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Mauricio cabrera galvis

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El proyecto de “Ley de Rescate Económico” recién presentado por el gobierno es, en realidad, la mayor reforma tributaria de la historia. Además es regresiva pues beneficia a los estratos más ricos de la población a costa sobre todo de la clase media.

Hay que reconocer la intención del gobierno de enfrentar el problema fiscal y su expectativa optimista de que con este proyecto va a reducir el déficit en más de 4% del PIB a partir del año 2028. También se debe reconocer que haya aceptado que no era posible hacerlo solo con recorte del gasto público y reducción del Estado y, sobre todo, que haya decidido no cumplir sus promesas de campaña de no subir impuestos; lo va a hacer y en una cuantía superior a cualquier reforma tributaria reciente, pero disimulada en una supuesta “ley de Rescate”.

Como las reformas tributarias generan mucho rechazo, se ha vuelto costumbre no llamar las cosas por su nombre y le han puesto otros títulos. Las dos reformas de Santos y la primera de Petro sí se llamaron tributarias; Duque fue muy creativo y sus cuatro proyectos se llamaron de Financiamiento, de Crecimiento Económico, de Solidaridad Sostenible y de Inversión Social. Petro también usó el nombre de Ley de Financiamiento para su segundo proyecto que no fue aprobado por el Congreso.

Recorte del gasto público menor que lo prometido

El proyecto tiene cuatro grupos de medidas para reducir el déficit: primero, las que sí buscan recortar el gasto público; segundo, las que no reducen el gasto y se lo trasladan a los contribuyentes; tercero, las que son un aumento directo de impuestos, y por último la consabida mejora en la gestión de la DIAN. Además, hay otro grupo de medidas que disminuye impuestos, es decir, aumentan el déficit.

La tabla anexa tiene todos los ítems y valores incluidos en la Tabla 14 de la Exposición de Motivos del proyecto de ley, pero reclasificados en los 5 grupos de medidas mencionados para efectos de claridad en el análisis.

Aunque el ministro había anunciado un recorte del gasto del orden de $40 billones para los próximos 4 años, el proyecto solo plantea recortes de un promedio anual de 1% del PIB (unos $21 billones a pesos de hoy). Esto es solo una quinta parte de la reducción promedio del déficit planteada en el proyecto para estos años (4 % del PIB), con dos problemas que ponen en duda que se alcance este objetivo.

El primero es la obligación constitucional de trasladar alrededor del 30% de los ingresos corrientes de la nación a departamentos y municipios (eso sin tener en cuenta el último Acto Legislativo que ordena aumentar hasta 39.5% ese porcentaje). Esto significa que para el año 2030 se podría tener un menor gasto público de $21 billones, pero por el SGP habría que entregar a las regiones unos $18 billones (0,8% del PIB), que es el 30% de lo que se espera obtener de nuevos impuestos. El proyecto subestima este efecto, pues la Tabla 14 lo calcula en solo 0,2% del PIB

El otro problema es que buena parte de ese recorte todavía no está definido, sino planteado como objetivo que no se sabe si se pueda cumplir. Así por ejemplo, se plantea reducir en más de $6 billones el “gasto ineficiente”, pero no se sabe cuál es, o eliminar la mitad de los contratos de prestación de servicios sin que se haya hecho una evaluación de funciones y carga de trabajo. 

Ojalá no suceda acá lo mismo que sucedió con el intento de Musk y Trump de reducir la ineficiencia del estado (allá se llamó DOGE) y que no logró ni el 5% del objetivo esperado. Como si esto fuera poco, la propuesta depende, en buena parte, de dar facultades extraordinarias al presidente para eliminar entidades públicas, lo que va a tener muchos obstáculos políticos, y de “otras medidas de ajuste fiscal” que se incluirán en el Plan de desarrollo, pero no se sabe cuáles son. En la tabla, estos son los renglones que están resaltados en amarillo

El sector privado carga con el peso del ajuste

Casi 4 de cada 5 pesos del “rescate” los va a poner el sector privado, a través de nuevos impuestos y parafiscales. El segundo grupo de medidas del proyecto no apunta a reducir el gasto público sino a financiarlo por las empresas y los trabajadores. Así por ejemplo, se aumentan las cotizaciones a salud de empleadores y trabajadores, se eliminan las exenciones de aportes al SENA y el ICBF y se toman recursos de las cajas de compensación para tapar el hueco de la salud.

Se estima que por estos conceptos los privados asumirán gastos que hoy hace el gobierno por un monto promedio anual de 0,86% del PIB, es decir sacarán de sus bolsillos unos $18 billones.

¡Y el aumento de los impuestos! El verdadero milagro de la Ley de Rescate es que mandó a la basura las reiteradas promesas de que no se iban a poner nuevos impuestos, y lo hizo estableciendo un récord histórico.

En efecto, con el aumento de la base del IVA y de los impuestos a cervezas, tabaco y juegos de azar, así como las mayores tarifas efectivas para las personas naturales, el gobierno espera incrementar el recaudo tributario en el año 2030 en 2.88% del PIB, que a pesos de hoy serían unos $60 billones. Recuérdese que la reforma tributaria que presentó el ministro Ocampo esperaba recaudar $25 billones, de los cuales le aprobaron $19.

Ese mayor recaudo se compensa en parte con unas cuantas gabelas a los más ricos del país, como la eliminación del impuesto al patrimonio y la disminución de las tarifas de impuestos corporativos, así como contratos de estabilidad jurídica y tarifas reducidas para nuevas inversiones. El costo fiscal de estas gabelas lo estima el proyecto que llegará a partir del 2028 a 0.47% del PIB, es decir unos $10 billones.

Este aumento del recaudo es la parte más discutible de la propuesta porque recaerá, en gran, parte sobre la clase media y algo sobre los estratos bajos pues las empresas y los más ricos verán disminuidas sus tarifas. Pero eso será tema de otra columna.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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Hace un año advertí que uno de los principales errores de la política energética del anterior gobierno había sido no reactivar los proyectos piloto de fracking, suspendidos en marzo de 2022 por decisión judicial, porque el país se quedó sin la información científica necesaria para decidir si esta técnica podía desarrollarse de manera segura y rentable. 

Hoy, ante la escasez de gas natural, esa discusión es todavía más urgente. Colombia debe desarrollar los yacimientos no convencionales si los estudios demuestran su viabilidad, pero sin caer en la ilusión de que el fracking resolverá el déficit de los próximos dos o tres años 

LA CURVA DE APRENDIZAJE 

La experiencia internacional obliga a ser realistas sobre los plazos. En Estados Unidos, desde el siglo XIX se conocía el gas de esquisto (o shale, que es como se denomina el gas de yacimientos no convencionales), y en los años 80 del siglo pasado se inició una pequeña explotación comercial, pero solo décadas de investigación y mejoras tecnológicas lograron una producción a gran escala, pasando de 800.000 barriles/día en 2010, a los casi 10 millones que se producen hoy, como se ve en el gráfico aquí presentado.

Evolución de la producción de tight/shale oil en Estados Unidos y Vaca Muerta, 2000-2026 (Fuentes: U.S. Energy Information Administration (EIA) y Secretaría de Energía de Argentina). Aunque las categorías tight oil (EEUU) y petróleo no convencional de Vaca Muerta no son estrictamente equivalentes, la comparación tiene como objetivo mostrar la evolución temporal y las respectivas curvas de aprendizaje y no comparar directamente volúmenes absolutos. FUENTE: Porras, J.” Descubriendo el potencial no convencional de la formación La Luna en Venezuela”. Petroleum, Sept. 2026.

En Argentina, el desarrollo de Vaca Muerta fue más rápido, como también se ve en el gráfico, gracias a la experiencia internacional y a tecnologías ya probadas. Los primeros pozos de gas de esquisto se perforaron en 2010 y solo en 2018 se tuvo una producción significativa de 80.000 bariles/día. A partir de allí se necesitaron otros 8 años de inversión, aprendizaje y construcción de infraestructura para aumentar la producción hasta los 680.000 barriles/día, porque no se trataba solo de aplicar las nuevas tecnologías, sino de aprender a utilizarlas eficientemente en las condiciones específicas del yacimiento. 

El caso de la formación La Luna en Venezuela, que es un yacimiento no convencional con un potencial de millones de barriles de gas de esquisto, es interesante porque tiene similitudes con el valle del Magdalena Medio en Colombia: en ambos sitios se ha comprobado la existencia de roca generadora, pero como dicen los expertos “su excelente calidad como roca madre no significa que toda su extensión reúna las condiciones necesarias para constituir un reservorio no convencional comercial”.

Los expertos que estudian la producción de gas esquisto en La Luna señalan los desafíos para llegar a una comercialización del gas. No basta con saber que existe una roca generadora de hidrocarburos. Hay que identificar las zonas de mayor productividad, conocer sus características geológicas y geomecánicas, probar las técnicas de perforación y fracturamiento y determinar la disponibilidad de agua, capital e infraestructura. 

Sus conclusiones son claras y muy relevantes para las expectativas de obtener gas por medio del fracking en Colombia: hay que hacer proyectos piloto y pozos verticales para “reducir las principales incertidumbres geológicas y de ingeniería, validar la presencia y productividad de los sweet spots y generar la información necesaria para definir un desarrollo técnicamente viable”; luego sí se deben desarrollar pozos horizontales para “evaluar la respuesta del reservorio a la perforación y el fracturamiento hidráulico”.

Por lo tanto, para ellos “la viabilidad de un desarrollo no convencional surge de la interacción entre calidad del recurso, condiciones operacionales, infraestructura, disponibilidad de capital y estabilidad del marco regulatorio, y no exclusivamente de la presencia de una roca generadora de buena calidad.”

¿CUÁNDO TENDREMOS GAS DE FRACKING? 

