Orden, religión y violencia. La cultura política colombiana en transición (4 de 11)

Después de presentar dos términos novedosos –democradura y clerocracia–, el autor entró a referirse al segundo ámbito de su exposición: la Regeneración, el orden antimoderno impuesto por Núñez y su movimiento.

1. La Regeneración

En 1878, ante las tendencias centrífugas del país promovidas por el Olimpo liberal, el entonces presidente del Senado y todavía liberal radical, Rafael Núñez, había exclamado: “¡Regeneración administrativa fundamental o catástrofe!”. Llegado por segunda vez a la presidencia de la República en 1883, Núñez se transformó en el jefe de la reacción conservadora. Su exclamación sirvió de consigna política para toda una generación y de símbolo de una época que marcaría la historia colombiana del siglo XX.

Desde un punto de vista social podemos caracterizar el movimiento de la Regeneración como una reacción defensiva de la oligarquía más tradicional frente a dos amenazas: una, la progresiva desarticulación de la nación por las ideas y ambiciones de los caudillos regionales, y la otra, la creciente agitación e indisciplina de las clases subalternas frente a la dominación oligárquica. Para hacerles frente, restablecer la unidad nacional y sobre todo para asegurar la tranquila sumisión del pueblo católico, los dirigentes de la Regeneración buscaron el apoyo de la Iglesia y establecieron con ella una estrecha alianza de carácter antimoderno, hostil y belicoso ante los intentos modernizadores de entonces.

2. El orden antimoderno impuesto por la Regeneración: la clerocracia

Con el triunfo de la Regeneración se inaugura en Colombia “la Nación clerical” ‒la clerocracia‒ o, en otros términos, un orden cultural y político declaradamente adverso a las ideas libertarias de los nuevos tiempos.

La concepción griega del universo como un cosmos, un orden jerárquico inmutable, se había transferido al mundo cristiano y había permanecido vigente en la cultura europea hasta el fin de la Edad Media y el surgimiento de las naciones. A partir del siglo XV, sucesivos acontecimientos como la Reforma, la ciencia moderna, el descubrimiento de América y, finalmente, la Revolución francesa, quebraron en Europa la visión antigua de un orden estático para darle paso a una realidad percibida como Historia y orientada a la progresiva realización de la razón y la libertad. 

Entonces, simultáneamente, el nuevo continente suramericano fue convertido por la Iglesia y la Corona españolas en el refugio del antiguo orden social, amenazado y resquebrajado en el Viejo Continente. Mientras los revolucionarios franceses del siglo XVIII guillotinaban a la pareja real, emprendían la lucha contra la aristocracia y creían encontrar en la idea de la democracia el marco adecuado para el desarrollo de la libertad, en Colombia ‒como en el resto de América Latina‒ los nuevos nombres del régimen político, los ritos y valores democráticos de comienzos del XIX sirvieron para confirmar exactamente lo contrario: las caducas jerarquías impuestas por los colonos españoles y sus descendientes criollos. La Regeneración restituyó en Colombia los rasgos fundamentales del antiguo orden.

El triunfo de la Regeneración quedó consagrado en la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. En el proemio a la Constitución del 86, Dios ‒no la soberana voluntad del pueblo‒ aparece como “fundamento de las instituciones” y así permanecerá hasta la reforma constitucional de 1988. El artículo primero de la Carta magna, confirmado una vez más por el plebiscito popular de 1957, reafirmó el monopolio religioso de la Iglesia en el país. Declaró que “la religión católica, apostólica, romana es la de Colombia” y presentó la razón por la cual el Estado busca el apoyo de la Iglesia: “los poderes públicos la reconocen como un elemento esencial del orden social”. Por ello, “se obligan a fortalecerla y a hacerla respetar”. Más claro no canta un gallo, según el festivo adagio popular.

En 1887, la Constitución del 86 se vio complementada por el Concordato. Como es sabido, los concordatos fueron pactos establecidos a fines del siglo XIX por las élites laicas occidentales con la Iglesia, tanto después del triunfo de la Revolución en Europa como de la Independencia en Hispanoamérica. Expresan la existencia de unas élites modernizadoras aún débiles que, para consolidar la nueva organización de la sociedad, requieren el respaldo o al menos la neutralidad de una Iglesia todavía poderosa y, a cambio de su apoyo, le conceden privilegios poco acordes con la nueva noción de un derecho universal. En cuanto tales, significan un acuerdo transitorio de una modernidad democrática apenas incipiente con el antiguo régimen absolutista. 

Con la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, los términos de la alianza entre Estado e Iglesia quedan bien definidos en Colombia: el Estado se obliga a defender y fortalecer el monopolio religioso y cultural de la Iglesia en la nación, a cambio de que aquella contribuya al mantenimiento del orden social y el reconocimiento de la autoridad civil. Ese tratado concordatario de paz constituyó, simultáneamente, el punto final de la confrontación radical entre las élites políticas liberales y la Iglesia, y el sólido arranque de una alianza entre ambos poderes que marcaría decisivamente, para bien o para mal, la cultura política colombiana. 

Constitución y Concordato sellaron el triunfo político de la Regeneración. Quince años más tarde se vería ratificado por la victoria militar obtenida en 1902 por el régimen conservador sobre los liberales, tras la cruel y prolongada Guerra de los Mil días. La doble victoria, política y militar, le abrió paso a una prolongada hegemonía conservadora. Habiendo comenzado en 1887, el poder religioso-político de los conservadores se extendería formalmente hasta 1930, pero en la realidad, como lo sugiero enseguida, llegaría mucho más allá, por lo menos hasta el comienzo del Frente Nacional en 1958. 

