Este tema de mucho interés para nuestro grupo fue el centro de nuestra última tertulia. Nadie existe probablemente mejor preparado que nuestro invitado para acercarnos a los alcances de la reforma educacional que se discute actualmente en el Congreso Nacional. Pacho, con su claridad y profundidad de análisis, conversó abiertamente con nosotros sobre la compleja realidad de lo que existe actualmente de legislación en los diversos niveles de la Educación en Colombia y lo que se propone con esta iniciativa gubernamental. Compartimos la tertulia con nuestros lectores interesados en el tema.
Francisco Cajiao
Ninguna sociedad puede progresar sin ocuparse de lo que ocurre en los procesos educativos.
En su primer año de administración, Claudia López convocó a una ‘Misión de educadores’ para que se ocupara de proyectar la educación de Bogotá al 2038, entendiendo que jamás las miradas de corto plazo podrán dar respuesta adecuada a niños cuyo trayecto educativo, desde la primera infancia hasta la edad en que pueden incorporarse plenamente a la vida productiva, puede durar entre quince y veinte años.
Es largo el camino para irnos haciendo humanos gracias al desarrollo de nuestras facultades motrices, cognitivas, sociales y emocionales. Por eso la educación es un derecho fundamental, ya que gracias a ella acumulamos humanidad, capacidad de cooperar con otros, responsabilidad para buscar soluciones pacíficas a los problemas colectivos y curiosidad para explorar el mundo que nos rodea y desarrollar los conocimientos necesarios para transformarlo y conservarlo. Ninguna sociedad puede progresar material y espiritualmente sin ocuparse con seriedad de lo que ocurre cotidianamente en los procesos educativos.
La ‘Misión de educadores’ no se detuvo en las conclusiones de esa gran consulta ciudadana que se extendió por casi un año. A ella le siguió la expedición de un documento Conpes[1], que es un plan de largo plazo como ruta para conseguir las grandes metas que se vislumbran para una generación. Un asunto central de esa mirada al futuro es la inaplazable necesidad de hacer profundas transformaciones pedagógicas.
El mundo está cambiando a una increíble velocidad. Las tecnologías de la información, la ingeniería genética, la inteligencia artificial, la química molecular, la agricultura o la comprensión del universo exigen generaciones capaces de abordar problemas complejos, comprender fenómenos inesperados e idear nuevas maneras de vida y adaptación en un mundo superpoblado y con creciente limitación de recursos. Es claro que la educación que recibimos las generaciones anteriores no es suficiente para las nuevas necesidades. Es claro también que es imposible predecir con precisión cómo serán muchas cosas en veinte años.
Por eso se requiere pensar y actuar en nuevas direcciones. Es exactamente lo que ha venido haciendo todo el equipo de la Secretaría de Educación de Bogotá en este tiempo. Hablo del equipo, porque son muchos los frentes donde se vienen cumpliendo las recomendaciones plasmadas en los documentos mencionados.
La semana pasada fue la premiación de las Olimpíadas STEM 23, en las cuales participaron durante todo el año, más de 3.700 estudiantes de todas las edades, agrupados en 453 equipos de trabajo, provenientes de 267 colegios públicos y privados. Miles de niños y maestros ocupados de comprender el mundo desde la investigación científica y las aplicaciones tecnológicas. Durante este tiempo las mentes infantiles estuvieron ocupadas con galaxias, sistemas de transporte, agricultura urbana, fenómenos atmosféricos, programas de cómputo… y con ellos hubo universidades, centros de ciencias y empresas. Unas semanas antes, otros miles de estudiantes cerraban el segundo Festival escolar de las Artes.
Estas acciones materializadas en la cotidianidad de los colegios, que convocan diversos sectores de la sociedad y que permiten la plena realización profesional y humana de los maestros, representan los verdaderos cambios. Si las cosas no ocurren en el colegio, todos los discursos y todas las leyes serán irrelevantes. Se requieren directivos que conozcan a fondo los complejos problemas de la educación, pero sobre todo que sean capaces de liderar equipos técnicos y comprometidos. Eso es lo mejor que ha sucedido en estos cuatro años.
La elección de Carlos Fernando Galán le da a la ciudad la seguridad de que los niños, niñas y jóvenes de Bogotá contarán con un dirigente que entiende profundamente la importancia de lo que se ha venido construyendo y le dará la necesaria continuidad a todo aquello que necesita tiempo, conocimiento y dedicación para madurar.
Francisco Cajiao
Publicado en EL TIEMPO, Bogotá
7 de noviembre 2023
[1] Consejo Nacional de Política Económica y Social.
Los ciudadanos deben tener en cuenta que la educación de sus hijos dependerá de su voto.
Durante la alcaldía de Hernando Durán Dussán en Bogotá,hubo una visita oficial de Tierno Galván, recién elegido alcalde de Madrid. Después de los honores debidos a una personalidad de su calibre político e intelectual, pidió que le facilitaran una visita a la librería Buchholz, donde se podían encontrar tesoros que ni los dueños sabían que existían. En ese tiempo yo ocupaba la rectoría de la Universidad Distrital, así que al alcalde le pareció que podía ser una buena compañía para aquella excursión.
Por desgracia mi conocimiento del personaje se limitaba a las palabras que había pronunciado unas horas antes. En esas condiciones era mejor estar en silencio y limitarme a contestar las preguntas que me hacía sobre el recorrido entre la plaza de Bolívar y la calle 59 con carrera 13, donde estaba la librería. Fue directo a la sección de historia y soltó un comentario que se me grabó: “Toda la historia ha sido escrita desde la perspectiva de las naciones y esa suele ser una historia de guerras y fronteras; habría que volver a escribirla pensando en las ciudades, pues allí es donde se entiende la industria, la convivencia, la solidaridad y el progreso”.
