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Francisco Cajiao

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Cuando la política abandona el ejemplo y se refugia en la arrogancia, prepara el terreno para que los extremos aparezcan como una alternativa.

Las grandes lecciones sobre la política no suelen venir de las aulas escolares, sino de la vida misma en la polis. En este escenario los ciudadanos forjamos nuestro destino colectivo y tomamos las decisiones que marcan la identidad de los pueblos. Por eso conviene reflexionar sobre lo que ha venido ocurriendo en estos últimos años.

Hay momentos en la historia de los países en que las urnas no expresan tanto una esperanza como un castigo. El nuevo gobierno llega envuelto en el temor de millones de ciudadanos que ven en sus postulados ultraderechistas una amenaza para conquistas democráticas que parecían consolidadas, pero sería un grave error creer que este desenlace nació de la nada o que fue simplemente el producto de una campaña eficaz. También es la consecuencia de una profunda decepción.

Durante décadas, la izquierda democrática construyó un discurso basado en la superioridad ética frente a las viejas prácticas del poder. Su mayor capital no era un programa económico ni una doctrina política: era la promesa de gobernar con decencia. Esa expectativa despertó el entusiasmo de muchos ciudadanos que jamás habían militado en la izquierda, pero que sí anhelaban un Estado menos clientelista, más transparente y más respetuoso de los recursos públicos.

Esa promesa terminó desfigurada por una sucesión de escándalos que fueron acercándose, cada vez más, al círculo íntimo del presidente. Lo que comenzó como episodios aislados terminó proyectando la imagen de un gobierno incapaz de distinguirse de aquello que durante años denunció. Muchos de sus avances en política social quedaron eclipsados por la sensación de que la ética había dejado de ser una convicción para convertirse en un eslogan de campaña.

Las formas también terminaron pesando. Un estilo de gobierno basado en la confrontación permanente, el desprecio por las instituciones y la polarización cotidiana fue erosionando la autoridad moral que alguna vez acompañó el proyecto del cambio. Cuando la política abandona el ejemplo y se refugia en la arrogancia, prepara el terreno para que los extremos opuestos aparezcan como una alternativa legítima. Mientras el país contemplaba el derrumbe de sus promesas en manos de un presidente delirante, irresponsable e iracundo, apareció la otra orilla.

Por eso el nuevo gobierno no solo es hijo de sus propias ideas. También es hijo de las frustraciones que produjo el anterior. Quienes hoy celebran la llegada de una agenda radicalmente distinta no significa que abrazan todas sus tesis; muchos simplemente dejaron de creer que la izquierda fuera capaz de cumplir aquello que prometía. La indignación cambió de destinatario y la esperanza cambió de bandera.

En ese contexto, la oposición enfrentará un enorme desafío moral. Resulta comprensible que dirigentes como Iván Cepeda anuncien una vigilancia estricta frente a cualquier intento de restringir derechos o debilitar las instituciones democráticas. Esa es la función de una oposición responsable.

Lo difícil será ejercer esa autoridad moral sin hacer antes un examen severo del gobierno que termina. La denuncia pierde fuerza cuando omite las responsabilidades propias. La resistencia democrática corre el riesgo de convertirse en un discurso selectivo si solo reconoce los abusos del adversario mientras guarda silencio cómplice frente a los errores, los excesos y los escándalos cometidos por quienes compartieron proyecto político. El país necesita una oposición firme, pero también intelectualmente honesta.

Quizás esa sea la principal lección de este cambio de ciclo. Las democracias no suelen caer únicamente por la fuerza de los extremismos; muchas veces llegan hasta ellos porque quienes tenían la responsabilidad de defender el centro moral de la política terminaron abandonándolo. Y cuando la confianza pública se rompe, los ciudadanos pueden terminar buscando refugio, precisamente, en la boca del lobo.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO, Colombia

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Cuando las palabras dejan de describir la realidad y pasan a organizar lealtades, la política deja de ser deliberación y se vuelve creencia ciega.

Antes de la existencia de las encuestas, los algoritmos y las redes sociales, los emperadores romanos sabían que los símbolos eran más poderosos que las ideas y entonces levantaban estandartes, organizaban ceremonias y convertían la arquitectura en una pedagogía del poder. El águila imperial no era un ave: era Roma. La corona no era un objeto de oro: era el Estado. La representación era más poderosa que aquello que representaba. Umberto Eco advertía que los símbolos poseen una gran capacidad para producir significados que rara vez son sometidos a examen. Funcionan porque condensan emociones, recuerdos y pertenencias en una imagen sencilla. La inteligencia exige tiempo; el símbolo actúa al instante.

La historia política está llena de batallas por apropiarse de esos signos. El comunismo encontró en la hoz y el martillo una promesa de redención. El fascismo comprendió mejor que nadie el poder de la estética, los uniformes y las concentraciones multitudinarias. Elías Canetti, en Masa y poder, observó que la multitud necesita experimentar físicamente la sensación de unidad; por eso los rituales, los saludos y las consignas producen una embriaguez colectiva que suspende temporalmente el juicio individual. En nuestro país, genera un profundo malestar la foto en la que todos los sonrientes ministros designados, sin un asomo de duda, hacen el saludo militar ya convertido en identidad política.

Las democracias no están inmunizadas contra la irracionalidad. Cambian los uniformes por camisetas, las marchas militares por concentraciones ciudadanas y las proclamas por consignas bien pensadas, pero el mecanismo psicológico permanece intacto. George Orwell comprendió que el lenguaje político puede terminar vaciándose de significado hasta convertirse en un simple instrumento de adhesión emocional. Cuando las palabras dejan de describir la realidad y pasan a organizar lealtades, la política deja de ser deliberación para convertirse en creencia ciega.

Estamos padeciendo esa disputa simbólica. Una bandera, un color, un sombrero, un gesto con la mano, una espada, una plaza pública, el lugar escogido para una posesión presidencial o la decisión de desconocer una elección en nombre de una causa superior adquieren una importancia que supera y elude la discusión sobre las políticas públicas o la altura moral de los protagonistas. Durante semanas se debate el escenario de una ceremonia mientras pasan inadvertidas las decisiones que afectarán la educación, la salud o la economía durante décadas.

No se trata de despreciar los símbolos. Hannah Arendt recordaba que una nación sin símbolos termina siendo apenas una agregación de individuos. El problema aparece cuando el símbolo deja de señalar una realidad y pretende reemplazarla. Entonces, la bandera vale más que la patria; la consigna, más que el argumento y la ceremonia más que el gobierno.

En Gandhi o en Martin Luther King la desobediencia civil fue una profunda afirmación ética frente a un orden manifiestamente injusto. Su legitimidad no provenía del desafío mismo, sino de la autoridad moral que lo sustentaba y de la disposición de quienes la ejercían a asumir las consecuencias de sus actos. Convertida en un simple recurso de movilización política o en un espectáculo mediático, pierde su densidad moral y se transforma en otro emblema dispuesto para el consumo inmediato de las audiencias, sin mencionar la carencia de autoridad de quienes han sido cómplices silenciosos de uno de los gobiernos más corruptos de los últimos tiempos.

Un gran reto ciudadano es resistirse a la fascinación del símbolo vacío. Preguntarse siempre qué ideas sostiene una bandera, qué proyecto acompaña una ceremonia, qué ética respalda un gesto de rebeldía y qué resultados concretos sobreviven cuando termina el espectáculo.

Las veleidades simbólicas del que se va y de quien llega hacen pensar más en un cambio de monarca que en una transición democrática.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá, Colombia

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El escrutinio a la ministra debe recaer en sus decisiones y en su capacidad para manejar la política educativa, no sobre las creencias que son parte de su esfera íntima.

