Mi artículo de la semana pasada concluía con una categórica afirmación: “mientras no se modifiquen las normas de las licencias sociales y ambientales, Colombia no podrá avanzar en la transición energética”. Nadie cuestiona que esta transición sea una prioridad nacional por la necesidad de diversificar la matriz energética reduciendo el uso de hidrocarburos; sin embargo, las consultas previas y las licencias ambientales se han convertido en un obstáculo a este proceso.
Es evidente que los derechos particulares de las comunidades étnicas son un logro importante de la Constitución del 91 que deben ser respetados, pero también los proyectos de energías renovables son un bien público que responde al interés colectivo de preservar el medio ambiente ¿Cómo conciliar estos dos derechos fundamentales cuando entran en conflicto? ¿Cómo evitar los abusos que se han presentado en los procesos de consulta?
Las dificultades de las energías renovables
La Guajira es una región privilegiada del país en materia de recursos energéticos: tiene los mayores yacimientos de carbón que han generado enorme riqueza para sus propietarios y para el país y escaso desarrollo económico y social para sus habitantes, pero también tiene abundancia de sol y vientos, las dos fuentes de energía limpia, llamadas a reemplazar los hidrocarburos.
En la Guajira están proyectados más de 60 parques eólicos que podrían entrar a operar antes de 2030, con una capacidad estimada de 7 000 mw; pero muchos de estos proyectos han sido bloqueados o suspendidos por conflictos con comunidades indígenas que reclaman afectaciones culturales, ambientales y territoriales.
El caso de la línea de transmisión denominada La Colectora es emblemático. Este proyecto, adjudicado en 2018 al Grupo de Energía de Bogotá, debía estar operativo en 2022 para producir más de 2 300mw de energía renovable desde la Guajira, mediante la construcción de dos líneas de transmisión de 500kv cada una, entre las subestaciones Colectora y Cuestecitas y una línea adicional de 250 km entre Cuestecitas y La Loma, lo que hace un total de 470 km de nuevas líneas.
Hoy, su entrada en funcionamiento ha sido aplazada hasta 2026, principalmente por los obstáculos derivados de las consultas previas con comunidades indígenas. Tuvieron que realizarse 235 consultas con una población estimada de 150 000 habitantes, lo que implica un promedio de 638 personas por comunidad. Sin embargo, muchas de estas comunidades son rancherías dispersas, algunas con menos de 50 habitantes. Esta fragmentación ha multiplicado los trámites, dilatado los tiempos y saturado la capacidad institucional. En el caso de La Colectora, el proceso de consulta tomó más de 1 000 días.
A esto se suma la complejidad de las licencias ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tardó más de tres años en otorgar la licencia para el tramo Cuestecitas–Colectora, y solo lo hizo tras superar un recurso de reposición.
La consecuencia de estas demoras es la incertidumbre jurídica, la pérdida de confianza de los inversionistas y la paralización de por lo menos 6 proyectos eólicos que ya habían sido adjudicados en subasta, con una capacidad instalada de 1 535mw. Algunos ya han sido cancelados y otros, como el de Windpeshi tuvo que ser adquirido por Ecopetrol para reactivarlo.
Este es un parque eólico de 205 megavatios que prometía ser emblema de la transición energética. Para empezar a desarrollarlo la empresa ENEL tuvo que realizar 67 consultas previas con una población de 5 000 habitantes de comunidades Wayúu, promovió subcomités de diálogo y ejecutó proyectos sociales, pero encontró un territorio fragmentado, con disputas internas entre clanes, retornos migratorios desde Venezuela y asesores externos buscando beneficios individuales que hicieron imposible el proyecto.
No solo sucede en la Guajira. En el Valle del Cauca la empresa Celsia tuvo que abandonar la construcción de la segunda línea de transmisión de Yumbo a Buenaventura, tras enfrentar exigencias excesivas de algunas comunidades que no estaban debidamente constituidas o no tenían representatividad legítima; también se denunció la creación de comunidades ficticias con el propósito de obtener beneficios económicos o ejercer presión indebida sobre la empresa.
Como lo mencioné la semana pasada, en el país existen por lo menos 8 proyectos eólicos y 10 solares ya aprobados, que están suspendidos o en riesgo de cancelarse por carencia de conexión con la red eléctrica nacional o demoras de las licencias ambientales y sociales; proyectos que tendrían una capacidad instalada de unos 4gw, es decir más del doble de la actual, y elevarían al 24% la participación de las FNCER en la matriz eléctrica nacional.
Para superar el conflicto
No es tarea sencilla equilibrar el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio con el deber del Estado de garantizar el acceso universal a energía limpia y segura. Para hacerlo se requiere una reforma profunda de las normas vigentes y de las instituciones responsables. Entre las muchas propuestas que se han debatido en diferentes foros se pueden destacar las siguientes.
En primer lugar, realizar consultas previas con enfoque colectivo. La normativa actual exige que cada comunidad étnica sea consultada de forma individual, incluso cuando comparten territorio y afectaciones. Esto ha generado procesos fragmentados y lentos. Se propone permitir acuerdos colectivos, agrupando comunidades con características similares, para establecer compromisos comunes y reducir tiempos sin vulnerar derechos.
Segundo, el Estado debe realizar una gestión territorial anticipada, asumiendo un rol proactivo en la identificación de comunidades, consolidación de censos y promoción de vocerías legítimas, antes de adjudicar proyectos. Esto evitaría que las empresas enfrenten territorios sin información básica y permitiría una planificación más eficiente y respetuosa.
Por otra parte, se requieren reformas institucionales que permitan a la ANLA, el Ministerio del Interior y la UPME articularse para evitar que los trámites se conviertan en laberintos burocráticos. En particular, la ANLA debe contar con un mecanismo de evaluación acelerada para proyectos considerados estratégicos por el Gobierno Nacional. Esto implica fortalecer su capacidad técnica, digitalizar procesos y establecer plazos máximos para cada etapa, sin relajar los estándares ambientales.
Finalmente, en casos excepcionales, el Estado podría declarar ciertos proyectos como de utilidad pública, lo que permitiría avanzar en su ejecución con mayor celeridad. Sin embargo, esto debe ir acompañado de garantías reforzadas en derechos humanos, ambientales y culturales, para evitar abusos o imposiciones.
Mauricio Cabrera Galvis
Publicado en la revista CAMBIO, Colombia
