Home Tags Posts tagged with "Mauricio cabrera galvis"
Tag:

Mauricio cabrera galvis

Download PDF

Otro de los legados importantes del Papa Francisco es su iniciativa de construir una ciencia económica diferente, poniendo la ética en el centro del debate económico. A diferencia de sus predecesores, Francisco abordó directamente las raíces estructurales de la pobreza, la desigualdad y la exclusión, proponiendo una alternativa ética y solidaria al modelo actual.

La doctrina social de la iglesia 

Desde finales del siglo XIX, la iglesia católica empezó a pronunciarse sobre los problemas sociales y económicos. La encíclica Rerum Novarum (RN, 1891) del Papa León XIII es la base de la llamada “doctrina social de la Iglesia”, en donde trata de plantear una posición intermedia entre el imperante capitalismo sin límites (neoliberalismo diríamos hoy) y las incipientes corrientes socialistas que todavía no habían llegado al poder en ningún país.

A partir del concepto de justicia social, la “tercera vía” de León XIII rechazaba la lucha de clases del socialismo marxista, pero también defendía los derechos de los trabajadores frente a la explotación industrial; reconocía el derecho a la propiedad privada, pero también la función social de la riqueza, afirmando de manera explícita que “la riqueza no debe estar exclusivamente en manos de unos pocos”. 

Después de la revolución rusa, la iglesia se enfoca en frenar el materialismo ateo del comunismo soviético, pero no deja de reconocer los excesos y abusos del sistema capitalista, criticándolos ambos como lo hace Pio XI en su encíclica Quadragesimo Anno (1931). Escrita en medio de la crisis económica y social de la gran depresión, también hace un llamado a una reforma estructural de la economía para que esté al servicio del bien común.

Con el final de la era del colonialismo imperialista después de la segunda guerra mundial, Juan XXIII y Pablo VI se salen un poco de la dicotomía capitalismo-socialismo para introducir en el debate económico los temas de los derechos humanos y la paz, denunciar las grandes desigualdades entre países pobres y ricos y abogar por una economía internacional más justa. El “desarrollo es el nuevo nombre de la paz” es el mensaje central de Pablo VI en la encíclica Populorum Progressio (1967).

En América Latina surge, después del Concilio Vaticano II y de la revolución cubana, la llamada Teología de la Liberación que es una interpretación del evangelio desde los pobres y oprimidos, y plantea la necesidad de un compromiso de la iglesia en la lucha por la justicia, contra la pobreza y la opresión. En su cruzada contra el comunismo, Juan Pablo II persiguió a los promotores de esta teología, respaldando a las corrientes más conservadoras de la Iglesia. 

La economía de Francisco (de Asís) 

Superada en el mundo la guerra fría entre capitalismo y comunismo, el papa Francisco retomó la crítica al sistema económico imperante y el enfoque de la opción preferencial por los pobres. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium (2013) va más allá de la denuncia de la situación de los pobres para criticar las causas estructurales de la pobreza y el sistema económico que excluye y margina a millones de personas. Afirma sin ambages que la actual es una “economía que mata” al referirse a una economía que margina a los pobres y celebra los beneficios financieros por encima de la vida humana, y condenó la “cultura del descarte”, donde los vulnerables son tratados como desechables.

A partir de esa visión de una economía que respete la dignidad de todos y tenga la vida humana como su objetivo central, Francisco rechaza uno de los dogmas centrales del neoliberalismo, la creencia de que el crecimiento per se beneficia automáticamente a los pobres: “Algunos todavía defienden teorías del ‘derrame’, que suponen que todo crecimiento económico, favorecido por la libertad de mercado, logra provocar por sí mismo mayor equidad e inclusión social en el mundo. Esta opinión, que jamás ha sido confirmada por los hechos, expresa una confianza burda e ingenua en la bondad de quienes detentan el poder económico.”

De otra parte, en su encíclica Laudato Si (2015) sobre el cuidado de la casa común, introdujo el concepto de ecología integral, donde la crisis ambiental y la crisis social son inseparables, pues los más pobres son los primeros en sufrir las consecuencias de la destrucción del medio ambiente. Promovió modelos económicos que respeten los límites del planeta y garanticen condiciones de vida dignas para todos. Insistió en la interdependencia entre los seres humanos y la naturaleza, proponiendo una conversión ecológica y un nuevo paradigma económico basado en el bien común.

Pero Francisco no se quedó en la crítica, sino que promovió la construcción de una economía al servicio del ser humano de la tierra y de la paz. Para ello en 2019 lanzó la iniciativa de la “Economía de Francisco”, que no se refiere a su idea personal, sino a incluir en el debate económico los principios y valores de Francisco de Asís como una alternativa radical al consumismo, la acumulación y el individualismo económico. 

Se trata de una convocatoria dirigida a jóvenes economistas, emprendedores y agentes de cambio con el objetivo de repensar la economía mundial desde una perspectiva ética, solidaria con los más pobres, ecológica y espiritual, a “estudiar y practicar una economía diferente, la que hace vivir y no mata, que incluye y no excluye, que humaniza y no deshumaniza, que cuida la creación y no la depreda”.

Ya se han realizado tres encuentros internacionales que han plasmado sus principios en el Pacto de Asís y otros documentos semilla. Ya cuenta con un comité académico y el año pasado se constituyó la Fundación Economía de Francisco que trabajará en tres grandes áreas de intervención: la investigación-estudio, la empresa-innovación y la educación-cultura. 

Ojalá el nuevo Papa continúe con este legado de los dos Franciscos.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

3 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

Cuando fue elegido el Papa Francisco, primer latinoamericano y jesuita en llegar al papado, escribí una columna señalando el dilema que enfrentaría el nuevo Papa ante las dos iglesias que cohabitan en el catolicismo. Esas dos iglesias siguen existiendo, pero no hay duda de que Francisco señaló el camino para cambios importantes. Ahora la pregunta es si el nuevo Papa que elija el cónclave cardenalicio continuará con el legado de Francisco. Decía así:

Las dos iglesias 

“Una es la iglesia de los cardenales, esos señores que se pasean con ostentosos vestidos rojos de príncipes del Renacimiento, que celebran pomposos rituales con ornamentos bordados con hilos de oro y plata, con mitras como coronas de señores feudales, con báculos llenos de piedras preciosas que no sirven para pastorear el rebaño sino para golpear a quienes los cuestionan, con costosas cruces y anillos de oro que los fieles deben besar en señal de pleitesía. 

Otra es la Iglesia de los sacerdotes de las barriadas y los pueblos, con solo un cuello blanco o una cruz de madera para identificarse como testigos de Jesús, el Cristo, con tenis o botas pantaneras para andar entre la tierra y el barro en que viven sus comunidades, que comparten la eucaristía con sus hermanos con una simple casulla blanca y una estola, que viven en las mismas casas de sus vecinos y no en palacetes custodiados.

Una es la iglesia de las majestuosas catedrales llenas de estatuas de mármol, valiosas pinturas y sacristías que albergan tesoros de custodias, crucifijos y otros relicarios de oro y piedras preciosas; templos donde hay que pagar para entrar y donde si Cristo entrara hoy sería para sacar a los mercaderes que han convertido su “casa de oración en cueva de bandidos” (Mateo, 21,13).

Otra es la Iglesia de las capillas parroquiales con paredes descascaradas, de las colectas periódicas para reparar las goteras, de las que sirven de albergue a desplazados sin hogar, de los salones comunales del barrio que con una simple mesa y un crucifijo se convierten en el sitio donde la comunidad comparte la Palabra y el cuerpo de Cristo.

Una es la iglesia machista y misógina, que ha demonizado el cuerpo de la mujer, pero al mismo tiempo quiere tenerlo bajo su total control, que niega a sus sacerdotes la posibilidad de tener una compañera legal y niega a las mujeres la dignidad de ser sacerdotes, que califica de enfermos a los homosexuales y los discrimina.

Otra es la Iglesia de María y María Magdalena, de todas las monjas que por amor a Cristo han tomado en serio aquello de la opción preferencial por los pobres y en los tugurios, las favelas y las comunas, comparten con ellos sus vidas sembrando esperanza.

Una es la iglesia que desde Constantino se convirtió en poder terrenal, que “entroniza” como monarca vitalicio al sucesor de Pedro, el humilde pescador de Galilea, en una ceremonia con toda la pompa y el boato de la posesión de un jefe de estado con la asistencia de todos los poderes terrenales.

Otra es la Iglesia que el domingo de Ramos recuerda la “entronización” de Jesús montado en un burro y festejado por los pobres de la tierra con humildes ramos de palma.”

El legado de Francisco

Trece años después las dos iglesias siguen coexistiendo, pero no hay duda de que, a pesar de la oposición de los conservadores, Francisco se la jugó a fondo por una iglesia de las periferias, aquella que debe optar por “los más pobres, los más débiles, los más pequeños”. Sus palabras fueron contundentes: “Cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumento de Dios para la liberación y promoción de los pobres”.

Pero también fueron contundentes sus ejemplos, su vida austera sin lujos ni ostentaciones, hasta en su lugar de reposo final; su apoyo a los luchadores por la igualdad y sus exhortaciones a combatir las casusas estructurales que generan y perpetúan la pobreza, su visita a Lampedusa para consolar a los inmigrantes y orar por los miles de muertos en su intento de cruzar el Mediterráneo, que reforzaba su llamado a construir puentes y no muros.

La de Francisco es una Iglesia de misericordia donde todos son bienvenidos, que abrió sus puertas a los divorciados y a los homosexuales, que permitió un poco más de participación de las mujeres en el manejo de la iglesia, que se acercó a otras creencias y religiones y que sentenció que es mejor ser ateo que cristiano que va a la iglesia pero odia a quienes son diferentes.

La iglesia de Francisco es aquella que proclama con sus palabras y sus actos la esperanza y la alegría del evangelio. “No dejen que les roben la esperanza, que les roben la alegría” les dijo a los jóvenes colombianos en esa histórica visita al país, donde también mostró su compromiso total con la búsqueda de la paz. 

Es la iglesia que debe retomar el ejemplo del poverello de Asís y comprometerse con el cuidado de la casa común, pero sabiendo que la crisis ambiental es un drama inseparable de la injusticia social, puesto que los más pobres son los primeros en sufrir las consecuencias de esta crisis. Para Francisco ser responsables con el cuidado del planeta, implica también cuidar a los más frágiles de la sociedad.

