Regeneración y su dinámica de enfrentamiento y reconciliación, que ya describí, permiten comprender la coexistencia de estabilidad institucional y crónica violencia interpartidista, que sacudió a Colombia desde el siglo XIX hasta 1953 e incluso más allá. El mutuo respaldo entre Iglesia y Estado perduraría con altibajos incluso después de concluido el monopolio conservador del poder y condicionaría, en adelante, la cultura y el régimen político colombianos, por lo menos hasta mediados del Frente Nacional (1958-1974). Incluso el partido Liberal y hasta los mismos comunistas terminarían amoldándose a las pautas de comportamiento definidas por la cultura de la Regeneración. Tan profundas raíces echó el pacto entre Iglesia y Estado en la nación que ‒a pesar de sus numerosas reformas‒ le dio vigencia al espíritu de la Constitución de 1886 durante más de un siglo, hasta 1991. 

Más que Bolívar o Santander, fue esta alianza entre Iglesia y partido Conservador, impulsada por el cartagenero Núñez, la que marcó la cultura política colombiana. Como ya expresé, no tanto el “santanderismo” sino el “nuñizmo” católico ofrece la clave para descifrar la índole de las élites colombianas y su estilo de conducción política.

Para poner fin a una Violencia que se tornaba amenazante, las élites de los partidos tradicionales comenzaron a buscar su reconciliación definitiva. 

9. Mediación militar para la reconciliación bipartidista (1953-1991)

Tras la Junta militar, los jefes de los dos partidos, el conservador Laureano Gómez y el liberal Alberto Lleras, lanzaron el Frente Nacional (1958-1974), que consagró como norma constitucional el monopolio bipartidista del poder que duraría, formalmente, 16 años y, en la realidad, algo menos de 30, hasta la nueva Constitución de 1991, cuando ya los dos partidos tradicionales habían desaparecido y se habían subdividido en numerosos y pequeños grupos, de intereses con frecuencia oscuros, que reclamaban para sí el nombre de “partidos”. Esa mutante carioquinesis política de partidos y movimientos sigue avanzando sin cesar.

De este modo, la antigua y fanática cultura política reacia a la modernidad, que sin embargo estaba basada convicciones y valores, fue reemplazada por empresas electoreras que intercambiaban plata, tejas de zinc, almuerzos y traslados a pie de urna, por votos ya marcados y controlados; para ello contaban además con el apoyo de la fuerza pública ‒prácticas a la vez clientelares y coercitivas, a las que solo por analogía podríamos asignarles el nombre de cultura política‒. La agotada clerocracia colombiana le cedió entonces el paso a la democradura, editada en su original formato civil. 

Si damos una mirada muy general a los gobiernos militares de los años 50 y a los gobiernos civiles del Frente Nacional podemos decir que sus numerosas diferencias constituyen apenas distintos énfasis dentro de un largo período de transición burocrático-militar, que va desde el agotamiento y la quiebra del antiguo orden clerical de la Regeneración, producidos por La Violencia (1953), hasta la implosión final de la democradura, que dio lugar a una nueva Constitución (1991), totalmente opuesta a la de 1886.

10. La alianza bipartidista y la Iglesia

Los efectos del Frente Nacional fueron múltiples, inesperados y, a mi juicio, no suficientemente analizados. Subrayo tres que contribuyeron de modo particular a vaciar de contenido la tradicional cultura política y a debilitar, de paso, la legitimidad del Estado. El pacto bipartidista no solamente selló la paz entre liberales y conservadores como se suele repetir, sino que, de paso, suprimió también sus diferencias y los vació de contenido, socavando su arraigo en el sentimiento y la pasión popular. Mucha gente comenzó a mirar a los partidos como simples maquinarias electoreras de políticos corruptos. En segundo término, el Frente Nacional abandonó parcialmente los intentos modernizadores emprendidos por “la revolución en marcha” del primer López Pumarejo, y convirtió al Estado en simple botín burocrático de los dirigentes políticos y sus clientelas. Finalmente, el Frente Nacional trajo consigo una consecuencia habitualmente ignorada: una forzada secularización de la actividad política y, en consecuencia, la pérdida del antiguo principio seudorreligioso de identidad nacional, cohesión social y legitimación política. 

En la Regeneración, la Iglesia había desempeñado un lugar central. Constituía el núcleo legitimador del régimen político y la instancia integradora de la cultura y la sociedad nacionales. El pacto bipartidista la desalojó de su lugar de privilegio. Ante todo, eliminó su arbitraje entre los partidos y una parte significativa de su influencia en el manejo del poder. Liberales y conservadores aprendieron a perpetuarse en el gobierno prescindiendo de la Iglesia y sin recurrir casi nunca a los encontrados sentimientos religiosos del pueblo colombiano. El Frente Nacional introdujo, pues, una secularización desde arriba que le sobrevino repentinamente a una sociedad arcaica, no preparada para asumir la política con criterios modernos.

A esta súbita desacralización de la política se sumó luego la secularización inducida por la rápida y desordenada “modernización” de la sociedad colombiana. La violencia en el campo, sumada al desarrollo industrial de la ciudad que demandaba mano de obra, aceleró el éxodo campesino, el proceso de urbanización y la rápida pérdida de los valores rurales de carácter comunitario. De contera, podemos añadir que la inmigración campesina amontonó inorgánicamente en torno a las ciudades las llamadas “clases populares”, potencial sujeto de una verdadera democracia o carne de cañón de un clientelismo demagógico y finalmente autoritario, apoyado por la coerción de la fuerza pública.

La alianza bipartidista tuvo también altos costos internos para la Iglesia. Al perder su exclusiva referencia al partido Conservador, la Iglesia dejó de constituir un bloque políticamente unificado. Fueron apareciendo en ella divisiones políticas que contribuyeron a restarle cohesión, fuerza y credibilidad. Comenzando por Camilo Torres, algunos sacerdotes, religiosas y laicos se acercaron al ELN de la época. Y esas actitudes contestatarias reforzaron a su vez en los obispos, durante los años 70 y 80, la postura defensiva y francamente reaccionaria que les era habitual. El resultado fue la fragmentación y polarización de la Iglesia. 

Por la brecha abierta en la unidad y el poder de la Iglesia católica penetraron en Colombia otras confesiones e iglesias cristianas, numerosas sectas, innumerables creencias e increencias y ritos de toda naturaleza. El papel de cohesión cultural que desempeñaba el catolicismo se debilitó sustancialmente y, en su lugar, encontramos hoy una extendida atomización de la antigua consciencia religioso-política nacional. Hasta hace poco perduraba, sin embargo, en la cultura colombiana su antiguo talante católico, es decir, dogmático y autoritario, sobre todo en las élites de Antioquia, del eje cafetero, el Tolima y el Huila, así como también en los Santanderes y el Cauca. 

En suma, la Iglesia católica dejó de ser el “fundamento del orden social” colombiano sin que su papel de cohesión cultural fuera sustituido por una racionalidad política moderna ni por una élite dispuesta a desarrollarla. Su desdibujamiento fue dejando tras de sí un enorme vacío de valores y normas compartidas, y un notorio déficit de legitimación del régimen político. En suma, legó división, caos y virtual anarquía. En reemplazo de la Iglesia, el Frente Nacional desarrolló una formidable maquinaria bipartidista de legitimación electoral a punta de compra de votos y, en su respaldo, acudió a la coerción policiva y militar. La fuerza pública adquirió entonces la importancia y el peso que no había tenido hasta ese momento y que se incrementaría de manera alarmante desde fines del siglo XX y primeras décadas del XXI.

Al mismo tiempo, desde mediados de los 50 se multiplicaron los centros educativos de orientación laica y tuvieron un notable desarrollo los medios de comunicación masiva, como la radio, la televisión y el cine, con lo cual el monopolio cultural ejercido desde el púlpito, la cátedra y el confesionario se vio rápidamente barrido por una intensa competencia multicéntrica y una cotidiana penetración doméstica de nuevas informaciones y opiniones plurales. 

Ni qué decir del imperio actual de los celulares, que de una generación a otra van rompiendo los lazos de los jóvenes no solo con las iglesias y sus propios padres y maestros, sino incluso con la generación precedente. Estamos ante una sociedad nacional y mundial en acelerada y constante transformación. Podemos hacer parte del proceso o, desorientados, optar simplemente por ser sus espectadores.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

3 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

Aunque las reformas promovidas por la Revolución en Marcha no fueron radicales, enfurecieron al clero ‒que vio recortados sus privilegios‒, indignaron a los conservadores, irritaron a los grandes terratenientes y a los industriales de las ciudades y decepcionaron a los sectores populares y obreros, que esperaban mucho más de sus promesas. 

