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Recientemente, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que la evasión y la elusión de impuestos en Colombia alcanza $80 billones anuales, aunque en la exposición de motivos de la reforma tributaria la cifra se acerca $65 billones.

Resulta paradójico que el ministro de Hacienda ‒en un reciente congreso de gremios en Cartagena‒ afirme que la evasión y la elusión de impuestos en Colombia sea de $80 billones anuales (notamos, sin embargo que en la exposición de motivos de la reforma tributaria se habla de cerca de $65 billones), cuando él mismo adelanta una propuesta de reforma tributaria para recaudar $25 billones anuales de impuestos adicionales, lo cual constituye una declaración tácita de la incapacidad crónica del Estado colombiano de hacer cumplir las leyes tributarias. 

Esos $80 billones de evasión y elusión son cercanos a 40 % de los $202 billones de recaudo proyectados para 2022, que representan más del doble de lo recaudado en el año 2012, sobre todo por incrementos sustanciales en recaudos en años recientes (excepto el año de la pandemia).

El presidente Petro afirmó en su campaña que la mayor corrupción en Colombia es la evasión de impuestos de las empresas, de lo cual no estoy muy seguro, pues las cifras estimadas de la corrupción son igualmente alarmantes. Sin entrar en mayores detalles, la Contraloría General de la Nación estimó en enero de 2021 en $50 billones las pérdidas por corrupción en Colombia, de tal manera que la mayor corrupción es la ineficiencia confesa y tolerada del Estado colombiano para hacer cumplir las leyes.

Dice un conocido que antes el mayor enemigo del hombre era el diablo, pero que ahora es la DIAN. Y esto seguramente empeorará en el futuro, a medida que mejoren los controles y sea mayor el número de funcionarios de la DIAN persiguiendo la evasión, lo cual me parece muy bien.

Por otra parte, los impuestos no pueden seguir subiendo indefinidamente, porque “matamos la gallina”. Si un particular o empresa deben generar cuatro pesos para quedarse solo con un peso, el Estado se convierte en el accionista mayoritario, con el agravante de que individuos y empresas siguen manejando todos los demás riesgos del negocio (mercado, laboral, penal, etc.), mientras el Estado se lleva la mejor parte sin asegurar un manejo eficiente y honrado de los recursos. Sería la fórmula segura al fracaso como nación. Y si además la productividad en Colombia es la cuarta parte de la de los países avanzados, ¿cómo podrán las empresas y los individuos progresar, competir, crear empleo y pagar mejores salarios?

Se estima que la informalidad (58 % en Colombia), genera evasión de impuestos por $10 billones en renta y $20 billones en IVA. Además, este mismo 58 %, generalmente, no aporta a salud ni a pensión, cuyos costos deben asumirlos los formalizados (empleados y empresas). ¿Es esto fiscal y socialmente sostenible?

Este estado de cosas es un llamado a una guerra inteligente, pero radical, contra la corrupción (incluyendo la informalidad), antes que nada. Sin este saneamiento previo, ganar las otras batallas parece muy difícil.

Juan L. Gómez

Noviembre, 2022

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Hasta el fin del Frente Nacional (1974), en Colombia existió una singular convergencia de dos fenómenos en apariencia contradictorios: por una parte, una excepcional estabilidad institucional y, por otra, unos altísimos índices de corrupción, ilegalidad y violencia, considerados como de los más altos del mundo. Esa deplorable situación se ha prolongado hasta ahora.

La coexistencia de violencia y estabilidad institucional dio ocasión a dos importantes trabajos: Orden y Violencia. Evolución socio-política de Colombia entre 1930 y 1953 (1987), de Daniel Pécaut, y Colombia: Violencias y Democracias (1987), obra de los llamados “violentólogos”, coordinados por el profesor Gonzalo Sánchez. Ambos títulos apuntan a la misma paradoja: la existencia simultánea de dos extremos contrarios: por una parte, estabilidad institucional, y por la otra, corrupción y violencia. Los autores de la Comisión califican el sistema institucional colombiano como “democracia”, mientras Pécaut le asigna el apelativo de “orden”. Por razones que irán apareciendo más adelante, prefiero esta segunda denominación, sin desconocer por ello la relativa validez de los motivos en los que se apoya la primera. 

