Home Tags Posts tagged with "Mauricio cabrera galvis"
Tag:

Mauricio cabrera galvis

Actualidad

El frente amplio

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

Después de la clara victoria de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Histórico (PH), con más de 2.7 millones de votos, el siguiente paso para los sectores progresistas del país será la consulta popular de lo que se ha llamado el Frente Amplio en las elecciones parlamentarias de Marzo, para elegir el candidato que los represente en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y que a la vez tenga las mejores posibilidades de ganar en la segunda vuelta.

Lo que se olvida en varios de los análisis sobre la elección del próximo presidente, y en la mayoría de las encuestas sobe la intención de voto para esos comicios, es que en Colombia ese proceso electoral tiene cuatro etapas. Primera, las consultas intrapartidistas que, como sucede en Estados Unidos, son una especie de primaria de los partidos políticos. 

El problema en Colombia es que los partidos son muy débiles y desorganizados, de manera que solo dos las están haciendo: el Pacto Histórico, con una votación abierta en la que triunfó Iván Cepeda, y el Centro Democrático que lo va a hacer por medio de encuestas que solo validarán al que designe Uribe.

La segunda son las consultas interpartidistas que se realizarán en Marzo, donde grupos o partidos con ciertas afinidades políticas tratarán de escoger un solo nombre que los represente. De allí saldrán solo unos 5 o 6 candidatos con posibilidades reales de ganar. Luego, en mayo viene la llamada primera vuelta, donde participarán los ganadores de las consultas, pero es posible que se enfrenten con algún llanero solitario que llegue por cantidad de firmas, sin haber participado en las consultas.

Si en estos comicios ninguno de los candidatos logra la mitad más uno de los votos, viene una segunda vuelta (también llamada balotaje) donde compiten los dos candidatos más votados de la anterior. En este complejo proceso no tiene mucha utilidad preguntar en una encuesta por quién se votaría, presentando una lista de 15 o más candidatos, porque ese escenario es muy poco probable, y si los punteros tienen 14% o 15% de intención de voto, todavía están muy lejos de alcanzar la presidencia en la segunda vuelta. 

Una segunda vuelta demasiado lejana 

En medio de la confusión de tener más de 100 precandidatos presidenciales, la izquierda y el centro izquierda progresista le llevan una ventaja a los sectores de centro y de derecha, en la medida en que ya tienen definido un mecanismo para seleccionar, en la segunda etapa del proceso, un solo candidato que aglutine las diversas tendencias que hay a su interior, mientras que en los otros sectores del espectro político todavía se discuten fórmulas, pues no se sabe quiénes ni cómo se podrían unir.

En cuanto al Centro, que tendría una buena posibilidad de ganar la presidencia atrayendo gente cansada de la aguda polarización política que vive el país, su figura más visible, Sergio Fajardo, todavía no ha manifestado si está dispuesto a participar en una consulta con otros precandidatos como Claudia López o Juan Manuel Galán, para solo mencionar dos de los muchos que se ubicarían en este sector. Si no lo hace y van divididos a la primera vuelta, sus posibilidades de pasar a la segunda vuelta son muy escasas.

Es interesante que un grupo de candidatos que se podrían clasificar en la centroderecha (M. Cárdenas, J.Oviedo y D. Luna) están intentando desmarcarse de la derecha más extrema para ubicarse en los terrenos del Centro, planteando una consulta más amplia en este sector. 

En los territorios de la derecha y la centroderecha la situación es todavía más difícil, pues hasta ahora lo único definido es la forma de elegir al precandidato del Centro Democrático, y no se sabe si después competirían en una consulta de la segunda etapa con otros personajes de la extrema derecha como la periodista o el abogado de Alex Saab. También está por definir si los grupos de centroderecha están dispuestos a taparse la nariz para juntarse con los imitadores colombianos de Milei y Bukele en esa consulta interpartidista de marzo. 

El dilema más agudo es para lo que queda del partido liberal. La insólita visita de César Gaviria al Ubérrimo y el anuncio de su intención de conformar un Pacto Prehistórico (como lo bautizó el caricaturista Vladdo) es un mal presagio que traiciona los principios liberales y ha revolcado en sus tumbas a los antiguos jefes liberales que decían que el partido liberal era una coalición de matices de centroizquierda.

Los retos del frente amplio 

Sin embargo, que el progresismo vaya un paso adelante no quiere decir que la tenga fácil. Como lo planteó muy claramente Juan Fernando Cristo en carta dirigida a Iván Cepeda y Roy Barreras, el Frente Amplio no puede ser una simple coalición electoral, coyuntural o mecánica con el único fin de escoger un candidato presidencial, sino que debe haber un acuerdo de mínimos sobre temas esenciales para el país.

El exministro Cristo recuerda que el objetivo del Frente Amplio es continuar en la construcción de un país más justo, democrático y equitativo, y propone 5 temas para este acuerdo nacional: uno, la recuperación de la seguridad y la manera de enfrentar a los grupos armados ilegales que siguen generando violencia; dos, cómo resolver la crisis estructural del sistema de salud; tres el fortalecimiento de la autonomía territorial en contra del centralismo; cuatro, la forma de realizar la transición energética para combatir el cambio climático y, por último, la reforma política que debe realizarse para cambiar el funcionamiento de las instituciones de la justicia. Todo ello en el contexto de acordar un camino para solucionar la profunda crisis fiscal que vive el país.

La escogencia de Iván Cepeda como candidato del PH facilita este acuerdo por su talante abierto al diálogo y a la concertación, pero hay que reconocer que, aún siendo el mejor candidato de la izquierda, la tendría muy difícil en la segunda vuelta pues aglutinaría a todo el antipetrismo en contra suya, como ya sucedió en 2022 con un candidato tan cuestionado como Rodolfo Hernández.La mejor opción para el Frente Amplio es tener un candidato liberal progresista que recoja las banderas del cambio y la equidad, pero que se distancie de los errores y excesos del actual gobierno y abra las puertas para un diálogo con todos los sectores políticos que permita superar la polarización que nos paraliza.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

6 Comentarios
0 Linkedin
Actualidad

Crece el déficit comercial

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

Cuando creíamos que Colombia iba en un camino sostenido de reducción de su déficit externo, las cifras más recientes muestran lo contrario: un aumento progresivo de ese déficit, en particular en lo referido al comercio de bienes. Y no es por las amenazas ni por los aranceles de Trump.

En efecto, el hueco de la cuenta corriente de la balanza de pagos (que reúne todas las transacciones de bienes y servicios con el exterior, así como las remesas), bajó de un máximo histórico de USD 20 800 millones en 2022, a 7 300 millones el año pasado. Una impresionante caída del 65%. En relación con el tamaño de la economía, la reducción también fue significativa porque ese déficit pasó del 6.2% al 1.8% del PIB; sin embargo, para este año se proyecta que puede superar los USD 10 000 millones, llegando al 2.3% del PIB.

Exportaciones e importaciones de bienes

Mirando solo las exportaciones e importaciones de bienes, la balanza comercial, érase una vez un país que tenía una balanza comercial positiva, es decir que vendía al exterior más de lo que compraba. Frente a la situación actual, nos parece difícil de creer, pero en el 2012 tuvimos un superávit comercial de más de USD 4 000 millones,

Contrasta esta situación con lo sucedido en los últimos años. La balanza comercial fue negativa en USD 14 600 millones en 2022 y se redujo en un 25% el año pasado (a USD 10 800 millones). En lo corrido del año hasta agosto, tuvo un aumento anual del 54%, y si continúa esa tendencia, puede alcanzar un monto superior a los USD 16 000 millones, que sería el déficit comercial más grande de toda la historia del país.

La razón principal de este deterioro es el gran aumento de las importaciones, USD 4 200 millones hasta agosto y se proyecta que puede llegar a cerca de USD 65 000 millones en todo el año, con el agravante que el mayor incremento ha sido en bienes de consumo (19%), mientras que los bienes de capital solo han crecido 3%. No estamos importando para producir más, sino en detrimento de los bienes producidos en el país.

Por el lado de las exportaciones ha habido un golpe por la caída del precio del petróleo, que en un año bajó un promedio de 85 a 70 dólares por barril, aunque ha sido en compensada, en parte, por el aumento de los precios del café y del oro y por el buen desempeño de las exportaciones no tradicionales, que vienen creciendo a una tasa del 14% anual, de manera que el total va a ser solo un poco menor que el del año pasado.

El gráfico siguiente muestra la evolución de la balanza comercial colombiana desde el año 2012. Las barras verdes son las exportaciones, las azules las importaciones y la línea roja es la balanza. Es notoria la caída del comercio exterior en los años de pandemia y la fuerte recuperación posterior, sobre todo de las importaciones.

Nuestros socios comerciales 

Lo que está cambiando de manera sustancial son nuestros socios comerciales, es decir el destino de nuestras exportaciones y el origen de las importaciones. En cuanto a las primeras, Estados Unidos ha incrementado su participación del 26.5% al 30% en los últimos 5 años; después vienen el conjunto de países latinoamericanos que se han mantenido alrededor del 25% y la Unión Europea que ha subido del 10% al 12.8%. El caso preocupante son las ventas a China que han bajado USD 2 000 millones, pasando del 8.8% al 3.2% del total.

Un resumen de la balanza comercial con nuestros principales socios desde el año 2021 se muestra en el cuadro siguiente. No es un panorama agradable. Solo tenemos una balanza positiva con nuestros vecinos más cercanos: Panamá, Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia, siendo sorprendente el buen resultado con Panamá, que registra el mayor superávit, aunque ha disminuido en lo corrido de este año hasta agosto. 

Otros resultados interesantes de este año son el aumento del déficit con México y la disminución con Estados Unidos; este último se debe a la menor importación de combustibles desde ese país. Por el contrario, la disminución del déficit con la Unión Europea se debe a que este año le estamos vendiendo más combustible.

China es el caso mes preocupante. No solo por la mencionada disminución de nuestras exportaciones, sino porque al mismo tiempo han subido las importaciones desde este país, que de USD 13 000 millones en 2021, este año podrían llegar a unos USD 18 000 millones, este año. Por eso el déficit comercial con el gigante asiático puede llegar a los USD 16 000 millones. Lo peor de todo es que en ese enorme déficit no están incluidas todas las mercancías que entran de contrabando, técnico o abierto.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

0 comentario
1 Linkedin
Close-up of a cheeseburger with lettuce, accompanied by soda and condiments on a wooden table.
Actualidad

Una hamburguesa muy costosa

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

Dice la revista The Economist sobre el precio del dólar en julio de este año: “Una hamburguesa Big Mac cuesta $22.900 (5,70 dólares) en Colombia y 6,01 dólares en los Estados Unidos. El tipo de cambio implícito es de 3 810,32. La diferencia entre esto y la tasa de cambio real, $4 017, sugiere que el peso colombiano está subvalorado en un 5,2 %”.