No se puede desconocer que, así como esa visión de Francisco ha entusiasmado a muchos, también ha sido motivo de escándalo y rechazo de los sectores más tradicionalistas y ortodoxos del catolicismo que todavía añoran la iglesia anterior al Concilio Vaticano II, y que calificaron a Francisco como un comunista infiltrado que quería destruirla.

¿Cuál de las dos iglesias prevalecerá? El gran interrogante es si el nuevo Papa continuará el legado reformista de Francisco, si mantendrá su crítica al capitalismo desenfrenado, o si resurgirán los poderes oscuros de la curia romana que Francisco trató de controlar, si avanzará más en temas como el de la ordenación de mujeres, el celibato sacerdotal o la eutanasia. Ojalá del cónclave cardenalicio, con todo su ritual pomposo, salga el humo banco de una iglesia fiel al evangelio de Jesús.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

5 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

¿Por qué es malo que haya billonarios en el mundo? Es la pegunta que me hizo un paciente lector a raíz de la lista del club de billonarios que comenté la semana pasada. ¿Qué daño hacen esas personas que han amasado inmensas fortunas, creando empleo y desarrollando innovaciones tecnológicas?

El problema no es que haya billonarios, sino que sean muy pocos y que concentren una tajada tan grande de la riqueza mundial (los 3 023 billonarios que hay en el mundo hoy, poseen tanta riqueza como 4 800 millones de personas). En otras palabras, el problema es la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza.

Desigualdad y crecimiento económico 

La relación entre crecimiento económico y desigualdad fue uno de los debates más intensos en los círculos académicos hace muchos años. Durante un tiempo predominó la teoría de que para crecer había que permitir una mayor concentración de la riqueza en manos de los capitalistas, porque éstos eran los que iban a invertir. En Colombia esta doctrina se conoció con el nombre de “desarrollismo”, claro precursor del neoliberalismo actual, y su exponente más claro fue Alvaro Gómez. Su postulado central era que primero había que crecer la torta para luego repartirla.

La experiencia de muchos países y la misma teoría económica ha demostrado que es una concepción equivocada, utilizada por la derecha para aplazar y diferir las transformaciones sociales. Las consecuencias negativas de la desigualdad sobre la economía y el crecimiento son bien conocidas y han sido muy analizadas, sobre todo en las dos últimas décadas. Los trabajos de economistas como J. Stiglitz o T. Piketty, para no citar sino dos de los muchos que han contribuido al debate, han propiciado un amplio consenso entre los economistas en reconocer que la concentración del ingreso y la riqueza son un obstáculo para el crecimiento económico.

Son un obstáculo porque limitan la competencia y la entrada de nuevas empresas, porque no permiten el desarrollo del mercado interno y cortan una importante fuente de expansión de la demanda; porque reducen la tasa de ahorro y la inversión en capital humano; porque limitan las posibilidades de capacitación de los pobres, perpetuando la desigualdad de oportunidades, porque restringen el aumento de la productividad; porque producen tensiones sociales que propician la violencia y la inseguridad que espantan a los inversionistas.

La gran crisis financiera de 2008 llevó a las calles el debate sobre la concentración de la riqueza en el 1% más rico de la sociedad y propagó un movimiento de indignados alrededor del mundo.  Lo paradójico es que se ha demostrado que una de las causas de esa gran crisis financiera fue precisamente la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos y en el acceso a la educación y la salud en los Estados Unidos.

La captura del estado por los billonarios 

En el campo de la política, también es amplio el consenso sobre el daño que hace al funcionamiento del sistema democrático esta concentración del poder económico. John Rawls, el gran filósofo del liberalismo político del siglo pasado, lo resumió así: “Aunque pueda parecer que los derechos y las libertades básicos de los ciudadanos son iguales -todos tiene derecho a votar, a optar a cargos públicos, a participar en la política partidaria… las desigualdades sociales y económicas son tan grandes que los que tienen mayor riqueza normalmente controlan la vida política, promulgan las leyes y aplican políticas sociales que promueven sus intereses”.

El problema con los billonarios es que después de consolidar sus enormes fortunas buscan extender su poder al ámbito político: financian campañas electorales, controlan los medios de comunicación y ahora las redes sociales, de manera que ejercen presión sobre los gobiernos y los congresos, o participan directamente en ellos, asegurando que las políticas económicas favorezcan sus intereses particulares en contra del bien común.

Ejemplos de esta captura del Estado, que se ha hecho más extendida desde las últimas décadas del siglo pasado, son las políticas adoptadas en muchos países de reducción de impuestos, privatización de servicios públicos, desregulación de industrias contaminantes o financieras, o flexibilización laboral. Peor aún, cuando algunos billonarios obtienen que sus industrias queden exentas de medidas generales, como es el caso de los aranceles a teléfonos y computadores importados de China.

La consecuencia no solo es la erosión del sistema democrático y de su principio básico de cada persona un voto sino, más grave aún, la deslegitimación de la misma democracia: cuando los ciudadanos perciben que la política es controlada por los megarricos, cuando se hace evidente que en estas democracias todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, crece la apatía política y pierden credibilidad las instituciones. Es el terreno propicio para el surgimiento de populismos y caudillos autocráticos, pero también se producen explosiones de protesta social que ponen en peligro la democracia. 

La mayor participación de los billonarios en la política se está dando en el actual gobierno de los Estados Unidos, por el gran número que está participando directamente en posiciones claves en la administración, por la forma como ha puesto los medios y redes de su propiedad al servicio del gobierno y por la orientación que está dando a las políticas públicas. Esos billonarios son una amenaza para la democracia.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

0 comentario
0 Linkedin
Download PDF

Para los economistas, el fenómeno de la “ilusión monetaria” es la tendencia de las personas a confundir un aumento en la cantidad de dinero disponible, con un aumento real de la capacidad de comprar más bienes y servicios, sin tener en cuenta el aumento de los precios que reduce el poder adquisitivo del dinero. La gente tiene más plata, pero no le alcanza para comprar más cosas.

Dos objetivos importantes de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), aprobada el año pasado, son fortalecer la autonomía territorial en la asignación del gasto para atender las prioridades y necesidades de cada región, y redistribuir los recursos del SGP a favor de las regiones más pobres para cerrar las grandes brechas y desigualdades que hoy existen en el país.

Sin embargo, es muy probable que los mandatarios locales y los congresistas que representan intereses regionales (es decir casi todos) estén sufriendo de un fenómeno parecido a la ilusión monetaria, pues hacen cuentas alegres con la mayor cantidad de recursos que van a recibir, sin tener en cuenta que van a tener igual cantidad de nuevas obligaciones que atender. Además, porque redistribución significa dar más a unos y quitar a otros. 

Más recursos, pero más obligaciones 

La expectativa con la mayor autonomía territorial es que cada departamento y municipio tenga más recursos de libre destinación que pueda gastar de manera discrecional, sin tener que limitarse por asignaciones determinadas por el gobierno central. Objetivo muy deseable, pero por ahora es solo una ilusión y si  la ley de competencias que debe presentar el gobierno este año cumple con la constitución, va a generar una gran desilusión. 

No hay duda de que la reforma va a transferir mucha plata a departamentos y municipios, pues en 12 años el monto del SGP pasaría del 25% al 39.5% de los ingresos corrientes de la Nación. En pesos de hoy, en un año las regiones pasarían de recibir $73 billones a $113 billones. Todos los mandatarios locales ya deben estar pensando en que van a invertir y gastar esos $40 billones adicionales cada año, que equivalen a la mitad de todo el presupuesto de inversión del gobierno.

La desilusión va a llegar cuando se presente la Ley de Competencias que debe redistribuir las obligaciones de gasto entre la Nación y los entes territoriales, pues la reforma estableció dos condiciones que limitan la discrecionalidad del gasto de los nuevos recursos que recibirán las regiones.

La primera es que en la distribución de competencias “no se podrán asignar recursos a las entidades beneficiarias del SGP sin la previa descentralización de competencias”, y que en cada ley de presupuesto anual se deberán “reflejar los gastos que dejarán de ser competencia de la Nación y que serán transferidos a las entidades beneficiarias del SGP”. En otras palabras, que los recursos nuevos que reciban las regiones se deben destinar a cubrir gastos y competencias que hoy corresponden al gobierno central. No habrá más plata de libre destinación, pues es un juego de suma cero: lo que recibe uno, lo deja de gastar otro.

La segunda es que este traslado de recursos y competencias se debe hacer “de manera gradual, simultánea y equivalente, de modo tal que no comprometa el marco constitucional de la sostenibilidad fiscal del Estado y sea compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y la Regla Fiscal.” Esto significa que no se podrá aumentar la deuda pública ni el déficit del gobierno central para trasladar más recursos a las regiones.

Ganadores y perdedores con la redistribución 

Además de la desilusión, es seguro que se va a presentar un conflicto difícil de resolver entre las distintas regiones cuando se definan, en la Ley de Competencias, los criterios de distribución territorial de los recursos, para lograr que las regiones más atrasadas y pobres tengan más recursos para atender las necesidades de su población, que es uno de los objetivos de las reformas.

Son evidentes las grandes desigualdades que existen entre las regiones. En el promedio del país, la población en situación de pobreza multidimensional (es decir que no tiene acceso a  los bienes y servicios básicos) es el 12.1%, pero en el Vichada es 2l.65%, en Vaupés y Guainía supera el 50% y en la Guajira es del 42%. En el otro extremo, en Bogotá es solo el 3.6%, y en Santander, Antioquia, Caldas o el Valle es inferior al 10%. Es imperativo cerrar esas brechas.

Una primera dificultad para hacerlo es que el problema no se soluciona únicamente con más plata. Desde que se estableció el SGP las regiones más pobres han recibido más plata por cada uno de sus habitantes que el resto del país. Las columnas verdes de la gráfica nos muestran cómo se distribuyeron el año pasado los recursos del SGP per cápita por departamentos, y es evidente que los más pobres reciben más.

En efecto, mientras que el promedio nacional es de $1.3 millones por habitante, y en los departamentos más ricos reciben incluso menos, con un mínimo de $0.7 millones en Bogotá, en Guainía y Vaupés sus habitantes reciben más de 3 veces el promedio nacional, y en Amazonas, Chocó, Vichada y Guaviare, más de dos veces. Así ha sido por años y, sin embargo, siguen siendo los de menor rendimiento en educación, los de peor servicio de salud, los de menor cubrimiento de acueducto y alcantarillado, es decir los más marginados del país.

