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Mientras Juan Pablo II promovía movimientos tradicionalistas y se rodeaba de ellos, la Congregación de la Fe y el CELAM perseguían y silenciaban a destacados teólogos de la liberación latinoamericanos o a serios críticos de los desvíos de la Iglesia, como el brillante teólogo suizo Hans Küng, ya fallecido. 

Obispos como Helder Cámara y Pedro Casaldáliga, o curas como Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff o Jon Sobrino, se convirtieron en blanco de sospechas y terminaron marginados o sancionados. Muchos curas de base y numerosas monjas, sobre todo de América Latina, sintiéndose ignorados o perseguidos por la Iglesia misma, tomaron distancia interior del aparato eclesiástico y se sumaron a la ola revolucionaria y secular en curso. 

Víctimas de la política pontificia fueron, entre muchos otros, el superior general de los jesuitas, el español Pedro Arrupe, y la misma Compañía de Jesús. Al iniciar su pontificado, el nuevo Papa, además de excluir a los jesuitas de su entorno inmediato y suplirlos por miembros del Opus Dei, puso en entredicho al General jesuita y a toda la Compañía de Jesús. 

En 1979, Juan Pablo II citó al Vaticano al incómodo vasco y mantuvo con él una reunión de un día a puerta cerrada, reunión de la que Arrupe nunca dio a conocer ni una sola palabra. Quizás como única respuesta a las presiones papales, al comienzo de 1980, Arrupe quiso renunciar y dio los primeros pasos en ese sentido, pero el Papa insistió en que, antes de su renuncia, Arrupe mismo debía clarificar “ciertas cosas”. 

El nuevo enfoque del trabajo de los jesuitas iba en directa contravía de la concepción que el papa Wojtyła tenía de la Iglesia. Desde entonces la comunicación entre los dos se hizo muy difícil. Un año largo más tarde, el 7 de agosto de 1981, en el aeropuerto de Roma, Arrupe sufrió una repentina trombosis cerebral. La mitad de su cuerpo quedó paralizada y comenzó a perder el habla. El resto de sus días lo pasaría en una silla de ruedas, necesitado de ayuda permanente. Aunque no se pueda probar, muy probablemente el ataque cerebral fue producto de la insoportable presión a la que Wojtyła lo sometió.

Un hecho escandaloso lo confirma. El 6 de octubre de 1981, apenas un mes después de que hubiera sufrido la trombosis, fue a visitarle en la enfermería el cardenal Agostino Casaroli, Secretario de Estado. Como regalo, le entregó una carta autógrafa del Papa en la que nombraba al padre Paolo Dezza como delegado personal del Papa al frente de la Compañía de Jesús, con plenos poderes de Superior General de la Orden hasta la convocatoria de una nueva Congregación General. Dezza había sido el candidato de los jesuitas conservadores en la misma Congregación que eligió a Arrupe. Ya mayor y completamente ciego, el italiano era bien conocido en la Compañía por su conservadurismo a ultranza y porque se había convertido en asiduo “corre-ve-y-dile” a la curia vaticana de todos los chismes contra la Orden y contra su General. 

El gesto del Papa era, pues, no solo descortés sino cínico. Su intromisión iba en contravía de las Constituciones y de la tradición secular de la Compañía de Jesús, según las cuales el superior debía ser elegido mediante votación de los delegados de toda la comunidad en una nueva Congregación General. El nombramiento de Dezza como interventor papal fue un insulto para todos los jesuitas en el mundo. Sin embargo, de acuerdo con el cuarto voto de lealtad y obediencia al papa, ninguno protestó. Dos años más tarde, la Congregación General 33, que pudo llevarse por fin a cabo en el otoño de 1983, eligió a un discreto y prudente holandés como nuevo superior general, que mantuvo un bajo perfil para no reavivar las iras del Vaticano. 

El 5 de octubre de 1991, casi diez años después de la trombosis, falleció Arrupe en la curia general de la Compañía. Sus últimas palabras antes de morir fueron: “Por el presente, Amén, y por el futuro, Aleluya”. Los numerosos jesuitas presentes en el sepelio lo despidieron con un inhabitual y prolongado aplauso. Quien debería haber sido proclamado santo por la Iglesia es Arrupe y no Wojtyła, pero la santidad no es en la Iglesia católica un simple título religioso sino también, con mucha frecuencia, una exaltación política. Antes de que se llegue a reconocer el carácter ejemplar de la vida de Arrupe, el Vaticano tendría que haber vuelto a la figura de Jesús de Nazaret. El papa Francisco lo ha intentado con mucho coraje, pero el hecho mismo de ser jesuita le impide corregir ese error en beneficio de quien fuera su superior. 

La Iglesia católica comenzó a rectificar algunos de los inmensos errores cometidos por Juan Pablo II, y por su adlátere, Joseph L. Ratzinger, luego Benedicto XVI. Sin confesarlo abiertamente, ambos pusieron en sordina el Concilio Vaticano II y prefirieron retornar a la hipocresía y la seguridad aparente de la Iglesia constantiniana. Como herencia de sus dos pontificados dejaron a la Iglesia sumida en una profunda crisis de credibilidad y agobiada por los escándalos de curas, obispos y cardenales pedófilos, abusadores de mujeres o ambiciosos y corruptos. 

¡Ironías de la vida! Para que tratara de enderezar esa deplorable situación fue elegido Papa, por primera vez en la historia… un jesuita y, para colmo, también por primera vez, un latinoamericano. Jorge Mario Bergoglio, ahora Francisco, ha estado intentando una reforma evangélica de la Iglesia. Inició la lucha contra la corrupción y comenzó a retomar ‒¡nueva ironía!‒ el camino trazado por Arrupe, con quien el mismo Bergoglio había mantenido discrepancias siendo superior provincial de los jesuitas argentinos y luego obispo y cardenal. Emprendió un camino de humildad y compromiso con los pobres y desheredados del mundo, pero ahora ya no desde la dirección de una mera orden religiosa, sino desde el mismo solio pontificio.

 
Para equilibrar la promoción de Wojtyła y de toda su línea política a los altares, apenas iniciado su pontificado, Bergoglio decidió canonizar a Juan XXIII, el humilde inspirador del Concilio Vaticano II, sin exigir siquiera milagros. Asimismo, reactivó el proceso de beatificación de monseñor Romero, el obispo mártir salvadoreño, ignorado por Juan Pablo II. Y, lo más significativo, Francisco ha multiplicado los gestos de acercamiento prioritario a los más abandonados de la tierra pasando por encima de las diferencias de credo religioso. 

El mensaje es claro. Sin embargo, el camino es largo y lleno de formidables tropiezos. Los imperios siempre se resisten a morir y para ello no paran en medios. Esperemos que Bergoglio quiera y pueda continuar y profundizar su tarea, pero no le será fácil. Antes, la Iglesia católica tendrá que regresar a las catacumbas. Lamentablemente, la salud le está jugando una mala pasada. Una artrosis aguda le ha inmovilizado una pierna, lo ha obligado a desplazarse en silla de ruedas y le ha hecho imposible moverse por el mundo para continuar su importante tarea ecuménica de reunificación de las iglesias y acercamiento a otros tipos de confesiones como el Islam, así como a los no creyentes, sean ateos o indiferentes ante el tema religioso. Para Francisco, todos, incluyendo a los peores criminales, somos hermanos con distintos rostros. 

Tanto en la curia vaticana como en algunas Iglesias como la gringa y la española, el papa cuenta con poderosos opositores que intentan desacreditarlo, descalificarlo y frenar sus reformas. De hecho, han frustrado algunas. Como quiera que sea, parece que su legado pueda ser conservado y prolongado por cardenales de la India, Corea del Sur y Vietnam, donde, según creo, el catolicismo viene extendiéndose con rapidez. De todos modos, a su muerte se suscitará un fuerte conflicto entre las distintas tendencias católicas. El humo blanco tardará en salir de las chimeneas vaticanas. Al Espíritu Santo le tocará revolar para soplar la hoguera.

Si bien me extiendo en estas quisicosas de la Iglesia católica, lo hago entre otras razones porque en el total desconcierto universal sobre el sentido de la vida humana, no son muchas las instancias que puedan ofrecer alguna luz de esperanza y fortalecer a mucha gente para no decaer en la lucha cotidiana. Esto es particularmente cierto en países como Colombia, donde la Iglesia sigue teniendo un gran peso sobre todo en los pueblos. En este sentido, la suerte de un catolicismo renovado tiene un claro alcance político. Finalmente, la Iglesia es la multinacional más antigua, más poderosa y más extendida por todo el mundo. Si bien su poder financiero no es el mayor, sí lo es su influencia cultural y religiosa. Desde mucho antes de Apple, Amazon, Tesla y todos los demás gigantes, la Iglesia católica ya estaba no solo en toda Europa, sino también en China, Japón y Corea. En la isla china de Shangchuan fue a morir Francisco Javier, el santo jesuita, compañero de universidad y amigo de Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Aún hoy hay misiones de distintas órdenes religiosas en Japón y Corea.