En efecto, es crucial el papel de los gobiernos locales, donde los ciudadanos pueden acudir a concertar y participar en el diagnóstico y la búsqueda de solución a las múltiples necesidades de la vida cotidiana. Basta ver la impotencia del Gobierno Nacional para resolver cualquier problema, máxime si en los altos cargos hay gente inexperta o francamente inepta. Por el contrario, buenos gobiernos locales pueden entender mejor las necesidades de las comunidades y disponer de herramientas administrativas para resolver los problemas propios de cada lugar. Eso, desde luego, si se eligen buenos gobernantes, porque también es el nivel donde la corrupción se lleva una buena tajada de los recursos públicos y de las oportunidades de desarrollo de las comunidades.
En la educación, el papel de los alcaldes y gobernadores es fundamental. Ninguna ley estatutaria mejorará el acceso de los niños a una formación de primera calidad, si en las administraciones locales no hay claridad y buen manejo de los recursos. Es allí donde se organiza el servicio educativo, se asignan los maestros, se contrata la alimentación y se hace el mantenimiento de las plantas físicas. Si en las localidades no funcionan las cosas, los niños no tendrán la atención que la constitución establece, así el ministerio multiplique sus discursos.
Los ciudadanos deben tener en cuenta que la educación de sus hijos en los próximos años dependerá de su voto. Alcaldes y gobernadores tendrán que responder por la calidad y por el acceso en las zonas más pobres y apartadas. Si la gestión local no asegura la atención integral a la infancia, se reproducirá la pobreza en esas comunidades, mientras habrá progreso individual y colectivo donde se dé prioridad a esta población.
En el caso de Bogotá, está terminando uno de los mejores cuatrienios que haya tenido la ciudad en educación. Se han construido colegios dignos de las mejores ciudades del mundo, se han propiciado planes de largo plazo con la participación de miles de ciudadanos, se ha demostrado de manera práctica cómo ampliar el acceso a la educación superior con el apoyo de instituciones de alta calidad públicas y privadas, se han dado pasos importantes en la disponibilidad de herramientas tecnológicas, se han abierto puertas a la educación internacional y se han promovido masivamente las actividades artísticas. Seguramente otras ciudades y departamentos podrán mostrar también grandes logros, porque ahí es donde suceden las cosas.
Harán bien los ciudadanos en elegir a quienes aseguren la continuidad de estos esfuerzos, pues las nuevas generaciones necesitan contar con que las cosas buenas no terminen en el tacho de la basura, desplazadas por algún discurso rimbombante.
Francisco Cajiao
Publicado en El Tiempo, Bogotá
El texto de la reforma a la educación presentado al Congreso es más farragoso que el inicial.
La historia de Pandora es muy instructiva, como todos los mitos griegos. Zeus, molesto con Prometeo por haberse robado el fuego para entregárselo a los humanos, llevó de regalo de boda a Pandora, su cuñada, un recipiente con la advertencia taxativa de no abrirlo. La chica, muy curiosa, decidió ver lo que había dentro y, al hacerlo, escaparon todos los males del mundo. Cuenta el mito que cuando finalmente logró cerrarla solo quedó en el fondo Elpis, el espíritu de la esperanza, que era lo único positivo que habían depositado ahí los dioses.
Algo así está pasando con los proyectos de ley de la educación. El texto de la estatutaria presentado al Congreso es bastante más farragoso que el inicial. Desde luego, no cumple con el requisito esencial de poner al centro a los niños, niñas y jóvenes, de acuerdo con el precepto constitucional de que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás. Por el contrario, parece que además de repetir lo que ya está dicho en la Constitución y ratificado en múltiples sentencias de la Corte, muestra más interés en garantizar el derecho de los maestros a la protesta –ya garantizado en otras leyes– y a las condiciones laborales que ya cuentan con muchas garantías, como puede verificarse analizando las grandes y merecidas mejoras que ha tenido la profesión.
Olvida, por supuesto, precisar que la mera asistencia escolar no satisface el derecho, ni es enfática en que la calidad debe ser objeto de reclamación ante la autoridad competente, y eso incluye que los estudiantes adquieran las competencias básicas que les permitirán acceder a los demás derechos y oportunidades que pueden romper el círculo de la pobreza. Lo que muestran las pruebas es que un alto porcentaje de los niños están llegando a quinto de primaria sin saber leer y escribir, para no mencionar su pobrísimo desempeño en matemáticas. Si un atributo de un derecho fundamental es que sea inherente a la dignidad humana, y ella se consigue y se enriquece gracias al acceso a los bienes de la cultura, la negación de la lectura es una enorme negación de humanidad.
Anda diciendo el viceministro que por primera vez en la historia de Colombia habrá artes y deportes en todos los colegios del país –lo que es una falacia– pero no ha dicho nada sobre qué se hará para garantizar que los niños, niñas, jóvenes y maestros dominen los aprendizajes básicos. El sábado salió un extenso reportaje sobre la pobreza en los desempeños de los universitarios que estudian licenciaturas. Si las universidades les están entregando títulos, con la anuencia del Ministerio, sin cumplir con altos estándares de desempeño, no hay ley estatutaria que garantice el derecho de sus alumnos o que permita tener confianza en la educación pública.
De otra parte, han aparecido textos de profesores universitarios y otras organizaciones manifestando su inconformidad con el proyecto, pues dicen que se queda corto, que no incluye suficientes compromisos, que no incorpora todas las complejidades relacionadas con los problemas del mundo contemporáneo. También se ha anotado la pobreza de lo relacionado con la primera infancia, desconociendo los avances del país en la última década, así como el cúmulo de estudios internacionales sobre el tema.
Y si aquí se abrió una caja de Pandora, ni qué decir con la reforma de la Ley 30 de educación superior. Ese es un costal de anzuelos, pues la definición misma de educación superior parece que ya no sirve. La ministra del Trabajo ha dicho que no le gusta que metan al Sena en el saco del Ministerio de Educación, y por ahí se filtran muchas preguntas sobre la educación para el trabajo.
