No soy ningún experto en derecho ni en legislación internacional. Miro los hechos que suceden en nuestro mundo y reflexiono sobre ellos, tratando de responderme por qué suceden. Reconozco que la detención y “extracción” de Nicolas Maduro por el ejército norteamericano el pasado 3 de enero, me provocó un golpe que me ha obligado a analizar y buscar respuestas a temas que aún se discuten en los medios de comunicación: La ilegalidad de la actuación de Estados Unidos y su posible justificación y validez moral.
Por lo que leo, según el derecho internacional, la acción militar y unilateral de Estados Unidos ordenada por el presidente Trump contra Nicolás Maduro, todopoderoso dictador ilegítimamente autoproclamado como presidente, fue una clara violación de La Carta de las Naciones Unidas (Art. 2.4) que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado.
La acción militar unilateral de un Estado para capturar al mandatario de otro país es ilegal y una incursión militar sin consentimiento del Estado receptor o sin mandato del Consejo de Seguridad, viola la legislación internacional actual. Según los fallos de la Corte Internacional de Justicia, los jefes de Estado en funciones gozan de inmunidad personal absoluta. Esto significa que no pueden ser arrestados ni juzgados por tribunales de otros países mientras estén en el cargo, independientemente de los delitos que se les imputen.
El Derecho Internacional solo reconoce el uso de la fuerza en dos casos: a) la defensa propia ante un ataque armado previo (Art. 51 de la Carta de la ONU) y b) la autorización expresa del Consejo de Seguridad de la ONU bajo el Capítulo VII para mantener la paz y seguridad.
Esta normativa internacional y sus consecuencias la aprovechó Maduro para resguardarse detrás de ella y de su cerco militar de generales que le hacían creerse intocable en su territorio y ante cualquier corte de justicia. Por ejemplo, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó a Maduro como presidente electo el 28 de julio de 2024, en unas elecciones señaladas de fraude electoral por los líderes venezolanos de la oposición y por la comunidad internacional.
Para justificar su proceder, el gobierno estadounidense argumenta que sus acciones no son “actos de guerra”, sino operaciones de “aplicación de la ley” contra el narcoterrorismo liderado por Maduro, alegando que el régimen perdió su legitimidad y, en consecuencia, su soberanía.
Quienes defienden la validez moral de lo ordenado por el presidente de Estados Unidos, aluden a la defensa de los derechos humanos de los opositores encarcelados, asesinados, desaparecidos o expulsados a la fuerza y sin ninguna reparación. Esos derechos fueron vulnerados durante décadas en un país que vio partir a más de 8 millones de valiosos ciudadanos. Por eso apoyan la única acción eficaz realizada por alguien hasta hoy, para devolver a sus legítimos dueños lo que dejaron sátrapas corruptos que llegaron al poder para robar, torturar y adueñarse de las riquezas de la nación.
Según una investigación periodística publicada en 2021 por Le Matin Dimanche y por otro medio de su grupo, Tribune de Genève, se aseguró que había más de 10.000 millones de dólares vinculados al Gobierno de Maduro en Suiza. Cfr. Sylvain Besson, Christian Brönnimann. Publié: 16.01.2021, 22h45. https://www.tdg.ch/les-milliards-venezueliens-concernent-une-banque-suisse-sur-huit-734581052637#temp.
Luego de la captura de Maduro, el gobierno suizo congeló las cuentas del antiguo chofer de bus que llegó al poder como un dirigente sindical sin mayor experiencia. Este dato chocante ilustra el nivel de corrupción del régimen.
La situación en Venezuela bajo Nicolás Maduro ha pasado por un deterioro significativo de las instituciones democráticas y por un empeoramiento de la crisis humanitaria. A lo largo de su mandato, se han denunciado e identificado numerosas violaciones a los derechos humanos y prácticas autoritarias. Las tres elecciones presidenciales más recientes, incluyendo la controvertida de 2024, han sido fuertemente criticadas por la comunidad internacional que ha documentado irregularidades, manipulación de resultados y represión de la oposición.
La falta de atención por parte de la comunidad internacional a los reclamos de los venezolanos es notoria. A pesar de las evidentes violaciones de derechos humanos, donde miles de ciudadanos han sido encarcelados por manifestar su descontento, no hubo un respaldo efectivo que garantizara su derecho a la oposición. Las historias de venezolanos que han huido del país, forzados a migrar por la crisis económica y política, reflejan un éxodo que no solo afecta a las familias, sino que también desestabiliza a la región.
La expropiación de tierras, los negocios y propiedades a manos del régimen han llevado a un descontento masivo donde muchos empresarios se han visto desplazados y despojados de sus derechos. La situación de los presos políticos, muchos de los cuales han sido torturados, añade otra urgencia para una acción que, aunque contraria a la legislación internacional, busca restaurar la justicia y los derechos humanos.
La pregunta central radica en si la extracción militar de Maduro puede considerarse moralmente válida, a pesar de su carácter ilegal según el derecho internacional.