La línea azul del gráfico brinda otra información importante, que es la distribución del SGP ya no per cápita, sino del total de los recursos. Con excepción de la Guajira, los departamentos más pobres reciben menos del 2% del total del SGP, mientras que Antioquia recibe el 10.9%, Bogotá el 8%, y Valle, Cundinamarca y Atlántico más del 5%. En principio, habría espacio para redistribuir y destinar más recursos para cerrar las brechas.

El conflicto surge porque, de nuevo es un juego de suma cero: la torta para distribuir (en términos de recursos nuevos de libre disponibilidad) no va a crecer, de manera que para que departamentos como Vichada, Vaupés, Guainía o la Guajira tengan más recursos que las competencias nuevas que les asignen, otros departamentos deben aceptar que les disminuyan los de ellos, es decir que les asignen más nuevas competencias que recursos. ¿Los congresistas de Antioquia, Bogotá o el Valle van a aceptar esa disminución?

Difícil tares de quienes tienen que preparar el texto de la Ley de Competencias para que, como exige la Constitución, esta respete la regla fiscal, es decir que no aumente la deuda del gobierno central para pasarle plata a las regiones. Y difícil la tarea del gobierno para que en un Congreso donde hay tantos intereses regionales, se supere la ilusión monetaria y se apruebe una redistribución de recursos donde unos van a ganar y otros a perder. Más difícil aún en un año electoral.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

1 comentario
0 Linkedin
Download PDF

“Tras las recientes elecciones en Estados Unidos, proliferan los miedos y las ansiedades. Se da la percepción de que las libertades civiles básicas están en peligro, junto con muchos de los derechos conquistados por las mujeres a lo largo de las últimas décadas. Es un clima de división, en el que parece estar al alza el odio contra muchos grupos, al tiempo que los extremistas de toda denominación manifiestan su desprecio a las instituciones democráticas”.

Margaret Atwood, Introducción a El cuento de la criada, 2017 

¿Por qué la animadversión de Trump contra Canadá?  ¿Por qué se le iluminan los ojos cuando afirma que va a anexar ese país y convertirlo en el Estado 51 de la Unión? ¿Por qué la cara de satisfacción que se le ve al referirse al primer ministro Trudeau como “gobernador”, como si ya lo hubiera anexado? ¿Por qué el empeño de agredirla económicamente con aranceles a los productos que Canadá le vende, aunque cause más daño en su propio país?

Doctores y psicólogos tienen las universidades gringas que podrán intentar respuestas científicas a estas preguntas, pero en el terreno de las novelas puede uno imaginar explicaciones que pueden ser ciertas por aquello de que, no solo en Macondo, la ficción supera a la realidad.

La distopía de Gilead

La República de Gilead es el país distópico creado por la escritora canadiense Margaret Atwood en sus novelas El cuento de la criada y Los Testamentos. En estos relatos, paramilitares de extrema derecha han convertido a Estados Unidos en un estado totalitario, después de derrocar al gobierno democrático, tomarse a la fuerza el Congreso y la Casa Blanca y asesinar al presidente y a los congresistas que se les oponían. 

En el régimen de Gilead, controlado por fundamentalistas religiosos, machistas y patriarcales, las mujeres no pueden trabajar, ni tener ninguna propiedad, ni dinero; no pueden leer, so pena de que les amputen las manos; no tienen ningún derecho, ni siquiera sobre su propio cuerpo y deben estar sometidas a sus maridos porque así lo dice San Pablo en su Epístola a los Corintios. Las mujeres fértiles son convertidas en esclavas sexuales de los poderosos comandantes que tienen el poder y los homosexuales son ejecutados o mandados a campos de concentración.

En Gilead la interpretación extremista de la Biblia es utilizada para justificar la opresión; no hay derechos humanos, ni libertades individuales; el control sobre la población y la represión son totales. Las universidades han sido clausuradas, lo mismo que la prensa independiente; la única fuente de información es la propaganda oficial.

Todo esto no es imaginación de la escritora, quien dice que todas las atrocidades que describe han ocurrido alguna vez en la historia de la humanidad; lo único que ella hizo fue ponerlas todas juntas en un solo país. Escrita en 1985, la autora podía tener en mente a los ayatolas de Irán o a los talibanes de Afganistán, pero en el prólogo a la edición de 2017, citado al comienzo, confiesa su temor de que con la elección de Trump puedan empezar a darse estos excesos totalitarios en Estados Unidos. Resultó profética, porque solo era el primer período de Trump.

La respuesta de Canadá 

¿Y Canadá? En la novela, ese país es la antítesis de Gilead y su enemigo: una sociedad democrática y abierta que se convierte en el refugio de los miles que quieren escapar de la opresión, la represión y el terror. En la serie de televisión basada en la novela es, además, la base de la resistencia y de los que luchan por derrocar el régimen totalitario. Por eso los comandantes de Gilead la odian y le temen.

No sé si Trump haya leído la novela, o se la hayan contado, pero es claro que, volviendo a la realidad, para su MAGA oligárquica, machista, racista y sexista, Canadá ofrece un contraste radical con su apertura democrática y su estado de bienestar; su sistema de salud es parecido al Obamacare que tanto detestan los republicanos; es total su respeto a los inmigrantes y a los pueblos nativos, lo mismo que a la libertad de prensa y a su compromiso con el multilateralismo.

Pero más allá de la confrontación ideológica, también está la venganza personal, porque Trump no le perdona a Trudeau que en el 2018 se le hubiera enfrentado cuando por primera vez quiso imponer aranceles a Canadá. Y, por supuesto, la ambición imperialista de extender el territorio y emular a Teodoro Roosevelt para poder decir I took Canada. Todo justificado con mentiras, como afirmar que Canadá es una amenaza porque es la ruta para el ingreso del fentanilo y de miles de migrantes.

La respuesta de Canadá ha sido fuerte e inmediata. El gobierno impuso aranceles retaliatorios a las importaciones estadounidenses, amenazó con subir 25% el precio de la energía que le vende y está pensando pedir la afiliación a la Unión Europea. También los ciudadanos han trinado con un fervor nacionalista inesperado, que ha llegado hasta boicotear los productos norteamericanos en los supermercados. 

No hay mal que por bien no venga: antes de las amenazas de Trump el partido conservador era el favorito para ganar las próximas elecciones, pero su candidato es un populista de derecha, admirador de las políticas de Trump, que ahora se ha desplomado en las encuestas resucitando las esperanzas de los liberales de mantenerse en el poder con el reemplazo de Trudeau, Mark Carney. 

El discurso de victoria de Carney en las elecciones internas del partido liberal es una pieza magistral que vale la pena leer. “Estados Unidos no es Canadá. Y Canadá nunca, nunca, será parte de Estados Unidos de ninguna manera, forma o figura”, afirmó, para concluir en tono irónico: “En la guerra comercial, lo mismo que en el hockey, Canadá ganará”. En la novela Gilead desaparece y resurge la democracia.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

4 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

La Transición Energética (TE) no se trata solo de cambiar las fuentes de la producción de energía; se trata de rediseñar toda la economía global, para modificar los patrones de la demanda de energía, encontrar las fuentes de financiamiento para llevarlo a cabo y resolver los problemas tecnológicos que hacen ambivalente su impacto sobre los ecosistemas. Las políticas de Trump harán mucho más difícil este proceso.

La TE es una necesidad urgente e inaplazable, pero en ella no hay almuerzo gratis. Reemplazar la producción de energía a partir de carbón, petróleo y gas por fuentes de energía no convencionales y renovables (FNCER), como el sol, el viento y la biomasa, es imperativo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero y evitar la crisis del calentamiento global, pero el camino para lograrlo está atravesado por varias paradojas y contradicciones difíciles de resolver. Veamos tres de ellas.

ADICIÓN ENERGÉTICA Y NO TRANSICIÓN 

La primera, el aumento de uso de las FNCER, no garantiza que se disminuya el uso de hidrocarburos, ni la emisión de gases invernadero. 

El año pasado la producción mundial de energías solar y eólica creció 10%, y su participación en la matriz energética representa hoy cerca del 15% de todas las fuentes de energía. El pronóstico es optimista y se espera que se duplique en las próximas dos décadas. Sin embargo, al mismo tiempo aumentó el uso de petróleo, gas y carbón, y los dos primeros continuarán creciendo por otros 20 años. A pesar de todos los discursos contra el calentamiento global, las emisiones de CO2  aumentaron 1 % el año pasado

La razón es muy sencilla: la demanda de energía sigue aumentando. Según la International Energy Agency(IEA), solo la demanda mundial de electricidad creció 4.3 % en 2024 y se espera que siga creciendo a la misma velocidad los próximos 3 años, aunque en China e India crecerá por encima de 6 % anual[1]. Esto significa que el aumento del uso de la electricidad hasta 2027 será el equivalente a lo que hoy consume un país como el Japón.

Son varios los factores que explican el gran aumento de la demanda energética: entre otros, el crecimiento de la población, el desarrollo de la electrificación en países y regiones que están disminuyendo la pobreza, el aumento de los vehículos eléctricos o el enorme uso de energía por centros de cómputo.

En consecuencia, toda la enorme inversión en FNCER no ha dado ni dará abasto para satisfacer esa demanda, de manera que seguirán necesitándose más hidrocarburos. Por eso, los expertos ya no hablan de una TE en la que se sustituyan fuentes de energía, sino de una “adición de energías”, que es lo mismo que ha sucedido en el pasado con otras sustituciones de energía. El carbón empezó a reemplazar a la madera como fuente de energía a principios del siglo XVII, pero solo superó el uso de la biomasa dos siglos después. Lo mismo el petróleo, que se demoró 150 años en superar al carbón como principal combustible.[2]

PRODUCIR MÁS PETRÓLEO PARA CONSUMIR MENOS PETRÓLEO

Segunda paradoja: la TE es muy costosa y países como Colombia necesitan producir más petróleo y gas para consumir menos petróleo y mitigar los efectos del cambio climático. En la COP 29 se presentó un informe que estima que las necesidades de inversión en FNCER son del orden de 4.5 billones dólares por año, es decir el 4 % del PIB mundial, de los cuales 1.5 billones corresponden a los países en desarrollo.[3]

En Colombia a la TE hay que agregarle el adjetivo justa, de manera que las necesidades de inversión no son solo en proyectos eólicos y solares, sino en las líneas de transmisión y distribución para proveer electricidad o gas a los millones de compatriotas que hoy no la tienen. ¿Dónde puede obtener Colombia los billonarios recursos que debe invertir?

