Hoy se vive la explosión de las inconformidades de amplios sectores de la población. Se manifiesta en la sacralización de la protesta social como un derecho prioritario. Es en parte muy significativa, fruto de la desesperanza que afecta vivencialmente a las juventudes, ante la incertidumbre del futuro y ante la constatación de una realidad que se manifiesta a diario en la disminución progresiva de las oportunidades; específicamente, en lo relacionado con desocupación y bajos índices de empleabilidad, inestabilidad laboral e incapacidad de diseñar e implementar un plan de vida.
La explosión de inconformidades de amplios sectores de la población es un fenómeno mundial que se ha venido repitiendo en las últimas décadas con situaciones conflictivas, como la primavera de los países árabes, las protestas de las juventudes en Hong Kong, los movimientos de los “indignados” en Europa, los movimientos indigenistas en América Latina y la insurrección en Chile, conducente esta última a un profundo cambio constitucional. Es una ola creciente de insatisfacciones ante los efectos nocivos de desigualdad, injusticia social y disminución de oportunidades, producto de una globalización económica mal concebida y ejecutada, que favorece solo a los que tienen y ahonda las brechas entre los estratos sociales.
La descripción de esta situación por parte de los analistas del tema se basa en las siguientes reflexiones:
Cabe destacar que tanto gran parte de la juventud simpatizante, así como los estudiantes, fueron quienes constituyeron la base que desató la cadena de eventos que condujo a forjar el movimiento; lo cual, desde una perspectiva amplia, no es para nada accidental, sino más bien necesario. Podemos explicar lo afirmado líneas atrás desde una perspectiva de la juventud como fuerza motora. Las personas que acceden a la educación ganan sentido crítico; dominan además la tecnología y por esto mismo, como medio de expresión, utilizan los medios de información ‒no burocratizados‒ para expresar sus opiniones o para revelar al mundo aconteceres que, en muchos casos, los gobiernos desean ocultar (podemos recordar en este sentido lo ocurrido en los países árabes y cómo el pueblo de esta comunidad pudo revelar al mundo, a través de la Internet, las injusticias cometidas por parte de los mandos militares y políticos)[1].
Nos correspondió el turno de padecer esta situación de desencanto y desesperanza en Colombia, al llegar a los primeros años de la tercera década del siglo XXI, signados además por la explosión de la pandemia del COVID-19 que ha afectado hondamente el crecimiento económico y catapultado la polarización política, las diferencias regionales, la indigencia y el retorno a niveles de pobreza a vastos sectores de la población que en los últimos años habían obtenido un poder de producción y consumo propio de las clases medias, en un país que promisoriamente parecía ingresar al club de los desarrollados. Como lo señala la CEPAL, Colombia forma parte del panorama latinoamericano que se describe en los siguientes términos:
1. Previo al COVID-19, América Latina y el Caribe mostraban bajo crecimiento, espacio limitado de política fiscal y conflictos sociales crecientes.
2. Sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región: -5,3 %.
3. Desplome del comercio (-15 %), el turismo y las remesas (-20 %).
4. Aumenta el desempleo con efectos en pobreza y desigualdad.
5. Con graves efectos diferentes según grupo social: adultos mayores, niñez, jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, afrodescendientes.
6. Las medidas anunciadas buscan contener el virus, proteger los ingresos, el trabajo y las empresas.
7. La pandemia evidenció brechas estructurales y carencias del sistema de salud del régimen de bienestar, así como debilidades históricas del sistema productivo.
8. Han reorientado sus presupuestos públicos, pero será insuficiente y se requerirá financiamiento externo a bajos costos, con alivios al servicio de la deuda a los MICS y en especial a El Caribe.
9. El reinicio de las economías nacionales y la flexibilización de la parada productiva requiere equilibrar la trayectoria COVID-19 y las consideraciones socioeconómicas.
10. Debilitamiento del multilateralismo, proteccionismo y menor cooperación internacional[2].
En búsqueda de una racionalidad para entender la duración e intensidad y las modalidades, procedimientos, actitudes y comportamientos de los paros, bloqueos, agresiones, destrucción y demás formas de violencia implícita en la protesta social, y que además justifican y dan pie a su sacralización como derecho humano prioritario, se encuentran los siguientes principios generalizados a nivel global y adaptados a cada caso particular, así no se encuentren explícitos en cada uno de ellos[3]:
1. Las prioridades de toda sociedad avanzada han de ser la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas.
2. Existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos en estas sociedades: derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz.
3. El actual funcionamiento de nuestro sistema económico y gubernamental no atiende a estas prioridades y es un obstáculo para el progreso de la humanidad.
