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Francisco Cajiao

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La evaluación es la herramienta imprescindible para avanzar en la garantía del derecho a la educación.

Habilidades sociales y emocionales para mejores vidas es el documento que presenta los resultados de la encuesta realizada por la OCDE en 2023 entre estudiantes de 10 y 15 años. En este gran esfuerzo internacional para recopilar datos sobre estas habilidades participaron cinco países y once ciudades, entre las que figuran Bogotá y Manizales. 

Dice la Organización: “El informe explora cómo las siguientes habilidades difieren por parte de los grupos sociodemográficos y cómo se relacionan con los resultados claves de la vida: habilidades de rendimiento de tareas (persistencia, responsabilidad, autocontrol y motivación de logros); habilidades de regulación emocional (resistencia, control emocional y optimismo); participación con otras habilidades (afirmación, sociabilidad y energía); habilidades de apertura de mente (curiosidad, creatividad y tolerancia) y habilidades de colaboración (empatía y confianza)”.

Es muy valioso el esfuerzo por desarrollar herramientas que permitan ampliar la comprensión del desarrollo infantil y el impacto de la educación, ya no solo en los procesos cognitivos, sino en otros aspectos fundamentales para la construcción de una trayectoria de vida. Un segundo punto relevante es la posibilidad de hacer comparaciones entre países y grupos poblacionales diversos y, tal vez, entre el desarrollo de estas habilidades y el tipo de modelos pedagógicos.

Los resultados de la encuesta son muy difíciles de resumir en un espacio limitado como el de esta columna, pero vale la pena enunciar algunos a manera de ejemplo: se encuentra que los chicos de 10 años suelen mostrar mayores habilidades sociales y emocionales que los de 15 años, en particular, confianza, energía y optimismo. Las niñas de 15 años reportan mayor tolerancia, motivación de logro, empatía y responsabilidad que sus compañeros varones. Los estudiantes con menor nivel socioeconómico muestran niveles más bajos en todas las habilidades, pero las brechas más marcadas están en las habilidades de mentalidad abierta (creatividad, tolerancia y curiosidad) y las de interacción con los demás (asertividad, sociabilidad y empatía). Un dato preocupante es que se observa deterioro en la mayoría de las habilidades sociales y emocionales después de la pandemia de covid-19.

Bogotá participó en las mediciones de 2019 y 2023, pero sería muy importante que en una próxima oportunidad participara todo el país, decisión que dependerá del Ministerio de Educación y del ICFES. Cuando hay grandes brechas sociales, con enorme distancia en las posibilidades de progreso de amplios sectores y un ambiente de inseguridad, incertidumbre y desconfianza frente a las instituciones, es indispensable estarle tomando la temperatura a lo que ocurre con la educación de niños, niñas y jóvenes.

El ICFES ha sido una muy importante institución en su función de evaluación de la educación en todos sus niveles y ese es un patrimonio que conviene no solamente conservar, sino desarrollar con los muy altos estándares técnicos que le han merecido reconocimiento internacional. 

Además de esas evaluaciones muestrales entre países en las que participa Colombia, es muy importante reactivar los procesos de evaluación censal que se suspendieron desde el gobierno anterior, pues ellos son los que le permiten a los alcaldes, gobernadores, maestros y comunidades conocer con precisión la calidad de los procesos de sus entidades territoriales e interesarse en ellos.La evaluación es una herramienta imprescindible para avanzar en la garantía del derecho a la educación, entendido más allá del simple acceso. De nada sirve que haya cupos para todo el mundo, si lo que se recibe en el proceso no les ofrece a todos los ciudadanos la calidad necesaria para acceder a las oportunidades que existen en la sociedad y sin un buen sistema de evaluación no hay manera de reclamar el derecho cuando este es insatisfecho.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO

Mayo, 2024

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Es tiempo de preguntarse qué formación democrática se debe ofrecer en colegios y universidades. La posición del Gobierno frente a la designación del rector de la Universidad Nacional cuestiona seriamente la autonomía de las universidades públicas.

En ejercicio de esa autonomía, la Constitución y la ley les otorgan la potestad de hacer sus propios estatutos que incluyen los procedimientos para designar a sus autoridades, de acuerdo con unos criterios orientados a garantizar el cumplimiento de sus fines esenciales, centrados en el cultivo del conocimiento a través de la investigación y la formación de alta calidad de los jóvenes, cuyo talento asegura el progreso colectivo.

La autonomía se convierte en una condición fundamental para el cumplimiento de su misión, evitando cualquier subordinación ideológica o política que pueda poner trabas a la libertad de pensamiento.

Desde luego, las normas no son inmutables y pueden cambiarse cuando no respondan de manera adecuada a los fines que persiguen, pero lo que no es aceptable en una sociedad democrática es que se cuestionen a posteriori, cuando los resultados de las decisiones legítimas de las instituciones no agradan a quien ostenta el poder presidencial.

Si se quería cambiar el procedimiento de elección del rector, tendría que haberse hecho antes por los canales previstos en el mismo estatuto. Lo que no luce bien es que el Consejo Superior, presidido por una ministra de Estado y dos representantes del Presidente, tome una decisión habiendo consensuado el procedimiento y luego se declaren indignados por el resultado y cuestionen lo actuado. Eso es hacer trampa. El poder no puede usarse de ese modo. Es una mala lección de democracia en una institución educativa.

Cada día se hace más evidente que el Presidente y sus colaboradores consideran que las decisiones que no son de su agrado por definición no son democráticas. No les gustan las decisiones del Congreso de la República que no se pliegan a su capricho. No les gusta, por supuesto, que haya asociaciones gremiales que elijan a candidatos diferentes a los propuestos por el Gobierno, como en el caso de los cafeteros, o fallos de la justicia que cuestionen la ineptitud o la corrupción de sus funcionarios, que ya están lejos de ser excepcionales, porque los Olmedos se multiplican.

La Constitución de 1991 incluyó mecanismos de participación e inclusión que defendió con seriedad y compromiso el grupo político al que decía pertenecer Gustavo Petro, y gracias a eso ha podido disfrutar del poder y los privilegios que otorgan los cargos a los que ha llegado por elección popular, así algunos los haya desempeñado con pobres resultados, tanto para sus creyentes como para los sectores más vulnerables. En los últimos días, sin embargo, ha hecho saber que esa Constitución ya no le sirve y tampoco los procedimientos para cambiarla.

