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Impuestos para las golondrinas

Por Mauricio Cabrera Galvis 23 agosto, 2026

Hoy nos duele el alma por las víctimas del devastador terremoto y nos emociona la respuesta solidaria de todo el país; pero no basta, y siendo pragmáticos, hay que conseguir mucha plata para la reconstrucción. Planteo una propuesta para implementar en el marco de la emergencia económica.

Una enorme y absurda rebaja de impuestos

Si un inversionista extranjero viene a hacer empresa en Colombia, sobre las utilidades que obtenga tendrá que pagar la tarifa de impuesto que pagan todas las empresas colombianas, es decir 35%. Pero si ese inversionista decide más bien poner sus dólares en TES, bonos o CDTs, el impuesto que tendrá que pagar es 5%. No es un error de imprenta sino un absurdo tributario, cinco por ciento es el impuesto que pagan los capitales golondrina.

La historia es así. Hasta el año 2012 los rendimientos de la Inversión Extranjera de Portafolio (IEP, que es el nombre elegante de los capitales golondrina) pagaban la misma tarifa corporativa que en esa época era del 33%. En el proyecto de reforma tributaria de ese año, el ministro Cárdenas propuso que se bajara a 25%, pero en el Congreso, en una movida misteriosa en el último debate, alguien propuso que fuera el 14%; así fue aprobado y se mantuvo hasta la reforma tributaria del gobierno Duque en 2019, que bajó la tarifa al 5%, vigente hasta ahora.

En ambas ocasiones el argumento para justificar esos costosos regalos tributarios era la necesidad de incentivar el ingreso de IEP para que el gobierno pudiera colocar más TES. En el 2012 funcionó y la participación de los fondos extranjeros de capital entre los tenedores de TES, pasó de 5% ese año a 26% en el 2018. Sin embargo, hay que tener en cuenta que confluyeron otros factores como la reducción del riesgo país y la inclusión de Colombia en el índice GBI-EM del banco J.P. Morgan, de manera que es difícil discriminar el impacto específico de la gabela tributaria.

En 2019 se sofisticó el argumento diciendo que era necesario para competir en la atracción de capitales con países como México y Perú, pero el impacto no fue significativo como se observa en el gráfico: el monto de la IEP en TES se mantuvo constante los dos años siguientes y su participación, promedio anual, entre los tenedores de TES cayó hasta el 18% el año pasado, y solo repuntó al 21% este año con la venta masiva de TES que hizo el gobierno anterior a un fondo de capital extranjero.

EL COSTO FISCAL DE LA EXENCIÓN

Desde el punto de vista tributario, estas reformas son una exención que debería cuantificarse e incluirse en el reporte de impactos tributarios de las leyes aprobadas que debe presentarse en el MFMP. Nunca se ha hecho y el país tiene el derecho de conocer cuánto suman los impuestos que se están dejando de cobrar a la IEP, sobre todo sabiendo que buena parte de eso es un regalo a otros países, pues con aquellos que se tienen acuerdos de doble tributación, los impuestos que pagan sus empresas en Colombia los pueden descontar de los que deben pagar en su país de origen.

Sin conocer las cifras oficiales, es posible hacer un cálculo de servilleta. A partir de los saldos promedios de TES en poder de fondos extranjeros y suponiendo un rendimiento promedio de los TES del 9% entre 2019 y 2025 se habrían dejado de recaudar impuestos por un monto aproximado de $19 billones, alrededor de 1% del PIB.

Pero eso es leche derramada. Mirando hacia delante, la IEP en TES hoy es del orden de $160 billones; como la tasa de colocación de los TES se ha incrementado, es válido suponer ahora un rendimiento promedio del 10% anual, con el cual las utilidades anuales serían de $16 billones sobre lo que van a pagar un impuesto de $800.000 millones.

Si les aplicara la tarifa corporativa, tendrían que pagar $5.6 billones; es decir que el fisco colombiano está regalando $4.8 billones anuales, buena parte a los recaudadores de impuestos de los países que no son paraísos fiscales, y otra parte a los fondos extranjeros que provienen de esos paraísos.

Como dije, estas cifras son aproximaciones, pueden ser imprecisas, pero unos millones más o menos no hay duda de que se trata de mucha plata. De seguro el ministerio de hacienda cuenta con los cálculos detallados de cuánto están tributando los fondos extranjeros tenedores de TES y por transparencia con la opinión pública debería publicarlos. El gobierno, por su parte, debería incluir en los decretos de emergencia económica la elevación de la tarifa de impuestos a las golondrinas pues allí hay una fuente de recursos muy importante para la costosa labor de reconstrucción que se debe adelantar en los territorios afectados por el terremoto.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

23 agosto, 2026 1 comentario

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NADIE PUEDE SERVIR A DOS SEÑORES….

Por Mauricio Cabrera Galvis 9 agosto, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

…porque u odiará al uno y amará al otro, o preferirá al uno y despreciará al otro.” (Mateo 6,24). Ahora que el presidente electo ya no es ateo y se convirtió en cristiano practicante, debería seguir este consejo de Jesús para decidir si renuncia o no a su condición de ciudadano de los Estados Unidos.

NO ES ILEGAL, PERO SI INCONVENIENTE

No estoy de acuerdo con quienes dicen que el presidente de Colombia no puede tener doble o triple nacionalidad y que por lo tanto se debe desconocer su elección. No hay nada en nuestra Constitución que lo prohíba, a diferencia de la prohibición explícita que si existe para los embajadores, razón por la cual Luis A. Murillo tuvo que renunciar a esa ciudadanía.

El debate no es jurídico sino político y ético; además, no existe con otras nacionalidades como la italiana, sino con la de EE.UU y no por las leyes de ese país sino por el juramento que debe hacer quien adquiere esa ciudadanía, que dice así:

“Declaro, bajo juramento, que renuncio absolutamente y por completo a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera del cual haya sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, externos e internos; que mantendré verdadera fe y lealtad a las mismas…”

Es categórico: el presidente electo ha renunciado a la lealtad a otros países de los cuales sea ciudadano; a Italia, lo que no tiene ninguna repercusión, y a Colombia, país que deberá gobernar de acuerdo con las leyes de EE.UU. Sin embargo, el 7 de agosto el presidente debe jurar que va a “cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” (Art. 188). ¿Cuál de los dos juramentos va a cumplir?

Como si no fuera suficiente la contradicción, el ciudadano norteamericano juró que “serviré en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando sea requerido por la ley …”, pero resulta que también va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Militares colombianas. Son dos juramentos en conflicto. Eso es querer servir a dos señores.

LOS CONFLICTOS DE INTERÉS

La médula del problema son los conflictos de intereses que va a enfrentar, los que se pueden apreciar con unos ejemplos reales y otros hipotéticos, que va a ser más intensos con las políticas del actual gobierno gringo. Frente a las acciones oficiales que violan los derechos humanos de los colombianos en E.UU., llegando hasta el asesinato de un inmigrante legal, ¿el presidente defenderá a sus compatriotas o primará su lealtad a las leyes extranjeras?

Otro caso real es la política comercial de Washington que ha recurrido a aranceles unilaterales como herramienta de presión geopolítica, y que podría llegar a plantear la renegociación del TLC como ya lo ha hecho con el acuerdo comercial con México y Canadá. ¿El presidente negociaría como jefe de estado que protege a los productores nacionales, o como ciudadano de un país que juró defender?

La alineación geopolítica de Colombia y sus relaciones comerciales con otros países también podría vere afectada. La doctrina Donroe y el escudo de las Américas buscan alinea a los países latinoamericanos con los intereses estratégicos norteamericanos y limitar los negocios con China. A Panamá ya le presionó para que sacara a una empresa china de los puertos del Canal; ¿podría pasar lo mismo con las empresas chinas que están construyendo el metro de Bogotá y otras obras de infraestructura?

Un eventual problema provendría de las revelaciones del New York Times sobre el pasado profesional del presidente electo. Tampoco es delito que un abogado defienda a narcotraficantes, pero si un ciudadano estadounidense es investigado por presuntos vínculos con lavado de dinero o por haber recibido dineros ilícitos a clientes vinculados al crimen organizado, enfrenta la jurisdicción plena del sistema federal, incluyendo órdenes de captura, y no puede alegar inmunidad soberana ni diplomática frente a su propio país.

El presidente no está obligado a renunciar a la ciudadanía norteamericana, ni el tenerla hace ilegal su elección, pero si le conviene hacerlo para su propio beneficio y el del país, pues se eliminarían los inevitables conflictos de interés que tendrá que enfrentar si no lo hace, y desaparecería la sospecha de que sus decisiones estén guiadas por la lealtad a los Estados Unidos. En otras palabras, ganaría legitimidad política. La doble nacionalidad no es ilegal, pero no renunciar a ella e ignorar sus implicaciones políticas sería, sin duda, un error.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Publicado en la Revista Cambio-Colombia

Agosto de 2026

9 agosto, 2026 4 Comentarios

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FRENAR LA FUNESTA REVALUACIÓN

Por Mauricio Cabrera Galvis 27 julio, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

La rápida caída del precio del dólar hasta alrededor de $3.250 ha llevado la tasa de cambio a unos niveles que no guardan ninguna relación con los fundamentales de la economía y la está perjudicando, pues con esta revaluación son más los perdedores que los ganadores.

El dólar ha bajado tanto porque en el mercado de divisas la oferta ha sido mucho más grande que la demanda. Nadie sabe si este exceso de oferta va a continuar, bajando más el precio, ni cuándo se va a revertir la tendencia, pero si es claro que el Banco de la República y el Gobierno tienen instrumentos para intervenir en el mercado y controlar esta perjudicial revaluación del peso, ¿por qué no lo han hecho?

Un dólar demasiado barato

Hay varios indicadores que muestran que ha sido exagerado un desplome de la tasa de cambio desde los $4.400 registrados en diciembre de 2024, lo que significa una revaluación nominal del 26%, o del 13.5% en lo corrido de este año. El más fácil de entender es el índice de la hamburguesa (Big Mac) que usa la revista británica The Economist. Según este índice en diciembre pasado el peso estaba ligeramente sobrevalorado: con una tasa de $3.687, la hamburguesa valía solo 1.5% más en Colombia que en Estados Unidos.