A pesar de que las reformas impulsadas por la Revolución en Marcha no eran radicales, enfurecieron al clero que veía recortados sus privilegios, indignaron a los conservadores e irritaron a los grandes terratenientes y a los industriales de las ciudades. Algo similar podría producirse ahora, en 2022. Al mismo tiempo, las reformas decepcionaron a los sectores populares y obreros, que esperaban mucho más de sus promesas. El conservatismo, unificado bajo Laureano, se endureció cada vez más mientras, al mismo tiempo, el impulso reformista del gobierno se agotaba. En 1938, la “pausa” en las reformas decretada por López pasó a convertirse en programa de gobierno de su sucesor Eduardo Santos, cabeza de los liberales moderados.

Santos (1938-1942), dueño del diario El Tiempo, fue elegido presidente en sustitución de Olaya (que murió siendo el candidato del liberalismo). Conforme a su talante, pretendía hacer un gobierno moderado, que contribuyera a llevar al país a la tolerancia civilizada. Eso mismo había pretendido tiempo atrás la difunta Unión Republicana de Carlos E. Restrepo.

Pero la oposición conservadora no se lo permitió. Con motivo de un tiroteo en Gachetá, que dejó varios muertos en las elecciones parlamentarias del año 39, Gómez acusó a Santos de haber gobernado sobre un charco de sangre conservadora. La convención del partido bajo su dirección decretó: “Debemos armarnos por todos los medios posibles”. Y en el Senado, Laureano anunció su programa opositor: recurrir a “la acción directa y el atentado personal” con el objeto de “hacer invivible la república” hasta que el poder volviera a las manos del conservatismo. Con ese propósito fundó el periódico El Siglo en Bogotá, al que le hacía eco la prensa conservadora: La Patria de Manizales, El Colombiano de Medellín, Claridad de Popayán. Y, por supuesto, los curas desde los púlpitos.

Para complicar las cosas, estalló la Segunda Guerra Mundial, pero Roosevelt inventó la “Política del Buen Vecino” para proteger las repúblicas americanas contra la posible tentación germanófila, cuyo representante en Colombia era Laureano Gómez. 

El verdadero adversario al que apuntaba Gómez era López Pumarejo, a quien Gómez acusaba de ser comunista. Para evitar el retorno de López al poder, Laureano le confió al embajador de Roosevelt que López pondría a Colombia bajo el imperio del comunismo bolchevique, que los conservadores estaban decididos a emprender una guerra civil y esperaban contar para ello con la ayuda norteamericana. El embajador gringo le aseguró (sin sonrojarse) que su gobierno nunca intervenía en asuntos internos de países soberanos. Laureano dijo que entonces buscarían las armas “en donde las había encontrado Franco” para ganar su guerra en España. Todavía no había entrado Estados Unidos en el conflicto mundial y aún creía Gómez, como muchos en el mundo, que el vencedor sería Alemania.

Llegó, pues, en 1942, el segundo gobierno de López, pero no trajo el bolchevismo, y ni siquiera la profundización de las reformas sociales que esperaban las masas liberales que habían respaldado la Revolución en Marcha. Él mismo había hecho un diagnóstico algunos años antes: “No encuentro en la historia nacional el ejemplo de un período de gobierno que no se haya constituido como una oligarquía, olvidando sus obligaciones para con sus electores”. 

Siguiendo a Washington, Colombia declaró la guerra a Alemania. Como resultado, un submarino alemán hundió un buque mercante colombiano, y un destructor colombiano hundió un submarino alemán. Y de rebote, tuvo un sonoro escándalo financiero sobre los bienes incautados a los nazis, que enredó a López Michelsen, hijo del presidente, a quien llamaban “el hijo del Ejecutivo”. ¡Cómo se aprende de la historia! Con pequeñas modificaciones, lo que sucede en Colombia casi nunca es nuevo.

De nuevo, Laureano mezcló acusaciones y denuncias de toda clase. Acusado de haber sido el inspirador de una intentona de golpe militar que, en julio de 1944, tuvo al presidente López preso por dos días en Pasto, Gómez tuvo que refugiarse en Brasil. Sería el primero de sus varios exilios.

En el otro extremo del abanico político estaba también Gaitán, parlamentario izquierdista venido de las clases medias bogotanas, que había iniciado su carrera con las denuncias contra la United Fruit Company por la matanza de las bananeras a finales de los años 20. Ante su creciente fuerza política, era visto por sus críticos del conservatismo o de sectores del liberalismo como un simple demagogo de ascendencia indígena, con ínfulas de caudillo mussoliniano (había estudiado en Italia en los años del auge del fascismo). Un orador a quien amaban las masas populares cuando peroraba: “¡Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo!”. Un serio pensador socialista ‒como lo demostraba su tesis sobre las ideas socialistas en Colombia‒ y un político ambicioso, odiado por unos y adorado por otros.

Desde los fracasos electorales de su movimiento UNIR de los años 30, Gaitán se había reincorporado al partido Liberal y había venido mitigando su radicalismo. No predicaba ya la lucha de clases, proletariado contra burguesía, sino una vaga lucha del pueblo contra las oligarquías, por igual conservadoras y liberales, sin dejar de colaborar con los gobiernos liberales, que lo hicieron alcalde de Bogotá en el año 36 durante el primer gobierno de López, ministro de Educación de Santos en el 40, ministro de trabajo del presidente interino Darío Echandía en 1944. Hacia el final del gobierno de López, Gaitán escogió la oposición radical: “¡Por la restauración moral de la república, contra las oligarquías, a la carga!”.

Un año antes de terminar su período, López Pumarejo renunció a la presidencia. Lo sustituyó su ministro de Gobierno, Alberto Lleras Camargo. Y ante las elecciones del año 46, el partido Liberal se dividió entre dos candidatos: a la derecha, Gabriel Turbay, respaldado por los grandes diarios El Tiempo y El Espectador, por el director del partido Eduardo Santos y por todo el aparato liberal. Y a la izquierda, Jorge Eliécer Gaitán, apoyado por los sectores populares y los sindicatos. El expresidente López solo se pronunció en contra de ambos. Contra “el turco Turbay” nacido en Colombia de padres libaneses, “que tiene narices de turco” ‒un extranjero‒; y contra “el negro Gaitán”, de modesto origen social y cara de indio ‒un pobre‒.

El partido Conservador había anunciado su abstención, como venía haciéndolo desde 1934 con el argumento del previsible fraude que iban a cometer los liberales. Pero en las últimas semanas Laureano designó como candidato a Mariano Ospina Pérez, de la estirpe presidencial de los Ospinas. Un rico, pacífico y solemne hombre de negocios de Medellín, que no despertaba más odios que el que le guardaba el propio Laureano, que lo promovía esperando manejarlo cuando llegara el caso.

Ganó Ospina, como dieciséis años antes había ganado Olaya frente a la división conservadora. Y así terminó, melancólicamente, la República Liberal que iba a cambiar la historia de Colombia.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

1 comentario
0 Linkedin
Download PDF

Desde 1910, empezaron en Colombia los primeros esfuerzos en favor de una cierta modernización y alguna democracia que, sin embargo, terminaron estrellándose contra los representantes del antiguo orden oligárquico. 

7. Regeneración contra modernización (1910-1946)

Desde 1910, comenzaron a desarrollarse en Colombia los primeros esfuerzos en favor de una cierta modernización y alguna democracia, que sin embargo terminaron estrellándose contra los representantes del antiguo orden oligárquico. 

En décadas iniciales del siglo XX irrumpió en el escenario público el primer sujeto real de la democracia colombiana: un incipiente movimiento obrero, capaz de reivindicar sus derechos frente a los abusos de los enclaves norteamericanos del banano y el petróleo, abusos cometidos bajo el auspicio de las oligarquías locales que resultaban “favorecidas” (sobornadas) por las multinacionales. Finalmente, en 1930, el partido conservador llegó dividido a las elecciones y perdió el poder. Retornó al gobierno ‒hasta 1946‒ un liberalismo atemperado, como señalé, por la derrota política y militar de comienzos del siglo, por más de cuarenta años de imperio del orden conservador y de su reeducación en la familia y la escuela católicas.

Desde los años treinta, la constitución del sujeto social de la democracia colombiana seguiría un doble movimiento convergente: desde abajo, avanzaría la organización campesina, obrera y popular conducida por Jorge Eliécer Gaitán y el Partido Comunista de Colombia (PCC). Mientras, desde el gobierno, el liberal López Pumarejo (1934-1938) lanzó la “Revolución en marcha” con la que intentaba modernizar el Estado y adelantar una reforma agraria que le diera cauce institucional a la inconformidad de obreros y campesinos. Tanto su presunta revolución como la lucha proclamada por Gaitán contra la oligarquía convocaron y movilizaron al naciente sujeto social de la democracia colombiana, con mayor eficacia que la ortodoxia de los comunistas. Comenzaban a esbozarse, pues, dinámicas modernas de confrontación e integración social, aunque todavía percibidas con la radicalidad de la pasión seudorreligiosa propia del siglo XIX. 