En otras palabras, se afirma que el precio del dólar está sobrevalorado y debería bajar más para que el costo en dólares de la Big Mac en Colombia aumente hasta igualar el de EE.UU. Parecería que el mercado le hizo caso, y la TRM ha bajado hasta $3 877. ¿Es correcto este análisis? ¿Debe seguir bajando el precio del dólar hasta equiparar el precio de la hamburguesa en los dos países?

La hamburguesa y el dólar 

La teoría económica detrás del uso del “Índice Big Mac”, para evaluar si las monedas están sobrevaloradas o subvaloradas frente al dólar, es la teoría de la paridad del poder adquisitivo (PPA), que sostiene que, en el largo plazo, las tasas de cambio deberían moverse hacia una tasa que iguale los precios de las hamburguesas y de todos los bienes entre los países.

La metodología es sencilla: se toma el precio de la Big Mac en pesos y se divide por la tasa de cambio de la fecha para obtener el precio doméstico en dólares, el cual se compara con lo que cuesta esa hamburguesa en EE.UU. Por ejemplo, si en Brasil el precio es de 24 reales y en EE.UU. 6.01 dólares, la tasa de cambio entre las dos monedas debería ser la relación entre los dos precios, es decir 3.99. Como la tasa real en Julio era de 5.60, quiere decir que el real estaba subvalorado frente al dólar en un 28%.

Para Colombia The Economist calcula el índice desde hace 2 décadas, lo que permite ver cómo ha evolucionado la competitividad del peso colombiano frente al dólar en ese período. Hasta el 2014 costaba mucho más una Big Mac en Colombia que en EE.UU, con diferencias hasta del 30% en el 2012. Fue el período de la gran revaluación que tanto perjudicó a las exportaciones colombianas e incentivó un gran aumento de las importaciones.

En mayo de 2014 empezó una descolgada del precio del petróleo que pasó de 104 a 37 dólares por barril; otras materias primas exportadas por Colombia también cayeron, aunque en menor proporción, todo lo cual indujo una devaluación del peso del 58% en dos años y el consiguiente abaratamiento del precio en dólares de la hamburguesa en el país, que pasó de 4.65 a 3,04, tal como se ve en el gráfico siguiente.

Hasta después de la pandemia la tasa de cambio continuó subiendo de manera constante, pero también el precio del Big Mac en EE. UU., de manera que la diferencia de precios se mantuvo alrededor del 30%, pero en el 2023 se revirtió la tendencia y el precio del dólar pasó de $4.800 a $3.900 lo cual disminuyó la diferencia de las hamburguesas a solo USD 0,71 (12.8%).

Aunque la tasa de cambio actual es muy similar a la de 2023, el precio de la Big Mac en Colombia sí se incrementó un 20% (de $18 900 a $22 900), mientras que en EE.UU. solo se incrementó un 7%, por lo cual la diferencia de precios se redujo a solo 1.7%, es decir que la TRM era prácticamente igual a la tasa calculada con la PPA. 

¿Y los demás países que?

Esta teoría tiene sentido para el comercio exterior, pues si los bienes son más baratos en otros países, es mejor importarlos y viceversa, si los bienes nacionales son más baratos, entonces se pueden exportar. Sin embargo, tomar decisiones de comprar o vender dólares usando los precios de las hamburguesas de EE.UU. y Colombia es arriesgado por varias razones.

La primera es el plazo. La misma teoría de la PPA reconoce que es una tendencia de largo plazo, mientras que en el corto plazo factores como la inflación, la política monetaria, los flujos de capitales o la percepción de riesgo país influyen en que el mercado mantenga una cotización distinta. Pronosticar las fluctuaciones de corto plazo del precio del dólar es misión imposible.

La segunda es que la conclusión de la revista se refiere solo a la tasa de cambio entre el peso y el dólar y resulta que también es necesario ver qué pasa con las monedas de otros países, pues nuestro comercio con EEUU representa solo alrededor del 25% del comercio total; por lo tanto, es muy relevante la tasa de cambio del peso con otras monedas, para saber si nuestros productos son competitivos en esos mercados, frente a los importados.

El Índice Big Mac sirve para este propósito pues se calcula para unos 54 países. La conclusión clara es que, a pesar de los intentos de Trump por debilitar el dólar, sigue siendo una moneda fuerte: en 47 de esos países la hamburguesa es más barata que en EE.UU. pero también que en Colombia, con casos tan extremos como la India (USD 2.63) o China (3.55). 

El cuadro siguiente muestra los precios domésticos del BIG Mac, expresados en dólares, enun grupo de países que son socios comerciales o competidores de Colombia en los mercados mundiales. Las diferencias con los países asiáticos son enormes, como los mencionados casos de China e India, pero también con Japón, Vietnam y Corea del Sur. No sorprende que tengamos grandes déficits comerciales con esos países 

En cuanto a la región, todos los mayores países latinoamericanos, Argentina, Brasil, Chile, México, Perú y Venezuela tienen precios más bajos, lo cual implica que el peso colombiano es una moneda fuerte frente a esas monedas. La única moneda con la cual somos competitivos es el euro, puesto que se ha fortalecido frente al dólar en los últimos meses.

Si las hamburguesas y los productos de esos países son más baratos en dólares, todos ellos pueden venderlos más baratos en el exterior y los productos importados les cuestan más. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en Colombia las hamburguesas son más caras no solo por la tasa de cambio, sino por el aumento de su precio en pesos que ha sido del 166% en los últimos 10 años, mientras que en ese periodo el IPC solo aumentó 48% y la tasa de cambio se devaluó 110%. Es un buen negocio vender hamburguesas.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

1 comentario
0 Linkedin
Actualidad

¿Paz después del genocidio?

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

El conflicto entre el estado de Israel (que no de los judíos) y los palestinos no empezó con la espantosa masacre cometida por Hamas hace dos años, ni va a terminar con el acuerdo de cese al fuego (que no de paz) impulsado por Trump. Sus raíces son mucho más antiguas y profundas y las consecuencias del genocidio se sentirán por generaciones.

El origen bíblico del conflicto

Para los sionistas, toda la Palestina le pertenece a Israel porque es la tierra prometida por Yahvé a Abraham hace más de tres mil años, después de hacerlo salir de su hogar en Ur de Caldea, tal como lo dice el libro del Génesis: “Aquel día firmó Yahvé una alianza con Abram diciendo: A tu descendencia he dado esta tierra desde el rio de Egipto hasta el rio grande, el Éufrates” (Gen. 15, 18).

Abraham se asentó pacíficamente en ese territorio, llamado entonces Canaán, pero sus descendientes tuvieron que abandonarlo y emigrar a Egipto donde fueron esclavizados. Moisés los liberó del yugo del Faraón y los guio 40 años en el desierto, pero fue castigado por Yahvé y no pudo entrar a la tierra prometida, solo pudo verla desde las montañas del Sinaí. 

A su sucesor, Josué, le fue repetida la promesa: “Habló Yahvé a Josué y le dijo: les doy todo el territorio que conquisten como le prometí a Moisés. Desde el desierto y desde el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, y al occidente hasta el mar Grande” (Jos. 1, 3-4). El único problema es que para entonces Canaán ya estaba habitada por miles de personas; por eso la promesa se refiere ahora a ”todo el territorio que conquisten”.

Y en esta ocasión el asentamiento no fue pacífico, como el de Abraham, sino que fue una conquista a sangre y fuego, un verdadero genocidio. Son terroríficos los textos del Antiguo Testamento que describen lo que hicieron los israelitas con los palestinos de esa época. Para la muestra un botón:

 “Atacaron a Madián como había mandado Yahvé a Moisés y mataron a todos los varones. Los hijos de Israel hicieron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños, saquearon su ganado y todas sus pertenencias. Prendieron fuego a todos los pueblos en que vivían y a sus campamentos. (…) Moisés se enojó y les dijo: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? (…) Maten pues a todos los niños varones y a toda mujer que haya dormido con un hombre” (Num. 32, 15-17) 

Relatos tan espeluznantes como este se repiten varias veces, con matanzas donde no queda un solo sobreviviente, y el libro de Josué hace una lista de los 31 reinos que “fueron derrotados por los hijos de Israel y despojados de sus tierras en Transjordania, desde el río Arnón hasta el monte Hermón, incluida toda la Arabia oriental” (…) “Se apoderó Josué de todos aquellos reyes y de sus territorios en una sola ofensiva, porque Yhavé, el Dios de Israel, peleaba en favor de Israel”. (Jos. 10, 42)  

Un anhelo de supervivencia que terminó en genocidio

Hoy se vive una situación similar a la que encontraron los israelitas al regresar de Egipto al descubrir que su tierra prometida ya estaba habitada. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha sido sometido a violencias semejantes o peores, desde las invasiones de asirios y babilonios, la diáspora durante 20 siglos, hasta los 6 millones asesinados por los nazis en el holocausto. 

Por eso es totalmente justificable su anhelo de volver a tener un territorio propio y defenderlo como garantía de supervivencia. Pero solo una minoría se aferra a los relatos bíblicos de la tierra prometida por Yahvé y solo unos extremistas, encabezados por Netanyahu, están dispuestos a repetir los métodos genocidas de Josué para conquistar el territorio palestino.

El conflicto reciente comenzó en noviembre de 1947, cuando  la ONU aprobó la partición de Palestina en dos estados, uno judío con el 56% del territorio y el otro árabe. Antes de esa fecha la población árabe duplicaba a los judíos en Palestina, pero convivían en relativa paz.

En 1948 se dio la primera guerra entre los palestinos con el apoyo de los países árabes vecinos que no aceptaron la partición y los israelíes que tenían milicias bien organizadas con las que habían combatido a los ingleses para expulsarlos del territorio. El desenlace de este primer enfrentamiento fue la “Nakba” (catástrofe palestina): la destrucción de cientos de pueblos palestinos y el desplazamiento de más de 700.000 personas que desde entonces han vivido como refugiados sin país.