Sorprende el debate que ha suscitado la designación de Viviane Morales como ministra de Educación, porque se ha centrado en sus convicciones religiosas y no en lo que ha dicho sobre las prioridades y los desafíos que considera urgentes. Menos se entiende que las críticas provengan de sectores que dicen ser progresistas, democráticos y defensores de los derechos fundamentales, que incluyen la libertad de conciencia. Sería cuestionar a un ministro por declararse ateo, agnóstico o de cualquier religión.

Viviane Morales tiene una destacada trayectoria que incluye una extensa experiencia como abogada, fiscal general de la Nación, embajadora y congresista. Ha ocupado cargos que exigen conocimiento jurídico, capacidad administrativa y manejo de instituciones complejas. No cabe duda sobre su preparación, que es lo que requiere el cargo. Como cualquier figura pública, sus actuaciones pueden ser objeto de análisis, crítica y controversia, pero el escrutinio debe recaer sobre sus decisiones, sus resultados y su capacidad para conducir la política educativa, no sobre las creencias que forman parte de su esfera íntima.

Lo que corresponde exigir es que actúe dentro del marco constitucional, tome decisiones sustentadas en el interés general y en la evidencia disponible. Las primeras declaraciones de la ministra apuntan en esa dirección. Ha insistido en que buscará construir consensos alrededor de los grandes desafíos del sistema educativo. También ha señalado que la prioridad será garantizar el derecho a la educación con criterios de calidad, equidad y diálogo con los diferentes actores del sector y se ha comprometido a respetar la autonomía de las universidades públicas, lo que no ha ocurrido recientemente. Son afirmaciones que habrá que contrastar con los hechos, pero constituyen un valioso punto de partida.

Lo cierto es que los desafíos no son menores. Es urgente hacer grandes esfuerzos por atender adecuadamente las necesidades de la primera infancia, donde se inician las brechas sociales que tienden a perdurar a lo largo de la vida, como se ha demostrado en múltiples estudios. 

Es indispensable también convocar a toda la sociedad, y no solamente a los maestros, para mejorar los desempeños en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, evidenciados tanto en las pruebas nacionales como en las internacionales. Es este el factor que mayor desigualdad genera, pues de la forma como se curse la educación básica y media depende el acceso a las mejores oportunidades de educación superior que abren las puertas a la movilidad social. 

Esto requiere una visión más flexible del currículo, estímulo a los maestros e instituciones con mejores desempeños y reconocimiento y divulgación de innovación pedagógica que ayude a dar nuevo aire a un sistema con graves problemas de repetición, ausentismo y deserción.

Seguramente habrá que hacer grandes esfuerzos para recomponer la sana estructura mixta que ha tenido la educación superior, pues los jóvenes que terminan hoy su bachillerato no pueden esperar diez o quince años hasta que haya cupos suficientes en las universidades públicas, mientras hay una capacidad instalada subutilizada. Esto, desde luego, deberá ir apareado con un gran esfuerzo para recuperar el Icetex, prácticamente desmantelado en la época del cambio.

Le corresponderá a la ministra liderar una reflexión sobre la inteligencia artificial, la transformación del mundo del trabajo, la ciudadanía democrática y la formación ética. No basta con ampliar la cobertura; es indispensable preparar a las nuevas generaciones para un país y un mundo profundamente distintos de los que conocieron sus padres.

La verdadera discusión será sobre estos temas. No es la fe de la ministra la que está en juego, sino la capacidad del país para recuperar una educación que forme ciudadanos libres, críticos, competentes y capaces de construir un futuro común.

Publicado en el diario EL TIEMPO, Colombia

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Hay que aceptar que quienes piensan distinto también forman parte de la nación y tienen derecho a participar en la construcción del futuro colectivo.

Durante meses, el debate político estuvo marcado por una agria confrontación. Las redes sociales amplificaron los insultos, los seguidores más radicales de cada sector encontraron razones para alimentar la desconfianza y, en muchos momentos, vimos un país dividido en orillas incapaces de reconocerse mutuamente. En ese ambiente, ninguna propuesta pareció digna de ser debatida y ninguna crítica resultó razonable. La política dejó de ser un espacio para deliberar y se convirtió en escenario de agresión y descalificación.

Por eso resulta importante el cambio de tono de los candidatos después de la elección. Sin renunciar a sus diferencias, ambos parecen haber comprendido que el país está cansado de la agresividad y que los ciudadanos esperan algo más que una competencia de agravios. El lenguaje más moderado, la disposición a reconocer preocupaciones legítimas del adversario y el esfuerzo por dirigirse a sectores distintos de los propios seguidores son señales positivas en una democracia que necesita recuperar la confianza en la palabra.

No se trata de pedir unanimidad. Las sociedades democráticas viven precisamente de la diferencia. Los proyectos políticos existen porque hay distintas maneras de entender el desarrollo económico, la justicia social, la seguridad o el papel del Estado. Lo indispensable es aceptar que quienes piensan distinto también forman parte de la nación y tienen el mismo derecho a participar en la construcción del futuro colectivo.

La convivencia democrática no exige abandonar las convicciones. Por el contrario, las convicciones adquieren mayor valor cuando pueden defenderse mediante argumentos y no mediante descalificaciones o amenazas. Es perfectamente legítimo debatir con firmeza sobre la corrupción que erosiona la confianza ciudadana, sobre las violaciones de los derechos humanos, sobre la crisis de calidad que afecta a la educación o sobre los desafíos de una paz todavía extraviada. Son asuntos demasiado importantes para ser ocultados bajo una falsa armonía.

Pero una cosa es debatir y, otra, destruir. Una cosa es confrontar ideas y, otra, convertir al adversario en enemigo. Cuando el lenguaje político se degrada hasta el punto de negar la legitimidad del otro, se prepara el terreno para formas más graves de violencia. La historia colombiana ofrece suficientes ejemplos de cómo las palabras pueden convertirse en combustible para la exclusión, la persecución y la muerte. Quien necesita acudir a la intimidación o al odio para imponer sus posiciones revela, en el fondo, la fragilidad de sus argumentos. La violencia suele presentarse como una demostración de poder, pero en realidad constituye una señal de debilidad. Es el reconocimiento implícito de la incapacidad de convencer, sustituyendo la persuasión por el miedo.

El país enfrenta desafíos demasiado complejos para seguir atrapado en la lógica de la confrontación permanente. La pobreza, la inseguridad, el deterioro ambiental, la desigualdad territorial y la crisis de confianza institucional requieren acuerdos básicos que trasciendan los ciclos electorales. Ningún gobierno podrá resolverlos por sí solo y ninguna oposición responsable debería apostar al fracaso del país para obtener ventajas políticas.

Por eso, el cambio de tono que hoy se observa merece ser valorado y fortalecido. No porque anuncie el fin de las diferencias, sino porque abre la posibilidad de discutirlas civilizadamente. Después de la tempestad no llega una calma pasiva ni resignada. Llega la oportunidad de reconstruir puentes, de reconocer la legitimidad del contradictor y de entender que la democracia no consiste en eliminar al otro, sino en encontrar la manera de convivir con él mientras buscamos soluciones para los problemas que compartimos. Esa es, entre otras, la paz que Colombia necesita.

La educación democrática no pasa tanto por las aulas como por el ejemplo de quienes ejercen el poder.

Francisco Cajiao

Julio, 2026

Publicado en EL TIEMPO, Colombia

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Ser maestro hoy es un desafío enorme y antes que felicitaciones los que lo hacen bien merecen la mayor admiración.

En mayo se celebra el Día del Maestro, y no puedo menos que repasar lo que ha sido mi propia vida, dedicada en su totalidad al servicio de la educación. Puedo decir que ha sido un gran privilegio ver el mundo desde esta perspectiva tan particular que se obtiene cuando las preocupaciones —y también las ocupaciones— giran siempre en torno a los niños y los jóvenes, a lo que necesitan y a lo que merecen, a lo que se les ofrece y a lo que se les niega en una sociedad que se ha ido volviendo más y más compleja.