Ejercido durante más de cuatro décadas y sustentado en la hegemonía cultural de la Iglesia, ese poder creó en Colombia un orden social y político antimoderno basado en una nación clerical. Aun los gobiernos liberales, ya moderados por su negativa experiencia política y militar, mitigaron sus ímpetus casi hasta traicionar sus principios, con una relativa excepción: los intentos de la Revolución en Marcha, de Alfonso López Pumarejo.

3. El monopolio cultural de la Iglesia católica

Desde la última década del siglo XIX hasta mediados del XX, la Iglesia alcanzó y ejerció un amplio y profundo dominio en la cultura colombiana. El artículo 12 del Concordato de 1887 prescribía la enseñanza obligatoria de la religión católica en escuelas, colegios y universidades que, por lo demás, estaban casi todos en manos de la Iglesia. Solo en 1922, los liberales pudieron crear su primera universidad, la Universidad Libre. Todos los textos escolares destinados a la formación de una cultura y una identidad nacionales a través de la enseñanza de la historia, la filosofía y, desde luego, la religión, de uso obligatorio, eran de hecho redactados por religiosos. Por disposición constitucional los colombianos se formaron, pues, durante cerca de medio siglo, en una visión católica e integrista del mundo. 

Pero la influencia cultural de la Iglesia no se limitaba a la educación formal. Tan importante o más era quizás su control en el ámbito privado de la familia. Hasta 1975, no existía en Colombia el matrimonio civil y ningún otro tipo de unión ‒que no fuera la católica‒, era reconocida por el Estado. Quienes se vinculaban por fuera del rito católico se veían sometidos a una enorme presión y discriminación social, sobre todo en las clases medias y altas. Se los señalaba como “amancebados”, y sus hijos, denominados “naturales”, veían recortados sus derechos ciudadanos. Hasta mediados del siglo XX, no eran aceptados en los colegios de religiosos que, como ya decía, eran casi los únicos existentes. 

La mujer, sometida al varón y enclaustrada en el ámbito doméstico, se refugiaba en la religión, mientras el clero ejercía por medio suyo una profunda tutela sobre los varones y la vida íntima del hogar. Se puede decir que, desde el púlpito, la cátedra y el confesonario, la Iglesia controlaba la vida de toda la sociedad hasta sus refugios más íntimos, con la parcial excepción de la costa Caribe y La Guajira. 

A partir de 1930, después de una dominación conservadora de algo más de cuarenta años, accedieron al poder cuatro presidentes liberales (Olaya Herrera, López Pumarejo I, Eduardo Santos y López Pumarejo II) que, ya moderados por las negativas experiencias del pasado, modificaron hasta cierto punto el rumbo del país. La llamada República Liberal trajo “un rápido cambio social y una controversia política que durarían hasta 1946, cuando los conservadores volvieron a asumir el poder” (David Bushnell, en Daniel Samper Pizano, “Lo que nos espera”, Los Danieles, julio 3 de 2022).

El monopolio eclesiástico le produjo óptimos réditos tanto a las élites laicas como a la misma Iglesia. El respaldo del clero a las instituciones políticas y el cultivo de un respeto incondicional a su autoridad en el sentimiento religioso popular les confirió a las instituciones su peculiar estabilidad, notoria en el contexto latinoamericano. De igual manera, el apoyo prestado por el Estado a la Iglesia y la concesión del control cultural sobre la sociedad, le permitió a la institución religiosa lograr una implantación sociológica y un arraigo cultural acaso sin parangón en América Latina.

La hegemonía clerical trajo consigo muy diversos resultados. Me limito a una triple observación, importante para el propósito de este ensayo. Ante todo, la Iglesia ‒junto con los partidos políticos‒, forjó la identidad nacional de los colombianos, y aun quienes se creen más ajenos a la Iglesia revelan con frecuencia, en sus actitudes y comportamientos, una idiosincrasia católica, es decir, dogmática, moralista y autoritaria. 

En segundo término, gracias al sólido arraigo de la cultura política en los sentimientos religiosos de la nación, el Estado colombiano contó durante largo tiempo con un amplio respaldo que, así estuviera basado en un respeto integrista a la autoridad, tuvo el mérito de mitigar durante largo tiempo la necesidad de coerción armada. Por ello, al menos durante la primera mitad del siglo XX, el Estado colombiano no se vio obligado a desarrollar un aparato militar tan poderoso como el de otras naciones latinoamericanas. Otra cosa es lo que ha venido aconteciendo desde entonces y, en especial, desde los inicios del siglo XXI hasta hoy. 

Esperemos que el nuevo gobierno vaya disminuyendo el recurso a las armas en la medida en que se aclimatan la paz y la convivencia interna e internacional. Digamos, finalmente, que el monopolio educativo de la Iglesia creó una cultura casi monolítica y excluyente de toda diferencia. En efecto, si se tiene en cuenta que la familia, la escuela y la parroquia eran las tres instancias casi exclusivas de socialización de la época, el control sobre ellas le concedía a la Iglesia una hegemonía cultural casi completa, le garantizaba su propia reproducción y penetración social, y excluía de la cultura casi toda competencia y pluralismo religioso e ideológico. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022