Es tiempo de preguntarse qué formación democrática se debe ofrecer a niños, niñas y jóvenes en colegios y universidades. El Presidente prometió a los estudiantes de la U. N. algo que no podía ofrecer sin brincarse la autonomía del Consejo Superior, y ahí están en paro. La lección de democracia es: si no te gustan los resultados, arma un tumulto. Si alguna agremiación no favorece tus deseos, puedes usar recursos públicos para inventar una paralela. Si alguien hace lo que tú no lograste, trata de que fracase, sin importar que sea respaldado por el voto popular.

¿Valdrá la pena enseñar a los niños que los manuales de convivencia deben respetarse? ¿Se dará facultad a los rectores de los colegios para que cambien a los personeros que no sean obsecuentes y destierren a los maestros que no estén de acuerdo con ellos? ¿Será posible enseñar que la palabra empeñada es suficiente para confiar en la autoridad? ¿Se avecina el tiempo en que quienes hoy invierten en las campañas políticas comiencen a invertir en las campañas para rectores de las universidades públicas? La formación democrática va más allá de los currículos.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá.

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Imagino una campaña para elegir rector liderada por estos grupos que actúan sin mostrar la cara.

Lo sucedido en la Universidad Nacional, a raíz del nombramiento del rector, es una campanada de alerta para toda la educación superior, sobre todo cuando avanza el trámite de la Ley Estatutaria y se anuncia un nuevo proyecto para reemplazar la Ley 30 que ha regulado el sistema durante tres décadas.

Es bueno que se abran nuevas oportunidades de acceso a estudios superiores para quienes concluyen su bachillerato. En un artículo publicado en la revista Cambio, Edna Bonilla hace un recuento de los enormes beneficios que trae para el país y para cada región el desarrollo de las capacidades intelectuales, profesionales y técnicas de sus jóvenes y el impacto que eso tiene en la economía, la cultura y la política. 

Pero nada de eso se consigue con la expedición de una ley, si no se dan condiciones esenciales como la efectiva mejora de la calidad en la educación básica, la garantía de que los niños que van a los colegios públicos reciban el tiempo de atención escolar necesario para su desarrollo, el apoyo en salud para superar las dificultades que suelen presentarse en los años de primaria y la garantía de que la educación superior pública tendrá las condiciones de independencia que le permitan desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica, el espíritu investigativo y el compromiso ético que conlleva la permanente búsqueda de la verdad. 

No conozco el texto aprobado por la Cámara, pero ojalá haya recogido un concepto de la Corte Constitucional que señala el carácter de derecho-deber, es decir que el derecho a la educación superior no es incondicional, por cuanto quienes acceden a ella están sujetos al cumplimiento de requisitos académicos esenciales para certificar su idoneidad para ejercer una profesión u oficio en beneficio de la comunidad. Esto concuerda con otros pronunciamientos de la misma Corte sobre la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación superior y la autonomía universitaria.

Es indispensable ahondar en el principio de autonomía, entendiendo sus profundas raíces en la vida política y el desarrollo científico y económico del país. Algunos de los que hoy paralizan la universidad usando la violencia para desconocer los reglamentos autónomos de la institución son los que en otros momentos han vociferado reclamando una autonomía que entienden como extraterritorialidad para rechazar que dentro del campus puedan ingresar actores del Estado como la Policía, con el fin de proteger la vida, honra y bienes de estudiantes, profesores y funcionarios.

Imagino una campaña para elegir rector liderada por estos grupos que actúan sin mostrar la cara, amenazando a quienes no los secundan y bloqueando la libertad de expresión. No se puede saber si son estudiantes regulares o traficantes encapuchados. ¿Quién da cuenta de sus financiadores? ¿Puede una comunidad amedrentada elegir libremente a quien asegure los ideales académicos, éticos y sociales que pretende garantizar un derecho fundamental? No se entiende que un gobierno que se dice progresista ponga en riesgo la independencia de las instituciones que aseguran el progreso, que forman a quienes deben enfrentar los enormes retos de las próximas generaciones frente al cambio climático, la alimentación, la energía, la salud, las relaciones internacionales, la industria…

No es declarando días cívicos como se resuelven los problemas del país y tampoco haciendo grandes manifestaciones. Una y otra cosa pueden ser expresiones legítimas de confrontación ideológica o política, pero no consiguen lo que históricamente se ha producido en los centros donde el pensamiento riguroso, el debate libre y la investigación científica son las herramientas que se entregan a la juventud para que transforme la realidad usando la razón. 

Si de algo debe mantenerse independiente la universidad es de quienes ostentan el poder, pues, así como deben ser sus grandes defensores pueden ser sus peores enemigos.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá.

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Vivimos en una constante actitud defensiva que incluye la desconfianza sistemática en los demás.

La educación de un pueblo no solo es asunto de presupuestos, promesas de cupos, leyes estatutarias, currículos y didácticas especiales. Es ante todo un proceso continuo y colectivo de ciudadanía, orientado al ejercicio de la razón y al desarrollo de las enormes capacidades de cada estudiante que reclama su derecho a crecer tanto como sea posible.

Ese proceso implica aprender a vivir como parte de una comunidad y ello no es posible sino a partir de la confianza, de la seguridad de que los otros son apoyo y no amenaza, de que los adultos son guías y no manipuladores, de que la ley es fuente de riqueza y no una cadena contra la libertad.

Suele hablarse mucho de métodos pedagógicos, pero más importante es recordar valores fundamentales que definen los más altos ideales de una sociedad y que deben estar presentes en la familia, los líderes políticos y económicos, o los medios de comunicación, pues de éstos se alimentan la cultura y la identidad de quienes llegan a la escuela.

Es innegable que el mundo de hoy resulta muy amenazante y eso se traduce en una creciente sensación de incertidumbre que envuelve a niños, jóvenes y adultos que se ven inmersos en una perpetua inseguridad frente a múltiples aspectos de la vida: delincuencia común, informalidad laboral, promesas incumplidas, relaciones afectivas inciertas, amenazas bélicas y ambientales… Estos riesgos conducen a vivir en una constante actitud defensiva que incluye la desconfianza sistemática en los demás: cada ser humano se convierte en un posible agresor.

Los datos recientes de la Secretaría de Educación de Bogotá sobre acoso, maltrato y violencia escolar son aterradores tanto por su cantidad, como por sus características y esto afecta tanto a los estudiantes y a sus familias, como a los propios maestros que también terminan convertidos en víctimas de la desconfianza pública. Ha sido necesario desarrollar rutas y protocolos de atención que permiten reaccionar frente a los hechos, recurriendo muchas veces, a instancias judiciales, pero lo que debería preocuparnos más seriamente es indagar qué está ocurriendo en la sociedad para que estos fenómenos hayan crecido tanto.