 
Esta presencia global de la Iglesia católica no deja de tener un significado muy ambiguo. En algunos aspectos abre puertas como ahora –octubre de 2022– en el apoyo a la ‘paz total’ en la Colombia de Petro. Pero así mismo podría revertirse en el recorte de muchas de aquellas justas libertades que en Colombia han obtenido reconocimiento y respeto. A modo de ejemplo, los movimientos provida harán presencia cada día más visible, comenzando por el exembajador en la OEA, Alejandro Ordóñez, hasta el nuevo director de la policía, el general Henry Armando Sanabria. “El nuevo director de la Policía deja muy preocupado al movimiento LGBTIQ+, pues mientras lideró las acciones policiales en Cartagena actuó en orden a sus prejuicios personales, en vez de aplicar los derechos humanos y ser garante de libertades” afirmaba el diario español El País, el 25 de agosto de 2022. 

Sin embargo, la Corporación Caribe Afirmativo, que lleva ya 13 años trabajando en defensa del movimiento, reconoce que el nuevo gobierno ha mostrado su intención de cambio con el nombramiento de la coronel Sandra Mora, que se ha declarado públicamente lesbiana, como la persona a cargo del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional, que tiene en sus manos la producción o compras de las armas, uniformes y otros equipos de la Policía. No me adentro en el tema porque tomo las de Villadiego.


Y aquí pongo punto final a estos cuatro artículos. Hasta la próxima amigos, si aún sigo sacudiendo la palestra.

Luis Alberto Restrepo M.

Octubre, 2022

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Mientas el mundo se sacudía, en la Iglesia católica se sentían las réplicas. El concilio Vaticano II, instalado en 1962 por Juan XIII, había sido llevado a buen término en 1965 por Pablo VI y suscitaba en el clero joven muchas esperanzas de renovación y de mayor sintonía con el mundo moderno. En contraste, Juan Pablo II adoptó el gran estilo imperial de una Iglesia neoconstantiniana y centró su pontificado en la lucha político-religiosa contra el comunismo.

Al tratar de poner en práctica el aggiornamento dispuesto por el concilio Vaticano II, el papa Montini (1963-1978) tuvo que hacer maromas entre una corriente deseosa de poner en marcha la ‘actualización’ de la Iglesia y otra, muy conservadora y poderosa, incrustada en todas las instancias del Vaticano y opuesta al espíritu del Concilio. 

Resultado y símbolo dramático de esta sorda lucha fue el sospechoso destino de Albino Luciani, Juan Pablo I (26 de agosto-28 de septiembre de 1978). Antes de empezar a hablar por primera vez desde el balcón vaticano, ‘el Papa de la sonrisa’ ya se había ganado a la multitud y en particular a la prensa con su simpatía y sencillez. Abandonó el plural mayestático y utilizó el ‘yo’, aunque sus ayudantes volvieron al plural (‘nos’) en la edición de sus discursos. Contra su deseo, se vio obligado a utilizar la silla gestatoria, pero rechazó la coronación y la tiara papal en la ceremonia de entronización y optó más bien por una simple misa de inauguración. 

Alcanzó a lanzar algunas iniciativas sociales como la devolución del 1 % de los ingresos de todas las iglesias nacionales a las iglesias del Tercer Mundo. La clarificación de las cuentas vaticanas era una de sus prioridades. Y ya desde antes, siendo patriarca de Venecia, había mantenido desavenencias con el arzobispo norteamericano Marcinkus, responsable por entonces de la turbia administración vaticana. 

Albino Luciani, elegido sucesor de Pablo VI en el cónclave más corto del siglo XX, solo alcanzó a ocupar el cargo durante 33 días. El 28 de septiembre de 1978 fue encontrado muerto en su habitación. Su fallecimiento no ha sido esclarecido aún. Luciani había sido elegido para solucionar la pugna entre los candidatos de las dos corrientes opuestas y es posible que haya muerto víctima de ese mismo conflicto, por causas naturales o por manos criminales. 

Como quiera que sea, la reacción de los más tradicionalistas le abrió paso a la elección de una personalidad totalmente opuesta, la de Karol Józef Wojtyła, Juan Pablo II (16 de octubre de 1978-abril 2 de 2005). No le falta cierta razón al escritor pastuso Evelio Rosero cuando, con un énfasis muy colombiano, respondió en una entrevista: “El papa Juan Pablo II (…) no investigó la muerte de Luciani. Complació a la curia, echó tierra a la verdad y la escondió con su escoba debajo de una alfombra del Vaticano”*. 

En agudo contraste con su simpático y modesto antecesor, el imponente Wojtyła adoptó el gran estilo imperial de una Iglesia neoconstantiniana y centró su pontificado en la lucha político-religiosa contra el comunismo y la real o supuesta expansión del marxismo en Iberoamérica. De hecho, jugó un papel importante en la caída del régimen en Polonia, su tierra natal, y emprendió el combate contra la teología de la liberación en América Latina, apoyándose en quien sería su sucesor, Joseph Ratzinger ‒después Benedicto XVI‒, así como en Alfonso López Trujillo, secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) desde 1972 hasta 1984. 

En agosto de 1968, siendo aún papa Pablo VI, los obispos de América Latina habían celebrado en Medellín la segunda conferencia del CELAM con el propósito de aplicar los principios del Concilio a la realidad continental. De esa conferencia surgió la famosa “opción preferencial” de la Iglesia latinoamericana por los pobres, en la que se apoyarían los teólogos de la liberación. Desde la secretaría del Consejo, López Trujillo emprendió la persecución de todos los curas y obispos radicales y organizó incluso una nueva conferencia del CELAM en 1979, en Puebla, México, destinada a limar los colmillos de los documentos emanados de Medellín. 

A la par con su activismo político externo, Juan Pablo II impulsó un fuerte cambio de dirección y de guardia en el seno de la Iglesia. Promovió al Opus Dei y a un gran número de nuevos movimientos católicos, marcadamente conservadores, mientras perseguía sin cuartel a los obispos, curas y congregaciones más comprometidas con los pobres. 

El Opus había sido fundado en 1928 por el cura español Josemaría Escrivá de Balaguer, canonizado por Juan Pablo II. El movimiento busca un objetivo razonable y valioso: sacar los ideales cristianos de los conventos y llevarlos a la vida ordinaria del católico común. Sin embargo, su noción de ‘santidad’ es marcadamente conservadora. En su mayoría, sus miembros son fieles custodios de la disciplina y el orden, tanto en la Iglesia como en la sociedad. Gracias a la pertinencia actual de su objetivo, pero en parte también al apoyo papal, el Opus experimentó un vertiginoso desarrollo. En 2012, contaba con 2051 sacerdotes en el mundo y un total de 89.909 miembros. 55 % de ellos eran mujeres y cerca de 90 % vivían en Europa y América. 

Los nuevos movimientos católicos, espiritualistas y conservadores, son miles. El apoyo del Vaticano a unos pocos quedó ‘oficializado’ en el Congreso Internacional de los Movimientos Eclesiales, celebrado en Roma en mayo de 1998. El Papa se reunió en público con líderes de siete de ellos, escogidos “en virtud de su extensión y representatividad universal”.

Absorbido por su activismo político-religioso y empeñado en preservar una falsa imagen de la Iglesia, durante el pontificado de Juan Pablo II prosperó la pederastia entre el clero católico. El caso más notorio fue el del cura mexicano Marcial Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, quien –según confesión de su propio movimiento– tuvo tres hijos de dos mujeres, abusó sexualmente de seminaristas y otros jóvenes, se aprovechó de su autoridad y de los bienes de la comunidad, consumía abundantes medicamentos adictivos y presentó como propios escritos de terceros. A pesar de las acusaciones de pederastia en contra de Maciel, Juan Pablo II lo protegió. Los Legionarios de Cristo y su institución Regnum Christi contaban con 67.000 miembros laicos, 893 sacerdotes y 2371 seminaristas. La organización era propietaria de 15 universidades alrededor del mundo y 172 colegios con 122.000 estudiantes. 

Durante tres años la congregación fue sometida por el Vaticano a una profunda revisión y el papa Francisco decidió su futuro. Difícil arbitraje, que terminó por una aprobación condicionada.

https://www.elcolombiano.com/historico/evelio_rosero_el_descreido-MWEC_280682

Luis Alberto Restrepo

Octubre, 2022

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Terminar este extenso ensayo, que ya ha comprendido 11 textos, amerita varias conclusiones, que aparecen en este artículo, el cual cierra una visión hasta cierto punto novedosa y discutible sobre el papel de la Iglesia católica en la historia de Colombia.

Conclusiones

1. Clerocracias y democraduras en América Latina

Desalojada la Corona española de América Latina, las instituciones democráticas se implantaron en el continente hispanoamericano cuando el sujeto social que debía darles contenido real era todavía inexistente. Por ello, desde sus orígenes se las combinó con las dos formas básicas del absolutismo premoderno: el autoritarismo cultural del clero y el autoritarismo coercitivo del Estado. A estos dos estilos de autoritarismo, conjugados con las normas e instituciones democráticas, se los denominó clerocracias y democraduras.

2. La clerocracia en Colombia

Con el respaldo de la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, la Iglesia católica implantó en el país una cultura antimoderna, dogmática y autoritaria, reacia a toda crítica y disidencia. Esta cultura marcó a los partidos políticos, hasta el punto de convertirlos en sectas seudorreligiosas, clericales o anticlericales. Así como la Iglesia garantizó hasta mediados del siglo XX la cohesión social de la nación y la estabilidad de las instituciones, se convirtió también en fuente de periódicas explosiones de violencia interpartidista y de posteriores reconciliaciones. Su dialéctica religioso-política de mutuo rechazo y reconciliación se agotó finalmente en La Violencia y el Frente Nacional. 

