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Recientemente, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, afirmó que la evasión y la elusión de impuestos en Colombia alcanza $80 billones anuales, aunque en la exposición de motivos de la reforma tributaria la cifra se acerca $65 billones.

Resulta paradójico que el ministro de Hacienda ‒en un reciente congreso de gremios en Cartagena‒ afirme que la evasión y la elusión de impuestos en Colombia sea de $80 billones anuales (notamos, sin embargo que en la exposición de motivos de la reforma tributaria se habla de cerca de $65 billones), cuando él mismo adelanta una propuesta de reforma tributaria para recaudar $25 billones anuales de impuestos adicionales, lo cual constituye una declaración tácita de la incapacidad crónica del Estado colombiano de hacer cumplir las leyes tributarias. 

Esos $80 billones de evasión y elusión son cercanos a 40 % de los $202 billones de recaudo proyectados para 2022, que representan más del doble de lo recaudado en el año 2012, sobre todo por incrementos sustanciales en recaudos en años recientes (excepto el año de la pandemia).

El presidente Petro afirmó en su campaña que la mayor corrupción en Colombia es la evasión de impuestos de las empresas, de lo cual no estoy muy seguro, pues las cifras estimadas de la corrupción son igualmente alarmantes. Sin entrar en mayores detalles, la Contraloría General de la Nación estimó en enero de 2021 en $50 billones las pérdidas por corrupción en Colombia, de tal manera que la mayor corrupción es la ineficiencia confesa y tolerada del Estado colombiano para hacer cumplir las leyes.

Dice un conocido que antes el mayor enemigo del hombre era el diablo, pero que ahora es la DIAN. Y esto seguramente empeorará en el futuro, a medida que mejoren los controles y sea mayor el número de funcionarios de la DIAN persiguiendo la evasión, lo cual me parece muy bien.

Por otra parte, los impuestos no pueden seguir subiendo indefinidamente, porque “matamos la gallina”. Si un particular o empresa deben generar cuatro pesos para quedarse solo con un peso, el Estado se convierte en el accionista mayoritario, con el agravante de que individuos y empresas siguen manejando todos los demás riesgos del negocio (mercado, laboral, penal, etc.), mientras el Estado se lleva la mejor parte sin asegurar un manejo eficiente y honrado de los recursos. Sería la fórmula segura al fracaso como nación. Y si además la productividad en Colombia es la cuarta parte de la de los países avanzados, ¿cómo podrán las empresas y los individuos progresar, competir, crear empleo y pagar mejores salarios?

Se estima que la informalidad (58 % en Colombia), genera evasión de impuestos por $10 billones en renta y $20 billones en IVA. Además, este mismo 58 %, generalmente, no aporta a salud ni a pensión, cuyos costos deben asumirlos los formalizados (empleados y empresas). ¿Es esto fiscal y socialmente sostenible?

Este estado de cosas es un llamado a una guerra inteligente, pero radical, contra la corrupción (incluyendo la informalidad), antes que nada. Sin este saneamiento previo, ganar las otras batallas parece muy difícil.

Juan L. Gómez

Noviembre, 2022

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Las “líneas rojas” que trazó el partido liberal para aprobar la reforma tributaria en el Congreso* son en realidad unas líneas azules que demuestran lo conservador que se ha vuelto ese partido, abandonando sus principios históricos de lucha por la equidad y contra los privilegios de los ricos y poderosos.

Desde el programa liberal de Alfonso López Pumarejo en 1935, ya se afirmaba que “El partido liberal de Colombia seguirá luchando contra la inseguridad y contra los privilegios de todas las clases en busca de una igualdad de medios y oportunidades”. Sin ir tan atrás, a comienzos de este siglo, la plataforma ideológica del partido estableció como uno de los objetivos de los liberales el “Restablecimiento de un sistema tributario progresivo, eficiente y equitativo”.

Puede ser que a la bancada parlamentaria o a su director no les importen esas declaraciones históricas, pero por lo menos sí debían ser coherentes con lo que el mismo director escribió en abril de este año en un documento titulado La Colombia de hoy** que circuló durante la campaña electoral. 

Veamos algunas de esas contradicciones

Impuesto a las pensiones mayores de $10 millones 

En el documento se afirmaba: “Es importante establecer una tributación eficaz para las personas naturales adineradas que pagan poco en comparación con las empresas”.

Sin embargo, los congresistas liberales tumbaron el impuesto a las megapensiones con el falaz argumento que estaban defendiendo a los pobres pensionados, cuando en realidad están favoreciendo a una pequeña minoría y, sobre todo, defendiendo su propio bolsillo. pues en el futuro tendrán pensiones superiores a ese valor.

Para entender el injustificado privilegio que defendieron los liberales hay que recordar que en Colpensiones hay $1.8 millones de pensionados, de los cuales solo 8.613 (0.49 %) tienen pensiones superiores a 12 salarios mínimos. En los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, maestros y otros funcionarios públicos hay 700.000 pensionados y solo 7.928 (1.1 %) tienen pensiones altas.

Es decir, que arropados en un lenguaje demagógico de defensa de los intereses de los colombianos, solo favorecían a 16.500 personas que hoy reciben un cuantioso subsidio del Estado (o sea, de los contribuyentes), porque lo que cotizaron no les alcanza para la elevada pensión que están recibiendo. Los 497 pensionados de los fondos privados sí ahorraron lo suficiente, pero recibieron otros beneficios, pues no pagaron impuestos sobre los ingresos que ahorraron.