La intolerancia, los insultos, los ejercicios inadecuados de poder, la corrupción, la discriminación y las muchas formas de sembrar odio entre la gente circulan profusamente por las redes sociales, seguramente se reproducen en ambientes familiares, las escupen continuamente los políticos y aparecen en vallas de organizaciones ilegales que amenazan a las comunidades de campos y ciudades.

Mientras esto ocurre cada día, a cada hora, las instituciones se ponen en duda y el propio gobierno parece cambiar las reglas del juego a su acomodo, creando aún mayores incertidumbres sobre cosas que parecían estar claramente definidas en la ley.

En un ambiente social sin certezas sobre lo que es lícito o ilícito, donde el esfuerzo de quienes se han preparado durante décadas para cumplir funciones públicas es despreciado, en el que personajes de muy dudosos méritos son premiados con cargos públicos de altísima responsabilidad poniendo en riesgo el bienestar de toda la población, incluyendo la más pobre, no es fácil pensar que los colegios sean islas apacibles en las cuales el amor al conocimiento, la solidaridad y la esperanza de un mejor futuro florecerán de manera espontánea.

La responsabilidad de los maestros es enorme y soy testigo de primera mano de que la inmensa mayoría de ellos responde a su misión lo mejor que puede, pero más allá de su ejercicio crítico, del esfuerzo por garantizar la convivencia en las mejores condiciones posibles, es muy difícil pedirles que suplanten el rol que cumplen en la sociedad los gobernantes y líderes que desde sus balcones y medios electrónicos dan la pauta de lo que deben ser las relaciones sociales y políticas para el desarrollo de una nación que por este camino nunca será civilizada.

Francisco Cajiao

Abril, 2024

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No se entiende que en altos cargos puedan ser entronizados personajes que confiesan su ignorancia.

Siempre se ha sabido que la educación es la única forma de conseguir que una sociedad progrese alejando a sus miembros de sus más primitivos impulsos en favor del uso de razón. Aristóteles decía que “dondequiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto”, y Kant subrayaba que “el objeto central de una buena educación es asegurar que los seres humanos desde el comienzo aprendan a someterse a las prescripciones de la razón”. Stuart Mill era enfático al decir que “la educación es la antesala de los derechos civiles, sociales o políticos. Para ello se requiere un alto ejercicio de la razón que asegure la libertad y la autodeterminación, más allá de las tutelas ideológicas o doctrinarias”.

La cuestión es tan seria que en muchos casos un alto nivel educativo se convierte en requisito ético y legal para poder desempeñarse en las complejas responsabilidades que requiere la sociedad. Por eso todos los ciudadanos tienen el derecho fundamental de acceder a la herencia cultural que se ofrece en la educación básica, pero también la obligación de superar con éxito las exigencias requeridas para acceder a los conocimientos avanzados que aseguran el alto ejercicio de la razón y la libertad más allá de las subordinaciones doctrinarias, parafraseando a Mill.

Ejercer la medicina sin un título profesional es delito. Lo mismo se aplica a quien construye edificios o ejerce el derecho sin los respaldos académicos necesarios. En muchos países se requiere certificación profesional para ejercer la plomería, la peluquería o la jardinería, y en eso viene trabajando Colombia con el marco nacional de cualificaciones, que pretende ser parte del sistema de educación superior.

Bajo esta premisa no es fácil entender que en altos cargos del Estado, donde se juegan las soluciones a gravísimos y complejos problemas de millones de seres humanos, puedan ser entronizados personajes que desde el día de su posesión confiesan su ignorancia. Habría que preguntarse en qué momento las líneas éticas se corrieron tanto que la gente con menos preparación asume la responsabilidad de resolver problemas que no entiende y si ese retroceso es parte del llamado progresismo.

Desde su origen, la especie tropezó con necesidades tan esenciales como la alimentación, la protección frente a los rigores de la naturaleza y la supervivencia en general. Esas urgencias fueron el acicate para que los primeros humanos aprendieran a conocer y transformar el entorno, para usar la razón en favor de la solución de problemas y la acumulación de saberes. La necesidad dio origen al desarrollo de la agricultura, desde la domesticación de las plantas hasta las formas más sofisticadas de tecnología alimentaria. Como siempre, mientras algunos se ocupaban de resolver los problemas, otros se esmeraban en proclamar la necesidad de resolverlos recurriendo a la magia, a los relatos míticos o a las medidas de poder más absurdas que, por supuesto, no ofrecían resultados.

Los deseos se proyectan más lejos que las necesidades y se van armando según la manera en que cada quien imagina que puede ser su vida o la sociedad en que sueña. Ya no se trata de asegurar la supervivencia inmediata, sino de fabricar nuevos mundos en los que pueda reinar

una suerte de felicidad en la que no todo el mundo está de acuerdo. La política suele ser ese campo de batalla en el que se enfrentan fantasías de humanidad ideal capaces de aglutinar a millones de seres humanos que todavía no salen de sus urgencias presentes para perseguir nuevas utopías. Eso requiere resolver los problemas de hoy recurriendo a quienes tienen el conocimiento y unir voluntades para inventar el porvenir.

Lo grave es cuando la pobreza se expande, la violencia florece y la desesperanza hace camino sin poner los medios que aconseja la razón para hacer que por lo menos algunas necesidades sean resueltas y tal vez algún sueño tenga oportunidad de hacerse realidad.

Francisco Cajiao

Artículo publicado en El Tiempo de Bogotá

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Ser camaleones integrales era una buena estrategia para pasarla bien.

A finales de los noventa, cuando trabajaba en la Fundación FES, desarrollamos una investigación sobre los adolescentes. Los resultados quedaron en cuatro voluminosos tomos que estarían fuera del alcance de ellos, así que los convocamos para escuchar sugerencias.

En un taller de tres días llegaron a la conclusión de que lo mejor sería una revista propia donde pudieran expresarse sin censura. Decidieron llamarla Camaleón. Al preguntar por el significado del nombre respondieron que su principal esfuerzo con los adultos era tratar de agradarles, con lo cual eludían muchos conflictos, así tuvieran que actuar de manera contradictoria por estar cambiando de color, de acuerdo con las circunstancias.

Dijeron que debían tener contentos a sus padres, a sus amigos, a los maestros y que cada uno de ellos esperaba cosas diferentes en su comportamiento, gustos personales o en sus creencias y convicciones. Si a la mamá no le gustaba el maquillaje, podía salir con la cara lavada y maquillarse donde la amiga. Si el profesor esperaba atención, era cuestión de ponerse en la primera fila y tomar apuntes, así luego la tarea la copiara de un compañero.

