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Mauricio Cabrera Galvis

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Que constituyente sí, que constituyente no, que sí se necesita, pero no se puede, que sí se puede, pero no se necesita. Qué debate tan estéril e inútil, que además nos está distrayendo de discutir y trabajar en los verdaderos problemas del país.   

Afortunadamente en medio de tanto discurso vociferante y opiniones politizadas de lado y lado, también hay voces ponderadas y reflexivas que ayudan a poner las cosas en su sitio y plantear los temas de fondo que debe afrontar el país. Es el caso de las declaraciones del nuevo Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que además tienen la ventaja de reflejar la posición oficial del gobierno, porque se dan después de una larga conversación entre el presidente y el ministro, donde se debieron acordar prioridades. 

El ministro sí habló de constituyente, también de reformas constitucionales, de diálogo y acuerdo nacional y del Acuerdo de Paz de La Habana, pero en el orden inverso, definiendo así las prioridades que tendrá su gestión, que ojalá se convirtieran en la hoja de ruta de la política nacional y el presidente la siga, porque aquí el orden de los factores sí altera el producto. 

La implementación del acuerdo de paz 

Su primera prioridad, dijo y repitió en todas las entrevistas que le han hecho, no es la constituyente sino impulsar la implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Para ello, aún antes de posesionarse ya se está reuniendo con los equipos que trabajan el tema de la paz, analizando el estado de la implementación, los logros alcanzados, y los retos del Plan Marco de Implementación y su revisión.  

Muy significativo, además, que el ministro haya reconocido que para avanzar en el Acuerdo no se requieren nuevas leyes, tampoco una reforma constitucional y mucho menos la convocatoria de una constituyente. 

Esto no es un capricho, ni un interés personal por haber participado en las negociaciones con las FARC y en el trámite de las leyes que de allí se derivaron. Es una obligación constitucional del Estado colombiano que el propio presidente ha denunciado que no se está cumpliendo, que sufrió un retraso absurdo en el gobierno anterior que quiso hacer trizas el Acuerdo, y que en éste se ha ralentizado, entre otras cosas por la eliminación de la Consejería del Posconflicto que dejó el proceso, sin una coordinación real entre las entidades del gobierno y los entes territoriales. 

Entre los puntos del Acuerdo que están estancados están los PDETs, Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial de 170 municipios, la ejecución del Plan de Sustitución Social de Cultivos Ilícitos y la reforma rural integral junto con el catastro multipropósito.  

Los tres puntos están relacionados: Respecto del primero, la inversión y la presencia del Estado en esos territorios ha sido muy inferior a la prevista, lo cual ha paralizado la sustitución de cultivos ilícitos y permitido el aumento de las áreas sembradas de coca, pues es la única posibilidad de subsistencia para miles de campesinos que tampoco han visto realizar sus esperanzas de acceder a la tierra prometida con la reforma agraria.  

Además, es claro que el deterioro de las condiciones de seguridad, el aumento de la violencia y la actividad de grupos armados en estos territorios se han hecho posibles por la falta de presencia del Estado. ¡La Paz Total requiere la implementación del Acuerdo de 2016, y que cesen los asesinatos de sus firmantes! 

Las reformas constitucionales 

Cristo ha señalado que el país necesita urgentemente tres reformas: la reforma política y del régimen electoral, la reforma la justicia y la reforma del ordenamiento territorial. No bastan nuevas leyes para hacer las modificaciones necesarias al régimen legal colombiano en estos campos, sino que son necesarias reformas constitucionales. Esa es su opinión que muchos compartimos y otros no. Pero no se trata de imponerla desde el gobierno, sino de buscar un consenso nacional sobre lo que se debe hacer en estos campos. 

La reforma política está planteada en el punto 2 del Acuerdo de 2016, y el año siguiente se trabajó un proyecto concertado con la mayoría de las fuerzas políticas pero que no se concretó. Aunque se ha avanzado con el estatuto de la oposición, quedan otros pendientes como el del Consejo Nacional Electoral y el régimen de partidos (no podemos seguir con 37 pseudo partidos con personería jurídica), que permitan tener una democracia más transparente. 

Lo mismo pasa con la reforma a la justicia. La Comisión convocada por el exministro Osuna tiene propuestas concretas, pero falta incluir temas de orden constitucional como las funciones electorales de las altas cortes, o la comisión de aforados que tumbó la Corte Constitucional en el 2015. 

Y el tema del ordenamiento territorial es uno de los que el ministro viene trabajando desde hace tiempo. Su partido político, En Marcha, presentó una propuesta de reforma constitucional sobre la autonomía territorial y el Sistema General de Participaciones, que permita la descentralización efectiva del país. 

Ante temas tan sustanciales como éstos, la segunda prioridad del ministro es promover un amplio proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas, los sectores sociales y empresariales para buscar un Acuerdo Nacional sobre esas reformas y cómo realizarlas. Sólo si se logra este Acuerdo, será posible adelantarlas. 

¿Y de la constituyente que? 

La conclusión de la posición expresada por el ministro es que primero hay que acordar las reformas, y segundo la forma de realizarlas que en todo caso, debe hacerse de acuerdo con los procedimientos de reforma establecidos en la Constitución del 91, es decir Actos Legislativos, Referendo o Asamblea Constituyente.  

En cualquiera de los tres caminos es indispensable el paso por el Congreso de la República, lo cual solo será posible si se ha construido el consenso político. 

En otras palabras, si se acuerda que la Asamblea Constituyente es necesaria, este será el punto de llegada y no el de partida; es decir que no se trata de convocar una Constituyente para imponer unas reformas, sino de acordar esas reformas y después decidir cómo se deben aprobar.  

Si se realizan estas prioridades del ministro Cristo, será posible superar los debates inútiles y concentrarnos en los problemas urgentes e importantes del país. 

Mauricio Cabrera Galvis 

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia 

Cali, julio 6 de 2024 

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Oye Máchuchal, dámele esta gente

De café negro una taza y todo el mundo pa’ su casa

No hay cama pa’ tanta gente

Gran Combo de Puerto Rico

En medio del candente debate político sobre la reforma a la salud, se presta poca atención al principal problema del sistema en Colombia: no hay recursos suficientes para atender todas las solicitudes de salud de la población. ¡no hay cama pa’ tanta gente!, como cantaba el Gran Combo de Puerto Rico.

Cuando se habla de recursos para la salud, la plata es el principal faltante pero no el único; para una respuesta rápida y total a las demandas de 50 millones de colombianos se necesitan más médicos, enfermeras, personal auxiliar, puestos de salud, camas de hospital, equipos de cirugía y de diagnóstico, insumos hospitalarios, medicamentos, etc.

A pesar de gastar en salud cerca del 8% del PIB, Colombia no tiene la cantidad suficiente de ninguno de esos recursos para garantizar el derecho universal a la salud. Si sirve de consuelo, ningún país del mundo los tiene, ni siquiera aquellos que gastan mucho más que Colombia.

LOS DILEMAS DE LA SALUD

¿Qué hacer cuando los billones de pesos que se gastan en salud no alcanzan para satisfacer todas las demandas de salud de la población? No se trata solo de un problema económico sino que implica complejos dilemas éticos. El más angustioso, que se vivió en la pandemia del Covid, es el de médico con un solo respirador disponible y dos pacientes que lo necesitan con urgencia. Tiene que decidir a quién le asigna el recurso escaso (el respirador), lo que implica decidir quién va a vivir y quién va a morir.

Menos dramáticos, pero más cotidianos, son casos como las cirugías en que no hay urgencia de vida o muerte, o exámenes diagnósticos que pueden esperar, los que se resuelven con listas de espera incómodas para los pacientes pero inevitables cuando no hay suficientes equipos o cirujanos especializados. Por eso comentaba la semana pasada que en los países europeos algunas cirugías deben esperar 6 o 9 meses.

Otros son aquellos dilemas que debe resolver el Estado. ¿Debe el sistema pagar por un multimillonario tratamiento experimental contra el cáncer que si tiene éxito puede prolongar unos meses la vida del paciente, o dedicar esos recursos a campañas masivas de prevención del cáncer de mama que pueden salvar la vida de miles de mujeres? Una pregunta similar es más fácil de responder cuando se trata de tratamientos estéticos o procedimientos que pueden hacer más agradable la vida del paciente, pero que no son indispensables.

Cuando la Corte Constitucional unificó los planes de salud y reiteró el carácter fundamental del derecho a la salud, fue muy clara en señalar que este comprendía “el nivel más alto de salud posible dentro de cada estado”; es decir que no era infinito y que había casos y procedimientos que no estaban cubiertos. El problema radica en que no hay un criterio objetivo y absoluto para decidir cuáles si y cuáles no, y cada vez se multiplican más y más las demandas por nuevos servicios, medicamentos y procedimientos.

EL RACIONAMIENTO DE RECURSOS ESCASOS

Cuando la demanda de cualquier bien o servicio es mayor que la oferta disponible, se produce algún tipo de racionamiento y asignación de los recursos escasos. En el caso de la salud se da de varias formas; la más brutal es la del capitalismo salvaje que predominó en Estados Unidos hasta la ley del Obamacare: solo tienen acceso a los servicios los que pueden pagar por ellos.

Cuando el Estado es quien responde por el derecho universal a la salud pero los recursos no son suficientes, como sucede en los países europeos, la forma de racionamiento son la colas y los tiempos de espera. Por eso, según datos de la OECD para 2020, en España un paciente debe esperar 129 días para un reemplazo de cadera, y 142 días para un reemplazo de rodilla; mejor que en Portugal donde son 241 y 300 días respectivamente. En Chile el 90% de los pacientes tuvieron que esperar más de 3 meses para estas cirugías.