Con la inflación interna y el dólar a $3.250, el precio doméstico ha subido a USD 8.28, mientras que allá es de USD 6.34, lo que indica una enorme sobrevaloración del peso, más del 30%. Si los bienes producidos en Colombia son mucho más caros que los del exterior, los importadores hacen fiestas y sufren los productores nacionales; por eso las ventas del comercio (sin combustibles) van creciendo 14.7%, mientras que la producción industrial cae 0.4%.

Otro indicador más técnico es el Índice de la Tasa de Cambio Real (ITCR) que calcula el Banco de la República y mide el valor del peso, ajustado por la inflación, frente a la canasta de monedas de nuestros socios comerciales. Un menor valor ITCR indica una que el peso colombiano ha ganado poder adquisitivo frente a las monedas de sus socios comerciales, es decir que se ha revaluado. Desde el cierre de 2024 la ITCR muestra una revaluación del peso, pues ha caído 22%, y solo en lo corrido de este año más del 10%.

Una razón que se aduce para la pasividad de las autoridades frente a esta tendencia perjudicial es que la debilidad del dólar es un fenómeno mundial frente al cual no se puede hacer nada, es decir que se ha devaluado frente a muchas otras monedas por las equivocadas políticas económicas y militares de Trump.

Fue cierto el año pasado, pero no este año tal como se aprecia en el gráfico siguiente, donde la línea roja es el ITCR de Colombia y la azul el índice DXY que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas, que cuando baja es porque el dólar se está debilitando, es decir que las otras monedas se están revaluando. Desde la posesión de Trump hasta julio de 2025 el DXY pasó de 133,5 a 123,1, es decir que la otras monedas se revaluaron 8.4% mientras que en el mismo período el ITCR colombiano se revaluó un poco menos, solo 4%.

Por el contrario, en los últimos doce meses el valor promedio del dólar se ha fortalecido un poco (pasó de 123,1 a 123,8) mientras que el ITCR ha caído de 125,4 a 102,3, es decir una revaluación del 18%. Son otros los factores que explican la gran oferta de dólares en el mercado cambiario y que ha generado la revaluación de la tasa de cambio del peso colombiano.

El Banco de la República debe comprar dólares

¿Pueden el Gobierno y el Banco de la República derrotar al mercado en la lucha por evitar la revaluación del peso y volver a una tasa de cambio que sea más competitiva para los productores nacionales? ¡Si y ya los han utilizado en otras ocasiones! Ellos no están por fuera del mercado cambiario, sino que son unos actores muy influyentes que pueden intervenir en el mercado para reducir la oferta de divisas y aumentar la demanda para que suba el precio del dólar.

Por el lado de la demanda de divisas, el único agente individual del mercado que tiene la capacidad de comprar una cantidad de dólares que modifique sustancialmente su precio son los bancos centrales. En la primera década de este siglo el Banco Central de Chile anunció la compra de 8.000 millones de dólares, que en ese momento equivalían al 50% de sus reservas internacionales; por la misma época el Banco de la República compró 4.500 millones de dólares en poco más de un año. Son intervenciones de estas magnitudes las que pueden derrotar al mercado y evitar la revaluación del peso, además de que sería un excelente negocio para el Banco acumular reservas a un precio tan bajo.

Para que la intervención sea más efectiva debe hacerse con compras discrecionales y aleatorias y no con las subastas de opciones utilizadas en pasadas ocasiones. Estas subastas son un mecanismo sofisticado para acumular reservas que consiste en que una persona adquiere el derecho de venderle dólares al Banco de la República a una tasa predeterminada si el promedio de la TRM de los últimos días fue inferior a esa tasa. Así anunciada, se convierte en una excelente oportunidad de ganancia para los especuladores, que pueden definir de antemano a qué tasa les conviene vender sus dólares, e inclusive comprarlos a una tasa más barata.

Desestimular los capitales golondrinos

Para reducir la oferta, que en estos momentos proviene en gran parte de los capitales golondrinos atraídos por las altas tasas de interés domésticas, también el Banco de la República podría actuar bajando su tasa, pero esto conlleva un debate más profundo sobre la conocida posición del Banco que no va a cambiar en los próximos meses.

El instrumento para reducir la oferta está en manos del gobierno nacional y consiste en imponer restricciones a los flujos de capitales golondrinos que entran y salen de los países en plazos muy cortos, generando gran volatilidad de las tasas de cambio y crisis financieras como ha sucedido en el sureste asiático, México, Rusia o Brasil.

No se trata de una prohibición, imposible de implementar dada la gran integración de los mercados de capitales mundiales, sino de un mecanismo de mercado como por ejemplo, imponer un sobrecosto que disminuya la rentabilidad de las inversiones de corto plazo haciéndolas menos atractivas, o poner impuestos a sus transacciones como los propuestos por Tobin o Soros.

Este tipo de mecanismos también se ha utilizado en el país. En 2007 el gobierno Uribe expidió el decreto 1801 que impuso un depósito previo del 40% a las inversiones de capital de corto plazo; no era una prohibición imposible de implementar, sino un mecanismo de mercado que consistía en imponer un sobrecosto que disminuye la rentabilidad de las inversiones de corto plazo haciéndolas menos atractivas.

Además, una restricción de este tipo compensa un poco el innecesario beneficio tributario que se les ha otorgado a los capitales golondrinos, que solo pagan en Colombia un impuesto del 5% por las utilidades obtenidas. De hecho, esta es una transferencia de impuestos a los países de origen de estos capitales, porque allá sí tienen que pagar una tarifa más alta, de la que podrían descontar los impuestos que paguen en Colombia.

Las autoridades colombianas sí tienen como frenar la funesta revaluación. Solo falta la voluntad política para hacerlo.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

27 julio, 2026 1 comentario

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La tasa de interés y el nuevo gobierno

Por Mauricio Cabrera Galvis 12 julio, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

¿Cómo explicar que la Junta del Banco de la República haya vuelto a subir su tasa de interés solo un mes antes del inicio del nuevo gobierno? ¿Es su última reacción frente al manejo fiscal del gobierno que termina, o es un anticipo de lo que va a hacer frente a los planes del nuevo? Hay varias hipótesis que pueden responder esta pregunta, pero antes conviene mirar las cifras y sus implicaciones para la economía.

Alzas justificadas y alzas equivocadas

Después de que la inflación y la tasa de interés bajaran a mínimos históricos durante la pandemia, la inflación se empezó a acelerar en el año 2021 hasta llegar a un máximo de 13% en diciembre de 2022. La lógica y justificada reacción de la junta fue adoptar, durante dos años, una política muy contraccionista, subiendo la tasa en 14 ocasiones hasta ponerla por encima de la inflación en mayo de 2023.

Después, aunque la inflación bajó rápidamente hasta 5,1% en diciembre de 2024 (una caída de 8%), la junta fue demasiado cautelosa y solo bajó la tasa 3,5%, llevando el diferencial entre los dos indicadores a un elevado nivel de 450 pb., que bajó un poco a partir del segundo semestre de ese año.

Este año la junta decidió apretar más las tuercas y ha subido la tasa del Banco en tres ocasiones llevándola de 9.25% a 12%. El primer aumento, -de 100 pb. en febrero-, aunque muy grande, se justificaba para cortar las expectativas de una mayor inflación por el impacto esperado de gran incremento del salario mínimo.

En mi opinión los otros dos aumentos, – de 100 pb en abril y otros 75 pb esta semana-, son equivocados y además con consecuencias negativas para la economía.

La explicación de la Junta es que la inflación ha seguido y seguirá aumentando en lo que queda del año, y está muy por encima de la meta del 3% fijada por el mismo Banco, por lo que es necesario emplear a fondo su único instrumento para bajarla, que es la tasa de interés.

Cierto, pero con matices, porque la realidad es muy diferente a lo que dicen los textos. La gran sorpresa, -para mí mismo que esperaba más-, es que el aumento de 23% en el salario mínimo haya impactado tan poco el nivel de precios. En efecto, entre diciembre del año pasado y junio la variación del IPC anual ha pasado de 5.1% a 5.9%, es decir un aumento de solo 0.8%, cuando los modelos econométricos del mismo Banco de la República predecían que el impacto debería ser de 3.2%.

También es cierto que la inflación seguirá aumentando un poco: la expectativa de los analistas es que termine el año entre el 6% y el 6.5%; o sea que la tasa del Banco hoy es el doble de la inflación esperada y está 600 pb por encima, lo que es la mayor diferencia de la historia reciente. Pero este nuevo impulso ya no será por el salario mínimo ni por presiones de demanda, sino por factores de oferta: los precios de la energía y el fenómeno de El Niño.

En estas circunstancias es cuando se ve la equivocación de la junta: cuando la inflación es de oferta, la subida de la tasa de interés sí puede servir para controlar la subida de precios, pero a costa de un frenazo a la actividad económica y al aumento del desempleo. No creo que lleguemos a una recesión, pero sí es probable que caigamos en esa extraña palabra “estanflación”, es decir una combinación de estancamiento e inflación.

El otro impacto muy negativo de la subida de la tasa es que atrae capitales golondrina, lo que ha reforzado la revaluación del peso, que venía ocurriendo desde diciembre de 2024. Desde esa fecha, el peso se ha revaluado 23.8%, al pasar de $4.409 a $3.357. Si tomamos en cuenta que el aumento de precios en el mismo período ha sido de 10.3%, se dimensiona el gran problema de los exportadores y las enormes ganancias de los importadores, todo a costa de la producción nacional y el empleo.

Es evidente el impacto de los capitales golondrina que llegan al país atraídos por las altas tasas de interés, aumentando la oferta de divisas y presionando a la baja el precio del dólar, que ha caído $100 desde el anuncio de la nueva tasa a pesar de la caída del precio del petróleo por debajo de USD 70. Además, es una tendencia contraria al comportamiento del dólar frente al resto de monedas, pues mientras acá se ha debilitado, en el mundo se ha fortalecido un 4.3% este año.

¿Motivos políticos o razones técnicas?

Volviendo a la pregunta inicial, sí resulta extraño que en la antesala de un cambio de gobierno la junta no solo haya vuelto a subir la tasa 75 pb, sino que dé señales que lo puede volver a hacer antes de terminar el año. Extraño porque la inflación no se ha disparado como se temía, y porque el nuevo gobierno ha anunciado cambios de fondo en el manejo del gasto público y del déficit fiscal.