Los dieciséis años de la República Liberal (1930-1946) fueron complejos y cambiantes. Para empezar, fueron numerosos los recelos y críticas entre sus distintos y sucesivos gobernantes, Olaya Herrera, López Pumarejo I, Santos Montejo y López Pumarejo II. Este es uno de los graves males políticos de Colombia: que casi ningún expresidente –con la excepción de Belisario Betancur y Virgilio Barco‒ se resigna a no seguir gobernando o al menos a permitir que su sucesor lo haga sin obstaculizarlo. Así lo estamos viendo desde ya con el gobierno saliente y podemos suponer cómo será más adelante. 

Graves acontecimientos mundiales contribuyeron a complicar el periodo que se inició en Colombia en 1930. La crisis del año 1929 en la Bolsa de Nueva York dio comienzo a la Gran Depresión económica, al desempleo y el hambre en el mundo entero. En Estados Unidos, el demócrata Franklin Roosevelt fue elegido presidente e inició el New Deal (el nuevo contrato social). En toda América Latina florecían las dictaduras militares –salvo en México, donde imperaba la dictadura civil del Partido Revolucionario Institucional, PRI–, pero la Colombia liberal permaneció inconmovible. Como dice un historiador: “Todo era conservador: el Congreso, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Ejército, la Policía, la burocracia”.

En 1929, el Partido Conservador se dividió en dos candidatos: el general Alfredo Vásquez Cobo y el poeta Guillermo Valencia (abuelo de Paloma). Ante la falta del arbitraje eclesiástico, los dos aspirantes conservadores decidieron presentarse por separado. 

Los liberales lanzaron a Enrique Olaya Herrera, que arrasó en las elecciones. La prolongada hegemonía conservadora, empujada por la crisis económica que disparó el desempleo en las industrias y en las obras públicas, culminó en un vuelco electoral. Los liberales obtuvieron claras mayorías en las elecciones.

El partido Conservador entregó el poder sin resistencia. Sin embargo, poco después empezó la violencia partidista en los pueblos de los Santanderes, mientras en las ciudades crecía la agitación social, alentada por el desempleo y el hambre provocados por la Gran Depresión. El ministro de Hacienda ‒el conservador Esteban Jaramillo‒ lo resumiría más tarde: “Rugía la revolución social, que en otros países no pudo conjurarse”. En Colombia sí, gracias a que el gobierno de Olaya recurría a la colaboración bipartidista, tantas veces repetida desde mediados del siglo XIX, esta vez bajo el nombre de “Concentración Nacional”. A conjurar la revolución en Colombia contribuyó asimismo la guerra fronteriza con Perú. Tropas del ejército peruano invadieron Leticia y en las fronteras murieron unos pocos soldados peruanos y colombianos; en Colombia los partidos y todas las clases sociales se unieron en una exaltación nacionalista. Hasta Laureano Gómez, el nuevo caudillo conservador, implacable crítico del gobierno de Olaya (del que venía de ser su embajador en Alemania), se unió al coro patriótico: “¡Paz! ¡Paz en lo interior ‒clamó en el Senado‒! ¡Y guerra! ¡Guerra en la frontera contra el enemigo felón!”. Poco después, cuando se hizo la paz, Gómez denunció violentamente al gobierno por haberla hecho y volvió a desatar la guerra interna, temiendo que los éxitos de Olaya hubieran abierto el camino para un gobierno liberal, no de coalición, sino claramente “de partido”, que a continuación encabezaría Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha.

Interrumpiendo el relato, presento aquí al señor Gómez, fundador de la ultraderecha conservadora, uno de los personajes más influyentes y poderosos del siglo XX. Junto con López Pumarejo y Gaitán, marcaría el siglo pasado e inspiraría La Violencia. De padres santandereanos nacido en Bogotá, Laureano Gómez fue un católico batallador, formado por los jesuitas en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Concluido el bachillerato, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia. Como político heredó los rasgos de la Iglesia combativa del siglo XIX, impulsada especialmente por Pío IX y luego, en el XX, por Pío X; una Iglesia cuya tradición se enlaza con las Cruzadas y la Inquisición. 

Gómez acusó en repetidas ocasiones al Partido Liberal de incitar a la violencia, pero pasaba por alto las prédicas del clero a favor de una declaración de guerra contra el liberalismo. El dirigente conservador promovió una reforma constitucional por la cual se le devolverían a la Iglesia los privilegios que los concordatos le habían otorgado y los liberales habían derogado durante sus administraciones. Sin embargo, la jerarquía se mantuvo neutral durante su gobierno. Fervoroso antiyanqui, para Gómez era preferible que el Canal de Panamá estuviera en manos alemanas o japonesas (las fuerzas del “Eje” Berlín-Roma-Tokio) a que lo siguieran administrando Estados Unidos. 

En cambio, Eduardo Santos, que también había sido antiyanqui, aunque guardó neutralidad verbal en la gran guerra, en la práctica tomó partido por los aliados, siguiendo el camino marcado por Estados Unidos, al cual desde entonces –y desde mucho antes: desde Suárez, Ospina Rodríguez y Santander–, permaneció unida Colombia. A diferencia del resto de Hispanoamérica, el país convirtió a la nación del Norte en su “estrella polar”, que casi siempre ha guiado sus pasos, al menos hasta hoy. El gobierno saliente de Colombia ha sido un ejemplo insigne de esta vergonzosa sumisión, a pesar de la patente y prolongada distancia del presidente Biden. Ahora, apenas Gustavo Petro resultó elegido como nuevo presidente, fue inmediata y amablemente felicitado por Biden y su secretario de Estado, marcando así la diferencia con su predecesor. Falta ver si Petro y su canciller Leyva logran construir, como lo pretenden, relaciones de igualdad con Washington. Es de temer que bajo cuidadosas formas diplomáticas, la vacilante democracia norteamericana siga imponiendo sus intereses en Colombia.

Vuelvo a la historia de López Pumarejo. Alfonso López Michelsen diría cuarenta años después que su padre era “un burgués progresista”. En efecto, hijo de uno de los colombianos más ricos de su tiempo, López Pumarejo se consagró a la política. Su gobierno (1934-1938), conformado con jóvenes liberales de izquierda, intelectuales, periodistas y estudiantes, y con dirigentes sindicales, llegó proponiendo reformas basadas en la intervención resuelta del Estado en el ámbito político, económico y social. Como lo anunció en su discurso de posesión: “El deber del hombre de Estado es efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios violentos”.

No obstante, su partido Liberal seguía siendo mayoritariamente un partido de gamonales, abogados y terratenientes, como en los tiempos de Murillo Toro o del general Santander. Por esta razón, mediada su administración, López mismo se vio obligado a anunciar una “pausa” en las reformas ya que, pese a tener un Congreso homogéneamente liberal (Laureano Gómez había ordenado la abstención electoral de su partido), este se componía de liberales de muy distintos matices, y predominaban en él los liberales radicales tipo Manchester, que rechazaban la intervención del Estado. Así que, de las reformas anunciadas, no fue mucho lo que se realizó. 

Una reforma agraria que ‒por enésima vez, desde el siglo XVI‒ proponía redistribuir la tierra, tampoco en esta ocasión lo consiguió: su famosa ley 200 de 1936 fue revertida a los pocos años por la Ley 100 de 1944, durante el segundo gobierno del mismo López Pumarejo. Mejor suerte tuvieron una reforma tributaria que por primera vez puso a los ricos a pagar impuesto de renta y patrimonio, una reforma laboral que consagraba el derecho a la huelga y la reforma de la educación universitaria. Finalmente, la medida que más encendió a Laureano y su partido fue la reforma del concordato con el Vaticano que protocolizaba la separación de Iglesia y Estado. La Santa Sede y el papa Pío XII lo aprobaron, no así los conservadores.

Luis Alberto Restrepo M

Septiembre, 2022

4 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

Hasta el comienzo del Frente Nacional, la Iglesia no reconocía categorías distintas a la de verdad y error, bien y mal, blanco y negro. En el seno de esos antagonismos se autoconsideraba como la única e incuestionable portadora de la Verdad y del Bien, en constante lucha contra el mal y el error y contra herejes y pecadores de carne y hueso.

4. Regeneración y violencia

Con todo, volvamos al pasado. Hasta los inicios del Frente Nacional (1958), la Iglesia no reconocía categorías distintas a la de verdad y error, bien y mal, blanco y negro. Y, en el seno de esas oposiciones radicales, se consideraba a sí misma como la única e incuestionable portadora de la Verdad y el Bien, en constante lucha, no solo contra el mal y el error en abstracto, sino contra “herejes” y “pecadores” de carne y hueso. Hasta simples críticos eran considerados como “enemigos” de la Iglesia. Mientras existió la Inquisición, estos se exponían a severos castigos que podían llegar a la tortura y la muerte. Una vez desaparecido el tenebroso engendro, la Iglesia optó por imponerles la “excomunión” pública, lo cual equivalía, en naciones mayoritariamente católicas, a su exclusión y señalamiento social. La Regeneración consolidó y radicalizó ese espíritu en Colombia. 