Dos tendencias agravan el déficit financiero del sistema de salud y la necesidad de algún tipo de racionamiento: el primero, que cada día hay tecnologías y medicamentos nuevos que son más costosos que los anteriores. El segundo, que la demanda de servicios ha crecido mucho más rápido que el aumento del PIB, por factores como el envejecimiento de la población, la ampliación de procedimientos cubiertos por el sistema o los abusos de los usuarios. Así, en lo corrido del siglo la demanda de servicios per cápita ha crecido cerca del 40%.

Entre 2019 y 2022 el número de atenciones tramitadas por las EPS (desde medicamentos y consultas médicas hasta trasplantes de corazón) pasó de 714 millones a 784 millones; además la siniestralidad (la relación entre las primas recibidas y los eventos atendidos) en estos años pasó del 90% al 112%. Esto ha llevado a que los cerca de $90 billones que reciben las EPS en el año sean insuficientes para los pagos que tiene que hacer a las IPS, y tengan pérdidas que para los últimos años se estiman en $8.2 billones.

Además de estos factores ciertos y difíciles de controlar que aumentan la demanda hay otros que si deben ser puestos en cintura como son los abusos y fraudes al sistema de salud. Abusos como los precios de ciertos medicamentos, o la facturación de procedimientos innecesarios.

Los fraudes son aberrantes: según una investigación de la Fiscalía 15 clínicas cobraron por medicamentos y procedimientos de alto costo por $21.000 millones por pacientes inexistentes.. En el caso del SOAT mediante falsos accidentes de tránsito, cobros excesivos en procedimientos médicos, sobrecostos en material de osteosíntesis, cobros dobles, o cargos de varios accidentes a una misma póliza se han robado cerca de $500.000 millones.

Ante la dificultad de dedicar más recursos para la salud, una prioridad de política debe ser la búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos disponibles y el control estricto de los usos y abusos del sistema, sobre todo en las IPS que es donde llega más del 90% de la plata.

El debate sobre las EPS no resuelve el problema. Se equivoca el gobierno cuando piensa que acabándolas va a ahorrar plata para disminuir el déficit; se equivocan quienes las defienden pensando que manteniéndolas como están el sistema de salud va a funcionar mejor. Mientras no se destinen nuevos recursos para el sistema y se haga un esfuerzo por controlar los excesos y los abusos del gasto, la alternativa para muchos pacientes será la que cantaba el gran Combo: Pa’ fuera, pa’ la calle.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

Cali, Junio de 2024

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“Mitigar el riesgo de extinción (de la humanidad) derivado de la Inteligencia Artificial (IA)  debe ser una prioridad mundial, junto con la mitigación de otros riesgos que amenazan a la sociedad como las pandemias o la guerra nuclear”. 

Afirmar que la IA es tan peligrosa para el futuro de la humanidad como una guerra nuclear parece una exageración dicha por algunos ambientalistas radicales o por nostálgicos de un pasado pastoril que se oponen a las nuevas tecnologías. Lo sorprendente es que se trata de una declaración firmada por más de 600 de los expertos que han desarrollado la IA o la conocen muy bien, incluyendo a Bill Gates, al creador del famoso ChatGPT y a los presidentes de las tres compañías líderes en IA, OpenAI, DeepMind y Anthropic. 

Estos expertos señalan cuatro grupos de riesgos catastróficos que tiene la IA: Su uso con fines malintencionados, la velocidad de su desarrollo que hace casi imposible controlarla, que se prioricen las utilidades sobre la seguridad y que la autonomía de la IA la lleve a tomar decisiones equivocadas. Estos riesgos están interconectados y “pueden amplificar otros riesgos existenciales como la creación de pandemias, guerras nucleares, totalitarismo o ciberataques a infraestructura crítica”. 

Hace unas semanas analicé la amenaza que puede representar la IA para los empleos y los ingresos de millones de personas, pero el peligro va mucho más allá del mercado laboral, impactando el funcionamiento de la sociedades tanto en sus sistemas democráticos, como en las relaciones sociales por los cambios en la distribución de la riqueza. 

Las amenazas para la democracia 

Muchos analistas creen que la IA puede debilitar el tejido social y socavar los sistemas democráticos que aún existen en el mundo, imponiendo una especie de “algocracia”, que sería la forma de gobierno donde los algoritmos son los que toman las decisiones. 

Le pregunté a los tres chats de IA más usados (Chat GPT, Gemini 1.5 y Copilot), que dirían de ellos mismos, sobre los riesgos que puede representar la IA para la democracia. Esta fue su respuesta con los principales riesgos que identificaron: 

  1. Aumento de la Desigualdad Digital: La adopción desigual de la IA puede ampliar la brecha digital, dejando a algunos grupos socioeconómicos marginados y sin acceso equitativo a la participación política en línea. 
  1. Manipulación de la Opinión Pública: Los algoritmos de IA pueden ser utilizados para manipular la opinión pública y difundir propaganda política, socavando la integridad de los procesos democráticos. 
  1. Concentración del Poder: el desarrollo y la difusión de la IA pueden concentrarse en las manos de muy pocas corporaciones y gobiernos, lo que puede conducir a una nueva forma de tiranía. 
  1. Vulnerabilidad a Ataques Cibernéticos: Los sistemas de IA en la infraestructura electoral pueden ser vulnerables a ataques cibernéticos, comprometiendo la seguridad y la legitimidad de los resultados electorales. 
  1. Pérdida de Privacidad: El uso extendido de la IA en la política puede implicar una mayor vigilancia y recopilación de datos personales, erosionando la privacidad de los ciudadanos y generando preocupaciones éticas. 
  1. Barreras Éticas y Sesgos Algorítmicos: Los sistemas de IA pueden estar sujetos a sesgos algorítmicos y decisiones éticamente cuestionables, lo que puede conducir a la discriminación y a la injusticia en los procesos políticos y democráticos. 

Una mayor concentración de la riqueza. 

Según el estudio del FMI (Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work) la IA puede generar un importante aumento de la productividad y de la producción, pero un cambio mucho más pequeño en la distribución de los ingresos provenientes del trabajo: un aumento del Gini de los ingresos menor al 1% en los países donde hay una gran complementariedad de la IA con la mayoría de los empleos.  

Por el contrario, el impacto sobre la distribución de la riqueza sí es significativo: en todos los escenarios, el Gini de la riqueza tiene un impresionante aumento de alrededor de 7 puntos porcentuales, porque las mayores utilidades provenientes de su uso se concentran en unos pocos -en los propietarios de las empresas desarrolladoras de IA, o de las que la usan con mayor intensidad, así como en los altos ejecutivos de las mismas. Con razón señala el estudio del FMI que este efecto puede ser aún mayor en países donde ya hay una alta concentración de la riqueza, como sería el caso de Colombia. 

El otro impacto que no se puede menospreciar es el de los cambios en la distribución del ingreso y la riqueza entre países, ya bastante desigual. Con la IA es posible que una parte de la producción de bienes que se había desplazado a países en desarrollo, vuelva a los países industrializados (reshoring), lo cual impulsará el retorno de capitales y empleos a estos últimos. El caso más citado es el de los call centers

En una nota final del estudio del FMI que sorprende porque usualmente es poco atento a los aspectos políticos de sus recomendaciones, se alerta por las implicaciones de política económica: “La historia muestra que las presiones económicas pueden conducir a conflictos sociales y exigencias de cambios políticos. Garantizar la cohesión social es prioritario. Las políticas oficiales deben promover la integración ética y equitativa de la IA…” 

* * * 

La conclusión no puede ser impedir el desarrollo de la IA, lo cual no solo es imposible, sino que implicaría prescindir de sus aportes positivos a la sociedad, a la economía y a la misma democracia. El objetivo debe ser fortalecer la gobernanza mundial de la IA, creando instituciones públicas que la orienten al bien común. 

Para ello se requiere una estrecha cooperación internacional que desarrolle marcos regulatorios apropiados, para que las nuevas tecnologías funcionen con apertura y neutralidad, como sucede con Internet, se controlen los monopolios y los riesgos de seguridad y se asegure que las innovaciones sean éticas, transparentes y reguladas para que las máquinas no terminen controlando nuestras vidas y para que no aumenten las desigualdades sociales.. 

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en  Revista CAMBIO 

Abril, 2024

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Según las nuevas proyecciones de la demanda mundial de energía que comenté en una columna anterior, el uso del petróleo y el gas va a seguir creciendo por lo menos hasta el año 2050.

Esta afirmación suscitó dos tipos de comentarios de mis pacientes lectores: uno sobre la comparación con otras proyecciones que muestran un menor crecimiento de los hidrocarburos y otro sobre cuál debe ser la política petrolera de Colombia ante estas perspectivas.

Como afirma el dicho atribuido al premio Noble de física Niels Bohr, es muy difícil hacer predicciones sobre el futuro; existen varios escenarios con diferencias significativas de lo que puede ser la demanda de hidrocarburos en las próximas décadas. Todos coinciden en un crecimiento acelerado de la oferta de energías renovables (sol, viento, biomasa y otras), pero la principal divergencia está en el pronóstico de la demanda mundial de energía.

Las proyecciones de la demanda de energía.

Mientras la oficina de Administración de Información de Energía (EIA) de Estados Unidos proyecta que la demanda total de energía va a crecer 34% hasta el 2050, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estima que, con las políticas actuales, va a ser solo de 21%. Tamaña diferencia explica por qué para la EIA el uso del petróleo y del gas va a seguir aumentando hasta 2050, mientras que para la IEA solo lo hará hasta mediados de la década de 2030.