Como en el mito griego, todavía queda la esperanza de que la Corte Constitucional, institución reposada y respetable, pueda ayudarnos en su momento a darle sensatez y algo de orden al caos que suele surgir de los muchos discursos y de la poca experiencia en resolver problemas.
Francisco Cajiao
Publicado en El Tiempo, Bogotá
Diríamos de este país, pero también expuesto a naufragar, si sus dirigentes pierden el rumbo.
Como lo saben los amantes del cine, este es el título de una película del gran Federico Fellini. La cinta es de 1983 y desde la época en que la vi por primera vez he conseguido volver a disfrutarla dos o tres veces, siempre fascinado por este genio del séptimo arte.
La cuestión, que quizá consulte con un psiquiatra ahora que importa tanto la salud mental, es que cada que leo las noticias o veo actuar a ciertos dirigentes y funcionarios de diversas ramas y niveles del Estado, se me viene a la cabeza la bendita película con todas sus alucinaciones. Como si fuera poco siento que, por fin, después de tantos años, entiendo bien de qué se trata.
Para quienes no la conocen, me permito hacer este resumen: la historia se desarrolla a bordo de un lujoso transatlántico que transporta las cenizas de una famosa soprano fallecida a su último lugar de descanso en alta mar. El barco está lleno de una ecléctica mezcla de pasajeros, incluyendo a artistas de la ópera, aristócratas, periodistas y otros personajes extravagantes. A medida que la nave navega hacia su destino, los viajeros se ven envueltos en una serie de situaciones surrealistas.
Durante todo el viaje estos personajes se embarcan en una increíble lucha de egos. En una escena memorable, los cantantes visitan la sala de máquinas de la nave donde, por supuesto, hay un ruido infernal y a pedido de los maquinistas se trenzan en un improvisado torneo vocal que delata las rivalidades y envidias entre los artistas en un excepcional estudio psicológico que no sería muy distinto a lo que vemos en nuestro país de la belleza. No faltan, desde luego, los pobres, representados por un grupo de refugiados serbios recogido en alta mar –todo ocurre al inicio de la primera guerra mundial– y amontonado en la cubierta, donde los viajeros oficiales les observan con suma curiosidad, como si se tratara de una rara especie.
Así como ocurre de tiempo en tiempo en nuestro mundo felliniano, se descubre un día que en el barco viaja un rinoceronte africano que se está pudriendo y apesta por todos lados, como si fuera alguno de esos hoyos de corrupción que todo el mundo ve, pero que nadie sabe cómo sacar ni qué hacer con él. Todos los tripulantes lo contemplan aterrados, pero pesa toneladas y se ignora la forma de lidiar con él. Simplemente hay que llevarlo con su fetidez, como a ciertos personajes que se nos incrustan en el centro de gravedad, ocupando espacios de las noticias, fastidiándonos, pero irremediablemente impunes.
La película combina elementos de comedia, sátira política y exploración de la condición humana. Fellini utiliza la trama del viaje en barco como un medio para explorar temas como la vanidad, la decadencia de la sociedad europea antes de la guerra y la naturaleza efímera de la fama y la belleza. Estos temas tan universales perduran y se convierten en materia obligada de reflexión en cualquier época. Lo interesante, lo que me ha reactivado el recuerdo específico de esta obra maestra, es su actualidad y su cercanía con nuestras realidades.
El ejercicio del poder, que debería ser el escenario por excelencia de la ponderación y la prudencia, en cuanto pretende asegurar el destino de todos los ciudadanos, con frecuencia se trastoca en una pasarela de abusos, despropósitos y vanidades. Quienes arriban a un ministerio, a un ente de control, a un cargo subalterno de menos lucimiento, comienzan a pujar para ser más visibles, para obtener mayores beneficios, para cantar más fuerte…
Y la nave va, diríamos de este país con sus virtudes y sus virtuosos, pero también expuesto a naufragar si sus dirigentes pierden el rumbo y olvidan que todos los ocupantes necesitan llegar a puerto seguro. El film –perdón que cuente el final– culmina con el hundimiento de la nave mientras los pasajeros huyen en botes salvavidas al son de la música de Verdi.
Francisco Cajiao
Octubre, 2023
El patrón de impunidad se replica como parte de la cultura desde la primera infancia.
Las comunidades humanas se van configurando a lo largo del tiempo de acuerdo con la forma como las personas se comportan y responden por sus actos.
Cuando desde la primera infancia los niños son estimulados a cooperar, a respetar normas fundamentales de convivencia y a desarrollar sus actividades de manera responsable, es más probable que una sociedad progrese y construya relaciones de confianza. Ese proceso supone que el trabajo bien hecho, las buenas relaciones entre pares y el cumplimiento de las normas, son reconocidos de manera explícita, pero también, que los comportamientos que atentan contra los demás tienen una sanción apropiada.
Decía Kant en su manual de pedagogía que “el que no está cultivado es rudo; el que no está disciplinado es salvaje”. Recalca que resulta más grave la falta de disciplina que la falta de cultura, pues la segunda se puede resolver a lo largo de la vida, mientras que es muy difícil establecer límites tardíamente. El objeto central de una buena educación, según él, es asegurar que los seres humanos,desde el comienzo, aprendan a someterse a las prescripciones de la razón, y advierte con toda claridad que quien ha sido educado con complacencia, sin ninguna exigencia y resistencia a sus impulsos, tendrá muchas dificultades para enfrentar las circunstancias adversas que le presente la vida.
La indisciplina y la falta de autocontrol no solo afectan al individuo, que sin duda alguna tendrá muchos problemas para realizar sus propias metas, sino que será un verdadero dolor de cabeza para los demás, especialmente si cada quien puede hacer todo lo que le venga en gana y nunca le pasa nada.