En recompensa recibía el afecto de los padres y las buenas calificaciones del profesor. Ser camaleones integrales era una buena estrategia para pasarla bien. Los conflictivos en cambio, se buscaban muchos problemas con la autoridad, pero sobre todo lograban que nadie los quisiera. Dos años de discusiones como ésta alimentaron la investigación que llamamos Atlántida.

Lo que uno no esperaría es que una ministra de Estado -la de Agricultura- vistiendo ropas de ahumadora del Pacífico, se venga lanza en ristre contra quienes hacen estudios de posgrado como si todos ellos y ellas fueran gomelos blancos, empeñados en enterrar la verdadera sabiduría de las comunidades ancestrales, y una serie de tonterías adicionales. Nada de esto concuerda con el propio gobierno y con el esfuerzo de las ministras de educación y de ciencia y tecnología –ambas afrocolombianas– por abrir el espacio del conocimiento avanzado a quienes no han tenido acceso a la educación superior.

Una cosa es cuestionar un decreto sobre la pesca de tiburones, y otra cosa es hacerlo con una pataleta francamente irrespetuosa frente a los miles de colombianos que vienen formándose en las universidades nacionales y extranjeras para aportar al desarrollo del país en los muy diversos campos donde los saberes ancestrales no tienen nada que decir. Supongo que la ministra cuida su salud con médicos graduados y no con el Indio Amazónico.

La tragedia de muchas de nuestras comunidades más atrasadas es que no han tenido acceso a los conocimientos que les permitirían resolver muchos de sus problemas, aprovechando la capacidad de los seres humanos de aprender y transmitir de generación en generación los avances que van logrando.

Por eso está en trámite una ley estatutaria que ratifica el derecho a la educación y se están tratando de extender las sedes universitarias a los lugares donde nunca han estado. La ministra de Ciencia y Tecnología ha hecho una apasionada defensa sobre la necesidad de

que las mujeres y los miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianas tengan mayores oportunidades de participar en la investigación. Importantes miembros de diversas etnias que representan nuestra riqueza y diversidad cultural han luchado por acceder a la universidad y han obtenido títulos profesionales que ayudan al desarrollo y a la identidad de sus comunidades.

Bien parece que la señora ministra de Agricultura tiene ese afán adolescente de agradar, así sea a base de delirar por un rato repitiendo las mismas frases de una jerigonza que nada ayuda a entender los problemas y, en cambio, siembra desconfianza frente a lo único que la humanidad conserva como esperanza, que es el conocimiento cada vez mejor del mundo en que habitamos.

Francisco Cajiao

26 de febrero 2024

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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El estilo Trump

Por Francisco Cajiao
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Trump se ha estado lavando las manos por cuatro años, pero ha insistido en su papel de víctima.

Sorprende que un presidente que prometió cambiar las costumbres políticas que durante décadas denunció y combatir todas las formas de corrupción, aparezca inventando que quieren tumbarlo de su cargo. Más sorprendente aún es que el cuento se lo haya “comido” el presidente de la OEA.

Gustavo Petro consiguió la presidencia en elecciones democráticas legítimas, así como el Fiscal, la Procuradora, el Contralor, senadores, representantes y magistrados de las altas cortes han sido designados legítimamente, siguiendo los procedimientos y normas previstos por la Constitución. Eso no significa que todos creamos que son los mejores para ejercer las funciones que corresponden a sus cargos.

El 47,3 % de la gente votó por Rodolfo Hernández, lo cual significa que Petro no le gustaba a casi la mitad de los electores. Pero él ganó y eso le ha dado el derecho a gobernar, que es lo que todo el mundo le pide que haga, incluyendo sus opositores. El fiscal Barbosa hizo una muy cuestionada gestión, pero que no le guste al Presidente o a una parte de la ciudadanía, no significa que su investidura carezca de legitimidad y que investigar a funcionarios o parientes del gobernante sea una amenaza contra las instituciones. Lo mismo puede decirse de la Procuradora. Y de los tropiezos de los proyectos en el Congreso. Y de las investigaciones sobre el uso de los dineros públicos.

El problema es otro: si se nombra a funcionarios ineptos que se brincan las normas de contratación por ignorancia o por soberbia, aun después de ser advertidos, los responsables constitucionales de investigarlos y sancionarlos deben cumplir con su deber; si una ministra dice tonterías, hace tráfico de influencias para sacar a su hijo del país y su marido es contratado con otras entidades, no se puede molestar el Presidente con las críticas.

No sé cómo explique el Gobierno el nombramiento de Armando Benedetti en una embajada inventada ad hoc para sacarlo del país y tenerle la boca cerrada después de todo lo que alcanzó a decir. ¿Qué pasó con las investigaciones penales y disciplinarias pendientes? La lista de personajes oscuros y poco calificados designados por el Presidente de la República es larga, para hablar de aquello donde es directo responsable, porque enredos como los de su hijo y su hermano lo afectan mucho, pero no son atribuibles a él.

A los mandatarios de derecha, centro o izquierda no suelen caerles bien los órganos de control, las ramas del poder que puedan limitar su poder o las fuerzas sociales que critiquen su gestión. Pero eso no se acerca a un golpe blando o duro. A veces parecería que el Presidente se sentiría mejor si efectivamente alguien quisiera derrocarlo, pues en ese caso sería una víctima de las oligarquías, un mártir del cambio y no el responsable directo del fracaso más estruendoso de unas promesas que se van quedando en discursos y en una larga lista de funcionarios que replican exactamente lo que propusieron cambiar. Cada que surge una crítica sobre el uso abusivo de recursos del Estado para lujos personales, gastos suntuarios y cosas por el estilo se argumenta que son legítimos porque también antes se hacían. ¿Y, entonces, cuál era el cambio?

Trump desconoció la legitimidad de unas elecciones y azuzó a una turba para que se tomara el Congreso. Un simulacro parecido sucedió aquí la semana pasada frente a la Corte Suprema de Justicia. Trump se ha estado lavando las manos por cuatro años, pero ha insistido en su papel de víctima, y con cada denuncia penal aumentan sus seguidores y sus posibilidades de ser de nuevo presidente. Las investigaciones, los testimonios y los hechos han importado poco en las filas de sus áulicos. Ojalá el estilo Trump no pegue entre nosotros.

Nota: Es lamentable el papel de los directivos de Fecode en esta aventura. Hacen mucho daño a la imagen pública de los maestros cuyos aportes financian sus devaneos políticos. Francisco Cajiao

13 de febrero 2024

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Nuestros jóvenes están llegando a noveno grado sin saber leer y escribir. Más que muchas leyes se necesita con urgencia encontrar estrategias cada vez más eficaces para asegurar que el derecho fundamental a leer y escribir se garantice.