Para ambas agencias el uso de las energías renovables será similar en 2050; unos 245 trillones de BTUs, igual al de la energía nuclear. Las diferencias están en la evolución del uso de las otras fuentes. Así, para la IEA el consumo de carbón va a disminuir 40%, mientras que para la EIA solo lo hará en un 10%.

En cuanto a petróleo y gas, la IEA proyecta que su consumo hacia el 2050 será prácticamente similar al del 2023, mientras que la EIA sí cree que va a aumentar, en ambos casos, un 22%.

Nadie puede decir cuál de las dos proyecciones es la más acertada, pero sin ser experto en el tema, me parece que son sólidas las tres razones que da la EIA para justificar el mayor crecimiento: el aumento poblacional, el mayor uso de energía en los países pobres y de ingreso medio y el incremento explosivo de los centros de datos y de la inteligencia artificial (IA).

En los escenarios de la EIA, si se asumiera que en los países desarrollados no va a aumentar la demanda de energía, a pesar de un aumento de la población del orden del 10% en el período, y que toda la mayor demanda vendría de los países en desarrollo, el consumo mundial de energía crecería un 28%. Y si las energías renovables crecieran un 10% adicional, aun así, el uso de hidrocarburos no disminuiría antes del 2050.

Dos argumentos adicionales para pensar que el uso del petróleo y del gas no va a disminuir antes del 2050. Uno, aún en las mismas proyecciones de la IEA, crece hasta 2035, y si bien después empieza a disminuir, en el 2050 será similar al del 2023. Dos, aunque el crecimiento de la demanda de energía fuera menor, lo que esto implicaría sería un menor uso del carbón que es el hidrocarburo más contaminante, de manera que el uso del petróleo y el gas no se reduciría.

La política de transición energética en Colombia.

Son varias las implicaciones para la política de transición energética en Colombia: primera, como se trata de una transición energética justa, a diferencia de los países desarrollados, nosotros tenemos que aumentar la oferta de energías para que puedan tener acceso a electricidad y a medios de transporte los millones de colombianos que hoy no lo tienen. Por supuesto hay que hacerlo con fuentes de energía limpias, pero es indispensable utilizar también el gas.

Segunda, si el resto de mundo va a continuar utilizando petróleo y gas, Colombia tiene que seguir explorando y produciendo; no tiene ningún sentido que nosotros dejemos de producir el mínimo 0.7% de la oferta mundial de petróleo, para que este sea reemplazado por los árabes, Venezuela o Guyana, sin ningún beneficio para el planeta.

Tercero, debemos aumentar la exploración y producción de gas natural para garantizar el abastecimiento del país y ojalá para poder desarrollar una industria de exportación de gas licuado (LNG) que es el combustible que más crecerá en el mercado mundial. Además, debemos prepararnos para la caída de las exportaciones de carbón, que han llegado a ser más de USD 10.000 millones, porque el consumo mundial de este combustible sí va a disminuir en todos los escenarios.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Artículo publicado en CAMBIO, Colombia

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Dos amenazas se ciernen sobre el proceso de creación de empleo y, por lo tanto, sobre las posibilidades que van a tener las grandes mayorías de la población de encontrar empleos decentes que les proporcionen ingresos para una vida digna: uno, la creciente automatización y el mayor uso de robots en los procesos productivos; dos, el desarrollo de la inteligencia artificial generativa (Gen-IA) que es capaz de generar productos y contenidos que reemplazan a los humanos. Es lo que se ha denominado la cuarta revolución industrial:

 “La automatización va a destruir millones y millones de empleos”. “Con la inteligencia artificial cada vez habrá menos trabajos que un robot no pueda hacer mejor, y esto representa un gran desafío social por el desempleo masivo que se va a crear”. Son afirmaciones de gente que sabe por qué lo dice.

La primera es de Harari, el historiador que ha analizado, con mucho acierto, las grandes tendencias de la humanidad; la segunda es de Elon Musk, no solo uno de los hombres más ricos del mundo, sino uno de los empresarios que más está impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial.

Automatización y trabajos manuales

La utilización de máquinas para sustituir de manera más eficiente las labores realizadas por los trabajadores ha sido la característica central del desarrollo desde las épocas de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII. Pero siempre había sido un proceso de destrucción creativa, para usar el término de Schumpeter, es decir, a la vez que se destruían puestos de trabajo en algunos sectores, se creaban otros nuevos en otras industrias.

Cuando una empresa compra maquinaria para automatizar su producción, despide trabajadores, pero las empresas que fabrican las máquinas tienen que contratar más trabajadores, lo mismo que las que les prestan servicios de mantenimiento y reparación. 

Por supuesto este ciclo de reemplazo es mucho menor en países como Colombia que solo producen maquinaria “simple” y que tienen que importar todas las nuevas tecnologías de automatización. La destrucción de empleo acá se traduce en creación de empleo en los países desarrollados productores de la maquinaria.

Ya hay estudios económicos que confirman y cuantifican estas afirmaciones. En Colombia la semana pasada pasó desapercibido un comunicado de Fedesarrollo que reseña un estudio realizado por ese centro de investigaciones para el BID sobre los efectos de la automatización y el cambio tecnológico en el futuro del mercado laboral de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

La conclusión del estudio no puede ser más alarmante: “Seis de cada diez empleos en Colombia están en riesgo de automatización”. (exactamente el 58 %) Por supuesto, el riesgo es diferente según el sector y la profesión, siendo mucho más grande en aquellos empleos que involucran tareas repetitivas en la agricultura, la industria manufacturera y servicios administrativos, contables y de atención remota a clientes.

El impacto total en Colombia es cercano al promedio de los países estudiados, como se ve en el gráfico, pero es mucho mayor en el personal administrativo y en los trabajadores de servicios, mientras que en los otros cuatro países andinos el impacto más grande es en los trabajadores agrícolas.

Inteligencia artificial y trabajos profesionales

Otro documento muy reciente es del FMI (Gen-AI: Artificial Intelligence and the Future of Work), y sus conclusiones son todavía más preocupantes. Su punto de partida es optimista, pues reconoce que la nueva revolución tecnológica va a aumentar la productividad, acelerar el crecimiento y aumentar la riqueza, pero según palabras de Kristalina Georgieva la directora del FMI,  al mismo tiempo “va a destruir empleos y aumentar la desigualdad”.

Al cuantificar encuentran que el 40 % del empleo mundial está amenazado por la IA, con un agravante pues mientras la automatización tradicional reemplazaba trabajos manuales con actividades rutinarias, la IA va a reemplazar empleos calificados y de profesionales. Por esa razón, en los países desarrollados hasta el 60 % de los trabajos van a ser impactados por la IA, mientras que en las economías emergentes solo el 40 %, y en los países más pobres el 26 %.

El proceso es este: un grupo de trabajadores y profesiones van a aumentar su productividad utilizando la IA y, en consecuencia, aumentarán sus salarios. Por el contrario en otros sectores la IA va a empezar a realizar funciones y trabajos que se creía eran exclusivos de hombres y mujeres, con lo cual la demanda por estos trabajadores va a disminuir, reduciendo el empleo y los salarios.

Ya no se trata solo de la automatización de cadenas de producción sino de robots que sin necesidad de una persona que los maneje cuidarán enfermos, enseñarán en las escuelas patrullarán las calles, atenderán las recepciones de edificios y oficinas, o llevarán la contabilidad de las empresas; se trata de buses y taxis sin conductor o, lo más escalofriante, de robots soldados equipados para matar a su propia discreción. 

Las consecuencias sociales de estas tendencias son muy graves, y no se reducen a un descomunal incremento de la desigualdad. Harari dice que mientras que con la revolución industrial surgió una clase social proletaria, con  la IA va a surgir una nueva clase social inútil para el sistema económico y social, por lo cual la lucha de los trabajadores no será contra la explotación sino contra la irrelevancia. Es mucho peor ser irrelevante que ser explotado.  

A finales del siglo pasado de la escritora francesa Viviane Forrester dijo en su libro  El horror económico que  “si hay algo peor que la explotación del hombre por el hombre es la ausencia de explotación”.

Musk afirma algo similar, lo cual no deja de ser sorprendente. Para él el problema económico del desempleo masivo se puede resolver con una renta básica universal que el Estado entregue a todos, aunque no dice de dónde va a salir la plata para pagarla, pero el reto más grande es cómo darles significado a la vida de personas que se sienten inútiles. Sin trabajo se pierde el sentido y el significado de la vida.

El problema no son los robots ni la IA. Es muy bueno que haya cada vez más personas liberadas de tareas rutinarias y repetitivas, y así tengan mas tiempo para sus familias, la diversión y la cultura. El problema es quiénes serán los propietarios de esas máquinas que se pueden apropiar de la enorme plusvalía que generan, mucho mayor que la de un trabajador común y corriente. Si los dueños van a ser unas pocas megacorporaciones multinacionales, con el monopolio de esa tecnología no habrá régimen de impuestos, ni siquiera las propuestas de Piketty, que pueda atajar el crecimiento de la desigualdad.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en Revista CAMBIO -Colombia

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En la jerga de los financieros, 200 puntos básicos (p.b.) es lo que para el resto de los mortales es un 2%. Cualquiera sea la forma como lo quiera uno llamar, este es el monto que la Junta del Banco de la República debería bajar la tasa de interés de política monetaria (TBR) en su próxima reunión de fin de mes.

Nadie se atrevería a afirmar hoy que el Banco no debe bajar su tasa. Lo que se discute es el tamaño y la velocidad de la reducción. De hecho, la mayoría de los analistas esperan una rebaja entre 50 a 75 p.b., pero en las circunstancias actuales de la economía eso sería muy poco, por varias razones.