Hay dos hipótesis posibles: la visión política de los oficialistas que piensan que la junta quiso subir la tasa antes de que terminara el gobierno Petro, para que su impacto negativo sobre la actividad económica y el empleo quedara como otra mala herencia de este gobierno. En esta visión, la junta podría empezar a bajar la tasa en los próximos meses como una muestra de confianza en la ortodoxia fiscal de la nueva administración.

La otra hipótesis es menos política y más técnica: la Junta no cree que sean realistas ni posibles los planes de ajuste fiscal anunciados por el nuevo gobierno y espera que el déficit fiscal se mantenga elevado en el corto plazo, con las consiguientes presiones de la demanda. En este escenario es necesario mantener una política monetaria contraccionista, e inclusive reforzarla con subidas adicionales de la tasa de interés.

Conociendo el profesionalismo de los miembros de la Junta y del equipo técnico del Banco, creo mucho más probable la segunda hipótesis. Por la estructura del estado colombiano y la composición del presupuesto nacional, son muy escasos los analistas serios que piensan que es factible un ajuste sustancial en el corto plazo, porque ni siquiera volviendo a consagrar a Colombia al Corazón de Jesús va a ser posible modificar la gran inflexibilidad del gasto público para recortar 40% el tamaño del Estado sin modificar la Constitución, ni mucho menos bajar impuestos como ha propuesto el presidente electo.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

12 julio, 2026 0 comentario

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Un pacto fiscal necesario

Por Mauricio Cabrera Galvis 30 mayo, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

El talón de Aquiles, la gran debilidad de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales que van punteando en las encuestas, es su casi total silencio ante el problema más grande que les va a tocar enfrentar: el enorme déficit fiscal. Cepeda ha propuesto un camino posible que es el Pacto Fiscal, pero todavía no hay detalles de cómo se haría. Las propuestas de los otros candidatos son más gaseosas o irreales.

El tamaño del problema

Son ya muy conocidas las cifras del déficit fiscal y la deuda pública: para este año se estima que el primero estará por encima del 6% del PIB (más de $120 billones), y la deuda pública superará el 60% del PIB. Son cifras asustadoras y muy por encima de los promedios históricos de Colombia, pero es necesario decir que las cifras en sí mismas no son el problema, sino el contexto y las características de cada país.

Por ejemplo, la deuda pública de Colombia parece muy pequeña si se compara con países que son vistos como ortodoxos y responsables en el manejo de sus finanzas públicas. En Japón supera el 200% del PIB, en Italia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra supera el 100% del PIB, y en todos ellos el déficit fiscal es significativo, aunque solo en Estados Unidos y Brasil es mayor que el de Colombia.

Sin embargo, estas comparaciones no pueden ser motivo de consuelo ni de tranquilidad, porque lo importante no es el tamaño de la deuda y el déficit, sino su sostenibilidad, lo cual se refiere al costo que se paga por esa deuda y, en el fondo, saber si cada país puede conseguir quien le preste para financiar el déficit y para renovar o prorrogar la deuda. Acá es donde están los problemas de Colombia.

A pesar de sus altos índices de endeudamiento, la mayoría de los países industrializados no tienen dificultades en conseguir plata prestada, y además lo hacen en sus propias monedas, lo cual reduce significativamente el costo y el riesgo de los créditos.

Donde sí están empezando a tener problemas, sobre todo en casos como el de Estados Unidos o Inglaterra, es en el costo de la deuda, porque los mercados ya están empezando a tener dudas sobre la capacidad de pago futuro de esos países. La regla simple de la sostenibilidad es que la tasa de interés real que se pague por los préstamos no debe ser mayor que la tasa de crecimiento de la economía, lo cual depende de la confianza que tengan los prestamistas en la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.

Ese es precisamente el problema de Colombia: que el déficit fiscal ha crecido y no hay expectativas claras de que se vaya a reducir, lo cual en el corto plazo ha elevado las tasas de interés hasta los altos niveles del 14% anual o más que se está pagando por los TES. El problema se puede agravar si esta situación se prolonga, pues puede llevar a que ningún prestamista quiera prestar plata a Colombia, a ninguna tasa de interés.

La cifra oficial del monto de préstamos que necesita conseguir el país este año es de $128 billones, de los cuales la tercera parte es de créditos externos y el resto deuda interna. Pronto debe ser publicado el Marco Fiscal con los estimativos de las necesidades de desembolsos para el 2027, pero deben ser similares. Si no se consiguen esos recursos, ¿cómo se van a financiar las propuestas de gasto de cualquiera de los candidatos que gane las elecciones?

Las propuestas de solución

La CARF estima que el ajuste fiscal que debe hacer el país para garantizar la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas es del orden de $100 billones (4% del PIB), aunque reconoce que se necesitarán 4 o 5 años para realizarlo puesto que es imposible hacerlo en un año. Pero el solo hecho de empezarlo debe reestablecer la confianza de los prestamistas y eliminar el riesgo de no conseguir créditos.

La falta de recursos públicos es la amenaza más grande que va a enfrentar cualquier gobierno, y es tan grave que puede impedir realizar todas las propuestas de campaña: ¿de dónde va a salir la plata para pagarlos? El gobierno Petro tuvo la posibilidad de usar recursos de crédito para sus programas sociales, pero la realidad es que esa ventana se está cerrando y cada vez va a ser más difícil y costoso conseguir quien nos preste.

La realidad es que las propuestas de los tres candidatos punteros implican un aumento del déficit fiscal: Cepeda para ampliar los programas sociales de protección y ayuda a la población más pobre; Paloma y el abogado, prometiendo reducir los impuestos. En las circunstancias actuales ninguna de las dos alternativas es posible. Más aún, cualquier candidato que hoy prometa que no va a subir los impuestos está mintiendo para ganar votos o no entiende la situación fiscal.

Por el otro lado, pretender reducir el déficit solo con recortes al gasto público es otra ficción. Las conclusiones de todos los estudios nacionales e internacionales muestran la gran inflexibilidad del gasto y reconocen que cerca del 90% del presupuesto nacional ya está comprometido o depende de normas constitucionales y de realidades políticas imposibles de modificar. El sistema general de participaciones, los gastos del sector defensa o la rama judicial, los pagos de pensiones y salud, para no citar sino los más grandes, no se pueden recortar. La motosierra de Milei aplicada en Colombia a programas sociales generaría un estallido social más grande que el del 2021.

La única salida posible ante tamaño problema es la pirinola mockusiana del “Todos Ponen”: un esfuerzo colectivo de todos los actores económicos, donde cada uno (incluyendo al gobierno) esté dispuesto a ceder un poco de sus intereses particulares en aras de lograr ese interés colectivo que es la sostenibilidad del Estado de Derecho.

Esa es la relevancia de un Pacto Fiscal como el propuesto por Cepeda en recientes declaraciones, y que debe ser uno de los temas prioritarios del Acuerdo Nacional: “un pacto fiscal, cuyos alcances y condiciones podrían ser dialogados y convenidos entre los gremios y grandes empresarios, la junta directiva del Banco, y el nuevo gobierno”. No lo dice él, pero ese diálogo debe incluir también a los trabajadores y representantes de otros sectores sociales que también tienen que aportar para el éxito del acuerdo si quieren lograr que se mantengan los avances sociales de los últimos años.

El Pacto Fiscal que necesitamos debe incluir, sin lugar a duda, que el sector privado acepte incrementar el recaudo tributario con controles a la evasión, eliminación de exenciones y más impuestos; pero esto solo será aceptado, si también hay un compromiso claro de reducir en lo posible el gasto público, controlar la corrupción y hacer más eficiente el aparato gubernamental. Esto implica dejar de lado la receta neoliberal de solo recortar el gasto y achicar el Estado, pero también tomar distancia de la forma como este gobierno ha manejado las finanzas públicas al final de su período.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

30 mayo, 2026 0 comentario

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¿ESTADO DE DERECHO O ESTADO DE OPINIÓN?

Por Mauricio Cabrera Galvis 20 mayo, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Los fuertes enfrentamientos entre el presidente y la Corte Suprema de Justicia y las acusaciones mutuas de complots y obstrucción de la justicia, solo dejaron perdedores del lado de las instituciones: de una parte la Corte que ha visto cuestionada su credibilidad ante la opinión pública y, de otra, la dignidad presidencial que se desgasta en acaloradas trifulcas en y contra los medios de comunicación.

Sobre todo, pierde la imagen y el prestigio internacional de Colombia como país respetuoso de las leyes y las instituciones, como ya se dice en las noticias y editoriales de algunos diarios internacionales. Los únicos ganadores con esta pelea, y tal vez son sus instigadores, son los parapolíticos que están siendo investigados por la Corte, pues les interesa el desprestigio de su juez constitucional para poder justificar sus apresuradas renuncias al fuero parlamentario buscando instancias judiciales que creen más benévolas o en las que puedan hacer valer el control político que tienen en sus regiones.

La mayoría de los análisis y comentarios sobre este enfrentamiento se ha referido a su forma y a lo bochornoso del episodio. Sin embargo, más allá del debate sobre el estilo frentero del presidente que a unos gusta y a otros no, ha pasado casi inadvertido un aspecto mucho más preocupante que se refiere a la concepción que parece tener el presidente Uribe sobre las instituciones judiciales en el Estado de Derecho y que explicaría en buena parte la forma como se han planteado las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Judicial en la actual administración.

Cuando el presidente quiso justificar sus críticas a la Corte dijo: “en estos casos yo acostumbro apelar al juez principal del Estado de Derecho que es la opinión pública”.

Reconozco que no soy ni siquiera aprendiz en materia de derecho constitucional, pero como simple lego sentí escalofrío cuando escuché semejante afirmación. Entonces, ¿la “opinión pública” y su forma de expresión postmoderna que son las encuestas de opinión, están por encima de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y el Consejo de Estado? Entonces, ¿las decisiones de los jueces de la República deben ser supeditadas a los vaivenes de la opinión pública? Entonces ¿la obligación de fallar en derecho que tienen los tribunales debe supeditarse a las vías de hecho que representa una votación mayoritaria? Entonces, ¿debemos volver a las épocas del circo romano donde los aplausos o abucheos de una multitud eran los que decidían la vida o la muerte del gladiador?

Hay en la afirmación presidencial una confusión grande sobre la independencia de los poderes en un sistema democrático. Respecto del Ejecutivo y el Legislativo es cierto que la opinión pública es la autoridad suprema cuando se expresa a través del voto directo (y este voto no es presionado ni comprado como sucede hoy en más de la mitad de los municipios del país), pero nunca las decisiones del poder Judicial se someten a este procedimiento.