El impuesto al patrimonio y a la finca raíz

En abril decía el director del partido: “Hay que cerrar tantos huecos que tiene el Estatuto tributario, que esconde las tarifas reales de tributación, muy inferiores a las nominales y a las que dicen que pagan las personas con bienes de fortuna”.

La bancada no estuvo de acuerdo y trazó dos líneas rojas: intentó bajar el impuesto al patrimonio y eliminar el impuesto de timbre a las transacciones de finca raíz superiores a $800 millones. Su argumento era que estos tributos “generan riesgo para la desestimulación (sic) del ahorro y abre riesgo de doble tributación sobre los inmuebles”.

Estos dos nuevos tributos son los que más contribuyen a hacer más progresivo el régimen tributario en Colombia, pues las personas que tienen más de $3000 millones en patrimonio, o que pueden comprar un inmueble de $2000 millones están en un nivel muy alto de la distribución del ingreso. Por fortuna, en la plenaria no se acogieron las objeciones liberales, y se mantuvieron las propuestas del gobierno, aunque en el caso de impuesto al patrimonio no se logró que se contabilizaran los bienes al valor comercial.

Exenciones a las empresas y a las iglesias 

De tiempo atrás la posición liberal había sido la de eliminar las múltiples exenciones a las empresas. Así lo reiteraron en el documento de abril: “Los liberales hemos propuesto eliminar todas las exenciones tributarias que durante varios gobiernos se les han entregado a las grandes empresas de la economía formal, con la excusa de que son ellas las que generan el empleo. Esto es evidentemente falso”.

Y en relación con la baja tributación de algunas empresas plantearon una propuesta que se incluyó en el proyecto de reforma: “Se puede considerar también la introducción de un impuesto mínimo de renta para las empresas, que permita mejorar sustancialmente la equidad en la tributación.

En contra de esta propuesta, la sexta línea azul de la bancada era: “6. Debe eliminarse la tributación mínima de las empresas. No hacerlo terminaría en una renta presuntiva del 15 %”, lo cual, además, era un sofisma porque la renta presuntiva se calcula sobre el patrimonio, mientras que en este caso era un impuesto mínimo sobre las utilidades recibidas.

También defendieron los congresistas liberales el mantenimiento de otras exenciones como las de las zonas francas y la deducibilidad de las regalías que pagan las empresas minero energéticas, y se opusieron al impuesto a las bebidas azucaradas.

Estas líneas azules también fueron derrotadas en la plenaria, aunque sí lograron excluir del tema de las regalías y de la sobretasa a las exportaciones a todos los minerales distintos a carbón y petróleo.

Finalmente, otra evidente contradicción con los principios liberales fue la de impedir que se gravaran las actividades comerciales de las iglesias con otro sofisma, pues según ellos lo hacen como “defensores de la libertad de cultos y de la labor social que desarrollan en las comunidades”. La realidad es que la propuesta no afectaba ni a las actividades religiosas ni a las de beneficencia que realizan las iglesias. Solo a los negocios no relacionados con esas actividades.

https://twitter.com/PartidoLiberal/status/1585018769717354497

** https://es.scribd.com/document/571780195/Documento-Cesar-Gaviria

G. Mauricio Cabrera G.

Noviembre, 2022

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En el debate sobre la reforma tributaria se ha puesto en primer lugar la reflexión sobre el significado de la tarifa efectiva de tributación, para lo cual se requiere un acuerdo metodológico acerca de cómo estimarla.

La tarifa efectiva de tributación depende de la visión que se tenga del problema. Es claro que el concepto siempre tiene un alcance que supera la medición. Ningún indicador tiene la capacidad de expresar la complejidad del concepto. Por estas razones es importante llegar a un acuerdo sobre la metodología para estimar la tarifa efectiva de tributación de las empresas.

Las aproximaciones han sido muy disímiles y, dependiendo del enfoque, el índice presenta variaciones sustantivas. En el cálculo es fundamental examinar los componentes del denominador y del numerador. Los márgenes entre los que se ha movido la tarifa efectiva son muy amplios: van desde porcentajes bajos de 4 % – 5 % en los estudios de Garay y Espitia, hasta más de 60 %, en las estimaciones de la Andi. En la exposición de motivos de la reforma tributaria, el ministerio de Hacienda estima la tarifa efectiva en 16,4 %.

Gran parte de la diferencia se explica por el denominador. Mientras que la Andi considera la utilidad neta, las otras dos estimaciones incluyen en el denominador los ingresos brutos. Otra parte de la diferencia puede explicarse por los tributos que se incluyen en el numerador. En algunas estimaciones se incluye, además del impuesto a la renta, otros tributos como el ICA, o las contribuciones a la nómina. La diferencia puede profundizarse dependiendo de si se incluyen o no los beneficios y exenciones.

Esta heterogeneidad metodológica lleva a resultados incomparables que oscurecen los términos del debate. Como se trata de nociones completamente diferentes, la categoría analítica a la que hace referencia lleva a que no sean comparables. Las brechas entre las mediciones son significativas.

Es necesario unificar el lenguaje, porque de lo contrario el diálogo es imposible. Cuando las diferencias en las mediciones son tan notorias no se avanza en la conversación.

