Orden, religión y violencia. La cultura política colombiana en transición (1 de 11)

Hasta el fin del Frente Nacional (1974), en Colombia existió una singular convergencia de dos fenómenos en apariencia contradictorios: por una parte, una excepcional estabilidad institucional y, por otra, unos altísimos índices de corrupción, ilegalidad y violencia, considerados como de los más altos del mundo. Esa deplorable situación se ha prolongado hasta ahora.

La coexistencia de violencia y estabilidad institucional dio ocasión a dos importantes trabajos: Orden y Violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953 (1987), de Daniel Pécaut, y Colombia: Violencias y Democracias (1987), obra de los llamados “violentólogos”, coordinados por el profesor Gonzalo Sánchez. Ambos títulos apuntan a la misma paradoja: la existencia simultánea de dos extremos contrarios: por una parte, estabilidad institucional, y por la otra, corrupción y violencia. Los autores de la Comisión califican el sistema institucional colombiano como “democracia”, mientras Pécaut le asigna el apelativo de “orden”. Por razones que irán apareciendo más adelante, prefiero esta segunda denominación, sin desconocer por ello la relativa validez de los motivos en los que se apoya la primera. 

Quiero introducir en esta reflexión un tercer elemento, habitualmente olvidado en el análisis político: la cultura colombiana y, en particular, una cultura política impregnada desde los tiempos de la Colonia por el espíritu de la religiosidad católica española de la época, espíritu que ha pervivido en Colombia por lo menos hasta mediados de los años 60. 

En realidad, se trataba en la Colonia de un catolicismo integrista, francamente antimoderno, radical y beligerante, que subyacía y condicionaba toda la cultura de los colombianos, y cuyo formato gravita aún en el inconsciente de muchos connacionales. Sus formas han pasado incluso a ser el “alma” profunda y desconocida de la cultura laica nacional. Le pido al lector mantener muy presente esta hipótesis que le da una perspectiva inesperada a muchos aspectos del análisis que me propongo desarrollar. 

No sobra recordar que no soy historiador, y que en este caso soy apenas un ensayista, por lo que estoy abierto a todas las sugerencias y correcciones a las que hubiese lugar. Pero sí reitero que cuando se ignora el pasado, se arriesga a repetirlo. De este ensayo deberían derivarse provechosas lecciones para el presente y el próximo futuro.

Llama la atención, al menos en términos sociológicos, que Colombia haya sido probablemente uno de los países más católicos (si no el más) de América Latina y que sea, al mismo tiempo, el pueblo más violento del continente. Por poner un ejemplo, la población antioqueña se distinguía en el pasado por la presencia simultánea de una profunda tradición católica y conservadora y, por lo menos desde el último tercio del siglo XX, de una inusitada y creciente corrupción y violencia. Vale recordar que una constelación similar podría hallarse también en otros pueblos particularmente católicos, como Italia y en particular Sicilia, el país vasco español, Irlanda del Norte o Filipinas. No pretendo, sin embargo, adelantar aquí esta comparación que constituiría sin duda un interesante tema de investigación. 

En el presente ensayo, escrito a mediados del 2022, quiero limitarme a esbozar algunas respuestas a preguntas como estas: ¿existe en Colombia una relación entre estos tres factores, orden, religión y violencia, o su existencia simultánea es meramente fortuita? ¿Qué tiene que ver con ellos la crisis ética y política en la que se ha sumido el país bajo una aparente defensa de la legalidad, repetida hasta el cansancio desde hace por lo menos veinte años? ¿Hay razones que nos permitan esperar que esta simbiosis contradictoria esté en vías de desaparición? Las respuestas que ofrezco a preguntas tan vastas y complejas constituyen apenas hipótesis de trabajo y como tales las presento al lector. 

Antepongo una observación. Durante los años 70 y 80 del siglo XX, la historia de Colombia se vio enriquecida por importantes contribuciones analíticas que partían, casi todas ellas, de la historia económica y social del país, y buscaban la clave de los acontecimientos en el desarrollo de los conflictos de clase. Allí están los excelentes trabajos de Luis Eduardo Nieto Arteta, Jesús Antonio Bejarano, Salomón Kalmanovitz, Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo, Álvaro Tirado y otros. No desconozco la luz que estas perspectivas, no siempre marxistas, arrojaron sobre muchas dimensiones de la historia nacional. Con todo, me parece que no se ha prestado suficiente atención al peso de la cultura católica en la historia del país y que, en ocasiones, se construyeron conflictos con una forzada lógica de clase que no corresponde a la realidad. En efecto, conviene tener en cuenta que los pueblos nunca se movilizan por la mera fuerza de los hechos, sino por la representación colectiva que de ellos se forjan. “Lo importante no son los hechos, sino lo que recordamos de ellos”, dijo sabiamente Gabo. Y esta imagen depende en gran medida de la cultura política.