Esa preocupación se expresa reiteradamente en Colombia por estos días. La ‘paz total’ propuesta por el Gobierno es un bien deseable y que todo el mundo anhela, pero si significa que quienes extorsionan, trafican, secuestran y asesinan pueden luego sonreír ante las cámaras, confiados en que no les pasará nada, comienza a haber dudas. Los gobernadores lo han expresado de todos los modos posibles. La gente está saliendo a la calle a preguntar por qué no hay tiempo ni ganas para discutir y concertar con quienes trabajan y cumplen la ley, mientras se muestra tanta delicadeza con quienes viven en la ilegalidad.
No es bueno que un embajador se pase por la faja sus obligaciones, diga improperios, abandone su sede y no le pase nada, y tampoco que todos los días se pregunte dónde andaba el Presidente de la República a las horas en que debía estar cumpliendo con su deber en eventos nacionales e internacionales de los cuales dependen, en buena parte,la confianza y la credibilidad del Gobierno, sin que el funcionario ofrezca ninguna explicación, mientras pide a sus ministros, siempre bajo amenaza, que trabajen veinticuatro horas diarias.
No resulta extraño que este patrón de impunidad se replique como parte de la cultura desde la primera infancia. Muchos padres son incapaces de poner límites a sus pequeños en el hogar y ya es un escándalo cotidiano el número de casos de matoneo, agresividad y violencia en los colegios, sin que los maestros y directivos sepan cómo actuar.
Por fortuna superamos la época del castigo arbitrario, sin explicación alguna, que durante mucho tiempo existió en el régimen autoritario de la escuela. Es un gran avance que se busquen nuevos mecanismos de solución de conflictos entre niños y jóvenes, que participen en la discusión de los manuales de convivencia y que se siga el debido proceso en caso de sanciones. Lo que no es aceptable es que ocurran situaciones graves, que se instalen pequeños matones a maltratar a sus compañeros y que no les pase nada.
Siguiendo el lenguaje de Kant y escuchando a muchos maestros y rectores de colegios públicos y privados, tengo la sensación de que nos estamos instalando poco a poco en una sociedad de salvajes, animada por abundantes ejemplos del mundo adulto.
Francisco Cajiao
Publicado en EL TIEMPO, Bogotá
Como sociedad estamos fracasando estrepitosamente en la educación política de nuestros niños.
El Instituto V-Dem, en su reporte mundial sobre la democracia, dice que los avances logrados en los últimos 35 años se han esfumado, debido a que el 72 % de la población mundial vivió en autocracias durante el 2022; la libertad de expresión se deterioró en 35 países; la censura gubernamental de los medios de comunicación empeoró en 47; la represión gubernamental de las organizaciones de la sociedad civil se está agravando en 37, y la calidad de las elecciones empeora en 30.
Señala el informe que desinformación, polarización y autocratización se refuerzan mutuamente, cuando los principales países en vías de democratización reducen sustancialmente la propagación de la desinformación y, en cierta medida, también la polarización.
El Latinobarómetro, en su informe de 2023, señala un evidente declive del espíritu democrático en América Latina. Dice que “se expresa en el bajo apoyo que tiene la democracia, el aumento de la indiferencia al tipo de régimen, preferencia y actitudes a favor del autoritarismo, el desplome del desempeño de los gobiernos y el desplome de la imagen de los partidos políticos. Varios países están en estado crítico de su democracia y otros ya pasaron a no tenerla”.
Colombia es un país que siempre se ha preciado de sus instituciones democráticas, pero los indicadores no son alentadores. Según el informe, solamente el 17 % de los colombianos manifiestan sentirse satisfechos con la democracia. Esto significa que los ciudadanos han perdido la esperanza en el buen desempeño de sus gobiernos y, junto con otros cinco países, nos convierte en territorio propicio para el florecimiento del populismo y del autoritarismo.
Es de suma importancia estimular de manera persistente la capacidad crítica de niños y jóvenes usando estrategias pedagógicas que les permitan conocer las diversas realidades del país.
El punto central de esta reflexión es que como sociedad estamos fracasando estrepitosamente en la educación política de nuestros niños y jóvenes. Solo 48 % de la población dice preferir la democracia a otros modelos de gobierno, mientras 33 % se declara indiferente entre la opción democrática o la autoritaria.
Día a día aparecen por todas partes los escándalos de los líderes políticos nacionales y locales, la corrupción, el irrespeto de las leyes, las diversas formas de polarización que se exacerban desde las redes sociales y las plazas públicas y el desgreño administrativo que parece crear más problemas que soluciones a las demandas públicas. Los informes mencionados señalan estos fenómenos como causas directas del decaimiento de la confianza en la democracia en todo el mundo.
La Constitución de 1991 le dio la mayor importancia a la formación democrática a lo largo de todo el proceso educativo y, en la ley general de educación se establecieron mecanismos que introdujeron formas de participación activa de los estudiantes en los gobiernos escolares, para que la organización escolar fuera en sí misma un modelo del tipo de sociedad que estaba plasmada en nuestra concepción de país. Sin embargo, colegios y universidades no parecen suficientemente preocupados por este tema del cual depende nuestra supervivencia como una sociedad capaz de resolver problemas y diferencias a partir de un debate basado en el sano ejercicio de la razón. Por eso es de suma importancia estimular de manera persistente la capacidad crítica de niños y jóvenes usando estrategias pedagógicas que les permitan conocer las diversas realidades del país, los hechos y análisis científicos que las explican, las diversas visiones posibles y las formas de identificar la manipulación malintencionada de la información.
Es una práctica tradicional en muchos países el desarrollo de debates entre estudiantes sobre los temas más variados, pues en ese ejercicio no solo se descubren grandes talentos y liderazgos, sino que se estimula el rigor lógico y se constata que la inteligencia puede ser mucho más atractiva que la gritería en las calles o en las redes.
Francisco Cajiao
Publicado en El Tiempo, Bogotá
El derecho no se satisface con la simple asistencia a una institución educativa durante un tiempo.