En 1958, 1957, 1973 se dieron tres guerras entre el naciente estado israelí y los países árabes que se negaban a reconocerlo. En todas venció Israel, lo que generó la admiración de toda una generación que veíamos la victoria del pequeño David lograba consolidar un estado que era el hogar de un pueblo perseguido durante siglos. 

De nuevo el gran perdedor de estas guerras fue el pueblo palestino, pero pocos se preocupaban por su situación y los mismos países vecinos lo abandonaron. Además, los sionistas judíos seguían convencidos que todo el territorio palestino era la tierra prometida por Yahvé y continuaron invadiendo tierras y poblaciones palestinas.

En los años siguientes hubo masacres en campos de refugiados palestinos, como Sabra y Chatila, rebeliones (intifadas) que fueron reprimidas a sangre y fuego por los israelitas y surgimiento de grupos terroristas palestinos, como Hamas que tiene el control de Gaza desde 2008, que han mantenido ataques constantes contra poblaciones israelíes. El más sangriento y salvaje, el de octubre de 2023 con 1 200 muertos y 250 secuestrados, que no fue prevenido por el ejército israelí, aunque se sabía que iba a suceder.

La reacción del gobierno de Netanyahu ha sido un verdadero genocidio en Gaza: 70.000 asesinados, en su mayoría civiles inocentes, de los cuales 19.000 niños; 2 millones de desplazados; el 90% de la infraestructura de la franja demolida o inutilizada; hambruna y enfermedades por el bloqueo a la ayuda humanitaria. Las imágenes de la destrucción de Gaza después de los bombardeos israelíes son trágicamente similares a lo que quedó del gueto de Varsovia después de que los nazis lo incendiaran y arrasaran para sofocar la heroica rebelión judía. 

Si Netanyahu y Hamas aceptan el cese al fuego se detendrá el genocidio y Hamas perderá el control de Gaza. Esta vez también Israel puede haber ganado la guerra, pero perdió la batalla moral pues pasó de víctima a genocida. Lo preocupantes es que el conflicto continuará alimentado por la ambición de los sionistas de ocupar todo el territorio y el dolor reprimido de los miles de niños que vieron cómo sus padres y familiares eran asesinados por un ejército invasor. Es urgente parar el genocidio, pero eso no garantiza la Paz; solo se alcanzará cuando todos acepten la existencia de dos estados.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista Cambio, Colombia

7 Comentarios
0 Linkedin
Actualidad

Lo que falta en la ley de competencias

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

El borrador del proyecto de Ley de Competencias que el gobierno divulgó para el debate púbico antes de presentarlo al congreso es farragoso (176 páginas y 201 artículos), pero a pesar de esa extensión, no cumple con todo lo establecido en el Acto Legislativo (AL) 03/2024 que reformó el Sistema General de Participaciones (SGP), no tanto por lo que dice, sino por lo que deja de decir.

La Ley de Competencias está llamada a ser la más importante de este cuatrienio porque debe establecer las bases para cerrar las enormes brechas regionales que hoy existen y avanzar en la descentralización fiscal y administrativa del país, con mayor autonomía de las regiones y la consecuente menor dependencia del gobierno nacional. 

Esto no es solo un problema de traslado de recursos, sino que requiere una profunda reestructuración de todo el aparato estatal y un fortalecimiento de las capacidades institucionales y técnicas de los entes territoriales. Sin embargo, el borrador no llena estas expectativas y deja sin resolver serios problemas de la reforma al SGP.

Lo que debe incluir la ley de competencias 

Según el Acto Legislativo (AL), el principal objetivo de la Ley de Competencias es “el cierre de brechas sociales, económicas e institucionales entre los territorios”, para lo cual debe “efectuar los ajustes necesarios a la estructura de la administración pública, en razón de la transferencia de competencias de la que trata el presente artículo, garantizando la eficiencia del gasto público y evitando la duplicidad de funciones entre los distintos niveles de gobierno.”

También se ordenó en el AL que la transferencia de nuevos recursos a los entes territoriales debería ir acompañada, de manera simultánea con la transferencia de competencias y gastos del gobierno central a las regiones, de manera que no se incrementara el gasto público y se garantizara la sostenibilidad fiscal del Estado.

En este marco, la misma reforma estableció que la Ley debería tener en cuenta por lo menos siete fines: 

  1. Definir la distribución de competencias y recursos entre el gobierno nacional y las entidades beneficiarias del Sistema.
  2. Definir los mecanismos para garantizar el fortalecimiento en la capacidad institucional de planeación y ejecución de políticas sectoriales,
  3. Definir los mecanismos financieros y operacionales de acompañamiento técnico y fortalecimiento institucional.
  4. Definir los mecanismos de gradualidad, diferenciación territorial y acompañamiento técnico.
  5. Establecer un modelo de Gobierno Abierto unificado de las entidades beneficiarias, para asegurar la transparencia en el manejo y gestión de los recursos del SGP.
  6. Definir los mecanismos de articulación e integración de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral, así como un sistema único público de información.
  7. Promover, con recursos del SGP, la financiación de proyectos subregionales y favorecer la asociatividad regional.

A esto se debe añadir que el AL, sin asignar porcentajes específicos, también estableció que el SGP debía garantizar la universalidad de la cobertura en los sectores de salud, educación y agua para el consumo humano y que la ley debía determinar una participación especial para los municipios de menores categorías y población.

El borrador del proyecto avanza en varios de estos propósitos, y resulta imposible en el espacio de esta columna un análisis de todo su contenido. Tan solo me referiré al problema económico que implica la redistribución de recursos para lograr el objetivo central de cerrar las brechas entre los territorios.

Las cuentas de la lechera 

El proyecto es generoso en la distribución de recursos. Además de los porcentajes de recursos asignados a los sectores tradicionales (educación, salud y agua potable), el proyecto define nuevos beneficiarios que recibirán el 4% del SGP: los resguardos indígenas, municipios ribereños del Magdalena, el PAES y el FONPET. Adicionalmente destina otro 5% a la constitución del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Participaciones. Como si sobrara la plata, también busca financiar parte de la reforma a la salud que se discute en el Congreso con los mismos recursos del SGP.

Todos son objetivos deseables pero, como en las cuentas de la lechera, se está gastando una plata que no existe; no se especifica de dónde van a salir esos recursos para logralos. Según lo ordena el AL, para que se transfieran recursos adicionales al SGP debe haber una reducción equivalente de gastos y competencias del gobierno nacional que deben ser trasladados a las regiones, y el borrador no dice nada de cuáles ni de cuánto.

El gran problema no resuelto es que, si unas regiones o sectores van a recibir ahora un porcentaje mayor del SGP, debe haber otras regiones que deben asumir los gastos que traslade el gobierno central, y los deben financiar con sus recursos propios, lo que implica que deben reducir otros gastos en su presupuesto. 

Un sencillo ejemplo numérico se presenta en el cuadro siguiente y sirve para ilustrar el problema. Supongamos que en la situación actual del 100% de los gastos del gobierno se dedican el 20% al SGP, el cual se distribuye entre dos departamentos, el A que recibe el 75% del SGP (15 del total) y el B que recibe el 25% (5 del total).

Con la reforma se van a incrementar en un 40% los recursos del SGP, o sea que pasarían de 20 a 28, pero para cerrar las brechas este incremento se destina en su totalidad al Departamento B, que entonces pasa a recibir 13 (cambio resaltado en verde), mientras que el Departamento A sigue recibiendo lo mismo que antes de la reforma.

Para cumplir con lo establecido en el AL y no incrementar el déficit fiscal se deben trasladar competencias y gastos del gobierno central por el mismo monto en que se incrementó el SGP, es decir 8, de manera que los otros gastos del gobierno se reducen de 80 a 72 (cambio resaltado en amarillo).

Estos gastos y competencias se trasladan solo al Departamento A, pues si se trasladaran  al B éste no podría aumentar su gasto social y no se cerrarían las brechas. En consecuencia, el Departamento A debe reducir otros gastos que está financiado con recursos propios, los cuales pasan de 40 a 32 (Cambio resaltado en rojo).

El borrador del proyecto no dice nada de cuáles son esos gastos y competencias que se trasladarán, ni mucho menos quién los va a asumir. ¿Qué gobernador o alcalde está dispuesto a hacerlo?

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

0 comentario
0 Linkedin
Actualidad

Fracking[1] y escasez de gas

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

El error más grave de la política petrolera en los últimos años y la causa de la escasez de gas, no ha sido la falta de nuevos contratos de exploración, sino los intentos de prohibir el fracking (fracturación hidráulica) y, en particular, la suspensión de los Proyectos Piloto Investigativos (PPI) que se estaban realizando para determinar los eventuales impactos del fracking en Colombia, lo que sucedió en abril de 2022, en el gobierno de Duque.

No autorizar nuevos contratos de exploración es una decisión equivocada del gobierno Petro, pero que no tiene consecuencias en el corto o mediano plazo y, por supuesto, no se le puede atribuir la escasez de gas de este o el próximo año. 

La razón es muy simple: el tiempo que pasa entre la firma de un contrato de exploración y la producción de las primeras moléculas de gas o petróleo es de por lo menos 8 años y hasta más. Por ejemplo, los campos de gas que se están desarrollando costa afuera de la Guajira y que se espera que empiecen a producir en 2027, corresponden a contratos que se firmaron en 2010.

Diferente es la situación de los yacimientos no convencionales (YNC) donde se usa el fracking, en donde se puede empezar a producir gas o petróleo en solo dos años, por otra razón simple: ya se conoce dónde hay roca madre con hidrocarburos, pues casi siempre está ubicada debajo de las áreas donde hay pozos tradicionales de petróleo, lo que implica que la exploración en los YNC demora mucho menos que en un campo tradicional. 

LA CRUZADA ANTI-FRACKING 

La controversia sobre permitir o prohibir el fracking ha sido intensa en el mundo, sobretodo por los riesgos ambientales que puede tener esta técnica, tales como la contaminación de fuentes hídricas, la emisión de gases contaminantes, la generación de residuos peligrosos o su impacto en la biodiversidad. 