Consultando sobre el tema, encontré que la Corte Internacional de Justicia falló el 14 de febrero de 2002, declarando ilícita la orden de arresto emitida por Bélgica contra el entonces ministro de Asuntos Exteriores del Congo, Abdoulaye Yerodia Ndombasi. Este caso histórico marcó un precedente importante en el derecho internacional sobre la inmunidad de los altos funcionarios estatales, afirmando que, en ese momento, las inmunidades diplomáticas impedían a tribunales nacionales emitir órdenes de arresto internacionales contra ministros en funciones. Este fallo forma parte actualmente del respaldo legal para considerar como ilegal la detención de Maduro.
Pero también encontré un artículo del profesor Rubén Carnerero Castilla, Profesor Asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Complutense de Madrid, publicado originalmente en 2004 y que también está referenciado en obras colectivas y en bases de datos académicas dentro de estudios sobre el poder de los jueces y el estado del derecho internacional.
El profesor Carnerero lo tituló “Un paso atrás en la lucha contra la impunidad: la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de 14 de febrero de 2002 en el asunto relativo a la orden de arresto de 11 de abril de 2000 (República Democrática del Congo c. Bélgica)”, y allí hace un extenso análisis del fallo. En la conclusión afirma que “la evolución de la cuestión continúa en manos de los Estados, quienes, mediante su participación en el proceso de elaboración de normas internacionales, es decir, mediante la adopción de tratados o la creación de costumbres internacionales sobre la materia, deberán situar en sus justos términos el alcance de la inmunidad de jurisdicción penal que disfrutan los agentes estatales, sobre todo por lo que se refiere a su disfrute en situaciones en las que tal privilegio resulta incomprensible y difícilmente aceptable, como ocurre cuando existen indicios sólidos de que el beneficiario ha cometido graves crímenes contra la humanidad”.
Desde un enfoque ético, la intervención se justifica si se considera un medio para detener el sufrimiento humano. La filosofía del tiranicidio, aceptada por pensadores como el jesuita Juan de Mariana (1536 – 1624), sostiene que, cuando un gobernante oprime a su pueblo de manera insostenible, el uso de la fuerza se convierte en un recurso necesario para restablecer el orden y la justicia.
La moralidad de actuar en este contexto se basa en la noción de responsabilidad colectiva. Si la comunidad internacional carece de la voluntad de intervenir para proteger a un pueblo que sufre bajo un régimen dictatorial, existe un vacío moral que justifica una intervención militar, a pesar de su confrontación con la legislación internacional. Las acciones del régimen de Maduro, al perpetrar crímenes de lesa humanidad y destruir la dignidad de millones, abren la puerta para considerar alternativas que trasciendan el marco legal.
La legalidad de la extracción de Nicolás Maduro se encuentra en un terreno pantanoso, marcada por la tensión entre la soberanía estatal y el deber de proteger a los oprimidos. Las características del régimen y el sufrimiento del pueblo venezolano plantean un argumento moral fuerte que desafía la normativa internacional. La intervención militar, aunque controversial y peligrosa, puede verse como un último recurso ante la inacción de la comunidad internacional, frente a un sufrimiento intolerable. En última instancia, la historia exigirá un balance entre la ley y la moralidad, considerando si la acción de deponer a un dictador, a pesar de sus implicaciones legales, pueda justificarse como un acto de defensa de los derechos humanos fundamentales.
Queda aún por discutir el fin último que persigue el gobierno de Estados Unidos, explícitamente expresado por el presidente Trump que quiere controlar las ingentes reservas de petróleo venezolano y sus recursos naturales. Con la captura de Maduro quedó demostrada la debilidad de su círculo de seguridad cubano. Pero la presencia de China, Rusia e Irán en Venezuela, quienes se cobran sus deudas con los recursos venezolanos, constituye una amenaza insostenible para los intereses de Estados Unidos.
Mientras tanto, esta creciente tensión desafía la paz y estabilidad de nuestra región, convertida en espectadora atemorizada de la lucha de estos titanes que se han declarado dueños del mundo.
Bernardo Nieto Sotomayor
Enero, 2026
12 Comentarios
Bernardo: Muy interesante y bien fundamentado tu artículo. Una posible conclusión pareciera ser que es necesario revisar los marcos jurídicos del derecho internacional ante la avalancha de asuntos políticos que conforman la actual situación altamente conflictiva que enfrentan los Estados. Cordial saludo. Hernando
Respeto, y estoy de acuerdo, con los planteamientos de Bernardo sobre las normas de las Naciones Unidas acerca de incursiones de tropas extranjeras en otro país. Solo quiero hacer lo que, en mi opinión, son algunas precisiones:
1) La incursión de las tropas de Estados Unidos no atentó contra la integridad territorial ni mucho menos contra la independencia política de Venezuela, que indica Bernardo hubieran sido actuaciones contrarias a la Carta de las Naciones Unidas. Fue el apresamiento de un narcotraficante que estaba enviando droga a los Estados Unidos.
2) Tampoco hubo una acción militar “para capturar al mandatario de otro país”. El señor Maduro dejó de ser, hace muchos meses, presidente de Venezuela.