3. Instauración de la democradura en Colombia

Para sustituir el vacío cultural dejado por la quiebra de la clerocracia, el Frente Nacional no desarrolló una nueva cultura política basada en ideas y valores de carácter moderno. Más bien, instauró una forma mitigada de democradura. Puso en funcionamiento un sistema político basado en el clientelismo corrupto, la repartición burocrática del poder y la coerción militar. 

4. La democracia posible

La nueva Constitución de 1991 señala caminos de una democracia posible, pero sus buenos propósitos se enfrentan a retos difíciles. Los militares conservan aún su lugar central en el régimen gracias sobre todo a la perduración de guerrillas y disidencias de las exFarc, de grupos paramilitares y de organizaciones armadas criminales (GAO), que tienden a transformarse en formas estables de vida, y debido también y quizás sobre todo a los oscuros intereses de empresarios, terratenientes y gobernantes que las promueven o amparan. 

A la inercia de ese conflicto se suma el poder ascendente del narcotráfico que, con sus hábitos de ilegalidad, violencia y corrupción, viene incidiendo cada vez más en las costumbres políticas de los colombianos. Esperamos que, a partir de 2022, el nuevo gobierno, que trata de romper hasta cierto punto con las tradiciones políticas nacionales, tenga éxito en sus esfuerzos por crear y consolidar una democracia mucho más real.

5. La Iglesia católica hoy

Ya desde el Concilio Vaticano II, la elección de Pedro Arrupe como superior de los jesuitas y la elección posterior del papa Francisco, la Iglesia católica se ha transformado radicalmente y hoy es el más sólido soporte de la paz y la democracia. Sin embargo, no sabemos qué haya de seguir después de Francisco. Fuertes corrientes conservadoras, sobre todo norteamericanas, podrían intentar una recuperación del antiguo poder imperial de la Iglesia, aunque chocarían quizás, no solo con nuevos candidatos latinoamericanos, sino también con indios y coreanos, donde la Iglesia ha avanzado bastante.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

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Solo hay un factor que apunta con algún grado de certidumbre que Colombia va hacia una cultura política democrática, que no es una vigencia de nuevas ideas, valores y comportamientos, sino el total agotamiento de las formas que habían encauzado hasta ahora la actividad social y política de los colombianos.

IV. Gérmenes de una nueva cultura política

1. ¿Hacia una nueva cultura política?

El único factor que nos indica con alguna certeza que Colombia se encuentra en un tránsito hacia una cultura política democrática, distinta al autoritarismo tradicional o al sistema clientelista-utilitario implantado por el Frente Nacional, no es una clara vigencia de nuevas ideas, valores y comportamientos, sino el total agotamiento de las formas que habían encauzado hasta ahora la actividad social y política de los colombianos. Este es, a mi juicio, el único argumento convincente. Esa falta de aliento democrático pone a los colombianos ante la alternativa de cambio o barbarie. El presidente Petro le está apostando al gigantesco reto del cambio. Por el bien de Colombia me parece indispensable que tenga éxito, así sea parcial. El reto es enorme y tiene enemigos muy poderosos, comenzando por sus propios planes demasiado ambiciosos, algunos de los cuales suenan a utopía.

Ante todo, es claro que la cultura colombiana en general y, en particular, la cultura política, se han secularizado definitivamente. Además, la secularización de Colombia quedó consagrada en la nueva Constitución de 1991. Ningún otro actor tradicional ‒ni los partidos, ni los militares, ni los gremios‒ perdió tanto terreno en la nueva Constitución como la Iglesia católica. Del proemio de la Carta se suprimió el nombre de Dios para reivindicar en su lugar la soberanía del pueblo; Colombia se reconoció como nación pluricultural; se aceptó la libertad religiosa y de cultos; la Iglesia dejó de ser considerada como fundamento del orden social. En este campo, la Carta fundamental no hizo sino consagrar procesos sociales y políticos ya cumplidos de tiempo atrás en amplios y poderosos círculos el país.

Esto no quiere decir que la Iglesia católica haya dejado de ser una institución importante en la vida nacional. A pesar de su pérdida de poder político e influencia social, sigue siendo la institución de interés público más orgánica de Colombia, tanto en su funcionamiento interno como en sus nexos culturales y morales con la sociedad. Las élites laicas del país, sean económicas, políticas o militares, están muy lejos de emular el grado de cohesión, penetración social y eficacia operativa de la Iglesia colombiana. Ahora, cuando animada de manera constante desde el Vaticano y la Nunciatura, se preocupa menos por sus propios problemas y más por los de todos los colombianos, en especial por la paz, los obispos y el clero ‒con muy pocas excepciones‒ están jugando un papel significativo en la paz y la reconstrucción nacional. Pero ya no busca adquirir poder, sino servir*.

Si la clerocracia desapareció para siempre de los círculos de poder, tampoco es posible la restauración completa de la alianza burocrático-militar, la democratura. Instaurada por el Frente Nacional, su poder, sin embargo, podría prolongarse a término indefinido si no avanzaran alternativas creíbles, como las que promete Petro. Los numerosos y pequeños partidos y movimientos están en crisis. El abandono del serio debate político y el omnipresente clientelismo han dado de tiempo atrás rienda suelta a las ambiciones personales y la corrupción, que no cesan de generar divisiones internas. Ahora amenazan incluso al Pacto Histórico, que avanza por aguas pantanosas. Espero que no se ahogue. Las actuales circunstancias internacionales no les facilitan a las dos grandes vertientes de todo pensamiento político, una liberal y la otra conservadora, la tarea de redefinir su identidad: los conservadores del mundo son hoy los más acérrimos neoliberales, razón por la cual muchos liberales son en realidad conservadores, o viceversa. Esta confusión se refleja hoy en casi todos los partidos, los políticos y los gobernantes de Colombia. Sin embargo, las alternativas apenas comienzan a surgir.

Así, pues, militares y policías continúan siendo el último recurso para la estabilidad de todos los gobiernos. Los gobernantes civiles se han sentido hasta ahora obligados a “cogerle el paso” a los militares. Solo si el nuevo gobierno logra la paz completa y el desarme de todos los grupos armados ilegales como lo anuncia, será posible desarrollar una democracia más real e incluyente. En esa eventualidad se abriría paso un profundo replanteamiento de la función militar y del concepto tradicional de Seguridad fundado en las armas, para construir una Seguridad Humana, que incluya en primer lugar la presencia integral del Estado en los territorios y el bienestar social de las mayorías. Sin embargo, esta noble aspiración tiene visos de utopía. 

Tanto el agotamiento de los antiguos mecanismos de funcionamiento político como el surgimiento aún vacilante de nuevas instituciones constituyen, sin duda, indicios de una transición hacia nueva cultura política, que ya no puede ser sino de carácter moderno y democrático. Con todo, estos gérmenes enfrentan tres obstáculos considerables.

2. Obstáculos a la democracia en Colombia

El primer tropiezo para el desarrollo de una cultura democrática en Colombia proviene de la persistencia de guerrillas y de la transformación que han sufrido las que continúan en la lucha: el ELN, las disidencias de las exFARC y un pequeño reducto del EPL en el Catatumbo. En los últimos años estas estructuras se han fortalecido económicamente en virtud del secuestro, la extorsión y el narcotráfico, y esto les ha permitido adquirir armas más modernas y reclutar jóvenes marginados o de clases medias, que carecen de ideales políticos, pero encuentran en la guerra un empleo remunerado, sentido de pertenencia a un colectivo poderoso y un cierto poder personal. La guerra se torna entonces para ellos más estimulante y mucho más rentable que la paz. A estas organizaciones se les suman, como ya dije, numerosos y diversos grupos paramilitares y criminales. El clima de guerra y el enquistamiento o la descomposición de una guerrilla enriquecida han llevado también al fortalecimiento de unas Fuerzas Armadas que, con el auspicio de empresarios, funcionarios y gobiernos, vienen ejerciendo con frecuencia una violencia desproporcionada e ilegal y conspiran contra la gestación de una cultura democrática que pondría en cuestión su papel actual y sus grandes privilegios. Sin embargo, no pretendo desconocer que muchos de ellos asumen graves riesgos, exponen y pierden fácilmente la vida. 

El segundo gran obstáculo para un tránsito hacia una democracia más efectiva es el narcotráfico. Hasta ahora se ha hablado sobre todo de sus efectos inmediatos: el impacto económico y su aporte al clima de violencia en el país. Los ingresos que genera ese tipo de contrabando han contribuido a mantener cierto crecimiento económico en Colombia. Ahora, cuando el crecimiento se encuentra gravemente amenazado por un altísimo déficit fiscal del Estado, un fuerte desequilibrio en el comercio internacional y una creciente inflación nacional que se suma a la inflación importada por las medidas tardías que han tomado la FED y también el Banco de la República, tampoco parece que se hayan ponderado suficientemente los efectos políticos y culturales de esa situación, previsibles en el mediano y largo plazo. 