LA INFLACIÓN BAJA, LA TBR NO

Para empezar con el argumento que más le importa a la Junta del Banco: la inflación ha bajado mucho más rápido de lo esperado, mientras que la tasa de interés se ha quedado pegada del techo, de manera que hay bastante espacio para la reducción.

En efecto, la variación del IPC (línea verde del gráfico) alcanzó un punto máximo de 13.3% en marzo del año pasado y, desde entonces, inició un proceso descendente con disminuciones todos los meses; se espera que al final de este mes se ubique alrededor de 7.4%, es decir una caída de casi 600 p.b. (para hablar como los financieros) en 12 meses. Por su parte, el máximo de la TBR (línea azul del gráfico) fue de 13.25% en mayo de 2023, y desde entonces la Junta solo se ha movido dos veces para bajarla a 12.75%, es decir solo 50 p.b.

Como consecuencia, hoy la diferencia entre la tasa de interés y la de inflación es de casi 5.5%, y sería aún más alta si se tomaran en cuenta las expectativas de inflación. Es una postura de política claramente contractiva -la más contractiva en lo que va corrido del siglo- que algunos podrían justificar aduciendo que la inflación está todavía por encima de la meta del Banco, que está en un rango entre 2% y 4%. Sin embargo, resulta excesiva si se toman en cuenta las tendencias de los precios y el estado de la economía.

Cuando la inflación es de costos, la subida de las tasas de interés sí sirve para controlar el alza de precios, pero lo logra poniendo un freno de mano a la demanda agregada y, por lo tanto, al crecimiento económico. Es lo que ha pasado en Colombia el último año.

AD PORTAS DE LA RECESIÓN

La segunda razón para acelerar la baja de la TBR es porque el país está en riesgo de caer en una recesión. El indicador del DANE (línea roja del gráfico) mostraba que al cierre del año pasado la economía escasamente crecía al 0.1% anual, y según las mediciones de Bancolombia en este año, el nivel de actividad económica completa dos meses consecutivos en terreno de contracción (-1,6% y -0,6%, respectivamente), con caída en sectores tan importantes como la construcción, el comercio, y la industria.

Son dos las principales políticas contracíclicas que se pueden utilizar para reactivar una economía: la monetaria y la fiscal. En las actuales circunstancias, la primera, es decir la baja de la tasa de interés, es la que se puede y se debe utilizar. Al bajar el costo del crédito se va a estimular el consumo de los hogares, la compra de vivienda y de vehículos y, por supuesto, muchos proyectos de inversión volverán a ser rentables. En una palabra, se reactivará la demanda agregada, lo que jalona la producción.

El otro instrumento que es el gasto público está muy limitado por el tamaño del déficit fiscal y el aumento de la deuda pública, de manera que a pesar de los llamado de los gremios a que el gobierno gaste más, no se podría hacer este año sin romper la regla fiscal.

Hay una razón adicional para bajar la TBR, que no es menos importante: el alto nivel de las tasas de interés domésticas frente a las internacionales es un imán poderoso para la atracción de capitales golondrina que, al aumentar la oferta de dólares, está presionando a

la revaluación de la tasa de cambio que ya ha caído por debajo de los $3 900.

Esta revaluación está afectando a todos los exportadores, cafeteros, floricultores, industriales y hasta a Ecopetrol, pues se está reduciendo el valor de sus ingresos en pesos. El impacto más grande lo tienen aquellos que son intensivos en mano de obra, pues el aumento de los salarios ha sido mayor que la inflación doméstica. Desestimular estas exportaciones va a agravar la caída de la producción.

200 puntos básicos es la reducción inmediata que debe hacer la juta del Banco a su tasa de interés, pero es solo la primera de una serie de rebajas que este año deben llevar la TBR a una postura neutra respecto de la inflación, es decir a niveles del 6%.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en Cambio

Cali, marzo 16 de 2024

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¡Toda inflación es de vendedores! No es esta una afirmación para terciar en la polémica reciente sobre el papel de las utilidades empresariales en la inflación, sino una simple constatación empírica que, en el proceso de definir los precios de la mayoría de los bienes y servicios, los vendedores tienen la última palabra.

Tampoco es un juicio moral de buenos y malos. Los vendedores no suben los precios porque sean perversos, así como los trabajadores tampoco son malos cuando presionan por el alza de sus salarios. Todos son agentes que buscan su beneficio personal de acuerdo con las reglas del sistema económico, esperando que la mano invisible produzca el beneficio colectivo, pero en realidad requiere la mano visible de un Estado eficiente para corregir sus excesos.

Una aritmética sencilla y unos cuantos ejemplos sirven para comprobar que son los vendedores quienes suben los precios, con la salvedad de que también es cierto que son ellos quienes bajan.

Utilidades y espiral inflacionaria

Más allá de las sofisticadas estimaciones econométricas, una aritmética sencilla sirve para explicar el tema. Los factores que inciden en la determinación del precio de un bien son el costo de las materias primas, los salarios, los costos operativos y las utilidades. Suponiendo que se distribuyen como en la primera línea del cuadro para sumar 100, veamos qué pasa en el corto plazo cuando suben los insumos o los salarios.

En el caso (A), por la guerra de Ucrania, por la devaluación o por cualquier otra causa externa, el costo de las materias primas subió un 20% de 50 a 60, y en el corto plazo los salarios y los costos operativos se mantuvieron constantes. Entonces pueden ocurrir dos escenarios: uno que los precios no suban, para lo cual es necesario que las utilidades bajen

de 15 a 5; el otro, que los empresarios quieran mantener sus utilidades constantes, para lo cual deben subir los precios un 10% a 110, generando inflación y pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.

A veces sucede que ante la noticia de un aumento del 20% en el costo de los insumos, un empresario logre subir sus precios hasta en el mismo 20% (a 120), caso en el cual sus utilidades se incrementarían de 15 a 25, y los trabajadores perderían más. Es la pugna distributiva.

En el caso (B), por un aumento del salario mínimo se eleva este componente del precio de 20 a 25, y entonces tenemos los mismos dos escenarios del caso anterior: el aumento de salarios no se transmite a los precios, para lo cual las utilidades tienen que reducirse a 10, o suben los precios a 105 y hay inflación para que las utilidades se mantengan constantes.

La decisión de subir precios

La descripción anterior es una simple identidad contable que no dice nada de causalidades de la inflación ni de quién toma las decisiones de subir los precios. Unos ejemplos de la vida real ayudan a saberlo.

Un ejemplo de libro de texto. El campesino que sale loco de contento con su cargamento para la ciudad y va con su camioncito lleno de bultos de papa caucana a la central de abastos de Cavasa, preocupado porque su vecino le dijo que el día anterior la habían pagado a $50.000 el bulto. Sin embargo, en el radio oye la noticia de que después de que el pasó por Caloto hubo un bloqueo en la vía Panamericana y no dejaron pasar más camiones.

Cuando nuestro campesino llega a Cavasa, ve que son muy pocos los vendedores de papa y muchos los que quieren comprar, de manera que ya están ofreciendo a $60.000 por el bulto. El ve su oportunidad y decide que solo va a vender a $70.000; lo logra y a diferencia del jibarito de borinquen, no vuelve triste sino loco de contento para su hogar que es toda su ilusión. Había más demanda que oferta, pero la decisión de subir el precio la tomó el vendedor.

Otro vendedor de mayor tamaño, el gerente de una empresa avícola al que le avisan que los futuros de maíz se dispararon por una guerra en Europa y consulta a su junta directiva qué debe hacer con los precios de los pollos y los huevos. Unos le dicen que como tiene inventarios de maíz comprados a precios bajos puede esperar a que lleguen los nuevos embarques para subir los precios, pero la mayoría decide aprovechar la oportunidad y subirlos inmediatamente porque se sabe que los competidores lo van a hacer. Hay un incremento del costo de las materias primas, pero la decisión de subir el precio la tomó el vendedor y el gerente se ganó una bonificación por aumentar las utilidades.

A veces no es una decisión de personas sino de algoritmos, como es el caso de los tiquetes aéreos. El precio base de un tiquete Cali-Cartagena puede ser $150.000, pero las aerolíneas tienen sofisticados algoritmos para predecir, con base en las ventas y las consultas en sus páginas web, cuándo la demanda va a ser mayor que las sillas disponibles, y duplican o triplican los precios. Es un robot el que sube los precios, pero fue programado por los vendedores que tomaron la decisión de hacerlo así.

En el segundo ejemplo hay un choque externo que aumenta los costos, mientras que en los otros dos es el exceso de demanda el que presiona a la inflación, pero en los tres casos la decisión de subir los precios de los bienes o servicios es del vendedor, no porque sea una mala persona, sino porque actúa en el mercado como un agente racional que busca maximizar sus ganancias.

* * *

ADENDA: Van 412 firmantes de paz y 1.456 líderes sociales asesinados desde la firma del acuerdo en 2016. Para que no se olviden sus nombres ni se conviertan en simples estadísticas, Defendamos la Paz convocó a un emotivo duelo colectivo, con cajas vacías y flores blancas por cada uno de los asesinados, que es también un clamor por la Vida y por la Paz para que no continúe la matanza. ¡Para la guerra nada!

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en Cambio

Cali, febrero 24 de 2024

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Esta es la crítica más leve que se puede hacer a la reciente decisión de la Junta del Banco de la República de rebajar de 13% a 12.75% su tasa de interés: ¡Se demoraron mucho en hacerlo, y la bajaron muy poco, solo 0,25%!

Hay que recordar que la tasa de intervención (TIB) es la herramienta que utiliza el Banco para controlar la inflación y mantenerla en su meta de 3% anual. Si la inflación sube por encima de esta meta (sin importar la causa) el Banco sube la TIB para enfriar la economía, disminuyendo el consumo y la inversión. Cuando se estanca la actividad productiva y la inflación baja por debajo de la meta, el Banco baja la TIB para estimular la economía, como lo hizo con éxito en la pandemia, cuando la inflación y la TIB llegaron a mínimo históricos de 1.5% y 1.75% respectivamente.