Durante el siglo XIX y hasta los inicios de la segunda mitad del XX, la intransigencia eclesiástica se tornó particularmente beligerante en contra de las ideas modernas y de sus expresiones revolucionarias. El Concilio Vaticano I (1869-1870) reafirmó a la Iglesia como la portadora exclusiva de la Verdad, elevó a dogma la infalibilidad del Papa y condenó nuevamente los errores de sus enemigos. Desde entonces y hasta los años 60 del siglo XX, en el instante mismo en que un miembro del clero procedía a recibir del obispo la ordenación sacerdotal, arrodillado junto al presbiterio del templo, debía prestar en voz alta un “juramento antimodernista”, por el que rechazaba, entre otras, las expresiones políticas de la modernidad. Democracia, liberalismo, socialismo y comunismo se convirtieron, todos por igual, en objeto de reiteradas condenas eclesiásticas. La confrontación cobró visos de cruzada. 

Un buen ejemplo del clima político-religioso de la época lo constituye fray Ezequiel Moreno y Díez, obispo de Pasto a comienzos del siglo XX. Para el fraile carlista español ‒promovido a los altares por los capuchinos españoles y finalmente declarado “santo” (!) por Juan Pablo II‒, hubiera sido mejor continuar la Guerra de los Mil días con los liberales que firmar con ellos la paz. En su tumba hizo poner el epitafio: “ser liberal es pecado”. 

Actitudes y consignas similares siguieron reiterándose hasta los tiempos del obispo Miguel Ángel Builes en los años 60, y de algunos de sus sucesores como el turbio y amanerado cardenal Alfonso López Trujillo, de influencia más reciente en la Iglesia colombiana y mundial. Las condenas episcopales contra el liberalismo y la masonería se prolongaron hasta el advenimiento del Frente Nacional y, después de instaurado este, se volvieron en contra del marxismo y el comunismo “ateos”. 

En Colombia, el sectarismo religioso contribuyó decisivamente a la exaltación de las pasiones políticas y a sus violentos estallidos periódicos. Le confirió a la actividad política un carácter sagrado, de enfrentamiento absoluto entre la verdad y el error, el bien y el mal. Por esta razón, los dos partidos tradicionales no se conformaron como simples asociaciones de intereses susceptibles de ser representados y negociados, sino como sectas seudorreligiosas, depositarias de cosmovisiones y convicciones inalterables. Los obispos y los curas, quién más, quién menos, se consideraban portadores de la salvación o la condenación eternas. 

Desde sus orígenes en el siglo XIX, tanto los liberales como los conservadores se confesaban católicos, pero mientras los conservadores defendían al clero, los liberales se oponían a sus privilegios: clericales y anticlericales enfrentados. Con una dosis de humor se afirmaba que, en la misa de los domingos, los primeros ocupaban los asientos de adelante y pasaban a comulgar, mientras los segundos atendían el rito desde la puerta del templo y se abstenían de recibir la hostia. Más allá de estas versiones picarescas, asuntos tan serios como los bienes de la Iglesia, el matrimonio o la educación católica obligatoria ‒y quizá no tanto los acalorados debates económicos y políticos de las élites‒ definieron en buena medida el perfil de los partidos y les dieron su arraigo popular. Incluso las elecciones se transformaron en una expresión de fe religiosa. Hasta fines del siglo XX, y aun después, el clero prescribía por quién se debía votar y por quién no. Desde el púlpito y la cátedra se ejercía una especie de tutela electoral sobre el pueblo simple y sobre conservadores educados y cultos. En este contexto, un choque brutal entre las pasiones anticlericales de algunas corrientes liberales y el fanatismo integrista de la Iglesia y sus fieles conservadores se transfirió a la contienda política. 

Teniendo en cuenta el monopolio cultural ejercido por la Iglesia en Colombia, es posible comprender por qué los conflictos de interés entre los colombianos se han visto transfigurados en luchas a muerte entre los supuestos representantes de Dios y los voceros del demonio. Esta actitud maniquea, de carácter seudorreligioso, fue la pólvora emocional de las ocho grandes guerras civiles y las decenas de rebeliones locales del siglo XIX, y continuó inspirando las confrontaciones armadas del XX, que culminaron en el holocausto nacional de La Violencia en los años 50. 

6. Regeneración y reconciliación

Paradójicamente, hay que señalar de nuevo que, a la par con la lógica de confrontación, condena y exclusión, la Iglesia también ha infundido en la cultura política colombiana la disposición contraria, que se inclina a la reincorporación del pecador arrepentido en la comunidad. Para la Iglesia, las condenas y excomuniones no son un fin en sí mismas: buscan la conversión del pecador. No hay pecado ni delito que no pueda ser perdonado, a condición, eso sí, de que el pecador confiese su delito o “abjure” públicamente de sus errores y se someta de nuevo, humildemente, a la autoridad de la Iglesia.

En el ámbito político, la casi ilimitada capacidad de perdón del Estado colombiano ‒que no es frecuente en otros países‒, condicionada a la previa sumisión del enemigo, ha encontrado quizás su expresión en las innumerables amnistías que han puesto fin a las guerras entre nacionales promovidas por las mismas élites, y a las condiciones que suelen acompañarlas. Durante la primera mitad del siglo XX los acuerdos y amnistías entre liberales y conservadores fueron denominados con el refinado nombre de “pactos de caballeros”, que incluían el secreto sobre las responsabilidades últimas de los enfrentamientos armados.

Sin embargo, las nuevas guerras que comienzan en los años 60 no enfrentan como antaño a las élites entre sí, sino a estas con las clases populares o medias, lo que imposibilita alcanzar acuerdos ocultos. En el fondo, de la criminalización radical del enemigo, de la condena absoluta y los enfrentamientos insuperables, los colombianos pasamos a negociar y a reconciliarnos a condición de que el delincuente se someta a la autoridad legítima o al menos haga los gestos públicos equivalentes al sometimiento. Confesión de los pecados, arrepentimiento y penitencia. En otras naciones, como en Estados Unidos, no tienen reato en imponer al delincuente la cadena perpetua o la pena de muerte. Ni qué hablar de China donde la pena de muerte es la solución preferida.

Vale la pena añadir que la Iglesia y el Estado no siempre coinciden en sus condenas y absoluciones. En ocasiones, la Iglesia condena a quienes el Estado está dispuesto a perdonar ‒como a la mujer que aborta y al médico que la ayuda‒, y viceversa, la jerarquía se muestra a veces dispuesta a absolver a quienes el Estado persigue, como sucede con algunos promotores del paro y el desorden público o con los criminales de guerra. No hay duda de que en los países de tradición católica esta doble y contrapuesta norma de la vida pública dificulta la consolidación de la ley civil en la consciencia de los ciudadanos. La España franquista y sus efectos son un ejemplo extremo de esta situación.

La dialéctica pasional de enfrentamientos y reconciliaciones ahondó en los colombianos una absoluta adhesión a los partidos liberal y conservador, hasta llegar a convertirlos en pasiones ancestrales de carácter familiar, local o incluso regional o ‒como dice Daniel Pécaut‒ en verdaderas “subculturas” contrapuestas dentro de una sola cultura nacional. Hasta fines de los años 50, a través de los partidos tradicionales, liberal y conservador, el colombiano se hacía partícipe de la nación y, movido por ellos, la escindía en periódicas confrontaciones armadas. Sin embargo, solo gracias a los mismos partidos era posible reconstruir la unidad nacional y la paz. 

La militante adhesión religioso-política de los colombianos a los partidos le garantizó a las élites, durante más de medio siglo, la lealtad de las clases subalternas. De este modo, el orden de la Regeneración, quizá más que el “santanderismo” elitista, pudo servir de fundamento a la estabilidad institucional de Colombia y, a la vez, propiciar las recurrentes confrontaciones armadas entre sus pobladores. Estabilidad institucional y violencia llegaron a ser características inseparables y duraderas del orden político colombiano.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

1 comentario
0 Linkedin
Download PDF

Después de presentar dos términos novedosos –democradura y clerocracia–, el autor entró a referirse al segundo ámbito de su exposición: la Regeneración, el orden antimoderno impuesto por Núñez y su movimiento.

1. La Regeneración

En 1878, ante las tendencias centrífugas del país promovidas por el Olimpo liberal, el entonces presidente del Senado y todavía liberal radical, Rafael Núñez, había exclamado: “¡Regeneración administrativa fundamental o catástrofe!”. Llegado por segunda vez a la presidencia de la República en 1883, Núñez se transformó en el jefe de la reacción conservadora. Su exclamación sirvió de consigna política para toda una generación y de símbolo de una época que marcaría la historia colombiana del siglo XX.

Desde un punto de vista social podemos caracterizar el movimiento de la Regeneración como una reacción defensiva de la oligarquía más tradicional frente a dos amenazas: una, la progresiva desarticulación de la nación por las ideas y ambiciones de los caudillos regionales, y la otra, la creciente agitación e indisciplina de las clases subalternas frente a la dominación oligárquica. Para hacerles frente, restablecer la unidad nacional y sobre todo para asegurar la tranquila sumisión del pueblo católico, los dirigentes de la Regeneración buscaron el apoyo de la Iglesia y establecieron con ella una estrecha alianza de carácter antimoderno, hostil y belicoso ante los intentos modernizadores de entonces.