Importantes fuentes de recursos que hoy se tienen y que no pueden desaprovecharse son el petróleo, el gas y el carbón. Mientras en el mundo haya demanda por hidrocarburos ‒que seguirá creciendo‒ tenemos que seguir produciendo y vendiendo esos hidrocarburos. Colombia solo produce 0.7 % del petróleo mundial, de manera que dejar de extraerlo no contribuye a frenar el calentamiento global y solo nos perjudica a nosotros, porque la demanda no va a disminuir; con solo abrir un poco la llave, cualquier país de la OPEC, o los nuevos yacimientos de Guyana o Brasil, reemplazarán en un parpadeo los 700 000 barriles diarios que producimos.

Dañar los ecosistemas para protegerlos 

La tercera, hacer la TE para conjurar la crisis ambiental tiene un costo ambiental: producir energía con FNCER para evitar el calentamiento global implica afectar la naturaleza y los ecosistemas. 

Las energías limpias necesitan enormes cantidades de minerales como cobre, litio, cobalto, níquel o grafito. Estos minerales son componentes esenciales de las tecnologías y los procesos para producir o usar FNCER, tales como las turbinas eólicas, las baterías de los carros eléctricos y las redes de abastecimiento de estos vehículos. 

Según la IEA la demanda por litio creció 30 % el último año, y la de níquel, cobalto y grafito alrededor de 25 %. Se espera que el valor de la producción de estos metales pase de USD 325 000 millones a 770 000 en la próxima década.[4] Solo en el caso del cobre se espera que en la próxima década debe duplicarse la producción. 

Obtener estos minerales implica mucha más actividad minera. ¿De dónde van a extraerse estos minerales? La minería emite menos gases de calentamiento que los hidrocarburos, pero su extracción afecta mucho más los ecosistemas que la producción de petróleo o gas, y por eso genera protestas y movimientos sociales contra la minería. Las protestas de los ambientalistas obligaron a cerra la mayor mina de cobre en Panamá.

En Colombia habría que añadir el obstáculo que representa la necesidad de contar con licencias sociales que han frenado proyectos como la línea conectora que debía sacar la energía limpia producida en la Guajira, o cerrado otros como los parques eólicos que se planeaban hacer en ese departamento. 

Si ninguna comunidad acepta que en su territorio se generen energías limpias, o si no se reconoce que generarlas no es neutro con la naturaleza, la TE será imposible.

*          *          *

ADENDA: Continúan los ataques a la libertad de prensa. Trump prohíbe la entrada a sus ruedas de prensa a periodistas que cuestionen sus alcaldadas, pero deja entrar a los periodistas de Putin. Bezos, el dueño de Amazon y de The Washington Post prohíbe que en su periódico se publiquen columnas de opinión que critiquen la ideología de presidente. ¿A dónde llegaremos?


Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

[1]https://www.iea.org/reports/electricity-2025

[2] https://www.foreignaffairs.com/united-states/troubled-energy-transition-yergin-orszag-arya

[3]Toda la inversión necesaria para mitigar el cambio climático se estima em USD 6 billones anuales. https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2024/11/Raising-ambition-and-accelerating-delivery-of-climate-finance_Third-IHLEG-report.pdf

[4] https://www.iea.org/energy-system/industry/critical-minerals

0 comentario
1 Linkedin
Download PDF

Las aplicaciones de la Inteligencia Artificial y la automatización robótica cada vez son más capaces de reemplazar muchas actividades realizadas por hombres y mujeres y, con frecuencia, con mayor seguridad  y eficiencia. ¿Cómo va a afectar este cambio tecnológico el mercado laboral?, ¿Los trabajadores desplazados encontrarán otras oportunidades de empleo? ¿Cuáles serán las consecuencias para el orden social?

Estas y similares preguntas están a la orden del día en el mundo entero. Fueron uno de los temas centrales del reciente World Ecnomic Forum (WEF) celebrado en Davos en enero, donde se presentó la quinta versión del “Informe sobre el Futuro de los Empleos-2025”. Allí se analizan las tendencias tecnológicas, económicas y sociales que destruirán empleos pero que también crearán nuevas oportunidades de trabajo.  

El Informe es valioso porque recoge las opiniones de más de 1 000 empleadores líderes que representan a más de 14 millones de trabajadores en 22 sectores industriales y 55 economías en todo el mundo. Para los encuestados los principales factores que en los próximos 5 años van a transformar el mercado laboral global son el cambio tecnológico, la transición energética, la incertidumbre económica, la fragmentación geopolítica y los cambios demográficos. 

Máquinas que reemplazan trabajo humano

Los empleos tradicionales están siendo desplazados por dos tendencias cada vez más extendidas: una es la automatización de los procesos productivos con la utilización de máquinas y robots capaces de realizar con más velocidad y seguridad las tareas mecánicas y repetitivas que hacían los trabajadores. La otra son los algoritmos de la Inteligencia Artificial aplicados a procesos más analíticos y capaces de generar contenidos y productos que se pensaba eran solo posibles para el cerebro humano.

Pero las máquinas y los algoritmos no solo están desplazando trabajadores, sino que también complementan el trabajo humano, de manera que están cambiando la forma como las personas ejecutan sus tareas con la ayuda de robots o Inteligencia Artificial. Por eso se dice que la tecnología está moviendo la frontera de la relación humanos/máquinas.

Los encuestados para el Informe estiman que en la actualidad, el 47% de los trabajos son realizados por hombres y mujeres; el 30% por trabajadores ayudados por máquinas y el restante 22% por máquinas algoritmos. Se espera que en los próximos 5 años las actividades de la tecnología incrementen su participación hasta un 34%, mientras que el trabajo humano la disminuirá hasta 33%. El trabajo colaborativo solo aumentará su participación en 3%. (Ver gráfico siguiente).

Interesante anotar que las cifras del informe para Colombia son muy similares en lo referido a la situación actual, pero en las proyecciones para el 2030 se espera una mayor participación (37%) de los trabajos realizados por máquinas y algoritmos.  

A pesar de todo, crecerá el empleo

A pesar de los avances tecnológicos, la quinta versión del informe es optimista respecto del futuro del empleo, pues espera que para el 2030 habrá 78 millones de nuevos puestos de trabajo (un incremento del 7% en el número de trabajadores), como resultado de la creación de 170 millones de empleos y la destrucción de 92 millones. Por el contrario, en el Informe de 2023 se pronosticaba que en un lapso de cinco años serían más los empleos que desaparecerían (83 millones) que los que se crearían (69 millones), es decir una caída de 2% al nivel de empleo global.

La razón del optimismo es pesimista, pues parte de la mayor demanda de trabajadores será para mitigar las consecuencias del cambio climático, para el cuidado de una población envejecida y para aumentar la ciberseguridad en un mundo polarizado.

Por supuesto hay grandes diferencias sectoriales. Entre las ocupaciones que van a crecer más están los empleos en primera línea, sorprendiendo el crecimiento esperado de unos 35 millones de nuevos empleos agrícolas; también deben crecer, pero en menor proporción, los conductores y repartidores de mercancías, los obreros de la construcción, y las profesiones relacionadas con la atención y bienestar, como enfermeros y cuidadores personales.

También habrá más demanda de especialistas en manejo de datos, especialistas en inteligencia artificial y desarrolladores de software, así como trabajos vinculados con la transición energética y ecológica, como especialistas en vehículos eléctricos, ingenieros ambientales e ingenieros en energías renovables.

Por el contrario, hay sectores y actividades donde se perderán muchos empleos. Los más críticos son los cajeros de banco donde desaparecen unos 12 millones de empleos, y los de trabajos administrativos y de oficina, como auxiliares administrativos y secretarios ejecutivos, así como puestos en negocios de impresión, servicios postales, y los digitadores de datos.

Este nuevo mercado laboral requiere trabajadores con diferentes habilidades. Se estima que el 39% de las habilidades actuales de los trabajadores cambiará o quedará obsoleto entre 2025 y 2030. Para la sociedad, el sistema educativo y las empresas, es enorme el reto de capacitación y adaptación para responder al trabajo del futuro.

*       *       *

ADENDA: El Departamento de Estado de EE.UU ordenó a todos sus empleados y embajadas cancelar las suscripciones de “publicaciones que no son académicas ni profesionales”. En la lista negra están medios críticos del gobierno como the Economist, the New York Times, Político, Bloomberg News, The Associated Press y Reuters. ¿Vendrá después la prohibición de circular a estos medios? ¿Y después la quema de libros?.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

1 comentario
0 Linkedin
Download PDF

Lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento es un intento de autogolpe de Estado, cuando un líder legítimamente elegido utiliza su posición para tomar el control total, eliminando las restricciones legales y constitucionales a su poder” (Paul Krugman).

Esta contundente afirmación del premio Nobel de economía puede parecernos alarmista, más aún porque él también dice que en su país se está implantando una dictadura, pero no es una opinión aislada, sino que hay muchas voces autorizadas que están alertando sobre la misma tendencia.

Otros académicos y columnistas de opinión en medios como el New York Times, el Washington Post o The Atlantic, comparten la misma preocupación y coinciden en afirmar que en EE.UU. se está gestando una grave crisis constitucional por el debilitamiento de la separación de poderes. Esta tendencia cada vez cobra más fuerza en el mundo. 

El avance de las fuerzas antidemocráticas

Con los avances electorales de partidos de extrema derecha en algunos países de Europa empezaron a surgir voces que alertaban sobre las amenazas a la democracia liberal; sin embargo, se trataba de movimientos minoritarios o que solo alcanzaron el poder en países pequeños como Polonia o Hungría. El recuerdo de las atrocidades de Hitler y los nazis todavía generaba rechazo en la mayoría de la población.

Sin embargo, la tendencia siguió creciendo y en Alemania y Francia ya la extrema derecha y los neonazis son una fuerza electoral que está cerca de llegar al poder, como ya lo logró en la Italia de Meloni. Lo más preocupante es que en el país que era el bastión de la democracia occidental, los Estados Unidos, se está instaurando un gobierno antidemocrático, lo mismo que en las otras dos grandes potencias mundiales, China y Rusia, y en la cada vez más poderosa India.