Desde marzo de 2021, la inflación comenzó a acelerarse por las secuelas de los problemas de transporte y contenedores que dejó la pandemia, por la invasión rusa a Ucrania que elevó el precio de los energéticos y por la escasez de alimentos y materias primas, agravada en Colombia por factores climáticos y de infraestructura vial; así llegó a un máximo de 13.3% dos años después.

Sin importar que las causas del rebrote inflacionario eran principalmente choques de oferta, la respuesta del Banco fue la tradicional de reducir la demanda para lo cual elevó la TIB en trece ocasiones hasta llevarla a 13.25% en mayo de 2023.

Desde que el Banco empezó a aplicar su política con el enfoque de la “inflación objetivo” es

la primera vez que eleva la TIB de una manera tan acelerada. El único episodio comparable sería lo ocurrido en 2014 y 2015, cuando la inflación pasó de 1.7% a 8.6 en 30 meses, pero el Banco solo subió su tasa de 3.25% a 7.25%

Muy tarde

La decisión del Banco es tardía por varias razones: primera, porque los dos últimos aumentos de la TIB los hizo el Banco cuando la inflación ya había bajado en más de 1%; segunda, porque mantuvo la TIB en su nivel máximo hasta diciembre del año pasado, es decir durante 8 meses, aunque en ese período la inflación se redujo cerca del 10%.

La última razón, y la más importante de todas, es que hace casi un año el Banco ya había logrado su objetivo de frenar el consumo y la inversión, y así enfriar la economía. En efecto, después de alcanzar un crecimiento del PIB de 7.3% en 2022, para abril del año pasado, el DANE reportaba una caída del 0.9% en su indicador de crecimiento de la economía, y el año cerró con un mínimo crecimiento de alrededor del 1%.

Es indiscutible el impacto de la subida de las tasas de interés sobre la actividad productiva. Por el encarecimiento de los créditos de consumo, los hogares están usando menos las tarjetas de crédito y compran menos bienes y servicios; la caída en las ventas de vehículos también se debe en buena parte al mayor costo de los créditos, y en el caso de la vivienda, se han dado miles de desistimientos de compradores de proyectos en planos ante la imposibilidad de cubrir el mayor valor de las cuotas.

Un indicador de esta caída de la demanda es el comportamiento de la cartera de créditos del sistema financiero. Descontando la inflación, la cartera comercial bajó 6%, la de consumo 11% y la de vivienda 3%. También los deudores han dejado de pagarle a los bancos, de manera que la cartera vencida se disparó 32% la comercial, 53% la de consumo y 25% la de vivienda.

Muy poco

También es tímida e insuficiente la decisión de bajar solo 0.25% la TIB. La diferencia con la tasa de inflación de enero será de 4.3%, que es la máxima registrada desde el año 2000. Y como no habrá decisiones de la Junta sino hasta finales del mes de marzo, y la inflación continuará descendiendo, esta diferencia se ampliará por encima del 5%.

No se puede argumentar que los bancos centrales son cautelosos al momento de modificar sus tasas de interés. El Banco ha sido mucho más agresivo cuando se trata de subir la TIB. En los dos últimos años la subió de un golpe 1.5% en dos oportunidades, y también 1% en 5 ocasiones. Tampoco se compadece ese mínimo cambio con las expectativas de inflación de los analistas, que para el 2024 se han reducido a 5.2%

Lo grave de ir tan lento es que el crecimiento seguirá frenado, pues el impacto de las menores tasas sobre la actividad económica tiene un rezago de unos 6 meses. Así las cosas, aún si el Banco acelerara la disminución de la TIB en los próximos meses, su efecto sobre las tasas de interés de la banca y, por lo tanto sobre la reactivación del consumo y la inversión, solo se sentirá al final del año.

El mismo Banco lo reconoce, pues su estimativo de crecimiento del PIB para 2024 es de solo 0.8%, lo cual es una profecía autocumplida pues en sus manos está estimularlo más si actuara más rápido.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Artículo para CAMBIO

Cali, Febrero 3 de 2024

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Sorprende la fuerte reacción de los voceros del sector empresarial y de algunos periódicos contra un estudio de los técnicos del Ministerio de Hacienda sobre “la inflación de vendedores” en Colombia, es decir sobre el papel de las utilidades empresariales en el aumento de los precios. El Consejo Gremial respondió señalando 24 críticas al estudio y sendos editoriales de El Tiempo y Portafolio se apresuraron a descalificarlo. Se nota que la sensibilidad sobre este tema está a flor de piel.   

El año pasado, en este mismo espacio, comenté varios estudios internacionales sobre el tema, que también se empezó a denominar la “inflación por avaricia” (greedinflation), que coincidían en la conclusión del análisis del FMI según el cual en los últimos años: “Las crecientes ganancias empresariales explican casi la mitad del incremento de la inflación en Europa, en la medida en que las empresas aumentaron sus precios mucho más que el incremento del costo de la energía importada”. 

La inflación de vendedores en Colombia 

El estudio de Minhacienda aplica la metodología de esos estudios al caso colombiano, y no es de extrañar que, después de un detallado análisis empírico, llegaran a conclusiones similares, que vale la pena resumir pues han sido malinterpretadas por los gremios y los medios.

Para los autores los procesos inflacionarios tienen tres etapas: “i) impulso, ii) propagación y amplificación, y iii) conflicto con los trabajadores”. Según ellos, en el caso colombiano reciente, el impulso vino tanto en choques de oferta (la pandemia, la invasión a Ucrania, la caída de la producción de alimentos, etc.) como de demanda (el aumento del gasto de consumo de los hogares). 

Debe resaltarse este punto, pues parece que los críticos del estudio no lo leyeron y demuestran desconocer los factores exógenos, de oferta y demanda, que impulsaron la aceleración reciente de la inflación en Colombia. 

En la etapa de amplificación identifican un papel importante de las utilidades por cuanto ante el aumento de sus costos en los años 2020 a 2022, las empresas con poder de mercado los transmitieron a los precios al consumidor para mantener sus márgenes de utilidad. Lo mismo sucedió en Europa. En 2023 se dio la tercera etapa pero no por la vía del conflicto, sino del aumento real del salario mínimo que permitió la recuperación del ingreso real de los trabajadores.

Una comprobación empírica de estas conclusiones es el mayor crecimiento de las utilidades empresariales en 2021 y 2022, muy por encima del crecimiento de los costos laborales y de las tasas de incremento de las mismas utilidades en lo corrido del siglo hasta la pandemia. En el gráfico de los autores también se observa que en 2023 se revierte la tendencia y crecen más los costos laborales.

La pugna distributiva y la desigualdad en Colombia.

Según este tipo de análisis, después de los choques exógenos que inician un proceso inflacionario, éste se convierte en una “pugna distributiva”, como la denominó Raúl Prebisch, el gran teórico de la Cepal, en la cual los cambios en los costos y los precios llevan a cambios en la participación de las utilidades y los salarios en el ingreso nacional, generándose un potencial conflicto social, donde el grupo perdedor trata de recuperar su tajada del pastel.

Así, la reproducción y ampliación de la inflación sería el resultado de la pugna distributiva entre grupos sociales. En palabras de Albert Hirschman. “la inflación se inicia o se intensifica, a menudo, cuando un grupo social tiene poder e influencia suficiente para obtener riqueza o ingreso adicional para sí mismo, o para escapar a la participación en alguna pérdida sufrida por la economía (….) con la inflación, cada grupo puede desarrollar su comportamiento conflictivo y demostrar su poder…¨

La visión tradicional ha señalado a los aumentos de salarios como el principal factor de la propagación y amplificación de la inflación en Colombia. Pero una conclusión interesante del estudio es que, desde los años 70 del siglo pasado “las utilidades han aportado más a la inflación que la remuneración de los asalariados”, pues han representado en promedio un 60% del aumento de los precios, medidos por el deflactor del PIB, mientras que los costos laborales solo han sido en promedio el 33%. En los dos últimos años la contribución de las utilidades subió al 77%.

Esta comprobación fáctica es, sin duda, una de las explicaciones a la alta y permanente desigualdad de la distribución del ingreso en Colombia En lugar de descalificar documentos técnicos con argumentos ideológicos se debe reflexionar sobre sus hallazgos para adoptar las políticas que permitan tener un país más equitativo.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista Cambio

Enero 20 de 2024

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Frente a la propuesta del presidente Petro de realizar otra reforma tributaria para bajar los impuestos a las empresas, aumentando los de las personas naturales, surgen varios interrogantes tales como: ¿Se necesita una nueva reforma tributaria y de que tipo?, ¿Quiénes deben pagar más impuestos para compensar la rebaja a las empresas? y, el más complejo, ¿Es posible que una reforma de este tipo sea aprobada este año en el Congreso?

Estas preguntas son más relevantes si se recuerda que desde 1990 se han hecho nada menos que 22 reformas tributarias, en promedio una cada 18 meses, y se suponía que la del 2022 era la única que iba a tramitar este gobierno.

¿Se necesita una nueva reforma tributaria?

La respuesta a esta pregunta es claramente afirmativa, por dos razones. Primera, para lograr el objetivo planeado por el presidente que es un cambio de la estructura tributaria del país, recomendado por expertos nacionales e internacionales, pues Colombia tiene una de las tarifas de impuesto corporativo más altas de la región y de la OECD, y una de las participaciones más bajas de las personas naturales en los ingresos fiscales.