Está comenzando el año escolar y parte de lo que suele hacerse es un repaso de lo visto el año anterior. Con frecuencia los maestros descubren que buena parte de los avances que creyeron obtener, se perdieron durante las vacaciones. Más difícil suele ser indagar qué cosas nuevas aprendieron en su período de receso, pues nos inclinamos a ver lo que les hace falta a los niños y jóvenes y no lo que tienen en abundancia.

También resulta saludable que los colegios tengan claros los logros institucionales previos con el fin de afianzarlos, así como los problemas que les quedaron pendientes para avanzar en su solución. Otro tanto sucede en las entidades territoriales, máxime cuando llegan nuevos funcionarios a las secretarías de Educación y, de repente, se les ocurre que nada de lo anterior es apropiado. La importancia de los períodos de empalme es precisamente establecer el estado actual de las cosas, para dar continuidad a aquellas que venían funcionando bien y acometer las acciones necesarias para resolver los pendientes, que siempre son muchas.

A final del año pasado el país fue notificado de uno de estos retos impostergables: nuestros jóvenes están llegando a noveno grado sin saber leer y escribir. Esto para no hablar de su lamentable nivel en el dominio de las matemáticas.

En lectura, alrededor del 49% de los estudiantes en Colombia alcanzaron el nivel 2 o superior en las pruebas Pisa, mientras el promedio de la OCDE es del 74%. Esto significa que el 51% de la población adolescente es incapaz de identificar la idea principal en un texto medianamente largo, encontrar información basada en criterios explícitos y dar una opinión propia sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les pide que lo hagan. Solamente el 1% de los estudiantes evaluados está en el nivel 5, mientras el promedio de los países de la OCDE que está en este nivel es de 7%. Es de anotar que estas pruebas evalúan la lectura pero no la escritura, lo cual podría empeorar mucho el panorama.

Es legítimo el énfasis del Gobierno en abrir oportunidades de educación superior para todos los colombianos, pero si más de la mitad de los bachilleres del país son incapaces de leer un texto de corrido, saber lo que dice y formarse una opinión propia sobre su contenido, no pasará de una buena intención. El problema es que esta enorme limitación cultural, porque la lengua escrita es el vehículo indispensable para acceder al conocimiento, la historia y toda la herencia de la humanidad, está teniendo repercusiones perversas en las instituciones de educación superior.

Las universidades tienen la enorme responsabilidad de formar a quienes constituyen la élite intelectual de la sociedad. Médicos, abogados, ingenieros, economistas y demás profesionales, asumirán a lo largo de su vida las grandes responsabilidades políticas, administrativas, científicas y prácticas de las cuales depende el progreso de todos. Por

eso la calidad de la educación superior es un imperativo ético y no solamente un lujo opcional de algunas instituciones.

Cada día estamos confiando la vida individual y el destino colectivo a personas que suponemos calificadas para asegurar nuestro bienestar. El problema es que ya muchos profesores universitarios se encuentran con estudiantes completamente incapaces de seguir el hilo de un texto complejo o de redactar un trabajo relativamente sencillo. El dilema es que si los reprueban las aulas se desocupan, pero llevarlos hasta el final de una carrera es asumir que la excelencia no es posible.

Creo que el repaso obligado de comienzo de año, tanto para las administraciones locales como para el Gobierno Nacional, es recordar que más que muchas leyes se necesita con urgencia encontrar estrategias cada vez más eficaces para asegurar que el derecho fundamental a leer y escribir se garantice efectivamente, como base para el ejercicio de todos los demás derechos.

Francisco Cajiao

29 de enero 2024

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Hace falta que el país piense en formar maestros capaces de comprender los fenómenos sociales.

Termina el período de los mandatarios locales del último cuatrienio. Nunca podrá decirse que a alguien le resultó fácil, porque cada día son mayores los problemas y las necesidades de las comunidades y mientras más cerca se está de ellas es más urgente mostrar resultados. Ahora se combinan las expectativas frente a los que llegan y las evaluaciones de los que se van.

Estos años fueron muy difíciles en general, pues no acababan de tomar posesión cuando hizo su irrupción la pandemia de covid-19, con implicaciones muy complejas en todos los aspectos de la vida ciudadana. El fantasma de la muerte se coló por todas partes, las calles de las ciudades quedaron vacías, el ulular de las ambulancias aterraba, los colegios y las universidades cerraron sus puertas, y los hospitales empezaron a llenarse de infectados. 

La parálisis súbita del aparato productivo, el comercio, el transporte y los escenarios de recreación y cultura generaron un golpe terrible a los ingresos de las familias más pobres. El miedo, la desesperación y el malestar acumulado en los años anteriores dieron lugar a un estallido de violencia que no se había vivido en mucho tiempo.

La pandemia hizo evidentes muchos cambios que vienen incubándose en el último cuarto de siglo y que dejan muchas preguntas en torno a la educación que se requiere hoy. A los ocho días de anunciarse el confinamiento en 2020, colegios y universidades habían comenzado a funcionar en forma totalmente virtual sin que esa posibilidad hubiera sido contemplada antes, ni siquiera como ejercicio de ficción. 

Fue necesario que maestros, directivos y administradores hicieran cosas para las cuales nunca fueron entrenados, y se vieron obligados a improvisar mientras aprendían a usar las plataformas. Y la escuela dejó de ser lo que había sido por siglos. De pronto se abrieron opciones. Hoy, muchos universitarios solicitan la virtualidad.

Un país puede tener leyes bonitas y grandilocuentes, pero su verdadero progreso depende de los ciudadanos que sea capaz de formar.

De otra parte, el regreso a las aulas vino acompañado de una creciente preocupación por la salud mental de estudiantes y maestros. Casos de ansiedad, pánico, desmotivación, agresividad, depresión, consumo de substancias, comportamientos autodestructivos, se encuentran con maestros que no han sido preparados para lidiar con semejante complejidad. 

A eso debe sumársele la exigencia creciente sobre los educadores para que atiendan la proliferación de identidades que reclaman ser reconocidas y validadas mediante actos explícitos o acciones afirmativas que en ocasiones revisten formas de violencia ante las cuales no se sabe cómo actuar. Es muy interesante a este respecto la última columna de Moisés Wasserman.

La profesión de los educadores debe ser profundamente valorada, ahora más que nunca, pero también su formación debe ser revisada. No se pueden seguir formando licenciados para alimentar un currículo disperso y obsoleto, fraccionado y ajeno tanto a los intereses de los niños y jóvenes como a los procesos mismos de desarrollo del conocimiento. Hace falta que el país piense en formar maestros cultos, de alto vuelo intelectual, capaces de comprender los fenómenos sociales de las comunidades donde trabajan, así como de entusiasmar a sus estudiantes con los fenómenos del mundo que atraen desde la curiosidad inicial de los niños hasta los grandes ideales del trabajo científico y el desarrollo tecnológico.