Quiero introducir en esta reflexión un tercer elemento, habitualmente olvidado en el análisis político: la cultura colombiana y, en particular, una cultura política impregnada desde los tiempos de la Colonia por el espíritu de la religiosidad católica española de la época, espíritu que ha pervivido en Colombia por lo menos hasta mediados de los años 60. 

En realidad, se trataba en la Colonia de un catolicismo integrista, francamente antimoderno, radical y beligerante, que subyacía y condicionaba toda la cultura de los colombianos, y cuyo formato gravita aún en el inconsciente de muchos connacionales. Sus formas han pasado incluso a ser el “alma” profunda y desconocida de la cultura laica nacional. Le pido al lector mantener muy presente esta hipótesis que le da una perspectiva inesperada a muchos aspectos del análisis que me propongo desarrollar. 

No sobra recordar que no soy historiador, y que en este caso soy apenas un ensayista, por lo que estoy abierto a todas las sugerencias y correcciones a las que hubiese lugar. Pero sí reitero que cuando se ignora el pasado, se arriesga a repetirlo. De este ensayo deberían derivarse provechosas lecciones para el presente y el próximo futuro.

Llama la atención, al menos en términos sociológicos, que Colombia haya sido probablemente uno de los países más católicos (si no el más) de América Latina y que sea, al mismo tiempo, el pueblo más violento del continente. Por poner un ejemplo, la población antioqueña se distinguía en el pasado por la presencia simultánea de una profunda tradición católica y conservadora y, por lo menos desde el último tercio del siglo XX, de una inusitada y creciente corrupción y violencia. Vale recordar que una constelación similar podría hallarse también en otros pueblos particularmente católicos, como Italia y en particular Sicilia, el país vasco español, Irlanda del Norte o Filipinas. No pretendo, sin embargo, adelantar aquí esta comparación que constituiría sin duda un interesante tema de investigación. 

En el presente ensayo, escrito a mediados del 2022, quiero limitarme a esbozar algunas respuestas a preguntas como estas: ¿existe en Colombia una relación entre estos tres factores, orden, religión y violencia, o su existencia simultánea es meramente fortuita? ¿Qué tiene que ver con ellos la crisis ética y política en la que se ha sumido el país bajo una aparente defensa de la legalidad, repetida hasta el cansancio desde hace por lo menos veinte años? ¿Hay razones que nos permitan esperar que esta simbiosis contradictoria esté en vías de desaparición? Las respuestas que ofrezco a preguntas tan vastas y complejas constituyen apenas hipótesis de trabajo y como tales las presento al lector. 

Antepongo una observación. Durante los años 70 y 80 del siglo XX, la historia de Colombia se vio enriquecida por importantes contribuciones analíticas que partían, casi todas ellas, de la historia económica y social del país, y buscaban la clave de los acontecimientos en el desarrollo de los conflictos de clase. Allí están los excelentes trabajos de Luis Eduardo Nieto Arteta, Jesús Antonio Bejarano, Salomón Kalmanovitz, Germán Colmenares, Jorge Orlando Melo, Álvaro Tirado y otros. No desconozco la luz que estas perspectivas, no siempre marxistas, arrojaron sobre muchas dimensiones de la historia nacional. Con todo, me parece que no se ha prestado suficiente atención al peso de la cultura católica en la historia del país y que, en ocasiones, se construyeron conflictos con una forzada lógica de clase que no corresponde a la realidad. En efecto, conviene tener en cuenta que los pueblos nunca se movilizan por la mera fuerza de los hechos, sino por la representación colectiva que de ellos se forjan. “Lo importante no son los hechos, sino lo que recordamos de ellos”, dijo sabiamente Gabo. Y esta imagen depende en gran medida de la cultura política.