Este trabajo supone que la historia colombiana se vio durante un siglo “sobredeterminada” (categoría de Louis Althusser, marxista francés), esto es, influida en exceso por la cultura. Más en concreto, desde fines del siglo XIX, el movimiento de la Regeneración liderado por Rafael Núñez ‒liberal radical convertido luego en conservador autoritario‒, ya como presidente impuso un sólido orden político-religioso, cuya lógica llegó a su plenitud y consumación en la Violencia de los años 50. Desde ese funesto periodo, la nación busca a tientas un nuevo fundamento para su existencia colectiva. Ante la incapacidad para ofrecerlo, las élites impusieron una tutela clientelista-militar sobre la sociedad mediante un Estado de Conmoción interior, que recortaba los derechos ciudadanos, empoderaba aún más al ejecutivo y a las fuerzas militares, y que fue aplicado durante 21 años, desde 1970 hasta 1991. Aunque los gobiernos que han seguido hasta ahora no lo han decretado, sí lo impusieron de hecho. En concreto, este es el caso del gobierno que ahora concluye (2022). Hoy, ese régimen de dominación clientelista-militar da muestras dramáticas de agotamiento. Por esa brecha profunda se abrieron camino las sorpresivas candidaturas de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, en ruptura al menos aparente con la tradición. A la búsqueda de una nueva base para la convivencia obedece la derrota de Hernández y la elección del nuevo presidente  Gustavo Petro. Nunca he sido petrista. Sin embargo, por el bien de todos, espero que su gobierno acierte y tenga éxito. Sin renunciar a la crítica razonable y razonada, estoy dispuesto a colaborar, al menos desde mis publicaciones en Facebook.

Antes de adentrarme en el tema, llamo la atención sobre un hecho universal: la “política”, esto es, la convivencia de los seres humanos en una polis ‒o al menos su pacífica coexistencia‒, se mueve siempre entre cuatro tendencias ideológicas: la defensa de la libertad individual, los derechos universales, la equidad y la democracia con todas sus formas, ritos y procedimientos; a la izquierda, sigue la anarquía, que no es otra cosa que el desarrollo radical del individualismo liberal de corte manchesteriano; hacia la derecha tienden tanto un ala moderada como, finalmente, los regímenes autoritarios y las dictaduras. 

Cuando las pasiones se exacerban, todos se acusan unos otros: la derecha moderada señala a la izquierda razonable de tendencias anarquistas o dictatoriales, mientras la izquierda contenida sindica a la derecha de autoritarismo o dictadura. Y en esa lucha permanente de todos contra todos, uno a veces no sabe muy bien quién es quién. En medio de una permanente controversia las distintas corrientes se enredan y aparecen mezclas nada fáciles de discernir. El debate y la batalla entre las distintas formaciones políticas nunca cesa. Puede producir cierta saturación en los que no participamos directamente en la política, sino que la miramos, la padecemos, la observamos y tratamos de desenredar el ovillo. Al menos esa es mi situación. Espero que este escenario general nos ayude a comprender lo que nos pasa, porque la política nos involucra a todos, así no lo queramos. En el próximo artículo vuelvo al relato.

La ruptura de los colombianos con el orden autoritario impuesto desde fines del siglo XIX se había formalizado desde antes de las recientes elecciones de 2022 en una nueva Constitución. Con algunas contradicciones, la Carta fundamental de 1991 sentaba unas bases más modernas, liberales y democráticas para la convivencia entre los colombianos. Con todo, muchas de las actitudes infundidas por la oculta supervivencia de la Regeneración han dejado hasta ahora sin vigencia parte esencial de la Constitución, a la que desde 1991 no han cesado de introducirle sucesivas reformas, no siempre democráticas. Si a fines del siglo XIX, Núñez instauró su movimiento con la consigna de “¡regeneración o catástrofe!”, el destino de la nueva época histórica se inscribiría más bien, desde fines del siglo XX, en la disyuntiva entre “democratización” y “barbarie”. Esperemos que, a partir del 7 de agosto, con el nuevo gobierno y los que le sigan, esta antinomia comience a resolverse. Esa es la esperanza de una creciente mayoría de colombianos. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022