Por fortuna el gobierno ha propiciado la discusión sobre la educación y su carácter de derecho fundamental. Ojalá, si el proyecto de ley estatutaria llega al Congreso, se dé allí la discusión con la profundidad que el tema merece. No es algo nuevo, pues nuestro ordenamiento jurídico reconoce ampliamente lo que se quiere reafirmar, pero es la oportunidad para examinar el alcance y las implicaciones de esa ratificación explícita.
No se trata de volver a enumerar las condiciones retóricas del derecho, sino establecer si ellas aplican por igual, a la primera infancia y a estudios de posgrado o si la definición de derecho fundamental sustituye la definición de servicio educativo y la obligación del Estado de organizarlo.
Será necesario profundizar en el concepto de aceptabilidad, que a mi juicio es un poco más etéreo que el tradicional criterio de calidad, asociado a sistemas rigurosos de seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje en los diversos niveles y modalidades educativas. Deberá quedar claro que el derecho no se satisface con la simple asistencia a una institución educativa durante un período de tiempo. Las pruebas que realiza el ICFES tienen un enorme valor porque permiten hacer un seguimiento a lo largo de muchos años, y en los datos se puede constatar que hay millones de niños y jóvenes que asisten regularmente a clases y no aprenden lo mínimo para hacer parte activa de una sociedad cada vez más basada en el conocimiento. Este es el oscuro presagio de sus oportunidades futuras.
Las causas son múltiples y están bastante identificadas: inicio tardío de la escolaridad, deficiencia nutricional en la primera infancia, déficit de capital cultural en su entorno, problemas de acceso a la escuela en zonas apartadas, deficiencia en la infraestructura escolar, ausentismo de los maestros, currículos y métodos pedagógicos anacrónicos y problemas administrativos y financieros del sector. Lo que una ley estatutaria debería examinar es cómo abordar la solución de estos problemas de manera que se aseguren los aprendizajes y que se establezcan tanto los responsables como los mecanismos para exigir que eso ocurra.
Del mismo modo que no se garantiza el derecho a la salud con el solo hecho de construir hospitales, no es suficiente abrir cupos de educación superior si en todos los años previos no se adquieren las capacidades intelectuales y la madurez emocional que se requieren para decidir el tipo de vida adulta que se quiere construir y disponer de las herramientas para realizarla.
En un mundo altamente competitivo y cambiante como el actual, los jóvenes necesitan desarrollar enormes capacidades de persistencia, disciplina y tolerancia a la frustración y al fracaso, pues sea en la ciencia, el arte, los negocios o el servicio público, el éxito y el progreso dependen en muy alto grado de las habilidades y competencias adquiridas en la educación básica. Por eso no basta con que asistan al colegio. En ese tiempo precioso que va desde el nacimiento hasta los diez y siete años deben realizarse procesos importantes y no son los mismos de hace treinta años.
Las trayectorias educativas que primaron por medio siglo han cambiado mucho en la última década. La importancia de la educación básica sigue vigente, pero ya la universidad no es sinónimo de educación postsecundaria y el concepto de educación superior se va haciendo más difuso, pues ella puede ocurrir en los lugares de trabajo, en espacios virtuales o en centros de investigación industrial. Por eso, también se hace necesario que el legislativo sea muy riguroso en las definiciones, tanto del alcance de los derechos, como de su exigibilidad.
Una educación básica mediocre es sinónimo de negación generalizada de un derecho que, en buena parte, define el destino de personas y de grupos sociales.
Francisco Cajiao
Agosto, 2023
Cambiar el concepto de servicio educativo por el de derecho fundamental es ingenuo.
Por fortuna, el buen juicio y la trayectoria académica de la ministra de Educación permitieron que el diseño y trámite de leyes tan importantes como las anunciadas se hagan con el tiempo suficiente para que la inteligencia propia del sector no termine en unos proyectos indignos de quienes tienen en sus manos enseñar a las nuevas generaciones el valor del conocimiento.
Y conviene decirlo de este modo, porque el borrador de la reforma de la Ley 30 es pobre y el de ley estatutaria resulta irrelevante.
De la educación superior se están ocupando con solvencia las universidades e instituciones del sector. Ya verán si todos los cambios de palabras son solo eso, o hay cambios conceptuales con implicaciones que van más allá de conseguir aplausos en las galerías. Si, por ejemplo, todo lo que ocurre después de “la secundaria o la media”, como reza alguno de los artículos, es educación superior, cualquier curso de habilitación laboral de cien horas calificaría para cumplir la promesa presidencial de los 500.000 cupos nuevos y esto es más barato que asegurarles carreras profesionales en las buenas universidades públicas cuyo costo unitario por semestre es superior a los nueve millones de pesos.
¿Se requiere una ley estatutaria para inventarse un grado doce, cuando ni siquiera se están satisfaciendo las condiciones mínimas de obligatoriedad, acceso y calidad a la secundaria y la media?
Ahora quiero detenerme en el proyecto de ley estatutaria, porque representa una enorme oportunidad para que el Gobierno avance sobre lo que ya está dicho, mucho mejor redactado, con mayor profundidad y claridad conceptual tanto en la Constitución como en la Ley 115, además de ratificado en numerosas sentencias de la Corte Constitucional.
No tiene sentido desgastarse en un trámite legislativo para decir que la educación es un derecho fundamental, sin tomarse el trabajo de decir por qué tiene ese carácter, sin señalar qué se añade a lo que ya tiene el régimen jurídico o sin establecer las implicaciones de semejante declaración. ¿Se requiere una ley estatutaria para inventarse un grado doce, cuando ni siquiera se están satisfaciendo las condiciones mínimas de obligatoriedad, acceso y calidad a la secundaria y la media? Eso para no mencionar el recorte que introduce a la educación inicial, cuya garantía está en pañales. Y no se entiende cómo se refrendan de un plumazo aspectos curriculares y reglamentarios que llevan treinta años y que tendrían que estarse revisando para adecuar el aparato educativo a las profundas transformaciones que ha tenido la sociedad.