Este trabajo supone que la historia colombiana se vio durante un siglo “sobredeterminada” (categoría de Louis Althussermarxista francés), esto es, influida en exceso por la cultura. Más en concreto, desde fines del siglo XIX, el movimiento de la Regeneración liderado por Rafael Núñez ‒liberal radical convertido luego en conservador autoritario‒, ya como presidente impuso un sólido orden político-religioso, cuya lógica llegó a su plenitud y consumación en la Violencia de los años 50. Desde ese funesto periodo, la nación busca a tientas un nuevo fundamento para su existencia colectiva. Ante la incapacidad para ofrecerlo, las élites impusieron una tutela clientelista-militar sobre la sociedad mediante un Estado de Conmoción interior, que recortaba los derechos ciudadanos, empoderaba aún más al ejecutivo y a las fuerzas militares, y que fue aplicado durante 21 años, desde 1970 hasta 1991. Aunque los gobiernos que han seguido hasta ahora no lo han decretado, sí lo impusieron de hecho. En concreto, este es el caso del gobierno que ahora concluye (2022). Hoy, ese régimen de dominación clientelista-militar da muestras dramáticas de agotamiento. Por esa brecha profunda se abrieron camino las sorpresivas candidaturas de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, en ruptura al menos aparente con la tradición. A la búsqueda de una nueva base para la convivencia obedece la derrota de Hernández y la elección del nuevo presidente  Gustavo Petro. Nunca he sido petrista. Sin embargo, por el bien de todos, espero que su gobierno acierte y tenga éxito. Sin renunciar a la crítica razonable y razonada, estoy dispuesto a colaborar, al menos desde mis publicaciones en Facebook.

Antes de adentrarme en el tema, llamo la atención sobre un hecho universal: la “política”, esto es, la convivencia de los seres humanos en una polis ‒o al menos su pacífica coexistencia‒, se mueve siempre entre cuatro tendencias ideológicas: la defensa de la libertad individual, los derechos universales, la equidad y la democracia con todas sus formas, ritos y procedimientos; a la izquierda, sigue la anarquía, que no es otra cosa que el desarrollo radical del individualismo liberal de corte manchesteriano; hacia la derecha tienden tanto un ala moderada como, finalmente, los regímenes autoritarios y las dictaduras. 

Cuando las pasiones se exacerban, todos se acusan unos otros: la derecha moderada señala a la izquierda razonable de tendencias anarquistas o dictatoriales, mientras la izquierda contenida sindica a la derecha de autoritarismo o dictadura. Y en esa lucha permanente de todos contra todos, uno a veces no sabe muy bien quién es quién. En medio de una permanente controversia las distintas corrientes se enredan y aparecen mezclas nada fáciles de discernir. El debate y la batalla entre las distintas formaciones políticas nunca cesa. Puede producir cierta saturación en los que no participamos directamente en la política, sino que la miramos, la padecemos, la observamos y tratamos de desenredar el ovillo. Al menos esa es mi situación. Espero que este escenario general nos ayude a comprender lo que nos pasa, porque la política nos involucra a todos, así no lo queramos. En el próximo artículo vuelvo al relato.

La ruptura de los colombianos con el orden autoritario impuesto desde fines del siglo XIX se había formalizado desde antes de las recientes elecciones de 2022 en una nueva Constitución. Con algunas contradicciones, la Carta fundamental de 1991 sentaba unas bases más modernas, liberales y democráticas para la convivencia entre los colombianos. Con todo, muchas de las actitudes infundidas por la oculta supervivencia de la Regeneración han dejado hasta ahora sin vigencia parte esencial de la Constitución, a la que desde 1991 no han cesado de introducirle sucesivas reformas, no siempre democráticas. Si a fines del siglo XIX, Núñez instauró su movimiento con la consigna de “¡regeneración o catástrofe!”, el destino de la nueva época histórica se inscribiría más bien, desde fines del siglo XX, en la disyuntiva entre “democratización” y “barbarie”. Esperemos que, a partir del 7 de agosto, con el nuevo gobierno y los que le sigan, esta antinomia comience a resolverse. Esa es la esperanza de una creciente mayoría de colombianos. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

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Confieso que aún no encuentro por quién voy a votar en las elecciones de Congreso o de presidente de la República. No veo con claridad cuál es la mejor propuesta para enfrentar algunos de los problemas que, a mi juicio, deberían ser atendidos con prioridad por el gobernante y sus copartidarios en el Congreso. Aquí menciono algunos de ellos.