Aprobar nuevas leyes requiere un enorme esfuerzo, pero es muy importante que se oriente a entender las necesidades concretas de transformación de un sistema que está haciendo agua por todas partes. Un país puede tener leyes bonitas y grandilocuentes, pero su verdadero progreso depende de los ciudadanos que sea capaz de formar, de los valores éticos que aprenda a compartir y de los conocimientos que pueda acumular para resolver los problemas urgentes del presente y el futuro. El derecho no está en discusión, lo que debe discutirse es cómo asegurar su cumplimiento.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Una curiosa fobia a la tecnocracia ha llevado a prescindir de gente valiosísima.

Hay cosas que sabemos y cosas que creemos, y con frecuencia confundimos las unas con las otras. A veces se pelean entre ellas, y como buenos mediadores de paz, buscamos por todos los medios, conciliar evidencias y convicciones, sometiendo las primeras a las segundas.

En el plano personal aparecen conflictos internos complicados, pues las creencias instaladas desde la primera infancia comienzan a chocar con los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Creemos en doctrinas religiosas, supersticiones o preceptos de orden político y social y a ellos ajustamos comportamientos y rituales como algo natural. Pero si tenemos una buena educación y ella nos permite desarrollar capacidades intelectuales, aprender a procesar información y someterla a análisis crítico, descubrimos que la realidad no siempre coincide con lo que nuestras creencias nos decían. Es entonces cuando el conocimiento tiene la oportunidad de guiar las decisiones que dan un determinado sentido a la vida.

Puede ser que alguien se niegue a recibir una transfusión de sangre porque su religión se lo prohíbe, que una comunidad decida inmolar a un niño para pedir a los dioses que llueva, que un sujeto transite un largo trecho de rodillas para pedir a un santo que le aumenten el sueldo o que un país pequeño sacrifique sus reducidas reservas de petróleo para salvar a todo el planeta. Eso está inscrito en el territorio de las creencias, los rituales o los símbolos, pero no del conocimiento juicioso y crítico de la realidad.

Desde luego, es más fácil ser creyente que mantener siempre el rigor del razonamiento que a lo largo de muchos siglos ha ido desarrollando la humanidad con el aporte lento y juicioso de muchas vertientes culturales. La educación es precisamente el proceso que hace posible a las nuevas generaciones apropiarse de esa herencia que permite comprender cómo funciona el mundo físico y social y avanzar en soluciones eficaces a los múltiples problemas que plantea la vida. Por eso no pueden separarse ciencia y educación, pues el ejercicio de la razón crítica viene de la mano con la capacidad de dudar y confrontar las creencias con la realidad.

La historia muestra que las hordas de creyentes suelen ser más fáciles de reclutar y conducir que las sociedades donde el conocimiento ocupa un lugar preponderante.

Este año de gobierno ha sido sorprendente: después de muchos discursos sobre la importancia de la educación, prometer universidad a cientos de miles de jóvenes, soñar con viajes a las galaxias y hablar del renacer de la ciencia, ha designado en cargos de altísima responsabilidad a una colección de personajes de tan notoria carencia de conocimiento en sus áreas, que da vergüenza. Pero es claro que son creyentes que compensan su ignorancia con su devoción. Una curiosa fobia a la tecnocracia ha llevado a prescindir de gente valiosísima que a lo largo de muchos años y gobiernos distintos sirvió al país y acumuló conocimiento sobre temas importantes de agricultura, energía, salud, recursos naturales…

No resulta esperanzador para los jóvenes hacer grandes esfuerzos intelectuales y desarrollar carreras académicas esforzadas proyectadas al desarrollo del país, si luego la política pública y los cargos de dirección del Estado terminan en manos de personas ineptas cuyos mayores méritos se han centrado en ser dóciles seguidores de algún hábil líder con delirios de grandeza y sensación de haber sido elegido como salvador universal.

Por desgracia, la historia muestra que las hordas de creyentes suelen ser más fáciles de reclutar y conducir que las sociedades donde el conocimiento ocupa un lugar preponderante y pretende irse dilucidando gradualmente a través de mecanismos de debate público, foros en los que prime la razón e instituciones democráticas capaces de poner el interés general por encima de las creencias y los apetitos particulares.

La paradoja es que hay que tener fe en que las cosas pueden mejorar y que el próximo año habrá un mejor lugar para la razón y la sensatez de la mano de los gobiernos locales.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Dice el diccionario que estilo “es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un grupo o un modo de actuación”. En el arte es definitivo para establecer la madurez y originalidad de un artista, o para identificar una época que marca hitos en la forma de representación e interpretación del mundo.

También hay estilos de vida que van desde los más simples, hasta los más sofisticados. Cada quien va encontrando su manera propia de liderar, viajar, vestir, hablar, negociar, comer o descansar, dependiendo de su rol y su personalidad. En el modo de gobernar el estilo es un asunto esencial porque, a través de las formas, se revela lo más profundo del pensamiento del gobernante.

Es sabido que la originalidad total no existe, de modo que en la formación del estilo se toma mucho de otros y con frecuencia del pasado. Estudios recientes sobre la democracia en América Latina parecen mostrar cierto gusto por regresar a estilos autoritarios que vienen de muy atrás en la historia. No falta algún dictador caribeño con sabor a emperador romano, o algún emulador de Stalin con purgas sistemáticas de todo eventual contradictor. Por supuesto, nadie confiesa su admiración por el populismo y nacionalismo exacerbados de Hitler, pero es evidente el gusto de muchos por los discursos eternos y el deseo de ser adorados por el pueblo como redentores providenciales. El fantasma de Goebbels se pasea todavía con libertad sin distinciones ideológicas.

Releyendo a Norbert Elias se me viene a la cabeza que por estos lados está pegando el estilo de la sociedad cortesana del Rey Sol, como llamaban a Luis XIV. A él se atribuye la frase de “el Estado soy yo”, lo que significaba que estaba por encima de todas las instituciones civiles o religiosas. En lógica monárquica, sus gustos, sus caprichos, sus fantasías eran leyes inapelables y la Corte fungía como permanente comité de aplausos en Versalles. 

Desde luego, no importaba el costo de alguna ocurrencia, como la construcción del palacio donde concentró a todos los nobles para que no estuvieran en sus territorios creando malestar. Su estilo particular de gobernar fue centralizar todo en un pequeño grupo obediente y temeroso de perder privilegios, sin importar si eran idóneos para las funciones de gobierno, ya que lo importante era que creyeran incondicionalmente en él, más allá de cualquier raciocinio. Esto se premiaba con la invitación a estar en el círculo cortesano, mientras los mínimamente escépticos eran marginados.