Colombia puede tener una curva de aprendizaje más rápida: conoce buena parte de su geología petrolera, dispone de una industria con experiencia y puede acceder a las mejores tecnologías existentes. Por eso es razonable pensar que podría avanzar un poco más rápido en las primeras etapas. Pero una cosa es perforar un pozo y otra demostrar que los yacimientos producen suficiente gas, de manera rentable y sostenida, para justificar una explotación comercial a gran escala, lo cual puede tomar entre 3 y 6 años. Luego, el desarrollo a gran escala puede tomar otros 4 o 5 años, que es menos tiempo que el que se requirió en Vaca Muerta. 

A los retos técnicos se suman los ambientales y sociales: riesgos de contaminación del agua, emisiones de metano y otros, que son manejables, pero dependen de las condiciones geológicas y de la calidad de la tecnología, la regulación y la vigilancia. También es indispensable escuchar a las comunidades, garantizar su participación y establecer mecanismos transparentes de seguimiento y reparación. La oposición social no se resuelve con amenazas ni con discursos. Se requiere demostrar que los beneficios justifican los riesgos y que existen garantías verificables para proteger el territorio y sus habitantes

Además, está el riesgo jurídico, porque en el Congreso ya se han presentado en los últimos años varios proyectos de ley para prohibir el fracking en el país. Mientras esta espada de Damocles exista sobre la utilización de esta técnica, y no se tenga total claridad sobre el marco legal y regulatorio que regirá su eventual desarrollo, ninguna empresa va a querer dedicar recursos a proyectos tan costosos y de largo plazo.

Por todas estas razones eran necesarios los dos Proyectos Piloto Investigativos que comenzaron a desarrollarse en 2021 -Kale y Platero-. No se trataba de autorizar de inmediato una explotación masiva, sino de producir la información que permitiera decidir con fundamento científico. Al suspenderlos, Colombia perdió tiempo y la oportunidad de avanzar en ese conocimiento, por lo que ahora es urgente acelerar una evaluación rigurosa, con independencia científica, monitoreo público y participación comunitaria, que permitirá tomar decisiones basadas en evidencia y no únicamente en posiciones ideológicas.

En conclusión, no podemos alimentar la ilusión de que la producción de gas en yacimientos no convencionales por medio de la técnica del fracking nos vaya a servir para resolver la escasez actual, porque en el mejor de los escenarios solo producirá volúmenes significativos de gas después del 2030, es decir después que los proyectos costa afuera, como el campo Sirius que también fue demorado por exigencias exageradas de consultas previas y licencias ambientales y que es necesario terminar sin más demoras.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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El GPS se ha convertido en un instrumento indispensable para saber dónde estamos y para saber cuál es la mejor ruta para llegar al destino que hemos escogido. Hoy casi nadie se atreve a manejar un carro sin esa ayuda. 

Colombia necesita un GPS que cumpla esas dos funciones, pero que además de construir la ruta nos ayude también a definir el destino a donde queremos llegar como sociedad, el país que queremos construir. 

La idea que planteé en estas páginas de que en Colombia necesitamos un Partido Social Demócrata, abrió una amplia conversación, no porque fuera original o novedosa, sino porque recogió una necesidad de mucha gente que se siente sin representación ni voz en la política nacional. Es necesario, pero no suficiente. Si queremos que la socialdemocracia sea algo más que una etiqueta electoral, necesitamos construir las ideas, los diagnósticos y las propuestas que le den contenido. Por eso necesitamos un Grupo de Pensamiento Social Demócrata, al que podemos llamar GPS-D

El GPS-D no sería un partido, ni una corriente de ningún partido. Debe ser un centro de pensamiento independiente y pluripartidista, abierto a personas provenientes de distintas fuerzas políticas, de la academia, las empresas, los sindicatos y las organizaciones sociales, unidas por el interés en construir una propuesta socialdemócrata para Colombia.

El pensamiento social demócrata en el mundo

En muchos países existen centros de pensamiento de orientación social demócrata, y muchos otros que, sin identificarse expresamente con la social democracia, sí se definen como progresistas. En Europa hay por lo menos 76 organizaciones de este tipo que se han agrupado en la FEPS (Foundation for European Progressive Studies), cuya misión común es “desarrollar investigaciones innovadoras, asesoramiento político, capacitación y debates para inspirar e informar las políticas socialistas y socialdemócratas en toda Europa.” (https://feps-europe.eu)

FEPS también tiene una extensa red de socios, que incluyen universidades de renombre, académicos, legisladores y activistas, todos interesados en “promover la reflexión intelectual en beneficio del movimiento progresista y promover los principios fundacionales de la Unión Europa: libertad, igualdad, solidaridad, democracia, respeto de los derechos humanos, libertades fundamentales, dignidad humana y estado de derecho.”

En América Latina se ha intentado algo similar, pero hasta ahora con alcance mucho más limitado. Con el apoyo de la FEPS, y en particular de la alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), en 2004 cinco centros de pensamiento de Chile, Argentina, Uruguay y Brasil conformaron la Red Latinoamericana de centros progresistas, hoy más necesaria que nunca ante el avance de la ultraderecha en la región.

De estos centros latinoamericanos el más interesante para la situación actual de Colombia es la Fundación Chile 21, que nació en 1992 de la convergencia de personas e instituciones vinculadas a la Concertación, la coalición de centroizquierda que gobernaba Chile, para crear un espacio de reflexión programática, de encuentro y debate, sin afiliación ni exclusiones partidistas. (https://chile21.cl)

El GPS-D: Grupo de Pensamiento Social Demócrata 

En Colombia, como en Chile, necesitamos un centro que no pertenezca a ningún partido, pero que pueda aportar ideas a todos los partidos que compartan una concepción democrática y social de la política. Colombia tiene partidos y movimientos que se autodefinen como progresistas, socialdemócratas, liberales, socialistas o de centroizquierda, pero no tiene una infraestructura intelectual socialdemócrata comparable a la que existe en Alemania, Reino Unido, Chile, Brasil o Uruguay.

La pregunta por resolver ante el avance mundial del autoritarismo y el populismo de derecha es ¿Cómo puede la izquierda democrática gobernar una economía de mercado y simultáneamente producir crecimiento sostenible, reducir desigualdad y ampliar derechos sociales?

Hoy esa respuesta es mucho más urgente. El debate público suele quedar atrapado entre la coyuntura electoral, la polarización y las respuestas de corto plazo, mientras los grandes desafíos del país exigen diagnósticos compartidos y propuestas que puedan sostenerse más allá de un gobierno. El GPS-D buscaría llenar ese vacío: crear una conversación programática de largo plazo y convertirla en opciones concretas para la acción pública.

El GPS-D debería partir de unos principios fundacionales muy claros: independencia política, pluralismo, rigor técnico, hechos y datos, y vocación de transformar las ideas en políticas públicas viables. Su objetivo también es claro: contribuir a construir una Colombia solidaria y democrática, más próspera, más justa, más libre y con mayores oportunidades para todos. 

La primera tarea del GPS-D sería precisamente definir qué significa todo esto en la Colombia del siglo XXI. Responder a preguntas como, ¿Qué modelo de crecimiento necesitamos? ¿Cómo combinar una economía dinámica y competitiva con una distribución más equitativa de sus frutos? ¿Cómo construir un Estado social que garantice derechos sin desconocer la importancia de la iniciativa privada? ¿Cómo aumentar la productividad y el empleo formal? ¿Cómo reducir la pobreza y la desigualdad y ampliar la movilidad social? ¿Cómo enfrentar la transición energética y el cambio climático? ¿Cómo fortalecer la democracia y las instituciones? Las respuestas deben formar un programa coherente, no una suma de propuestas aisladas.

Pero el GPS-D no puede limitarse a investigar. Debe desarrollar estudios y publicaciones, seminarios y debates públicos, programas de formación para jóvenes y nuevos dirigentes, observatorios de políticas públicas, investigaciones comparativas con otros países y propuestas programáticas concretas, incluyendo su costo y sus fuentes de financiación. También debe evaluar lo que hacen los gobiernos. No solamente preguntar qué debemos hacer, sino también ¿qué ha funcionado, qué no ha funcionado y por qué?

Además de un partido social demócrata Colombia necesita también nuevas caras, nuevas ideas, programas, propuestas y políticas para definir qué país queremos ser. El GPS físico parte de un destino que alguien ya escogió, mientras que el GPS-D tendría una responsabilidad mayor: ayudar a definir la meta y luego encontrar la ruta para alcanzarla, porque las naciones, como las personas, avanzan mejor cuando saben dónde están, hacia dónde van y cuál es el mejor camino para llegar allí.

ADENDA: El nombre de GPS-D es una excelente sugerencia de Gabriel Sánchez, un amigo y compañero totalmente identificado con los objetivos de este Centro.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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Vender un activo del Estado no sirve para reducir el déficit fiscal, y puede ser un mal negocio si este activo es rentable y produce utilidades.

Ante el enorme déficit fiscal que enfrenta Colombia ha vuelto a aparecer una vieja propuesta: vender parte de Ecopetrol para conseguir recursos y aliviar las finanzas públicas. La idea parece atractiva, pero antes de hacer las cuentas de la lechera hay que precisar qué se está proponiendo, porque en el afán de reducir el déficit se mezcla toda clase de propuestas, incluso algunas que no tienen relación con las finanzas del Estado, como la venta de las acciones de ISA que son propiedad de Ecopetrol. 

La capitalización no es venta

La ley 1118 de 2006 autorizó que inversionistas privados adquirieran hasta 20 % del capital accionario de Ecopetrol; dado que hoy tienen 11.51 %, existe la posibilidad legal de que adquieran el 8.49% restante, que hoy serían unos 4.300 millones de acciones que si se vendieran al precio de Bolsa (alrededor de $2.700) tendrían un valor de $11.6 billones. Una suma muy importante que ilusiona a cualquier ministro de Hacienda.

Sin embargo, debe recordarse que hay dos alternativas diferentes para privatizar una empresa pública. La primera es que la Nación venda acciones que hoy son de su propiedad, en cuyo caso el Estado recibe los recursos de la venta, pero disminuye su participación en la empresa. La segunda es que Ecopetrol emita nuevas acciones para que sean adquiridas por inversionistas privados. En este caso se capitaliza la empresa, pero los recursos entran a Ecopetrol, no a la Nación y, además, al aumentar el número de acciones, disminuye su participación porcentual en los dividendos futuros.