Porque no es democrático un gobierno por el solo hecho de obtener la mayoría de los votos en las elecciones. Dos características esenciales de la democracia son el Estado de Derecho que supone el imperio de la Ley, y la separación de poderes, de manera que no haya un rey o tirano omnipotente, sino que la Presidencia, el Congreso y las Cortes de Justicia se impongan límites mutuos a sus acciones, 

Otro premio Nobel, Joe Stiglitz, alerta sobre el rechazo a los valores democráticos que puede conducirnos a una nueva edad oscura que destruya los ideales de la Ilustración, que han permitido “coordinar los esfuerzos por mejorar las condiciones de todos los miembros de la sociedad. Tales esfuerzos requieren del Estado de derecho para desplazar el absolutismo, el respeto por la verdad para prevalecer sobre el oscurantismo y la elevación de la experiencia en los asuntos humanos. Entre los aspectos más inquietantes de la revolución MAGA está su rechazo absoluto a estos valores.”

Un motivo adicional de preocupación por la suerte de la democracia en EE.UU. es el creciente influjo de los hombres más ricos del planeta en el gobierno, de manera que se está convirtiendo en una verdadera plutocracia, que se define como la influencia desproporcionada de los ricos y poderosos en la toma de decisiones políticas y económicas. La presencia de Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg en primera fila en la posesión de Trump y las atribuciones dadas a Musk para que desmantele el aparato estatal muestran que ese peligro ya se hizo realidad.

Una crisis constitucional 

Voces norteamericanas muy respetables ya empiezan a alertar que el gobierno Trump está gestando una crisis constitucional al desconocer los principios del imperio de la ley y la separación de poderes. El New York Times denuncia esta crisis constitucional pues “el presidente Trump nos está mostrando qué sucede cuando esos controles y equilibrios se rompen: está violando abiertamente la ley y la Constitución a diario”.

El NYT menciona unos cuantos ejemplos de estas violaciones: “El presidente no puede cerrar agencias que el Congreso ha financiado, pero eso es exactamente lo que hizo Trump, con la ayuda de Elon Musk, con USAID. El presidente tampoco puede despedir inspectores generales sin dar a los legisladores un aviso de 30 días, pero Trump despidió a 17 de ellos de todas formas. El Congreso aprobó una ley obligando a TikTok a venderse o cerrarse, y los tribunales la ratificaron, pero Trump se negó a hacerla cumplir”.

Se pueden citar otros casos que son abiertamente inconstitucionales o exceden las facultades presidenciales pues deberían ser autorizadas por el Congreso, como negar el derecho a la nacionalidad a niños nacidos en Estados Unidos, querer despedir a cientos de miles de empleados federales, o permitir a un civil como Musk que acceda a información privilegiada del gobierno.

También en el campo del derecho y las relaciones internacionales es claro el desprecio por la ley y los organismos multilaterales. Declarar que va a anexar a Groenlandia, que se va a tomar el canal de Panamá, o que va a expulsar a los palestinos de Gaza para hacer una Riviera del medio oriente, muestran un claro desprecio a la ley internacional. Lo mismo las decisiones de retirar a EE.UU. de organismo internacionales como la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Derechos Humanos, el Acuerdo de París y de amenazar a la Corte Penal Internacional.

Todo esto sucede porque, según el mismo periódico, “el Partido Republicano controla las tres ramas del gobierno. Así que el conflicto que debería impulsar las interacciones entre las ramas está silenciado; el Congreso y, potencialmente los tribunales, son menos propensos a frenar al presidente” .

Coincide Krugman con el NYT al decir que Trump lo puede hacer porque “cuenta con el apoyo total de cada republicano en la Cámara de Representantes y el Senado”, aunque mantiene la esperanza de que una parte del poder judicial todavía se mantiene independiente y está bloqueando algunos de los decretos ejecutivos del presidente. Habrá que ver si la Corte Suprema, donde Trump tiene la mayoría, evita o convalida esta crisis constitucional y el quebranto de la democracia.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Publicado en revista CAMBIO, Colombia 

3 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

Muchas de las promesas electorales de Trump en materia económica han sido calificadas por el premio nobel de economía, Paul Krugman, como “economía vudú”, es decir propuestas de política irreales o simplistas, que se supone tienen efectos mágicos o milagrosos en la economía, sin tener en cuenta los riesgos involucrados ni los efectos colaterales.

No es la primera vez que se utiliza el término para calificar programas económicos. El nombre se les dio a las propuestas del candidato Ronald Reagan en 1980. Lo curioso es que la crítica no la hicieron liberales demócratas, sino su copartidario republicano George H Bush (padre) con quien competía en las primarias de ese partido.

Para “hacer grande a América otra vez” (MAGA por sus siglas en inglés), Trump ha prometido bajar los precios, crear un millón de empleos y reducir los déficits gemelos, el fiscal y el externo. 

Estos objetivos son impecables y cualquier gobierno sensato del mundo los buscaría. El problema son los instrumentos que se proponen para MAGA, entre los cuales los más destacados son los aranceles a las importaciones, el recorte de impuestos a los ricos junto con el recorte de los programas públicos, la deportación de millones de inmigrantes y el aumento de la producción de petróleo. Es posible que estas amenazas no sean sino otras de las tantas mentiras de Trump y nunca se concreten, pero vale la pena analizar qué pasaría si las hace realidad.  

Los aranceles que pagan los consumidores.

Los déficits gemelos (el fiscal y el externo) de EE.UU. son enormes. El fiscal llegó el año pasado a más de USD 1.8 billones (de los nuestros) y el comercial a casi USD 900.000 millones. Como porcentaje del PIB equivaldrían a 6.4% y 3% respectivamente, lo que para cualquier otro país implicaría una intervención del FMI.

Aunque en el discurso inaugural Trump afirmó que el gobierno BIden había dejado quebrada la economía, la verdad es que Biden hizo un buen trabajo para arreglar lo que recibió de Trump, que sí fue un verdadero desastre: en 2020 un déficit fiscal de 15% del PIB y un déficit comercial de 5% del PIB. Los de 2024 continúan siendo altos, pero mucho menos que en el gobierno anterior.

Lo que pronostican los analistas es un empeoramiento en los dos frentes por la anunciada reducción de impuestos a los ricos que quiere hacer Trump para MAGA y que será aprobada con entusiasmo por el Congreso, dominado por los republicanos. 

La receta de recortar impuestos con la esperanza que esto acelere el crecimiento y genere mayor recaudo tributario que disminuya el déficit fiscal, es el ejemplo clásico de la “economía vudú” que ha fracasado y ha llevado a grandes aumentos del déficit fiscal y a la emisión de deuda pública, lo que presionará la subida de las tasa de interés y atraerá flujos de capitales hacia el país. La consecuencia final será el fortalecimiento del dólar que hará más atractivas las importaciones y menos competitivas las exportaciones, empeorando el déficit externo.

La magia que ahora propone MAGA para solucionar los dos problemas es una sola: subir aranceles a las importaciones. La propuesta es agresiva: un arancel general de 10% a todas las importaciones, 25% a las provenientes de México y Canadá y 60% a las de China. Trump dice que este arancel es un impuesto que pagarán los extranjeros y que estos mayores ingresos reducirán el déficit fiscal. 

Los mismos asesores del convicto presidente reconocen que es una medida imposible de aplicar porque generaría retaliaciones de todos los países y golpearía el comercio mundial con grandes prejuicios para EE.UU.

Pero aún si se lograra imponer estos aranceles, es un gran error pensar que es un impuesto que pagarán los extranjeros; por el contrario, son un sobreprecio que pagarían los consumidores norteamericanos en los bienes importados, o en los domésticos que utilizan materias primas importadas. En otras palabras, presionarían la inflación en contra de la otra promesa de bajar los precios.

DEPORTAR INMIGRANTES NO CREA NUEVOS EMPLEOS

Los aranceles a las importaciones también podrían servir para crear un millón de nuevos empleos, pero ya se vieron los problemas que tienen; hay otra política de MAGA para lograrlo y es deportar a un millón de inmigrantes indocumentados que “le están quitando los puestos de trabajo a los verdaderos norteamericanos”.

Lo primero que debe decirse es que no parece factible cumplir esta promesa en un país con una tasa de desempleo de 4% que es cercana a los mínimos históricos y por supuesto, mucho menor que la registrada en 2020 que era de 8.1%. Para efectos prácticos, aunque un 4% de la fuerza de trabajo no consiga empleo, esta tasa se considera casi de pleno empleo.

En efecto, en la economía norteamericana, un 4% de desempleados es lo que los economistas llaman la “Tasa Natural de Desempleo”, es decir el número de personas que aún en una economía a plena marcha no consiguen empelo por desajustes entre las habilidades de los trabajadores y los requerimientos de las empresas, u otras causas de fricciones en el mercado laboral.  

Lo que si sería posible es la sustitución de trabajadores tratando de llenar las vacantes que dejarían los millones de inmigrantes ilegales deportados -si lo lograra hacer- con inmigrantes antiguos ya legalizados. El problema es que esos que hoy se consideran nativos no están dispuestos a trabajar por los bajos salarios que les pagan a los chicanos y sudacas.

Lo que anticipan los analistas es que, si se producen las deportaciones masivas prometidas por MAGA, se generará una gran escasez de mano de obra en aquellos sectores que hoy ocupan a los migrantes, como la agricultura o la construcción. En Los Ángeles ya hay señales de escasez de trabajadores para la reconstrucción de las áreas de la ciudad destruidas por los incendios  

En estas circunstancias, o se cae la producción por falta de trabajadores o tienen que subir los salarios para atraer a los verdaderos norteamericanos a esos trabajos. De nuevo, en ambos casos, el resultado sería un aumento de la inflación, bien sea por una reducción de la oferta de alimentos o por un aumento de los costos que las empresas trasladarían a los precios para los consumidores.

En economía no hay magia, vudú, ni almuerzos gratis. Va a ser muy difícil que Trump cumpla sus promesas económicas, pero la magia de las redes sociales le permitirá seguir mintiendo con impunidad.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

1 comentario
0 Linkedin
Download PDF

El aumento de 9.5% del salario mínimo para 2025 ha sido rechazado por los gremios y muchos economistas con conocidos argumentos: que presiona la inflación, que fomenta el desempleo y la informalidad o que afecta la competitividad de las empresas. Desde la otra orilla se argumenta que mayores salarios aumentan la capacidad de compra de los trabajadores y, por lo tanto, las ventas y la producción de las empresas, con lo cual se genera más empleo.

Como en la economía no hay verdades absolutas, ambos argumentos pueden ser ciertos o falsos, dependiendo de las circunstancias y, sobre todo, de la reacción de los demás agentes económicos. 