Inicié mi actividad pedagógica a los dieciocho años, enseñando a niños en una lejana vereda de Boyacá hace ya seis décadas. Por aquella época la cobertura en educación primaria no superaba el 55 %, en secundaria rondaba el 10 %, y en superior como mucho era el 3 %. 

En el sector rural era peor y muchos niños no asistían regularmente a la escuela. La mayoría de los docentes de primaria provenían de las escuelas normales, instituciones creadas específicamente para formar maestros. El ideal oficial era que el maestro fuera “normalista”, es decir que hubiera cursado estudios pedagógicos de nivel medio. Sin embargo, la rápida expansión de la matrícula escolar en los años cincuenta y sesenta produjo un enorme déficit de docentes, especialmente en las zonas rurales, y como consecuencia, muchos ejercían sin título pedagógico; una parte importante ni siquiera había terminado la secundaria, y en el campo abundaban los llamados “maestros empíricos”.

A lo largo de los años he visto y vivido enormes progresos. El acceso a la educación primaria hoy es universal, los maestros constituyen un grupo profesional altamente calificado y sus condiciones laborales han mejorado de una manera que en aquellos años, cuando los salarios podían demorarse meses, eran impensables.

Haberme vinculado con la actividad educativa desde tan joven me ha permitido participar activamente en muchos procesos de transformación, tanto en el nivel institucional de colegios y universidades de los sectores público y privado a los cuales he estado vinculado, como en campos más amplios de la política pública en los momentos en que fui llamado a ocupar cargos de dirección o a colaborar como profesional en el diseño de programas de muy diversa índole.

En estas décadas la educación ha cambiado mucho. Pero el mundo ha cambiado más rápido: la formación de niños y niñas en un mundo con nuevas estructuras familiares, nuevas identidades, entornos digitales de una complejidad inimaginable, amenazas de pandemias, guerras nucleares y crisis climática requieren mucha audacia de parte de quienes han asumido el compromiso de llevar a las nuevas generaciones hacia un futuro lleno de incertidumbre. 

Ser maestro hoy supera el deber de aquellos cuya misión podía sintetizarse en ofrecer las herramientas básicas de la alfabetización y la formación humana que permitiera a quienes iban a la escuela ser honestos, trabajadores, confiables y buenos ciudadanos.

Entre quienes hoy tienen en sus manos la oportunidad de acompañar a los niños y jóvenes en ese trayecto desconocido hacia el mañana, que es la vida, hay gente extraordinaria: hay maestros que iluminan, maestros que alientan, maestros llenos de bondad que cambian vidas en los entornos más inhóspitos de este mundo contemporáneo en donde la soledad y el abandono impulsan a miles de chicos y chicas a recorrer caminos muy peligrosos. Por desgracia, también sigue habiendo muchos que maltratan, que cumplen apenas con los mínimos para recibir un salario y sobrellevar un trabajo que no disfrutan.

Es fácil idealizar una profesión, negando sus fallas o justificando sus deficiencias bajo argumentos ideológicos o de autocompasión, pero eso no les ayuda a quienes la ejercen con plena convicción y responsabilidad ética, conscientes de que la única opción es ser cada vez mejores.

Ser maestro hoy es un desafío enorme y antes que felicitaciones los que lo hacen bien merecen la mayor admiración.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá, Colombia

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El país necesita una apuesta decidida por reinventar la educación desde sus fundamentos.

La educación que hoy ofrecemos a niños y jóvenes se parece a una película vieja que ya nadie quiere ver. Una de esas cintas gastadas, repetidas hasta el cansancio en una programación que ignora que el público cambió, que sus intereses son otros y que el mundo que retrata ya no existe. En las aulas, el guion sigue siendo predecible: el docente habla, el estudiante escucha; el conocimiento se fragmenta en múltiples asignaturas desconectadas; la evaluación premia la memoria antes que la comprensión. Mientras tanto, afuera, la realidad se mueve a un ritmo vertiginoso, desbordando cualquier libreto escolar.

No es extraño, entonces, que muchos estudiantes se sientan ajenos a lo que ocurre en la escuela. No es apatía, como suele afirmarse con ligereza; es desconexión. ¿Cómo comprometerse con un discurso que no dialoga con sus preguntas, con sus lenguajes, con sus formas de aprender y de relacionarse con el conocimiento? Hoy los niños y jóvenes viven en entornos atravesados por la tecnología, la inmediatez, la colaboración y la exploración constante. Sin embargo, al cruzar la puerta del aula, se les pide que regresen a un modelo que pertenece a otro siglo.

El problema no se resuelve con reformas superficiales ni con la incorporación de herramientas digitales, como simple maquillaje. Lo que está en juego es la necesidad de una transformación profunda del currículo. Un currículo que deje de ser una lista rígida de contenidos y se convierta en una estructura flexible, capaz de integrar saberes, de conectar disciplinas y, sobre todo, de partir de los intereses y las preguntas de los estudiantes. La educación no puede seguir organizada desde lo que los adultos consideran importante; debe abrirse a lo que interpela a las nuevas generaciones en el mundo contemporáneo.

Esto implica, además, un cambio sustancial en los modelos pedagógicos. La participación no puede ser un adorno retórico: debe convertirse en el corazón del proceso educativo. Los estudiantes necesitan espacios reales para opinar, debatir, construir colectivamente y asumir responsabilidades sobre su propio aprendizaje. Del mismo modo, la investigación debe dejar de ser una actividad ocasional para convertirse en una práctica cotidiana. Aprender investigando no solo desarrolla habilidades cognitivas complejas, sino que forma ciudadanos críticos, capaces de enfrentar la incertidumbre y de proponer soluciones a problemas reales.

La escuela debe transformarse en un laboratorio de ideas, en un escenario donde se ensaye el futuro. Esto exige docentes cultos y preparados para ser mediadores del conocimiento, capaces de diseñar experiencias de aprendizaje significativas. Exige también funcionarios y directivos que estimulen y orienten los cambios, en vez de seguir exigiendo el cumplimiento burocrático de tareas absurdas que matan la iniciativa de los buenos colegios y de los maestros con capacidad transformadora.

Este es, sin duda, uno de los mayores desafíos para quienes aspiran a la Presidencia. No basta con hablar de cobertura, infraestructura o resultados en pruebas estandarizadas. El país necesita una apuesta decidida por reinventar la educación desde sus fundamentos. Persistir en el modelo actual es seguir proyectando una película que ya perdió su audiencia. Colombia no puede darse ese lujo. 

Cada generación que pasa por un sistema educativo desconectado es una oportunidad perdida para construir un futuro más justo, más creativo y más pertinente. Es hora de cambiar el guion, de renovar la mirada y de atreverse a producir una obra que, esta vez sí, convoque, emocione y transforme. El colegio tiene que ser un lugar retador para la inteligencia, antes que una máquina dictadora de cátedras y asignaturas inconexas.

En mi opinión, Sergio Fajardo y Edna Bonilla son los candidatos con mejores credenciales para abordar este desafío, que de todos modos tendrán que enfrentar todos los aspirantes a gobernar el país.

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá, Colombia

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Elegir gobernantes es también elegir el tipo de sociedad que queremos ser.

En tiempos de campaña electoral, cuando el ruido de las consignas y la ansiedad por el poder ocupan el espacio público, conviene recordar una distinción fundamental: la política y la guerra no son lo mismo. Confundirlas no es un simple error retórico; es una desviación peligrosa que erosiona las bases mismas de la vida democrática.

La política, en su sentido más noble, es el arte de tramitar los conflictos sin destruir al adversario. Supone reconocer que la sociedad está hecha de diferencias legítimas y que gobernar implica construir acuerdos, establecer reglas y garantizar que esas diferencias puedan coexistir. La guerra, en cambio, parte de una lógica radicalmente opuesta: no busca tramitar el conflicto sino aniquilarlo, eliminar al otro, reducirlo al silencio o a la inexistencia.