La distinción es fundamental porque a veces se habla de ambas operaciones como si fueran equivalentes para las finanzas públicas. No lo son, y lo que autorizó la ley 1118 fue únicamente la segunda alternativa, de manera que si lo que se busca es que la Nación venda sus acciones, deben buscarse nuevas autorizaciones legales y surtir todo el proceso de la Ley 226, lo que podría tardar hasta dos años.

Desde el punto de vista de la caja de la Nación, la emisión de nuevas acciones de Ecopetrol tendría el mismo efecto que la venta de alguno de sus activos, como por ejemplo, el 51 % de las acciones de ISA. Como los recursos de estas operaciones entran a Ecopetrol y no a la Nación, algunos han propuesto que la petrolera los use para decretar un dividendo extraordinario que sí disminuiría el déficit fiscal. Es una ingeniosa argucia financiera, muy perjudicial para Ecopetrol, porque le quita un activo productivo y le reduce el patrimonio (es decir, la descapitaliza) al obligarla a aumentar la repartición de dividendos, con el agravante que una parte de ellos iría a los inversionistas privados.

Vender la nevera para pagar el mercado  

En gracia a la discusión, supongamos que se logran todas las autorizaciones para que la Nación venda el 8.49 % de Ecopetrol y obtenga, al precio de Bolsa, alrededor de $12 billones. ¿Ha reducido el déficit fiscal en ese monto? No, por una razón muy sencilla: en la contabilidad fiscal, la venta de un activo financiero del Estado no constituye un ingreso corriente que reduzca el déficit. Es una operación patrimonial. El Estado cambia un activo ‒acciones de Ecopetrol‒ por otro activo ‒dinero‒. 

En otro artificio financiero se ha propuesto que con los recursos de la venta se pague deuda de la Nación; hacia el futuro se disminuirán los intereses que debe pagar el Gobierno, pero acá cabe una consideración técnica.

Un inversionista privado que compre acciones de Ecopetrol calculará cuánto está dispuesto a pagar hoy por los dividendos y flujos de caja que espera recibir en el futuro. Para traer esos flujos futuros a valor presente utilizará una tasa de descuento que refleje el riesgo de su inversión.

Sin embargo, la Nación no es un inversionista privado y la tasa de descuento relevante para valorar los flujos fiscales que recibe de Ecopetrol puede ser inferior a la del privado; por eso, el precio que el mercado está dispuesto a pagar por las acciones puede ser inferior al valor presente que esas mismas acciones tienen para el Estado, precisamente porque este puede valorar los flujos futuros con una tasa de descuento menor. Por lo tanto, hay que comparar el precio recibido hoy con el valor presente de todos los dividendos futuros que dejan de recibirse.

En otras palabras, es necesario analizar si el Estado crea o destruye valor al cambiar una participación en una empresa que es muy rentable por una reducción de deuda. La respuesta de la sabiduría popular es que no hay que vender la gallina de los huevos de oro, porque se queda sin la gallina y sin los huevos.

Vender Ecopetrol puede modificar el patrimonio y la deuda del Estado, pero no desaparece el déficit fiscal. Si el problema es que cada año los gastos superan los ingresos, vender activos públicos no resuelve la causa del problema. 

El déficit solo se corrige haciendo que, de manera permanente, suban los ingresos y bajen los gastos del gobierno. Para eso no existen atajos patrimoniales que reemplacen una reforma tributaria y una estrategia de reducir el gasto. No puede venderse la nevera para pagar el mercado.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

Resumen Gráfico -IA

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Colombia necesita hoy un verdadero partido socialdemócrata que equilibre economía de mercado con Estado social fuerte, defensor de la igualdad, la democracia pluralista, los derechos laborales, la sostenibilidad ambiental y el interés público.

La tradición social demócrata

La socialdemocracia es, ante todo, una tradición política que busca equilibrar la economía de mercado con un Estado Social de Derecho fuerte, capaz de garantizar igualdad real, proteger derechos, defender la democracia pluralista y asegurar la sostenibilidad ambiental. 

No es una ideología maximalista ni un proyecto utópico: es una forma de gobernar que combina libertad económica con responsabilidad pública, iniciativa privada con regulación estatal, crecimiento con equidad y prosperidad con sostenibilidad. En su esencia, la socialdemocracia parte de una convicción profunda: una sociedad justa requiere tanta libertad como protección a los vulnerables, tanta competencia como solidaridad, tanto mercado como Estado.

La experiencia internacional ofrece lecciones valiosas. En Europa, los partidos socialdemócratas han sido pilares de la construcción democrática y del Estado de bienestar. El SPD alemán, el PSOE español, el Laborismo británico y los partidos socialdemócratas nórdicos han demostrado que es posible combinar crecimiento económico con redistribución, innovación con protección social, competitividad con derechos laborales y transición ecológica con justicia social. 

Estos partidos han liderado reformas profundas: sistemas de salud universales, educación pública de alta calidad, políticas de vivienda, regulación financiera, transición energética, protección de ecosistemas y marcos robustos de derechos civiles. Aunque enfrentan grandes desafíos y retrocesos, siguen siendo referentes de cómo se construye una democracia sólida, un Estado eficaz y una economía moderna que no sacrifica el bienestar colectivo.

Durante buena parte del siglo XX, el Partido Liberal encarnó esa tradición en Colombia. Fue el motor de reformas modernizadoras, de la ampliación de derechos civiles, de la educación pública, de la separación entre Iglesia y Estado y de la consolidación de un Estado laico y pluralista. En su mejor momento, el liberalismo colombiano representó una versión local de la socialdemocracia: un proyecto reformista, progresista, institucionalista y comprometido con el interés público. 

Sin embargo, con el paso del tiempo, el Partido abandonó esa identidad. La pérdida de ideología, la renuncia a principios claros y la sustitución del proyecto colectivo por redes clientelistas lo convirtieron en una maquinaria electoral sin rumbo, sin doctrina y sin capacidad para ofrecer una visión de país. El liberalismo dejó de ser un partido y se volvió un vehículo para transacciones políticas, más interesado en los puestos y en los contratos que, en buscar el poder para transformar la sociedad, dejando un vacío en el espacio político colombiano.

La necesidad de la socialdemocracia en Colombia

Colombia necesita una fuerza política que represente esa tradición. Un partido socialdemócrata moderno con ideología clara, principios firmes y propuestas viables; con organización interna, liderazgo colectivo, formación política y presencia territorial; con capacidad técnica para convertir valores en políticas públicas y con un proyecto de largo plazo que trascienda coyunturas y personalismos. Un partido que defienda la democracia pluralista sin ambigüedades, que proteja el interés público frente a la captura del Estado por poderes privados, que impulse la transición ecológica como deber intergeneracional y que promueva un Estado social de derecho capaz de reducir desigualdades y ampliar oportunidades.

El vacío que dejó el otrora Partido Liberal es especialmente grave porque los principios socialdemócratas enfrentan hoy amenazas profundas. La democracia pluralista está bajo presión por el avance de movimientos autoritarios y nacionalistas que erosionan las instituciones desde dentro, amenazan a la prensa libre, polarizan a la sociedad y concentran poder en liderazgos personalistas que sustituyen el interés público por la lealtad al caudillo. 

El interés público se debilita frente a la captura institucional por intereses privados, la desinformación digital, la polarización extrema y la erosión de organismos de control y de la independencia judicial. 

La sostenibilidad ambiental se ve comprometida por el calentamiento global, la pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación, la deforestación y la expansión de modelos económicos extractivos que degradan territorios y comprometen el futuro de las comunidades. 

Y la justicia social, fundamento de la cohesión democrática, se ve amenazada por desigualdades crecientes que fragmentan la sociedad y alimentan discursos de resentimiento y exclusión. El discurso de la guerra ha sustituido la búsqueda de la paz.

La socialdemocracia no es una nostalgia ni una etiqueta. Es una necesidad política en un país donde los principios de pluralismo, sostenibilidad, interés público y justicia social están bajo presión. Colombia requiere una fuerza política que combine rigor técnico, compromiso ético y visión de país; que entienda que la democracia no se defiende sola, que el planeta no se protege con discursos y que el interés público no sobrevive en manos de movimientos improvisados o personalistas. En un momento en que la democracia se vacía desde adentro y el planeta se degrada desde afuera, la socialdemocracia ofrece un camino de equilibrio, responsabilidad y futuro.

Por todo esto, más allá de las categorías vacías de centro, izquierda o derecha, Colombia necesita con urgencia una fuerza socialdemócrata moderna que rompa la lógica de extremos que ha dominado la política reciente. Un partido capaz de hablarle a quienes quedaron desilusionados con el gobierno anterior, pero que también están preocupados y asustados con el rumbo del actual; un partido que no se construya desde el miedo ni desde la rabia, sino desde la responsabilidad, y el interés público. La polarización nos ha quitado algo más profundo que la tranquilidad: nos ha robado la capacidad de reconocernos como ciudadanos de un mismo país, de creer que es posible construir un futuro común sin destruirnos en el intento.

Un partido socialdemócrata puede ser ese punto de encuentro que hoy parece perdido. Puede ser la casa política de quienes quieren reformas sin incendiar las instituciones, de quienes defienden la democracia sin renunciar a la justicia social, de quienes exigen sostenibilidad ambiental sin sacrificar la equidad. Puede ser el lugar donde vuelvan a encontrarse los ciudadanos que ya no creen en los caudillos, que ya no soportan el ruido, que ya no quieren elegir entre dos miedos.

Colombia no necesita más gritos, ni más venganzas, ni más líderes que prometen salvar al país mientras lo dividen. Colombia necesita una alternativa seria, ética y competente que devuelva la política a su propósito esencial: mejorar la vida de la gente. 