Sería muy conveniente oír la opinión de los expertos en el tema porque hasta donde yo conozco la afirmación del presidente implica la negación misma de varios de los elementos esenciales del Estado de Derecho como la preeminencia de las leyes y el derecho para regir y ordenar la vida de la sociedad, la existencia de pesos y contrapesos y de instancias judiciales independientes.

Si por encima de estas instituciones se impone una difusa “opinión pública” que es volátil y manipulable, el sometimiento a la legalidad y la certidumbre del respeto al debido proceso es reemplazado por la arbitrariedad, con el peligro adicional del autoritarismo por parte de quienes se consideran los portavoces y representantes de esa opinión.

Si realmente el presidente está convencido de su afirmación, y no es fruto de la pasión del debate, estamos ante una seria amenaza al Estado de Derecho.

* * *

Este texto no se refiere a los recientes ataques del presidente Petro al Consejo de Estado ni a su llamado a que el pueblo constituyente “cambie los poderes que se oponen a sus derechos”, ni a su proclama de “Ante la injusticia, poder constituyente del pueblo”.

Lo escribí hace 19 años a propósito de declaraciones de Álvaro Uribe contra la Corte Suprema. Desafortunadamente, la amenaza sigue vigente porque, hoy como entonces, persiste el peligro de supeditar el Estado de Derecho al Estado de Opinión.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

20 mayo, 2026 2 Comentarios

Actualidad

Una economía vulnerable

Por Mauricio Cabrera Galvis 5 abril, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Cuando se avecina una tormenta o un huracán es mejor estar preparado; tapar las goteras del techo, reforzar las ventanas, aprovisionarse de agua y alimentos por si se cortan los suministros. Es simple sentido común que también debería aplicarse al manejo de la economía, pero no es lo que está haciendo el gobierno en las circunstancias actuales; las consecuencias pueden ser graves, especialmente para la población más pobre.

En efecto, el riesgo de una crisis financiera mundial es cada vez más grande y si se llega a producir nos va a coger con “los calzones abajo” porque la economía colombiana no está mal como dicen algunos. No soy de los que creen el cuento de que nos vamos a volver como Venezuela o que el gobierno va a acabar con el sector privado, pero sí reconozco que la economía se encuentra en una situación muy vulnerable, como el paciente que está bien de salud, pero tiene muy bajas las defensas y le puede caer una infección, como consecuencia de las malas decisiones de política económica tomadas por el gobierno.

La tormenta externa que se avecina

Las señales de la economía mundial son muy preocupantes y algunos analistas ya están haciendo comparaciones con la crisis financiera del 2008. Ya lo eran antes de la locura de la guerra contra Irán, que por supuesto las ha empeorado. La guerra de Ucrania, las sanciones a las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, la errática política arancelaria de Trump, la reacción china de inundar con su producción al resto del mundo, entre otros factores, produjeron un desbarajuste del comercio internacional y una disminución del crecimiento económico, aunque no se produjo una crisis a escala planetaria.

Entonces llegó la “expedición a Irán”, como la llama Trump para evitar tener que ir al Congreso a que le apruebe la iniciación de una guerra. Esperaba que durara unos días, y ya van tres semanas y no se avizora un final cercano. Los bombardeos ordenados por Trump y Netanyahu y la inesperada respuesta de Irán han disparado los precios del gas y del petróleo (este último a más de USD 100 por barril) y amenazan una crisis energética peor que la de 1973 porque la destrucción de mucha infraestructura petrolera en Irán y los países del Golfo producirá una escasez prolongada de combustibles.

Una circunstancia que ha pasado desapercibida para muchos analistas es que, a diferencia de 1973, en esta ocasión la crisis energética se da en un contexto de fragilidad financiera por la burbuja financiera y bursátil del crédito privado y las billonarias inversiones en Inteligencia Artificial (IA), que se verán afectadas por las consecuencias geopolíticas y energéticas de la guerra en Irán. Si se concretan las amenazas, se producirá un enorme sacudón en los mercados de capitales internacionales, que puede ser similar al del 2008.

Lo que se denomina “crédito privado” es la sustitución de los tradicionales prestamistas -los bancos comerciales- por inversionistas institucionales como los fondos de inversión que canalizan recursos de millones de inversionistas privados. Estos fondos se han convertido en una fuente sustancial de crédito para las enormes inversiones de las empresas de Inteligencia Artificial y tecnología, pero ya empiezan a notarse signos de nerviosismo entre los inversionistas que empiezan a retirar sus dineros de los fondos prestamistas. Cualquier parecido con lo que pasó con los tenedores de las hipotecas basura en 2008 no es pura coincidencia.

Las billonarias inversiones en IA también están empezando a generar preocupación entre los accionistas por la demora en obtener retornos, agravadas ahora por la guerra de Irán que incide de dos maneras. Primero por la geopolítica mundial pues se teme que la locura de Trump anime a la China a invadir o bloquear a Taiwán, lo cual privaría a Estados Unidos y al mundo del principal productor de los semiconductores usados para los enormes centros de datos usados en la IA. El otro impacto se da en los precios y la disponibilidad de la energía, pues se sabe que el procesamiento computacional de la IA consume inmensas cantidades de energía.

Estas preocupaciones ya se están manifestando en las bolsas mundiales como se ve en el gráfico que muestra la caída en el último mes de los principales indicies bursátiles mundiales. El Dow Jones de Nueva York, cayó 6.6%, el Nikkei Japones 6.9%, el FTSE de Londres 7.2% y el DAX alemán 10.5%

Una economía vulnerable

Frente al riesgo de esta tormenta mundial, la economía colombiana es vulnerable. El año empezó mal con signos claros de deceleración del crecimiento sobre todo en la industria y la minería, de pérdida de empleos en el sector privado, de la inflación con tendencia al alza, de la revaluación del peso y de la subida de tasas del Banco de la República. Aunque el crecimiento del PIB en 2025 fue de 2,6%, superior al 1.5% del año anterior, la tendencia es de desaceleración, pues el crecimiento desestacionalizado del último trimestre del año fue de solo 0.1%, mientras que en 2024 había sido 1.5%. La misma comparación del último trimestre muestra una significativa caída de la inversión (a -8,9%), y en el mes de enero se registró una gran pérdida de 813.000 empleos formales.

Con una mirada optimista se puede decir que estos son indicadores coyunturales, goteras en el techo que se pueden reparar; lo más grave son las debilidades estructurales que son el déficit externo y el déficit fiscal. En lo externo, la balanza comercial sigue empeorando llegando a un déficit de USD 16.400 millones el año pasado (crecimiento del 55% frente al 2024) y también creció a -2,4% el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que puede llegar a un 3% del PIB este año. Tendencias agravadas por una significativa revaluación del peso (el dólar ya está por debajo de $3.700), que incentiva las importaciones y perjudica a los exportadores.

De lo fiscal ni hablar. Como proporción del PIB los ingresos tributarios están estancados frente al año anterior, mientras que los gastos de funcionamiento e inversión crecen más de 1% del PIB. El gasto total sí disminuye un poco por las maniobras de manejo de la deuda pública que han reducido en más de 1.5% del PIB el pago de intereses. Es una apuesta arriesgada que puede ser exitosa pero también puede fallar y aumentar esos pagos en el futuro.

Como consecuencia, el déficit primario (ingresos menos gastos, excluyendo el componente de intereses) pasó de -2.4% a -3,5% del PIB, el más alto de los últimos treinta años. Aunque el gobierno supone en el Plan Financiero del 2026 un importante ajuste de reducción del gasto en $33 billones (1.7% del PIB), la mayoría de los analistas no lo ven realista y la CARF lo califica como “no creíble”, pues no se sabe qué van a recortar.

La gran vulnerabilidad que tenemos es que para cubrir esos dos déficits necesitamos capitales internacionales que hoy conseguimos pagando intereses muy altos, y si estalla la crisis mundial se van a cerrar los mercados como pasó en 1999. Sin financiación vendrá la recesión, el desempleo y el aumento de la pobreza.

Gastando más para la campaña electoral el gobierno está agravando la vulnerabilidad y ninguno de los candidatos con probabilidad de ganar la presidencia ha presentado propuestas reales y creíbles de cómo reducir esos dos déficits.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

5 abril, 2026 0 comentario

Actualidad

Votar en las Consultas

Por Mauricio Cabrera Galvis 9 marzo, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Las consultas interpartidistas que se realizarán junto con las elecciones parlamentarias se han convertido en el tema de debate más intenso de esta jornada electoral. No es extraño que así sea por el impacto político que podrían tener, sobre todo después de los resultados de las últimas encuestas que indican que sí vale la pena votar en ellas.

Son tres la consultas que se van a realizar. Una de centro izquierda, la del Frente por la Vida, entre Roy Barreras y Quintero; otra de derecha, la Gran Consulta con nueve candidatos, que era de centro derecha y acabó siendo capturada por el uribismo, y otra de centro, la Consulta de las Soluciones organizada por Claudia López.

En el tarjetón de las consultas no están los dos candidatos que puntean en las encuestas, Iván Cepeda y el abogado de marras, y por eso la consigna para sus partidarios es no votar en las consultas por el temor que de ellas pueda salir una tercería que les quite votos e inclusive, en el caso del abogado, le impida pasar a la segunda vuelta.

Por el contrario, para quienes no quieren llegar a una disyuntiva polarizada como la de las elecciones de 2022, ese temor es una esperanza remota, pero al fin y al cabo esperanza, de que esa tercería tenga la fuerza suficiente para evitar el dilema. Por eso ha aumentado el número de los que piensan votar en las consultas por alguno de los inscritos, así no vayan a votar por el mismo en la primera vuelta; es una especie de voto útil, más en contra que a favor de alguien.

En la centroizquierda hay dos tendencias: los que votarán por Roy porque puede ser la alternativa progresista pero moderada frente al radicalismo del Pacto, y los que van a apoyar a Quintero, a pesar de sus escándalos, para que Roy no se le atraviese a Cepeda o simplemente no gustan de Roy

En la Gran Consulta también hay dos tendencias: los que siendo de derecha rechazan el extremo del Bukele criollo y buscan fortalecer a Paloma para enfrentarlo, y los de centro que no se resignan a la estrategia del uribismo que relegó a sus candidatos y votarán por cualquiera que no sea Paloma.