Para evitar estos riesgos el fracking se ha prohibido en unos pocos países como Francia, Alemania, Irlanda, Italia o Suiza, y en algunos estados de Estados Unidos como Nueva York, Maryland, Vermont o Washington. Sin embargo, la mayoría de estas prohibiciones son simbólicas, porque ninguno de esos sitios tiene reservas significativas de hidrocarburos para explotar, con la excepción de Nueva York, pero aún en este estado las reservas estimadas son menos del 10% de las estimadas para Colombia.

Por el contrario, el fracking está permitido en la mayoría de los países o regiones de EE. UU donde hay volúmenes importantes de hidrocarburos para explotar. EE. UU ha llegado a ser el primer productor de hidrocarburos en el mundo gracias a la utilización del fracking, especialmente en Texas, donde Ecopetrol lo usa en una exitosa asociación con la OXY. En Argentina el uso del fracking en los yacimientos de Vaca Muerta han llevado a que ese país produzca más petróleo y gas que en Colombia.

El problema es que en nuestro país existe una cerrera oposición al fracking, reacia a debatir argumentos y pruebas científicas para determinar cuáles son sus verdaderos efectos ambientales y sociales, y que ha presentado al congreso 5 proyectos de Ley para prohibirlo totalmente.

El primer proyecto se presentó en agosto de 2019, durante el gobierno de Iván Duque, impulsado por congresistas de la bancada alternativa, especialmente del Partido Verde y el Polo Democrático, pero fue archivado por falta de trámite; lo mismo le sucedió a un segundo proyecto presentado por movimientos ambientalistas en 2020.

El gobierno de Petro convirtió la prohibición del fracking en una de sus banderas ambientales, de manera que en agosto de 2022 y luego en 2023, el Ministerio de Ambiente respaldó formalmente sendos proyectos de ley con ese propósito, pero ambos fueron archivados. Finalmente, en julio volvió a radicar un nuevo proyecto, esta vez con mensaje de urgencia. 

Los proyectos piloto 

Hay muchos argumentos en pro y en contra del fracking y la verdad es que hoy nadie puede asegurar que en Colombia no tiene impactos negativos, pero tampoco nadie puede afirmar con certeza que es dañino. El debate sigue abierto, y cualquier decisión debe basarse en evidencia, transparencia y participación real. Por eso fue muy acertada la recomendación que desde 2019 le hizo al Gobierno la Comisión de expertos independientes que analizó la posibilidad de hacer fracking en Colombia: como no hay información suficiente sobre los riesgos de esta actividad en el país recomendó adelantar Proyectos Piloto Investigativos (PPI) que los determinen.

Siguiendo esa recomendación, el gobierno reglamentó (decreto 328 de 2020) la realización de PPI, y el Consejo de Estado avaló esta norma. No se trataba de una autorización para producir gas o petróleo en una escala comercial por medio del fracking; tan solo la autorización para realizar las pruebas técnicas para analizar objetivamente sus impactos. 

En 2021 se adjudicaron a Ecopetrol y la Exxon los contratos para adelantar dos PPI  (Kalé y Platero), los que obtuvieron las respectivas licencias ambientales; en cada uno de ellos se iban a invertir unos USD 70 millones. Sin embargo, pronto aparecieron tutelas de comunidades y organizaciones ambientalistas buscando detener los proyectos.

Ante las tutelas, la posibilidad de que fueran aprobados los proyectos de ley para prohibir el fracking y la oposición frontal del nuevo gobierno, las petroleras decidieron no arriesgar la cuantiosa inversión que debían realizar y suspendieron los PPI. Como consecuencia nos quedamos sin los hechos y datos necesarios para tomar una decisión racional, de manera que el debate sobre el fracking en Colombia continúa sobre bases ideológicas y conclusiones de otros países y ecosistemas.

No se trata de aprobar ahora el fracking sin ningún análisis, pero no hay que tenerle miedo a los hechos y datos. La mejor alternativa para el país es suspender el trámite del proyecto de ley que busca prohibir el fracking y reactivar los PPI para evaluar su viabilidad técnica y ambiental en Colombia. Si esto se hubiera hecho en 2022 y las conclusiones hubieran sido positivas, hoy estaríamos produciendo suficiente gas para evitar el desabastecimiento o la necesidad de importarlo a precios mucho más altos.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

[1] Es una técnica utilizada para extraer gas natural o petróleo del subsuelo, especialmente de formaciones rocosas poco permeables llamadas lutitas o esquistos. Consiste en perforar un pozo vertical y luego realizar perforaciones horizontales en la roca para inyectar a alta presión una mezcla de agua, arena y productos químicos. Esta presión fractura la roca, liberando los hidrocarburos atrapados para que puedan fluir hacia la superficie. Es una técnica aplicada principalmente en yacimientos no convencionales, donde el gas o petróleo no se encuentran en reservorios fácilmente explotables y requiere fracturar la roca para extraerlos.

1 comentario
0 Linkedin
Actualidad

Autocracia en Estados Unidos

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

El país origen y paladín de la democracia occidental ha caído en manos de un autócrata que puede destruirla.

El gobierno Trump está convirtiendo a EE. UU. en una autocracia. Lo dice una de las especialistas en el tema, la historiadora y periodista norteamericana Anne Applebaum, cuyo libro Autocracia S.A.; los dictadores que quieren gobernar el mundo se ha convertido en un clásico sobre la materia.

El libro describe cómo los regímenes de Rusia, China, Irán, Venezuela y otros han creado una especie de “corporación transnacional” de derechas e izquierdas sin ideología común, pero con un objetivo compartido: preservar el poder y la riqueza de sus élites.

Son tres los pilares claves de esta red de dictadores: corrupción y cleptocracia organizadas, tecnologías digitales de vigilancia y represión compartidas y manipulación de información y propaganda. Así, los autócratas convierten los recursos del Estado en riqueza personal, mantienen el poder con represión sofisticada y usan estrategias de comunicación para deslegitimar la oposición y socavar la confianza en la democracia.

Cuando se publicó el libro en 2024, Trump apenas era precandidato presidencial y Estados Unidos no era una autocracia. En la segunda edición, Applebaum afirma que la red de autócratas ha crecido porque su país “eligió a un presidente que ya no estaba interesado en absoluto en la democracia, sino que comenzó a alinear las políticas exteriores e internas estadounidenses con los valores y prácticas del mundo autocrático”, debilitando las relaciones con los aliados históricos.

La absurda guerra de aranceles, la cercanía con Putin o las amenazas de anexar a Groenlandia son ejemplos de una política exterior personalizada, incluso patrimonial, diseñada no para beneficiar a los aliados, sino para beneficiar al propio presidente, a sus amigos y a su familia. Dice también que se dio un cambio radical en las actitudes oficiales tanto hacia la corrupción interna como hacia la cleptocracia extranjera, evadiendo las reglas de conflicto de intereses diseñadas para evitar que los políticos usaran el poder político para enriquecerse.

Varias empresas involucradas en investigaciones regulatorias y de otro tipo donaron al presidente millones de dólares; poco después, Trump despidió a 17 inspectores generales responsables de monitorear la corrupción y violaciones éticas dentro del gobierno.

Los despidos masivos que Musk ordenó en otras agencias reguladoras paralizaron más de 30 investigaciones sobre sus empresas. Las políticas internas de Trump, según Applebaum, reflejan la misma reorientación: lejos del estado de derecho, de las instituciones creadas por el Congreso y hacia la personalización del poder, creando un sistema político diseñado para recompensar a las personas por su lealtad, no por mérito, con demandas para intimidar a medios de comunicación o bufetes de abogados que se atreven a litigar contra él y el uso de propaganda contra jueces, periodistas, denunciantes o cualquiera que se interponga en el camino del autócrata.

Lo inimaginable está sucediendo: el país origen y paladín de la democracia occidental ha caído en manos de un autócrata que puede destruirla. De la reacción de sus ciudadanos dependerá que lo logre.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en PORTAFOLIO.CO

3 Comentarios
0 Linkedin
Actualidad

¿Quién pagará por la atención primaria en salud?

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

La implantación de un nuevo enfoque del sistema de salud basado en la Atención Primaria en Salud (APS), es uno de los objetivos centrales del decreto 0858, el cual ha sido criticado porque es un intento del gobierno para realizar algunos de los cambios de su proyecto de reforma, eludiendo el debate en el Congreso.

Hay que reconocer que el objetivo de la APS es muy válido y necesario para lograr un sistema de salud universal eficiente y sostenible: se trata de fortalecer el rol del primer nivel de atención a los pacientes, enfocándose en la prevención, predicción y resolución temprana de los problemas de salud; ese enfoque debe reducir la prevalencia de muchas enfermedades y, por lo tanto, reducirá los costos del sistema. 

Sin embargo, el Decreto 0858 tiene una grave falencia: no dice cuánto cuesta la implementación del nuevo sistema de APS ni de dónde va a salir la plata para financiarlo.

La plata no está en las EPS

De hecho, el problema de fondo del sistema de salud en Colombia es que, aquí como en todos los países del mundo, no hay plata suficiente para garantizar el derecho universal a la salud y atender la creciente demanda de servicios, consultas y procedimientos de una población cada vez más envejecida y que exige las últimas tecnologías y medicamentos sin importar su costo. Máxime cuando una parte de los recursos disponibles se pierden en procedimientos innecesarios o inútiles, o por corrupción de los distintos actores del sistema. 

El hueco financiero del sistema de salud no empezó con este gobierno, sino que viene desde hace muchos años, y se han intentado, sin éxito, varias fórmulas para solucionarlo. Por ejemplo, entre 2019 y 2022 el número de atenciones tramitadas por las EPS pasó de 714 millones a 784 millones; además la siniestralidad (la relación entre las primas recibidas y los eventos atendidos) en estos años pasó del 90% al 112%. Por eso las EPS dicen que la UPC[1] no alcanza para cubrir las cuentas que presentan los prestadores de salud.

El diagnóstico de este gobierno es distinto, pues creen que son las EPS las que se quedan con la plata, de manera que, acabando con ellas, aparecerían los recursos faltantes y el sistema de salud se financiaría sin problemas. A pesar de que es cierto que varias EPS cometieron abusos y que hay muchos casos de corrupción, es un diagnóstico equivocado, pues las EPS son solo el canal a través del cual se giran los recursos, se quedan con el 5% o 6% para sus gastos, y el resto lo giran a las IPS. 

La demostración fáctica de que ese no era el problema se ha visto con los malos resultados de la intervención de muchas EPS. Hoy la mayoría de la población colombiana está afiliada a EPS administradas por el gobierno, y en todas ellas han aumentado las deudas con los prestadores de servicios, es decir que falta más plata que antes de la intervención.