En la discusión de la reforma del ministro Ocampo se planteó la posibilidad de reducir progresivamente la tarifa corporativa, que había sido aumentada en 5 puntos en la última reforma del gobierno Duque, pero al final primó la necesidad de garantizar un aumento de los ingresos fiscales para financiar los programas sociales del gobierno.

La segunda razón es que se necesita aumentar el recaudo tributario para compensar los menores ingresos generados por las sentencias judiciales (como aceptar la deducibilidad de las regalías) y el menor crecimiento económico, así como para cubrir el mayor costo del servicio de la deuda en los próximos años.

En otras palabras, a pesar de que el ministro de Hacienda ha dicho que la reforma debe ser neutra, es decir que no buscaría aumentar los ingresos fiscales sino solo recomponer las cargas entre las empresas y las personas, la realidad es que sí se necesitan más ingresos.

¿Quiénes deben pagar más impuestos?

Si las empresas van a pagar menos y se necesitan ingresos adicionales, ¿de dónde va a salir la plata?, o para ser más precisos, ¿quiénes van a pagar más? Ante todo, hay que descartar la manida fórmula del simple aumento de tarifas a quienes ya pagan; en particular los nuevos tributos no deben recaer sobre los asalariados y trabajadores independientes de altos ingresos, que ya verán un significativo aumento en los impuestos que deben pagar este año.

El ministro ha planteado una gestión administrativa de la DIAN para reducir la elusión con mayores controles a las empresas familiares que asumen los costos y gastos de sus accionistas -hasta el mercado, ha dicho-. Es una medida conveniente y necesaria, pero no se sabe todavía si daría el monto necesario de recursos nuevos. Además, podría

complementarse con una tarifa más alta para aquellas empresas familiares que no tengan actividades productivas.

Para lograr un verdadero cambio en la estructura tributaria del país se deben plantear propuestas diferentes y retomar algunas que ya han sido negadas en el Congreso por el cabildeo de los afectados. Para suscitar el debate se mencionan algunas:

Hacer progresivo el impuesto de renta a las empresas, estableciendo un tope de unos $500 millones a la devolución del IVA, a las compras anuales de bienes de capital de todas las empresas. Las pymes que inviertan hasta $2.500 millones anuales recibirían el 100% del IVA, y empresas más grandes con mayores inversiones recibirían un porcentaje menor.

Eliminar la exención del Impuesto de Timbre a las escrituras de compraventa de bienes inmuebles de valor superior a 10.000 UVT, con una escala progresiva de acuerdo con el valor del inmueble. Este es un tributo de fácil recaudo que es utilizado en muchos países del mundo con tarifas hasta del 10% o más.

Incluir a todas las iglesias dentro del régimen especial para las entidades sin ánimo de lucro.

Ampliar el impuesto al consumo de bienes de lujo (Luxury tax), que de alguna forma ya se aplica, por ejemplo, a vehículos de alta gama.

Establecer regalías variables para minerales como el carbón o el oro que aumenten de acuerdo con las variaciones de sus precios internacionales.

¿PASARÁ EN EL CONGRESO UNA NUEVA REFORMA?

En las circunstancias actuales, la respuesta inicial a esta pregunta sería negativa. La agenda legislativa está muy congestionada con el trámite de las reformas pensional, laboral y de la salud. Además, las relaciones entre el gobierno y el Congreso no están en su mejor momento.”

Sin embargo, todo depende de la prioridad que le asigne el gobierno a esta necesaria modificación del régimen tributario. Si queda en la cola detrás de las otras reformas, entonces 2024 no será el año de una nueva reforma tributaria, y habrá que esperar otro momento.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Artículo para CAMBIO

Cali, enero 13 de 2024

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Víspera de Navidad 2023. No sería grato distraer a los lectores del espíritu navideño con una árida columna de análisis económicos del año que pasó o pronósticos del que viene. En esta época se debería hablar del niño que nació en Belén, de su mensaje de paz y amor, de los regalos debajo del árbol, de los deseos de prosperidad para el año nuevo, de tantas cosas bonitas de estas festividades.

Pero como diría Bertolt Brecht, hay tiempos en que “hablar sobre árboles es casi un crimen, porque supone callar sobre tantas y tantas alevosías”. Porque es imposible pensar en lo que pasó en el portal de Belén hace más de 2.000 años y no recordar que hoy Belén queda en Palestina, región desgarrada este año por las masacres terroristas de Hamás contra pacíficos kibutz, y por los bombardeos genocidas del ejército de Netanyahu contra la franja de Gaza.

Mientras los ángeles celebran el nacimiento del niño Jesús cantando “Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad”, en esa misma tierra son asesinados cientos, miles de niños: en el sanguinario ataque de Hamás 40 fueron los niños y bebés israelís, y van más de 9.000 chiquillos palestinos asesinados en Gaza en los ataques indiscriminados contra la población civil. 

Las imágenes que transmiten los noticieros y las redes sociales son terroríficas y conmueven hasta al más insensible. Bebés despedazados en el kibutz, niños derramando sangre entrando a un colapsado hospital en los brazos de algún desconocido porque sus padres murieron, otros deambulando como zombies entre los escombros de lo que eran sus hogares en ciudad Gaza buscando a sus padres o hermanos. Y los sobrevivientes bebiendo aguas contaminadas y mendigando un pedazo de pan.

Con esta absurda ley del Talión centuplicada, Netanyahu reclama cientos de ojos por uno, y Gaza se ha convertido en un cementerio de niños, por los muertos por las bombas asesinas, por los miles más de heridos, por los miles de huérfanos que vieron desangrarse a sus padres, y no se sabe cuántos más fallecerán por el hambre y las epidemias causadas por las condiciones infrahumanas que viven como refugiados en su propio país.

Han sido inútiles los llamados internacionales para que Netanyahu muestre un mínimo de humanidad, para que cese el fuego, para que paren los bombardeos contra civiles indefensos, para que se permita la entrada de alimentos, agua y medicinas. El ejército de Netanyahu continúa su mortífera misión de querer exterminar a los terroristas de Hamás, sin importar cuántos inocentes caigan en el camino. Para los sionistas radicales es un paso necesario para su objetivo de expulsar a los palestinos de la que consideran su tierra prometida.

Criticar al genocida Netanyahu y sus políticas de apartheid, o insistir en la creación de un estado palestino no es ser antisemita ni odiar a los judíos. Porque no todos los palestinos son Hamás, ni todos los israelíes son Netanyahu. Y sobre todo porque es lo que más les conviene a los mismos judíos para la supervivencia pacífica del estado de Israel y para que recuperen la estatura moral que han perdido ante el mundo con este genocidio.                                                                                                            

Soy de la generación que creció admirando al pueblo judío. Su resiliencia frente a las atrocidades del Holocausto, la resistencia del gueto de Varsovia contra los tanques de Hitler, o la travesía de los sobrevivientes del genocidio nazi para construir un estado judío narradas  por León Uris en sus novelas Mila 18 y Exodus, eran ejemplos claros de heroísmo que emocionaban el corazón de un adolescente.
Las acciones armadas de la Haganah y el Irgun para sacar a las autoridades británicas de Palestina eran un símbolo de la lucha contra el imperialismo, sin importar sus métodos terroristas. Luego, las primeras luchas del pequeño estado de Israel contra los vecinos árabes reforzaron la imagen del pequeño David derrotando al gigante Goliat.

Pero las cosas cambiaron; después de la Nakba (la catástrofe) palestina que desplazó y volvió refugiados a más de la mitad de la población árabe palestina, David se creció y ahora es el gigante poderoso y armado hasta los dientes que, con un gobierno de extrema derecha y la enorme ayuda militar norteamericana, impone su ley a sangre y fuego.

Para poder volver a admirar al pueblo judío es necesario que en el Belén de Palestina se pueda volver a celebrar la Navidad en paz.

ADENDA 

Tampoco en Colombia tenemos muchos motivos para celebrar la paz de la Navidad. Solo este año se han cometido 93 masacres y ha sido asesinados 187 líderes sociales y 44 firmantes del Acuerdo de Paz, completando un total de 1.595 líderes y 406 firmantes asesinados desde la firma del Acuerdo. 
Sin embargo, debemos mantener la esperanza de que podremos construir un país más justo e incluyente en el que podamos vivir en paz. Es mi deseo para mis pacientes lectores en 2024.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en Revista Cambio– Colombia

Diciembre, 2023

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El anuncio del gobierno de llevar de una vez el precio del diésel para los grandes consumidores a unos $16.000/galón para empezar a disminuir el enorme déficit del Fondo de Estabilización de precios de combustibles (FEPC), ha suscitado la reacción de los transportadores de carga y pasajeros, que han amenazado hasta con paros, pues consideran que estos aumentos ponen en riesgo su negocio.

Mientras que exista una diferencia entre el precio internacional del petróleo y el precio interno del diésel, siempre habrá un costo que alguien tiene que asumir. ¿Quién debe hacerlo? En otras palabras, ¿quién debe pagar por el déficit del FEPC causado por el subsidio al diésel?

El tamaño del subsidio 

El costo es la diferencia entre el precio que paga el consumidor y el precio al que vende el productor (es decir Ecopetrol), que es el precio internacional; el primero se ha mantenido constante, mientras que el petróleo se ha disparado en los mercados internacionales, de manera que hoy el diferencial ha llegado a ser de unos $6.000 por galón.

Con la política establecida en el país desde hace varios años, ese diferencial lo asume el FEPC. En teoría, ese fondo debería alimentarse con los ahorros acumulados cuando el precio doméstico es mayor que el internacional, y gastarse en la situación inversa. Como en el pasado no ha habido ahorros -porque cuando baja el precio internacional, los distintos gobiernos han bajado el precio interno- el diferencial lo ha tenido que asumir el presupuesto nacional. O sea que los consumidores de diésel que pagan un precio más bajo están recibiendo un subsidio que pagamos todos los contribuyentes. Es un subsidio enorme. 