Cambiar el concepto de servicio educativo por el de derecho fundamental es ingenuo, por decir lo menos. El proceso educativo ha sido un tema central de filósofos y científicos sociales, y todos coinciden en que trasciende con mucho el ámbito institucional y se nutre de la multiforme riqueza cultural de la humanidad a lo largo de la vida. Pero de ese enorme universo, lo que corresponde garantizar al Estado es la organización de un servicio educativo que dé las mismas oportunidades de acceso a la ciencia y la cultura a todos los ciudadanos.
Es ahí donde tiene sentido poner en el centro el derecho de los educandos, principalmente niños y jóvenes, de modo que esa educación sea inherente a su dignidad y sea exigible ante los gobernantes y los jueces. Si van al colegio y no aprenden lo necesario para avanzar a ciclos superiores, su derecho ha sido vulnerado, tanto como si bajo cualquier pretexto se suspende o restringe el servicio educativo. La ley debería ser clara en los mecanismos para asegurar y exigir las condiciones de calidad, pues la mera asistencia escolar no satisface el derecho. Es en este tipo de ley donde se debe refrendar el principio constitucional de que los derechos de los niños prevalecen sobre los demás.
Si en alguna parte tienen importancia el rigor filosófico y la disciplina jurídica es precisamente en el discernimiento de los derechos fundamentales. Tengo la certeza de que la ministra Vergara encontrará en las universidades las mentes más lúcidas para acertar en su propósito, dando a la educación la alta dignidad que merece.
Francisco Cajiao
Publicado en El Tiempo, Bogotá, Colombia
Formación critica en la Educación e Inteligencia Artificial
Respondiendo a los múltiples interrogantes que se hacen por la falta de formación crítica en la Educación y ante el rápido desarrollo de la Inteligencia Artificial, nuestro compañero y amigo Pacho Cajiao, estuvo conversando con nosotros sobre estos temas con su estilo claro, abierto y descomplicado. Compartimos con nuestros lectores esta maravillosa tertulia.
Habría que asegurar, antes que nada, el derecho fundamental a la educación básica.
La ministra de Educación ha anunciado que el 20 de julio se presentará la reforma integral de la Ley 30, que regula la educación superior en Colombia. Muchos rectores han solicitado que se dé más tiempo para su discusión y análisis, dado que no se conoce el texto que irá al Congreso, pero la respuesta es que la fecha ya está definida.
Lo que hay por ahora son algunas declaraciones de la ministra Vergara sobre los ejes de la reforma, cuya importancia es indiscutible, especialmente en lo referente a la financiación de las instituciones públicas. Pero hay muchos otros asuntos sobre acceso, tipología, condiciones de calidad, gobernanza y autonomía que requerirán análisis juiciosos, pues no son temas sencillos ni en lo conceptual ni en lo práctico.
Para mencionar apenas uno que reviste una gran importancia: ¿qué tratamiento tendrá el Sena en esta ley? Esta entidad representa casi el 20 % de la matrícula pública que se registra como educación superior, pero está adscrita al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. Sus principios y directrices filosóficas provienen de la OIT, y en su gobierno participan empresarios y trabajadores, tiene recursos propios y sus cursos siempre han sido gratuitos. Es importante que el país sepa si se integrará formalmente al sistema de educación superior o si seguirá siendo un complemento estadístico de cobertura.
Se ha hecho un gran énfasis en que lo más profundo será el cambio de carácter de la educación superior, pasando de ser un servicio público a ser un derecho fundamental. Mucho tendrán que discutir los juristas, y en las universidades residen los más eruditos académicos del derecho. Me temo que también será importante en esta materia el concepto de la Corte Constitucional y sospecho que tal vez sería materia de una ley estatutaria pendiente.
No soy experto en el asunto, pero me temo que ir creando por ahí derechos fundamentales no es tan simple. Por supuesto, estoy de acuerdo en que todos los ciudadanos, sin distinción alguna, deberían tener la oportunidad de acceder a las mejores posibilidades de educación de acuerdo con sus propios talentos y expectativas de vida. Pero este derecho solo se puede ejercer si se garantiza efectivamente todo el proceso desde la primera infancia, asegurando que en cada etapa del desarrollo se den las mejores condiciones, de modo que al llegar al momento de optar por la educación superior, no solo haya la oferta suficiente, sino que las personas tengan las condiciones necesarias para afrontar los duros desafíos de la exigencia académica.
Basta estudiar con cuidado los resultados de las pruebas de lectura, matemáticas y ciencias de las pruebas Saber 11, para constatar que multitud de jóvenes que terminan el bachillerato sin saber leer y escribir no podrán reclamar el derecho fundamental a ser universitarios, así haya miles de cupos disponibles. Si un derecho fundamental es exigible ante la ley por ser inherente a la dignidad humana, difícilmente podrá ser reclamado y garantizado si la persona no demuestra ser idónea en el campo profesional al cual aspira, pues su derecho no es solamente un beneficio individual, sino que tiene una correlación directa con la responsabilidad que adquirirá frente a la sociedad. No podrán ser graduados médicos, abogados, ingenieros calculistas, físicos o maestros solamente en función de la exigibilidad de un derecho, sin importar si son capaces de desempeñar su rol social con los más altos niveles profesionales y éticos.
Esto no significa que deba detenerse el esfuerzo por ampliar la cobertura en las universidades públicas, mejorar su financiamiento o facilitar el acceso en las regiones más apartadas. Pero no todo lo que suena bien y bonito genera verdaderos cambios. Habría que asegurar antes que nada el derecho fundamental a la educación básica, que sigue amenazado por la deserción y la baja calidad.
Francisco Cajiao
Publicado en El Tiempo, Bogotá
El cuidado de los niños en sus primeros años se centra en ayudarles a resolver sus dificultades.
Uno de los propósitos de la educación es asegurar que las nuevas generaciones se apropien de las capacidades que la humanidad ha ido acumulando y generen otras nuevas para enfrentar tanto problemas no resueltos hasta ahora, como los que emergen cada día.