Un partido socialdemócrata puede ser esa alternativa que nos devuelva la esperanza. Es una larga marcha que, si se recorre con rigor, con valentía y con convicción, puede abrirle a Colombia un futuro que hoy parece lejano, pero que sigue siendo posible.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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Con todo el respeto y la solidaridad que me merecen las víctimas y los afectados por el terremoto del 10 de agosto, me atrevo a usar la misma palabra para calificar lo que está sucediendo con la tasa de cambio. Hay terremotos que matan personas, derrumban edificios y dejan familias sin techo; hay otros que pueden derrumbar empresas.

Colombia acaba de sufrir uno de los primeros y está comenzando a experimentar otro, menos visible pero potencialmente muy costoso: el terremoto cambiario.

El dólar va en caída libre y ya está por debajo de $3.100. Esta acelerada caída pone a tambalear a las empresas exportadoras que venden en dólares pero que pagan en pesos sus costos; se pone en riesgo su supervivencia y el impacto más grave de este terremoto lo sufren los miles de trabajadores que emplean.

La aritmética es contundente y unos ejemplos la muestran. El sector floricultor exportó el año pasado unos USD 2.300 millones y con la tasa de cambio promedio del año pasado ($4.053) recibió unos $9,3 billones. Si exportara lo mismo a la tasa de cambio actual solo recibiría $7.3 billones, es decir que tendría menores ingresos equivalentes a $2 billones. Por eso ya varias empresas de este sector están pensando acudir a la ley de reorganización, o inclusive a la liquidación. Son 200 mil empleos en riesgo en este sector, de los cuales el 60 % son ocupados por mujeres rurales y madres cabezas de familia.

En el sector cafetero del que dependen 500.000 familias en el país, la pérdida de ingresos es todavía mayor. El año pasado recibió $23.5 billones y hoy recibiría $5 billones menos.

Otros sectores agroindustriales como el azúcar, la palma de aceite, el aguacate o el banano, exportan menos, pero tienen similares pérdidas de ingresos proporcionales a sus ventas. Es cierto que tienen algunos costos en dólares que amortiguan un poco el impacto, pero no hay duda de que sus utilidades se derrumban.

Un caso dramático es el de Propal una empresa emblemática, con más de seis décadas de historia, que acaba de solicitar su liquidación judicial. Su propia explicación señala entre las causas el dumping de los precios internacionales, el aumento de los costos, pero la revaluación del peso fue el último sacudón que derrumbó una estructura ya debilitada.

No solo se afectan exportadores de bienes, también los de servicios como el sector turismo que el año pasado generó ingresos por USD 9.500 millones. Aquí el problema es doble porque no solo recibirían menos pesos (unos $8 billones) si vendieran lo mismo, sino que van a venir menos turistas porque Colombia se vuelve más costosa con un dólar bajo.

Mención aparte merece el sector de hidrocarburos porque, además del impacto directo sobre las utilidades de Ecopetrol, hay una réplica sobre las finanzas públicas nacionales por los dividendos que deja de recibir el gobierno, y sobre las territoriales por la caída de las regalías que van a departamentos y municipios.

A diferencia de los terremotos físicos, en el cambiario también hay ganadores: se contiene la inflación, el consumidor puede comprar más barato, los importadores se benefician, las empresas con deuda externa pagan menos pesos y las materias primas y maquinaria importadas cuestan menos. Pero la vulnerabilidad externa y fiscal del país exige que se corrijan las grietas de la estructura económica antes de que colapse porque los perdedores son más.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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Hoy nos duele el alma por las víctimas del devastador terremoto y nos emociona la respuesta solidaria de todo el país; pero no basta, y siendo pragmáticos, hay que conseguir mucha plata para la reconstrucción. Planteo una propuesta para implementar en el marco de la emergencia económica.

Una enorme y absurda rebaja de impuestos 

Si un inversionista extranjero viene a hacer empresa en Colombia, sobre las utilidades que obtenga tendrá que pagar la tarifa de impuesto que pagan todas las empresas colombianas, es decir 35%. Pero si ese inversionista decide más bien poner sus dólares en TES, bonos o CDTs, el impuesto que tendrá que pagar es 5%. No es un error de imprenta sino un absurdo tributario, cinco por ciento es el impuesto que pagan los capitales golondrina.

La historia es así. Hasta el año 2012 los rendimientos de la Inversión Extranjera de Portafolio (IEP, que es el nombre elegante de los capitales golondrina) pagaban la misma tarifa corporativa que en esa época era del 33%. En el proyecto de reforma tributaria de ese año, el ministro Cárdenas propuso que se bajara a 25%, pero en el Congreso, en una movida misteriosa en el último debate, alguien propuso que fuera el 14%; así fue aprobado y se mantuvo hasta la reforma tributaria del gobierno Duque en 2019, que bajó la tarifa al 5%, vigente hasta ahora.

En ambas ocasiones el argumento para justificar esos costosos regalos tributarios era la necesidad de incentivar el ingreso de IEP para que el gobierno pudiera colocar más TES. En el 2012 funcionó y la participación de los fondos extranjeros de capital entre los tenedores de TES, pasó de 5% ese año a 26% en el 2018. Sin embargo, hay que tener en cuenta que confluyeron otros factores como la reducción del riesgo país y la inclusión de Colombia en el índice GBI-EM del banco J.P. Morgan, de manera que es difícil discriminar el impacto específico de la gabela tributaria.

En 2019 se sofisticó el argumento diciendo que era necesario para competir en la atracción de capitales con países como México y Perú, pero el impacto no fue significativo como se observa en el gráfico: el monto de la IEP en TES se mantuvo constante los dos años siguientes y su participación, promedio anual, entre los tenedores de TES cayó hasta el 18% el año pasado, y solo repuntó al 21% este año con la venta masiva de TES que hizo el gobierno anterior a un fondo de capital extranjero.

EL COSTO FISCAL DE LA EXENCIÓN 

Desde el punto de vista tributario, estas reformas son una exención que debería cuantificarse e incluirse en el reporte de impactos tributarios de las leyes aprobadas que debe presentarse en el MFMP. Nunca se ha hecho y el país tiene el derecho de conocer cuánto suman los impuestos que se están dejando de cobrar a la IEP, sobre todo sabiendo que buena parte de eso es un regalo a otros países, pues con aquellos que se tienen acuerdos de doble tributación, los impuestos que pagan sus empresas en Colombia los pueden descontar de los que deben pagar en su país de origen.

Sin conocer las cifras oficiales, es posible hacer un cálculo de servilleta. A partir de los saldos promedios de TES en poder de fondos extranjeros y suponiendo un rendimiento promedio de los TES del 9% entre 2019 y 2025 se habrían dejado de recaudar impuestos por un monto aproximado de $19 billones, alrededor de 1% del PIB.

Pero eso es leche derramada. Mirando hacia delante, la IEP en TES hoy es del orden de $160 billones; como la tasa de colocación de los TES se ha incrementado, es válido suponer ahora un rendimiento promedio del 10% anual, con el cual las utilidades anuales serían de $16 billones sobre lo que van a pagar un impuesto de $800.000 millones. 

Si les aplicara la tarifa corporativa, tendrían que pagar $5.6 billones; es decir que el fisco colombiano está regalando $4.8 billones anuales, buena parte a los recaudadores de impuestos de los países que no son paraísos fiscales, y otra parte a los fondos extranjeros que provienen de esos paraísos.

Como dije, estas cifras son aproximaciones, pueden ser imprecisas, pero unos millones más o menos no hay duda de que se trata de mucha plata. De seguro el ministerio de hacienda cuenta con los cálculos detallados de cuánto están tributando los fondos extranjeros tenedores de TES y por transparencia con la opinión pública debería publicarlos. El gobierno, por su parte, debería incluir en los decretos de emergencia económica la elevación de la tarifa de impuestos a las golondrinas pues allí hay una fuente de recursos muy importante para la costosa labor de reconstrucción que se debe adelantar en los territorios afectados por el terremoto.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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…porque u odiará al uno y amará al otro, o preferirá al uno y despreciará al otro.” (Mateo 6,24). Ahora que el presidente electo ya no es ateo y se convirtió en cristiano practicante, debería seguir este consejo de Jesús para decidir si renuncia o no a su condición de ciudadano de los Estados Unidos.

NO ES ILEGAL, PERO SI INCONVENIENTE 

No estoy de acuerdo con quienes dicen que el presidente de Colombia no puede tener doble o triple nacionalidad y que por lo tanto se debe desconocer su elección. No hay nada en nuestra Constitución que lo prohíba, a diferencia de la prohibición explícita que si existe para los embajadores, razón por la cual Luis A. Murillo tuvo que renunciar a esa ciudadanía. 

El debate no es jurídico sino político y ético; además, no existe con otras nacionalidades como la italiana, sino con la de EE.UU y no por las leyes de ese país sino por el juramento que debe hacer quien adquiere esa ciudadanía, que dice así:

“Declaro, bajo juramento, que renuncio absolutamente y por completo a toda lealtad y fidelidad a cualquier príncipe, potentado, estado o soberanía extranjera del cual haya sido súbdito o ciudadano; que apoyaré y defenderé la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América contra todos los enemigos, externos e internos; que mantendré verdadera fe y lealtad a las mismas…”

Es categórico: el presidente electo ha renunciado a la lealtad a otros países de los cuales sea ciudadano; a Italia, lo que no tiene ninguna repercusión, y a Colombia, país que deberá gobernar de acuerdo con las leyes de EE.UU. Sin embargo, el 7 de agosto el presidente debe jurar que va a “cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia, y se obliga a garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” (Art. 188). ¿Cuál de los dos juramentos va a cumplir?

Como si no fuera suficiente la contradicción, el ciudadano norteamericano juró que “serviré en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos cuando sea requerido por la ley …”, pero resulta que también va a ser el comandante en jefe de las Fuerzas Militares colombianas. Son dos juramentos en conflicto.  Eso es querer servir a dos señores.