En la medida en que la economía legal cae en barrena crecerán la influencia y el poder de los narcotraficantes. Los narcos colombianos han aprendido a mimetizarse y están presentes entre empresarios, dirigentes políticos y autoridades como forma de irradiación espontánea de su poder económico y como condición para protegerse a sí mismos y sus negocios. El fenómeno es urbano y rural, pero resulta particularmente perceptible en provincia y en el ámbito local y regional. Desde ese punto de vista, la descentralización y democratización del Estado, aunque no carezcan de potencialidades democráticas, han ofrecido también los escenarios más propicios para el desarrollo silencioso del poder político del narcotráfico. De tal manera que, si durante el Frente Nacional surgió una clase política que ejercía el poder en su propio beneficio, más recientemente se ha gestado una nueva élite puesta directamente al servicio de sus mecenas, los narcotraficantes. Más que el testaferrato económico, Colombia padece un testaferrato político.

Como quiera que sea, es indudable que los narcotraficantes han impuesto sus patrones culturales a las nuevas generaciones: enriquecimiento rápido, alto consumo sin demasiada ostentación, corrupción y, en casos extremos, violencia como método de resolución de conflictos. El tradicional santanderismo o el nuñizmo de los colombianos tendrá que retorcerse si se propone continuar encubriendo esta nueva dosis de barbarie que amenaza gravemente el desarrollo de una cultura democrática.

Finalmente, todos los obstáculos anteriores, aunque graves, no lo serían tanto si Colombia contara con una nueva élite dirigente sólidamente formada en los principios democráticos y con un medio cultural que le fuera favorable. En el país parece estar irrumpiendo una cultura democrática, aunque todavía es precaria y superficial. Es importante contribuir a su consolidación.

3. Cambio en la Iglesia

Con todo, en esta historia se impone un paréntesis. Hay que reconocer que, ya desde comienzos de los años 60, la Iglesia católica comenzó un importante proceso de apertura a la modernidad. El 25 de enero de 1959, el papa Juan XXIII anunció la celebración del Concilio Vaticano II. Sin embargo, “el papa bueno” falleció un año después (1963). Las otras tres etapas fueron convocadas y presididas por su sucesor, el papa hamletiano Pablo VI, hasta su clausura en diciembre de 1965. 

En 1968, se realizó en Medellín la Segunda Conferencia del Episcopado de América Latina (CELAM), que buscó aplicar al continente las determinaciones del Concilio Vaticano II. En esa reunión los obispos reconocieron que la Iglesia como institución había estado vinculada a las clases dirigentes de la época, desconociendo la “violencia institucionalizada” e ignorando a la gran cantidad de latinoamericanos pobres. De aquí surgió la bien conocida “opción preferencial (de la Iglesia) por los pobres”, contra la cual se levantaría luego, en la reunión del CELAM en Puebla (México, 1979) el oscuro cardenal Alfonso López Trujillo con el apoyo del mismo papa Juan Pablo II, que pretendía mantener el mismo modelo de Iglesia medieval que gobernaba el mundo. Con sus contemporáneos, Reagan y Tatcher, padres del neoliberalismo, el Papa inhibió todos los intentos de reacción en contra del sistema vigente, acusándolos de marxistas y comunistas

Además, en 1965, había sido elegido el padre Pedro Arrupe, S.J., como superior General de los jesuitas. Lo primero que hizo Arrupe fue convocar a todos los superiores provinciales de América Latina a una reunión de un mes en Rio de Janeiro, asamblea dirigida por un psicólogo, y el mensaje que les transmitió el General fue ‒palabras más, palabras menos‒ el siguiente: “Durante siglos, los jesuitas hemos querido formar a las élites para que, desde la fe, transformaran sus sociedades. Entre tanto, dejamos de lado a los pobres. Pues nos hemos equivocado radicalmente. Las élites se engolosinaron con el poder y se olvidaron de su gente. Ahora debemos dar un giro de 180 grados a nuestro trabajo, y dedicarnos a formar, ante todo, a los pobres y olvidados”. 

El nuevo rumbo de los jesuitas tuvo amplia influencia en numerosas comunidades religiosas femeninas y masculinas, y también en los obispos que luego se reunieron en Medellín. 

Trece años después, en 1978, accedió a la sede pontificia el arzobispo de Cracovia, Karol Józef Wojtyła, Juan Pablo II. De inmediato, el papa polaco frenó en seco a Arrupe, lo encerró con él durante tres días y lo presionó de tal manera para que le diera contraorden a todos los jesuitas del mundo, que Arrupe padeció un derrame cerebral y quedó en silla de ruedas, casi sin habla. El Papa sacó a la mayor parte de los jesuitas del Vaticano y los humilló de muchas maneras. 

Wojtyła falleció en 2005. Ironías de la vida: ocho años más tarde, en marzo de 2013, otro jesuita ‒por lo demás latinoamericano (argentino) ‒, Jorge Mario Bergoglio, fue elegido papa (marzo de 2013-…) y adoptó el nombre Francisco I en memoria del santo de Asís. Ya desde el Vaticano, Francisco profundizó el cambio y sigue reformando sustancialmente la herencia colonial. 

Esperemos que su legado perdure más allá de su fallecimiento. 

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* Aunque esta nota no hace parte del ensayo, me parece oportuno aclarar mi relación ambivalente con el cristianismo y en especial con la Iglesia. Aprecio la figura de Jesús de Nazaret (como también la de Buda Gautama), los evangelios ‒a pesar de que los leo muy rara vez‒ y recuerdo con alguna frecuencia sus sabias sentencias. Pero no me gusta para nada el Cristo que se inventó Pablo y ratificó Constantino I con el Concilio de Nicea. De ahí en adelante, la Iglesia perdió su rumbo. Nada que ver con Jesús, el fiel judío y carpintero de Nazaret. Por fin, el papa Francisco ha seguido desandando el camino de la Iglesia hacia su origen. Me parece un proceso que, si perdura, a mediano y largo plazo tendrá una enorme incidencia en Colombia y en otras partes del mundo. Con todo, no ignoro que la ciencia derribó desde hace tiempos todo el edificio dogmático. Ya ni siquiera merece revisión. Por eso, simplemente creo en La Vida, en esa misteriosa energía que desde nuestro interior impulsa La Vida, aunque no sepamos qué es ni para dónde va. Parece más bien una energía loca, desatada, pero quién sabe las que se trae. A veces da vueltas inesperadas.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

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Una vez consumado el papel mediador para recomponer el poder oligárquico, a los militares se les confió la tarea que cumplió antes la Iglesia católica, pero con su propia y muy distinta visión de país y sus peculiares métodos de fuerza. En adelante, los militares se convertirían en los garantes de la integración nacional.

11. Articulación subordinada de militares e Iglesia

Una vez cumplido el papel de mediadores para la recomposición del poder oligárquico, a los militares se les confió la tarea que antes cumplía la Iglesia católica, aunque, desde luego, con su propia y muy diferente visión de país y sus peculiares métodos de fuerza. En adelante, los militares se convertirían en los garantes de la integración nacional, ya no por el consenso horizontal de una sociedad sociológicamente católica, sino por la fuerza vertical de las armas sobre una sociedad cada día más heterogénea y, hasta hace poco, más bien desvalida. Los militares y una policía militarizada pasaron a mirar a la sociedad civil ‒en particular a los más pobres y a la clase media baja‒, no como ciudadanos con derechos, sino como virtuales “enemigos internos”, tanto del Estado como de la misma fuerza pública. Del autoritarismo cultural del clero, Colombia pasó, pues, a la otra cara del absolutismo: al autoritarismo estatal ejercido por élites políticas que han instrumentalizado la fuerza pública. Las recientes movilizaciones y paros de más de un mes han puesto de manifiesto a una sociedad que ya no se somete tan fácilmente.

Sentadas las bases de la pacificación de los dos partidos tradicionales gracias al Frente Nacional, las élites políticas se desentendieron en buena medida de la inconformidad social para confiársela, como problema de “orden público”, a la represión policiva y militar. Rígida división del trabajo establecida por Lleras Camargo, que tuvo sus virtudes, pero también enormes falencias. Por lo menos hasta 2002, sustrajo a los militares de la política, de modo que ante los distintos partidos y opciones políticas ‒en principio‒ se mantuviesen neutrales pero, al mismo tiempo, hizo que los civiles se desentendiesen del Ejército y sus distintas fuerzas, abandonando además la preocupación y el esfuerzo por elaborar una verdadera estrategia político-militar de largo plazo.

En el nuevo contexto nacional, entre obispos y altos mandos militares surgió entonces una cierta convergencia ideológica. Si se comparan las cartas episcopales de los años 60 y 70 con las declaraciones y escritos de altos mandos militares se percibe en ellas una creciente coincidencia de perspectivas y, a veces, casi una copia. La prédica anticomunista de la jerarquía y de los capellanes militares de la Brigada en Bogotá fue particularmente bien acogida por los militares. Sumado el nacionalismo inherente a la función de todos los Ejércitos del mundo, los sermones y exhortaciones de obispos y capellanes militares se convirtieron por esos años en la principal fuente de su motivación para la defensa de las instituciones. A la hora de la verdad, al menos hasta mediados de los años ochenta del siglo pasado, talvez más que en teorías importadas de Seguridad Nacional, que tuvieron sin duda influencia, es en este tipo de convicciones y sentimientos tradicionales de los militares colombianos donde posiblemente haya que buscar la inspiración de su lucha antisubversiva. Desde entonces los mueve un anticomunismo puro y duro, sumado con frecuencia al auspicio que les prestan algunos gobernantes, así como a los intereses oscuros y bastante extendidos de algunos de sus mandos. A la par con el anticomunismo, fue creciendo en obispos y mandos militares la desafección por una clase política incapaz y corrupta, así como el anhelo de un orden coercitivo y de cierto cambio social. Jerarquía y cúpulas castrenses fueron construyéndose una especie de limbo político desde el cual defendían instituciones democráticas sin sujeto.