Una de las acepciones del diccionario dice que problema es un “conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin”. De acuerdo con esto, puede decirse que para sobrevivir, es indispensable resolver muchos problemas todos los días. En efecto, casi todas las cosas que nos proponemos, desde la alimentación diaria hasta las metas más complicadas, tropiezan con multitud de obstáculos y dificultades que deben ser superadas para avanzar en la vida.
El cuidado de los niños en sus primeros años se centra, en alto grado, en ayudarles a resolver sus dificultades, mientras logran los aprendizajes necesarios para ir ganando su propia autonomía. Aprender a caminar, vestirse, expresarse adecuadamente, montar en bicicleta o usar ciertos instrumentos plantea enormes problemas mientras se adquieren las destrezas necesarias. Es indispensable hacer muchos ensayos y equivocarse repetidamente, hasta que de alguna manera el cuerpo y la mente se van poniendo de acuerdo para entender los movimientos, corregirlos y hacerlos cada vez más naturales. Nadie imagina los problemas que enfrenta en su intenso proceso de formación un gimnasta, una bailarina o un músico y, al verlos actuar, pareciera que todo les resultara fácil.
Otro tanto puede decirse de la cantidad de dificultades que se presentan para comprender el mundo que nos rodea. Entender cómo funcionan las cosas, descifrar el comportamiento de los demás seres humanos, desentrañar los misterios que explican las enfermedades o indagar sobre el futuro a partir de la información que se ha ido recogiendo a lo largo de la historia humana en relación con determinados asuntos de importancia para toda la especie.
La razón de ser de la investigación científica en todas sus modalidades, así como de las grandes transformaciones tecnológicas, es la necesidad constante de resolver problemas de la mejor forma posible. Y ese objetivo lo cumplen tanto el que inventa un sencillo electrodoméstico que facilita el proceso de preparación de los alimentos en una unidad familiar, como los equipos de científicos que se proponen hallar una vacuna contra un virus letal.
En este contexto es lógico que todo el proceso educativo tenga claro que el conocimiento, la ciencia, la tecnología, la capacidad de descifrar situaciones sociales y comprender las relaciones de los seres humanos con el entorno en el que viven, tiene como objeto desarrollar la capacidad de resolver problemas. Para ello, desde muy temprano, los niños deben aprender a identificar situaciones susceptibles de ser modificadas para provecho de todos, discutir acerca de ellas, examinar qué beneficios pueden tener diversas soluciones y, muy importante, anticipar los nuevos problemas que podrían surgir si todo funciona bien.
Es claro, por ejemplo, que la humanidad ha resuelto muchos problemas de salud y la esperanza de vida se ha incrementado rápidamente. Pero la sobrepoblación representa hoy un problema inmensamente mayor que obliga a enfrentar nuevos desafíos no imaginados hace apenas medio siglo. Si no preparamos a las nuevas generaciones para pensar con sensatez sobre hechos y datos, no serán los oradores quienes a fuerza de intuiciones descubran las soluciones a los graves problemas humanos.
Lo que resulta en extremo preocupante es la creciente tendencia a evitarles a los niños y a los jóvenes las dificultades propias de los procesos de formación. Si no aprenden desde el comienzo a enfrentar y resolver sus problemas, incluyendo la tolerancia a la frustración, será muy difícil que adquieran el temple para enfrentar los retos mayores que plantea la complejidad del mundo en que tendrán que vivir.
Francisco Cajiao
Julio, 2023
Publicado en El Tiempo, Bogotá.
Matrícula Cero. ¿Qué va a pasar con la educación superior?
El Congreso decidió que habrá matrícula gratuita en todas las instituciones públicas de educación superior. ¿Cuál es la lógica de esta medida? ¿Cuál es su costo? ¿Hasta dónde beneficia a los más pobres?
Del gobierno Duque al gobierno Petro.
El Congreso acaba de aprobar la ley que “establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas del país”. Este logro es importante para el gobierno porque era una promesa de campaña de Petro, a pesar de que el gobierno anterior ya había hecho algunos avances.
En efecto, en julio de 2021 se habia anunciado que “con la Matrícula Cero el Gobierno del Presidente Duque beneficiará a cerca de 695 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3 en todo Colombia, que representan el 97 % de los estudiantes de pregrado de las instituciones de educación superior, para los periodos académicos correspondientes al segundo semestre de 2021 y 2022, y se avanza en una propuesta para convertir esta iniciativa en una política de Estado que perdure en el tiempo”.
La ley aprobada esta semana ofrece gratuidad en la matrícula de forma permanente y aplica para todos los estudiantes que accedan a las instituciones públicas, no solo a los de estratos 1, 2 y 3.
Este es un aspecto importante que conviene examinar pues abre la discusión sobre lo que debe ser la educación superior en Colombia, sus modelos de financiamiento, el acceso, la calidad y su papel en la equidad social.
La educación superior: ¿bien público o bien privado?
Existen dos perspectivas sobre la educación superior, que tienen muy distintas implicaciones económicas y políticas.
En la primera mirada prima el bien público, y por eso considera que el Estado debe asegurar los recursos financieros para la formación avanzada y especializada de todos los ciudadanos que serán el futuro del país. Desde esta perspectiva, la educación superior tiene un papel decisivo para
- el desarrollo de la ciencia a través de la investigación;
- el desarrollo de la industria a través de su vinculación con el sector empresarial;
- el desarrollo general de la cultura a través de la producción intelectual de sus docentes y estudiantes;
- el desarrollo político a la hora de formar opiniones críticas sobre los asuntos del Estado.
De estas responsabilidades surgen principios fundamentales como la autonomía universitaria, que protege la libertad para acceder y divulgar el conocimiento.
Esta visión ha prevalecido en gran parte de Europa, donde la educación superior es pública en una altísima proporción.
La segunda perspectiva tiene un carácter más individualista. La educación superior está hecha principalmente para satisfacer el derecho individual, para asegurar las oportunidades de empleo y de progreso personal sin que esto implique una corresponsabilidad con la sociedad, sea económica o ética.