En el 2021, con el precio promedio del barril de petróleo Brent alrededor de U$68, el costo total del subsidio fue de $5.6 billones; en 2022 el barril de Brent subió a U$98, por lo que el subsidio se incrementó a $20 billones. Este año, el promedio del Brent deberá estar alrededor de U$ 80 y el subsidio será de “solo” $16 billones. Este faltante ya está causado y debe ser cubierto por el gobierno. 

Además, en 2023, a pesar de los incrementos a los precios de la gasolina, el FPEC acumuló un déficit adicional de $5.3 billones por este combustible. Con razón dijo el Minhacienda que el subsidio a los combustibles se comió en un año todo lo que se esperaba recaudar con la última reforma tributaria.

Para el 2024, si el gobierno cumple su promesa de incrementar el precio del diésel en $300 cada mes, se disminuirá un poco el déficit, pero seguirá siendo significativo: unos $7.2 billones.

Alguien tiene que pagar 

Para disminuir el déficit que causa el subsidio al diésel hay que aumentar su precio, o encontrar otra fuente de recursos que sustituya al presupuesto nacional. 

Los transportistas creen que no les corresponde a ellos hacer el esfuerzo. El argumento de gremios como Colfecar es que el “aumento en el (precio del) diésel no solo tendrá un impacto en su sector, también en la inflación del país y, por ende, en el precio de los alimentos; lo que sería un golpe a la canasta familiar¨. Fedetranscarga incluso cuantifica que “el aumento de $1 000 en el Acpm incrementa en 4% del costo de la canasta familiar”. Estas afirmaciones no solo son exageradas en los números, sino que están sumando dos consecuencias que no se pueden sumar.

Es evidente que los combustibles representan una proporción importante de los costos del transporte (en los últimos 15 años explican entre el 25% y el 30% del aumento de los costos), por lo cual es lógico pensar que un aumento del precio del diésel podría reducir la rentabilidad del negocio de los transportistas. Es cierto, pero solo en el caso en que no transfieran ese mayor costo a las tarifas que cobran, en cuyo caso no habría efecto sobre la inflación.

En otras palabras, el aumento del precio del diésel puede producir solo uno de dos efectos: o reduce la rentabilidad del negocio si las tarifas no suben, o aumenta la inflación si los alimentos y otros bienes tienen que pagar mayores costos de transporte. Pero no pueden suceder las dos cosas al mismo tiempo.

Diversos estudios muestran que la variación del precio de los combustibles si ha contribuido a aumentar la inflación, de lo cual se puede deducir que, en ausencia de otros factores externos, en el pasado los transportistas sí han podido transferir ese mayor costo a sus usuarios.

Se han hecho varias propuestas para que no suba el diésel y así no haya ningún costo ni para los consumidores ni para los transportistas. Por ejemplo, que se le pague menos a Ecopetrol, o que se reduzcan otros impuestos que afectan el precio final, o que se baje la mezcla de biodiesel. 

Estas propuestas no son gratuitas. Si se le paga menos a Ecopetrol, este tendrá menos utilidades para transferir al gobierno, que verá reducidos sus ingresos y tendrá que recortar sus inversiones. Lo mismo si se reducen otros impuestos, aunque algunos de ellos son de los departamentos y municipios, es decir que se taparía un hueco abriendo otro en los entes regionales.

Si se reduce la mezcla de biodiesel no hay costo monetario para el Estado, aunque sí un perjuicio paras los productores de palma y de biodiesel que tendrían que salir a exportar el biocombustible que no les compren acá. El costo grande sería para el medio ambiente, pues aumentaría la contaminación del aire y la emisión de gases de efecto invernadero, lo que sería totalmente contradictorio con los objetivos de la transición energética y la lucha contra el calentamiento global.

Como en todos los dilemas de política pública, debe primar el interés general sobre el particular, lo que en este caso significa que no hay alternativa a subir el precio del diésel.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo para CAMBIO

Diciembre de 2023

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¿Por qué crece el empleo cuando cae la producción? Ese es uno de los enigmas sin resolver del comportamiento reciente de la economía colombiana. Según la teoría económica cuando se desacelera el crecimiento debería subir el desempleo y viceversa, pero eso no es lo que está sucediendo en Colombia hoy.

Las cifras del DANE muestran que en el trimestre julio-septiembre, la caída anual del PIB fue de -0,3% mientras que la tasa de desempleo bajó de 10.8% a 9,4%. La tasa no disminuyó porque haya menos personas buscando empleo; por el contrario, en el trimestre había 656.000 personas más en el mercado de trabajo y el número de personas ocupadas creció 948.000 respecto del mismo período del año anterior, es decir que no solo se redujo la tasa de desempleo, sino que también aumentó el número absoluto de ocupados. 

Crecimiento mal, empleo bien 

Durante muchos años en Colombia se venía dando un proceso de crecimiento sin empleo que fue mucho más intenso en la recuperación después de la pandemia. En el 2021 el PIB no solo se había recuperado de la gran recesión del año anterior, sino que era 3% mayor al de 2019. Por el contrario, el número de personas ocupadas era un 5% menor, es decir que la economía había crecido 3% con un millón de trabajadores menos. Un caso de Jobless growth, como lo analicé en uno de mis primeros artículos. 

El proceso se ha revertido y ahora lo que tenemos es un caso de creación de empleo, sin crecimiento de la economía; sin embargo, el promedio del PIB oculta unas importantes diferencias sectoriales. Las más notorias: las de la construcción y las de la industria manufacturera que, según las cuentas nacionales, cayeron -8% y -6,2% respectivamente, pero que registraron aumentos de nómina de 4.8% y 4%.

También son significativos los de alojamiento y transporte pues, aunque la caída de su PIB es un poco menor (-4.5% y -3,9% respectivamente), registran un significativo aumento en el número de personas empleadas: 6.5% y 8.8%. Lo mismo sucede, aunque con menores diferencias, en los sectores comercio, información y comunicaciones y actividades profesionales. Ahora habría que decir que en todos estos sectores y en el agregado de la economía hay una situación de Growthless job.

Un cambio de tendencia inexplicado 

Es fácil explicar el crecimiento sin empleo: las empresas han aprendido a producir más y el comercio a vender más con menos trabajadores, porque están utilizando nuevas tecnologías y procesos más simplificados que permiten un uso más eficiente del tiempo y de otros recursos. Es un aumento de la productividad del trabajo que no siempre se refleja en aumentos salariales en la misma proporción.

No hay explicación clara para el proceso contrario, de crecimiento del empleo junto con una caída de la producción o de las ventas. La facilista es dudar de las cifras del DANE, sin embargo, carece de lógica pensar que son correctas las cuentas de la desaceleración del PIB, pero que están equivocadas o manipuladas, las del empleo.

Tampoco es lógico pensar que la explicación de la menor tasa de desempleo está en la salida de venezolanos o a la alta migración de colombianos, porque no hay una disminución de la gente buscando empleo y sí hay un aumento del número de personas ocupadas. 

Otras hipótesis para estudiar pueden ser que algunos empresarios quieran retener sus trabajadores esperando una pronta recuperación de las ventas, o que haya un aumento del trabajo informal y en pymes, mientras que disminuye en las grandes empresas. 

Las encuestas del DANE de los sectores de industria y comercio permiten ver el proceso en una perspectiva de más largo plazo, aunque las cifras difieren un poco de las presentadas por las cuentas nacionales, y hacen más necesaria la explicación de lo que está sucediendo. En el comercio, desde el 2013 hasta el 2022, las ventas crecieron 47%, mientras que el empleo solo lo hizo un 23%. Y en el último año las ventas se desplomaron 7.4%, pero el empleo aumentó 3.7%.

En la industria manufacturera se cuenta con la serie desde el 2001, y como se ve en el gráfico, en lo corrido del siglo hasta el 2022, la producción industrial había crecido 82%, pero el número de trabajadores había disminuido (si, ¡disminuido!) 10%. ¡Gran aumento de la productividad! 

El gráfico inferior detalla lo sucedido desde la pandemia. En abril 2021 la industria ya se había recuperado del efecto del encerramiento y su producción era 3,5% mayor que antes de la pandemia; por el contrario, el empleo no se había recuperado y era 3,3% menor. Seguía siendo un crecimiento sin empleo.

Después de una nueva caída por el paro del 2021, la industria retoma su senda de rápida recuperación, y en un año crece 15%, mientras que el empleo lo hace a un ritmo menor, solo 6%. Pero a partir de septiembre de 2022 la industria se estanca y hasta octubre del presente año registra un decrecimiento de 6.9%, mientras que el empleo se mantiene casi constante. ¿Cómo explicar el cambio de tendencia? Por ahora el enigma continúa.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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En contra de la opinión de varios analistas, la semana pasada mostramos la alta correlación entre la evolución del consumo de los hogares y el PIB y, por lo tanto, por qué el frenazo de este consumo fue el factor que más influyó en el crecimiento negativo de la economía del último trimestre, puesto que representa el 75% del PIB. La caída de la inversión también influyó, pero en una menor proporción, puesto que representa menos del 20% del PIB. 

Sin embargo, este simple ejercicio estadístico no explica por qué los hogares han dejado de comprar bienes y servicios. La pregunta es muy relevante para saber si va a continuar la tendencia a la baja, lo que llevaría a la economía colombiana a una recesión, y también cuáles serían las políticas de reactivación que impulsarían otra vez el crecimiento del consumo y por ende del PIB. 