Los problemas que debería atender prioritariamente el nuevo gobierno son estos:

1. Corrupción

Los corruptos son la corrupción. Todos los precandidatos están hablando de enfrentar y eliminar los corruptos. Si todos hablan de combatir la corrupción y si todos han estado en el gobierno donde se roban los recursos públicos, me surge una pregunta simple: ¿en dónde están los corruptos que se han robado la plata? Este problema debe ser enfrentado con todas las armas disponibles.

Votaré por quien, más allá de las palabras, presente un plan realista, concreto y aplicable para combatirla.

2. Desempleo e importación de alimentos 

El desempleo afecta hoy, por lo menos, a 1.200.000 personasLa tasa de desempleo para el año 2021 fue de 13,7 %, superior en tres puntos porcentuales a la de 2019. 

La importación colombiana de productos para atender las necesidades básicas deja sin empleo productivo a sus ciudadanos. Sin ingresos, no hay consumo. Según el Dane, entre enero y agosto 2021 las importaciones colombianas llegaron a US$36.802,6 millones, con un aumento de 31,6 % frente al mismo periodo de 2020. En el periodo enero-agosto de 2021 las compras externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas llegaron a US$5582,4 millones y aumentaron 20,9 %, en comparación con el mismo periodo de 2020.

Según el informe del Dane este resultado se dio por mayores importaciones de productos alimenticios y animales vivos (18,1 %), que aportaron 14,3 puntos porcentuales a la variación del grupo. En Colombia se importan cerca de 12 millones de toneladas de alimentos, como maíz, trigo, y azúcar de caña. Antes del gobierno de César Gaviria, las importaciones de alimentos rondaban las 500.000 toneladas. Según la organización no gubernamental  Greenpeace, Colombia importa 30 % de los alimentos que consumen sus habitantes, lo que significa que la dependencia del país en este sector está bastante comprometida.

La importación de alimentos con exenciones y rebajas de impuestos ha afectado duramente el empleo y la producciónagrícola. Para ofrecer empleo, en especial en las zonas rurales, es necesario controlar las importaciones de productos agrícolas. Hay que revisar y ajustar los tratados de libre comercio que favorecen las importaciones en desmedro de la producción nacional y es necesario rebajar los impuestos de insumos agrícolas para que los campesinos colombianos puedan vender sus productos en el mercado nacional e internacional.

Votaré por quien muestre claramente cómo se beneficiará el sector campesino y cómo

se modificarán los tratados que Colombia firmó en desventaja de sus ciudadanos, para

beneficiar intereses de las multinacionales. 

3. Posesión de la tierra e impuestos que les corresponde pagar a sus verdaderos dueños. 

El 13 de septiembre de 2019 el país recibió con ilusión el titular Colombia mejorará su sistema de catastro rural-urbano con apoyo del BID. Según este, Colombia mejoraría la gestión de tierras con la implementación de un sistema de catastro multipropósito, con un crédito de US$50 millones aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Si se cumpliera esta tarea podrían identificarse los reales propietarios, poseedores, arrendatarios y ocupantes; se podrían recuperar y restituir las tierras de los desplazados y titularlas. Los verdaderos dueños de la tierra deberían pagar impuestos de acuerdo con el valor real de sus posesiones. Y con esos recursos, bien distribuidos, Colombia podría pensar en seguridad e independencia alimentaria, en recursos para vías terciarias, distritos de riego, centros de acopio y apoyo industrial a los campesinos cultivadores. Este catastro lo aprobó el artículo 104 del Plan Nacional de Desarrollo, que promueve la implementación del catastro multipropósito. Actualmente, el territorio rural colombiano padece de una desactualización catastral alarmante y de un catastro incompleto, que supera el 58 % del territorio. Infortunadamente, el catastro rural multipropósito es una labor que pocos congresistas quieren impulsar, pues muchos de ellos como dueños de tierras y aliados de los dueños, poco interés tienen en que esto se cumpla. 