El control del orden público asignado a los militares por el Frente Nacional se vio también aparentemente justificado desde los años 60 por la oleada revolucionaria de América Latina y por la expansión de las concepciones norteamericanas de Seguridad Nacional, propias de la Guerra Fría, relativamente adaptadas a las condiciones del país. De conformidad con las concepciones difundidas después de la Segunda Guerra Mundial en todo el Tercer Mundo, los ejércitos debían reorientar sus esfuerzos a la lucha contra el “enemigo interno”: el comunismo internacional. En consecuencia, en América Latina, policías y militares se vieron convertidos en una especie de policía política. Formados para la guerra, su actividad represiva y violenta se fue extendiendo en contra de las más diversas formas de organización, movilización y protesta popular. Así, la Guerra Fría resultó enormemente funcional a las necesidades del bipartidismo colombiano en el poder. Otro tanto podemos decir del fervor de izquierda o incluso guerrillero en una porción reducida de la juventud en esa época.

12. La generación de los años 60 y 70

Las décadas de los 60 y 70 les ofrecían a las jóvenes generaciones una excepcional oportunidad histórica. La dialéctica religioso-política, que le había dado vigencia a los partidos tradicionales durante más de un siglo, se encontraba agotada; en su reemplazo, liberales y conservadores habían establecido un pacto de dudosa legitimidad democrática; pronto había comenzado a manifestarse el deterioro ético y político del contubernio bipartidista y su deriva hacia un vulgar clientelismo corrupto. 

Nuevos sujetos sociales ‒como sindicatos, juntas de acción comunal, movimiento estudiantil‒ presionaban con paros regionales y nacionales por una mayor democracia. Se hacía entonces urgente asentar la nación sobre nuevos fundamentos éticos y políticos, ahora sí, de carácter laico, moderno y democrático. Sin embargo, la aparición de guerrillas revolucionarias (FARC, ELN, EPL y otros grupos menores) a mediados de los 60, condujeron a la sociedad civil emergente a una especie de callejón sin salida. Las guerrillas, aisladas en selvas lejanas y en regiones de compleja geografía, no preocupaban a los centros del poder nacional y fueron entrando a formar parte natural del paisaje nacional, pero los gobiernos y la fuerza militar encontraron en su existencia el mejor argumento para consolidar regímenes represivos y corruptos, que bloqueaban a los movimientos sociales. La sociedad civil entró en una parálisis que duró hasta poco después de los acuerdos de La Habana y la desmovilización de las FARC. 

Conviene añadir que la actividad guerrillera en su conjunto fue ‒y en mucho menor medida lo sigue siendo con el ELN y las disidencias‒ uno de los más sólidos y constantes soportes políticos del régimen clientelista instalado en el poder desde el Frente Nacional y del papel fuertemente coercitivo que este le confirió a las fuerzas militares y de policía. La lucha armada ha servido, además, como el mejor pretexto de los dirigentes políticos para criminalizar toda forma de organización y protesta popular y para abandonar, en manos de la policía y los militares, el manejo de un mal definido problema de “orden público”. Con tal que el Estado frene a las guerrillas, parte importante de la sociedad colombiana ‒no solo las élites, sino también las clases medias e incluso sectores pobres‒ le han dado su respaldo electoral al clientelismo y han impulsado o se han resignado al fortalecimiento del aparato militar. Así pues, a la par con el clientelismo y el narcotráfico, la guerrilla ha sido el tapón de la democratización en Colombia y el mayor estímulo para el desarrollo de una derecha recalcitrante, digna sucesora de Laureano Gómez y de otros bien conocidos dirigentes de la actualidad. 

La contradictoria alianza bipartidista (fragmentada luego en pequeños movimientos y seudopartidos), el aparato militar y la lucha guerrillera fueron el pilar esencial del régimen político establecido en Colombia desde el Frente Nacional hasta 1991 e incluso hasta hoy. Los tres se realimentaron incesantemente e, incluso, siguen haciéndolo. Tanto la concepción estadounidense de Seguridad Nacional como la efervescencia revolucionaria y de izquierda de los años 60 y 70 le vinieron, pues, como anillo al dedo, al régimen bipartidista y a la fuerza pública, necesitados de legitimación. 

13. Resultados globales del Frente Nacional

El resultado político global del Frente Nacional fue, pues, como ya señalamos, el debilitamiento del Estado. De un orden social y político cimentado en la hegemonía cultural del catolicismo se hizo tránsito a un Estado precario, ausente de la mitad del país, pero sostenido por la maquinaria de clientelas políticas corruptas y la incierta fortaleza de las Fuerzas Armadas, cada vez más erosionadas por la corrupción y la ilegalidad, lo que no excluye en modo alguno la existencia de militares y policías heroicos que exponen su vida en defensa de los colombianos. Las élites políticas y empresariales pusieron una confianza creciente en las medidas de fuerza, ahorrándose casi siempre los costos políticos y económicos de una mayor democratización; los militares y una policía militarizada hallaron en el orden público su razón de ser; a unos y otros se los preparaba y se los sigue preparando para la guerra. Se impuso en el país un círculo vicioso: las organizaciones guerrilleras le daban argumentos a la represión oficial, y en los excesos de esta encontraron el mejor argumento a su favor. La actual violencia generalizada, confusa y dispersa ‒próxima a la anarquía‒ se deriva, en buena medida, de esa dialéctica clientelista-militar instaurada por el Frente Nacional.

La consecuencia quizás más importante del Frente Nacional fue su impacto en la sociedad misma. Tanto el régimen bipartidista como sus enemigos propiciaron la disolución de los principios en los que se había basado hasta entonces la convivencia social sin que, entre tanto, se gestaran otros nuevos. Los códigos morales de la Iglesia católica perdieron vigencia. Aunque el bipartidismo enarbolaba la defensa de la democracia, no lo hacía de manera creíble: centraba sus preocupaciones en la defensa de sus privilegios económicos y burocráticos y no tenía reparo en violar los principios y derechos fundamentales que decía defender. Sustituyó las convicciones partidarias por el frío utilitarismo clientelista, sinónimo de corrupción. En la medida en que se fueron disolviendo los códigos normativos, la violencia se apoderó de las relaciones sociales. Por fortuna, hoy la mayor parte de la juventud parece estar reclamando la construcción de una verdadera democracia. El resultado de las recientes elecciones así lo demuestra, aunque casi medio país de adultos o de viejos (“adultos mayores”), aún se resiste.

En suma, aunque el Frente Nacional superó la violenta crisis final del orden antiguo, contribuyó a gestar otra nueva, todavía más honda: la corrupción se desbordó y le abrió el camino a la violencia política, el terrorismo y el narcotráfico, el cual acabó de difundirse por todos los circuitos de la vida nacional. Parte importante de las élites, incluso en altos niveles empresariales, políticos, gubernamentales, policivos y militares, se benefician hoy, directa o indirectamente, de los recursos de la droga que han aprendido a mimetizar. En esta crisis nos encontramos.

14. Bases de una nueva cultura política y sus obstáculos (1991)

No resulta fácil fijar el término real del régimen político implantado por el Frente Nacional y determinar el punto de partida de una nueva época. Formalmente, el Frente Nacional concluyó en 1974 por disposición constitucional. Pero, como sucede con frecuencia en la historia, el pacto bipartidista alcanzó su más perfecta realización después de concluido, en el gobierno de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), aupado por su antecesor, Alfonso López Michelsen (1974-1978).

López hizo abrir la “ventana siniestra” en el Banco de la República para recibir y legitimar los dineros de la marihuana sin necesidad de declarar su origen, opción que luego se iría transvasando a todas las drogas, ya no por la famosa ventana sino por los muy diversos canales del establecimiento. Durante el gobierno de Turbay llegaron a su apogeo la distribución burocrática del poder entre los dos partidos, las maquinarias clientelistas y la ciega alianza de la clase política con las fuerzas militares en contra de los sectores sociales subalternos. Turbay le entregó el gobierno al general Camacho Leyva y a las fuerzas militares. Este clímax del clientelismo bipartidista y su descrédito nacional e internacional abrieron las puertas a su franca descomposición. 

Algunos de los gobiernos posteriores trataron de superar la crisis rompiendo con determinados elementos del régimen, pero se vieron obligados a apoyarse en otros para poder gobernar. Finalmente, los intentos de modernización han sucumbido a los intereses creados, la interesada inercia de políticos y gobernantes, y la aparente ausencia de alternativas. Adoptamos aquí la Constitución del 91 como punto de inflexión histórica, aunque desde su promulgación, esta ha sido reiteradamente reformada y deformada. Solo ahora, en 2022, el nuevo presidente electo promete rescatarla y cumplirla a cabalidad. Esperamos que así suceda.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

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Aunque las reformas promovidas por la Revolución en Marcha no fueron radicales, enfurecieron al clero ‒que vio recortados sus privilegios‒, indignaron a los conservadores, irritaron a los grandes terratenientes y a los industriales de las ciudades y decepcionaron a los sectores populares y obreros, que esperaban mucho más de sus promesas. 