Cuando una campaña presidencial adopta el lenguaje de la guerra –cuando convierte al contradictor en enemigo, cuando exalta el miedo, cuando insinúa que el país está al borde del abismo si “el otro” gana–, no está haciendo política: está sembrando una cultura de violencia. Y esa siembra tiene consecuencias profundas. No solo polariza a los ciudadanos, sino que los educa en la idea de que el desacuerdo es intolerable, de que la diferencia es una amenaza y de que la agresión es un recurso legítimo.

Una sociedad educada en ese clima pierde su capacidad de deliberar. Los argumentos son reemplazados por insultos, la evidencia por sospechas y la convivencia por la hostilidad permanente. Lo más grave es que esta pedagogía de la violencia no se queda en el discurso electoral: se filtra en las escuelas, en las familias, en las redes sociales, en la vida cotidiana. Se convierte en un modo de estar en el mundo.

Por eso, el deber de los ciudadanos no puede ser la indiferencia. La democracia no se agota en el acto de votar; exige una vigilancia crítica sobre la manera como se construye el poder. Rebelarse, en este contexto, no significa acudir a la violencia –sería caer en la misma trampa–, sino ejercer una resistencia ética y cívica frente a quienes degradan el lenguaje político. Esa rebelión se expresa en múltiples formas: exigir debates de ideas y no de descalificaciones, rechazar la difusión de mensajes que incitan al odio, cuestionar a los candidatos que apelan al miedo como estrategia y, sobre todo, negarse a replicar en la vida diaria las lógicas de confrontación que se promueven desde arriba.

Elegir gobernantes es también elegir el tipo de sociedad que queremos ser. Si aceptamos campañas que se comportan como guerras, terminaremos viviendo en un país donde la guerra –real o simbólica– será la norma. En cambio, si defendemos la política como espacio de encuentro y de construcción colectiva, estaremos apostando por una forma de educación social basada en el respeto, la argumentación y la dignidad.

En última instancia, la calidad de la democracia depende menos de quienes aspiran al poder que de la conciencia de los ciudadanos. Son ellos quienes deben trazar la línea que separa la política de la guerra, y quienes tienen la responsabilidad de no permitir que esa línea sea borrada en nombre de ambiciones personales, venganzas guardadas por generaciones, creencias o ideologías que invocan confrontaciones y exclusiones que riñen con cualquier consideración racional. El ciudadano tiene el enorme poder de negar su voto a quienes amenazan el derecho a vivir juntos y en paz.

Venimos de una historia violenta y ella no ha logrado resolver la pobreza, no ha conseguido amainar la corrupción que en estos cuatro años –cuando tantos creímos en un cambio de costumbres– multiplicó su incidencia en los más altos niveles del poder y, por supuesto, no ha conseguido ofrecer a las nuevas generaciones la dosis de esperanza que se requiere para avanzar en la construcción de una sociedad donde la prosperidad y la equidad puedan andar juntas.

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá, Colombia

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Pese a avances parciales en algunos programas, el sistema universitario enfrenta un panorama de reformas inconclusas y desafíos estructurales.

Al concluir el gobierno de Gustavo Petro, la educación superior colombiana se encuentra en una situación que combina expectativas frustradas, reformas inconclusas y desafíos estructurales que permanecen abiertos. Durante la campaña electoral, y en los primeros meses de gobierno, la educación fue presentada como uno de los pilares del proyecto de transformación social. Se habló de democratizar el acceso, fortalecer la universidad pública y convertir el conocimiento en motor del desarrollo productivo y de la justicia social. Sin embargo, el balance final muestra que muchas de estas aspiraciones no lograron traducirse en cambios estructurales sostenibles.

Más allá de los avances parciales en algunos programas de acceso y de la retórica favorable a la educación pública, el sistema universitario enfrenta hoy tensiones financieras persistentes, crisis institucionales y episodios que han debilitado la confianza en la integridad académica. El resultado es un escenario en el cual las expectativas generadas superan ampliamente los resultados obtenidos.

La propuesta educativa del gobierno Petro se inscribía en una narrativa más amplia de cambio social. Desde esta perspectiva, la educación superior debía desempeñar un papel central en la reducción de las desigualdades, en la ampliación de oportunidades para los sectores históricamente excluidos y en la construcción de una economía basada en el conocimiento. El diagnóstico inicial señalaba problemas ampliamente reconocidos: baja cobertura en comparación con países de la región, brechas sociales y territoriales en el acceso a la universidad, insuficiente financiación de las instituciones públicas y un sistema de aseguramiento de la calidad que muchos consideraban excesivamente burocrático.

En respuesta a estos desafíos, el Gobierno anunció iniciativas orientadas a ampliar el acceso a la educación superior, a fortalecer el financiamiento de las universidades estatales y a revisar el modelo de crédito educativo. El discurso oficial insistía en la necesidad de pasar de una educación entendida como un bien de mercado a una educación concebida como derecho.

Sin embargo, la transformación de un sistema educativo complejo requiere políticas de largo plazo, consensos institucionales y estabilidad normativa. Ninguno de estos elementos se consolidó durante el cuatrienio.

La financiación

Uno de los temas reiterados en el debate sobre educación superior en Colombia ha sido la financiación de las universidades públicas. Desde hace décadas estas instituciones han señalado que el modelo de asignación presupuestal establecido por la Ley 30 de 1992 genera un desajuste progresivo entre los recursos disponibles y los costos reales de funcionamiento. El gobierno Petro reconoció la existencia de este problema y manifestó su intención de resolverlo. Solo al final de 2025 se consiguió reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30.

Aunque la reforma fue presentada como un cambio estructural, varios analistas han señalado que sus efectos dependerán de la disponibilidad fiscal del Estado y de la reglamentación posterior.

Entre los debates que siguen abiertos están: si el nuevo índice (Ices) reflejará adecuadamente los costos reales del sistema, si el país podrá sostener una inversión cercana al 1 % del PIB en educación superior y cómo se distribuirán los nuevos recursos entre universidades y otras instituciones públicas. En otras palabras, la reforma modifica la regla de crecimiento del presupuesto, pero el impacto real dependerá de la implementación fiscal y política en los próximos gobiernos.

Aunque se registraron incrementos presupuestales en algunos años, estos no fueron suficientes para resolver el déficit estructural acumulado. Las universidades continuaron enfrentando dificultades para sostener programas académicos, ampliar infraestructura y garantizar condiciones laborales estables para el profesorado. 

La expansión de la cobertura, además, plantea un dilema particularmente complejo. Aumentar el número de estudiantes sin incrementar de manera proporcional los recursos puede terminar deteriorando la calidad de la educación ofrecida. Este riesgo ha sido señalado reiteradamente por rectores, quienes advierten que el sistema universitario requiere una base financiera más sólida antes de emprender procesos de expansión masiva.

En este contexto, la promesa de una transformación estructural del financiamiento universitario quedó, en gran medida, como una expectativa pendiente.

Crisis y escándalos

El cuatrienio también estuvo marcado por episodios que mostraron fragilidades en la gobernanza universitaria. El caso más emblemático fue la crisis institucional en la Universidad Nacional de Colombia, la principal institución pública de educación superior del país.

La controversia surgió en torno al proceso de designación del rector. Mientras la consulta interna realizada entre estudiantes y profesores favoreció a un candidato, el Consejo Superior Universitario eligió a otro aspirante, tal como lo permiten los estatutos. Esta discrepancia desencadenó una intensa disputa política y académica que incluyó protestas estudiantiles, debates jurídicos y un clima de polarización dentro de la comunidad universitaria que todavía se mantiene. 

La intervención directa del gobierno nacional, a través de pronunciamientos públicos del presidente y de otros funcionarios amplificó el conflicto y lo trasladó al terreno político. Aunque finalmente se adoptaron decisiones judiciales que restablecieron el orden institucional, el episodio dejó al descubierto la fragilidad de los mecanismos de gobierno universitario y la facilidad con la que los procesos académicos pueden verse afectados por disputas externas.