LOS CONFLICTOS DE INTERÉS 

La médula del problema son los conflictos de intereses que va a enfrentar, los que se pueden apreciar con unos ejemplos reales y otros hipotéticos, que va a ser más intensos con las políticas del actual gobierno gringo. Frente a las acciones oficiales que violan los derechos humanos de los colombianos en E.UU., llegando hasta el asesinato de un inmigrante legal, ¿el presidente defenderá a sus compatriotas o primará su lealtad a las leyes extranjeras?

Otro caso real es la política comercial de Washington que ha recurrido a aranceles unilaterales como herramienta de presión geopolítica, y que podría llegar a plantear la renegociación del TLC como ya lo ha hecho con el acuerdo comercial con México y Canadá. ¿El presidente negociaría como jefe de estado que protege a los productores nacionales, o como ciudadano de un país que juró defender?

La alineación geopolítica de Colombia y sus relaciones comerciales con otros países también podría vere afectada. La doctrina Donroe y el escudo de las Américas buscan alinea a los países latinoamericanos con los intereses estratégicos norteamericanos y limitar los negocios con China. A Panamá ya le presionó para que sacara a una empresa china de los puertos del Canal; ¿podría pasar lo mismo con las empresas chinas que están construyendo el metro de Bogotá y otras obras de infraestructura?

Un eventual problema provendría de las revelaciones del New York Times sobre el pasado profesional del presidente electo. Tampoco es delito que un abogado defienda a narcotraficantes, pero si un ciudadano estadounidense es investigado por presuntos vínculos con lavado de dinero o por haber recibido dineros ilícitos a clientes vinculados al crimen organizado, enfrenta la jurisdicción plena del sistema federal, incluyendo órdenes de captura, y no puede alegar inmunidad soberana ni diplomática frente a su propio país.

El presidente no está obligado a renunciar a la ciudadanía norteamericana, ni el tenerla hace ilegal su elección, pero si le conviene hacerlo para su propio beneficio y el del país, pues se eliminarían los inevitables conflictos de interés que tendrá que enfrentar si no lo hace, y desaparecería la sospecha de que sus decisiones estén guiadas por la lealtad a los Estados Unidos. En otras palabras, ganaría legitimidad política. La doble nacionalidad no es ilegal, pero no renunciar a ella e ignorar sus implicaciones políticas sería, sin duda, un error.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Publicado en la Revista Cambio-Colombia

Agosto de 2026

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La rápida caída del precio del dólar hasta alrededor de $3.250 ha llevado la tasa de cambio a unos niveles que no guardan ninguna relación con los fundamentales de la economía y la está perjudicando, pues con esta revaluación son más los perdedores que los ganadores.

El dólar ha bajado tanto porque en el mercado de divisas la oferta ha sido mucho más grande que la demanda. Nadie sabe si este exceso de oferta va a continuar, bajando más el precio, ni cuándo se va a revertir la tendencia, pero si es claro que el Banco de la República y el Gobierno tienen instrumentos para intervenir en el mercado y controlar esta perjudicial revaluación del peso, ¿por qué no lo han hecho?

Un dólar demasiado barato 

Hay varios indicadores que muestran que ha sido exagerado un desplome de la tasa de cambio desde los $4.400 registrados en diciembre de 2024, lo que significa una revaluación nominal del 26%, o del 13.5% en lo corrido de este año. El más fácil de entender es el índice de la hamburguesa (Big Mac) que usa la revista británica The Economist. Según este índice en diciembre pasado el peso estaba ligeramente sobrevalorado: con una tasa de $3.687, la hamburguesa valía solo 1.5% más en Colombia que en Estados Unidos. 

Con la inflación interna y el dólar a $3.250, el precio doméstico ha subido a USD 8.28, mientras que allá es de USD 6.34, lo que indica una enorme sobrevaloración del peso, más del 30%. Si los bienes producidos en Colombia son mucho más caros que los del exterior, los importadores hacen fiestas y sufren los productores nacionales; por eso las ventas del comercio (sin combustibles) van creciendo 14.7%, mientras que la producción industrial cae 0.4%.

Otro indicador más técnico es el Índice de la Tasa de Cambio Real (ITCR) que calcula el Banco de la República y mide el valor del peso, ajustado por la inflación, frente a la canasta de monedas de nuestros socios comerciales. Un menor valor ITCR indica una que el peso colombiano ha ganado poder adquisitivo frente a las monedas de sus socios comerciales, es decir que se ha revaluado. Desde el cierre de 2024 la ITCR muestra una revaluación del peso, pues ha caído 22%, y solo en lo corrido de este año más del 10%.

Una razón que se aduce para la pasividad de las autoridades frente a esta tendencia perjudicial es que la debilidad del dólar es un fenómeno mundial frente al cual no se puede hacer nada, es decir que se ha devaluado frente a muchas otras monedas por las equivocadas políticas económicas y militares de Trump. 

Fue cierto el año pasado, pero no este año tal como se aprecia en el gráfico siguiente, donde la línea roja es el ITCR de Colombia y la azul el índice DXY que mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas, que cuando baja es porque el dólar se está debilitando, es decir que las otras monedas se están revaluando. Desde la posesión de Trump hasta julio de 2025 el DXY pasó de 133,5 a 123,1, es decir que la otras monedas se revaluaron 8.4% mientras que en el mismo período el ITCR colombiano se revaluó un poco menos, solo 4%.

Por el contrario, en los últimos doce meses el valor promedio del dólar se ha fortalecido un poco (pasó de 123,1 a 123,8) mientras que el ITCR ha caído de 125,4 a 102,3, es decir una revaluación del 18%. Son otros los factores que explican la gran oferta de dólares en el mercado cambiario y que ha generado la revaluación de la tasa de cambio del peso colombiano.

El Banco de la República debe comprar dólares 

¿Pueden el Gobierno y el Banco de la República derrotar al mercado en la lucha por evitar la revaluación del peso y volver a una tasa de cambio que sea más competitiva para los productores nacionales? ¡Si y ya los han utilizado en otras ocasiones! Ellos no están por fuera del mercado cambiario, sino que son unos actores muy influyentes que pueden intervenir en el mercado para reducir la oferta de divisas y aumentar la demanda para que suba el precio del dólar. 

Por el lado de la demanda de divisas, el único agente individual del mercado que tiene la capacidad de comprar una cantidad de dólares que modifique sustancialmente su precio son los bancos centrales. En la primera década de este siglo el Banco Central de Chile anunció la compra de 8.000 millones de dólares, que en ese momento equivalían al 50% de sus reservas internacionales; por la misma época el Banco de la República compró 4.500 millones de dólares en poco más de un año. Son intervenciones de estas magnitudes las que pueden derrotar al mercado y evitar la revaluación del peso, además de que sería un excelente negocio para el Banco acumular reservas a un precio tan bajo.

Para que la intervención sea más efectiva debe hacerse con compras discrecionales y aleatorias y no con las subastas de opciones utilizadas en pasadas ocasiones. Estas subastas son un mecanismo sofisticado para acumular reservas que consiste en que una persona adquiere el derecho de venderle dólares al Banco de la República a una tasa predeterminada si el promedio de la TRM de los últimos días fue inferior a esa tasa. Así anunciada, se convierte en una excelente oportunidad de ganancia para los especuladores, que pueden definir de antemano a qué tasa les conviene vender sus dólares, e inclusive comprarlos a una tasa más barata.

Desestimular los capitales golondrinos

Para reducir la oferta, que en estos momentos proviene en gran parte de los capitales golondrinos atraídos por las altas tasas de interés domésticas, también el Banco de la República podría actuar bajando su tasa, pero esto conlleva un debate más profundo sobre la conocida posición del Banco que no va a cambiar en los próximos meses.

El instrumento para reducir la oferta está en manos del gobierno nacional y consiste en imponer restricciones a los flujos de capitales golondrinos que entran y salen de los países en plazos muy cortos, generando gran volatilidad de las tasas de cambio y crisis financieras como ha sucedido en el sureste asiático, México, Rusia o Brasil. 

No se trata de una prohibición, imposible de implementar dada la gran integración de los mercados de capitales mundiales, sino de un mecanismo de mercado como por ejemplo, imponer un sobrecosto que disminuya la rentabilidad de las inversiones de corto plazo haciéndolas menos atractivas, o poner impuestos a sus transacciones como los propuestos por Tobin o Soros.

Este tipo de mecanismos también se ha utilizado en el país. En 2007 el gobierno Uribe expidió el decreto 1801 que impuso un depósito previo del 40% a las inversiones de capital de corto plazo; no era una prohibición imposible de implementar, sino un mecanismo de mercado que consistía en imponer un sobrecosto que disminuye la rentabilidad de las inversiones de corto plazo haciéndolas menos atractivas.

Además, una restricción de este tipo compensa un poco el innecesario beneficio tributario que se les ha otorgado a los capitales golondrinos, que solo pagan en Colombia un impuesto del 5% por las utilidades obtenidas. De hecho, esta es una transferencia de impuestos a los países de origen de estos capitales, porque allá sí tienen que pagar una tarifa más alta, de la que podrían descontar los impuestos que paguen en Colombia.

Las autoridades colombianas sí tienen como frenar la funesta revaluación. Solo falta la voluntad política para hacerlo.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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¿Cómo explicar que la Junta del Banco de la República haya vuelto a subir su tasa de interés solo un mes antes del inicio del nuevo gobierno? ¿Es su última reacción frente al manejo fiscal del gobierno que termina, o es un anticipo de lo que va a hacer frente a los planes del nuevo? Hay varias hipótesis que pueden responder esta pregunta, pero antes conviene mirar las cifras y sus implicaciones para la economía.

Alzas justificadas y alzas equivocadas

Después de que la inflación y la tasa de interés bajaran a mínimos históricos durante la pandemia, la inflación se empezó a acelerar en el año 2021 hasta llegar a un máximo de 13% en diciembre de 2022. La lógica y justificada reacción de la junta fue adoptar, durante dos años, una política muy contraccionista, subiendo la tasa en 14 ocasiones hasta ponerla por encima de la inflación en mayo de 2023.