Donde no hay diferencias es en la consulta de las Soluciones, la que ganará sobrada Claudia López con los votos de todos los que esperan el milagro de que Fajardo decida apoyarla para ir a la primera vuelta con un solo candidato del centro progresista. Claudia ha repuntado en las encuestas: en todas hoy aparece por encima de Fajardo y en tres de ellas por encima de Paloma. Lo que es más significativo es que la suma de los votos de Claudia y Fajardo le da un empate frente al abogado, es decir que unidos tendrían una buena probabilidad de pasar a segunda vuelta.

Hay que votar en las consultas.

* * *

COLETILLA: Es absurdo un sistema electoral que permite que haya 527 listas con 3.231 candidatos para elegir 102 senadores y 183 representantes. Los tarjetones para marcar el voto son un confuso galimatías y los elegidos no responden a nadie. Parecería un signo de una democracia pujante, pero en realidad es una caricatura de democracia por la proliferación de “partidos” políticos que solo son feudos de caciques electorales.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

9 marzo, 2026 2 Comentarios

Actualidad

Uso y abuso de la emergencia económica

Por Mauricio Cabrera Galvis 17 febrero, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

La nueva emergencia económica decretada por el gobierno Petro es justificada y necesaria a los ojos de un lego en la materia. A diferencia de la anterior que suspendió con sólidos argumentos la Corte Constitucional por no existir hechos sobrevinientes que la justificaran, en este caso las inundaciones en Córdoba, Sucre y otros seis departamentos de la costa atlántica si constituyen un hecho sobreviniente grave que requiere medidas extraordinarias para enfrentarlo. Sin embargo, hay que estar atentos para que no se abuse del estado de excepción.

Emergencias justificadas y no justificadas

La diferencia es clave para entender por qué la anterior emergencia fue rechazada y la última debe ser aprobada. El requisito que impone el artículo 215 de la Constitución para declararla es que “sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”.

Es evidente que el deterioro de las finanzas públicas y el aumento del déficit fiscal, que el gobierno adujo como argumentos para la anterior emergencia, no solo no era un hecho sobreviniente, sino que además fue generado por el mismo gobierno al presentar un presupuesto desfinanciado. Tampoco tenía ninguna justificación pretender adoptar con facultades de emergencia propuestas tributarias que ya habían sido negadas por el Congreso.

En esta ocasión, por el contrario, sí es evidente que los habitantes de los ocho departamentos afectados enfrentan un verdadero desastre por las torrenciales lluvias en una temporada que tradicionalmente es seca.

Son contundentes los datos que presenta el decreto de emergencia e impactantes las imágenes que se ven en los noticieros de hectáreas inundadas, familias afectadas, viviendas arrasadas e infraestructura vial y de comunicaciones destruida. Es una catástrofe humanitaria, social y económica similar a la del 2010 cuando el gobierno de Santos declaró una emergencia para enfrentar otra inusual temporada invernal, y la Corte debe reconocerlo así. Hasta ahí, todo bien.

No meter “micos” en la emergencia

El riesgo está en que el gobierno quiera usar un justificado estado de excepción para tratar de solucionar otros problemas que no se originan en las inundaciones, o para recaudar recursos más allá de los necesarios para atender la calamidad invernal. En otras palabras, para meterle micos a la emergencia.

En el decreto de declaratoria ya aparece un primer mico al mezclar los graves problemas financieros del servicio de energía eléctrica en la Costa con el desastre invernal. Se afirma en los considerandos del decreto que “existe un riesgo sistémico latente en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) por efecto de las obligaciones financieras insolutas por las empresas de la región caribe que atienden usuarios del sistema interconectado y que han sido intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual se ha agudizado de manera ostensible por los fenómenos climáticos referidos en el presente Decreto”.

Sin embargo, según el mismo decreto, este riesgo sistémico había sido informado por el operador del mercado eléctrico desde noviembre de 2025, es decir, antes de la temporada invernal, y no hay en el decreto ningún argumento ni hecho que muestre la relación entre los dos problemas, ni siquiera una cuantificación de la proporción de usuarios de las empresas distribuidoras de la región caribe que ha sido afectada por las inundaciones. Pretender utilizar recursos recaudados al amparo de la emergencia para atender este problema real, constituye una clara desviación de recursos.

De otra parte, está el tema de los 8 billones que aspira recoger el gobierno con nuevos impuestos de la emergencia, según declaraciones del propio ministro de hacienda. Acá el mico puede ser el destino de esos recursos, porque a pesar del gran detalle de las afectaciones por el invierno no hay ninguna cifra del monto de dinero necesario para atenderlas, ni del uso que se daría a los nuevos tributos, ni tampoco de otras fuentes que se podrían utilizar como hizo el gobierno Santos con ayudas internacionales o créditos externos.

Si lo que se requiere para atender a los damnificados es menos de los $8 billones, entonces ¿el gobierno devolvería el excedente a los contribuyentes? ¿o lo usaría para fines distintos a los que motivaron la emergencia? Lo que no es posible es tratar de solucionar el problema de la desfinanciación del presupuesto de 2026 con recursos obtenidos al amparo de una emergencia, pues esto fue lo que ya negó la Corte Constitucional.

El uso de un instrumento tan poderoso como la emergencia económica se justifica en las circunstancias actuales, pero hay que evitar el abuso de estas facultades.

* * *

Adenda: la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo con un exagerado aumento de 23% es muy clara y contundente en demostrar que la medida del gobierno fue contraria a la ley y por eso hay que modificarla. Pero el daño económico ya está hecho, aunque sus efectos sobre la inflación y el desempleo apenas se empiezan a notar, y es muy difícil echarla para atrás; políticamente es el mejor impulso que pueden tener los candidatos oficiales en esta campaña electoral.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

17 febrero, 2026 0 comentario

Actualidad Cultura

Con desigualdad no hay paz

Por Mauricio Cabrera Galvis 12 febrero, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Mientras los medios y las redes sociales se llenan de noticias y chismes sobre la mecánica electoral, se está dejando de lado el debate sobre la principal pregunta que deberían responder todos los candidatos: ¿cómo reducir la enorme desigualdad que impera en el país?

En las encuestas de opinión no aparece la desigualdad como uno de los problemas que más preocupa a los colombianos. Por el contrario, son temas como la corrupción, la salud, la violencia o la inseguridad los que se perciben como los principales problemas nacionales, pero en realidad ellos son las consecuencias de la falla estructural de la sociedad que es la desigualdad.

Con desigualdad no hay paz

No lo digo yo, lo dijo el papa Francisco: “La desigualdad es la raíz de los males sociales”. Claro, es que era un Papa comunista, dirán algunos; pero para sorpresa de estos buenos cristianos, una institución tan poco sospechosa de izquierdista como es el Fondo Monetario Internacional opina algo similar: “El incremento de la desigualdad generará agitación social y económica, dando lugar a una generación perdida en la década del 2020; las consecuencias de todo ello perdurarán en las décadas siguientes”. ¿Será una explicación del estallido social de 2021 en Colombia?

En realidad, ni Francisco ni el FMI se inventaron este diagnóstico; tampoco Carlos Marx; ya lo había dicho Aristóteles hace más de 2000 años, en su tratado La Política, cuando analizó las causas de la corrupción, la inestabilidad política y la violencia y concluyó que “los extremos de riqueza y pobreza son la fuente principal de los males”.

Son numerosos los estudios y documentos que muestran el impacto de la desigualdad sobre la inestabilidad social y económica que señala el FMI. Desde el mismo Aristóteles, para quien las diferencias extremas entre pobres y ricos impedían la búsqueda del bien común, pues estos dos grupos ya no se relacionaban como ciudadanos de un mismo estado, sino como enemigos; los ricos convirtiendo la democracia en oligarquía para mantener sus privilegios, y los pobres en masas desesperadas guiadas por populistas para derrocar a los primeros. ¡Increíble ese análisis hace 2 500 años!

Otras consecuencias políticas de la desigualdad, señaladas en varios estudios, son que estimula la corrupción por falta de representatividad política, incita a la delincuencia y a la violencia, disminuye la confianza en el sistema y, por lo tanto, la gobernabilidad, y crea tensiones sociales que espantan a los inversionistas.

En lo económico, la evidencia muestra que los países con menores desigualdades crecen más rápido y disminuyen más la pobreza. Es un círculo vicioso: la desigualdad frena el crecimiento, lo que disminuye ingresos fiscales y lleva a recortes del gasto social, con lo cual aumenta la desigualdad.

Los caminos para la paz

A pesar de toda la evidencia sobre la veracidad de estas afirmaciones, hay propuestas de candidatos que prometen solucionar los problemas del país atacando sus consecuencias y síntomas externos a bala, sin enfrentar la raíz de los mismos.

Veamos el caso de las propuestas para conseguir la paz y disminuir la violencia y la inseguridad. Sobre el tema, Aristóteles es aún más radical: llegó a afirmar que “la pobreza es el padre (y la madre) de la revolución y el crimen”. Recuerda la tesis del presidente Belisario Betancur cuando hablaba de la necesidad de combatir las “causas objetivas de la violencia”; o lo que dijo J . Wolfhenson, presidente del Banco Mundial, después del ataque a las Torres Gemelas en 2001: “mientras exista pobreza en el mundo los ricos no tendrán paz”.

Nadie niega que en Colombia ha aumentado la violencia después de que un gobierno se dedicara a hacer trizas el Acuerdo de Paz y otro siguiera una equivocada política de supuesta “paz total”. Tampoco ningún político se atrevería a decir que no quiere la paz. Sin embargo, sí hay dos estrategias muy distintas para alcanzarla.

Una es la visión militarista de buscar destripar al contrincante y exterminar al enemigo. Es la versión posmoderna del viejo dicho latino, “Si vis pacem, para bellum” (Si quieres la paz, prepara la guerra), con el que los generales romanos trataban de convencer a sus conciudadanos de la importancia de tener un ejército bien apertrechado para garantizar la paz en el Imperio. Ahora lo repite el abogado de Alex Saab, para quien la solución a la violencia es aplicar la ley del balín: plomo y más plomo.

La otra es la visión, idealista si se quiere, de quienes sostenemos que luchar contra la desigualdad es condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr la paz. Visión que se resume en otro latinajo, este inscrito en los cimientos del edificio de la OIT en Ginebra: “Si vis pacem, cole iustitiam” (Si quieres la paz, cultiva la justicia), y ampliada en el texto de la Constitución de la misma OIT: “la paz universal y duradera solo puede establecerse si se basa en la justicia social”.