A pesar de que las reformas impulsadas por la Revolución en Marcha no eran radicales, enfurecieron al clero que veía recortados sus privilegios, indignaron a los conservadores e irritaron a los grandes terratenientes y a los industriales de las ciudades. Algo similar podría producirse ahora, en 2022. Al mismo tiempo, las reformas decepcionaron a los sectores populares y obreros, que esperaban mucho más de sus promesas. El conservatismo, unificado bajo Laureano, se endureció cada vez más mientras, al mismo tiempo, el impulso reformista del gobierno se agotaba. En 1938, la “pausa” en las reformas decretada por López pasó a convertirse en programa de gobierno de su sucesor Eduardo Santos, cabeza de los liberales moderados.

Santos (1938-1942), dueño del diario El Tiempo, fue elegido presidente en sustitución de Olaya (que murió siendo el candidato del liberalismo). Conforme a su talante, pretendía hacer un gobierno moderado, que contribuyera a llevar al país a la tolerancia civilizada. Eso mismo había pretendido tiempo atrás la difunta Unión Republicana de Carlos E. Restrepo.

Pero la oposición conservadora no se lo permitió. Con motivo de un tiroteo en Gachetá, que dejó varios muertos en las elecciones parlamentarias del año 39, Gómez acusó a Santos de haber gobernado sobre un charco de sangre conservadora. La convención del partido bajo su dirección decretó: “Debemos armarnos por todos los medios posibles”. Y en el Senado, Laureano anunció su programa opositor: recurrir a “la acción directa y el atentado personal” con el objeto de “hacer invivible la república” hasta que el poder volviera a las manos del conservatismo. Con ese propósito fundó el periódico El Siglo en Bogotá, al que le hacía eco la prensa conservadora: La Patria de Manizales, El Colombiano de Medellín, Claridad de Popayán. Y, por supuesto, los curas desde los púlpitos.

Para complicar las cosas, estalló la Segunda Guerra Mundial, pero Roosevelt inventó la “Política del Buen Vecino” para proteger las repúblicas americanas contra la posible tentación germanófila, cuyo representante en Colombia era Laureano Gómez. 

El verdadero adversario al que apuntaba Gómez era López Pumarejo, a quien Gómez acusaba de ser comunista. Para evitar el retorno de López al poder, Laureano le confió al embajador de Roosevelt que López pondría a Colombia bajo el imperio del comunismo bolchevique, que los conservadores estaban decididos a emprender una guerra civil y esperaban contar para ello con la ayuda norteamericana. El embajador gringo le aseguró (sin sonrojarse) que su gobierno nunca intervenía en asuntos internos de países soberanos. Laureano dijo que entonces buscarían las armas “en donde las había encontrado Franco” para ganar su guerra en España. Todavía no había entrado Estados Unidos en el conflicto mundial y aún creía Gómez, como muchos en el mundo, que el vencedor sería Alemania.

Llegó, pues, en 1942, el segundo gobierno de López, pero no trajo el bolchevismo, y ni siquiera la profundización de las reformas sociales que esperaban las masas liberales que habían respaldado la Revolución en Marcha. Él mismo había hecho un diagnóstico algunos años antes: “No encuentro en la historia nacional el ejemplo de un período de gobierno que no se haya constituido como una oligarquía, olvidando sus obligaciones para con sus electores”. 

Siguiendo a Washington, Colombia declaró la guerra a Alemania. Como resultado, un submarino alemán hundió un buque mercante colombiano, y un destructor colombiano hundió un submarino alemán. Y de rebote, tuvo un sonoro escándalo financiero sobre los bienes incautados a los nazis, que enredó a López Michelsen, hijo del presidente, a quien llamaban “el hijo del Ejecutivo”. ¡Cómo se aprende de la historia! Con pequeñas modificaciones, lo que sucede en Colombia casi nunca es nuevo.

De nuevo, Laureano mezcló acusaciones y denuncias de toda clase. Acusado de haber sido el inspirador de una intentona de golpe militar que, en julio de 1944, tuvo al presidente López preso por dos días en Pasto, Gómez tuvo que refugiarse en Brasil. Sería el primero de sus varios exilios.

En el otro extremo del abanico político estaba también Gaitán, parlamentario izquierdista venido de las clases medias bogotanas, que había iniciado su carrera con las denuncias contra la United Fruit Company por la matanza de las bananeras a finales de los años 20. Ante su creciente fuerza política, era visto por sus críticos del conservatismo o de sectores del liberalismo como un simple demagogo de ascendencia indígena, con ínfulas de caudillo mussoliniano (había estudiado en Italia en los años del auge del fascismo). Un orador a quien amaban las masas populares cuando peroraba: “¡Yo no soy un hombre, yo soy un pueblo!”. Un serio pensador socialista ‒como lo demostraba su tesis sobre las ideas socialistas en Colombia‒ y un político ambicioso, odiado por unos y adorado por otros.

Desde los fracasos electorales de su movimiento UNIR de los años 30, Gaitán se había reincorporado al partido Liberal y había venido mitigando su radicalismo. No predicaba ya la lucha de clases, proletariado contra burguesía, sino una vaga lucha del pueblo contra las oligarquías, por igual conservadoras y liberales, sin dejar de colaborar con los gobiernos liberales, que lo hicieron alcalde de Bogotá en el año 36 durante el primer gobierno de López, ministro de Educación de Santos en el 40, ministro de trabajo del presidente interino Darío Echandía en 1944. Hacia el final del gobierno de López, Gaitán escogió la oposición radical: “¡Por la restauración moral de la república, contra las oligarquías, a la carga!”.

Un año antes de terminar su período, López Pumarejo renunció a la presidencia. Lo sustituyó su ministro de Gobierno, Alberto Lleras Camargo. Y ante las elecciones del año 46, el partido Liberal se dividió entre dos candidatos: a la derecha, Gabriel Turbay, respaldado por los grandes diarios El Tiempo y El Espectador, por el director del partido Eduardo Santos y por todo el aparato liberal. Y a la izquierda, Jorge Eliécer Gaitán, apoyado por los sectores populares y los sindicatos. El expresidente López solo se pronunció en contra de ambos. Contra “el turco Turbay” nacido en Colombia de padres libaneses, “que tiene narices de turco” ‒un extranjero‒; y contra “el negro Gaitán”, de modesto origen social y cara de indio ‒un pobre‒.

El partido Conservador había anunciado su abstención, como venía haciéndolo desde 1934 con el argumento del previsible fraude que iban a cometer los liberales. Pero en las últimas semanas Laureano designó como candidato a Mariano Ospina Pérez, de la estirpe presidencial de los Ospinas. Un rico, pacífico y solemne hombre de negocios de Medellín, que no despertaba más odios que el que le guardaba el propio Laureano, que lo promovía esperando manejarlo cuando llegara el caso.

Ganó Ospina, como dieciséis años antes había ganado Olaya frente a la división conservadora. Y así terminó, melancólicamente, la República Liberal que iba a cambiar la historia de Colombia.

Luis Alberto Restrepo M.

Septiembre, 2022

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Después de presentar dos términos novedosos –democradura y clerocracia–, el autor entró a referirse al segundo ámbito de su exposición: la Regeneración, el orden antimoderno impuesto por Núñez y su movimiento.

1. La Regeneración

En 1878, ante las tendencias centrífugas del país promovidas por el Olimpo liberal, el entonces presidente del Senado y todavía liberal radical, Rafael Núñez, había exclamado: “¡Regeneración administrativa fundamental o catástrofe!”. Llegado por segunda vez a la presidencia de la República en 1883, Núñez se transformó en el jefe de la reacción conservadora. Su exclamación sirvió de consigna política para toda una generación y de símbolo de una época que marcaría la historia colombiana del siglo XX.

Desde un punto de vista social podemos caracterizar el movimiento de la Regeneración como una reacción defensiva de la oligarquía más tradicional frente a dos amenazas: una, la progresiva desarticulación de la nación por las ideas y ambiciones de los caudillos regionales, y la otra, la creciente agitación e indisciplina de las clases subalternas frente a la dominación oligárquica. Para hacerles frente, restablecer la unidad nacional y sobre todo para asegurar la tranquila sumisión del pueblo católico, los dirigentes de la Regeneración buscaron el apoyo de la Iglesia y establecieron con ella una estrecha alianza de carácter antimoderno, hostil y belicoso ante los intentos modernizadores de entonces.

2. El orden antimoderno impuesto por la Regeneración: la clerocracia

Con el triunfo de la Regeneración se inaugura en Colombia “la Nación clerical” ‒la clerocracia‒ o, en otros términos, un orden cultural y político declaradamente adverso a las ideas libertarias de los nuevos tiempos.

La concepción griega del universo como un cosmos, un orden jerárquico inmutable, se había transferido al mundo cristiano y había permanecido vigente en la cultura europea hasta el fin de la Edad Media y el surgimiento de las naciones. A partir del siglo XV, sucesivos acontecimientos como la Reforma, la ciencia moderna, el descubrimiento de América y, finalmente, la Revolución francesa, quebraron en Europa la visión antigua de un orden estático para darle paso a una realidad percibida como Historia y orientada a la progresiva realización de la razón y la libertad. 

Entonces, simultáneamente, el nuevo continente suramericano fue convertido por la Iglesia y la Corona españolas en el refugio del antiguo orden social, amenazado y resquebrajado en el Viejo Continente. Mientras los revolucionarios franceses del siglo XVIII guillotinaban a la pareja real, emprendían la lucha contra la aristocracia y creían encontrar en la idea de la democracia el marco adecuado para el desarrollo de la libertad, en Colombia ‒como en el resto de América Latina‒ los nuevos nombres del régimen político, los ritos y valores democráticos de comienzos del XIX sirvieron para confirmar exactamente lo contrario: las caducas jerarquías impuestas por los colonos españoles y sus descendientes criollos. La Regeneración restituyó en Colombia los rasgos fundamentales del antiguo orden.