LOS SALARIOS NO DETERMINAN LA INFLACIÓN

En este debate hay dos hechos que poco se mencionan pero que son importantes para entender los efectos del salario mínimo. El primero es que, aunque se aceptara considerar el trabajo como una mercancía cuyo precio es el salario, por lo cual su aumento lleva a que disminuya la demanda de trabajo y aumente el desempleo y también se aceptara que el aumento del salario genera inflación, no es factible que tenga los dos efectos al mismo tiempo. 

Si los mayores salarios se transmiten a los precios se acelera la inflación, pero la relación costo laboral sobre ingresos no se modifica, los empresarios mantienen sus márgenes y no necesitan despedir trabajadores. Por el contrario, si el mercado no les permite subir los precios y para mantener sus utilidades necesitaran reducir el costo laboral, podría haber desempleo pero no inflación. Uno u otro, pero no ambos impactos sobre la inflación y el empleo simultáneamente.

El segundo hecho es que la subida de los precios no es una consecuencia automática del aumento salarial sino que es una decisión de los empresarios. Así suene a herejía económica, la realidad es que el aumento de la inflación es una decisión de los empleadores, no de los trabajadores. Toda inflación es de vendedores, expliqué en una columna del año pasado.

En efecto, la inflación se produce cuando los empresarios, a quienes les aumentaron los costos laborales, deciden transmitir el mayor costo a los precios de venta para mantener su margen de ganancia. Podrían no hacerlo y no habría inflación, pero a costa de menores utilidades. No es que sean malas personas o explotadores, así como los trabajadores tampoco son malos cuando presionan por el alza de sus salarios; ambos son agentes racionales que buscan su beneficio de acuerdo con las reglas del sistema económico.

EL SALARIO MÍNIMO HA CRECIDO MENOS QUE EL PIB 

La negociación salarial es el mejor ejemplo de lo que Raúl Prebisch llamaba la Pugna Distributiva, es decir la pelea por ver qué grupo social se apropia de una mayor tajada del ingreso nacional. Cuando el salario mínimo sube varios puntos por encima de la inflación, como en los dos últimos años, los trabajadores logran capturar una mayor parte; pero este comportamiento reciente solo compensa un poquito la tendencia de largo plazo de pérdida de participación del salario mínimo en la producción nacional.

Un indicador de esta tendencia es la relación entre el salario mínimo anual vigente (SMAV) y el PIB per cápita (PIBpc), que muestra una impresionante caída en las cuatro décadas pasadas.

En 1983 el salario mínimo era de $111.132 y el PIBpc era $140.223 (ambos en pesos corrientes), es decir que el primero equivalía al 79% del segundo; para 2022 el SMAV nominal se había multiplicado por 108, llegando a $12 millones en el año, mientras que el PIBpc había crecido 202 veces llegando a $28.4 millones, de manera que esta relación se había reducido a 42.2%. Con los aumentos del SMAV en los dos últimos años se mejoró un poco la relación hasta 48%, pero todavía muy por debajo del siglo pasado.

¿Qué significa que el PIBpc (es decir la producción de la economía que en promedio le corresponde a cada individuo) haya crecido casi el doble que el SMAV?. No es una pregunta fácil de responder, y debería suscitar un interesante debate entre los economistas, pero me atrevo a formular algunas hipótesis.

La primera es que el aumento de la productividad de la economía no se ha trasladado al SMAV. Como el crecimiento del PIB depende, entre otras cosas, del aumento de la productividad, parecería que en el largo plazo no se ha cumplido uno de los parámetros para la fijación del SMAV, según la cual su crecimiento debe ser igual a la inflación más la mejora en la productividad.

Corolario de la anterior es que el aumento de la productividad fue apropiado por otros agentes, bien sean los dueños del capital o por los trabajadores que no ganan el SMAV. En cualquier caso hay un impacto sobre la distribución del ingreso, lo que podría ayudar a explicar por qué en Colombia,  a pesar de la notoria disminución de  la pobreza no ha disminuido el índice de Gini de la concentración del ingreso.

Otra hipótesis, sugerida por un colega, es que los aumentos del SMAV no han afectado la generación de empleo, puesto que el crecimiento del PIB también depende del aumento del número de trabajadores, el cual ha debido ser significativo.

Finalmente, el gráfico anterior muestra una correlación negativa entre el crecimiento del PIBpc (línea roja con la escala en el eje derecho) y la relación de este con el SMAV (línea azul): esta relación disminuye cuando el PIBpc crece más y mejora cuando hay un menor crecimiento, e inclusive recesión, de la economía. Esto sugiere una situación extraña, en la que, cuando la economía va mejor, los trabajadores tienen menor capacidad de apropiarse de una mayor parte de la riqueza generada.

La única conclusión clara es que el tema del salario mínimo es sobre todo un problema de economía política y de pugna distributiva.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en CAMBIO, Colombia

Cali, Enero 12 de 2025

3 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

Por “prudencia” la mayoría de la Junta Directiva del Banco de la República (BR) solo bajó 25 puntos básicos (pb) su tasa de interés para dejarla en 9.5 %, aunque la mayoría de los analistas esperaban una reducción de 50 pb, e inclusive algunos optimistas y el ministro de Hacienda esperaban que bajara hasta 9 %.

El comunicado de la Junta justifica esta pequeña reducción diciendo que “mantiene la prudencia requerida, dados los riesgos que subsisten sobre el comportamiento de la inflación”. Los riesgos referidos son las condiciones internacionales y domésticas que han presionado la devaluación del peso, lo que afecta el precio de los bienes importados y la preocupación por el hueco del presupuesto nacional y el eventual aumento del déficit fiscal.

Aunque siempre existen riesgos de presiones inflacionarias, en este caso se puede decir que ante ellos el BR pecó por exceso de prudencia, pues su política monetaria sigue siendo fuertemente contraccionista y, por otra parte, le faltó prudencia para evitar los riesgos que enfrenta su otro objetivo constitucional de propender por el crecimiento económico y el pleno empleo.

Tasa de interés vs. inflación

Los bancos centrales utilizan el alza de la tasa de interés como su principal instrumento de política. Cuando la economía está estancada o en recesión, bajar las tasas estimula la demanda de crédito: inversionistas y consumidores aprovechan el menor costo del endeudamiento para pedir más préstamos y comprar más bienes o adelantar proyectos de inversión. La mayor demanda empuja la oferta de bienes y servicios y se reactiva la producción y el empleo.

Por el contrario, el aumento de las tasas se utiliza para combatir la inflación porque ayuda a “enfriar” la economía, desincentivando la demanda de crédito, lo cual a su vez reduce el exceso de demanda agregada sobre la oferta que es el que presiona el alza de los precios. Cuando los precios suben por problemas de oferta o de costos, la reducción de la demanda por mayores tasas disminuye aún más la producción y el empleo.

El BR ha seguido esta receta, tanto para estimular la economía después de la pandemia, como para enfriarla cuando se disparó la inflación. La línea verde del gráfico muestra el comportamiento real (descontando inflación) de la cartera total del sistema bancario desde 2020. A comienzo de ese año venía creciendo por encima de 5 %, pero con la pandemia se desploma y llega a tener un decrecimiento de -1,3 % en abril de 2021. El BR reacciona (tarde, pero lo hace) y en ese momento empieza a bajar su tasa llevándola a un mínimo de -4.5 % en marzo de 2022 (línea azul del gráfico, de nuevo descontando la inflación).

Las menores tasas y las medidas de estímulo oficial frente a la pandemia llevan a una rápida recuperación de la cartera bancaria hasta un ritmo de 7.2 % anual a mediados de ese año, lo cual contribuyó a la rápida recuperación de la economía, de un crecimiento del consumo de los hogares de 10,7 %, de la inversión 16 % y el PIB (7.3 %). (El PIB crece menos que sus componentes domésticos, porque las importaciones crecieron 26 %).

Tan acelerado crecimiento recalentó la economía y la inflación subió de 1.5 % a 13.3 %, lo que indujo una rápida respuesta del BR que en un año y medio subió sus tasas 14 veces, aun después de que la inflación empezara a bajar, de manera que la tasa llegó a 13.25 % y en términos reales a un máximo de este siglo de 5.4 %. 

Como era de esperarse, la demanda de crédito colapsó y el total alcanzó decrecimientos de 6 % a finales del año pasado, con una caída más grande en la cartera de consumo (-11,8 %). No es de extrañar que en 2023 el consumo de los hogares tan solo hubiera crecido 0.8 % y el PIB 0.6 %. La receta funcionó y la inflación se redujo, a costa de un frenazo a la actividad económica que, por razones sin explicar del todo, no produjo un aumento del desempleo.

Prudencia que no hace verdaderos sabios 

No siempre la prudencia hace verdaderos sabios, como pedimos que nos enseñe el Divino Niño en la novena de Navidad, en particular cuando lleva a tomar decisiones que son tímidas o contraproducentes.  Es lo que sucede con la mínima reducción de la tasa de interés anunciada por el BR.

La evolución de la cartera bancaria ayuda a entender por qué es excesiva la prudencia del BR. Con la reducción de tasas de este año y el compromiso de los banqueros de aumentar los desembolsos en el Pacto por el Crédito, la cartera se ha recuperado un poco, y ahora “solo” decrece 3.2 %, pero la caída de los créditos de consumo es mucho mayor (8 % en términos reales), como se aprecia en el grafico siguiente.

Así, la demanda agregada continúa muy débil, tanto por el lado de la inversión como del consumo, de manera que en ese frente no hay presiones de aumento de precios. La inversión continúa frenada por factores como la incertidumbre de los inversionistas y la baja ejecución del presupuesto público, en particular en sectores tan importantes como la vivienda.

Por el lado de las finanzas públicas tampoco se ven presiones inflacionarias a corto plazo. Es cierto que el presupuesto está desfinanciado, pero a la gente hay que creerle y el nuevo ministro de Hacienda ha sido muy enfático en afirmar que se va a cumplir la regla fiscal y que se harán los recortes necesarios al presupuesto. Tampoco es razón para no bajar más las tasas.

También se concluye que la prudencia es excesiva porque la política monetaria sigue en una postura muy contraccionista. Desde su nivel más alto a principios del año pasado, la inflación ha bajado 810 pb, mientras que la tasa del BR solo ha bajado 375 pb y continúa muy por encima de la tasa neutral de 2.5 %, que el mismo BR considera como un nivel que no genera presiones sobre la brecha del producto ni sobre la inflación.