El estilo de Luis XIV fabricó el descontento que produjo la Revolución francesa y la instauración de la democracia moderna. En lugar de un enviado de Dios, investido de poderes absolutos, el nuevo estilo estaría marcado por el ejercicio de la razón y tendría como fundamento la decisión de los ciudadanos, preferiblemente educados. Las instituciones estarían por encima de las veleidades y los vaivenes emocionales de los mandatarios, y se podría disentir sin miedo a caer en desgracia o ser expulsado del reino. Claro que el propio Napoleón, gran promotor del cambio, prefirió el estilo viejo y se autoproclamó emperador.

Invitar a Palacio solo a los gobernadores amigos tiene un desagradable tufo a sociedad cortesana, al igual que favorecer sin miramientos a personajes de muy precaria preparación, cuando no de antecedentes cuestionables. Cumplir con las grandes expectativas generadas en campaña no se consigue inventando teorías sociopoéticas sobre la paz, el medio ambiente o los viajes interestelares, ni escupiendo de manera incontinente decenas de frases sueltas desde un teléfono celular sin mediar el análisis que requiere la cordura.

El estilo importa y el actual es vergonzoso. En la historia hay buenos ejemplos de estilo democrático en los cuales buscar inspiración no solo para bien de quien hoy gobierna sino de todos nosotros.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá.

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Este tema de mucho interés para nuestro grupo fue el centro de nuestra última tertulia. Nadie existe probablemente mejor preparado que nuestro invitado para acercarnos a los alcances de la reforma educacional que se discute actualmente en el Congreso Nacional. Pacho, con su claridad y profundidad de análisis, conversó abiertamente con nosotros sobre la compleja realidad de lo que existe actualmente de legislación en los diversos niveles de la Educación en Colombia y lo que se propone con esta iniciativa gubernamental. Compartimos la tertulia con nuestros lectores interesados en el tema.

Exjesuitas en tertulia- Noviembre 16, 2023
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Ninguna sociedad puede progresar sin ocuparse de lo que ocurre en los procesos educativos.

En su primer año de administración, Claudia López convocó a una ‘Misión de educadores’ para que se ocupara de proyectar la educación de Bogotá al 2038, entendiendo que jamás las miradas de corto plazo podrán dar respuesta adecuada a niños cuyo trayecto educativo, desde la primera infancia hasta la edad en que pueden incorporarse plenamente a la vida productiva, puede durar entre quince y veinte años.

Es largo el camino para irnos haciendo humanos gracias al desarrollo de nuestras facultades motrices, cognitivas, sociales y emocionales. Por eso la educación es un derecho fundamental, ya que gracias a ella acumulamos humanidad, capacidad de cooperar con otros, responsabilidad para buscar soluciones pacíficas a los problemas colectivos y curiosidad para explorar el mundo que nos rodea y desarrollar los conocimientos necesarios para transformarlo y conservarlo. Ninguna sociedad puede progresar material y espiritualmente sin ocuparse con seriedad de lo que ocurre cotidianamente en los procesos educativos.

La ‘Misión de educadores’ no se detuvo en las conclusiones de esa gran consulta ciudadana que se extendió por casi un año. A ella le siguió la expedición de un documento Conpes[1], que es un plan de largo plazo como ruta para conseguir las grandes metas que se vislumbran para una generación. Un asunto central de esa mirada al futuro es la inaplazable necesidad de hacer profundas transformaciones pedagógicas.

El mundo está cambiando a una increíble velocidad. Las tecnologías de la información, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, la química molecular, la agricultura o la comprensión del universo exigen generaciones capaces de abordar problemas complejos, comprender fenómenos inesperados e idear nuevas maneras de vida y adaptación en un mundo superpoblado y con creciente limitación de recursos. Es claro que la educación que recibimos las generaciones anteriores no es suficiente para las nuevas necesidades. Es claro también que es imposible predecir con precisión cómo serán muchas cosas en veinte años.

Por eso se requiere pensar y actuar en nuevas direcciones. Es exactamente lo que ha venido haciendo todo el equipo de la Secretaría de Educación de Bogotá en este tiempo. Hablo del equipo, porque son muchos los frentes donde se vienen cumpliendo las recomendaciones plasmadas en los documentos mencionados. 

La semana pasada fue la premiación de las Olimpíadas STEM 23, en las cuales participaron durante todo el año, más de 3.700 estudiantes de todas las edades, agrupados en 453 equipos de trabajo, provenientes de 267 colegios públicos y privados. Miles de niños y maestros ocupados de comprender el mundo desde la investigación científica y las aplicaciones tecnológicas. Durante este tiempo las mentes infantiles estuvieron ocupadas con galaxias, sistemas de transporte, agricultura urbana, fenómenos atmosféricos, programas de cómputo… y con ellos hubo universidades, centros de ciencias y empresas. Unas semanas antes, otros miles de estudiantes cerraban el segundo Festival escolar de las Artes.

Estas acciones materializadas en la cotidianidad de los colegios, que convocan diversos sectores de la sociedad y que permiten la plena realización profesional y humana de los maestros, representan los verdaderos cambios. Si las cosas no ocurren en el colegio, todos los discursos y todas las leyes serán irrelevantes. Se requieren directivos que conozcan a fondo los complejos problemas de la educación, pero sobre todo que sean capaces de liderar equipos técnicos y comprometidos. Eso es lo mejor que ha sucedido en estos cuatro años.

La elección de Carlos Fernando Galán le da a la ciudad la seguridad de que los niños, niñas y jóvenes de Bogotá contarán con un dirigente que entiende profundamente la importancia de lo que se ha venido construyendo y le dará la necesaria continuidad a todo aquello que necesita tiempo, conocimiento y dedicación para madurar.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá

7 de noviembre 2023


[1] Consejo Nacional de Política Económica y Social.

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Los ciudadanos deben tener en cuenta que la educación de sus hijos dependerá de su voto.

Durante la alcaldía de Hernando Durán Dussán en Bogotá,hubo una visita oficial de Tierno Galván, recién elegido alcalde de Madrid. Después de los honores debidos a una personalidad de su calibre político e intelectual, pidió que le facilitaran una visita a la librería Buchholz, donde se podían encontrar tesoros que ni los dueños sabían que existían. En ese tiempo yo ocupaba la rectoría de la Universidad Distrital, así que al alcalde le pareció que podía ser una buena compañía para aquella excursión.