Según los informes de la Contraloría General, en el último año las deudas de las EPS intervenidas crecieron $7.2 billones (un 38.3%) con respecto al monto adeudado en 2023. La Nueva EPS y COOSALUD concentran el 62% del incremento de las deudas, pero en todas las intervenidas se aumentaron. El remedio resultó peor que la enfermedad.

El costo de la atención primaria en salud

Si la intervención de las EPS, o la eliminación de su papel como aseguradoras no va a liberar nuevos recursos para financiar la salud, antes por el contrario, puede incrementar el monto necesario, ¿de dónde va a salir la plata para implementar el nuevo sistema de APS? El Decreto no dice nada y tampoco dice cuánto costaría.

Lo que sí ha hecho el Ministerio de Hacienda es una estimación del impacto fiscal que tendría la reforma a la salud (proyecto de ley 312 de 2024), de acuerdo con el texto aprobado en segundo debate. Como el decreto 0858 recoge casi todas las propuestas del proyecto de ley en relación con el APS, puede tomarse como un estimativo aproximado de lo que costaría.

El cuadro anterior resume los estimativos de los costos del sistema de salud realizados por Minhacienda para los primeros 3 años. El modelo de APS costaría en promedio unos $21 billones anuales.

No es claro si esas cifras incluyen todos los costos de implantación de la APS, como algunos de los que se detallaban en la exposición de motivos del proyecto original de reforma radicado hace dos años. Por ejemplo, allí se calculaba que la formalización de los trabajadores operativos (42 784) y de apoyo (85 859) requería $9 billones, y que los costos de prestación primaria, diseño y operación a nivel municipal y territorial subirían de $8.8 billones a $24.8 billones. Además, los costos de inversión en infraestructura (Centros de atención primaria, etc.) serían de $11.3 billones en 4 años.

Según la propuesta del gobierno, los recursos para la APS deben salir de la gran bolsa de la UPC, los aportes del presupuesto nacional y del Sistema General de Participaciones, sin que eso signifique desfinanciar al sistema, pues con la APS se deben disminuir los costos de atención de mediana y alta complejidad. En otras palabras, la plata que hoy no alcanza para responder a los servicios de salud requeridos por la población se va a disminuir para dedicar una parte a la APS.

En aras de la objetividad del análisis, hay que decir que sí es cierto que un enfoque de la APS debe reducir los costos de atención a las enfermedades en cualquier sistema de salud; sin embargo, se olvida el detalle de que los costos de implementación de la APS son inmediatos mientras que los beneficios de reducción de atención a enfermedades solo se verán en el mediano y largo plazo. 

En efecto, la apertura de centros y puestos de salud urbanos y rurales, el mejoramiento de infraestructura, dotación y tecnología para los Centros de Atención Primaria o la implementación de los Equipos de Salud Territoriales, son gastos que se deben realizar en un período de 2 a 3 años, mientras que la reducción de enfermedades por los beneficios del nuevo sistema solo se logrará en décadas. Entonces, ¿De dónde va a salir la plata para implementar la APS?

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

[1] En Colombia, UPC (Unidad de Pago por Capitación) es el valor anual que el gobierno paga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado, para cubrir los costos del Plan Obligatorio de Salud (POS).

1 comentario
0 Linkedin
Actualidad

¿Por qué se demora la ley de competencias?  

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

El debate más importante que se debería dar en el Congreso en los próximos meses es el de la “Ley de Competencias” que debe reglamentar el Acto Legislativo (A.L) 03 de 2024, que ordenó aumentar hasta el 39.5% el porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que se transfieren a departamentos y municipios a través del Sistema General de Participaciones (SGP). 

Dicha ley, que debe ser orgánica, debe definir la distribución de competencias entre niveles de gobierno y efectuar los ajustes necesarios a la estructura de la administración pública; asimismo, debe reglamentar los criterios de distribución de los recursos del SGP a sus entidades beneficiarias, de acuerdo con la asignación de competencias, con el objetivo principal de cerrar las brechas sociales y económicas entre los territorios. 

Tan fundamental es la ley que el incremento de recursos a las regiones solo se empezará a dar después de su expedición, pero hasta ahora el gobierno no ha presentado al Congreso el proyecto de ley; ni siquiera se conoce un borrador del texto.

¿Por qué está demorado el proyecto de ley?

Según el A.L., el Gobierno tenía doce meses para presentar el proyecto de Ley de Competencias, es decir hasta antes de diciembre de este año y se había anunciado que se presentaría en mayo pasado. Sin embargo, ya han transcurrido 8 meses y todavía no se ha radicado el proyecto ante el Congreso.

El proyecto está siendo elaborado por un comité técnico interinstitucional conformado por los ministerios del Interior, de Hacienda, Salud, Educación y Vivienda y por Planeación Nacional. Un comité de lujo, que además, está trabajando a toda marcha, pero que no se ha podido poner de acuerdo en su contenido.

La controversia principal en la mesa técnica es la repartición de los recursos “nuevos” (que en 12 años llegarán a ser unos $40 billones anuales), donde están enfrentados los intereses sectoriales con los regionales, cada quien buscando una mayor tajada de la torta, y se espera una definición del presidente que zanje la discusión.

Los ministerios de educación y salud quieren que se destinen a aumentar el presupuesto de sus sectores. La presión de FECODE es para que se destine más plata a educación, mientras que el ministerio de salud quiere usarlos para financiar los costos de la reforma a la salud. Por su parte, los representantes de las regiones insisten en que se deben asignar a los departamentos y municipios para su programas prioritarios y así cerrar la brechas territoriales. 

Lo que falta en el proyecto de ley 

Si bien esta discusión es importante, se está dejando de lado otro aspecto fundamental que debe incluir la ley, que es definir cuáles son las funciones y programas que deben ser trasladados desde el gobierno central hacia las entidades territoriales, de manera que el aumento de recursos a las regiones no implique un incremento del gasto público ni del déficit fiscal. Para decirlo en términos coloquiales, están discutiendo como repartir la marrana sin definir quién va a pagar por ella, lo cual es mucho más grave cuando el déficit fiscal es del 7% del PIB y cualquier ingreso nuevo del gobierno debería utilizarse para disminuirlo.

Unos ejemplos ilustran el problema. Si se asignan $100 para crear centros de atención primaria en el Chocó, se debe trasladar a algún otro departamento la obligación de ejecutar con sus propios recursos $100 de algún gasto o programa del gobierno central. ¿Los gobernadores o los congresistas de Antioquia o el Valle van a aceptar que les impongan esta obligación?

Si, en otro caso hipotético se incrementa en $100 el presupuesto de educación para contratar más profesores, para mantener la neutralidad fiscal, se debe reducir en los mismos $100 lo destinado a otros sectores, o se deben trasladar a algún departamento gastos del gobierno central por ese valor, sin asignarle recursos. ¿Qué departamento va a estar dispuesto a aceptar las nuevas obligaciones de gasto sin recibir los recursos correspondientes?

El A.L.es categórico: “no se podrán asignar recursos a las entidades beneficiarias del SGP sin la previa descentralización de competencias (…) de modo tal que no comprometa el marco constitucional de la sostenibilidad fiscal del Estado y sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal.”

Si el Congreso aprueba una Ley de Competencias que asigne recursos a las regiones o sectores, sin reducir reduzca proporcionalmente las funciones del nivel central, se aumentaría el gasto público. En ese escenario, la ley sería inconveniente desde el punto de vista fiscal y la Corte Constitucional la declararla inexequible por no cumplir el mandato constitucional.

Es muy baja la probabilidad que la Ley de Competencias sea aprobada este semestre, pues además de la demora en la presentación, la agenda legislativa está muy congestionada con temas como el presupuesto de 2026, las reformas tributaria y de salud, o la jurisdicción agraria, entre otros. El próximo semestre es todavía menos probable por la campaña electoral, de manera que la demora de la Ley de Competencias durará hasta el próximo gobierno. 

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

0 comentario
0 Linkedin
Actualidad

Transición energética y consultas previas

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

Mi artículo de la semana pasada concluía con una categórica afirmación: “mientras no se modifiquen las normas de las licencias sociales y ambientales, Colombia no podrá avanzar en la transición energética”. Nadie cuestiona que esta transición sea una prioridad nacional por la necesidad de diversificar la matriz energética reduciendo el uso de hidrocarburos; sin embargo, las consultas previas y las licencias ambientales se han convertido en un obstáculo a este proceso. 

Es evidente que los derechos particulares de las comunidades étnicas son un logro importante de la Constitución del 91 que deben ser respetados, pero también los proyectos de energías renovables son un bien público que responde al interés colectivo de preservar el medio ambiente ¿Cómo conciliar estos dos derechos fundamentales cuando entran en conflicto?  ¿Cómo evitar los abusos que se han presentado en los procesos de consulta?

Las dificultades de las energías renovables

La Guajira es una región privilegiada del país en materia de recursos energéticos: tiene los mayores yacimientos de carbón que han generado enorme riqueza para sus propietarios y para el país y escaso desarrollo económico y social para sus habitantes, pero también tiene abundancia de sol y vientos, las dos fuentes de energía limpia, llamadas a reemplazar los hidrocarburos.

En la Guajira están proyectados más de 60 parques eólicos que podrían entrar a operar antes de 2030, con una capacidad estimada de 7 000 mw; pero muchos de estos proyectos han sido bloqueados o suspendidos por conflictos con comunidades indígenas que reclaman afectaciones culturales, ambientales y territoriales.

El caso de la línea de transmisión denominada La Colectora es emblemático. Este proyecto, adjudicado en 2018 al Grupo de Energía de Bogotá, debía estar operativo en 2022 para producir más de 2 300mw de energía renovable desde la Guajira, mediante la construcción de dos líneas de transmisión de 500kv cada una, entre las subestaciones Colectora y Cuestecitas y una línea adicional de 250 km entre Cuestecitas y La Loma, lo que hace un total de 470 km de nuevas líneas.

Hoy, su entrada en funcionamiento ha sido aplazada hasta 2026, principalmente por los obstáculos derivados de las consultas previas con comunidades indígenas. Tuvieron que realizarse 235 consultas con una población estimada de 150 000 habitantes, lo que implica un promedio de 638 personas por comunidad. Sin embargo, muchas de estas comunidades son rancherías dispersas, algunas con menos de 50 habitantes. Esta fragmentación ha multiplicado los trámites, dilatado los tiempos y saturado la capacidad institucional. En el caso de La Colectora, el proceso de consulta tomó más de 1 000 días.

