El mayor enemigo de la democracia capitalista no es la revolución proletaria que trata de acabarla desde afuera, sino los monopolios y la concentración de poder económico que la destruyen desde adentro.
La concentración del poder económico fue la premisa con que actuaron todos los gobiernos norteamericanos del siglo XX para limitar el poder de mercado de las grandes corporaciones, hasta que el neoliberalismo llegó al poder con Reagan y empezó una ola de consolidación de poderosos monopolios en la mayoría de los sectores de la economía. Hoy, con el gobierno de Biden, parece que empieza a revertirse la tendencia.
A finales del siglo XIX, los barones ladrones en Estados Unidos crearon monopolios en sectores como los ferrocarriles o el petróleo, y se consolidaron grandes corporaciones que llegaron a controlar cerca de 70 % de la industria manufacturera. La reacción política fue inmediata y desde 1890 empezaron a dictarse leyes antimonopolios y a adoptar medidas como la división de la Standard Oil de Rockefeller en 34 compañías separadas, o la prohibición de bancos interestatales.
Hasta después de la Segunda Guerra Mundial las leyes antimonopolios se justificaban como el mejor antídoto contra el fascismo y el comunismo, pero desde los años 70 gobiernos demócratas y republicanos se hicieron los de la vista gorda, debilitaron las agencias encargadas de aplicarlas y permitieron un acelerado proceso de fusiones y adquisiciones que concentró el control de casi todos los mercados en unas pocas corporaciones. Caso extremo es el sector de la tecnología y las comunicaciones, donde gigantes como Google, Apple y Facebook controlan sus mercados.
El pasado 9 de julio se anunció un cambio de tendencia. El presidente Biden expidió un decreto ejecutivo para “promover la competencia en la economía americana” (puede verse en https://bit.ly/3uWfkSd). Su punto de partida es que “la excesiva concentración en los mercados amenaza las libertades económicas fundamentales, la rendición de cuentas democrática y el bienestar de trabajadores, pequeñas empresas, emprendedores y consumidores”. Especial énfasis da al deterioro de las condiciones laborales que se ha establecido con el mayor poder de mercado de los grandes empleadores.
A partir de este principio declara que “es la política de mi administración exigir el cumplimiento de las leyes que combaten la excesiva concentración de la industria, los abusos del poder de mercado y los perniciosos efectos de los monopolios y los monopsonios (…) y también aplicar esas leyes para enfrentar los retos generados por las nuevas industrias y tecnologías, incluyendo la consolidación de plataformas de internet dominantes…”.
Para lograr estos objetivos, refuerza el personal de una docena de agencias estatales que deben vigilar el cumplimiento de las leyes, las cuales serán coordinadas por un nuevo Consejo de Competitividad desde la Casa Blanca; además define 72 actividades de control y vigilancia que deben adelantar estas agencias para evitar la consolidación de monopolios o limitar a los ya existentes y vigilar las fusiones y adquisiciones. Los sectores más vigilados son Tecnología, Salud, Banca y Finanzas, Transporte, Agricultura, Propiedad Intelectual, Defensa y Finca Raíz.
No será una tarea fácil, pues el cabildeo de las grandes corporaciones es muy poderoso, y cuenta con millones de dólares, pero es positivo que por lo menos se anuncie la intención de enfrentar esa gran amenaza para la democracia.
En Colombia, donde nos gusta imitar todo lo que se hace en Estados Unidos, ¿cuándo se iniciará una campaña similar para controlar la creciente concentración de las industrias?
Mauricio Cabrera Galvis
Octubre, 2021