Después, aunque la inflación bajó rápidamente hasta 5,1% en diciembre de 2024 (una caída de 8%), la junta fue demasiado cautelosa y solo bajó la tasa 3,5%, llevando el diferencial entre los dos indicadores a un elevado nivel de 450 pb., que bajó un poco a partir del segundo semestre de ese año. 

Este año la junta decidió apretar más las tuercas y ha subido la tasa del Banco en tres ocasiones llevándola de 9.25% a 12%. El primer aumento, -de 100 pb. en febrero-, aunque muy grande, se justificaba para cortar las expectativas de una mayor inflación por el impacto esperado de gran incremento del salario mínimo. 

En mi opinión los otros dos aumentos, – de 100 pb en abril y otros 75 pb esta semana-, son equivocados y además con consecuencias negativas para la economía.

La explicación de la Junta es que la inflación ha seguido y seguirá aumentando en lo que queda del año, y está muy por encima de la meta del 3% fijada por el mismo Banco, por lo que es necesario emplear a fondo su único instrumento para bajarla, que es la tasa de interés.

Cierto, pero con matices, porque la realidad es muy diferente a lo que dicen los textos. La gran sorpresa, -para mí mismo que esperaba más-, es que el aumento de 23% en el salario mínimo haya impactado tan poco el nivel de precios. En efecto, entre diciembre del año pasado y junio la variación del IPC anual ha pasado de 5.1% a 5.9%, es decir un aumento de solo 0.8%, cuando los modelos econométricos del mismo Banco de la República predecían que el impacto debería ser de 3.2%. 

También es cierto que la inflación seguirá aumentando un poco: la expectativa de los analistas es que termine el año entre el 6% y el 6.5%; o sea que la tasa del Banco hoy es el doble de la inflación esperada y está 600 pb por encima, lo que es la mayor diferencia de la historia reciente. Pero este nuevo impulso ya no será por el salario mínimo ni por presiones de demanda, sino por factores de oferta: los precios de la energía y el fenómeno de El Niño. 

En estas circunstancias es cuando se ve la equivocación de la junta: cuando la inflación es de oferta, la subida de la tasa de interés sí puede servir para controlar la subida de precios, pero a costa de un frenazo a la actividad económica y al aumento del desempleo. No creo que lleguemos a una recesión, pero sí es probable que caigamos en esa extraña palabra “estanflación”, es decir una combinación de estancamiento e inflación.

El otro impacto muy negativo de la subida de la tasa es que atrae capitales golondrina, lo que ha reforzado la revaluación del peso, que venía ocurriendo desde diciembre de 2024. Desde esa fecha, el peso se ha revaluado 23.8%, al pasar de $4.409 a $3.357. Si tomamos en cuenta que el aumento de precios en el mismo período ha sido de 10.3%, se dimensiona el gran problema de los exportadores y las enormes ganancias de los importadores, todo a costa de la producción nacional y el empleo.

Es evidente el impacto de los capitales golondrina que llegan al país atraídos por las altas tasas de interés, aumentando la oferta de divisas y presionando a la baja el precio del dólar, que ha caído $100 desde el anuncio de la nueva tasa a pesar de la caída del precio del petróleo por debajo de USD 70. Además, es una tendencia contraria al comportamiento del dólar frente al resto de monedas, pues mientras acá se ha debilitado, en el mundo se ha fortalecido un 4.3% este año.

¿Motivos políticos o razones técnicas?

Volviendo a la pregunta inicial, sí resulta extraño que en la antesala de un cambio de gobierno la junta no solo haya vuelto a subir la tasa 75 pb, sino que dé señales que lo puede volver a hacer antes de terminar el año. Extraño porque la inflación no se ha disparado como se temía, y porque el nuevo gobierno ha anunciado cambios de fondo en el manejo del gasto público y del déficit fiscal.

Hay dos hipótesis posibles: la visión política de los oficialistas que piensan que la junta quiso subir la tasa antes de que terminara el gobierno Petro, para que su impacto negativo sobre la actividad económica y el empleo quedara como otra mala herencia de este gobierno. En esta visión, la junta podría empezar a bajar la tasa en los próximos meses como una muestra de confianza en la ortodoxia fiscal de la nueva administración.

La otra hipótesis es menos política y más técnica: la Junta no cree que sean realistas ni posibles los planes de ajuste fiscal anunciados por el nuevo gobierno y espera que el déficit fiscal se mantenga elevado en el corto plazo, con las consiguientes presiones de la demanda. En este escenario es necesario mantener una política monetaria contraccionista, e inclusive reforzarla con subidas adicionales de la tasa de interés.

Conociendo el profesionalismo de los miembros de la Junta y del equipo técnico del Banco, creo mucho más probable la segunda hipótesis. Por la estructura del estado colombiano y la composición del presupuesto nacional, son muy escasos los analistas serios que piensan que es factible un ajuste sustancial en el corto plazo, porque ni siquiera volviendo a consagrar a Colombia al Corazón de Jesús va a ser posible modificar la gran inflexibilidad del gasto público para recortar 40% el tamaño del Estado sin modificar la Constitución, ni mucho menos bajar impuestos como ha propuesto el presidente electo.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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El talón de Aquiles, la gran debilidad de los programas de gobierno de los candidatos presidenciales que van punteando en las encuestas, es su casi total silencio ante el problema más grande que les va a tocar enfrentar: el enorme déficit fiscal. Cepeda ha propuesto un camino posible que es el Pacto Fiscal, pero todavía no hay detalles de cómo se haría. Las propuestas de los otros candidatos son más gaseosas o irreales.

El tamaño del problema

Son ya muy conocidas las cifras del déficit fiscal y la deuda pública: para este año se estima que el primero estará por encima del 6% del PIB (más de $120 billones), y la deuda pública superará el 60% del PIB. Son cifras asustadoras y muy por encima de los promedios históricos de Colombia, pero es necesario decir que las cifras en sí mismas no son el problema, sino el contexto y las características de cada país.

Por ejemplo, la deuda pública de Colombia parece muy pequeña si se compara con países que son vistos como ortodoxos y responsables en el manejo de sus finanzas públicas. En Japón supera el 200% del PIB, en Italia, Estados Unidos, Francia e Inglaterra supera el 100% del PIB, y en todos ellos el déficit fiscal es significativo, aunque solo en Estados Unidos y Brasil es mayor que el de Colombia.

Sin embargo, estas comparaciones no pueden ser motivo de consuelo ni de tranquilidad, porque lo importante no es el tamaño de la deuda y el déficit, sino su sostenibilidad, lo cual se refiere al costo que se paga por esa deuda y, en el fondo, saber si cada país puede conseguir quien le preste para financiar el déficit y para renovar o prorrogar la deuda. Acá es donde están los problemas de Colombia.

A pesar de sus altos índices de endeudamiento, la mayoría de los países industrializados no tienen dificultades en conseguir plata prestada, y además lo hacen en sus propias monedas, lo cual reduce significativamente el costo y el riesgo de los créditos. 

Donde sí están empezando a tener problemas, sobre todo en casos como el de Estados Unidos o Inglaterra, es en el costo de la deuda, porque los mercados ya están empezando a tener dudas sobre la capacidad de pago futuro de esos países. La regla simple de la sostenibilidad es que la tasa de interés real que se pague por los préstamos no debe ser mayor que la tasa de crecimiento de la economía, lo cual depende de la confianza que tengan los prestamistas en la responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas.

Ese es precisamente el problema de Colombia: que el déficit fiscal ha crecido y no hay expectativas claras de que se vaya a reducir, lo cual en el corto plazo ha elevado las tasas de interés hasta los altos niveles del 14% anual o más que se está pagando por los TES. El problema se puede agravar si esta situación se prolonga, pues puede llevar a que ningún prestamista quiera prestar plata a Colombia, a ninguna tasa de interés.

La cifra oficial del monto de préstamos que necesita conseguir el país este año es de $128 billones, de los cuales la tercera parte es de créditos externos y el resto deuda interna. Pronto debe ser publicado el Marco Fiscal con los estimativos de las necesidades de desembolsos para el 2027, pero deben ser similares. Si no se consiguen esos recursos, ¿cómo se van a financiar las propuestas de gasto de cualquiera de los candidatos que gane las elecciones?

Las propuestas de solución

La CARF estima que el ajuste fiscal que debe hacer el país para garantizar la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas es del orden de $100 billones (4% del PIB), aunque reconoce que se necesitarán 4 o 5 años para realizarlo puesto que es imposible hacerlo en un año. Pero el solo hecho de empezarlo debe reestablecer la confianza de los prestamistas y eliminar el riesgo de no conseguir créditos.

La falta de recursos públicos es la amenaza más grande que va a enfrentar cualquier gobierno, y es tan grave que puede impedir realizar todas las propuestas de campaña: ¿de dónde va a salir la plata para pagarlos? El gobierno Petro tuvo la posibilidad de usar recursos de crédito para sus programas sociales, pero la realidad es que esa ventana se está cerrando y cada vez va a ser más difícil y costoso conseguir quien nos preste.

La realidad es que las propuestas de los tres candidatos punteros implican un aumento del déficit fiscal: Cepeda para ampliar los programas sociales de protección y ayuda a la población más pobre; Paloma y el abogado, prometiendo reducir los impuestos. En las circunstancias actuales ninguna de las dos alternativas es posible. Más aún, cualquier candidato que hoy prometa que no va a subir los impuestos está mintiendo para ganar votos o no entiende la situación fiscal.

Por el otro lado, pretender reducir el déficit solo con recortes al gasto público es otra ficción. Las conclusiones de todos los estudios nacionales e internacionales muestran la gran inflexibilidad del gasto y reconocen que cerca del 90% del presupuesto nacional ya está comprometido o depende de normas constitucionales y de realidades políticas imposibles de modificar. El sistema general de participaciones, los gastos del sector defensa o la rama judicial, los pagos de pensiones y salud, para no citar sino los más grandes, no se pueden recortar. La motosierra de Milei aplicada en Colombia a programas sociales generaría un estallido social más grande que el del 2021.