Para entender esta idea es conveniente comparar con otras medidas como, por ejemplo, el PIB o el Gini. Aunque ambas mediciones tienen dificultades intrínsecas, han sido aceptadas y en las comparaciones internacionales se consideran razonablemente buenas. Existe un cierto consenso en que estas aproximaciones cuantitativas son un buen punto de referencia. Las metodologías se han unificado y las categorías analíticas son comparables. Cuando se dice que el Gini de Colombia es superior al de Alemania, hay un acuerdo implícito sobre la pertinencia de la medida. Y los cálculos en cada caso se hacen de la misma manera. Lo mismo sucede con el PIB.

No acontece lo mismo con la tarifa efectiva, porque la medición no se ha estandarizado. Esta falta de consenso sobre la medida lleva a conclusiones de política económica radicalmente distintas. Para la Andi la tributación de las empresas es altísima, pero para Garay y Espitia es bajísima.

Para continuar la discusión es importante que los términos del lenguaje se unifiquen y que sean compatibles con los criterios utilizados a nivel internacional, como los propuestos por la Ocde. Sin la depuración de la medida es imposible que las comparaciones sean adecuadas. 

La confusión que se está presentando es evidente y no permite avanzar en el debate. Las partes que intervienen en la discusión deberían llegar a un acuerdo inicial sobre la forma de medir.

Jorge Iván González

Octubre, 2022

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Los artículos 37 y 38 del proyecto de Reforma Tributaria establecen un impuesto marginal de 10 % a las exportaciones de oro, cuando el precio internacional del metal supere los USD 400/onza troy. Según la exposición de motivos del proyecto, con este tributo se espera recaudar alrededor de un billón de pesos .

Las quejas y reclamos por el impuesto marginal a las exportaciones de oro no se hicieron esperar. Como la mayoría de los críticos a la reforma, la razón para oponerse a este impuesto no es la verdadera, es decir, que afecta sus bolsillos y reduce la rentabilidad de su negocio, sino que se buscan otros argumentos. En este caso las grandes mineras de oro han aducido dos: primero, que buena parte del oro del país se exporta por contrabando, por lo que sería muy difícil lograr aplicar el impuesto; segundo, que este impuesto afectaría la formalización de los productores de oro más pequeños. 

En los primeros debates en el Congreso, el ministro anunció que eliminaría el impuesto marginal a las exportaciones de oro en razón a los dos argumentos señalados. Creo que sería una equivocación hacerlo, y que este impuesto debe mantenerse, no solo porque estos dos argumentos son cuestionables, sino sobre todo porque es muy baja la contribución actual de las regalías que pagan los productores de otro. 

La insignificante regalía del oro 

Desde las épocas coloniales Colombia ha sido un importante productor de oro, pero con la reciente bonanza del precio internacional del metal el oro se convirtió en el tercer producto de exportación colombiano después del petróleo y del carbón, superando al café y duplicando las exportaciones de flores. El año pasado los ingresos por este concepto fueron de USD 3140 millones, el triple de lo exportado en 2015. 

Más impresionante que este crecimiento resulta el ínfimo valor que recibe el país como regalías por la explotación de este recurso no renovable. En 2021, tan solo $326.000 millones, que equivalen a 2.7% del valor exportado, como se observa en el cuadro siguiente.  

Resulta curioso observar cómo, cuando sube el precio del oro, el volumen de exportaciones es mayor al volumen de producción. Así, en 2021, según el DANE se exportaron 69.1 toneladas de oro, pero el ministerio de Minas solo registra una producción de 55.3 toneladas. O la gente salió a vender sus joyas ante la pérdida de ingresos por la pandemia o hay exportaciones ficticias para lavar dinero. 

Las regalías han disminuido como proporción de las exportaciones, pasando de 5.8 % en 2015 al mencionado 2.7 % del año pasado, lo cual se explica porque las regalías se cobran sobre el volumen producido, que es menor que hace ocho años. 

Es absurdo el régimen de regalías del oro en Colombia, que desde la ley 141 de 1994 se estableció en 80 % de 4 % del precio internacional, es decir, 3.2 % del valor producido; además, no es una regalía creciente ‒como en el caso del petróleo‒, que aumenta cuando sube el precio internacional. Solo para comparar cabe recordar que la producción de sal paga cuatro veces más: 12 % sobre el 100 % del valor en boca de mina. Seguimos como en el tiempo del cacique Tisquesusa, cuando en el altiplano cundiboyacense la sal era más valiosa que el oro. 

¿Por qué se justifica el impuesto marginal a la exportación de oro? 

Aunque hace años he venido proponiendo que debe aumentarse la regalía a la producción de oro, debo reconocer que es más eficiente y más fácil de controlar la propuesta de un impuesto marginal a la exportación, por la discrepancia que existe entre el volumen de producción y el de exportación.  

Ahora bien, los dos argumentos en contra del impuesto al oro no son suficientes para eliminarlo de la reforma tributaria. Puede ser cierto que haya exportaciones de oro de contrabando, pero el volumen reportado por el DANE es suficiente para tener un recaudo cercano a 1 % del PIB. Además, como lo ha señalado el exministro José Fernando Isaza y lo demuestran las cifras, el contrabando opera en sentido contrario, es decir, ingresos no declarados de oro para venderlo y lavar dineros ilícitos. 