Más allá del caso específico,la crisis planteó preguntas relevantes sobre el equilibrio entre autonomía universitaria y participación estatal en la conducción de las instituciones públicas. Este debate, lejos de resolverse, sigue abierto y probablemente continuará ocupando un lugar central en la agenda educativa del país.

A las tensiones institucionales se suman episodios que afectan la credibilidad del sistema académico. Entre ellos se ha destacado el caso relacionado con la obtención irregular de títulos universitarios por parte de algunos funcionarios y contratistas del Estado. La controversia adquirió notoriedad cuando se cuestionó la validez del título profesional de Juliana Guerrero, quien había sido designada en un cargo de alto nivel en el Gobierno. Investigaciones posteriores indicaron que el diploma habría sido expedido sin que existieran registros académicos completos que demostraran el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtenerlo.

La institución que otorgó el título terminó anulándolo tras revisar el caso, y el episodio abrió investigaciones más amplias sobre la posible existencia de otros diplomas otorgados en condiciones similares. Diversos informes periodísticos señalan que un número significativo de títulos expedidos por la misma entidad educativa debía ser revisado para verificar su validez. Aunque los procesos judiciales y administrativos aún deberán establecer responsabilidades individuales, el impacto del caso trasciende a las personas involucradas. El escándalo puso en evidencia debilidades en los mecanismos de control del sistema educativo y generó inquietudes sobre la eficacia de los procesos de verificación de las credenciales académicas.

En sociedades contemporáneas altamente profesionalizadas, los títulos universitarios cumplen una función esencial como mecanismos de certificación del conocimiento. Cuando surgen dudas sobre la autenticidad o la legitimidad de estos diplomas, la confianza pública en el sistema educativo puede verse seriamente afectada.

La brecha entre lo prometido y lo alcanzado

Uno de los rasgos más notorios de este período presidencial fue la distancia entre el discurso político sobre la educación y los resultados concretos alcanzados. El Gobierno mantuvo durante todo el cuatrienio una retórica fuertemente favorable a la educación pública, al conocimiento científico y al papel de las universidades en la transformación social.

Sin embargo, la materialización de estas ideas no encontró el camino político, administrativo y financiero por evidentes limitaciones en la gestión y en las capacidades de los funcionarios responsables del sector. Las reformas estructurales anunciadas no lograron consolidarse y el sistema universitario continuó operando bajo marcos normativos y presupuestales que venían de décadas anteriores.

Este contraste entre expectativas y resultados generó frustración en distintos sectores académicos. Algunos consideraron que el Gobierno no logró construir los consensos necesarios para impulsar reformas profundas. Otros señalaron que las prioridades políticas del Ejecutivo se desplazaron hacia otros frentes, lo que redujo la capacidad de avanzar en la agenda educativa. En cualquier caso, la percepción predominante en buena parte del sector universitario es que las transformaciones prometidas quedaron, en gran medida, inconclusas.

Preguntas abiertas

El final del gobierno Petro no cierra el debate sobre la educación superior en Colombia; por el contrario, deja abiertas varias preguntas fundamentales que deberán ser abordadas en los próximos años.

La primera se refiere al modelo de financiación de las universidades públicas. Sin un sistema presupuestal que reconozca el crecimiento de la matrícula y los costos reales de funcionamiento, las instituciones continuarán enfrentando déficits recurrentes.

La segunda tiene que ver con la gobernanza universitaria. Los episodios recientes sugieren la necesidad de revisar los mecanismos de elección de las autoridades universitarias y de fortalecer las garantías de autonomía institucional.

Un tercer desafío se relaciona con los sistemas de aseguramiento de la calidad y con los mecanismos de control sobre la expedición de títulos académicos. La confianza en los diplomas universitarios constituye uno de los pilares de cualquier sistema educativo, y su protección requiere procesos rigurosos de supervisión y transparencia.

Finalmente, persiste la necesidad de articular la educación superior con las transformaciones económicas y tecnológicas que enfrenta el país. La expansión de la investigación científica, la formación de talento avanzado y la vinculación entre universidades y sectores productivos siguen siendo tareas pendientes, así como el reconocimiento de la enorme fortaleza que representa contar con un sistema mixto en el cual las universidades privadas juegan un papel fundamental.

La universidad colombiana ha demostrado a lo largo de su historia una notable capacidad de adaptación y resiliencia. No obstante, preservar su papel como espacio de producción de conocimiento, movilidad social y debate democrático dependerá de la capacidad del país para traducir las promesas políticas en reformas institucionales efectivas.

El cierre de este período gubernamental deja una lección clara: las transformaciones educativas no se logran únicamente con discursos ambiciosos. Requieren estabilidad institucional, acuerdos duraderos y una política pública capaz de sostenerse más allá de los ciclos políticos. En ese sentido, el verdadero desafío para la educación superior colombiana sigue estando en el futuro.

Francisco Cajiao

Publicado en RAZÓN PÚBLICA

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Enseñar el respeto por las normas es una apuesta por la dignidad, afirmar que la convivencia no es fruto del miedo sino del reconocimiento mutuo.

Con razón vivimos indignados por la corrupción, la violencia cotidiana y el desprecio por las normas más elementales de convivencia. Nos irritan el conductor que invade el carril contrario, el funcionario que acomoda un contrato, el ciudadano que cree que la ley es para los otros. Para no hablar del Presidente y sus ministros, buscándole esguinces a la Constitución, o el Consejo Superior de la principal universidad del país, donde se forman los abogados y los jueces, ignorando sentencias judiciales.

Pero urge preguntar: ¿en qué momento aprendimos que la norma es negociable? ¿En qué etapa de la vida se incubó la idea de que cumplir la ley es una ingenuidad y no un imperativo democrático? La respuesta, aunque no exclusiva, apunta a la primera infancia.

Los estudios sobre desarrollo humano han mostrado con claridad que los primeros años de vida son decisivos en la formación de hábitos, actitudes y marcos morales. No se trata solo de adquirir vocabulario o habilidades matemáticas básicas; se trata de aprender a convivir. Desde muy temprano, los niños descubren que no están solos en el mundo, que existen otros con deseos, límites y derechos. Allí comienza la experiencia de la norma. 

Jean Piaget explicó que el niño pequeño pasa de una moral heterónoma –en la que obedece por temor o por la autoridad del adulto– a una moral autónoma, donde comprende el sentido de la regla y la asume como propia. Este tránsito no ocurre de manera automática; requiere acompañamiento, diálogo y coherencia. Si el adulto impone sin explicar, o si incumple lo que ella exige, el mensaje es devastador: la norma es capricho del poderoso.

Educar en el respeto a la ley no significa formar niños obedientes y sumisos. Significa formar ciudadanos capaces de comprender que la ley es un pacto colectivo que protege la dignidad de todos. En una democracia, la norma no es un látigo, es un acuerdo. Y ese acuerdo se aprende en el hogar, el jardín infantil o el parque del barrio.

Cuando un niño aprende a esperar su turno en el columpio, está dando un pequeño paso hacia la comprensión del Estado de derecho. Cuando entiende que no puede arrebatar el juguete porque el otro también tiene derechos, está internalizando un principio que más tarde sostendrá instituciones complejas. La democracia no se improvisa a los 18 años, cuando alguien recibe su primera cédula; se construye desde que aprende a decir “por favor” y “gracias”, a reconocer límites y a aceptar consecuencias.

La Constitución Política de Colombia consagra la educación como un derecho y un servicio público con función social. No es un enunciado retórico: implica que educar es formar en valores que sostienen el orden democrático. La ley no puede ser vista como un obstáculo para la astucia individual o para la ambición ilimitada de poder, sino como la condición de posibilidad de la libertad colectiva. El respeto genuino por la ley nace cuando las personas comprenden que cumplirla no es una concesión al poder, sino un acto de lealtad con la comunidad.