3) Y si hablamos de “tropas de otro país,” ¿qué podríamos decir de los aproximadamente 900 cubanos que de Venezuela han regresado a Cuba en estos días, o de los pobres 32 muchachos que, impulsados por el hambre y deseando ganarse algunos dólares, perdieron su vida sirviendo de guardias de Maduro?
Saludos
Eduardo, mil gracias por tus anotaciones tan ilustrativas. El análisis se completa con tu experiencia y conocimiento tan extenso de ese país en el que viviste tántos años. Me afecta mucho ver el dolor y la situación de tántas buenas personas afectadas por el régimen y las que conocí durante mi corta estadía en Caracas en 2010. Entre todos tenemos que encontrar la verdadera solución a los problemas con inteligencia, ganas y decisión. Saludo grande.
Gracias Bernardo/ Saludos
Muchas gracias, Hernando. Siempre bienvenidos tus comentarios. Al respecto de esta necesaria revisión de los marcos jurídicos del derecho internacional que sugieres, consulté a nuestro amigo y compañero, Ramiro Valencia Cossio, abogado, exministro de Estado colombiano, exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia a quien le envié esta nota para recibir su realimentación antes de la publicación. Ramiro me indicó que Nicolás Maduro nunca presentó las actas de votación de 2024 que respaldaran su elección como Presidente de Venezuela y, por tanto, confirmaba que su mandato era ilegal y violatorio de toda ley. Por ello, como ilegal, tampoco podía estar cobijado por la legislación internacional que sí aplica a mandatarios legítimos. Suscribo esta juiciosa indicación de Ramiro. Te mando un gran abrazo.
Acertado y objetivo tu análisis del caso Maduro. Además, muy pertinente y claro el dictamen de Ramiro. Elecciones robadas no confieren mandato…
Hola, John. Mil gracias por tu comentario, simple y contundente. Tenemos que meterle cabeza, ganas y corazón generoso para que se encuentre la mejor solución para ese país tan afectado por el largo y bárbaro período de la dictura abusiva, torturadora y ladrona. Muchas personas se beneficiarán de la acción internacional que conjugue derecho internacional, justicia, respeto al ser humano y al destino mejor del bravo pueblo.
Bernardo, creo que la ‘extracción’ de Maduro no puede ser moralmente válida porque su finalidad primordial no fue detener el sufrimiento humano; considero que no se puede hablar de moral cuando no hay verdad.Sin embargo, esta acción sí podría más tarde generar cambios conducentes al bienestar de su gente y al retorno de muchos a su país.
Bernardo, un saludo. Leí tu artículo con mucho interés.
En cuanto al titulo del escrito, considero que la extracción de Nicolás Maduro no puede ser moralmente válida porque es evidente que su finalidad primordial no fue detener el sufrimiento humano. Y sin verdad no hay moral, es mi opinión. Sin embargo, sí podría repercutir esta acción más tarde en el bienestar de la gente y en el retorno de muchos.
Gracias, Berthica por tu comentario que valoro inmensamente. Es evidente que detrás de la extracción de Maduro hubo y hay muchos intereses y razones que unos y otros consideramos válidas o inaceptables. Hasta ahora Trump no ha mencionado la eliminación del sufrimiento humano de los venezolanos como la razón que tuvo para sacar a Maduro del poder. Ojalá, como consecuencia de esta acción, muchos encuentren un nuevo horizonte que les devuelva la dignidad y el derecho a vivir libres en una nación que anhela libertad, prosperidad y un lugar en donde valga la pena vivir y trabajar. Te mando un gran abrazo.
Bernardo, felicitaciones por ese trabajo tan bien documentado, coherente y de buen estilo. Personalmente optaría por hablar más de ética que de moral. Dos observaciones mínimas: 1) Preferiría ver llamados a los estadounidenses con ese nombre en lugar de “norteamericanos”, pues Canadá y Mexico hacen parte de Norteamérica. 2) Dejaría constancia de que los estadounidenses han rechazado oficialmentre la jurisdicción de la Corte Penal Internacional: por eso pueden recibir en su suelo a Netanyahu, Putin y otros por el estilo. Un abrazo y adelante con el farolito.
De acuerdo, Alberto con tus comentarios. Los estadounidenses es el término apropiado para quienes pertenecen y tienen a los Estados Unidos como su país. Tienes razón también en que la ética y la moral son dos realidades diferentes y no solamente dos conceptos. Al hablar de “moralmente válida” quise referirme a las normas y costumbres de una sociedad sobre lo bueno y malo (práctica social). Creo difícil, por lo actuado el 3 de enero, que haya habido en quienes tomaron las decisiones de atacar, una reflexión filosófica y racional sobre esas normas. Me referí a la moralidad de lo que “se hizo”, más que a la ética o la racionalidad de lo que se hizo. Evidentemente en la discusión ética profunda se podría complementar y lograr una guía valiosa para el comportamiento quienes poco o nada se ocupan de estos temas. Un abrazo.