A esto se suma la complejidad de las licencias ambientales. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) tardó más de tres años en otorgar la licencia para el tramo Cuestecitas–Colectora, y solo lo hizo tras superar un recurso de reposición. 

La consecuencia de estas demoras es la incertidumbre jurídica, la pérdida de confianza de los inversionistas y la paralización de por lo menos 6 proyectos eólicos que ya habían sido adjudicados en subasta, con una capacidad instalada de 1 535mw. Algunos ya han sido cancelados y otros, como el de Windpeshi tuvo que ser adquirido por Ecopetrol para reactivarlo. 

Este es un parque eólico de 205 megavatios que prometía ser emblema de la transición energética. Para empezar a desarrollarlo la empresa ENEL tuvo que realizar 67 consultas previas con una población de 5 000 habitantes de comunidades Wayúu, promovió subcomités de diálogo y ejecutó proyectos sociales, pero encontró un territorio fragmentado, con disputas internas entre clanes, retornos migratorios desde Venezuela y asesores externos buscando beneficios individuales que hicieron imposible el proyecto.

No solo sucede en la Guajira. En el Valle del Cauca la empresa Celsia tuvo que abandonar la construcción de la segunda línea de transmisión de Yumbo a Buenaventura, tras enfrentar exigencias excesivas de algunas comunidades que no estaban debidamente constituidas o no tenían representatividad legítima; también se denunció la creación de comunidades ficticias con el propósito de obtener beneficios económicos o ejercer presión indebida sobre la empresa.

Como lo mencioné la semana pasada, en el país existen por lo menos 8 proyectos eólicos y 10 solares ya aprobados, que están suspendidos o en riesgo de cancelarse por carencia de conexión con la red eléctrica nacional o demoras de las licencias ambientales y sociales; proyectos que tendrían una capacidad instalada de unos 4gw, es decir más del doble de la actual, y elevarían al 24% la participación de las FNCER en la matriz eléctrica nacional.

Para superar el conflicto 

No es tarea sencilla equilibrar el derecho de las comunidades a decidir sobre su territorio con el deber del Estado de garantizar el acceso universal a energía limpia y segura. Para hacerlo se requiere una reforma profunda de las normas vigentes y de las instituciones responsables. Entre las muchas propuestas que se han debatido en diferentes foros se pueden destacar las siguientes.

En primer lugar, realizar consultas previas con enfoque colectivo. La normativa actual exige que cada comunidad étnica sea consultada de forma individual, incluso cuando comparten territorio y afectaciones. Esto ha generado procesos fragmentados y lentos. Se propone permitir acuerdos colectivos, agrupando comunidades con características similares, para establecer compromisos comunes y reducir tiempos sin vulnerar derechos.

Segundo, el Estado debe realizar una gestión territorial anticipada, asumiendo un rol proactivo en la identificación de comunidades, consolidación de censos y promoción de vocerías legítimas, antes de adjudicar proyectos. Esto evitaría que las empresas enfrenten territorios sin información básica y permitiría una planificación más eficiente y respetuosa.

Por otra parte, se requieren reformas institucionales que permitan a la ANLA, el Ministerio del Interior y la UPME articularse para evitar que los trámites se conviertan en laberintos burocráticos. En particular, la ANLA debe contar con un mecanismo de evaluación acelerada para proyectos considerados estratégicos por el Gobierno Nacional. Esto implica fortalecer su capacidad técnica, digitalizar procesos y establecer plazos máximos para cada etapa, sin relajar los estándares ambientales.

Finalmente, en casos excepcionales, el Estado podría declarar ciertos proyectos como de utilidad pública, lo que permitiría avanzar en su ejecución con mayor celeridad. Sin embargo, esto debe ir acompañado de garantías reforzadas en derechos humanos, ambientales y culturales, para evitar abusos o imposiciones.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

0 comentario
0 Linkedin
Actualidad

¿Quién está haciendo la transición energética?

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

China, el país que emite la mayor cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), es también es el país que está haciendo los mayores avances en la transición energética. Colombia, por el contrario, se está quedando atrás, a pesar de contribuir poco al calentamiento global.

¿Dónde están creciendo las energías renovables? 

La transición energética consiste en reemplazar los hidrocarburos por otras fuentes no convencionales de energía no renovables (FNCER) como la solar o la eólica. En este campo es donde China está haciendo unos avances impresionantes.

China es el responsable de la emisión del 35% de los GEI, muy lejos de Estados Unidos y la India que emiten el 12.4% y 7.83% respectivamente. En esos tres países la mayor fuente de emisión es el uso de combustibles fósiles para generar electricidad. Colombia ocupa el puesto 41 entre los emisores de GEI, y solo contribuye con el 0.27% de estos gases, pero acá la mayor fuente de contaminación no son los hidrocarburos sino la agricultura, la ganadería y la deforestación.

El año pasado, según el reporte de la organización internacional REN21, se instalaron en el mundo plantas de energía renovables con una capacidad de 741 GW, de los cuales un 60%, es decir 445 GW, se instalaron en China. Para comprender las dimensiones de estas nuevas plantas baste decir que son 22 veces el total de la capacidad instalada en Colombia.

En Europa se construyeron el año pasado plantas con una capacidad instalada de 92 GW. En Asia y Oceanía (excluyendo a China e India) fueron 73GW, mientras que en Estados Unidos y Canadá se instalaron otros 56 GW. En toda Latinoamérica se construyeron plantas con capacidad de 26 GW, de los cuales 18GW fueron en Brasil.

Por supuesto, inversiones de este tamaño requieren mucho dinero. El mismo reporte de REN 21 estima que la inversión en FNCER el año pasado fue de USD 728.000 millones (más de 2 veces el PIB de Colombia), la mayor parte de los cuales se dedicó a plantas de energía solar y a vehículos eléctricos.

Como era de esperarse y se observa en el gráfico siguiente, China fue el mayor inversionista con USD 290.000 millones; como resultado, hoy China genera el 41% de su electricidad con FNCER, y si se cuenta la hidroeléctrica, las energías renovables representan el 55% del total de la energía instalada. 

En Europa se invirtieron USD 114.000 millones, mientras que en Estados Unidos la inversión fue de 97.000 millones, un 15% menos que en el 2023.

El predominio de China no es nuevo, viene desde el año 2015, pero la diferencia se ha ido haciendo más grande. Por el contrario, en Estados Unidos ya se había observado un descenso el año pasado, que se agudizará más con las nuevas medidas del gobierno Trump que vuelven a incentivar la producción y el uso de petróleo y gas, eliminando los incentivos a las energías renovables que había otorgado el gobierno Biden.

¿Y Colombia qué? 

Aunque el aporte de Colombia a la transición energética es insignificante en el contexto mundial de energía, pues el año pasado solo se instalaron 0.7 GW, es decir el 0.1% de lo que se hizo en el mundo entero, la realidad es que el país podría hacer mucho más. Es cierto que tenemos la gran ventaja de contar con una matriz energética muy limpia, pues cerca del 62% es de hidroeléctricas, pero podría ser mejor pues las FNCER solo aportan 1.8 GW, el 8.5% de los 21.3GW instalados en el país, y el 0.1% de la capacidad total mundial.

Lo triste es que existen por lo menos 8 proyectos eólicos y 10 solares que están suspendidos o en riesgo de cancelarse por carencia de conexión con la red eléctrica nacional, demoras de las licencias ambientales y sociales. Solo en la Guajira se han tenido que realizar más de 280 consultas previas. 

Para recopilar las noticias de todos los proyectos suspendidos o en riesgo de ser cancelados, pregunté a Copilot por la lista completa y me dio estos dos cuadros: 

Estos proyectos tendrían una capacidad instalada de unos 4GW, es decir más del doble de la actual, y elevarían al 24% la participación de las FNCER en la matriz eléctrica nacional. Por estas demoras, a pesar de los discursos oficiales, Colombia perdió tres puestos en el Índice de Transición Energética (ETI por sus siglas en inglés) que publica el World Economic Forum, al pasar de la posición 35 en 2024 a la 38 en 2025. En Latinoamérica nos superan Brasil (puesto 15), Chile (21) y Uruguay (35).Mientras no se modifiquen las normas de las licencias sociales y ambientales, Colombia no podrá avanzar en la transición energética.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

0 comentario
0 Linkedin
Actualidad

Sigue bajando el dólar

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

El fortalecimiento del peso sigue dando sorpresas. Esta semana la tasa de cambio rompió la barrera de los $4 000 pesos y la TRM se ubicó en $3 974, valores que no se veían desde junio del año pasado.

Sorpresa, porque el debilitamiento del dólar frente al peso fue mayor que frente a otras monedas, y porque se da en medio de noticias que se supone deberían hacer subir el precio del dólar.

Esta semana se dieron dos de estas noticias: una, la continua caída del precio del café que este año ha pasado de 4 a 2.90 dólares por libra, y que solo en la última semana bajó 15%; en otras épocas esto hubiera provocado una importante devaluación. La otra, el deterioro de las relaciones con el gobierno de EUA con el llamado a consultas de su embajador en Colombia. Después de este anuncio, el viernes 4, el precio del dólar solo subió $20.

Por otro lado, las políticas de Trump continúan debilitando el dólar y esta semana el índice que mide su valor frente a una canasta de monedas (el DYX) bajó 0.3%, mientras que la revaluación del peso en la misma semana fue de 2.7%, de manera que debe haber factores adicionales empujando al peso. Por ejemplo, los dólares del narcotráfico o de los capitales golondrina.

Volverán las oscuras golondrinas 

Varios lectores de mi columna de la semana pasada plantearon que son los dólares del narcotráfico los que explican este comportamiento. Sin embargo, no hay evidencia de que existan canales a través de los cuales los dineros de origen ilícito estén aumentando la oferta de divisas en el mercado oficial, salvo un poco que se pueda camuflar como remesas. 

Según dicen los conocedores del tema, los dos principales canales de lavado de dólares son el contrabando y las exportaciones de oro; el primero no afecta la tasa de cambio oficial, y el segundo ya está registrado en la balanza de pagos, de manera que hay que buscar otras explicaciones.