El triunfo de la Regeneración quedó consagrado en la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. En el proemio a la Constitución del 86, Dios ‒no la soberana voluntad del pueblo‒ aparece como “fundamento de las instituciones” y así permanecerá hasta la reforma constitucional de 1988. El artículo primero de la Carta magna, confirmado una vez más por el plebiscito popular de 1957, reafirmó el monopolio religioso de la Iglesia en el país. Declaró que “la religión católica, apostólica, romana es la de Colombia” y presentó la razón por la cual el Estado busca el apoyo de la Iglesia: “los poderes públicos la reconocen como un elemento esencial del orden social”. Por ello, “se obligan a fortalecerla y a hacerla respetar”. Más claro no canta un gallo, según el festivo adagio popular.

En 1887, la Constitución del 86 se vio complementada por el Concordato. Como es sabido, los concordatos fueron pactos establecidos a fines del siglo XIX por las élites laicas occidentales con la Iglesia, tanto después del triunfo de la Revolución en Europa como de la Independencia en Hispanoamérica. Expresan la existencia de unas élites modernizadoras aún débiles que, para consolidar la nueva organización de la sociedad, requieren el respaldo o al menos la neutralidad de una Iglesia todavía poderosa y, a cambio de su apoyo, le conceden privilegios poco acordes con la nueva noción de un derecho universal. En cuanto tales, significan un acuerdo transitorio de una modernidad democrática apenas incipiente con el antiguo régimen absolutista. 

Con la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, los términos de la alianza entre Estado e Iglesia quedan bien definidos en Colombia: el Estado se obliga a defender y fortalecer el monopolio religioso y cultural de la Iglesia en la nación, a cambio de que aquella contribuya al mantenimiento del orden social y el reconocimiento de la autoridad civil. Ese tratado concordatario de paz constituyó, simultáneamente, el punto final de la confrontación radical entre las élites políticas liberales y la Iglesia, y el sólido arranque de una alianza entre ambos poderes que marcaría decisivamente, para bien o para mal, la cultura política colombiana. 

Constitución y Concordato sellaron el triunfo político de la Regeneración. Quince años más tarde se vería ratificado por la victoria militar obtenida en 1902 por el régimen conservador sobre los liberales, tras la cruel y prolongada Guerra de los Mil días. La doble victoria, política y militar, le abrió paso a una prolongada hegemonía conservadora. Habiendo comenzado en 1887, el poder religioso-político de los conservadores se extendería formalmente hasta 1930, pero en la realidad, como lo sugiero enseguida, llegaría mucho más allá, por lo menos hasta el comienzo del Frente Nacional en 1958. 

Ejercido durante más de cuatro décadas y sustentado en la hegemonía cultural de la Iglesia, ese poder creó en Colombia un orden social y político antimoderno basado en una nación clerical. Aun los gobiernos liberales, ya moderados por su negativa experiencia política y militar, mitigaron sus ímpetus casi hasta traicionar sus principios, con una relativa excepción: los intentos de la Revolución en Marcha, de Alfonso López Pumarejo.

3. El monopolio cultural de la Iglesia católica

Desde la última década del siglo XIX hasta mediados del XX, la Iglesia alcanzó y ejerció un amplio y profundo dominio en la cultura colombiana. El artículo 12 del Concordato de 1887 prescribía la enseñanza obligatoria de la religión católica en escuelas, colegios y universidades que, por lo demás, estaban casi todos en manos de la Iglesia. Solo en 1922, los liberales pudieron crear su primera universidad, la Universidad Libre. Todos los textos escolares destinados a la formación de una cultura y una identidad nacionales a través de la enseñanza de la historia, la filosofía y, desde luego, la religión, de uso obligatorio, eran de hecho redactados por religiosos. Por disposición constitucional los colombianos se formaron, pues, durante cerca de medio siglo, en una visión católica e integrista del mundo. 

Pero la influencia cultural de la Iglesia no se limitaba a la educación formal. Tan importante o más era quizás su control en el ámbito privado de la familia. Hasta 1975, no existía en Colombia el matrimonio civil y ningún otro tipo de unión ‒que no fuera la católica‒, era reconocida por el Estado. Quienes se vinculaban por fuera del rito católico se veían sometidos a una enorme presión y discriminación social, sobre todo en las clases medias y altas. Se los señalaba como “amancebados”, y sus hijos, denominados “naturales”, veían recortados sus derechos ciudadanos. Hasta mediados del siglo XX, no eran aceptados en los colegios de religiosos que, como ya decía, eran casi los únicos existentes. 

La mujer, sometida al varón y enclaustrada en el ámbito doméstico, se refugiaba en la religión, mientras el clero ejercía por medio suyo una profunda tutela sobre los varones y la vida íntima del hogar. Se puede decir que, desde el púlpito, la cátedra y el confesonario, la Iglesia controlaba la vida de toda la sociedad hasta sus refugios más íntimos, con la parcial excepción de la costa Caribe y La Guajira. 

A partir de 1930, después de una dominación conservadora de algo más de cuarenta años, accedieron al poder cuatro presidentes liberales (Olaya Herrera, López Pumarejo I, Eduardo Santos y López Pumarejo II) que, ya moderados por las negativas experiencias del pasado, modificaron hasta cierto punto el rumbo del país. La llamada República Liberal trajo “un rápido cambio social y una controversia política que durarían hasta 1946, cuando los conservadores volvieron a asumir el poder” (David Bushnell, en Daniel Samper Pizano, “Lo que nos espera”, Los Danieles, julio 3 de 2022).

El monopolio eclesiástico le produjo óptimos réditos tanto a las élites laicas como a la misma Iglesia. El respaldo del clero a las instituciones políticas y el cultivo de un respeto incondicional a su autoridad en el sentimiento religioso popular les confirió a las instituciones su peculiar estabilidad, notoria en el contexto latinoamericano. De igual manera, el apoyo prestado por el Estado a la Iglesia y la concesión del control cultural sobre la sociedad, le permitió a la institución religiosa lograr una implantación sociológica y un arraigo cultural acaso sin parangón en América Latina.

La hegemonía clerical trajo consigo muy diversos resultados. Me limito a una triple observación, importante para el propósito de este ensayo. Ante todo, la Iglesia ‒junto con los partidos políticos‒, forjó la identidad nacional de los colombianos, y aun quienes se creen más ajenos a la Iglesia revelan con frecuencia, en sus actitudes y comportamientos, una idiosincrasia católica, es decir, dogmática, moralista y autoritaria. 

En segundo término, gracias al sólido arraigo de la cultura política en los sentimientos religiosos de la nación, el Estado colombiano contó durante largo tiempo con un amplio respaldo que, así estuviera basado en un respeto integrista a la autoridad, tuvo el mérito de mitigar durante largo tiempo la necesidad de coerción armada. Por ello, al menos durante la primera mitad del siglo XX, el Estado colombiano no se vio obligado a desarrollar un aparato militar tan poderoso como el de otras naciones latinoamericanas. Otra cosa es lo que ha venido aconteciendo desde entonces y, en especial, desde los inicios del siglo XXI hasta hoy. 

Esperemos que el nuevo gobierno vaya disminuyendo el recurso a las armas en la medida en que se aclimatan la paz y la convivencia interna e internacional. Digamos, finalmente, que el monopolio educativo de la Iglesia creó una cultura casi monolítica y excluyente de toda diferencia. En efecto, si se tiene en cuenta que la familia, la escuela y la parroquia eran las tres instancias casi exclusivas de socialización de la época, el control sobre ellas le concedía a la Iglesia una hegemonía cultural casi completa, le garantizaba su propia reproducción y penetración social, y excluía de la cultura casi toda competencia y pluralismo religioso e ideológico. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

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Le han llovido rayos y centellas a la Corte Constitucional por su sentencia C-055, con la que despenaliza el aborto realizado antes de la semana 24 de gestación. Que es un atentado contra la vida o que es la legalización del asesinato, son algunas de las acusaciones que le han hecho quienes se llaman a sí mismos pro-vida. 

Frente a tan graves señalamientos de quienes han criticado la sentencia de la Corte Constitucional sobre el aborto caben algunas reflexiones que muestran que la Corte también tiene una posición pro-vida.

La primera es que la consecuencia más importante de la despenalización es salvar la vida de muchas mujeres o niñas, pues van a disminuirse los miles de abortos clandestinos que hoy se realizan en Colombia, al permitirles a quienes han tomado esa difícil decisión que lo hagan en condiciones dignas que no atenten contra su salud y su vida.

La segunda es que la mejor manera de disminuir los abortos no es prohibirlos por decreto o castigarlos como delito, sino evitar que se produzcan embarazos no deseados. Para ello la sentencia C-055 no solo despenalizó el aborto, sino que también ‒y tal vez más importante‒ exhortó al Gobierno y al Congreso para que “formulen e implementen una política pública integral que evite los amplios márgenes de desprotección para la dignidad y los derechos de las mujeres gestantes”.