Sube como palma, cae como coco

El primer factor explicativo es lo que se podría llamar el “efecto rebote”, que en términos coloquiales se expresa en un refrán popular: lo que sube como palma, cae como coco. En efecto, después de las restricciones de la pandemia, la gente salió desaforada a gastar todo lo que no había podido comprar por el encierro obligado. Así, en el segundo trimestre de 2021 el consumo de los hogares creció a una tasa real sin precedentes del 26% anual, con la cual el valor del gasto llegó a ser muy superior al nivel anterior a la pandemia.

Un año después el gasto de los hogares seguía acelerado, aunque con un ritmo poco menor, de 15%, pero después empezó a frenarse, cerrando el año 2022 al 3.8%, y siguió su senda descendente hasta el 0.4% del último trimestre. En tan solo dos años subió como palma…

A su vez, este efecto rebote no es solo un ciclo natural, sino que tiene explicaciones económicas. La primera, muy sencilla, es que a los hogares se les acabó la plata para comprar. Sacaron todo lo que habían guardado durante la pandemia y se lo gastaron, lo cual significa que des-ahorraron, puesto que en este período el ingreso de los hogares creció mucho menos.

La segunda es la inflación que mermó la capacidad adquisitiva de las personas, sobre todo en el 2022, cuando se empezó el año con un aumento del salario mínimo del 10% y se terminó con una inflación del 13%. Esto, agravado porque los ingresos de la gran mayoría de informales crecen menos que el salario mínimo. Con bienes y servicios más caros, es lógico que la gente compre menos.

La tercera razón tiene que ver con la forma como las familias financiaron su des-ahorro, es decir, cómo pudieron gastar más de lo que tenían. A punta de crédito. Por supuesto, cuando se cierra la llave del crédito empieza el desplome del consumo.

La línea verde del gráfico representa el crecimiento de la cartera de consumo del sistema financiero, que para el segundo trimestre de 2022 estaba creciendo a un ritmo del 23% anual. Los bancos felices de financiar el boom del consumo, pero pronto les llegó la resaca y la cartera empezó a desacelerarse hasta llegar a un crecimiento negativo del 0.33% el mes pasado.

Sigamos buscando explicaciones. ¿Por qué los bancos prestan menos, si su negocio es precisamente ése? Por dos razones interrelacionadas: la primera, ilustrada por la línea morada del gráfico, representa la tasa de interés del crédito de consumo que después de bajar a un mínimo de 15% durante la pandemia, se trepó por encima del 35% al comienzo de este año. Ante tal aumento del costo del crédito, los consumidores se vieron obligados a guardar sus tarjetas de crédito y a comprar menos.

Al mismo tiempo, los deudores afectados por la inflación y por las altas tasas, empezaron a verse “colgados” en el pago de sus cuotas mensuales, lo que aumentó la cartera vencida de los bancos, que empezaron a ser más cuidadosos y a restringir sus aprobaciones de crédito.

La última pregunta es ¿por qué los bancos elevaron sus tasas de interés sabiendo que eso les iba a deteriorar la cartera? La línea azul del gráfico nos da la respuesta: porque el Banco de la República decidió subir sus tasas de interés y lo hizo de una manea acelerada, al llevarlas de un mínimo histórico de 1.75% durante la pandemia hasta 13.25% en escasos 16 meses. Así llegamos al final de la cadena explicativa.

Tasas de interés y crecimiento 

La caída del PIB no es fortuita ni sorpresiva. El Banco de la República buscaba enfriar la economía para controlar la inflación, pero se le fue la mano y la metió al congelador. Hemos visto acá el mecanismo de transmisión de la subida de las tasas del Banco a la caída del consumo de los hogares, pero no es el único camino a través del cual se frena la economía.

El departamento de investigaciones económicas de Corficolombiana estimó cuál era el impacto de la subida que han tenido las tasas de interés de los créditos bancarios en el último año sobre diversos sectores económicos, las cuales suben como resultado de las decisiones del República. Los resultados son preocupantes.

Son cuatro los sectores analizados: el comercio, la industria, la construcción de obras civiles y edificaciones, para los cuales las tasas de interés de sus créditos se incrementaron entre 11.4% y 13.3%. El cuadro siguiente resume las conclusiones del análisis de Corficolombiana.

Los efectos son heterogéneos. El más afectado es el comercio minorista, cuyas ventas se estima que caerán casi un 20%. Por su parte, la producción industrial disminuirá 10.7%, mientras que la ejecución de obras civiles y la construcción de vivienda lo harán en 9.6% y 6.6% respectivamente.

Las perspectivas para el año entrante son sombrías. Así como hay un rezago entre la subida de las tasas y el impacto negativo sobre el crecimiento, también cuando bajan las tasas pasan varios meses antes de que el sector productivo sienta el efecto benéfico de esta medida. Si bien nos va, el Banco de la República empezará a bajar tasas el mes de diciembre, pero puede pasar hasta un año para volver a los niveles anteriores. En esas circunstancias, la recuperación de la economía tendrá que esperar hasta el 2025.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

Noviembre 25, 2023

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No entiendo la sorpresa por la caída del PIB, si estaba cantada desde hace rato, pues era el objetivo implícito del Banco de la República al subir las tasas de interés: enfriar la economía para controlar la inflación. 

Ahora que logró lo primero, sin mucho éxito en lo segundo, no tiene por qué haber sorpresas distintas al tamaño del frenazo, donde hay una pequeña diferencia entre un mínimo crecimiento esperado de 0.3% y un mínimo decrecimiento de -0.3% obtenido.

Tampoco entiendo por qué la mayoría de los analistas se han concentrado en señalar el desplome de la inversión (que es evidente) como la causa de la caída del PIB, dejando de lado otro factor igual o más importante, que es el frenazo del consumo tanto de los hogares como del gobierno. Quizás sea porque le pueden echar la culpa al gobierno por la caída en la inversión.

El consumo y el PIB 

Es usual analizar la evolución del PIB desde el punto de vista de los sectores productivos y se decía, por ejemplo, que la construcción estaba jalonando el crecimiento y dejó de hacerlo, o que la industria y el comercio eran los sectores que impulsaban el PIB. Así no funciona la economía. Si la industria tiene un buen desempeño y produjo más, es porque aumentó sus ventas a los hogares, al gobierno o al exterior. A la inversa, si la construcción decrece es porque se vendieron menos viviendas.

En otras palabras, en el corto plazo el crecimiento de la economía depende del comportamiento de la demanda agregada de bienes y servicios, y sobretodo de su principal componente que es el consumo. En el largo plazo, la inversión y los factores de oferta determinan la senda de desarrollo de un país, pero para el análisis coyuntural hay que mirar los factores de la demanda. 

Si los hogares compran más, si se incrementan el gasto público o las exportaciones, las empresas van a vender más, para lo cual necesitan producir más, para lo cual deben ampliar su capacidad y contratar más trabajadores, van a tener más ingresos para comprar más, creándose un círculo virtuoso de crecimiento. 

La inversión también es parte de la demanda interna y, por lo tanto, también un impacto similar en el crecimiento de corto plazo, pero mucho menor que los otros tres componentes mencionados, por dos razones. La primera es que la inversión, en particular en maquinaria y equipo, tiene una parte importante de bienes que se compran en el exterior y no a empresas domésticas. La segunda es cuantitativa: el monto de la inversión privada y pública solo equivale a un poco menos del 20% del PIB.

Por el contrario, en este año, el gasto de los hogares y del gobierno equivale al 90% del PIB, siendo el de los hogares el mayor, porque representa el 75%. Es evidente que con esta participación cualquier variación, positiva o negativa, en las compras de los hogares va a tener un impacto significativo en el crecimiento de la economía, y mucho mayor que el de la inversión.

Al sumar los componentes de la demanda interna presentados en el gráfico, se observa que valen más que el PIB: en este año equivalen a 107.6% del PIB. La razón es que la demanda externa neta es negativa y resta del PIB. Esta es la diferencia entre exportaciones e importaciones, que lleva muchos años siendo negativa, aunque se ha reducido con la caída de las importaciones. Este año ese déficit externo alcanzó el 7.6% del PIB, pero en años anteriores había llegado al 12%.

Consumo y crecimiento 

Dada esta alta participación del consumo dentro del PIB, no es de extrañar que se muevan conjuntamente para arriba o para abajo o, para decirlo en términos técnicos, que exista una alta correlación en sus variaciones. En otras palabras, cuando el consumo de los hogares crece, el PIB lo hace en proporción similar, y cuando disminuye el PIB también lo sigue.

En el gráfico siguiente, las barras rojas representan el crecimiento anual del PIB, y la línea verde el del consumo de los hogares en el período 2019 a 2023. A simple vista se observa que se mueven al unísono: en la pandemia, el consumo cayó 17.1% y el PIB 16.9%; luego se recuperaron juntos hasta un máximo en el segundo trimestre de 2022 para luego empezar a frenarse juntos, hasta este último trimestre. Esta observación visual se confirma al calcular el coeficiente de correlación que es casi perfecto, 96.7%. 

La correlación del crecimiento de la inversión con el del PIB es menor, aunque se mueven con tendencias similares. Así en la pandemia su caída fue 2.5 veces la del PIB, y en la recuperación del 2021 la inversión creció más del doble que el PIB. En el último trimestre la inversión cae 11%, pero el PIB solo lo hace en 0.3%

Este análisis estadístico simple es útil para mostrar que el comportamiento del consumo influye más en el crecimiento de la economía que la misma inversión, pero por supuesto es necesario analizar los factores que han generado la abrupta caída del consumo, y por lo tanto el decrecimiento del PIB, para poder definir las políticas que deben adoptarse y así evitar que lleguemos a una recesión.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo para CAMBIO

Cali, noviembre de 2023

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