2. El orden antimoderno impuesto por la Regeneración: la clerocracia

Con el triunfo de la Regeneración se inaugura en Colombia “la Nación clerical” ‒la clerocracia‒ o, en otros términos, un orden cultural y político declaradamente adverso a las ideas libertarias de los nuevos tiempos.

La concepción griega del universo como un cosmos, un orden jerárquico inmutable, se había transferido al mundo cristiano y había permanecido vigente en la cultura europea hasta el fin de la Edad Media y el surgimiento de las naciones. A partir del siglo XV, sucesivos acontecimientos como la Reforma, la ciencia moderna, el descubrimiento de América y, finalmente, la Revolución francesa, quebraron en Europa la visión antigua de un orden estático para darle paso a una realidad percibida como Historia y orientada a la progresiva realización de la razón y la libertad. 

Entonces, simultáneamente, el nuevo continente suramericano fue convertido por la Iglesia y la Corona españolas en el refugio del antiguo orden social, amenazado y resquebrajado en el Viejo Continente. Mientras los revolucionarios franceses del siglo XVIII guillotinaban a la pareja real, emprendían la lucha contra la aristocracia y creían encontrar en la idea de la democracia el marco adecuado para el desarrollo de la libertad, en Colombia ‒como en el resto de América Latina‒ los nuevos nombres del régimen político, los ritos y valores democráticos de comienzos del XIX sirvieron para confirmar exactamente lo contrario: las caducas jerarquías impuestas por los colonos españoles y sus descendientes criollos. La Regeneración restituyó en Colombia los rasgos fundamentales del antiguo orden.

El triunfo de la Regeneración quedó consagrado en la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. En el proemio a la Constitución del 86, Dios ‒no la soberana voluntad del pueblo‒ aparece como “fundamento de las instituciones” y así permanecerá hasta la reforma constitucional de 1988. El artículo primero de la Carta magna, confirmado una vez más por el plebiscito popular de 1957, reafirmó el monopolio religioso de la Iglesia en el país. Declaró que “la religión católica, apostólica, romana es la de Colombia” y presentó la razón por la cual el Estado busca el apoyo de la Iglesia: “los poderes públicos la reconocen como un elemento esencial del orden social”. Por ello, “se obligan a fortalecerla y a hacerla respetar”. Más claro no canta un gallo, según el festivo adagio popular.

En 1887, la Constitución del 86 se vio complementada por el Concordato. Como es sabido, los concordatos fueron pactos establecidos a fines del siglo XIX por las élites laicas occidentales con la Iglesia, tanto después del triunfo de la Revolución en Europa como de la Independencia en Hispanoamérica. Expresan la existencia de unas élites modernizadoras aún débiles que, para consolidar la nueva organización de la sociedad, requieren el respaldo o al menos la neutralidad de una Iglesia todavía poderosa y, a cambio de su apoyo, le conceden privilegios poco acordes con la nueva noción de un derecho universal. En cuanto tales, significan un acuerdo transitorio de una modernidad democrática apenas incipiente con el antiguo régimen absolutista. 

Con la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, los términos de la alianza entre Estado e Iglesia quedan bien definidos en Colombia: el Estado se obliga a defender y fortalecer el monopolio religioso y cultural de la Iglesia en la nación, a cambio de que aquella contribuya al mantenimiento del orden social y el reconocimiento de la autoridad civil. Ese tratado concordatario de paz constituyó, simultáneamente, el punto final de la confrontación radical entre las élites políticas liberales y la Iglesia, y el sólido arranque de una alianza entre ambos poderes que marcaría decisivamente, para bien o para mal, la cultura política colombiana. 

Constitución y Concordato sellaron el triunfo político de la Regeneración. Quince años más tarde se vería ratificado por la victoria militar obtenida en 1902 por el régimen conservador sobre los liberales, tras la cruel y prolongada Guerra de los Mil días. La doble victoria, política y militar, le abrió paso a una prolongada hegemonía conservadora. Habiendo comenzado en 1887, el poder religioso-político de los conservadores se extendería formalmente hasta 1930, pero en la realidad, como lo sugiero enseguida, llegaría mucho más allá, por lo menos hasta el comienzo del Frente Nacional en 1958. 

Ejercido durante más de cuatro décadas y sustentado en la hegemonía cultural de la Iglesia, ese poder creó en Colombia un orden social y político antimoderno basado en una nación clerical. Aun los gobiernos liberales, ya moderados por su negativa experiencia política y militar, mitigaron sus ímpetus casi hasta traicionar sus principios, con una relativa excepción: los intentos de la Revolución en Marcha, de Alfonso López Pumarejo.

3. El monopolio cultural de la Iglesia católica

Desde la última década del siglo XIX hasta mediados del XX, la Iglesia alcanzó y ejerció un amplio y profundo dominio en la cultura colombiana. El artículo 12 del Concordato de 1887 prescribía la enseñanza obligatoria de la religión católica en escuelas, colegios y universidades que, por lo demás, estaban casi todos en manos de la Iglesia. Solo en 1922, los liberales pudieron crear su primera universidad, la Universidad Libre. Todos los textos escolares destinados a la formación de una cultura y una identidad nacionales a través de la enseñanza de la historia, la filosofía y, desde luego, la religión, de uso obligatorio, eran de hecho redactados por religiosos. Por disposición constitucional los colombianos se formaron, pues, durante cerca de medio siglo, en una visión católica e integrista del mundo. 

Pero la influencia cultural de la Iglesia no se limitaba a la educación formal. Tan importante o más era quizás su control en el ámbito privado de la familia. Hasta 1975, no existía en Colombia el matrimonio civil y ningún otro tipo de unión ‒que no fuera la católica‒, era reconocida por el Estado. Quienes se vinculaban por fuera del rito católico se veían sometidos a una enorme presión y discriminación social, sobre todo en las clases medias y altas. Se los señalaba como “amancebados”, y sus hijos, denominados “naturales”, veían recortados sus derechos ciudadanos. Hasta mediados del siglo XX, no eran aceptados en los colegios de religiosos que, como ya decía, eran casi los únicos existentes. 

La mujer, sometida al varón y enclaustrada en el ámbito doméstico, se refugiaba en la religión, mientras el clero ejercía por medio suyo una profunda tutela sobre los varones y la vida íntima del hogar. Se puede decir que, desde el púlpito, la cátedra y el confesonario, la Iglesia controlaba la vida de toda la sociedad hasta sus refugios más íntimos, con la parcial excepción de la costa Caribe y La Guajira. 

A partir de 1930, después de una dominación conservadora de algo más de cuarenta años, accedieron al poder cuatro presidentes liberales (Olaya Herrera, López Pumarejo I, Eduardo Santos y López Pumarejo II) que, ya moderados por las negativas experiencias del pasado, modificaron hasta cierto punto el rumbo del país. La llamada República Liberal trajo “un rápido cambio social y una controversia política que durarían hasta 1946, cuando los conservadores volvieron a asumir el poder” (David Bushnell, en Daniel Samper Pizano, “Lo que nos espera”, Los Danieles, julio 3 de 2022).

El monopolio eclesiástico le produjo óptimos réditos tanto a las élites laicas como a la misma Iglesia. El respaldo del clero a las instituciones políticas y el cultivo de un respeto incondicional a su autoridad en el sentimiento religioso popular les confirió a las instituciones su peculiar estabilidad, notoria en el contexto latinoamericano. De igual manera, el apoyo prestado por el Estado a la Iglesia y la concesión del control cultural sobre la sociedad, le permitió a la institución religiosa lograr una implantación sociológica y un arraigo cultural acaso sin parangón en América Latina.

La hegemonía clerical trajo consigo muy diversos resultados. Me limito a una triple observación, importante para el propósito de este ensayo. Ante todo, la Iglesia ‒junto con los partidos políticos‒, forjó la identidad nacional de los colombianos, y aun quienes se creen más ajenos a la Iglesia revelan con frecuencia, en sus actitudes y comportamientos, una idiosincrasia católica, es decir, dogmática, moralista y autoritaria. 

En segundo término, gracias al sólido arraigo de la cultura política en los sentimientos religiosos de la nación, el Estado colombiano contó durante largo tiempo con un amplio respaldo que, así estuviera basado en un respeto integrista a la autoridad, tuvo el mérito de mitigar durante largo tiempo la necesidad de coerción armada. Por ello, al menos durante la primera mitad del siglo XX, el Estado colombiano no se vio obligado a desarrollar un aparato militar tan poderoso como el de otras naciones latinoamericanas. Otra cosa es lo que ha venido aconteciendo desde entonces y, en especial, desde los inicios del siglo XXI hasta hoy. 