Esta política debe incluir elementos tales como programas de educación sexual y reproductiva, medidas de acompañamiento a las madres gestantes que incluyan opciones de adopción, o divulgación de instrumentos de prevención del embarazo y planificación, entre otros. Todas ellas orientadas a “garantizar la protección del bien jurídico de la vida en gestación que, en contraste con la sanción penal que se declara condicionalmente exequible en esta sentencia, sean respetuosas de los derechos de mujeres, niñas y personas gestantes y brinden verdaderas alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo”.

Hay otra discusión ética más de fondo sobre cuándo el aborto implica quitar la vida a una persona. El fallecido teólogo católico Hans Küng la planteó muy claramente diciendo que no hay un consenso entre las religiones sobre el inicio de la vida. Para él “la vida comienza en el momento de la concepción”, pero “la cuestión no es cuándo empieza la vida humana, sino cuándo comienza una persona”. Y añade que en la misma Iglesia católica hay toda una tradición, que incluye a Aristóteles y Santo Tomás de Aquino, que establece que “solamente en la última fase de la evolución del feto hay una persona humana”.

Además, ni siquiera para la Iglesia católica el derecho a la vida es absoluto. Para la Constitución el derecho a la vida es tan inviolable que se prohíbe la pena de muerte, pero el Catecismo católico* la acepta, pues la “enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye el recurso a la pena de muerte” (n. 2267).

Es claro que la posición de la Corte es pro-vida, pues no trata de defender ni mucho menos promover el aborto, solo de no convertirlo en delito, a la vez que exhorta a buscar otras alternativas a los embarazos no deseados.

Adenda:
 ¿En realidad son pro-vida los críticos de la sentencia de la Corte? No se les ha oído ni una declaración contra las masacres y los asesinatos de los líderes sociales. Esta semana fueron otros dos y ya van más de 900 desde que se firmó el Acuerdo de Paz.

* El texto dice: “La enseñanza tradicional de la Iglesia no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad del culpable, el recurso a la pena de muerte, si esta fuera el único camino posible para defender eficazmente del agresor injusto, las vidas humanas”. Santa Sede (1992), Catecismo de la Iglesia Católica. Bogotá: San Pablo, p. 745. Nota del editor.

Mauricio Cabrera Galvis

Febrero 2022

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Encomié los artículos de Luis Alberto Restrepo sobre la Iglesia católica, aparecidos en el blog el año pasado, y añadí: “¿No faltaría una mirada para ver lo que no se ve?”. Luis Alberto, muy amablemente, me comentó: “¿Podrías ayudarnos en la tarea que sugieres?”. Entonces, aquí le respondo.

No soy el más indicado para contestar a un contertulio, pero no puedo menos de aceptar su invitación sincera. Además, si se trata de ayudar en esa tarea, lo haré con sencillez y confianza porque será eso, una ayuda, junto con la de muchos otros; no será “la última palabra”.

¿Conocemos algunas de las muchas personas, acciones, programas de la Iglesia, dedicados a la enseñanza y la educación; a la salud; al cuidado de los ancianos y de los niños huérfanos o abandonados; a la recuperación de adictos; a la alimentación de hambrientos; a la acogida de emigrantes, desplazados y refugiados; al esfuerzo por la reconciliación y la paz…? Nombro algunas de las acciones solidarias en Colombia, en muchas naciones católicas y en países de misión.

Todo eso puede verse, pero lo que no se ve son la motivación, el impulso, la fuerza, el espíritu con el que se realizan todas esas obras sociales. Es la fe, el don del Espíritu Santo, el seguimiento de Jesús, la respuesta a su invitación “ámense los unos a los otros” e, incluso, en muchos casos, el testimonio de que “nadie tiene mayor amor que el que da la vida por los que ama”.

Podría decirse que eso también lo hacen muchos voluntarios, muchas ONG, muchas instituciones oficiales…, aunque no sean creyentes en Jesucristo; eso es cierto. Además, podría afirmarse que eso es asistencialismo, pero que no resuelve los problemas, que no va al fondo y a la transformación de las estructuras injustas de nuestra sociedad; también es cierto. Pero no deja de ser cierto el gran valor subsidiario que tienen esas obras de caridad para quienes las necesitan.

Más aún, el ejemplo de tantas acciones generosas y aun heroicas de los cristianos católicos me cuestiona sobre la autenticidad de mi fe, que no se traduce suficientemente en amor efectivo a los demás. Pero la fe no es solamente personal: 

“Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. La comunidad cristiana está integrada por seres humanos que, reunidos en Cristo, son guiados por el Espíritu Santo en su peregrinar hacia el reino del Padre y han recibido la buena nueva de la salvación para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se siente íntima y realmente solidaria del género humano y de su historia.[1]

He hablado de ver lo que no se ve y es que, antes de mirar a lo invisible de la Iglesia, es conveniente hacer una reflexión sobre la vida cotidiana para ver lo que no se ve ordinariamente, para entrenarnos en percibir lo que no se ve.

No se ve, a simple vista, casi nada… No se ve el centro de la Tierra ni sus capas intermedias, no se ven las galaxias que forman el universo, no se ve el fondo del mar, no se ve la energía que “sustenta” toda la materia, no se ven las células y moléculas que forman nuestro propio cuerpo, no se ven las neuronas ni las conexiones cerebrales, no se ve la memoria electrónica que nos permite oír, mirar, escribir, transmitir todo lo que la tecnología de las comunicaciones hace posible hoy. 

En nuestra cultura globalizada de la imagen, queda difícil ver lo que es obvio: que lo que no se ve es inconmensurablemente mayor que lo que se ve.  

Mucho menos se suele comprender lo que es comprensible: que lo que no se ve no solo es mucho más que lo que se ve, sino mucho más importante, tanto que sin lo que no se ve no existiría lo que se ve (por ejemplo, sin la memoria electrónica, que no vemos, no podríamos ver lo que escribimos y estamos viendo en la pantalla del computador o imprimimos).

Y no podemos menos de afirmar esa realidad “invisible” si queremos ser razonables. A simple vista, no se ve casi nada, pero es absolutamente razonable afirmar la realidad de lo que no se ve.

Es cierto que, con la tecnología, cada vez más se ve lo que antes no se veía…, pero ¿lo estamos viendo todo? 

No solo en el mundo físico sucede que no vemos lo que no se ve a simple vista; tampoco en el mundo cultural vemos lo que no se ve a “simple vista”. Vemos y se nos muestra, con mayor frecuencia e intensidad, lo negativo, lo violento, lo malo, lo triste, lo doloroso, lo cruel, lo corrupto, lo injusto, lo trágico… 

En Colombia se ha insistido y se insiste tanto en mostrar “la violencia”, la cual se ve y es real…. que casi no se ve ni se muestra lo positivo, lo bueno, lo amoroso, lo alegre, lo “poético”, lo espiritual, lo heroico, lo justo, lo solidario, lo generoso… que es mucho más grande y más real en la cultura nacional que lo que se ve a “simple vista”. Por el hecho de que sea menos visible no quiere decir que sea menor, ni menos real, ni menos importante; más aún, sin todo lo positivo que hay en la cultura colombiana no se daría todo lo lamentable que rechazamos.

Lo que es invisible a simple vista, muchas veces se puede “ver”, si no directamente, sí por sus efectos o sus manifestaciones indirectas; por ejemplo, las imágenes por tomografía asistida por computador (TAC) y la tomografía por emisión de positrones (PET) nos muestran lo que no se puede ver directamente: la actividad cerebral.

Esa es la lógica de lo que intenté decir al hablar de las acciones solidarias: estas son signos visibles de la Iglesia que es “en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano”, del cuerpo completo del Cristo vivo en la comunidad unida por el Espíritu Santo, de la fraternidad cristiana y humana que se fundamenta en la paternidad de Dios.

La Iglesia católica es sacramento universal de salvación en Cristo, signo real; es comunión (communiokoinonía), comunidad, unión de los cristianos en Cristo Jesús y unión de las iglesias locales esparcidas por todo el mundo en la Iglesia universal, especialmente presente en la Eucaristía que conmemora la muerte y resurrección de Jesús en todo tiempo y lugar; es templo del Espíritu Santo; es el nuevo pueblo de Dios; es símbolo del amor de Dios y un camino de verdad, bondad, convivencia y paz para llegar a la unión con Él. Está llamada a la unión con todas las iglesias cristianas y a fomentar la unión de toda la humanidad. ²

La Iglesia es visible en su jerarquía y en su historia como institución humana, pero

“Si solo puede verse ya la Iglesia como una organización humana, entonces solo queda de hecho la desesperación”.³

La Iglesia es mucho más que eso. La Iglesia es también la realidad invisible formada por todos nosotros, con nuestras deficiencias y nuestros valores, nuestras virtudes (fortalezas), nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor, dones del Espíritu de Dios. Es nuestra riqueza, nuestro tesoro, nuestra responsabilidad para con toda la comunidad humana.   

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[1] Concilio Vaticano II (1968). Constitución Lumen Gentium. Madrid: BAC, pp. 29-154.

² Ratzinger Joseph – Benedicto XVI (2015). Obras completas VIII/1: “Iglesia: Signo entre los pueblos”. Madrid: BAC, p. 548.

³ Concilio Vaticano II (1968), Constitución Pastoral Gaudium et spes. Madrid: BAC, pp. 261-262. Para superar las limitaciones de este artículo, se recomienda la lectura de los documentos citados.

Vicente Alcalá Colacios

Enero, 2022

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