Algunos dirán que en contextos de pobreza y desigualdad hablar de respeto a la ley es ingenuo. Que cuando el Estado no cumple, el ciudadano tampoco se siente obligado. Es una objeción comprensible, pero precisamente por eso la educación temprana es tan importante: porque ofrece a los niños un horizonte distinto al de la ley del más fuerte. Les muestra que existen reglas que protegen y que pueden –y deben– transformarse por vías institucionales cuando son injustas.

Educar desde la primera infancia en el respeto a la ley es, en última instancia, una apuesta por la dignidad humana. Es afirmar que la convivencia no es fruto del miedo sino del reconocimiento mutuo. Es comprender que la democracia no se decreta: se cultiva, día a día, en la conciencia de los más pequeños, con el ejemplo de los adultos, sin el cual todo discurso se vuelve estéril.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá, Colombia

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Las instituciones educativas tendrán que reinventarse para poder sobrevivir en un mundo que las necesita más que nunca.

Lo que hace cinco años era una preocupación aislada, hoy se ha convertido en un fenómeno que parece irreversible: la demanda de educación formal se ha reducido de forma dramática. Esto, que es resultado de fenómenos demográficos, económicos y culturales todavía poco claros, ha provocado el cierre de centenares de sedes o instituciones educativas tanto públicas como privadas en los últimos años.

La clausura de colegios privados de muy reconocido prestigio y tradición en diversas ciudades ya se ha convertido en una rutina, mientras el cierre de decenas de sedes de instituciones oficiales se hace evidente cuando se circula por sectores rurales en los cuales edificaciones escolares, relativamente grandes, permanecen vacías.

La semana pasada se anunció que el Gimnasio Campestre y el Marymount, dos colegios de amplia tradición y preferencia para las élites de la ciudad de Bogotá, se fusionarían en una sola institución. No está claro si la decisión se dio por el descenso de matrícula y la necesidad de fortalecimiento financiero, por razones pedagógicas relacionadas con el tránsito de educación segregada hacia la educación mixta o por una combinación de factores que incluyen juiciosos estudios sobre los cambios necesarios en los modelos educativos vigentes.

Parece que hay gran descontento de parte de muchas familias que sienten que se está traicionando el espíritu de estas instituciones que por cerca de ocho décadas habían ofrecido proyectos con una identidad específica que ahora queda amenazada.

Este es un punto muy interesante de analizar, pues poco se habla de la importancia que tiene la construcción de una cultura escolar que se va afianzando a lo largo del tiempo en forma de rituales y tradiciones y que, más allá de los currículos explícitos, los planes de estudio o las mil arandelas que se ofrezcan como ganchos de mercadeo, constituye el verdadero currículo oculto, ya no solo de un colegio, sino de comunidades enteras que a lo largo de los años comparten relaciones, valores y creencias fundamentales adquiridas desde la infancia. 

Colegios como los mencionados son capaces de formar verdaderas cofradías que se reproducen a partir de asociaciones de exalumnos, aportes económicos, matrícula de los hijos de exalumnos, reuniones periódicas de las promociones de graduados, comunicaciones con la comunidad extensa, festividades, etc.

Tal vez por esto los colegios y las universidades no han aprendido a comportarse como otras empresas privadas que siempre están generando fusiones, alianzas, integraciones, compras y ventas accionarias o creación de proyectos y negocios compartidos. Si bien se trata de negocios, no suelen desarrollar estrategias propias de este tipo de empresas. Esto quizás se deba a que durante los últimos cincuenta o sesenta años tenían asegurada su clientela y, además, podían darse el lujo de seleccionar a quiénes admitían y a quiénes no. 

También podían, en el caso de los colegios privados, establecer costos y condiciones con la certeza de que habría demanda para todos los modelos posibles. Hoy las cosas han cambiado y es importante comenzar a pensar en nuevas estrategias que permitan al mismo tiempo asegurar la sostenibilidad y elevar significativamente su nivel de calidad, haciéndolas verdaderamente atractivas.

En el mundo actual muchas cosas han tenido que cambiar. Las grandes salas de cine desaparecieron y se convirtieron en pequeños teatros en los centros comerciales. Los circos populares que llenaron las ilusiones de millones de niños durante décadas desaparecieron, dando paso a espectáculos sofisticados como el Circo del Sol. 

Ahora les está tocando el turno a los colegios que tendrán que reinventarse para poder sobrevivir en un mundo que los necesita más que nunca, como espacios contra la soledad y la desesperanza, así como para aprehender el mundo con las manos.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá, Colombia

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La manera como una sociedad educa define el tipo de ciudadanos que forma y, por tanto, el rumbo de su democracia.

Se inicia este año con un puñado de gobernantes que parecieran competir por el premio al más desquiciado. Algunos como Putin, Trump o Netanyahu tienen juguetes que los convierten en los peores matones del barrio, mientras otros hacen sus escenificaciones en espacios más reducidos, pues sus países no están para disparar misiles, pasear portaviones o al menos entender el alcance de sus bravuconadas en la vida cotidiana. Todo esto viene adornado, desde luego, con una total ausencia de vergüenza para decir tonterías, tomar decisiones que violentan no solo el sentido común, sino las leyes propias y las ajenas, sin hablar de la irrefrenable propensión a adueñarse de los bienes comunes como si por algún extraño derecho les pertenecieran.

Cada uno reclama el apoyo de su pueblo: este para invadir, aquel para que lo liberen, el de allí para que no lo amenacen, mientras cada quien a su modo se ha propuesto agredir sistemáticamente a una porción de ciudadanos que generalmente crece con más velocidad que aquella a la cual le piden adoración, entronizándose como emperadores, semidioses, reyes o cualquier forma de imagen autocrática que les permita ponerse por encima de los pactos entre naciones, o de la Constitución y las leyes que rigen sus propios países. Todos se parecen, aunque todos se critiquen, porque la estupidez no tiene ideología.

En este escenario del nuevo año es imposible no relacionar la política con la educación, como lo sugiere Martha Nussbaum en su libro Sin fines de lucro, especialmente cuando habla de los sentimientos morales. Allí dice que “en numerosas ocasiones, Gandhi señaló la relación existente entre el equilibrio psicológico y el equilibrio político, argumentando que el deseo de riqueza, la agresión y la preocupación narcisista son fuerzas enemigas de la construcción de una sociedad libre y democrática”. En este ensayo advierte que la educación no es un asunto técnico ni neutral sino, ante todo, una cuestión política. La manera como una sociedad educa define el tipo de ciudadanos que forma y, por tanto, el rumbo de su democracia. Cuando la escuela se reduce a producir competencias útiles para el mercado, la política se empobrece y la vida pública se vuelve frágil.

Esta reflexión, en la actual coyuntura electoral, tiene que ver no solo con quienes aspiran al poder, cuya madurez y perfil psicológico resultan de enorme importancia, sino con las motivaciones de quienes depositan su voto. Nos invitan a votar por amor, por odio, por venganza o por miedo, pero mucho menos por aquellas cosas que interpelan el ejercicio de la razón, generalmente menos estridentes, pero con mucho mayor alcance para el bienestar general y el camino a la equidad.

Nussbaum insiste en que la educación debe cultivar los sentimientos morales: la empatía, la compasión, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de reconocer su dignidad. Sin estas disposiciones, el ciudadano puede ser eficiente, pero difícilmente será justo, porque la democracia no se sostiene solo con normas e instituciones, sino con personas capaces de sentir auténtica responsabilidad por el destino común. En este sentido, la educación humanista –las artes, la literatura, la filosofía, la historia– cumple una función política decisiva. No adoctrina, pero sí forma el juicio crítico y la sensibilidad frente a la desigualdad, la exclusión y el sufrimiento ajeno.