La otra hipótesis son los ingresos de capitales golondrina, inversiones especulativas de corto plazo que llegan al país aprovechando las altas tasas de interés domésticas, en particular las de los Títulos de Tesorería (TES) oficiales. Tiene sentido esta explicación porque la última subasta de TES a un año se colocó a una tasa del 9.7%, 0.45% por encima de la tasa del Banco de la República, algo que era común en el pasado, pero que no sucedía desde enero de 2023. Los TES de largo plazo (5, 11 y 30 años) están ofreciendo rendimientos superiores al 12%.

El gráfico siguiente muestra la evolución de tres tasas de interés que son relevantes para las decisiones de los inversionistas internacionales: la de los TES de un año (azul), la tasa del Banco República (roja), y la de los bonos del Tesoro americano a un año (UBS 1Y-verde). 

La diferencia de rendimiento entre los TES y los USB 1Y llegó a mínimos históricos durante la pandemia (180 puntos básicos), aumentó a un máximo de 726 pb en junio de 2022, para disminuir a 434 pb en septiembre del año pasado y colocarse en 562 pb en la fecha más reciente. Estos diferenciales deberían atraer capitales del exterior e inducir a los nacionales a quedarse en el país, pero la aritmética es más complicada. Lo que miran los inversionistas no es solo el diferencial de tasas de interés, sino también, la diferencia en el riesgo país, comparada con sus expectativas de devaluación. 

Las cuentas de los inversionistas

El riesgo país es un elemento fundamental para un administrador de portafolios de inversiones y por eso son tan relevantes los reportes de las calificadoras de riesgo. La forma más usual de medirlo es el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI por sus siglas en inglés) calculado por el banco JP Morgan como la diferencia entre el rendimiento de estos bonos y el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados libres de riesgo. Un EMBI más alto indica un mayor riesgo percibido por los inversionistas.

El gráfico muestra la evolución del EMBI para los bonos colombianos: de un mínimo de 162 pb al inicio de 2020 se dispara con la pandemia a 493 pb, para caer a finales de ese mismo año a niveles de 200 pb. Empieza una senda ascendente que lo lleva a 458 pb en junio de 2022 y a un máximo de 522 cuatro meses después, para empezar a descender hasta 272 pb a finales de 2023. Luego vuelve a subir hasta 403 pb en abril de este año, y un valor de 321 pb para la fecha más reciente.

La baja del EMBI en los últimos meses sí muestra que, por alguna razón, los inversionistas internacionales están viendo menos riesgoso invertir en pesos colombianos, a pesar de la noticias económicas y políticas que hemos comentado.

En las cuentas de los inversionistas, el rendimiento de los TES a un año (9.71%) se debe comparar con el de los Bonos del Tesoro americano al mismo plazo, (4.09%), restándole el riesgo país (3.21%), lo que da un neto de 6.5% %. La conclusión es que sería mejor invertir en TES y los capitales golondrina deberían estar llegando en abundancia al país.

Sin embargo, falta un elemento en la ecuación, que son las expectativas de lo que va a pasar con la tasa de cambio a un año. Porque el inversionista internacional que convierte sus dólares a pesos hoy espera volverá convertirlos a dólares al cumplirse el plazo y entonces la tasa de cambio le puede mejorar el retorno o empeorarlo. 

La tabla siguiente muestra el monto de la devaluación esperada para que sean similares los rendimientos de los TE y los USB 1Y: Es $241. 

Si alguien trae dólares para invertir en pesos y los monetiza a $4.000, es porque espera que la devaluación del año sea inferior a $241, porque si es mayor, le iría mejor invirtiendo en dólares. Por supuesto, si la devaluación es menor, resulta todavía más rentable la compra de TES ¿Alguien espera que dentro de doce meses el dólar esté en $4.241? ¿O será que los inversionistas piensan que el riesgo país es menor?

MAURICIO CABRERA GALVIS

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

0 comentario
1 Linkedin
Actualidad

La pelea de Trump y Musk

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

Una ley “grande y hermosa” (the big and beautiful Bill), que es la gran prioridad de Trump, generó una pelea grande pero no tan hermosa. Es la pelea del año: en una esquina, Donald Trump, el hombre más poderoso del mundo; en la otra, el hombre más rico del planeta, Elon Musk. Hasta la semana pasada eran los mejores amigos y hoy se insultan como niños malcriados.

Las críticas a la ley grande y hermosa 

Ese es el nombre que le dieron a lo que acá sería una combinación de ley de presupuesto y reforme tributaria. Es la clara expresión de la ideología conservadora y neoliberal de Trump y de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes que la aprobó: bajar impuestos a los más ricos y recortar los programas sociales del gobierno. 

Las consecuencias sociales y económicas de la ley son enormes y muy negativas y así lo denunciaron en una carta abierta seis premios Nobel de economía. En los próximos diez años, el recorte de impuestos va a reducir los ingresos fiscales en unos 4 billones de dólares. Al mismo tiempo, recortan un poco el gasto público, pero en una cuantía mucho menor (solo 1.8 billones de dólares) y, lo peor de todo es que lo hacen a costa de disminuir la red de protección social que sostiene a los más pobres.

Son dos los programas sociales más afectados: se estima que unos 11 millones de personas se quedarán sin la cobertura de salud que había extendido la ley de Obama, a través del Medicaid, y que un alto porcentaje de hospitales rurales puede quebrarse sin las contribuciones de ese programa. El otro es el programa de ayudas alimentarias que mantiene a millones de americanos.

Aún para los republicanos que no se preocupan mucho por la disminución del gasto social y su impacto en el aumento de la desigualdad, la ley es perjudicial porque aumenta el déficit fiscal. Analistas independientes estiman que las políticas de Trump incrementarán en unos 2.4 billones de dólares la deuda pública, llevándola a niveles cercanos al 100% del PIB.

Musk se atrevió a criticar esta ley llamándola una “abominación repugnante” y que el Senado debería hundirla, pero por otras razones que confirman su falta de empatía; para él no son suficientes los recortes a los programas sociales ni la disminución del gasto público. Por ahí empezó la pelea con Trump, porque el presidente no iba a tolerar que criticaran su programa bandera.

De aliados a enemigos 

Musk era el gran aliado del presidente. Después de donar 250 millones de dólares para la campaña electoral, se había convertido en el verdadero poder detrás del trono, más importante que cualquiera de los ministros, el que le hablaba al oído, lo acompañaba a las reuniones más importantes; tenía acceso a información super confidencial y recibió el encargo de ejecutar una de las principales promesas de Trump: reducir el gasto público acabando con la burocracia, supuestamente ineficiente, del gobierno federal.

Para ello Musk creó el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por su nombre en inglés), y con un equipo de jóvenes fanáticos pero inexpertos se dio a la tarea de cerrar dependencias, despedir empleados y cortar funciones. Con bombos y platillos anunció que iba a recortar 2 billones de dólares de gasto público, pero solo logró menos del 10%, a costa de daños inmensos como la eliminación de la agencia de ayuda a los países pobres, la USAID.

Tal vez frustrado por lo que no pudo hacer, Musk decidió renunciar a DOGE y salir de Washington, pero todavía mantenía una buena relación con Trump, a punto tal que el presidente le regaló una llave de oro de la Casa Blanca, símbolo de que allí podía entrar cuando quisiera. De pronto todo explotó cuando se hicieron públicas las críticas de Musk a la ley grande y hermosa.

Trump pasó al ataque diciendo que Musk no había entendido la ley y que estaba loco y molesto porque le iban a quitar el subsidio a sus carros eléctricos. Musk replicó que la subida de aranceles de Trump iba a causar recesión y de nuevo urgió a los senadores republicanos para que hundieran la ley.

De allí se pasó a los ataques personales en las redes sociales: que Trump era un ingrato porque sin los millones de dólares de Musk hubiera perdido las elecciones, que Musk estaba loco y resentido por haber perdido los subsidios, que había que condenar al presidente para que el vicepresidente Vance asumiera, y la noticia bomba, que Trump estaba en la lista de amigos del infame pederasta Epstein, lo mismo que un expresidente colombiano.

Las amenazas también subieron de tono. El presidente dijo que la mejor manera de reducir el déficit fiscal era  cancelar todos los subsidios y los multimillonarios contratos del gobierno con las empresas de Musk, a lo que el empresario respondió diciendo que iba a cancelar a la NASA los servicios de Internet y de sus cohetes espaciales. Eran tan absurdas estas amenazas que los dos se echaron para atrás.

No se sabe dónde va a terminar la pelea. Musk tiene mucho qué perder y con el solo anuncio de la posible cancelación de los contratos oficiales, el valor de su empresa Tesla cayó 150 000 millones de dólares, y la riqueza personal de Musk se redujo en $34 000 millones. Trump, por su parte puede perder el apoyo de unos cuantos congresistas -que son financiados por Musk- lo que hundiría su grande y hermosa ley. Lo lamentable es que las políticas públicas del país más importante del mundo se decidan en una pelea de egos inflados, que una sola persona tenga el poder económico para parar los programas espaciales de EE.UU. y que el poder político de un presidente se utilice para venganzas personales.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

2 Comentarios
0 Linkedin
Actualidad

Retos de la ley de competencias

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

Mientras el Congreso y el Gobierno están dedicados al trámite de dos reformas, la laboral y la de salud, que en el mejor de los casos solo contribuyen de manera marginal al cambio social que necesita el país, no ha empezado todavía el debate público de la ley que debe producir la transformación más radical del Estado colombiano desde la Constitución del 91. Es la “Ley de Competencias” que debe desarrollar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada con el Acto Legislativo (A.L) 03 de 2024.

Este A.L. solo es el punto de partida para profundizar la autonomía territorial. La Ley de Competencias es tan importante que los recursos del SGP para las regiones solo se empezarán a incrementar un año después de promulgarse.

No es una tarea fácil porque implica un cambio de fondo en la estructura del Estado: de los Ingresos Corrientes de la Nación (ICN) aumentar a 39.5% los recursos orientados a las regiones es solo una pieza de un complejo rompecabezas, del cual solo se enunciaron los títulos en el A.L. y deben ser definidos por la Ley.

Un juego de suma cero 

El principal objetivo de la Ley es “el cierre de brechas sociales, económicas e institucionales entre los territorios”. Allí empiezan las dificultades para lo que debe aprobar el Congreso, porque la dura realidad es que no hay plata adicional de libre disposición para ese propósito. 