Aunque la búsqueda de la realización de estos principios fue una de las razones por las que le dieron el premio Nobel de Paz a la OIT en 1969, la verdad es que es una utopía muy antigua ‒incluso con raíces bíblicas‒ porque ya el profeta Isaías lo decía: “El producto de la justicia será la paz; tranquilidad y seguridad perpetuas serán su fruto”. También raíces teológicas, como en la obra de Tomas de Aquino, y filosóficas, como en el magnífico tratado de Kant La paz perpetua.

Más allá de todos los argumentos filosóficos, políticos o económicos, la realidad es que mientras no haya justicia social y subsistan las enormes desigualdades económicas que mantienen a millones de colombianos en la miseria, no habrá garantías de una paz duradera.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

12 febrero, 2026 2 Comentarios

Actualidad

LOS INDECISOS EN LAS ELECCIONES

Por Mauricio Cabrera Galvis 1 febrero, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Las dos últimas encuestas electorales conocidas, la de Guarumo y la del CNC para la revista CAMBIO, confirman algunas de las tendencias que ya se conocían pero también muestran algunos cambios significativos así como algunos hechos nuevos.

Es nuevo que haya subido la aprobación del presidente Petro, posiblemente por el impacto del gran incremento del salario mínimo en los 2.5 millones beneficiados y sus familias.

Iván Cepeda sigue siendo el favorito tanto en la primera vuelta como en todos los escenarios de la segunda, aunque en esta, la distancia con Paloma y el abogado se ha disminuido por el notable incremento de los indecisos, que es uno de los cambios significativos.

Por el contrario en esa segunda vuelta Cepeda aumenta la diferencia con Fajardo quien aparece estancado en las encuestas. Sin embargo un hecho nuevo es la medición de la intención de voto en las consultas, y aunque, al escribir esta columna, todavía hay muchas dudas sobre si se va a hacer la consulta del centro, hay datos interesantes para analizar.

SI EL CENTRO SE UNIERA

La encuesta del CNC pregunta por la intención de voto para la primera vuelta en un escenario en que estarían todos los candidatos que se han inscrito a las dos consultas ya definidas y los que, o ya han decidido que van solos a primera vuelta, o están decidiendo si participan en una consulta.

El resultado, que no es sorpresa, es que Cepeda ganará la consulta del Pacto Amplio y sacará la mayor votación en la primera vuelta, por lo que tiene seguro su paso a la segunda vuelta. Como analizó la revista CAMBIO , la sorpresa en esta medición son los candidatos del Centro pues si se unen sacarían más votos que la suma de los 9 candidatos de la consulta de la derecha y, podrían disputarle al abogado el paso a la segunda vuelta.

En efecto, la suma de los votos de Fajardo, Claudia López, Murillo y Armitage (faltando los de Cristo que no fue medido) es el 14.6% de los votantes, mientras que el abogado alcanza el 15.5%, una diferencia que está dentro del margen de error. Por su parte la suma de los votos de Paloma, Vicky, Galán, Oviedo, Peñalosa, Pinzón Gaviria, Cárdenas y Luna solo llega al 13%.

Es claro que estas sumas aritméticas no se traducen automáticamente en votos para la primera vuelta por el ganador de cada consulta. Por ejemplo, es dudoso que los militantes del Nuevo Liberalismo que votarían por Galán en la consulta, vayan a votar por Paloma o Vicky en la primera vuelta. La misma duda existe respecto de otros votantes como los de Peñalosa, Gaviria o Luna, para no mencionarlos a todos. Los candidatos que participan en la consulta si tienen la obligación legal de apoyar al ganador, pero sus votantes no, salvo los que haya sido elegidos al Congreso, pues serían acusados de doble militancia si no lo apoyan.

Precisamente porque las sumas de los votos individuales no son iguales a los votos del ganador, cuando el CNC pregunta por la intención de voto en el escenario en que ya participa solo Paloma Valencia como ganadora de la consulta de la derecha, obtiene menos votos que la suma de los participantes, solo el 7.7%. Cepeda y el abogado se mantienen en cifras similares a las del otro escenario (33.4% y 16% respectivamente), pero los resultados del Centro si cambian significativamente.

En este escenario los votos de Fajardo y Claudia sumarían casi 20%, superando al abogado ya por encima del margen de error. En otras palabras si se realiza la tercera consulta y estos dos candidatos se unen con Cristo, Murillo o Armitage, tendrían asegurado el paso a la segunda vuelta. Además porque es válido suponer que una parte importante de los indecisos optaría por esta alternativa que evita la polarización.

EL PODER DE LOS INDECISOS

El hecho más novedoso de las dos encuestas es el alto porcentaje de indecisos que responden que no votarían por ningún candidato, o que todavía no saben por quién lo van a hacer. Esto sucede en las tres elecciones que se van a realizar: la de las consultas el 8 de marzo, la primera vuelta el 31 de mayo y la segunda vuelta el 21 de junio.

En promedio de las dos encuestas, un 30% de los votantes no participarían en ninguna de las dos consultas que ya están definidas; es muy posible que si se hace una tercera consulta este porcentaje disminuya. Sorprende que según EL CNC entre el 20% y el 25% de los que dijeron que si iban a votar en la consultas, digan que no votarían por ninguno de los candidatos inscritos.

En la primera vuelta un promedio del 22% de los votantes todavía no saben por quién hacerlo, y en la segunda vuelta ese porcentaje se sube al 34%. Es un claro indicio de que una buena parte de los colombianos no están convencidos de cuál es el mejor candidato, y que esos indecisos pueden llevar a resultados inesperados en las próximas elecciones.

Los porcentajes de indecisos que se presentan en el cuadro anterior para la segunda vuelta son el promedio de los distintos escenarios que miden las dos encuestas y que se presentan a continuación.

Como se dijo al principio, en la segunda vuelta Cepeda gana contra todos los otros candidatos, pero lo sorprendente es que en todos los escenarios el candidato desconocido del no sabe /no responde ocupa el segundo lugar, siempre por encima del 30% o muy cerca de este porcentaje en el caso de Cepeda contra el abogado.

Los indecisos pueden definir quién será el próximo presidente si la campañas de los distintos candidatos identifican las razones que pueden motivar su decisión. Una hipótesis muy probable es que si se realiza una tercera consulta entre los candidatos del Centro, el porcentaje de indecisos puede disminuir.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Artículo para CAMBIO

Cali, Enero 25 de 2026

1 febrero, 2026 3 Comentarios

Actualidad

Se necesita una consulta del centro

Por Mauricio Cabrera Galvis 21 enero, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

La única posibilidad de que en las próximas elecciones presidenciales no se repita la polarización del 2018 y el 2022, y el país se vea obligado a tener que escoger entre los extremos de la izquierda y la derecha, es que candidatos progresistas como Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Fernando Cristo o Luis Gilberto Murillo no vayan divididos a las elecciones y encuentren una fórmula para escoger uno solo de ellos que vaya a la primera vuelta. Una consulta abierta el 8 de marzo es el mejor mecanismo para hacerlo.

Los extremos picaron en punta

La izquierda y la derecha han tomado una clara ventaja al haber decidido hacer una consulta el 8 de marzo para escoger a su candidato. No solo porque van a ir unificados a la primera vuelta, sino porque las consultas tienen un efecto multiplicador, pues el ganador emerge con un impulso político más allá del resultado inmediato. El caso reciente de Iván Cepeda lo demuestra, pues su victoria en la consulta del Pacto Histórico no solo lo posicionó como candidato, sino que le dio visibilidad y credibilidad frente a la opinión pública. Ese “viento de cola” es un recurso invaluable para cualquier aspirante que busque llegar a segunda vuelta.

Además, las consultas tienen un efecto de arrastre y retroalimentación en las elecciones parlamentarias: los candidatos jalonan las listas de los movimientos que los respaldan y estas listas movilizan votantes a favor del candidato que las representa, además de generar ingresos económicos para los candidatos y sus campañas a través del mecanismo de reposición de votos.

Como si esto fuera poco, este año hay un escenario diferente a todas las consultas anteriores porque por primera vez se va a entregar a todos los votantes para Congreso (unos 20 o 21 millones) un tarjetón con las consultas. Si en la consulta votaran solo la mitad de los electores de congresistas, tendríamos 11 millones de votos que se repartirían entre Cepeda y Paloma, es decir que cada uno de ellos arrancaría campaña para primera vuelta con 5 o 6 millones de votos.

Las consultas de los extremos ya tienen ganador casi asegurado: Cepeda por el apoyo de Petro y Paloma Valencia por la inteligente jugada de Uribe de meterla en una consulta que originalmente era de candidatos de centro-derecha, pero que traicionaron sus ideas en una decisión que debe tener a Luis Carlos Galán protestando en su tumba,a Juan Manuel Santos decepcionado de sus ministros y a los próceres liberales lamentándose del viraje a la derecha de su partido.

Es cierto que la derecha todavía tiene un problema difícil por resolver, que es el abogado del testaferro de Maduro, que no va a participar en la consulta, pero no hay que ser ingenuos y pensar que no encontrarán una fórmula para solucionarlo.

La consulta como camino para recuperar el centro

Ante este escenario los candidatos del centro no tienen ninguna posibilidad, porque hasta ahora van a ir divididos a la primera vuelta y porque no van a tener el impulso de la consulta. Además, en las próximas 8 semanas van a estar desparecidos de los medios y las redes sociales que se van a concentrar en las elecciones parlamentarias y en las campañas y debates de los 11 precandidatos que sí van a participar en consultas.

Sin embargo, no todo está perdido. Hay un camino para que el centro vuelva a tener un espacio político y que un candidato progresista, alejado de la polarización, vuelva a ser una opción viable en la primera vuelta de mayo y pase a la segunda vuelta con altas probabilidades de ganar la presidencia, como dicen las encuestas. Ese camino tiene dos etapas.

La primera es que Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo (y de pronto algún otro) se reúnan, conversen y anuncien al país que están dispuestos a encontrar un mecanismo para elegir entre ellos un solo candidato que se presente a la primera vuelta. Esto no parece difícil.

El mismo Fajardo dijo hace unos cuatro meses que él empezaría la campaña solo,pero que en diciembre o Enero hablaría con otros candidatos para ver si se unían. Posiblemente también estaba pensando en algunos nombres de la centro-derecha como Cárdenas, Oviedo o Luna, pero estos prefirieron buscar cobijo en las toldas del uribismo y la derecha.