La única salida posible ante tamaño problema es la pirinola mockusiana del “Todos Ponen”: un esfuerzo colectivo de todos los actores económicos, donde cada uno (incluyendo al gobierno) esté dispuesto a ceder un poco de sus intereses particulares en aras de lograr ese interés colectivo que es la sostenibilidad del Estado de Derecho.

Esa es la relevancia de un Pacto Fiscal como el propuesto por Cepeda en recientes declaraciones, y que debe ser uno de los temas prioritarios del Acuerdo Nacional: “un pacto fiscal, cuyos alcances y condiciones podrían ser dialogados y convenidos entre los gremios y grandes empresarios, la junta directiva del Banco, y el nuevo gobierno”. No lo dice él, pero ese diálogo debe incluir también a los trabajadores y representantes de otros sectores sociales que también tienen que aportar para el éxito del acuerdo si quieren lograr que se mantengan los avances sociales de los últimos años.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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Los fuertes enfrentamientos entre el presidente y la Corte Suprema de Justicia y las acusaciones mutuas de complots y obstrucción de la justicia, solo dejaron perdedores del lado de las instituciones: de una parte la Corte que ha visto cuestionada su credibilidad ante la opinión pública y, de otra, la dignidad presidencial que se desgasta en acaloradas trifulcas en y contra los medios de comunicación. 

Sobre todo, pierde la imagen y el prestigio internacional de Colombia como país respetuoso de las leyes y las instituciones, como ya se dice en las noticias y editoriales de algunos diarios internacionales. Los únicos ganadores con esta pelea, y tal vez son sus instigadores, son los parapolíticos que están siendo investigados por la Corte, pues les interesa el desprestigio de su juez constitucional para poder justificar sus apresuradas renuncias al fuero parlamentario buscando instancias judiciales que creen más benévolas o en las que puedan hacer valer el control político que tienen en sus regiones.

La mayoría de los análisis y comentarios sobre este enfrentamiento se ha referido a su forma y a lo bochornoso del episodio. Sin embargo, más allá del debate sobre el estilo frentero del presidente que a unos gusta y a otros no, ha pasado casi inadvertido un aspecto mucho más preocupante que se refiere a la concepción que parece tener el presidente Uribe sobre las instituciones judiciales en el Estado de Derecho y que explicaría en buena parte la forma como se han planteado las relaciones entre el poder Ejecutivo y el Judicial en la actual administración.

Cuando el presidente quiso justificar sus críticas a la Corte dijo: “en estos casos yo acostumbro apelar al juez principal del Estado de Derecho que es la opinión pública”.

Reconozco que no soy ni siquiera aprendiz en materia de derecho constitucional, pero como simple lego sentí escalofrío cuando escuché semejante afirmación. Entonces, ¿la “opinión pública” y su forma de expresión postmoderna que son las encuestas de opinión, están por encima de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema y el Consejo de Estado? Entonces, ¿las decisiones de los jueces de la República deben ser supeditadas a los vaivenes de la opinión pública? Entonces ¿la obligación de fallar en derecho que tienen los tribunales debe supeditarse a las vías de hecho que representa una votación mayoritaria? Entonces, ¿debemos volver a las épocas del circo romano donde los aplausos o abucheos de una multitud eran los que decidían la vida o la muerte del gladiador?

Hay en la afirmación presidencial una confusión grande sobre la independencia de los poderes en un sistema democrático. Respecto del Ejecutivo y el Legislativo es cierto que la opinión pública es la autoridad suprema cuando se expresa a través del voto directo (y este voto no es presionado ni comprado como sucede hoy en más de la mitad de los municipios del país), pero nunca las decisiones del poder Judicial se someten a este procedimiento.

Sería muy conveniente oír la opinión de los expertos en el tema porque hasta donde yo conozco la afirmación del presidente implica la negación misma de varios de los elementos esenciales del Estado de Derecho como la preeminencia de las leyes y el derecho para regir y ordenar la vida de la sociedad, la existencia de pesos y contrapesos y de instancias judiciales independientes. 

Si por encima de estas instituciones se impone una difusa “opinión pública” que es volátil y manipulable, el sometimiento a la legalidad y la certidumbre del respeto al debido proceso es reemplazado por la arbitrariedad, con el peligro adicional del autoritarismo por parte de quienes se consideran los portavoces y representantes de esa opinión. 

Si realmente el presidente está convencido de su afirmación, y no es fruto de la pasión del debate, estamos ante una seria amenaza al Estado de Derecho.

*          *          *

Este texto no se refiere a los recientes ataques del presidente Petro al Consejo de Estado ni a su llamado a que el pueblo constituyente “cambie los poderes que se oponen a sus derechos”, ni a su proclama de “Ante la injusticia, poder constituyente del pueblo”.

Lo escribí hace 19 años a propósito de declaraciones de Álvaro Uribe contra la Corte Suprema. Desafortunadamente, la amenaza sigue vigente porque, hoy como entonces, persiste el peligro de supeditar el Estado de Derecho al Estado de Opinión.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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Cuando se avecina una tormenta o un huracán es mejor estar preparado; tapar las goteras del techo, reforzar las ventanas, aprovisionarse de agua y alimentos por si se cortan los suministros. Es simple sentido común que también debería aplicarse al manejo de la economía, pero no es lo que está haciendo el gobierno en las circunstancias actuales; las consecuencias pueden ser graves, especialmente para la población más pobre.

Cuando se avecina una tormenta o un huracán es mejor estar preparado; tapar las goteras del techo, reforzar las ventanas, aprovisionarse de agua y alimentos por si se cortan los suministros. Es simple sentido común que también debería aplicarse al manejo de la economía, pero no es lo que está haciendo el gobierno en las circunstancias actuales; las consecuencias pueden ser graves, especialmente para la población más pobre.

En efecto, el riesgo de una crisis financiera mundial es cada vez más grande y si se llega a producir nos va a coger con “los calzones abajo” porque la economía colombiana no está mal como dicen algunos. No soy de los que creen el cuento de que nos vamos a volver como Venezuela o que el gobierno va a acabar con el sector privado, pero sí reconozco que la economía se encuentra en una situación muy vulnerable, como el paciente que está bien de salud, pero tiene muy bajas las defensas y le puede caer una infección, como consecuencia de las malas decisiones de política económica tomadas por el gobierno.

La tormenta externa que se avecina 

Las señales de la economía mundial son muy preocupantes y algunos analistas ya están haciendo comparaciones con la crisis financiera del 2008. Ya lo eran antes de la locura de la guerra contra Irán, que por supuesto las ha empeorado. La guerra de Ucrania, las sanciones a las exportaciones de gas y petróleo de Rusia, la errática política arancelaria de Trump, la reacción china de inundar con su producción al resto del mundo, entre otros factores, produjeron un desbarajuste del comercio internacional y una disminución del crecimiento económico, aunque no se produjo una crisis a escala planetaria.

Entonces llegó la “expedición a Irán”, como la llama Trump para evitar tener que ir al Congreso a que le apruebe la iniciación de una guerra. Esperaba que durara unos días, y ya van tres semanas y no se avizora un final cercano. Los bombardeos ordenados por Trump y Netanyahu y la inesperada respuesta de Irán han disparado los precios del gas y del petróleo (este último a más de USD 100 por barril) y amenazan una crisis energética peor que la de 1973 porque la destrucción de mucha infraestructura petrolera en Irán y los países del Golfo producirá una escasez prolongada de combustibles. 

Una circunstancia que ha pasado desapercibida para muchos analistas es que, a diferencia de 1973, en esta ocasión la crisis energética se da en un contexto de fragilidad financiera por la burbuja financiera y bursátil del crédito privado y las billonarias inversiones en Inteligencia Artificial (IA), que se verán afectadas por las consecuencias geopolíticas y energéticas de la guerra en Irán. Si se concretan las amenazas, se producirá un enorme sacudón en los mercados de capitales internacionales, que puede ser similar al del 2008.

Lo que se denomina “crédito privado” es la sustitución de los tradicionales prestamistas -los bancos comerciales- por inversionistas institucionales como los fondos de inversión que canalizan recursos de millones de inversionistas privados. Estos fondos se han convertido en una fuente sustancial de crédito para las enormes inversiones de las empresas de Inteligencia Artificial y tecnología, pero ya empiezan a notarse signos de nerviosismo entre los inversionistas que empiezan a retirar sus dineros de los fondos prestamistas. Cualquier parecido con lo que pasó con los tenedores de las hipotecas basura en 2008 no es pura coincidencia.

Las billonarias inversiones en IA también están empezando a generar preocupación entre los accionistas por la demora en obtener retornos, agravadas ahora por la guerra de Irán que incide de dos maneras. Primero por la geopolítica mundial pues se teme que la locura de Trump anime a la China a invadir o bloquear a Taiwán, lo cual privaría a Estados Unidos y al mundo del principal productor de los semiconductores usados para los enormes centros de datos usados en la IA. El otro impacto se da en los precios y la disponibilidad de la energía, pues se sabe que el procesamiento computacional de la IA consume inmensas cantidades de energía.

Estas preocupaciones ya se están manifestando en las bolsas mundiales como se ve en el gráfico que muestra la caída en el último mes de los principales indicies bursátiles mundiales. El Dow Jones de Nueva York, cayó 6.6%, el Nikkei Japones 6.9%, el FTSE de Londres 7.2% y el DAX alemán 10.5%

Una economía vulnerable 

Frente al riesgo de esta tormenta mundial, la economía colombiana es vulnerable. El año empezó mal con signos claros de deceleración del crecimiento sobre todo en la industria y la minería, de pérdida de empleos en el sector privado, de la inflación con tendencia al alza, de la revaluación del peso y de la subida de tasas del Banco de la República. Aunque el crecimiento del PIB en 2025 fue de 2,6%, superior al 1.5% del año anterior, la tendencia es de desaceleración, pues el crecimiento desestacionalizado del último trimestre del año fue de solo 0.1%, mientras que en 2024 había sido 1.5%. La misma comparación del último trimestre muestra una significativa caída de la inversión (a -8,9%), y en el mes de enero se registró una gran pérdida de 813.000 empleos formales.