Tampoco parece cierto que este impuesto vaya a incentivar las exportaciones de contrabando o la minería informal, porque al establecerse como un impuesto marginal sobre la diferencia en ingresos frente a un precio base de USD 400/onza troy, su impacto sobre los ingresos de los productores es muy bajo, mientras que el beneficio para el fisco sí es significativo. 

En efecto, suponiendo un volumen de exportaciones de 60 toneladas ‒que es el promedio de los últimos cuatro años‒, puede calcularse cuál sería el valor del impuesto que se debería pagar por cada USD 200 que aumente el precio de la onza troy, con los siguientes resultados: 

Así, por ejemplo, si el precio fuera de USD 1000, el impuesto solo representaría 6.0 % del valor exportado, y el gobierno recaudaría unos $503.000 millones. En las condiciones actuales de precio cercano a los USD 1800, el valor del impuesto sería 7.8 % de las exportaciones y el recaudo fiscal de casi $1.2 billones. 

Dado que los ingresos por encima del precio base son utilidad neta para el productor, pues sus costos de producción no se incrementan, no parece factible que una tributación tan pequeña se convierta en un desestimulo para la producción, o un incentivo para el contrabando. Por supuesto que teniendo en cuenta los márgenes de rentabilidad del lavado de dinero, tampoco va a frenar los ingresos de oro de contrabando. 

El gobierno no debe renunciar a esta fuente de recursos tributarios, sobre todo porque no ha habido ninguna propuesta para reemplazarla. 

Mauricio Cabrera Galvis 

Octubre, 2022

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La propuesta de eliminar la exención del IVA a todas las transacciones de finca raíz, con una tarifa del 5 %, ha generado el esperado rechazo de los constructores, pero también objeciones técnicas sobre su aplicabilidad, en particular a las compras de inmuebles usados.

Estas últimas son válidas y es posible que esa fuera una de las razones por la que en la reforma tributaria de 2018 lo que se estableció fue un “impuesto al consumo de bienes inmuebles”, con tarifa de 2 %.

Como es sabido, ese impuesto al consumo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por lo que es difícil intentar imponerlo de nuevo, a pesar de que tresmagistrados no estuvieron de acuerdo con la sentencia y salvaron su voto con argumentos de mucho fondo. 

Antes de ver la alternativa que existe para ese tributo en Colombia conviene mirar cómo se gravan las transacciones de inmuebles en otras partes.

Impuestos a ventas de inmuebles en el mundo

Aunque en Colombia nos parece extraño, en muchos países del mundo se acostumbra gravar las compraventas de bienes inmuebles, y con tarifas que acá generarían fuertes protestas en los congresos gremiales, pues llegan a niveles de 30 % a 40 % del valor de la transacción.

Son tres los tipos de impuestos que se utilizan en los diversos países, a veces simultáneos y a veces excluyentes. En primer lugar, el IVA que se aplica ordinariamente a la primera venta del inmueble, en ocasiones con la misma tarifa de los demás bienes ‒como en Bélgica u Holanda (21%) o Chile (19 %)‒, y en otras con tarifas más bajas, como en Corea del Sur (10 %) o Irlanda (13.5 %).

Segundo, un impuesto directo a las transferencias de propiedad, que en general tiene tarifas crecientes de acuerdo con el valor del inmueble, que llega a máximos por encima de 10 % ‒en España, Sudáfrica o Luxemburgo‒, o más moderadas (entre 3 % y 6 %) en Indonesia, Alemania, Francia o Italia. En América Latina,Brasil, México, Panamá, Perú y Uruguay están en este rango.

Tercero, en los países de tradición anglosajona lo que se usa es el “Stamp Duty”, que es un “Impuesto de Timbre” sobre el valor de la transacción. También se usa que la tarifa sea creciente, de acuerdo con el valor de la propiedad, con unos valores máximos de 28 % en Hong Kong y 34 % en Singapur. En Europa, Inglaterra tiene la tasa más alta (12 %), mientras que en nuestro vecindario, la tarifa de Argentina es 3.3 %.

El cuadro siguiente muestra las tarifas de los impuestos diferentes al IVA en un conjunto de países. Están marcados con un asterisco aquellos que utilizan el Impuesto de Timbre. Se destaca que en Colombia son de 0 %.

IMPUESTOS A TRANSFERENCIAS DE FINCA RAÍZ
(Diferentes al IVA)
PaísTarifa
 MínimaMáxima
Australia (*)1.25 %6.75 %
Corea del Sur5,0 %5,0 %
Hong Kong (*)6,5 %28,5 %
India (*)4,0 %10,0 %
Indonesia5,0 %5,0 %
Singapur (*)10,0 %34,0 %
Sudáfrica0,0 %13, 0%
Sri Lanka (*)3,0 %4, 0%
   
Alemania3,5 %6,5 %
Bélgica10,0 %12,5 %
Canadá0,5 %2,0 %
España6,0 %10,0 %
Francia0,6 %4,9 %
Holanda2,0 %6,0 %
Inglaterra (*)0,0 %12,0 %
Irlanda (*)1,0 %2,0 %
 Italia3,0 %7,0 %
Luxemburgo6,0 %10,2 %
Noruega (*)2.5 %2.5 %
Portugal (*)5,0 %10,0 %
   
Argentina (*)3,3 %3,3 %
Brasil3,0 %3,0 %
Chile (*)1,2 %1,3 %
Colombia0,0 %0,0 %
 México0,2 %4,5 %
Panamá2,0 %4,5 %
Perú3,0 %3,0 %
Uruguay3,0 %3,0 %
Fuente: Global Property Guide – DLA Piper Real WorldLaw.
(*) Países con Stamp Duty (Impuesto de Timbre).