La segunda es definir el mecanismo de selección, que en mi opinión debe ser una consulta abierta la misma fecha de las otras, es decir el 8 de marzo. Fajardo también ha dicho que prefiere una encuesta, pero hay argumentos poderosos a favor de la consulta además del ya mencionado “viento de cola” que impulsa al ganador.

Desde el punto de vista político, anunciar en este momento una tercera consulta sería un terremoto político que opacaría los anuncios de los 9 candidatos que se han sumado a la gran alianza de la derecha. Además, las consultas generan participación ciudadana y narrativa política: el Centro “sale a la calle” a escoger su candidato. A diferencia de las encuestas, las consultas refuerzan la legitimidad, pues el ganador no solo es el que tenga un porcentaje más alto en una muestra aleatoria, sino el más votado en un proceso abierto, lo que genera “momentum” electoral.

En lo cuantitativo, la consulta del Centro tiene una gran probabilidad de obtener un significativo número de votos, muchos más que la Coalición de la Esperanza en 2022. Ante todo por el hecho ya mencionado de que 21 millones de votantes van a recibir obligatoriamente un tarjetón, pero según las encuestas hay un alto número de votantes (por lo menos el 40%) que no quisiera votar por ninguna de las consultas de los extremos, pero si la única opción en ese tarjetón son éstas, van a terminar votando por la que les infunda menos miedo, o no votando.

Ofrecer, en el mismo tarjetón, a estos independientes una tercera alternativa distinta de los extremos les puede evitar el dilema de tener que votar “por miedo a”; esto no solo le quitaría votos a las consultas de los extremos, sino que atraería a más votantes. Además, hay un efecto de arrastre y retroalimentación con las elecciones parlamentarias pues los candidatos jalonan las listas de los movimientos que los respaldan, y estas listas movilizan votantes a favor del candidato que las representa.

Organizar una tercera consulta el 8 de marzo vuelve a posicionar al Centro frente a otras fuerzas políticas. Tanto la izquierda como la derecha han entendido que las consultas son mecanismos de legitimación y movilización, y si el Centro renuncia a este instrumento y opta por encuestas internas, corre el riesgo de aparecer como un bloque débil, sin músculo ciudadano, ni narrativa de unidad. Es el mejor mecanismo para llegar a la presidencia y no continuar con la polarización que le está haciendo tanto daño al país.

Mauricio Cabrera

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

21 enero, 2026 3 Comentarios

Actualidad

Salario mínimo y mínimo vital

Por Mauricio Cabrera Galvis 8 enero, 2026

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

El incremento por decreto del salario mínimo (SMLV) de 23% y del auxilio de transporte de 24% es exagerado y equivocado en las actuales circunstancias económicas del país; además, es falsa su motivación basada en el concepto de mínimo vital.

Es cierto que beneficiará a 2.5 millones de trabajadores y le dará más votos al candidato oficial, pero serán más los perdedores, entre ellos los grupos más pobres y vulnerables de la sociedad.

Llevar más de 20 años escribiendo y argumentando contra los economistas ortodoxos que, en determinadas circunstancias, el salario mínimo puede subir por encima de la inflación sin que cause más inflación o desempleo me da la tranquilidad para criticar la última alza sin temor a que me descalifiquen por neoliberal o uribista. No la critico porque se haya subido el salario real, sino porque la magnitud del incremento es perjudicial. Como dijo el exministro Cristo, subir el salario mínimo por encima de la inflación si, pero no así.

Mi crítica parte de un análisis del concepto de mínimo vital y de dos hechos evidentes: uno, que en economía no hay leyes universales ni verdades absolutas que sean aplicables en cualquier circunstancia y dos, que en cualquier decisión de política económica siempre hay ganadores y perdedores, y que las decisiones acertadas son las que tienen más beneficios que costos.

La confusión del mínimo vital

La base legal del decreto 1469/2025 que fija el SMLV es el artículo 53 de la Constitución que establece “el derecho a una remuneración mínima, vital y móvil”. Este derecho lo asimila el decreto al concepto de salario vital de la OIT que es el “suficiente para garantizar a las personas trabajadoras y a sus familias un nivel de vida digno, que permita cubrir de manera efectiva sus necesidades esenciales, tales como alimentación, vivienda, educación, atención médica, transporte y vestido, entre otras”.

El decreto utiliza la metodología de la OIT para determinar que el salario vital para un hogar de 3 personas es de $1.746.882, que es 22.7% superior al SMLV de 2025. Redondeando las cifras, el gobierno fijó en 23% el aumento del SMLV, pero además decretó, sin ninguna justificación, un aumento del auxilio de transporte del 24.5% para una remuneración total de $2.000.000 que equivale a un aumento del 23.2%.

El cálculo del decreto tiene una grave equivocación metodológica que deja sin piso la base legal del aumento decretado. En efecto, el mismo decreto señala que los gastos de transporte son parte de las necesidades esenciales de los trabajadores, y por lo tanto ya están incluidos en el valor que se debe definir del salario mínimo vital. Por lo tanto, el monto de $1.746.882 que según la OIT es el salario vital debe ser la suma del SMLV y el auxilio de transporte.

En consecuencia, para lograr el objetivo que motiva el decreto de que el SMLV sea igual al salario vital solo se requeriría un aumento del 7.6%, y no existe ningún fundamento legal ni metodológico para haber incrementado el SMLV en 23%, ni mucho menos el auxilio de transporte en 24.2%.

Ganadores y perdedores

Nadie debería oponerse a que 2.5 millones de trabajadores aumenten sus ingresos un 23%, siempre y cuando se sepa quién va a pagar ese enorme aumento y si hay personas o grupos que van a salir perjudicados con la medida.

En este caso hay varios ganadores además de los trabajadores beneficiados y quienes reciben pensión mínima igual al SMLV. También están otros que no lo necesitan, como los constructores de vivienda VIS y VIP que van a poder aumentar sus precios en 23%, o los importadores, pues con la revaluación del peso una buena parte del aumento de la demanda que genere los mayores salarios se va a ir a comprar productos de China y no de la industria nacional.

Pero los perdedores son más numerosos y son los grupos más vulnerables de la población. Ante todo, una parte de los mismos trabajadores que reciben el SMLV van a perder sus empleos, sobre todo en las pymes, porque sus empleadores no tienen cómo absorber ese aumento de costos y tendrán que reducir su personal.

Por ejemplo, los porteros y los meseros son dos grupos que van a producir despidos. Con el encarecimiento de los servicios de vigilancia, no solo por el SMLV sino por la reducción de la jornada y los recargos nocturnos, ya en muchos edificios de clase media se están planteando reducir turnos, contratar vigilantes informales o reemplazarlos por cámaras.

Lo mismo está pasando en los restaurantes. Si no cierran, van reducir personal o lo contratarán informalmente; por su parte, el sindicato de empleadas del servicio doméstico advierte que se va a incrementar la contratación informal.

También pierden las empresas exportadoras de productos agrícolas (flores, aguacate, café) que, con un peso muy revaluado, van a despedir gente para poder seguir compitiendo. Y ni qué decir del sector salud del régimen contributivo que solo va a aumentar sus ingresos (la UPC) en menos de 10%, mientras que buena parte de su costo laboral subirá 23%.

Se podrían dar muchos más ejemplos concretos, pero en general se puede decir que los grandes perdedores son los trabajadores que van a perder sus empleos formales, y todos aquellos cuyos ingresos solo subirán con la inflación y sus gastos se incrementarán más; es decir, todos los trabajadores informales y la clase media vulnerable.

El grupo más grande de perdedores somo todos los colombianos, pues el mayor empleador afectado con la exagerada alza del SMLV es el Estado. Según Minahcienda, el costo fiscal del aumento del salario mínimo en el gobierno central será de $7 billones, que aumentarán el ya elevado déficit fiscal, de manera que o tendremos que pagar más impuestos, o se van a recortar otros programas públicos, entre ellos los sociales que benefician a los más pobres.

La equivocación del presidente no es aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, ni querer mejorar los ingresos de un grupo de trabajadores; en los años anteriores se hizo con aumentos moderados que defendí, y que no tuvieron efectos negativos sobre la economía y el empleo. En esta ocasión el error es hacer un aumento exagerado de casi 5 veces la inflación para hacer campaña electoral con decisiones económicas que, le pueden dar un par de millones de votos, a costa del bienestar de millones de colombianos.

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ADENDA: Lo mejor que le puede pasar a Colombia, es que caiga el régimen de Maduro. Lo peor que le puede pasar a Colombia, es que sólo caiga Maduro y siga su régimen. Peor aún que esto suceda por una intervención ilegal de Trump, no para restaurar la democracia sino para hacer negocios.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

8 enero, 2026 1 comentario

Actualidad Cultura

La ambición de Elon Musk

Por Mauricio Cabrera Galvis 11 diciembre, 2025

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Elon Musk es el hombre más rico del mundo y su fortuna ha crecido en forma impresionante. Según la revista Forbes, la riqueza de Musk aumentó de 195 000 millones de dólares en 2023 a 342 000 millones en 2024; los últimos estimativos la calculan por encima de los 450 000 millones, es decir un incremento de 130% en solo dos años.

Cualquier persona debería sentirse satisfecha con esa fortuna, pero para Musk no es suficiente y quiere más. Acaba de presionar a la junta directiva de Tesla para que le otorgue una bonificación de 427 millones de acciones de la empresa, que equivalen al 12% de la propiedad accionaria, y que pueden llegar a tener un valor de un billón de dólares, es decir un millón de millones (USD 1 000 000 000 000, con todos esos ceros) que es más de dos veces el PIB anual de Colombia.

A pesar de las razones financieras que pudiera tener tamaña bonificación, hay muchas preguntas y cuestionamientos que llevaron a algunos accionistas minoritarios a oponerse al bono¡, como éstas: ¿Qué justificación puede tener una bonificación de estas magnitudes? ¿Para qué una persona busca acumular tanta riqueza?

La racionalidad financiera de los incentivos

Es usual que en las empresas se den incentivos por desempeño o por la consecución de ciertos objetivos. En este caso se supone que el bono es un incentivo para que Musk deje otras distracciones y se concentre en trabajar en Tesla, por lo que está condicionado al cumplimiento de objetivos financieros y operativos en un período de 12 años, como por ejemplo vender 20 millones de vehículos y un millón de robots humanoides. El más retador es incrementar el valor de mercado de la empresa, que hoy es de 1,2 billones, y llevarlo a más de 8 billones de dólares. (Por eso el 12% de las acciones que le regalan valdría 1 billón).