Con una mirada optimista se puede decir que estos son indicadores coyunturales, goteras en el techo que se pueden reparar; lo más grave son las debilidades estructurales que son el déficit externo y el déficit fiscal. En lo externo, la balanza comercial sigue empeorando llegando a un déficit de USD 16.400 millones el año pasado (crecimiento del 55% frente al 2024) y también creció a -2,4% el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que puede llegar a un 3% del PIB este año. Tendencias agravadas por una significativa revaluación del peso (el dólar ya está por debajo de $3.700), que incentiva las importaciones y perjudica a los exportadores.

De lo fiscal ni hablar. Como proporción del PIB los ingresos tributarios están estancados frente al año anterior, mientras que los gastos de funcionamiento e inversión crecen más de 1% del PIB. El gasto total sí disminuye un poco por las maniobras de manejo de la deuda pública que han reducido en más de 1.5% del PIB el pago de intereses. Es una apuesta arriesgada que puede ser exitosa pero también puede fallar y aumentar esos pagos en el futuro.

Como consecuencia, el déficit primario (ingresos menos gastos, excluyendo el componente de intereses) pasó de -2.4% a -3,5% del PIB, el más alto de los últimos treinta años. Aunque el gobierno supone en el Plan Financiero del 2026 un importante ajuste de reducción del gasto en $33 billones (1.7% del PIB), la mayoría de los analistas no lo ven realista y la CARF lo califica como “no creíble”, pues no se sabe qué van a recortar.

La gran vulnerabilidad que tenemos es que para cubrir esos dos déficits necesitamos capitales internacionales que hoy conseguimos pagando intereses muy altos, y si estalla la crisis mundial se van a cerrar los mercados como pasó en 1999. Sin financiación vendrá la recesión, el desempleo y el aumento de la pobreza.

Gastando más para la campaña electoral el gobierno está agravando la vulnerabilidad y ninguno de los candidatos con probabilidad de ganar la presidencia ha presentado propuestas reales y creíbles de cómo reducir esos dos déficits.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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Las consultas interpartidistas que se realizarán junto con las elecciones parlamentarias se han convertido en el tema de debate más intenso de esta jornada electoral. No es extraño que así sea por el impacto político que podrían tener, sobre todo después de los resultados de las últimas encuestas que indican que sí vale la pena votar en ellas. 

Son tres la consultas que se van a realizar. Una de centro izquierda, la del Frente por la Vida, entre Roy Barreras y Quintero; otra de derecha, la Gran Consulta con nueve candidatos, que era de centro derecha y acabó siendo capturada por el uribismo, y otra de centro, la Consulta de las Soluciones organizada por Claudia López. 

En el tarjetón de las consultas no están los dos candidatos que puntean en las encuestas, Iván Cepeda y el abogado de marras, y por eso la consigna para sus partidarios es no votar en las consultas por el temor que de ellas pueda salir una tercería que les quite votos e inclusive, en el caso del abogado, le impida pasar a la segunda vuelta. 

Por el contrario, para quienes no quieren llegar a una disyuntiva polarizada como la de las elecciones de 2022, ese temor es una esperanza remota, pero al fin y al cabo esperanza, de que esa tercería tenga la fuerza suficiente para evitar el dilema. Por eso ha aumentado el número de los que piensan votar en las consultas por alguno de los inscritos, así no vayan a votar por el mismo en la primera vuelta; es una especie de voto útil, más en contra que a favor de alguien. 

En la centroizquierda hay dos tendencias: los que votarán por Roy porque puede ser la alternativa progresista pero moderada frente al radicalismo del Pacto, y los que van a apoyar a Quintero, a pesar de sus escándalos, para que Roy no se le atraviese a Cepeda o simplemente no gustan de Roy 

En la Gran Consulta también hay dos tendencias: los que siendo de derecha rechazan el extremo del Bukele criollo y buscan fortalecer a Paloma para enfrentarlo, y los de centro que no se resignan a la estrategia del uribismo que relegó a sus candidatos y votarán por cualquiera que no sea Paloma. 

Donde no hay diferencias es en la consulta de las Soluciones, la que ganará sobrada Claudia López con los votos de todos los que esperan el milagro de que Fajardo decida apoyarla para ir a la primera vuelta con un solo candidato del centro progresista. Claudia ha repuntado en las encuestas: en todas hoy aparece por encima de Fajardo y en tres de ellas por encima de Paloma. Lo que es más significativo es que la suma de los votos de Claudia y Fajardo le da un empate frente al abogado, es decir que unidos tendrían una buena probabilidad de pasar a segunda vuelta.  

Hay que votar en las consultas. 

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COLETILLA: Es absurdo un sistema electoral que permite que haya 527 listas con 3.231 candidatos para elegir 102 senadores y 183 representantes. Los tarjetones para marcar el voto son un confuso galimatías y los elegidos no responden a nadie. Parecería un signo de una democracia pujante, pero en realidad es una caricatura de democracia por la proliferación de “partidos” políticos que solo son feudos de caciques electorales. 

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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La nueva emergencia económica decretada por el gobierno Petro es justificada y necesaria a los ojos de un lego en la materia. A diferencia de la anterior que suspendió con sólidos argumentos la Corte Constitucional por no existir hechos sobrevinientes que la justificaran, en este caso las inundaciones en Córdoba, Sucre y otros seis departamentos de la costa atlántica si constituyen un hecho sobreviniente grave que requiere medidas extraordinarias para enfrentarlo. Sin embargo, hay que estar atentos para que no se abuse del estado de excepción.

Emergencias justificadas y no justificadas

La diferencia es clave para entender por qué la anterior emergencia fue rechazada y la última debe ser aprobada. El requisito que impone el artículo 215 de la Constitución para declararla es que “sobrevengan hechos que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social o ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública”. 

Es evidente que el deterioro de las finanzas públicas y el aumento del déficit fiscal, que el gobierno adujo como argumentos para la anterior emergencia, no solo no era un hecho sobreviniente, sino que además fue generado por el mismo gobierno al presentar un presupuesto desfinanciado. Tampoco tenía ninguna justificación pretender adoptar con facultades de emergencia propuestas tributarias que ya habían sido negadas por el Congreso.

En esta ocasión, por el contrario, sí es evidente que los habitantes de los ocho departamentos afectados enfrentan un verdadero desastre por las torrenciales lluvias en una temporada que tradicionalmente es seca. 

Son contundentes los datos que presenta el decreto de emergencia e impactantes las imágenes que se ven en los noticieros de hectáreas inundadas, familias afectadas, viviendas arrasadas e infraestructura vial y de comunicaciones destruida. Es una catástrofe humanitaria, social y económica similar a la del 2010 cuando el gobierno de Santos declaró una emergencia para enfrentar otra inusual temporada invernal, y la Corte debe reconocerlo así. Hasta ahí, todo bien.

No meter “micos” en la emergencia

El riesgo está en que el gobierno quiera usar un justificado estado de excepción para tratar de solucionar otros problemas que no se originan en las inundaciones, o para recaudar recursos más allá de los necesarios para atender la calamidad invernal. En otras palabras, para meterle micos a la emergencia.

En el decreto de declaratoria ya aparece un primer mico al mezclar los graves problemas financieros del servicio de energía eléctrica en la Costa con el desastre invernal. Se afirma en los considerandos del decreto que “existe un riesgo sistémico latente en el Mercado de Energía Mayorista (MEM) por efecto de las obligaciones financieras insolutas por las empresas de la región caribe que atienden usuarios del sistema interconectado y que han sido intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el cual se ha agudizado de manera ostensible por los fenómenos climáticos referidos en el presente Decreto”.

Sin embargo, según el mismo decreto, este riesgo sistémico había sido informado por el operador del mercado eléctrico desde noviembre de 2025, es decir, antes de la temporada invernal, y no hay en el decreto ningún argumento ni hecho que muestre la relación entre los dos problemas, ni siquiera una cuantificación de la proporción de usuarios de las empresas distribuidoras de la región caribe que ha sido afectada por las inundaciones. Pretender utilizar recursos recaudados al amparo de la emergencia para atender este problema real, constituye una clara desviación de recursos.

De otra parte, está el tema de los 8 billones que aspira recoger el gobierno con nuevos impuestos de la emergencia, según declaraciones del propio ministro de hacienda. Acá el mico puede ser el destino de esos recursos, porque a pesar del gran detalle de las afectaciones por el invierno no hay ninguna cifra del monto de dinero necesario para atenderlas, ni del uso que se daría a los nuevos tributos, ni tampoco de otras fuentes que se podrían utilizar como hizo el gobierno Santos con ayudas internacionales o créditos externos.

Si lo que se requiere para atender a los damnificados es menos de los $8 billones, entonces ¿el gobierno devolvería el excedente a los contribuyentes? ¿o lo usaría para fines distintos a los que motivaron la emergencia? Lo que no es posible es tratar de solucionar el problema de la desfinanciación del presupuesto de 2026 con recursos obtenidos al amparo de una emergencia, pues esto fue lo que ya negó la Corte Constitucional.

El uso de un instrumento tan poderoso como la emergencia económica se justifica en las circunstancias actuales, pero hay que evitar el abuso de estas facultades.

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Adenda: la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijó el salario mínimo con un exagerado aumento de 23% es muy clara y contundente en demostrar que la medida del gobierno fue contraria a la ley y por eso hay que modificarla. Pero el daño económico ya está hecho, aunque sus efectos sobre la inflación y el desempleo apenas se empiezan a notar, y es muy difícil echarla para atrás; políticamente es el mejor impulso que pueden tener los candidatos oficiales en esta campaña electoral.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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