Impuestos y corrupción

Por: Juan Laureano Gomez
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Recientemente, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que la evasión y la elusión de impuestos en Colombia alcanza $80 billones anuales, aunque en la exposición de motivos de la reforma tributaria la cifra se acerca $65 billones.

Resulta paradójico que el ministro de Hacienda ‒en un reciente congreso de gremios en Cartagena‒ afirme que la evasión y la elusión de impuestos en Colombia sea de $80 billones anuales (notamos, sin embargo que en la exposición de motivos de la reforma tributaria se habla de cerca de $65 billones), cuando él mismo adelanta una propuesta de reforma tributaria para recaudar $25 billones anuales de impuestos adicionales, lo cual constituye una declaración tácita de la incapacidad crónica del Estado colombiano de hacer cumplir las leyes tributarias. 

Esos $80 billones de evasión y elusión son cercanos a 40 % de los $202 billones de recaudo proyectados para 2022, que representan más del doble de lo recaudado en el año 2012, sobre todo por incrementos sustanciales en recaudos en años recientes (excepto el año de la pandemia).

El presidente Petro afirmó en su campaña que la mayor corrupción en Colombia es la evasión de impuestos de las empresas, de lo cual no estoy muy seguro, pues las cifras estimadas de la corrupción son igualmente alarmantes. Sin entrar en mayores detalles, la Contraloría General de la Nación estimó en enero de 2021 en $50 billones las pérdidas por corrupción en Colombia, de tal manera que la mayor corrupción es la ineficiencia confesa y tolerada del Estado colombiano para hacer cumplir las leyes.

Dice un conocido que antes el mayor enemigo del hombre era el diablo, pero que ahora es la DIAN. Y esto seguramente empeorará en el futuro, a medida que mejoren los controles y sea mayor el número de funcionarios de la DIAN persiguiendo la evasión, lo cual me parece muy bien.

Por otra parte, los impuestos no pueden seguir subiendo indefinidamente, porque “matamos la gallina”. Si un particular o empresa deben generar cuatro pesos para quedarse solo con un peso, el Estado se convierte en el accionista mayoritario, con el agravante de que individuos y empresas siguen manejando todos los demás riesgos del negocio (mercado, laboral, penal, etc.), mientras el Estado se lleva la mejor parte sin asegurar un manejo eficiente y honrado de los recursos. Sería la fórmula segura al fracaso como nación. Y si además la productividad en Colombia es la cuarta parte de la de los países avanzados, ¿cómo podrán las empresas y los individuos progresar, competir, crear empleo y pagar mejores salarios?

Se estima que la informalidad (58 % en Colombia), genera evasión de impuestos por $10 billones en renta y $20 billones en IVA. Además, este mismo 58 %, generalmente, no aporta a salud ni a pensión, cuyos costos deben asumirlos los formalizados (empleados y empresas). ¿Es esto fiscal y socialmente sostenible?

Este estado de cosas es un llamado a una guerra inteligente, pero radical, contra la corrupción (incluyendo la informalidad), antes que nada. Sin este saneamiento previo, ganar las otras batallas parece muy difícil.

Juan L. Gómez

Noviembre, 2022

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