Por desgracia mi conocimiento del personaje se limitaba a las palabras que había pronunciado unas horas antes. En esas condiciones era mejor estar en silencio y limitarme a contestar las preguntas que me hacía sobre el recorrido entre la plaza de Bolívar y la calle 59 con carrera 13, donde estaba la librería. Fue directo a la sección de historia y soltó un comentario que se me grabó: “Toda la historia ha sido escrita desde la perspectiva de las naciones y esa suele ser una historia de guerras y fronteras; habría que volver a escribirla pensando en las ciudades, pues allí es donde se entiende la industria, la convivencia, la solidaridad y el progreso”.

En efecto, es crucial el papel de los gobiernos locales, donde los ciudadanos pueden acudir a concertar y participar en el diagnóstico y la búsqueda de solución a las múltiples necesidades de la vida cotidiana. Basta ver la impotencia del Gobierno Nacional para resolver cualquier problema, máxime si en los altos cargos hay gente inexperta o francamente inepta. Por el contrario, buenos gobiernos locales pueden entender mejor las necesidades de las comunidades y disponer de herramientas administrativas para resolver los problemas propios de cada lugar. Eso, desde luego, si se eligen buenos gobernantes, porque también es el nivel donde la corrupción se lleva una buena tajada de los recursos públicos y de las oportunidades de desarrollo de las comunidades.

En la educación, el papel de los alcaldes y gobernadores es fundamental. Ninguna ley estatutaria mejorará el acceso de los niños a una formación de primera calidad, si en las administraciones locales no hay claridad y buen manejo de los recursos. Es allí donde se organiza el servicio educativo, se asignan los maestros, se contrata la alimentación y se hace el mantenimiento de las plantas físicas. Si en las localidades no funcionan las cosas, los niños no tendrán la atención que la constitución establece, así el ministerio multiplique sus discursos.

Los ciudadanos deben tener en cuenta que la educación de sus hijos en los próximos años dependerá de su voto. Alcaldes y gobernadores tendrán que responder por la calidad y por el acceso en las zonas más pobres y apartadas. Si la gestión local no asegura la atención integral a la infancia, se reproducirá la pobreza en esas comunidades, mientras habrá progreso individual y colectivo donde se dé prioridad a esta población.

En el caso de Bogotá, está terminando uno de los mejores cuatrienios que haya tenido la ciudad en educación. Se han construido colegios dignos de las mejores ciudades del mundo, se han propiciado planes de largo plazo con la participación de miles de ciudadanos, se ha demostrado de manera práctica cómo ampliar el acceso a la educación superior con el apoyo de instituciones de alta calidad públicas y privadas, se han dado pasos importantes en la disponibilidad de herramientas tecnológicas, se han abierto puertas a la educación internacional y se han promovido masivamente las actividades artísticas. Seguramente otras ciudades y departamentos podrán mostrar también grandes logros, porque ahí es donde suceden las cosas.

Harán bien los ciudadanos en elegir a quienes aseguren la continuidad de estos esfuerzos, pues las nuevas generaciones necesitan contar con que las cosas buenas no terminen en el tacho de la basura, desplazadas por algún discurso rimbombante.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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El texto de la reforma a la educación presentado al Congreso es más farragoso que el inicial.

La historia de Pandora es muy instructiva, como todos los mitos griegos. Zeus, molesto con Prometeo por haberse robado el fuego para entregárselo a los humanos, llevó de regalo de boda a Pandora, su cuñada, un recipiente con la advertencia taxativa de no abrirlo. La chica, muy curiosa, decidió ver lo que había dentro y, al hacerlo, escaparon todos los males del mundo. Cuenta el mito que cuando finalmente logró cerrarla solo quedó en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza, que era lo único positivo que habían depositado ahí los dioses.

Algo así está pasando con los proyectos de ley de la educación. El texto de la estatutaria presentado al Congreso es bastante más farragoso que el inicial. Desde luego, no cumple con el requisito esencial de poner al centro a los niños, niñas y jóvenes, de acuerdo con el precepto constitucional de que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Por el contrario, parece que además de repetir lo que ya está dicho en la Constitución y ratificado en múltiples sentencias de la Corte, muestra más interés en garantizar el derecho de los maestros a la protesta –ya garantizado en otras leyes– y a las condiciones laborales que ya cuentan con muchas garantías, como puede verificarse analizando las grandes y merecidas mejoras que ha tenido la profesión.

Olvida, por supuesto, precisar que la mera asistencia escolar no satisface el derecho, ni es enfática en que la calidad debe ser objeto de reclamación ante la autoridad competente, y eso incluye que los estudiantes adquieran las competencias básicas que les permitirán acceder a los demás derechos y oportunidades que pueden romper el círculo de la pobreza. Lo que muestran las pruebas es que un alto porcentaje de los niños están llegando a quinto de primaria sin saber leer y escribir, para no mencionar su pobrísimo desempeño en matemáticas. Si un atributo de un derecho fundamental es que sea inherente a la dignidad humana, y ella se consigue y se enriquece gracias al acceso a los bienes de la cultura, la negación de la lectura es una enorme negación de humanidad.

Anda diciendo el viceministro que por primera vez en la historia de Colombia habrá artes y deportes en todos los colegios del país –lo que es una falacia– pero no ha dicho nada sobre qué se hará para garantizar que los niños, niñas, jóvenes y maestros dominen los aprendizajes básicos. El sábado salió un extenso reportaje sobre la pobreza en los desempeños de los universitarios que estudian licenciaturas. Si las universidades les están entregando títulos, con la anuencia del Ministerio, sin cumplir con altos estándares de desempeño, no hay ley estatutaria que garantice el derecho de sus alumnos o que permita tener confianza en la educación pública.

De otra parte, han aparecido textos de profesores universitarios y otras organizaciones manifestando su inconformidad con el proyecto, pues dicen que se queda corto, que no incluye suficientes compromisos, que no incorpora todas las complejidades relacionadas con los problemas del mundo contemporáneo. También se ha anotado la pobreza de lo relacionado con la primera infancia, desconociendo los avances del país en la última década, así como el cúmulo de estudios internacionales sobre el tema.

Y si aquí se abrió una caja de Pandora, ni qué decir con la reforma de la Ley 30 de educación superior. Ese es un costal de anzuelos, pues la definición misma de educación superior parece que ya no sirve. La ministra del Trabajo ha dicho que no le gusta que metan al Sena en el saco del Ministerio de Educación, y por ahí se filtran muchas preguntas sobre la educación para el trabajo.

Como en el mito griego, todavía queda la esperanza de que la Corte Constitucional, institución reposada y respetable, pueda ayudarnos en su momento a darle sensatez y algo de orden al caos que suele surgir de los muchos discursos y de la poca experiencia en resolver problemas.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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