Votaré por quienes impulsen esta iniciativa que está financiada y avanza a paso de tortuga.

4. Lucha contra el narcotráfico – Alianza internacional y política de salud

Nuestro país es el líder mundial en la producción y exportación de cocaína. Los efectos de este triste liderazgo son devastadores por la tala inmisericorde de nuestros bosques amazónicos y del corredor del Pacífico. Muchos campesinos, ante la falta de trabajo y de ingresos, se involucran en la cadena de la producción. El narcotráfico todo lo corrompe. La guerra actual debería ser contra las bandas, disidencias y narcotraficantes internacionales y hace urgente una alianza internacional en las Naciones Unidas para enfrentar este terrible mal desde distintos frentes. Por ejemplo:

• Inversión en el desarrollo del sector campesino para la producción de alimentos y la generación de empleo en un país de vocación agrícola.  

• Estrategia diplomática decidida que convoque una alianza internacional para enfrentar el problema mundial e implementar políticas públicas de salud para los adictos. 

• Fortalecimiento del aparato militar en el terreno.

Votaré por quien muestre planes realistas y realizables que permitan enfrentar este cáncer social.

5. Tamaño exagerado de la burocracia y la administración estatal, acrecentado para

pagar favores políticos y asegurar la continuidad en el poder

Hoy, 80 % de los recursos recaudados por impuestos se utilizan para pagar la nómina oficial. El despilfarro estatal debe frenarse pues, para invertir en el desarrollo, Colombia tiene que endeudarse sobre sus propias deudas. Tenemos un Estado completamente desbordado en tamaño y en costos. Es urgente una reforma a fondo de la administración estatal, recortando prebendas, gastos innecesarios y superfluos y reduciendo los gastos a su real dimensión. 

Votaré por quien esté dispuesto a recortar el tamaño de la burocracia en concordancia con las verdaderas necesidades del país. 

6. Infraestructura y contratación estatal

Colombia ha demostrado que la contratación con el Estado es un abominable foco de corrupción. El país necesita desarrollar y fortalecer su infraestructura vial y ferroviaria. No hay planes realistas para el desarrollo de un sistema ferroviario como la alternativa más importante para la movilización segura, eficiente y masiva de personas, insumos y productos en el país. De esto poco se habla y sólo se menciona sin sustento realista en uno de los planes de los candidatos. Se requiere un sistema transparente de contratación estatal, investigación y control de las personas jurídicas que participan, de sus socios reales, para eliminar el tráfico de influencias, la concentración y acaparamiento de contratos en manos de unos pocos. Control público de los procesos de licitación, selección de proponentes y supervisión estricta de los recursos, eliminando la corrupción. Votaré por quien nos proyecte hacia allá.

7. Educación gratuita y diversificada, según las prioridades de desarrollo del país

Ninguno de los candidatos está hablando o ha presentado un análisis que muestre cuál es la mano de obra que requiere el país para su desarrollo. Consecuentemente, me parece que se habla de financiación de la educación sobre el vacío, en el aire y sin definir las prioridades nacionales para formar a sus ciudadanos en el corto, mediano y largo plazo.

Votaré por quien mejor defina estas prioridades y proyecte con realismo cuáles son las áreas de formación que requiere Colombia para su futuro.