Por la cercanía cultural es interesante el caso de España, pues es uno de los países en los que se usan los tres gravámenes: la compra de inmuebles nuevos debe pagar un IVA de 10 % si es vivienda o 21 % si son lotes no construidos. Si la transacción es en el mercado secundario se paga un “Impuesto de Transmisiones Patrimoniales” (ITP) de 10 %; además, en todos los casos hay un “stampduty” de 1,5 %.

Un impuesto de timbre a las transacciones de finca raíz en Colombia

La propuesta para Colombia, muy lejos de las tarifas impositivas de otros países, es establecer un Impuesto de Timbre (ITI) a las ventas de inmuebles con una tarifa de 2%. Para hacerlo no hay que crear ningún nuevo impuesto, puesto que este gravamen existe en el país hace más de un siglo, pero desde 2010 la tarifa es 0 %, es decir, que no se cobra nada.

El procedimiento es muy simple, pues solo consistiría en eliminar la exención al ITI que hoy tienen las escrituras de compraventa de bienes inmuebles de valor superior a unos 15.000 UVT y establecer una tarifa de 2 % para dichos documentos. Continuaría vigente toda la reglamentación del Estatuto Tributario (artículos 513 a 518) sobre sujetos pasivos, contribuyentes y agentes de retención.

Este tributo tiene varias ventajas. Ante todo, es muy progresivo, pues grava más a los que más recursos tienen, y esa es una de las razones por las que se usa en tantos paísescon tarifas muy superiores a la propuesta para Colombia, de manera que no puede argumentarse que nos resta competitividad. De otra parte, no cabe el argumento según el cual los propietarios de inmuebles muy valorizados no tienen la liquidez para pagar el impuesto, puesto que en este caso lo paga el comprador del inmueble.

Desde el punto de vista político no tendría objeciones,puesto que un impuesto similar ya lo aprobó el Congreso en 2018; tampoco hay el riesgo jurídico, no solo porque es diferente al impuesto al consumo que tumbó la Corte, sino porque el ITI existe desde hace mucho tiempo. Lo que se cambiaría ahora sería la tarifa.

En cuanto al recaudo que genera, podría ser superior a dos billones de pesos anuales, suponiendo que aplicaría al valor de la mitad de las transacciones registradas en notarías, lo que ayudaría a compensar los recortes que le están haciendo a la reforma tributaria y se lograrían los $25 billones esperados por el ministro Ocampo. Además, es un gravamen de fácil recaudo en las notarías.

*​*​*

Coletilla: este ITI también podría aplicarse a la venta de vehículos de alta gama, con valor superior a $200 millones. Es un sustituto al impuesto a bienes de lujo que están empezando a utilizar en países como Canadá.

Mauricio Cabrera

Septiembre, 2022

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Todos tenemos alguna inversión en finca raíz o deseamos rentas estables para la vejez. Como inquilinos o propietarios nos interesa todo lo que le pase a los inmuebles. ¿Qué nos espera en el segundo semestre de 2022 con el cambio de gobierno y la crisis mundial que amenaza recesión y gran inflación en todos los países? ¿Es mejor invertir en dólares, en CDT o en inmuebles?

El primer semestre de 2022 fue excelente para los constructores y compradores de vivienda. Se vendieron 103.000 unidades, con un aumento de 8 % frente al mismo periodo de 2021. En el año completo se espera vender 240.000 unidades. En ventas usadas de solo Bogotá hubo un incremento de 7 % en unidades vendidas, según Galería Inmobiliaria y Camacol. Los arriendos de vivienda aumentaron 22 % en unidades frente al año anterior. 

Los costos de materiales están creciendo a 10.4 % anual contra una inflación de 9.2 % anualizada hasta mayo. Por lo tanto, los precios de venta de la vivienda nueva están subiendo entre 10 y 11 % anual, lo que impulsa el valor de la vivienda usada en la misma proporción. Y si suben los precios de los inmuebles, aumentan también los arrendamientos. En consecuencia, para el segundo semestre de 2022 tendremos aumentos del valor de arriendos y de inmuebles no inferior a 10 %. 

Muchos materiales son importados (acero, aluminio, acabados) y con la gran subida del dólar (15 % entre enero y julio) el impacto en el costo de la construcción va a ser mayor. Por lo tanto, será muy difícil para los constructores mantener el precio fijo de las preventas y tendrán que hacer ajustes especiales en sus precios de venta. 

Con el dólar por las nubes, las expectativas de inflación van a ser mayores. Si se desea refugio contra la inflación la mejor alternativa es la finca raíz. En las grandes crisis económicas de Colombia y otros países, la finca raíz ha sido el refugio para protegerse de la inflación y la devaluación. Así lo experimentan hoy Argentina y Venezuela, y para allá van Chile y Perú. El dólar es más volátil que la finca raíz, por lo que la mejor alternativa de inversión en este segundo semestre es un inmueble.

Pero no cualquier inmueble. Las oficinas y locales comerciales todavía no se recuperan de la crisis de 2020 por el Covid-19. Las bodegas y los usos industriales están al alza, pero su 

pero su inversión es cuantiosa. Las viviendas de estrato alto tienen baja demanda: hay mucha oferta y pocos compradores. 