Otros dos indicadores refuerzan esta conclusión. Por primera vez en muchos años la tasa de captación de los CDTs a 90 días de los bancos (9.2 %) es inferior a la tasa del BR. Es decir, que a los bancos comerciales le sale más costoso pedir plata prestada a la vista al BR que captar ahorro del público a 90 días. De otra parte, la cantidad de dinero que circula en la economía (la oferta monetaria ampliada o M3) y que influye en la demanda agregada, está creciendo a una tasa anual de 7.3 %, es decir, solo 2 % por encima de la inflación.

A veces la prudencia de los sabios es no exagerar en la prudencia.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

1 comentario
1 Linkedin
Download PDF

Ni es la panacea para acabar con el centralismo como dicen sus promotores, ni es la debacle fiscal que lamentan sus críticos. La reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP) aprobada por el Congreso para darle más recursos y competencias a departamentos y municipios no es ni lo uno ni lo otro.

Es un avance importante para la necesaria autonomía de los territorios, pero tiene retos por las muchas reformas que faltan para una verdadera descentralización del país y plantea riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Las tareas pendientes de la descentralización

Los objetivos de la reforma son incontrovertibles. Nadie puede negar que Colombia es un país con un centralismo excesivo, donde el poder casi omnímodo del Gobierno central debe ser distribuido para que las regiones tengan mayor autonomía para decidir sobre sus propias prioridades en la asignación de recursos, así como mayor capacidad de ejecución.

El otro hecho innegable son las enormes desigualdades que existen entre los territorios ricos y los pobres que se evidencia, por ejemplo, en las diferencias en la pobreza multidimensional (PM) en los departamentos:

Por el contrario, en Vichada y Risaralda aumentó la PM y en otros departamentos la reducción fue de menos del 20 por ciento. En Bogotá la mejoría es pequeña (12 por ciento), pero porque el índice de PM es solo de 3,6 por ciento.

Lo interesante que muestra el gráfico es que no hay una relación directa entre el monto de recursos recibidos del SGP y la reducción de la PM. Las barras azules muestran el monto de recursos per cápita recibidos por cada departamento en el período considerado; en aquellos que recibieron más de 10 millones de pesos por habitante, (Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas y Chocó) los resultados son muy diferentes: Chocó logró una reducción de casi el 40 por ciento, pero los demás de menos del 20 por ciento, e inclusive en Vichada aumentó. Es una demostración de que disponer de más recursos no garantiza la reducción de la pobreza.

Una verdadera descentralización en Colombia requiere otras reformas como la Ley de Ordenamiento Territorial que exige el artículo 288 de la Constitución, donde se deben establecer “la distribución de competencias entre la nación y las entidades territoriales”, y otros temas como la departamentalización del país o su cambio por regiones administrativas y de planeación.

También son indispensables para la descentralización, entre otras, el fortalecimiento de las capacidades administrativas de los entes territoriales para garantizar la eficiencia en el uso de los recursos, la mayor generación de recursos propios y sobre todo la conformación de órganos de control regionales verdaderamente independientes, para que no se descentralice más la corrupción y los mayores recursos no sean apropiados por criminales.

Los riesgos para la sostenibilidad fiscal

En cuanto a los riesgos de desequilibrio fiscal, la reforma tiene protecciones importantes: el primero, exigir que la transferencia de recursos sea compatible con la Regla Fiscal, es decir, que no aumente el endeudamiento del Gobierno central para pasarles plata a las regiones.

El segundo, que garantiza el anterior, es que “la transferencia de recursos fiscales, responsabilidades de gasto y competencias adicionales entre la nación y las entidades beneficiarias, (…) se hará de manera gradual, simultánea y equivalente”. Esto significa que al gasto del Gobierno central se le suman los mayores recursos del SGP, pero se deben restar gastos equivalentes de competencias que deben ser asumidas por departamentos y municipios.

El tercero, que las transferencias adicionales solo se empezarán a realizar cuando se expida la ley que distribuya las competencias, ley que es orgánica, que será presentada por el Gobierno y que debe tener aval del Ministerio de Hacienda. Mientras tanto, dice la norma, el SGP se seguirá calculando con la fórmula actual. En otras palabras, todo depende de la ley de competencias.

El problema político es que estas protecciones van en contra de las aspiraciones de los congresistas que, casi por consenso, aprobaron la reforma con la ilusión de que las regiones van a tener más plata de libre destinación para gastar, o que no aceptan que para cerrar brechas destinando más recursos a territorios pobres, habrá que disminuir lo que reciben los departamentos más ricos. Se trata de un juego de suma cero, pues no habrá recursos adicionales, sino la redistribución de los que existen.

El riesgo entonces es político: la obligación de trasladar recursos es fija (39,5 por ciento de los ingresos) mientras que las protecciones que quedaron en la Constitución son abstractas y no cuantitativas. Traslado “equivalente” de competencias es un concepto ambiguo que el Gobierno puede interpretarlo como “Igual” al incremento de recursos del SGP, pero en el Congreso lo pueden interpretar como “parecido”, para que sea mayor.

Entonces, la ley de competencias que debe presentar el Gobierno antes de 12 meses de seguro va a mantener el equilibrio fiscal, pero la votación del Congreso puede modificarla fijando una mayor transferencia de recursos que de competencias, aumentando así el déficit fiscal. Todo dependerá del capital político que tenga el Gobierno el año entrante para contener las aspiraciones de los políticos regionales (que son todos los congresistas de todos los partidos políticos).

***

Coletilla: Lo mejor de la reforma aprobada al SGP es que debe enterrar el regresivo referendo promovido por el gobernador de Antioquia que llevaría a que los departamentos ricos se queden con la mayoría de los impuestos, agravando la desigualdad con las regiones pobres.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista Cambio, Colombia

1 comentario
0 Linkedin
Download PDF

Este es el provocador título de un artículo recién publicado (https://t.ly/j8VsW) por investigadores del World Inequality Lab (WIL) en el que demuestran que la desigualdad en la distribución del ingreso en Latinoamérica -medida por el índice de Gini- es mucho mayor de lo que tradicionalmente se ha dicho. 

“Lo que no se mide no se puede mejorar”. Este axioma, popularizado por Peter Drucker, el gurú de la administración de empresas también tiene plena aplicación en el campo de las políticas públicas. Con un corolario importante: lo que se mide mal no se puede mejorar. Es lo que puede estar pasando con el índice Gini, que mide la desigualdad en una escala de 0 (igualdad perfecta) a 100 (desigualdad máxima) y que puede estar mal calculado en Colombia.

Más desiguales 

Según los cálculos de estos autores, en 2021 el Gini en Colombia no era de 55,6 como reporta el DANE, sino de 70,5. Lo que quiere decir que la desigualdad en el país es mucho peor de lo que dicen las cifras oficiales.

Para consuelo de tontos se debe decir que, según esta investigación, lo mismo sucede en otros diez países de Latinoamérica que analizaron como muestra el gráfico, donde las barras naranjas representan la medición “oficial” del Gini recopiladas por la CEPAL, y las azules los valores de este indicador revisados por el WIL.

Por ejemplo, según la CEPAL, el Gini del ingreso de México es 45,2, mientras que el revisado es de 73, con lo cual México nos quitó el indigno campeonato de ser el país más desigual de la región. Así mismo, en Brasil pasa de 53,7 a 69,1.Uruguay, que tenía bajos índices de desigualdad parecidos a los de países europeos (Gini de 40,2), pasa a estar en el rango de Colombia antes de la revisión (56.9).

Toda Latinoamérica es mucho más desigual de lo que se pensaba, y no es una situación nueva pues los autores encuentran que los Ginis en los países analizados muestran una tendencia casi constante desde el año 2000, con ligeros descensos en los casos de Argentina, Ecuador y Uruguay.En Colombia el Gini empeora un poco pasando de 69.7 a principios del siglo a 70,5, pero la diferencia entre los dos cálculos permanece a lo largo de todo el período, como se ve en el siguiente gráfico. La mayor desigualdad viene desde hace muchos años.

Los ingresos no declarados 

El argumento que explica y justifica tan grandes ajustes es tan simple como fuerte, y parte de una constatación empírica: existe una gran diferencia entre las cifras de los ingresos de los hogares según las encuestas que se utilizan para calcular el Gini, y las cifras de estos ingresos en las cuentas nacionales que miden el PIB, siendo muy inferiores las primeras. Por eso el título del artículo: si son ciertas las encuestas, somos mucho más pobres pues el PIB es mucho menor, y si son ciertas las cuentas nacionales, somos mucho más desiguales pues los ingresos de los hogares de estratos altos son mucho mayores.

La base para calcular el Gini es la Encuesta Nacional de Presupuesto de los Hogares (ENPH) que realiza el DANE cada diez años. La última fue en 2016, con una muestra de cerca de 90.000 hogares a partir de la cual se proyectan los ingresos de los distintos estratos de la población. Por su parte en las Cuentas Nacionales se calcula PIB como la producción total de bienes y servicios en una economía, mientras que el Ingreso Disponible de los Hogares refleja los recursos económicos netos de las familias para gastar o ahorrar después de impuestos y transferencias.

Según la ENPH el ingreso de los hogares en ese año fue de $305 billones. El problema es que, según las cuentas nacionales, el ingreso de los hogares ese mismo año fue de $634 billones. Más del doble. Una diferencia tan grande se explica porque las familias no reportan sus verdaderos ingresos, en particular en los estratos altos. La metodología de la ENPH consiste en preguntar en los hogares encuestados cuál fue su ingreso monetario del último mes. Las respuestas se clasifican por deciles, es decir grupos con el 10% de los hogares cada uno y los resultados son los que se presentan a continuación.

La subestimación de ingresos de los estratos altos es evidente, pues según la ENPH se calcula que, en pesos del 2023, el ingreso promedio de los hogares del 10% más rico del país era de solo $10,7 millones mensuales, cifra que no la cree ni la DIAN. Con una elaborada metodología y una enorme base de datos, los autores ajustan las cifras de los ingresos, y no solo aumenta el Gini, sino que la tajada del ingreso que se lleva el 10% más rico ya no es del 40% sino del 60%. No es que seamos menos ricos, es que somos más desiguales.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

2 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

Nuestro blog no podría estar ausente al evento de las elecciones en Estados Unidos, por ser un acontecimiento de importancia mundial. Esta semana dedicamos nuestro espacio a difundir, tanto las intervenciones que algunos de nosotros compartimos en nuestra última tertulia del pasado 7 de noviembre, como otras colaboraciones que hemos recibido.