4. La democracia parte del pueblo (demos = pueblo; cracia = gobierno), así que el gobierno debe ser del pueblo. Sin embargo, la mayor parte de la clase política ni siquiera nos escucha. Sus funciones deberían ser la de llevar nuestra voz a las instituciones, facilitando la participación política ciudadana mediante cauces directos y procurando el mayor beneficio para el grueso de la sociedad, no la de enriquecerse y medrar a nuestra costa, atendiendo tan solo a los dictados de los grandes poderes económicos y aferrándose al poder a través de una dictadura partitocrática.
5. El ansia y acumulación de poder en unos pocos genera desigualdad, crispación e injusticia, lo cual conduce a la violencia, que rechazamos. El obsoleto y antinatural modelo económico vigente bloquea la maquinaria social en una espiral que se consume a sí misma, enriqueciendo a unos pocos y sumiendo en la pobreza y la escasez al resto. Hasta el colapso.
6. La voluntad y fin del sistema es la acumulación de dinero, primándola por encima de la eficacia y el bienestar de la sociedad. Despilfarrando recursos, destruyendo el planeta, generando desempleo y consumidores infelices.
7. Los ciudadanos formamos parte del engranaje de una máquina destinada a enriquecer a una minoría que no sabe ni de nuestras necesidades. Somos anónimos, pero sin nosotros nada de esto existiría, pues nosotros movemos el mundo.
8. Si como sociedad aprendemos a no fiar nuestro futuro a una abstracta rentabilidad económica que nunca redunda en beneficio de la mayoría, podremos eliminar los abusos y carencias que todos sufrimos.
9. Es necesaria una Revolución Ética. Hemos puesto el dinero por encima del Ser Humano y tenemos que ponerlo a nuestro servicio. Somos personas, no productos del mercado. No soy solo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro (Manifiesto Democracia Real Ya, 2011)[4].
¿Quién puede dudar de la veracidad y significación de estos asertos? En el procedimiento para el logro de su ejecución queda vedado siquiera reflexionar o criticarlos so pena de aparecer como retardatario. Clamar además, conjuntamente, por el respeto a la vida humana, a la propiedad de las personas o las empresas, por el derecho al trabajo y a la movilidad personal, por el derecho a la asociación y al libre ejercicio de la libertad individual, por la libertad de expresión, por el acceso a las oportunidades de progreso y realización, y por la defensa de la autoridad, el Estado y el bienestar comunitario como fruto del esfuerzo personal y familiar, son conceptos trágicamente retardatarios que deben supeditarse al derecho a la protesta, que es el único valedero.
Y todo esto disfrazado con la voluntad de paz y el aparente rechazo a la violencia como mecanismo retórico para institucionalizarla. Si no es así, o se pone en duda, simplemente acuda a los medios de la opinión pública, especialmente los noticieros, donde la palabra “pacífico” o “pacífica” antecede o califica tanto las marchas, como las agresiones, como los incendios, como el ansia de destrucción y sus consecuencias, como el asalto a las ambulancias, como el saqueo a los transportes de víveres y medicamentos, como la destrucción sistemática de las agencias del Estado al servicio de la justicia y del orden, haciéndose verbo en el estilo de los locutores que la repiten (pacífica) por lo menos cada minuto y que exportan su producto comunicacional para crear imágenes que desvirtúan la realidad más allá de las fronteras.
La sacralización del derecho a la protesta es solo un instrumento para neutralizar al Estado, subvertir el orden y propiciar el caos, como mecanismo para una nueva realidad que se apresura establecer y que solo se vislumbra como el preludio, utilizando medios democráticos como las próximas campañas presidenciales ya en proceso, para inmovilizar el poder gubernamental y político en la manida conceptualización del “bolivarismo” criollo, credo compartido por las disidencias en conjunto con Cuba, con Maduro, con el ELN, y también con vastos sectores de la juventud del país.
1 Galvis Gómez, Fabio Andrés (2012). Análisis de la figura de “Los indignados” a la luz de la teoría de la subpolítica de Ulrich Beck. Revista Filosofía UIS, 11(2), 81-96.
² Bárcena, Alicia (2020), Diez mensajes centrales. Marco analítico de los efectos del COVID-19. Santiago de Chile: CEPAL. https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/200605_final_presentacion_parlamericasv_alicia_barcena.pdf
³ Velasco Acedo, Pilar (2011). No nos representan. El Manifiesto de los Indignados en 25 propuestas. Madrid: Martínez Roca.
⁴ Galvis, Fabio, o. c.
Hernando Bernal A.
Mayo, 2021