De acuerdo con datos de AFYDI, la Lonja más grande del país ‒con sede en Bogotá y que hoy tiene para venta o arriendo cerca de 18.000 inmuebles‒, que cada año realiza entre sus miembros transacciones por 8.000 inmuebles solo en Bogotá, lo que hoy se vende más son las viviendas por valor inferior a 600 millones en la capital y 400 millones en una ciudad intermedia. Los arriendos que más se mueven (80 %) son aquellas viviendas cuyo alquiler es inferior a dos millones mensuales. 

Hoy tenemos mayor demanda que oferta por viviendas de esos valores en Bogotá y en las demás ciudades del país. Eso es lo que hay que comprar si se desea una inversión rentable. Al año se espera una valorización de 10 % y un alquiler igual a 6 % anual, lo que significauna rentabilidad bruta de 16 %, que después de impuestos y gastos puede quedar en 14 % anual. Esto protege de la inflación y de la devaluación del dólar. Compárese con un CDT,que hoy está a 6 % anual. 

Sin embargo, queda la incógnita de la nueva reforma tributaria y cómo afectara a la clase media y a los inversionistas de capital. Asimismo, aún no conocemos las políticas de vivienda del nuevo gobierno y las tasas de interés hipotecarias ya comenzaron a subir, por lo que no será una buena alternativa endeudarse en montos altos. Aun así, lo mejor sería una deuda en UVR ‒que está indexada a la inflación‒ y no una deuda en pesos con tasa fija alta, anticipada desde ahora. 

El dólar está muy volátil (ver en este mismo blog el artículo de Mauricio Cabrera) y puede ser que lo peor de la devaluación ya haya pasado. En los próximos 12 meses no es probable que se repita una devaluación de 15 %, como la sucedida entre enero y julio de 2022. Un CDT está dando a más de un año tasas entre 8 y 10 % según sea el banco. Una vivienda en las principales ciudades le puede dar 16 % anual entre alquiler y valorización, pero hay que saberla comprar. 

Óscar Borrero Ochoa

Agosto, 2022

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Con el juego de la perinola el profesor Antanas Mockus nos enseñó a los colombianos que el lado ganador era “Todos ponen”, es decir, que solo con el aporte y la contribución de todos los ciudadanos el país podía progresar de manera equitativa para que el resultado fuera “Todos ganan”. 

La historia de la perinola viene a cuento porque ahora, en el debate sobre el proyecto de reforma tributaria, le han añadido una nueva cara que no estaba dentro de las seis de la perinola de Mockus: “Otros ponen”. 

Nadie, o solo unos pocos, cuestiona la necesidad de una reforma tributaria para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas que, a su vez, es un requisito esencial para el crecimiento económico. El tamaño del déficit fiscal cercano a 6 % del PIB y el explosivo crecimiento de la deuda pública, que ya alcanza 75 % del PIB, son amenazas muy reales a esa sostenibilidad. Además, se necesitan nuevos recursos para continuar los programas sociales que el anterior gobierno dejó desfinanciados, lo mismo que para tapar el enorme hueco del subsidio a los combustibles, que puede superar $30 billones este año. 

Para atender todas estas necesidades y para hacer menos inequitativo el sistema tributario del país en el que las personas más ricas pagan muy pocos impuestos, el ministro Ocampo propuso una reforma tributaria con el objetivo de recaudar unos $25 billones. 

La reacción nacional ha sido paradójica: de una parte, elogios a la responsabilidad fiscal del ministro para sanear las finanzas públicas, pero de otra protestas y reclamos de todos los afectados con los nuevos impuestos o la pérdida de gabelas tributarias. La gente acepta que es necesario que se recauden más impuestos, siempre y cuando se los cobren a otros, es decir, que “Otros pongan”. 

Así, por ejemplo, los accionistas no quieren que les suban las tarifas a sus dividendos; los productores de bolsas de plástico contaminantes olvidan su preocupaciones ambientalistas y rechazan que las graven; los mineros no aceptan compartir sus ganancias extraordinarias cuando sube el precio internacional de sus productos; los constructores de vivienda y los hoteleros protestan contra la eliminación de los subsidios con los que han hecho pingües ganancias, y así podría continuar la larga  lista de todos los que no quieren perder sus privilegios. 

Con frecuencia, para rechazar los cambios se dice defender los derechos de los más pobres. Así, los productores de bebidas azucaradas ‒siempre tan preocupados por el bolsillo de los pobres‒ rechazan el impuesto a sus bebidas; o el 2 % de pensionados, que recibe más de $10 millones, reclama en nombre de los que reciben un salario mínimo; o los que dicen defender la deducción de 40 % de los costos laborales de los 500.000 cafeteros, cuando la mayoría de ellos no declara renta. 

La reforma sí necesita ajustes y hay tributos que pueden ser exagerados o perjudiciales, pero la posición del ministro Ocampo es totalmente lógica y sensata: está dispuesto a modificar el proyecto, siempre y cuando le propongan otros tributos que compensen el recaudo de los que se quiten.  

Sin embargo, la mayoría de las propuestas presentadas hasta ahora son para que “Otros pongan”, sin ofrecer alternativas, con lo cual el resultado del juego será “Todos pierden” y los únicos que ganarán son los que van a presionar al Congreso para no tener que poner más. 