La pregunta puede parecer retórica y hasta inútil ante la amplia victoria de Trump, quien no solo ganó la presidencia, sino que, por primera vez en este siglo, logró que el partido republicano le ganara a los demócratas el voto popular.

Sin embargo, el análisis detallado de las cifras electorales, sí permite concluir que más que un triunfo arrollador de Trump, lo que sucedió fue una gran derrota de Kamala y del partido demócrata.

Las cifras de la victoria de Trump son contundentes. En el colegio electoral que elige al presidente obtuvo 301 delegados frente a solo 226 de Kamala; y en el voto popular fueron 74,0 millones sus votos frente a 70,2 millones de los demócratas. No hay ninguna duda; los votantes norteamericanos eligieron como presidente a un delincuente condenado en las cortes, a un redomado mentiroso, a un estafador y acosador sexual y que promovió un violento ataque al Congreso para quedarse en el poder. Sociólogos, politólogos y psiquiatras nos deben todavía la explicación.

Millones de demócratas se quedaron en casa.

¿Por qué, aún con estas cifras, se puede decir que no fue un triunfo arrollador? Porque Trump consiguió en esta ocasión un poco menos de votos que los 74.2 millones obtenidos en 2020. Más aún, si se tiene en cuenta que en estos cuatro años el número de votantes aumentó en 8 millones, de los cuales la mitad han debido votar republicano, se concluye que, si bien Trump mantiene firme su base electoral, vuelve a la Casa Blanca con un poco menos de apoyo popular que cuando derrotó a Hillary Clinton.

La misma comparación para los demócratas muestra la gran derrota que sufrieron. En 2020 Biden logró 81.3 millones de votos y ahora Harris solo llegó a 70.2 millones. Esto significa que más de 11 millones de personas (más los 4 millones que le corresponderían del aumento del censo electoral) decidieron no salir a votar. Por eso la abstención subió del 38,2% al 44,8%, de manera que la victoria de Trump no se explica porque hubiera conquistado más votos, sino porque Harris perdió millones de votantes que la vez pasada le habían dado el triunfo al candidato demócrata.

Las barras azules del gráfico muestran el voto popular por los candidatos demócratas, que desde 1992 siempre había sido superior al de los republicanos, con la sola excepción del empate técnico entre Gore y Bush en el año 2000. Las mayores diferencias fueron la de Obama contra McCain en el 2008, y la de Biden contra Trump en el 2020. Esas mayorías se esfumaron en esta ocasión, pero no porque Trump hubiera sacado más votos, sino porque se desplomó la votación demócrata. Es increíble que Harris solo logró 700.000 votos más que Obama en 2008, aunque en esos 16 años el número de votantes registrados aumentó en 32 millones.

Las razones de la abstención

¿Cómo explicar el aumento de más de 6 puntos en la abstención y esa enorme pérdida -casi el 20%- del voto popular? Se han planteado varias razones. Una, para los economistas es el descontento de la gente con el gobierno Biden por la inflación que ha afectado sus bolsillos. En cuanto al origen étnico, los hombres latinos por primera vez votaron más por los republicanos como rechazo al fracaso en el control de inmigrantes, del cual era responsable Harris, y los votantes árabes por el apoyo de Biden al genocida Netanyahu.

Desde una perspectiva más política, se recrimina a Biden no haberse retirado antes, por lo que Harris solo tuvo 4 meses para hacer campaña; el demócrata progresista Bernie Sanders ha dicho que “No debería sorprendernos demasiado que un Partido Demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado a él”. Finalmente están los factores de género y raza: gente que no apoya a Trump, pero que no aceptan una presidenta mujer y negra.

Las cifras de las encuestas a boca de urna (exit polls) muestran quienes dejaron de votar por Harris, teniendo en cuenta que el aumento de porcentaje por Trump no significa necesariamente que más personas de esos grupos hayan votado por él, sino que no quisieron salir a votar por Harris. Las mayores pérdidas fueron en los grupos latinos y asiáticos; entre los primeros la caída fue del 65% al 52% y entre los segundos del 61% al 54%.

También se confirma la opinión de Sanders, pues el apoyo a Harris de los trabajadores con menos de USD 100.000 de ingreso anual bajó de 56% a 46%, pero sorprende que el único grupo en el que aumentó la votación de Harris fue entre quienes reciben más de esos ingresos anuales; el problema es que son minoría.

Entre el abanico de razones la respuesta correcta es todas las anteriores, y habría que añadir otra: en 2020 los americanos estaban viviendo el desastre del estilo de gobierno de Trump y salieron masivamente a votar para evitar que no continuara; por eso la abstención de ese año fue la más baja de toda la historia reciente (38.2%). Hoy esa memoria se puede haber debilitado, mientras que el descontento con el gobierno Biden está a flor de piel y, aunque no les guste Trump, tampoco quieren a los demócratas. Por eso deciden no salir a votar.

Con un poco de optimismo, todas las razones aducidas muestran una luz de esperanza al final de túnel, porque es probable que, dentro de 4 años, o en 2 años, cuando se vuelva a elegir la Cámara de Representantes, todos estos votantes descontentos estarán sufriendo las consecuencias de Trump 2.0 y decidan volver a las urnas para derrotar al trumpismo.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

2 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

Una persona un voto, es la frase que sintetiza la premisa de la igualdad de la participación ciudadana en las elecciones, sobre la cual se sostiene el sistema democrático contemporáneo, pero que en una verdadera democracia debe ir de la mano con el otro principio del voto libre. Estos principios cada vez se ven más debilitados por la entrada de multimillonarias cifras de dineros privados a las campañas electorales.

En principio, la financiación de campañas es esencial para sostener las plataformas políticas y conectar a los candidatos con el electorado. Sin embargo, cuando las donaciones de grandes magnates y corporaciones definen el rumbo de la política, el equilibrio se rompe. Cuando los candidatos, urgidos de recursos, priorizan los intereses de sus donantes más ricos, se pierde la confianza pública: el ciudadano común percibe que su voz se diluye frente al eco de las contribuciones millonarias.

El influjo de los grandes capitales en la política refleja una contradicción inherente: mientras la democracia se sostiene sobre la igualdad de derechos y de acceso al poder, en la actualidad su práctica se ve asediada por las fuerzas del capital desmedido. El reto es claro: limitar la influencia de grandes fortunas es esencial para proteger la integridad democrática y garantizar que la política siga siendo un reflejo genuino de la voluntad popular y no solo de quienes tienen los medios para financiarlas.

¿Cuánto cuesta un voto? 

En Colombia, a pesar de tener controles que se suponen muy estrictos, todas las campañas electorales han tenido escándalos por los ingresos de dineros cuestionados, -por ejemplo de Odebrecht- o por superar los topes de gastos permitidos. Sin embargo, estos casos son minúsculos frente a lo que pasa en Estados Unidos (EUA), donde se puede gastar y recibir sin límite.

En efecto, en Colombia los topes de gasto en las dos vueltas de la última campaña presidencial fueron de unos 11 millones de dólares por candidato, y los gastos de todos los candidatos en la primera y segunda vuelta sumaron $ 125.406’747.103 pesos, según el Consejo Nacional Electoral. Como los votantes finales fueron 21.3 millones, en un promedio muy agregado se puede decir que los candidatos gastaron unos $5.900 por cada voto, es decir USD 1.5

En la actual campaña en EUA se estima que Kamala Harris y Donald Trump se van a gastar USD 6.000 millones, un poco menos de lo que se gastó en la campaña de 2020 entre Biden y Trump (USD 6.370 millones), pero más del doble de lo que se gastó en 2016 (USD 2.390 millones). Con unos 160 millones de votantes, el gasto es de USD 37.5 por cada voto; 25 veces más que en Colombia.

Pero esta astronómica cifra es menos de la mitad de lo que se está gastando en todo el proceso electoral incluyendo las campañas para el congreso, que a mediados del mes de octubre ya reportaban gastos por USD 15.900 millones. 

Como se ve en el gráfico, el incremento de los gastos en las campañas electorales (ajustados por inflación, es decir expresados en dólares constantes de 2024) ha sido exponencial. Al final de la campaña de este año seguramente se van a superar los gastos de 2020, de manera que va a ser más del doble de los USD 8.500 millones gastados en 2016. El problema es ¿de dónde viene esa inmensa cantidad de dinero?

Los grandes financiadores de los partidos políticos

La casi totalidad de los gastos de las campañas proviene de donantes privados. Aunque en teoría las personas naturales y las empresas están muy limitadas para hacer aportes directos a los candidatos, pues no pueden donar más USD 6.600, en la práctica esos límites no funcionan pues también pueden aportar a través de los Comités de Acción Política (PAC), que respaldan a un partido o un candidato.

Aún con esos límites, las pequeñas donaciones directas de individuos y organizaciones son cuantiosas. Hasta el mes pasado lo recolectado por Kamala y Trump sumaba más de USD 1.500 millones, con una clara ventaja de la candidata demócrata que había recibido el 64% de ese total, por el entusiasmo que despertó su nominación y la posibilidad de derrotar al republicano.

Pero estos “pequeños” aportes solo representan la cuarta parte de los gastos totales de las campañas, pues los multimillonarios y sus empresas pueden aportar sin límites. Desde el 2010, cuando una desafortunada sentencia de la Corte Suprema determinó que cualquier restricción al financiamiento de campañas electorales es una forma de censura y, por lo tanto, inconstitucional. A partir de allí se crearon los Super PAC a través de los cuales las personas y las empresas pueden hacer aportes ilimitados para los gastos de campaña.

El caso más alarmante de incidencia de los multimillonarios en la campaña es el de Elon Musk, quien ha aportado USD 140 millones a la campaña de Trump. Está comprando votos descaradamente y ha puesto la red social X de su propiedad, a difundir las mentiras y los mensajes de odio de este candidato. 

Pero no es el único; solo los 150 mayores donantes han aportado USD 3.650 millones, de los cuales el 75% ha sido para candidatos republicanos. No lo hacen por filantropía; su negocio es que les retribuyan eliminado regulaciones a sus monopolios, que les bajen los costos que les implican las exigencias de protección al medio ambiente y, por supuesto, que les reduzcan los impuestos. 

En este contexto, la pregunta que la sociedad estadounidense —y las democracias del mundo— deben plantearse es si están dispuestas a aceptar un sistema donde el poder del voto es eclipsado por el poder del billete. Poderoso caballero es don dinero.

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

2 Comentarios
0 Linkedin