No hay duda de que lograr estas metas sería un excelente resultado para todos los accionistas, pero hay que verlo con cierto escepticismo, sobre todo en lo referido a los indicadores del valor de mercado de la empresa en la bolsa de Nueva York, porque hay una enorme dispersión entre esos indicadores y el desempeño real de las empresas.

Uno de los indicadores tradicionales para valorar una empresa es la relación precio/utilidad, (P/U) es decir la relación entre el precio de la acción en la bolsa y las utilidades de la empresa. Como se ve en el cuadro siguiente, en el caso de Tesla esta relación es desproporcionada, aún frente a otras empresas tecnológicas que también rompieron el molde.

Para una compañía petrolera como Exxon, que alguna vez fue la estrella del mercado, su acción se transa por un múltiplo P/U de 17 veces y un dividendo que arroja una rentabilidad del 3.5%. La acción de Nvidia, la empresa tecnológica más valiosa del mercado tiene un múltiplo de 44 que ya luce exagerado, pues la rentabilidad que ofrecen sus dividendos a los accionistas es de solo 0.02%.

La de Tesla es totalmente irreal, pues aunque sus ingresos son el 30% de los de la Exxon, el precio actual de la acción equivale a un irracional múltiplo de 262 veces las utilidades, y no está pagando dividendos.

El corolario es que alcanzar el objetivo requerido para que Musk reciba la bonificación no depende solo del desempeño de la empresa, sino de factores especulativos del mercado imposibles de predecir.

Sin embargo, más allá de las consideraciones sobre las finanzas de la empresa, quedan varias preguntas de carácter gerencial y corporativo La primera, ¿Es necesario tamaño incentivo? Musk hoy es dueño del 13% de las acciones de Tesla, o sea que si logra el objetivo de aumentar el valor de mercado de la compañía a 8 billones de dólares, automáticamente aumentaría su patrimonio en 1,04 billones sin necesidad del bono. ¿No es eso suficiente aliciente para seguir trabajando en la empresa? ¿Por qué exige recibir el doble de remuneración, con lo que multiplicaría por 5 veces su patrimonio actual, y posiblemente pagando muy pocos impuestos?

La otra cuestión relevante es el papel del líder frente al equipo. Es evidente que mejorar el desempeño de una empresa es una labor colectiva que depende del aporte de miles de personas. Ofrecer un incentivo de esa magnitud solo a la cabeza del equipo por brillante que sea, (porque es imposible ofrecer algo similar a todos los empleados, ni siquiera a todo el grupo directivo) envía un mensaje muy desmotivador a toda la organización. Supone, además, apostar el futuro de la empresa a la suerte de una sola persona, lo cual no solo es arriesgado sino equivocado.

“Acumulad, acumulad, esa es la ley y los profetas”

La frase es de Karl Marx quien adaptó una expresión bíblica para criticar la obsesión del capitalismo por la acumulación de capital, equiparándola sarcásticamente a un principio religioso fundamental. La traigo a colación porque una ambición desmedida como la de Musk no corresponde a la lógica empresarial del modelo capitalista, sino a otros propósitos.

¿Para qué busca un mortal acumular tanto dinero? Ciertamente no es para poder comprar más cosas, ni para reinvertirla en la empresa: para usar esa fortuna en 30 años, Musk debería gastar 180 millones de dólares cada día. Tampoco parece que sea para hacer filantropía pues a diferencia de otros ultramillonarios como Bill Gates, Warren Buffet o George Soros que han donado decenas de miles de millones de dólares a fundaciones, hospitales o universidades, son muy pocas las donaciones conocidas de Musk. El mismo dijo que el gran pecado de las democracias occidentales es la empatía.

El motivo real, más allá del orgullo de ser el más rico del cementerio, parece ser el ansia de poder, no solo corporativo y empresarial, sino sobre todo político. Así lo ha demostrado con sus millonarias donaciones a la campaña electoral de Trump y de varios congresistas republicanos, que le permitieron llegar al gobierno con su DOGE para tratar de desmantelar el aparato estatal, aunque después la confrontación de egos con Trump lo obligó a dejar esa posición.

El objetivo político de Musk es promover gobiernos plutocráticos, autoritarios y racistas en todo el mundo. Por eso ha apoyado a partidos de extrema derecha en varios países europeos; lo que desearía es implantar en todo el mundo regímenes cuasi fascistas. El gran peligro de las democracias es la influencia de los billonarios en los gobiernos, máxime cuando estos no solo buscan beneficios económicos, sino que tienen agendas políticas que debilitan la democracia liberal.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

11 diciembre, 2025 1 comentario

Actualidad Cultura

Se aleja el tren de cercanías

Por Mauricio Cabrera Galvis 30 noviembre, 2025

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

“Más que una equivocación, fue una estupidez” o una frase parecida usó Talleyrand, el famoso diplomático francés, refiriéndose a una decisión de su jefe, Napoleón Bonaparte. Aunque el contexto es totalmente diferente, se puede decir lo mismo de la decisión del presidente Petro de frenar el Tren de Cercanías del Valle del Cauca, decisión que va a demorar un año el proyecto, pero no va a impedirlo.

El Tren de Cercanías del Valle del Cauca

Es el proyecto de infraestructura más importante del área metropolitana de Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira que, con una extensión de unos 73 km, debe unir a estos municipios con posibilidad de ampliación futura hacia Buga, Tuluá y el norte del Valle y, eventualmente, conectar con el Eje Cafetero, convirtiéndose en la primera columna vertebral férrea moderna del suroccidente colombiano.

El proyecto es un sistema de movilidad eléctrica sostenible y de alta capacidad, que atenderá la creciente demanda de transporte de la región, mejorando las posibilidades de movilidad de una población de más de tres millones de personas, en su mayoría de estratos medios y bajos. Su aporte a la transición energética es significativo por la disminución esperada del tráfico vehicular movido por gasolina o diésel, lo cual debe evitar la emisión de más de 300.000 toneladas de CO₂ durante los primeros 10 años de operación del proyecto.

La primera fase del Tren cubre el tramo Cali-Jamundí y comprende la construcción de 23,14 km de vía férrea en trocha estándar, utilizando el antiguo corredor del ferrocarril, de dos viaductos, 10 puentes y 54 intersecciones, y de 21 estaciones; además, la adquisición de 40 trenes ligeros que deben transportar más de 50 millones de pasajeros/año. El costo estimado de esta fase es de $12 billones, de los cuales, de acuerdo con la Ley de Metros, el gobierno central debe cofinanciar el 70 %, mientras que el 30 % restante ya ha sido comprometido por la gobernación del Valle y los municipios de Cali y Jamundí.

Lo absurdo de frenar la iniciación del tren es que esta primera fase es un proyecto maduro, listo para comenzar. En el proceso de estructuración liderado por la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) ya se han invertido más de $34 000 millones en todos los estudios técnicos de prefactibilidad y factibilidad, el diseño conceptual y los estudios ambientales y sociales. Además, se contaba con el aval técnico del Ministerio de Transporte, así como el concepto previo favorable del Ministerio de Hacienda sobre las vigencias futuras de la Nación, y el Departamento Nacional de Planeación tenía listo el documento CONPES para declarar la importancia estratégica del proyecto. Inclusive se contaba con un borrador del acuerdo de cofinanciación.

Las razones de la sinrazón

La decisión presidencial fue la de no autorizar la firma del acuerdo de cofinanciación por el cual la Nación se comprometía a aportar recursos para financiar el 70 % del primer tramo. Este acuerdo debía ser firmado antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías para poder culminar la estructuración financiera, publicar los pliegos de licitación, adjudicarla y firmar los contratos de construcción, proceso que puede demorar unos 12 meses.

Las razones aducidas por el presidente para su decisión son equivocadas o cuestionables. Decir que deben priorizarse otros proyectos estratégicos como el tren a Buenaventura, es un sofisma de distracción porque ese proyecto ni siquiera tiene estudios de factibilidad. Pretender que la información “no era suficiente” carece de sustento técnico frente a un proyecto que lleva más de diez años de preparación y que ya estaba listo para la firma del convenio. Argumentar que no hay recursos suficientes no tiene sustento cuando sí se autorizó la cofinanciación del Tren regional del norte en la sabana de Bogotá, que vale $17 billones.

Lo cuestionable es la razón política detrás de la decisión, que es cobrar revancha por el no apoyo de algunos parlamentarios del Valle a los proyectos de ley del gobierno como el de salud y el de financiación. Y lamentable que además se haya justificado esta postura con el apoyo de algunos congresistas de la región, que apoyan el proyecto, pero por enfrentamientos políticos se oponen a que sea adelantado por la actual gobernadora del Valle.

El Valle del Cauca hizo lo que el país necesita que hagan sus regiones: planear, estructurar y financiar con rigor. Retrasar este proyecto por razones políticas coyunturales debilita la descentralización, castiga la eficiencia, contradice la promesa de impulsar los trenes regionales y retrasa la transición energética en el país. El departamento y los municipios afectados no están pidiendo un favor, sino exigiendo su derecho a que se cumpla la Ley de Metros y se avance en un proyecto que ya ha cumplido todos los requisitos técnicos exigidos por el propio Gobierno Nacional.

El resultado del freno presidencial es claro: al menos un año de atraso, aumento de costos, pérdida de confianza de los financiadores internacionales y un impacto directo sobre la movilidad de la región, que seguirá atrapada entre la congestión, el transporte informal y un sistema masivo presionado más allá de su capacidad.

No es solo una equivocación: es una estupidez, porque de todas maneras el Tren de Cercanías se va a construir, y la decisión del presidente lo único que va a hacer es demorar su iniciación, que ya no se hará el segundo semestre del año entrante. Como no hay razones reales para objetarlo, el acuerdo de cofinanciación lo firmará el próximo gobierno, cualquiera que sea, y se podrá abrir la licitación.

El presidente pasará a la historia como el que demoró un proyecto estratégico para el Valle del Cauca y su sucesor cobrará la victoria de haberlo reactivado. Por ahora se aleja el Tren de Cercanías, pero no hay duda que se construirá.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

Cali, noviembre 16 de 2025

30 noviembre, 2025 4 Comentarios

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