Mauricio Cabrera Galvis 

Agosto, 2022

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Las angustias de la coyuntura oscurecen las visiones de mediano y largo plazo. Los asuntos más relevantes para la modernización de la economía colombiana son el ordenamiento territorial, la transformación de la matriz energética, la seguridad alimentaria, la convergencia social-regional y estabilidad fiscal.

El ordenamiento del territorio se ha convertido en un problema central de la sociedad colombiana. La expresión más notoria del conflicto por la tierra es el asesinato continuo de líderes sociales, así que el ordenamiento del territorio está íntimamente ligado a la búsqueda de la paz y a la puesta en práctica de los acuerdos de La Habana.

El examen de la ubicación de las personas en el territorio es el punto esencial de la geografía económica. Este ejercicio debe contemplar la integración de los planes de ordenamiento territorial. Cada municipio hace su plan, pero no se ha logrado que haya articulación entre las distintas visiones. Municipios vecinos pueden tener prioridades de ordenamiento territorial completamente diferentes y contradictorias. Y la actualización del diagnóstico pasa por la consolidación del catastro multipropósito. Una de las mayores dificultades para lograr la armonización territorial es la falta de jerarquía institucional. En el país existen numerosas instituciones que tienen relación con el tema, pero no se tiene suficiente claridad sobre el liderazgo institucional.

Una parte importante del territorio nacional está en manos de grupos armados ilegales. La combinación de prácticas ilegales relacionadas con la deforestación, la minería y el narcotráfico han ido creando espacios que dificultan el control territorial por parte del Estado. La estrategia prohibicionista ha fracasado y tienen que buscarse otras alternativas.

La transformación de la matriz energética toma tiempo, pero como se dijo en Glasgow, las decisiones estratégicas tienen que tomarse desde ahora. Es necesario transformar la matriz energética por razones ambientales y porque el desarrollo económico de los próximos años requiere un crecimiento con bajo consumo de carbono. El país tiene que reducir su dependencia del petróleo y de los minerales. La economía verde debe estar acompañada de un mejoramiento de la productividad. Al abandonar la lógica extractivista se irá consolidando un proceso industrial limpio.

La seguridad alimentaria es una condición básica para la buena vida. De acuerdo con la FAO y otras entidades, la seguridad alimentaria podría aumentar en Colombia porque el país sufre “conflictos y condiciones climáticas extremas”. Su vulnerabilidad se ha intensificado, entre otras razones, porque las importaciones de alimentos básicos ya están llegando a 15 millones de toneladas/año. La agroindustria juega un papel central en este proceso.

Aceptando las diferencias regionales que existen en el país, debe buscarse que haya convergencia en los indicadores sociales básicos.

El desbalance fiscal es significativo. Al terminar 2023, sin reforma, el déficit sería de $76 billones. Esta cifra es gigantesca. Basta compararla con el presupuesto que en 2023 tendría todo el sector agropecuario, que apenas llega a $1,3 billones. Los $25 billones que se obtendrían en el primer año de la reforma tributaria todavía son insuficientes, así que en el largo plazo la estructura fiscal tiene que fortalecerse.

Jorge Iván González

Agosto, 2022

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¿Por qué propuesta de gobierno me inclinaría a votar en Colombia, para responder a la invitación de Darío? Esta pregunta lleva a consultar y analizar, con el fin de tomar una decisión razonada ‒y razonable‒. Mientras se concretan los programas ‒de candidatos y precandidatos‒, que en este momento son muy pocos, y se definen los candidatos (habrá que esperar al 13 de marzo para ello), formulo los criterios que yo usaría para escoger un plan de gobierno.

Al no estar definidos todavía los candidatos a la primera vuelta para la elección presidencial y contar con poca información disponible sobre planes de gobierno en internet (que no discriminan suficientemente para tomar decisiones), planteo de entrada cinco preguntas: 

1. ¿Se vota por planes o programas de gobierno, estudiados y comparados, o se decide emocionalmente por un candidato, sin mayor argumentación, presionado por lo que dicen las campañas, las encuestas, las redes sociales y los otros medios de comunicación?

2. ¿Qué variables conviene tener en cuenta para escoger un determinado plan de gobierno? 

3. Al escoger un plan de gobierno, ¿se piensa en el país, la ciudad, la familia o en intereses meramente personales? 

4. ¿Cumplen los elegidos lo que proponen en sus planes de gobierno?  ¿Podría afirmarse que los presidentes elegidos en los últimos cuatrenios los cumplieron en más de un 50 %? 

5. Los planes de gobierno, ¿tienen en cuenta los recursos que los harán viables y posibles?

Hoy existen muy pocos planes de gobierno organizados y completos. Por eso, respondo la pregunta de Darío desde otra perspectiva: ¿qué elementos de un plan de gobierno tendría en cuenta para escoger el que mejor satisfaga lo que quiero para Colombia?

Me inclino por un plan de gobierno consistente, que contenga propuestas concretas e indicadores medibles y viables de hacerles seguimiento, y que apunten a resolver estas situaciones:

1. Generación de empleo abundante, digno y formalizado, en especial para mujeres y jóvenes, como elemento para la lucha contra el hambre que azota a millones de colombianos.

2. Reforma agraria, legalización de la tierra usurpada a los campesinos y fomento del cultivo del campo para no importar tanto alimento.