Esperemos que el nuevo gobierno vaya disminuyendo el recurso a las armas en la medida en que se aclimatan la paz y la convivencia interna e internacional. Digamos, finalmente, que el monopolio educativo de la Iglesia creó una cultura casi monolítica y excluyente de toda diferencia. En efecto, si se tiene en cuenta que la familia, la escuela y la parroquia eran las tres instancias casi exclusivas de socialización de la época, el control sobre ellas le concedía a la Iglesia una hegemonía cultural casi completa, le garantizaba su propia reproducción y penetración social, y excluía de la cultura casi toda competencia y pluralismo religioso e ideológico. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

3 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

El texto anterior inició la presentación de los dos modelos políticos ideales que las élites latinoamericanas tenían a su disposición para adelantar la construcción de un nuevo Estado y la unificación de la Nación, una vez consumada de la Independencia.

4. La democradura

Mediante el primer modelo de organización nacional, la democradura, las élites hispanoamericanas intentaron construir verticalmente la nación, imponiendo desde el Estado semicolonial la autoridad coercitiva de las armas. De tendencias obviamente anticolonialistas, libertarias y modernizantes, los jefes liberales político-militares de la Independencia y sus sucesores entraron muy pronto en conflicto con la Iglesia católica. Con ello, se ganaron la oposición de la poderosa institución eclesiástica y de los jefes conservadores, nostálgicos del antiguo orden en el que gozaban de abundantes privilegios, a la vez que se enajenaron el sentimiento religioso de las clases subalternas, hondamente influidas por la Iglesia. 

Las élites liberales optaron entonces por enfrentar la resistencia del clero y el faltante de legitimación popular con la fuerza de las armas. Se dio así comienzo al círculo vicioso entre carencia de legitimación popular y abuso de la fuerza estatal, cuya dinámica ha tendido a realimentarse sin cesar en el continente: los abusos de la fuerza desgastan la legitimidad de las instituciones e insubordinan los ánimos, y estos suelen suscitar, en reacción, un aumento de violencia estatal o privada. El resultado final son instituciones coercitivas, mal llamadas “fuertes”, pero en realidad inestables. Por este camino, los abanderados de las ideas liberales del siglo XIX terminaron convertidos en caudillos autoritarios de naciones rebeldes cuyo sentimiento religioso se habían enajenado. En Colombia, este se fue el caso del gran caudillo de Popayán y luego por dos veces presidente de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera. Inicialmente conservador, “Mascachochas” se sintió abandonado por su partido, el conservador, y se hizo liberal radical.

En un primer momento, como resultado inmediato de la Independencia, la democradura tendió a imponerse en todo el continente. Y donde este esquema logró prevalecer a lo largo del siglo XIX, trajo consigo el debilitamiento de la Iglesia y el fortalecimiento de las élites laicas frente a ella, a cambio de un excesivo peso de las armas y la coerción en la vida nacional. Este desequilibrio se traduciría, en el siglo XX, en una desmedida influencia de los ejércitos en el Estado y, en muchos casos, en una prolongada sucesión de golpes y dictaduras militares. 

5. La clerocracia

El modelo alternativo, la clerocracia, no se fundaba en el poder vertical de las armas sino en la articulación horizontal de la nación como fundamento del Estado, sobre la base de una clara hegemonía cultural religioso-política. En algunos países, como en Colombia, constituyó un segundo momento pendular de reacción frente al radicalismo liberal. Ante la agitación social y la inestabilidad institucional generada por el Olimpo radical en la segunda mitad del siglo XIX, algunas élites liberales buscaron a fines del siglo la reconciliación con la Iglesia e incluso recabaron su apoyo para obtener, a través de ella, el apoyo popular. Esta vía, por ser más consensual, fue también más sólida y capaz de garantizar la estabilidad de las instituciones estatales, fundándolas en la unidad cultural de la nación. Hizo, además, menos necesario el recurso a las armas e inhibió el crecimiento y la influencia excesiva de los ejércitos en el Estado de aquella época. Hipotecó, sin embargo, la autonomía de las élites civiles en manos de la jerarquía eclesiástica, politizó al clero y consolidó en la cultura nacional el beligerante espíritu integrista de la Iglesia de entonces. El caso de Colombia fue paradigmático.

Desde luego, hablo aquí de modelos ideales. En todas las naciones latinoamericanas se combinaron en distinto grado ambas formas de poder político, democraduras y clerocracias, tanto entre sí como con las instituciones nominalmente democráticas y en todas ellas se produjeron oscilaciones del predominio de un modelo al de su contrario, pero en casi todas las repúblicas uno de los dos esquemas llegó a adquirir, desde fines del siglo XIX y hasta mediados del XX, una influencia predominante en la formación de la Nación y del Estado. En Colombia se impondría durante un siglo la clerocracia.

II. La Regeneración y su lógica (1886-1953)

Por haber nacido en el seno de la cultura monolítica de la cristiandad medieval, buena parte de las corrientes emancipadoras del siglo XIX asumieron su misma forma dogmática e intransigente. Hasta la misma libertad fue asumida como dogma y, paradójicamente, se la quiso imponer de manera autoritaria. Por ello, el choque entre las nuevas tendencias liberales y la Iglesia a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX fue particularmente enconado. En Colombia, el enfrentamiento se produjo antes y quizá con mayor virulencia que en los demás países de América Latina, aunque también se revirtió muy pronto. El levantamiento de los criollos contra los hidalgos españoles se había iniciado, como ya lo dije, con la drástica oposición del Papa, la jerarquía y el alto clero a los dirigentes de la Independencia. A partir de 1845, se produjo la violenta reacción liberal contra la Iglesia.

En efecto, tras la muerte de Bolívar en 1830, el antiguo Virreinato de la Nueva Granada (1857-1861) se había convertido en República federal, en consonancia con la reivindicación de libertad, no solo individual sino también de las regiones. No obstante, los dos presidentes neogranadinos, ambos conservadores, pretendieron desconocer el federalismo y se acogieron a la legislación centralista y autoritaria de la Constitución de 1858. 

Ante la situación, Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador del Cauca, y Juan José Nieto se alzaron contra el gobierno y se tomaron el poder, retornando al federalismo. En este espíritu se redactó la Constitución de Rionegro (1863), que cambió el nombre de la Nueva Granada por el de Estados Unidos de Colombia (1863-1886) y dio paso a trece sucesivos gobernantes liberales radicales, inspirados en la Constitución de Rionegro. Además de Mosquera, entre ellos se cuentan personajes como Manuel Murillo Toro (1864-1866, 1872-1874) y Aquileo Parra (1876-1878).

Los gobiernos liberales reaccionaron con fuerza contra la Iglesia. El arzobispo de Bogotá y los jesuitas fueron expulsados del país en 1849; en 1853, el Estado se separó de la Iglesia y proclamó la libertad religiosa; en 1861, un obispo fue encarcelado y el clero fue obligado a prestar juramento de fidelidad al régimen. Por segunda vez se expulsó a los jesuitas y se suprimieron todas las órdenes religiosas; en 1863, la Constitución de Rionegro suprimió el nombre de Dios de su proemio, confirmó la separación de Iglesia y Estado, estableció el matrimonio civil obligatorio, introdujo el divorcio vincular y la “tuición” o vigilancia y control del Estado sobre la Iglesia. 

Con la reafirmación del federalismo y con este primer intento de secularización de las instituciones estatales ‒que no correspondía a una evolución cultural de la sociedad, sino a las inclinaciones políticas de los caudillos regionales‒ se debilitaron, simultáneamente, los dos centros de poder y las dos instancias de identificación simbólica de los colombianos en el seno de la nación: el Estado central y la Iglesia católica. Las dos rupturas, sumadas, caldearon los ánimos, cargaron de contenido religioso las pasiones políticas, dieron identidad y diferencia a los dos partidos, liberal y conservador, los cuales, desde mediados del siglo XIX, promovieron numerosas confrontaciones armadas. Finalmente, como sucede con frecuencia, el radicalismo extremo terminó por arruinar la nación y suscitar una poderosa reacción contraria, igualmente radical: el movimiento conservador y centralista de la Regeneración. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

3 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

El artículo anterior planteó interrogantes como si existe en Colombia una relación entre orden, religión y violencia, o su existencia simultánea es meramente fortuita y si hay razones que nos permitan esperar que esta simbiosis contradictoria esté en vías de desaparición. El texto siguiente introduce la organización que seguirá este ensayo.

Dividiré mi exposición en tres puntos. En primer lugar, presento los dos modelos políticos ideales que las élites latinoamericanas tenían a su disposición para adelantar la construcción de un nuevo Estado y la unificación de la Nación, una vez consumada de la Independencia. Mediante estos modelos espero caracterizar el régimen que se implantó en Colombia desde fines del siglo XIX. En segundo término, me refiero justamente al orden antimoderno impuesto por Núñez y su movimiento, orden que, a mi juicio, en realidad se extiende desde 1886 hasta el golpe de Rojas Pinilla en 1953, por decir lo menos. Y, en tercer lugar, con una reflexión sobre los actuales gérmenes de una nueva cultura política tal como han quedado planteados a partir de la época constituyente que se abrió en 1991, aunque señalo también los enormes obstáculos que dificultan la tarea.