Cuando la política desprecia esta dimensión formativa y la educación renuncia a ella, se abre el camino al autoritarismo y a la indiferencia moral. Nussbaum nos recuerda que educar para la democracia es educar el corazón y la razón a la vez, porque sin sentimientos morales no hay política digna de ese nombre. Podría decirse que el estilo de educación que reciben los niños desde sus primeros años es una especie de bola de cristal en la que se ve qué clase de dirigentes y de ciudadanos tendrá un país.

Enero, 2026

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Se termina el año y comienza también la despedida de este Gobierno. La salud mental colectiva exige que tengamos esperanza en un mejor cuatrienio.

Por fortuna estamos eximidos de la maldición de la eternidad y eso nos permite alternar principios y finales. Desde luego, esta sensación de alivio que se experimenta al terminar muchas cosas no es igual para todas las personas en los mismos momentos. La celebración del año nuevo y la despedida del viejo, por ejemplo, vienen con risas, ilusiones y esperanzas para unos, mientras para otros hay lágrimas por el final de proyectos inconclusos, rupturas afectivas y muertes de seres queridos que cerraron definitivamente su ciclo vital, pero dividir el tiempo en años, meses y días permite tomarse la vida en pequeños sorbos, saboreando los días buenos y teniendo el consuelo de que los malos pasarán.

Quienes hoy lean esta columna seguramente estarán cerrando el año 2025 completando tareas laborales o preparándose para celebrar hoy con familiares y amigos la llegada de un 2026 que todos deseamos mejor, aun a sabiendas de que empezará con grandes acontecimientos colectivos, tratándose de un año de renovación en el que elegiremos un nuevo gobierno. Lo bueno de la democracia es que también nos salva de los caudillos eternos y permite cerrar ciclos, independientemente de que eso entristezca a unos y dé grandes dosis de felicidad a otros.

Sin duda, ya debe haber muchos sufriendo con la certeza de que el final de sus privilegios se aproxima y que si el nuevo gobierno es adverso al que termina entrarán en un período de hibernación durante el cual no irán en los carros oficiales, ni repartirán contratos a manos llenas, ni serán perseguidos para dar declaraciones y sentirse personajes de primer nivel. Desde luego, hay muchísima gente buena y sensata en el Gobierno que espera con ansiedad ser liberada este año de la carga de responsabilidades y de angustia que conlleva tratar de defender o, al menos, guardar prudente silencio ante la proliferación de insensateces que día a día se excretan desde el Palacio de Nariño.

De otro lado, decenas de ciudadanos que se consideran capaces de presidir el destino de todos nosotros brindarán hoy seguros de conseguir el favor popular para ofrecernos fraternidad, seguridad, progreso, buena onda, salud y energía. A ellos se suman otros cuatro o cinco mil a quienes brillan los ojos de pensar en los millones que circulan por el Honorable Congreso de la República si logran conseguir una curul desde la cual fabricar buenas leyes, montar espectáculos grotescos, arañar algo de la gran piñata nacional o simplemente dejar pasar el tiempo esperando que lleguen las vacaciones.

Los ciudadanos del común pensamos con ilusión, a pesar del escepticismo que nos caracteriza, que ojalá nuestros familiares, amigos y las mayorías del país actúen con la misma sensatez nuestra, pues siempre estamos seguros de que esa cualidad de saber lo que se necesita –sea un gran viraje político, una continuidad que asegure hacer lo que definitivamente no se hizo, o algo que esté por la mitad– es un patrimonio personal y que todos los que piensen distinto están equivocados o no son capaces de ver los hechos tal como son.

Lo cierto es que hoy se termina este año y para efectos prácticos comienza también la despedida de este período presidencial en medio de grandes incertidumbres sobre el futuro inmediato, aunque la salud mental colectiva exige que tengamos esperanza en un mejor cuatrienio.

Tal vez soñar con una paz total sea el máximo aspiracional, pero si pudiéramos al menos tener una paz relativa, en la cual se pueda compartir con los vecinos, andar tranquilos por los campos y ciudades, trabajar sin sobresaltos y no despertar cada día con un nuevo insulto lanzado desde un teléfono torpe que nunca se fatiga de vociferar suplantando a quien debiera dirigir con moderación y cordura el país, ya habríamos logrado mucho.

En resumen, mi deseo para 2026, a la manera antigua, es que podamos vivir como gente bien educada.

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá

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Group of kids joyfully jumping on rocks by the seaside. Fun and playful moment captured outdoors.
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Las vacaciones pueden ser, para cualquier niño, una experiencia formativa si le ofrecemos tiempo para sí mismo.

Al llegar las vacaciones escolares, los adultos repetimos los mismos debates: qué hacer con los niños, cómo mantenerlos ocupados, de qué manera “aprovechar” este tiempo que, desde nuestra mirada productiva y controladora, parece un vacío que hay que llenar. Sin embargo, para los niños y adolescentes las vacaciones significan algo radicalmente distinto: constituyen un espacio vital para su desarrollo emocional, social y creativo. En otras palabras, son mucho más que un descanso del colegio; son una oportunidad para reconstruirse.

El psicoanalista Donald Winnicott, uno de los pensadores más lúcidos sobre la infancia, escribió que el juego es el territorio donde el niño “llega a ser creativo y, por lo tanto, descubre su self”. Aunque Winnicott no hablaba específicamente de las vacaciones, su idea ilumina lo que ocurre cuando los niños se desconectan de las rutinas escolares y recuperan el control sobre su tiempo. En vacaciones, el juego –libre, espontáneo, no dirigido– se vuelve posible. Y en ese juego, los niños exploran quiénes son, qué sienten y cómo se relacionan con el mundo.

Los adultos tendemos a subestimar la importancia del ocio. Lo cargamos de sospecha: tememos que la inactividad sea sinónimo de pérdida o retroceso. Pero para un niño, el ocio no es vacío; es un territorio fértil. Es el momento cuando puede inventar mundos, ensayar roles, hacer preguntas que en el ritmo exigente del calendario escolar no tienen cabida. Es, también, un tiempo para el cuerpo: para correr sin que alguien mire el reloj, para aburrirse y descubrir, a partir de ese aburrimiento, el impulso creativo que solo aparece cuando nada está programado.

Para los adolescentes las vacaciones tienen un sentido adicional: se convierten en un espacio de autonomía. El año escolar suele estar marcado por exigencias externas –tareas, evaluaciones, horarios rígidos– que no siempre dejan margen para la exploración personal. Cuando llega el receso, los jóvenes encuentran un intervalo donde pueden probar sus propios ritmos, elegir sus compañías y vivir experiencias que no pasan por el filtro de la escuela o la familia. En esa libertad parcial, a veces inquietante para los adultos, se juega buena parte de la construcción de la identidad.

Sin embargo, no puede ignorarse que el acceso a unas vacaciones verdaderamente enriquecedoras no es igual para todos. Muchos niños enfrentan entornos con pocas oportunidades de juego seguro, escasos espacios públicos o responsabilidades familiares que limitan su tiempo libre. Otros, en el extremo contrario, viven vacaciones hiperprogramadas, saturadas de cursos, talleres y actividades que buscan suplir cualquier posible momento de silencio. Ambas situaciones revelan una misma dificultad cultural: nos cuesta confiar en el tiempo desestructurado como valor educativo.

Quizá sea hora de revisar esa idea. Las vacaciones pueden ser, para cualquier niño, una experiencia formativa si les ofrecemos algo que no siempre parece obvio: tiempo para sí mismos. Tiempo para leer por gusto, para estar con amigos, para subir a un árbol o simplemente quedarse mirando el techo mientras imagina algo que no tiene nombre. Tiempo para estar con sus padres, sin la presión de las tareas, o para descubrir la ciudad sin afanes.

Los adultos podríamos preguntarnos menos cómo llenar las vacaciones y más cómo garantizar condiciones que permitan a los niños vivirlas con libertad y seguridad. No se trata de abandonarlos a su suerte, sino de darles margen: confiar en su capacidad de crear, de explorar, de crecer incluso cuando no estamos dirigiendo cada paso.