Cerrar las brechas requiere dar recursos adicionales de libre disponibilidad a los departamentos y municipios más pobres, pero como estamos en un juego de suma cero, lo que ganen unas regiones se les tiene que quitar a otras, o trasladarles competencias sin recursos suficientes. No parece fácil que los congresistas de las regiones perjudicadas acepten la reducción de sus ingresos o el aumento de sus gastos.

¿Por qué se afirma que no habrá nuevos recursos de libre disposición, si se estima que las regiones van a recibir $39 billones adicionales a los $81 billones que reciben este año? Porque el A.L. estableció varios límites para garantizar que este aumento se haga “de modo tal que no comprometa el marco constitucional de la sostenibilidad fiscal del Estado y sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal,” es decir para que no aumente el gasto público ni el déficit fiscal.

La principal restricción es que el aumento de recursos a las regiones debe ser simultáneo, con el traslado de competencias del gobierno nacional a los territoriales, de manera que se evite la duplicidad de funciones. En otras palabras, que gastos que hoy hace la Nación deberán ser asumidos por los departamentos y municipios, que deben destinar la plata adicional que reciban a pagar esos gastos. Sí habrá más plata, pero no es de libre disponibilidad porque está asignada a las competencias que se trasladarán del gobierno central.

Salvo que se hiciera un doble recorte sustancial de los gastos del gobierno central, (que ni siquiera el DOGE de Elon Musk podría hacer aquí como tampoco lo pudo hacer en su país), uno para la necesaria reducción del déficit fiscal y otro para liberar plata para las regiones, no habrá plata adicional de libre disponibilidad para las regiones. Solo se cambiará quien hace los contratos, nombra los funcionarios y gira los cheques.

Descentralización no es solo mas plata

Pero el tema de la distribución de competencias y de cuánta plata hay para cerrar las brechas es solo uno de los muchos que debe abordar la Ley de Competencias. El mismo A.L. estableció varios fines adicionales a la Ley (Art. 1º., parágrafo tercero).

Entre ellos, “definir los mecanismos para garantizar el fortalecimiento de la capacidad institucional de planeación y ejecución de políticas sectoriales en las entidades beneficiarias”, definir el acompañamiento técnico y financiero para este propósito, así como los mecanismos de “articulación e integración de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral, así como un sistema único público de información”.

Como si fuera poco, se pretende que la Ley rompa con la práctica de proyectos aislados y desintegrados de los entes territoriales para promover con recursos del SGP “la financiación de proyectos subregionales y favorecer la asociatividad regional”

¡Ambicioso el proyecto! Lo que se pretende es que la Ley de Competencias haga lo que no se ha podido hacer en 30 años con la ley de ordenamiento territorial consignada en la Constitución del 91. Es decir, la reforma administrativa y el fortalecimiento institucional de los entes territoriales, redefiniendo la funciones y competencias de departamentos y municipios, así como eventualmente reemplazar los departamentos por las regiones administrativas de planeación. 

Sin olvidar que el éxito o fracaso de este intento de impulsar la autonomía territorial depende de impedir que se dé también la descentralización de la corrupción, como ya sucedió en el pasado. Por eso es indispensable que la “estrategia de monitoreo, seguimiento y control integral al gasto ejecutado por las entidades beneficiarias del SGP“ exigida por el A.L. tenga dientes, lo cual implica una reforma profunda, o la eliminación de las contralorías regionales.

Lo que plantea el A.L no es solo una redistribución de recursos, sino un nuevo ordenamiento territorial y tributario. No es fácil que este debate se dé ahora, en pleno año electoral y en medio de la aguda polarización que vive el país.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

0 comentario
0 Linkedin
Actualidad

MAGA hace la desigualdad más grande

Por Mauricio Cabrera Galvis
Escrito por Mauricio Cabrera Galvis
Download PDF

Bill Gates acusó a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, de ser responsable de “matar a los niños más pobres del mundo”, con los recortes que ha hecho su equipo de DOGE a la ayuda humanitaria de Estados Unidos (EUA). Lo dijo en una entrevista al Financial Times, y es una de las críticas más fuertes y directas a las políticas de Trump de “hacer más grande a América otra vez” (MAGA).

La realidad es que las políticas de MAGA están teniendo y tendrán consecuencias sociales muy negativas en el resto del mundo, pero también en los mismos EUA, de manera que ese país no solo no será más grande, sino que va a ser más desigual, porque se ampliarán las diferencias de ingresos y de riqueza entre los grupos sociales. Es lo que dice ChatGPT.

Las políticas conservadoras y neoliberales

La orientación ideológica de las políticas de MAGA está plasmada en el documento denominado “Proyecto 2025”, elaborado por la ultraconservadora Heritage Foundation. Es todo un programa neoliberal que propende una profunda reforma del Estado, recortando sus funciones en la protección social, la regulación ambiental e industrial, y la provisión de bienes públicos como la educación y la salud. Su premisa básica es que el libre mercado se encargará de generar prosperidad para toda la población, sin ninguna interferencia del Estado.

Tratando de recopilar información y análisis sobre estas políticas, un amigo más experto que yo en el uso de la inteligencia artificial, preguntó al ChatGPT sobre cuáles eran las propuestas de la administración Trump que tendrían mayores consecuencias sociales. La herramienta consultó análisis de expertos económicos y documentos de think tanks como Brookings, Cato, AEI, EPI, Heritage Foundation y medios como The Economist, e identificó cinco áreas de política que van a afectar la vida de todos los norteamericanos, pero no de manera igual, sino favorables a los pocos privilegiados de siempre y perjudiciales para la mayoría de la población.

La primera es la propuesta de extender y ampliar la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (TCJA) de 2017 que benefició principalmente a los ricos y a las grandes corporaciones, así como la de reducir la tarifa de los impuestos corporativos. 

En segundo lugar, el intento de derogar o por lo menos modificar la ley del Obamacare, odiada por los republicanos, y los recortes en los programas federales de atención y seguro médico (Medicaid) que son requeridos para comenzar el hueco fiscal de los menores impuestos.

Tercero, la disminución del presupuesto federal para otros programas sociales, como la protección alimentaria y los subsidios a la vivienda. 

Cuarto, el recorte de los fondos federales para la educación y la eliminación de programas para garantizar el acceso a poblaciones vulnerables.

Finalmente, algo técnico en apariencia como son las confusas medidas de aranceles a las importaciones, tienen incidencia en las condiciones de vida de la población, tanto por la destrucción de empleos, como por su impacto en la inflación que disminuye la capacidad adquisitiva de la gente.

El impacto redistributivo de maga

Todos estos cambios -unos ya ordenados por decretos ejecutivos y otros pendientes de aprobación por el Congreso- van a incidir en la situación económica de todos los norteamericanos, pero de manera diferenciada según sea su nivel de ingresos. De nuevo nuestro analista experto, -ChatGPT- resumió así el impacto para los ciudadanos de altos ingresos, la clase media y la de bajos ingresos:

Los ricos serían los grandes beneficiados de los cambios en impuestos. Según un análisis del Tesoro de EE.UU., hacer permanentes esos recortes otorgaría un recorte fiscal promedio de $314 000 al 0.1% más rico, mientras que los hogares que ganan más de USD 450 000 obtendrían más del 45% de los beneficios. Este grupo no se vería afectado por los recortes a la protección social, a la educación o al acceso a salud, pero la guerra de aranceles sí les tocaría un poco más el bolsillo en (USD 2 000 al año), impacto muy pequeño relacionado con sus ingresos; por eso se dice que son poco vulnerables a la inflación.

Las clases medias también recibirían beneficios por los recortes de impuestos, pero mucho más pequeños, mientras que el impacto de los reducción de crédito aranceles sería solo un poco más bajo que el del grupo de altos ingresos ( unos UD 1.700 de sobrecosto al año), pero con una inflación más alta y el aumento de la deuda pública se mantendrían altas las tasas de interés, afectando sobre todo a los créditos hipotecarios. 

Los efectos más negativos para este grupo se darían en el acceso a la salud y la educación: las modificaciones a la ley ACA podrían incrementar las primas de los seguros médicos hasta en un 79%, mientras que la menor financiación federal a la educación pública disminuiría su calidad y la eliminación de las ayudas a los créditos estudiantiles encarecería los estudios universitarios.

El grupo de ingresos bajos no tendría ningún beneficio por los cambios en impuestos, pero si sería muy perjudicado por los recortes en la red de protección social que implicarían la pérdida en cobertura médica (por la reducción de Medicaid) y la atención alimentaria (cupones de alimentos). Estos hogares, ya desfavorecidos en sus condiciones iniciales, perderían la posibilidad de acceso preferencial a la educación y a otros servicios.

La conclusión de ChatGPT es contundente: “…se espera que la segunda administración Trump favorezca a los estadounidenses ricos con recortes de impuestos e incentivos empresariales, mientras ofrece a la clase media solo mejoras marginales y la expone a costos más altos en atención médica y bienes. Los estadounidenses de bajos ingresos enfrentarían los desafíos más graves, ya que los recortes a la red de seguridad, las pérdidas de cobertura médica y los aumentos en el costo de vida podrían combinarse para ampliar la brecha de desigualdad. 

Los ideólogos de estas políticas argumentan que los recortes de impuestos y la desregulación “gotean” al estimular el crecimiento, la creación de empleos y precios más bajos. Sin duda, podrían darse algunos brotes de crecimiento económico —por ejemplo, si las empresas invierten más o repatrian operaciones—. Sin embargo, la mayoría de los economistas y think tanks advierten que los efectos a largo plazo podrían ser «dolorosos» para las familias trabajadoras, debido a la reducción del apoyo público y a una futura carga de deuda más pesada. A nivel regional y social, el país podría experimentar mayores disparidades, con estados y clases de ingresos divergiendo en sus realidades. Los bolsillos ricos de Estados Unidos podrían prosperar con su nueva riqueza fiscal, mientras que las comunidades pobres lucharían con menos recursos: un retrato de «dos Américas» que, según los expertos en políticas, podría ser el legado duradero de un segundo mandato de Trump”.

La respuesta es significativa pues se trata de una síntesis objetiva, no partidista, de múltiples estudios y análisis que circulan en Internet que coinciden en señalar las consecuencias negativas de los conservadores republicanos y su MAGA.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

0 comentario
0 Linkedin
Nuevos artículos
Antiguos artículos
@2019 - All Right Reserved. Designed and Developed by Exjesuitas en Tertulia