I. Los modelos ideales de las nuevas repúblicas 

Apenas concluidas las batallas de la Independencia, las élites políticas y militares de América Latina se vieron enfrentadas a un enorme reto: darle unidad y coherencia a Estados y Naciones democráticas aún inexistentes. El orden colonial y sus instituciones habían perdido toda legitimidad. La gesta emancipadora no solo había desalojado a la Corona española de su antigua colonia sino que, con ello, había abolido de raíz la posibilidad de restablecer la monarquía. 

Los jefes de la Independencia tenían, pues, ante sus ojos inmensos territorios mal comunicados, todavía poco conocidos y, en casos como en el colombiano, abruptamente parcelados por selvas y cordilleras. Y, lo que es más complejo, encontraban poblaciones segmentadas por la geografía y por estratos sociales de acuerdo con diferencias étnicas, económicas, sociales, culturales y políticas. Conviene subrayar desde ahora un punto fundamental: el Estado sigue siendo el gran ausente de buena parte del territorio colombiano y, cuando tiene alguna presencia, suele ser precaria, políticamente parcializada y casi exclusivamente militar.

Es cierto que en la América hispana subsistían factores importantes de una cierta unidad cultural, como la amplia difusión de la lengua castellana, una cierta religiosidad católica, la historia común de la Colonia, la gesta compartida de la Independencia y el fervor libertario del momento. Con todo, estos aglutinantes carecen de estructura institucional. No permiten crear y mantener por sí solos la unidad de las naciones ni la firmeza de los Estados. La monarquía había sido derrocada, es verdad, pero subsistía aún el esqueleto político y administrativo de la Colonia –el Consejo de Indias, la Casa de Contratación, los Virreinatos, las Capitanías generales, las Audiencias, el Consulado y el Cabildo–. Estas instituciones debían ser ajustadas al nuevo espíritu de las jóvenes Repúblicas y era indispensable establecer un principio de autoridad legítima que le diera vida a la nueva organización social. 

Por entonces solo subsistía una institución poderosa, poseedora de una larga experiencia histórica, de una vasta estructura internacional bastante bien implantada en el continente y con profundas raíces en la cultura popular latinoamericana: la Iglesia católica, único polo institucional que podía facilitar la unidad cultural de las nuevas naciones, fundar una cierta comunidad de valores y normas, y cimentar la estabilidad política de sus instituciones. Solo ella disponía de los recursos institucionales, el poder económico y la penetración geográfica, social y cultural requeridos para adelantar semejante tarea. 

Sin embargo, las élites liberales de la hazaña libertadora experimentaban ante la Iglesia profundos y justificados reparos. Se trataba de una institución eminentemente colonial, beneficiada y protegida por la Corona española con el Patronato de Indias, hostil a la modernidad y más económico-política que religiosa. En los siglos XV y XVI, la Corona había adelantado su expansión hacia América con el ánimo de restaurar en ultramar una cristiandad en decadencia, amenazada en tierras europeas por el Renacimiento y la Reforma, y luego enclaustrada en el espíritu defensivo de la Contrarreforma, movimiento que abarca desde el Concilio Ecuménico de Trento en 1545 hasta el fin de la guerra de los Treinta Años, en 1648. 

Es de interés señalar que, en septiembre de 1540, cinco años antes de Trento, había sido fundada la Compañía de Jesús* con el propósito explícito de ponerse al servicio incondicional del Papa, quienquiera que fuese, en la lucha contra las nuevas corrientes. En esa perspectiva, los jesuitas crearon y pusieron en marcha el movimiento de la Contrarreforma, comenzando por el impulso a la convocatoria del Concilio “ecuménico”, que en aquel momento no significaba “interconfesional”, como ahora, sino de la Iglesia supuestamente “universal”. 

Durante la Colonia, la Iglesia española le había otorgado su legitimación esencial a la autoridad real y a las relaciones sociales impuestas por los invasores hispanos, de carácter servil o esclavizante, que solo contó con la muy reducida resistencia y la dura crítica de un par de frailes dominicos. 

Desde los inicios de la modernidad y especialmente después de Revolución francesa, la Iglesia había asumido posición en Europa contra las ideas liberales y democráticas. Ante las batallas libertadoras del nuevo continente, el mismísimo papa Pío VII había tomado posición contraria en su Breve Etsi longissimo, del 30 de enero de 1816, y había señalado a sus jefes como “promotores de sedición”. La jerarquía eclesiástica latinoamericana, de origen español y nombrada por la Corona, así como gran parte del alto clero, también español, se habían opuesto a la emancipación (aunque debe reconocerse también que muchos curas rebeldes del bajo clero se sumaron a la campaña libertadora). En consecuencia, no parecía adecuado recurrir al apoyo oficial de la Iglesia para construir un nuevo orden poscolonial, pero tampoco resultaba fácil para las élites encontrar un medio alternativo para impulsar la cohesión nacional. 

2. Instituciones democráticas sin sujeto social

Un primer proyecto ‒que hubiera sido el más coherente con el espíritu antimonárquico y libertario de la Independencia‒ habría consistido en construir una verdadera democracia moderna, asentada sobre una cierta equidad etnosocial y sobre mecanismos más o menos transparentes de legitimación política y control popular. Pero esta posibilidad era ilusoria. Carecía, en América Latina, de los indispensables presupuestos históricos, sociales y culturales que la propiciaron en Europa occidental. 

En efecto, no existía en el continente hispánico una burguesía que, a través del conflicto con la aristocracia terrateniente, hubiera desarrollado una clara consciencia acerca del carácter universal de la ley y el derecho en contra de un orden social jerarquizado por una escala de privilegios particulares. Más bien ejercía su indiscutida dominación política una oligarquía a la vez terrateniente, agroexportadora y militar que, en el marco de instituciones nominalmente democráticas, continuaba considerando sus antiguos y nuevos privilegios como derechos incuestionables. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, hay élites en Colombia que no están muy lejos de ese punto de vista. 

Nada permitía esperar que, ni antes ni ahora, esa oligarquía renunciara a ellos espontáneamente. Tampoco existía un movimiento obrero organizado y capaz de reivindicar sus atribuciones ciudadanas, sino un campesinado disperso, ignorante y ligado a sus patronos por relaciones de lealtad y servidumbre. Numerosas comunidades indígenas se hallaban dispersas, desarticuladas y sometidas por la fuerza o la seducción a sus nuevos amos, y abundantes grupos de población negra esclavizada fueron distribuidos por el territorio nacional, sobre todo por las dos costas colombianas, Pacífica y Caribe, por las riberas del Magdalena y a lo largo y ancho de amplios territorios del suroriente, como el Cauca y el Valle. 

Finalmente, no se habían desarrollado aún sino muy reducidos sectores medios, los que, por sus ansias de ascenso social, suelen ser los principales defensores de los derechos ciudadanos. En suma, las nuevas instituciones y normas democráticas carecían de sujeto social. Representaban una “democracia sin pueblo”. En consecuencia, reitero que, cuando la Corona española fue expulsada, no existían en América Latina las condiciones necesarias para la vigencia real de la democracia. 

3. Entre la democracia y el absolutismo

Expulsada la monarquía, el continente quedó sumido en un limbo político del que nacieron formas híbridas de organización social y poder. Bajo nombres, normas e instituciones propios de la democracia norteamericana se conservaron las prácticas sociales del autoritarismo tradicional. Surgieron entonces las peculiares democraduras (del francés Pierre Rosanvallon) y clerocracias (del argentino Carlos Lombardi) latinoamericanas, mezcla singular de absolutismo, clericalismo y democracia.

El poder absoluto de los monarcas europeos se había apoyado sobre dos formas complementarias de autoritarismo: la coerción estatal, ejercida por las armas, y un cierto consenso asentado sin embargo en una cultura religiosa autoritaria, que prescribía la sumisión incondicional a la autoridad terrena en nombre de Dios. 

La Reforma impulsada por Lutero y la misma Iglesia católica dividieron la cristiandad en dos vertientes, católicos y protestantes, que darían lugar a un siglo de guerras de religión. La Revolución francesa de 1789, inspirada en la norteamericana de 1775, consumó el cuestionamiento luterano al doble principio católico de autoridad, a la vez armado y cultural, para tratar de sustituirlo por relaciones consensuadas de los ciudadanos entre sí y con el Estado. Se imponía entonces la idea del famoso “pacto social” entre ciudadanos libres e iguales. En cambio, en América Latina pervivieron las dos formas del autoritarismo ‒la coerción armada y un amplio consenso fundado en una religiosidad autoritaria‒, pero separadas y combinadas, cada una a su manera, con las nuevas formas democráticas. El predominio de una u otra forma de autoritarismo, coercitivo o consensual, armado o cultural, y su combinación específica con la democracia nos ayudará a establecer el marco de comprensión de la naturaleza y evolución de los Estados y Naciones latinoamericanas. 

* El mero nombre de “Compañía” y la denominación del más alto superior como “General”, revelan el espíritu combativo de los jesuitas, impuesto por Ignacio de Loyola, un antiguo soldado “desgarrado y vano”, según sus propias palabras.