Podría escribir sobre las urgencias en el área de la salud, las pensiones, las dádivas o subsidios de hambre, pero sin futuro para los más pobres y sin oportunidades, pero no quiero extender más mi exposición. Sólo quiero enfatizar que, a mi juicio, encuentro una pobre oferta de los candidatos a la solución de los problemas de fondo de nuestra patria. Veo lucha por el poder todavía mirando al pasado y a las polarizaciones sobre los acuerdos de paz, sin pensar a fondo, más allá de declaraciones de buena voluntad o de propuestas demagógicas, en las necesidades reales de nuestra gente, el activo más valioso de nuestra patria. 

Procuraré votar en conciencia por quienes más conciencia, seriedad y grandeza demuestren para asumir la responsabilidad de gobernantes de Colombia. 

Bernardo Nieto Sotomayor

Febrero 2022

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El gasto de los hogares ha sido el verdadero motor de la recuperación económica ‒creció hasta septiembre 14.8 % (son las últimas cifras que se tienen del DANE)‒, mientras la economía creció el 10 %. 

En pesos corrientes el consumo de los hogares aumentó $94.6 billones en ese período, y $68.7 billones respecto de los nueve meses del año 2019. ¿De dónde sacaron los colombianos la plata para ese mayor volumen de gastos?

La pregunta es muy relevante, porque el año pasado hubo 1.5 millones más de desempleados sin ingresos que en 2019 y, además, porque según el mismo DANE un 30 % de los hogares no tienen ingresos suficientes para las tres comidas diarias, lo cual indica que el aumento del consumo ha estado muy mal distribuido.

Los economistas hemos planteado algunas explicaciones. Hasta septiembre, el aumento de los precios internacionales del café y la devaluación le dieron a las 500.000 familias productoras del grano $1.5 billones de ingreso adicional. Las remesas del exterior aumentaron en ese periodo cerca de 2000 millones de dólares, lo que ha representado un mayor ingreso de unos $8 billones. Son parte de la explicación, pero es claro que solo representan un 10 % del aumento de los gastos de los hogares.

Otra posible explicación es la caída del ahorro de los hogares. Según el DANE, la tasa de ahorro de los hogares en 2021 fue de 2.2 %, mientras que el año anterior había sido del 10.3 %; inclusive en el trimestre julio-septiembre de 2021 fue negativa en 0.2 %. Una caída de tal magnitud no es usual ni tiene explicación lógica. “La naturaleza no da saltos” decía Alfred Marshall, uno de los padres de la economía neoclásica.

Afortunadamente hay no-economistas, que no recurren a tantas cifras, pero sí a su observación de la realidad y plantean explicaciones que son tabú para los economistas que ni se atreven a hablar de ellas. Por ejemplo, el leído columnista Felipe Zuleta escribió en su primera columna de este año, a propósito de la pregunta por el origen del mayor gasto en consumo:

“¿De dónde viene toda esa plata? Parte, sin duda, del sector formal de la economía, pero otro tanto llega, creo yo, de cuatro fuentes ilegales, a saber: narcotráfico, contrabando, corrupción y minería ilegal. De no ser por estas actividades ilícitas, seguramente no estaríamos hablando de esta recuperación económica. Colombia, lamentablemente, se convirtió en la lavandería de dineros ilícitos más grande del mundo. No en vano, para nuestra vergüenza, somos el país que más produce y exporta cocaína. Esa plata entra de alguna manera a nuestra economía”.

La explicación tiene mucho sentido. A pesar de los esfuerzos de erradicación de cultivos de coca, parece que la producción de cocaína no ha disminuido. En parte por la resiembra y en parte por el aumento de la productividad, todo estimulado por la devaluación, pues ese es el producto de exportación que mejor responde a la tasa de cambio. Lo mismo puede decirse de la minería ilegal, que también se ha vuelto más rentable por el elevado precio internacional del oro.

No hay estudios recientes sobre el ingreso de dineros ilícitos a la economía, pero en las ciudades sí se ven muchos nuevos ricos sin que haya explicación de sus ostentosos consumos distinta a actividades ilegales, como las que menciona Zuleta. Este puede ser el eslabón perdido de la recuperación económica.

Mauricio Cabrera

Enero, 2022

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