3. Implementación de los acuerdos de paz.

4. Ataque frontal a la corrupción de todo tipo, pero con propuestas concretas y realizables.

5. Reformas laboral y pensional, llevadas al Congreso en el primer año del mandato, y protección especial a la vejez.

6. Mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación en sus distintos niveles.

7. Reforma tributaria estructural, que grave a los que más tienen y contaminan más, para que los dueños de grandes extensiones de tierra paguen mayores impuestos prediales y que garantice, además, la sostenibilidad y los recursos para financiar las promesas de campaña de quien resulte ganador. 

8. Mejoramiento sustancial de la seguridad en ciudades y campos y judicialización efectiva para reducir sustancialmente la impunidad.

9. Cuidado del ambiente en las ciudades y protección de las selvas, encarcelando a quienes queman bosques y a los que ordenan quemarlos para convertirlos en campos de pastoreo.

10. Mejoramiento de los servicios de salud y énfasis en la educación para la salud preventiva.

11. Desarrollo de corredores estratégicos y regionales en infraestructura y manejo transparente de los recursos.

12. Incremento de la industrialización del país.

13. Efectividad de la justicia y lucha contra la impunidad, desde la de cuello blanco para abajo.

14. Fomento de energías alternativas a las provenientes de combustibles fósiles.

15. Soluciones a la movilidad en las ciudades.

16. Mejoramiento de las relaciones exteriores, comenzando con Venezuela.

17. Impulso a la ciencia, a la tecnología y a las telecomunicaciones.

18. Fortalecimiento del comercio exterior.

19. Implementación de una política de transparencia.

20. Combate al narcotráfico (con legalización o represión) y a las guerrillas.

También es necesario revisar los antecedentes del candidato que lidera un programa de gobierno en el ejercicio previo de cargos públicos, pues uno vota por una persona: qué tanto de lo ofrecido lo llevó a cabo, al igual que mirar los apoyos que tendrá en el Congreso para materializar y cumplir sus propuestas.

¿Existirá algún mecanismo que funcione, por el cual pueda exigírsele al candidato triunfador que cumpla lo que ofreció o prometió? Muchos planes de gobierno incumplidos han llevado a la baja participación en las elecciones presidenciales.

William Mejía Botero

Febrero, 2022

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¿Cuánto le cuestan al fisco los días sin IVA? ¿Cuánto deja de recaudar la DIAN por el IVA que se ahorran los consumidores en sus compras de estos días?

Aunque parezca increíble a estas alturas no se conoce todavía un informe oficial sobre cuál fue el costo de los tres días sin IVA del año pasado. Se sabe que tuvieron un costo importante en materia de salud –sobre todo el primero– porque las aglomeraciones elevaron los contagios de Covid, pero se ignora cuál fue su impacto fiscal.

Según las triunfales declaraciones oficiales y de Fenalco, en el primer día sin IVA de 2020 se registraron ventas por $5.4 billones y en el tercero por otros $5.8 billones. Como el segundo fue tan solo unas semanas después del primero, los resultados no fueron tan buenos y no salieron noticias sobre el valor de las ventas. De todas maneras puede estimarse que las ventas totales de los tres días superaron los $12 billones.

Un primer cálculo daría que el costo fiscal es el 19 % de este valor, es decir $2.3 billones, pero hay que tener en cuenta que algunos de los bienes vendidos tienen IVA del 5 % e inclusive algunos no tienen, por ser exentos o excluidos. Como no hay información oficial toca adivinar y suponer alguna tarifa promedio. Por ejemplo, si fuera de 12 %, el año pasado la DIAN habría dejado de recibir $1.4 billones.

Es más inexplicable aún que no exista la información pública sobre estas cifras, sobre todo porque la ley obliga a que en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se informe sobre el costo fiscal de las exenciones tributarias y es evidente que permitir compras sin IVA es una exención. Sin embargo, en el MFMP presentado al Congreso hace unos meses no hay una sola mención al menor recaudo de la DIAN por este concepto.

Los tres días sin IVA de este año se autorizaron en la última reforma tributaria (Ley 2155 de 2021). Aunque la legislación también exige que en todo proyecto de ley se presente un análisis detallado del impacto fiscal de las propuestas que afecten el recaudo, en la exposición de motivos del proyecto de ley tan solo se incluyó en un cuadro un renglón que señala que los días sin IVA y la ley de turismo tendrían un costo fiscal de unos $410.000 millones (0.04 % del PIB) en 2021.

La realidad será muy distinta. Según el gobierno y Fenalco en el primer día sin IVA las ventas alcanzaron $6.9 billones, y se espera que en las tres jornadas lleguen a $18 billones. Con el mismo supuesto de una tarifa promedio de 12 %, el costo para los contribuyentes sería de $2.1 billones, más de cinco veces lo presupuestado. ¿Cómo va a cubrirse ese nuevo hueco fiscal?

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Coletilla. Asombra la falta de coordinación de las autoridades económicas. Según la exposición de motivos de la reforma tributaria, el Gobierno estableció tres días de compras sin IVA “con el objetivo de estimular la actividad comercial y reactivar la economía”. Por su parte, el Banco de la República sube de un solo golpe su tasa de interés en 0.5 % porque cree que no hay necesidad del estímulo monetario a la economía y hay que controlar la demanda para frenar la inflación. ¿Quién tiene la razón?

Mauricio Cabrera

Noviembre, 2021

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