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

1 comentario
0 Linkedin
Download PDF

Hasta el fin del Frente Nacional (1974), en Colombia existió una singular convergencia de dos fenómenos en apariencia contradictorios: por una parte, una excepcional estabilidad institucional y, por otra, unos altísimos índices de corrupción, ilegalidad y violencia, considerados como de los más altos del mundo. Esa deplorable situación se ha prolongado hasta ahora.

La coexistencia de violencia y estabilidad institucional dio ocasión a dos importantes trabajos: Orden y Violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953 (1987), de Daniel Pécaut, y Colombia: Violencias y Democracias (1987), obra de los llamados “violentólogos”, coordinados por el profesor Gonzalo Sánchez. Ambos títulos apuntan a la misma paradoja: la existencia simultánea de dos extremos contrarios: por una parte, estabilidad institucional, y por la otra, corrupción y violencia. Los autores de la Comisión califican el sistema institucional colombiano como “democracia”, mientras Pécaut le asigna el apelativo de “orden”. Por razones que irán apareciendo más adelante, prefiero esta segunda denominación, sin desconocer por ello la relativa validez de los motivos en los que se apoya la primera. 

Quiero introducir en esta reflexión un tercer elemento, habitualmente olvidado en el análisis político: la cultura colombiana y, en particular, una cultura política impregnada desde los tiempos de la Colonia por el espíritu de la religiosidad católica española de la época, espíritu que ha pervivido en Colombia por lo menos hasta mediados de los años 60. 

En realidad, se trataba en la Colonia de un catolicismo integrista, francamente antimoderno, radical y beligerante, que subyacía y condicionaba toda la cultura de los colombianos, y cuyo formato gravita aún en el inconsciente de muchos connacionales. Sus formas han pasado incluso a ser el “alma” profunda y desconocida de la cultura laica nacional. Le pido al lector mantener muy presente esta hipótesis que le da una perspectiva inesperada a muchos aspectos del análisis que me propongo desarrollar. 

No sobra recordar que no soy historiador, y que en este caso soy apenas un ensayista, por lo que estoy abierto a todas las sugerencias y correcciones a las que hubiese lugar. Pero sí reitero que cuando se ignora el pasado, se arriesga a repetirlo. De este ensayo deberían derivarse provechosas lecciones para el presente y el próximo futuro.

Llama la atención, al menos en términos sociológicos, que Colombia haya sido probablemente uno de los países más católicos (si no el más) de América Latina y que sea, al mismo tiempo, el pueblo más violento del continente. Por poner un ejemplo, la población antioqueña se distinguía en el pasado por la presencia simultánea de una profunda tradición católica y conservadora y, por lo menos desde el último tercio del siglo XX, de una inusitada y creciente corrupción y violencia. Vale recordar que una constelación similar podría hallarse también en otros pueblos particularmente católicos, como Italia y en particular Sicilia, el país vasco español, Irlanda del Norte o Filipinas. No pretendo, sin embargo, adelantar aquí esta comparación que constituiría sin duda un interesante tema de investigación. 

En el presente ensayo, escrito a mediados del 2022, quiero limitarme a esbozar algunas respuestas a preguntas como estas: ¿existe en Colombia una relación entre estos tres factores, orden, religión y violencia, o su existencia simultánea es meramente fortuita? ¿Qué tiene que ver con ellos la crisis ética y política en la que se ha sumido el país bajo una aparente defensa de la legalidad, repetida hasta el cansancio desde hace por lo menos veinte años? ¿Hay razones que nos permitan esperar que esta simbiosis contradictoria esté en vías de desaparición? Las respuestas que ofrezco a preguntas tan vastas y complejas constituyen apenas hipótesis de trabajo y como tales las presento al lector. 

Antepongo una observación. Durante los años 70 y 80 del siglo XX, la historia de Colombia se vio enriquecida por importantes contribuciones analíticas que partían, casi todas ellas, de la historia económica y social del país, y buscaban la clave de los acontecimientos en el desarrollo de los conflictos de clase. Allí están los excelentes trabajos de Luis Eduardo Nieto Arteta, Jesús Antonio Bejarano, Salomón Kalmanovitz, Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo, Álvaro Tirado y otros. No desconozco la luz que estas perspectivas, no siempre marxistas, arrojaron sobre muchas dimensiones de la historia nacional. Con todo, me parece que no se ha prestado suficiente atención al peso de la cultura católica en la historia del país y que, en ocasiones, se construyeron conflictos con una forzada lógica de clase que no corresponde a la realidad. En efecto, conviene tener en cuenta que los pueblos nunca se movilizan por la mera fuerza de los hechos, sino por la representación colectiva que de ellos se forjan. “Lo importante no son los hechos, sino lo que recordamos de ellos”, dijo sabiamente Gabo. Y esta imagen depende en gran medida de la cultura política.

Este trabajo supone que la historia colombiana se vio durante un siglo “sobredeterminada” (categoría de Louis Althussermarxista francés), esto es, influida en exceso por la cultura. Más en concreto, desde fines del siglo XIX, el movimiento de la Regeneración liderado por Rafael Núñez ‒liberal radical convertido luego en conservador autoritario‒, ya como presidente impuso un sólido orden político-religioso, cuya lógica llegó a su plenitud y consumación en la Violencia de los años 50. Desde ese funesto periodo, la nación busca a tientas un nuevo fundamento para su existencia colectiva. Ante la incapacidad para ofrecerlo, las élites impusieron una tutela clientelista-militar sobre la sociedad mediante un Estado de Conmoción interior, que recortaba los derechos ciudadanos, empoderaba aún más al ejecutivo y a las fuerzas militares, y que fue aplicado durante 21 años, desde 1970 hasta 1991. Aunque los gobiernos que han seguido hasta ahora no lo han decretado, sí lo impusieron de hecho. En concreto, este es el caso del gobierno que ahora concluye (2022). Hoy, ese régimen de dominación clientelista-militar da muestras dramáticas de agotamiento. Por esa brecha profunda se abrieron camino las sorpresivas candidaturas de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, en ruptura al menos aparente con la tradición. A la búsqueda de una nueva base para la convivencia obedece la derrota de Hernández y la elección del nuevo presidente  Gustavo Petro. Nunca he sido petrista. Sin embargo, por el bien de todos, espero que su gobierno acierte y tenga éxito. Sin renunciar a la crítica razonable y razonada, estoy dispuesto a colaborar, al menos desde mis publicaciones en Facebook.

Antes de adentrarme en el tema, llamo la atención sobre un hecho universal: la “política”, esto es, la convivencia de los seres humanos en una polis ‒o al menos su pacífica coexistencia‒, se mueve siempre entre cuatro tendencias ideológicas: la defensa de la libertad individual, los derechos universales, la equidad y la democracia con todas sus formas, ritos y procedimientos; a la izquierda, sigue la anarquía, que no es otra cosa que el desarrollo radical del individualismo liberal de corte manchesteriano; hacia la derecha tienden tanto un ala moderada como, finalmente, los regímenes autoritarios y las dictaduras. 

Cuando las pasiones se exacerban, todos se acusan unos otros: la derecha moderada señala a la izquierda razonable de tendencias anarquistas o dictatoriales, mientras la izquierda contenida sindica a la derecha de autoritarismo o dictadura. Y en esa lucha permanente de todos contra todos, uno a veces no sabe muy bien quién es quién. En medio de una permanente controversia las distintas corrientes se enredan y aparecen mezclas nada fáciles de discernir. El debate y la batalla entre las distintas formaciones políticas nunca cesa. Puede producir cierta saturación en los que no participamos directamente en la política, sino que la miramos, la padecemos, la observamos y tratamos de desenredar el ovillo. Al menos esa es mi situación. Espero que este escenario general nos ayude a comprender lo que nos pasa, porque la política nos involucra a todos, así no lo queramos. En el próximo artículo vuelvo al relato.

La ruptura de los colombianos con el orden autoritario impuesto desde fines del siglo XIX se había formalizado desde antes de las recientes elecciones de 2022 en una nueva Constitución. Con algunas contradicciones, la Carta fundamental de 1991 sentaba unas bases más modernas, liberales y democráticas para la convivencia entre los colombianos. Con todo, muchas de las actitudes infundidas por la oculta supervivencia de la Regeneración han dejado hasta ahora sin vigencia parte esencial de la Constitución, a la que desde 1991 no han cesado de introducirle sucesivas reformas, no siempre democráticas. Si a fines del siglo XIX, Núñez instauró su movimiento con la consigna de “¡regeneración o catástrofe!”, el destino de la nueva época histórica se inscribiría más bien, desde fines del siglo XX, en la disyuntiva entre “democratización” y “barbarie”. Esperemos que, a partir del 7 de agosto, con el nuevo gobierno y los que le sigan, esta antinomia comience a resolverse. Esa es la esperanza de una creciente mayoría de colombianos. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

6 Comentarios
2 Linkedin