A fin de cuentas, el sentido profundo de las vacaciones es que los niños y adolescentes recuperen algo que la escuela, sin querer, a veces les arrebata: el derecho a su propio tiempo. Y ese encuentro consigo mismos –silencioso, impredecible– es quizás uno de los mayores regalos que pueden llevarse de su infancia.

Francisco Cajiao

Diciembre, 2025

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Es hora de que los maestros decidan si quieren seguir repitiendo el pasado o atreverse, de una vez por todas, a construir el futuro.

Vivimos un tiempo en el que todo cambia a velocidad de vértigo: la tecnología, las familias, las ciudades, los modos de aprender. Y, sin embargo, la escuela se parece mucho a la de hace medio siglo. En pleno siglo XXI, la profesión docente parece mirarse en un espejo que le devuelve una imagen inmóvil.

Los niños y jóvenes viven hoy conectados a un mundo paralelo hecho de pantallas, redes sociales y sobreinformación. Allí aprenden, se comunican, se entretienen y construyen sus identidades. Mientras tanto, los planes de estudio que predominan en el país continúan divididos en multitud de asignaturas rígidas, sin puentes con la vida real. La escuela enseña en blanco y negro a generaciones que viven en colores de alta definición.

Es cierto que ha habido avances: los maestros tienen mejor formación, mejores salarios y más apoyo del Estado. En muchas ciudades se han hecho grandes inversiones en infraestructura y tecnología. Pero la transformación de fondo –la que cambia las prácticas y la cultura profesional– sigue pendiente. En los resultados de aprendizaje, el progreso es precario, y la docencia parece atrapada en un tiempo que ya no existe.

Parte del problema está en el modo como se forma al maestro. Mientras los médicos son formados por médicos y los ingenieros por ingenieros, forjando una fuerte identidad profesional desde la universidad, los futuros docentes suelen aprender de profesionales que nunca han enseñado en la escuela básica. Así es difícil construir una identidad sólida que sume conocimiento, experiencia y compromiso. Una profesión madura no depende solo de personas con muchos títulos, sino de una comunidad organizada, capaz de reflexionar sobre su práctica, definir estándares éticos y generar conocimiento propio.

Durante décadas, la agremiación sindical ha sido fundamental para los maestros. Gracias a ella se han conquistado condiciones laborales bastante satisfactorias y estímulos para prepararse y progresar. Pero el relato heroico con el que se consiguieron muchas cosas en el pasado ya no rima con la realidad actual. 

Hoy, muchos educadores jóvenes, con posgrados y nuevas aspiraciones, no se sienten representados por un discurso anclado en la lucha de clases. La educación necesita una voz profesional, que vaya más allá de lo reivindicativo; una voz que proponga, que piense el país, que dialogue de igual a igual con empresarios, políticos y académicos. En Colombia hay más de 150.000 educadores en el sector privado que no tienen representación en los espacios donde se define la política educativa. Y mientras tanto, la dirigencia sindical sigue repitiendo fórmulas de hace cincuenta años. El mundo cambió, pero la forma de pensar la docencia no.

Si los maestros quieren ser protagonistas del cambio social y comprometerse a fondo con el cierre de las profundas brechas sociales que se siguen ahondando en el país, deben asumir su papel más allá de las aulas. Es indispensable enseñar bien, pero también se debe participar en los debates públicos, en la formulación de políticas, en la construcción de un proyecto educativo nacional. Y eso exige organización, autonomía y pensamiento colectivo.

Pensar la educación es pensar la cultura: cómo nos entendemos, qué soñamos, qué país queremos ser. Los maestros necesitan organizaciones profesionales capaces de reflexionar sobre el desarrollo económico, el avance de la ciencia y la tecnología, los métodos más avanzados en pedagogía y las estrategias de transformación de las instituciones educativas. Para eso se necesitan maestros cultos, críticos y comprometidos, capaces de transformar la realidad, no solo de adaptarse a ella. La docencia no puede seguir viéndose como una profesión subordinada. Es hora de que los maestros se miren al espejo del siglo XXI y decidan si quieren seguir repitiendo el pasado o atreverse, de una vez por todas, a construir el futuro.

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá, Colombia

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Educar el lenguaje desde los primeros años es el primer paso para convivir en paz.

Al hablar no solo movemos la lengua: movemos el mundo que llevamos dentro. Cada palabra que pronunciamos evoca imágenes, recuerdos y hasta movimientos. La ciencia del cerebro lo ha demostrado con claridad. Cuando una persona escucha o lee verbos como correr o agarrar, no solo se activan las zonas del lenguaje, sino también las áreas motoras que controlan las piernas o las manos. Es decir, el cerebro “ensaya” la acción al pensarla o al nombrarla.

Esto nos dice algo profundo: el pensamiento no ocurre solo en la cabeza, sino en el cuerpo entero. Las palabras no son etiquetas pegadas a las cosas, sino experiencias condensadas. Por eso, los niños aprenden mejor cuando hablan, se mueven, representan o manipulan objetos. No es casual que los objetos ayuden a entender las matemáticas o que una dramatización haga más claro un texto literario. El lenguaje, la acción y la emoción forman una unidad que construye el sentido.

La neurociencia ha confirmado que las experiencias corporales dejan huellas que se reactivan con el lenguaje. Cuando un niño usa sus manos para contar, su cerebro está integrando sistemas motores y conceptuales; cuando dramatiza una historia, no solo recuerda palabras, sino que revive el significado desde la acción. Aprender así no es jugar a enseñar, es enseñar de verdad, porque el cuerpo participa del pensamiento.

Sin embargo, en muchas aulas todavía se educa como si pensar fuera una tarea exclusivamente mental. Se exigen silencio y quietud, olvidando que la mente necesita moverse, experimentar, equivocarse y volver a intentar. Lo que muestran los estudios neurolingüísticos es que el aprendizaje no se reduce a la memoria verbal. Entender una idea implica relacionarla con lo que el cuerpo ha vivido.

Si los maestros asumen esta conexión entre lenguaje, pensamiento y acción, la enseñanza podrá transformarse. Basta incorporar gestos, materiales, dramatizaciones y conversaciones significativas para que las palabras dejen de ser abstractas y se conviertan en experiencias. En un mundo donde se confunde hablar mucho con pensar bien, vale la pena recordar que las palabras solo adquieren sentido cuando se hacen vida. Y eso empieza en la escuela, donde aprender debería ser, ante todo, una forma de actuar y de sentir el pensamiento.

Por esto no resulta trivial que en el proceso educativo se deba tener el mayor cuidado con el lenguaje desde la primera infancia. El uso de un vocabulario procaz, el insulto como estrategia de descalificación o la invitación verbal a rechazar o a dañar a otros tiende a configurar un mundo interior agresivo que, a su vez, busca convertirse en acción. Esto lo saben muy bien los activistas de toda clase cuando a través de sus instigaciones verbales buscan azuzar a las multitudes en nombre de un dios, una ideología o el culto a un equipo deportivo.

Por el contrario, el hábito temprano de usar palabras amables y saber elegir la forma más cordial para expresar diferencias de ideas o destacar oportunidades de construir proyectos comunes es el arte de la diplomacia, cuyo fin último es la convivencia pacífica y el desarrollo verdaderamente humano entre comunidades y naciones.

Aprender a vivir como seres civilizados y construir oportunidades de progreso sostenibles en un mundo tan complejo como el actual implica superar las experiencias históricas de quienes han generado en el pasado y el presente el exterminio de pueblos enteros por razones étnicas, religiosas o políticas usando el lenguaje como el arma más eficaz para convertir gente normal en asesinos y monstruos de crueldad. Educar el lenguaje desde los primeros años es el primer paso para convivir en paz. Por el contrario, creer que la paz puede florecer en medio de la vulgaridad y el insulto constantes es, por lo menos, una estupidez.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá, Colombia

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