Esta mirada ha sido prevalente en América Latina. El Estado asume una responsabilidad parcial para sostener a las instituciones públicas que aseguren un porcentaje de oferta, entendiendo que una porción minoritaria de la población puede pagar los altos costos de una educación privada. Esto no significa que los demás fines desaparezcan, pero en la práctica deben contrastarse con la cantidad de recursos disponibles y con la productividad de las instituciones.
Si la educación superior tiene la responsabilidad de asegurar oportunidades de empleo y remuneración a las nuevas generaciones, acceder a la educación superior y ofrecer tantos cupos como sea posible se convierte en un instrumento fundamental de equidad social. Además de cupos directos, el Estado facilita mecanismos de crédito o programas de becas que permitan acceder a la oferta privada.
Es evidente que derribar barreras de acceso es muy importante para combatir las brechas sociales, pero es apenas una pieza de un gran rompecabezas, pues de nada sirve tener gente más calificada si no se crean las oportunidades de empleo que respondan a las expectativas de quienes han hecho grandes inversiones en tiempo y dinero para formarse.
¿Cuántos son los estudiantes?
En una entrevista realizada por la revista Semana en 2019, José Joaquín Brunner señalaba que “uno de los cambios más significativos que han transformado y que seguirán transformando la educación superior es la expansión de la matrícula. En 1950 había 250.000 estudiantes de educación superior en Latinoamérica. Hoy, hay alrededor de 28.000.000.”
“Luego está la explosión de Instituciones de Educación Superior (IES). En 1950 había 75 universidades, hoy hay cerca de 11.000 IES, de las cuales más de 4.000 son universidades. Un tercer fenómeno es el de la privatización. Otro cambio son las fuentes de financiación, porque han dejado de ser puramente estatales. Hoy es financiada —en algunos países—, en gran medida, por las familias y por los propios estudiantes cuando contraen un crédito para estudiar”.
Colombia no es la excepción. A finales de los noventa, la cobertura no superaba el 18 %. Hoy se habla del 51 %, con cerca de 2.500.000 estudiantes matriculados y 296 IES.
El 32 % de las IES son públicas y concentran alrededor del 50 % de la matrícula, incluyendo el SENA. Pero cuando se habla de financiamiento del sector es necesario considerar que esta institución, adscrita al Ministerio de Trabajo y Protección Social, concentra casi el 20 % de la matrícula pública, y siempre ha sido gratuita. De manera que la discusión debe centrarse en el resto de las IES públicas que tienen una población aproximada de 780.000 estudiantes, frente a 1.200 000 que asisten a las privadas.
Entre 2006 y 2018 la matrícula oficial pasó de 517.500 a 779.000, lo que representó un crecimiento del 50,5 %, sin que los recursos provenientes del Estado hubieran aumentado de manera proporcional al aumento de estudiantes ni al de los costos de infraestructura y funcionamiento.
Mientras tanto la matrícula privada pasó de 622.400 a 1.200.000, un 92 % de aumento, con costos crecientes a lo largo de todo el período, habida cuenta de que las instituciones privadas dependen en cerca de 70 % de la matrícula.
A partir de 2015 se ha registrado un decaimiento en la demanda, con tasas negativas en 2018. Todavía no se conocen con precisión los datos posteriores a la pandemia del coronavirus, pero es claro que ya no hay el mismo crecimiento de hace una década.
Las promesas del gobierno Petro
El gobierno de Petro se inclina por la visión de la universidad como un bien público, pues propone nuevas instituciones oficiales en todos los territorios y sin costo de matrícula para los estudiantes. Este gobierno prometió construir 26 nuevas universidades y crear 500.000 cupos adicionales durante el período.
En el mismo sentido, se harán las anunciadas reformas al ICETEX para reducir las tasas de interés a los créditos vigentes y el cobro de una tasa a las universidades privadas.
También está pendiente el trámite de una reforma a la Ley 30 para ajustar los mecanismos de financiación de las universidades públicas.
Hasta ahora no se ha dicho cuál será el costo de estas promesas, pero con certeza habrá que tasarlo en billones.
Matricula gratuita, equidad y deserción
Por el momento, lo único concreto es la matrícula gratuita que representa una proporción pequeña del presupuesto total del sector, pues según algunos estudios , el pago de esta tarifa solamente representa el 16 % en promedio de los ingresos totales de las instituciones.
La pregunta que queda después de examinar los recursos efectivos de los cuales va a disponer el gobierno y los altísimos costos de una educación superior de alta calidad, sin la cual no hay posibilidad de reducir las brechas sociales, es qué efecto real puede tener esta medida.
Sin duda será un alivio para la población matriculada en las universidades públicas, pero ello no garantiza que esa población sea la de más bajos ingresos, pues los criterios de admisión suelen estar ligados a una suerte de meritocracia que favorece a quienes a lo largo de su formación básica han tenido mejores oportunidades educativas tanto en la familia como en los colegios.
Tampoco es claro que la financiación de la matrícula afecte las tasas de deserción que, si bien obedecen a muchos factores económicos, ellos tienen mayor relación con el sostenimiento, el transporte y los elementos de estudio que con la matrícula que para la inmensa mayoría es actualmente muy reducida.
Es necesario considerar que buena parte de las causas de la deserción están asociados con una mala formación básica que no da a los jóvenes las herramientas para enfrentar las exigencias académicas de una formación avanzada. De eso no se ha dicho nada.
Habrá que esperar a que aparezcan las demás fichas del rompecabezas.
Francisco Cajiao
Julio, 2023
Publicado en Razón Pública
No basta ofrecer nuevos edificios: hay que reconstruir la idea misma de la universidad.
El sociólogo Richard Sennett, en su libro Construir y habitar, señala que desde inicios del cristianismo, cuando se hablaba de la ciudad de Dios y la ciudad del Hombre, pasando por la antigua distinción que hace la lengua francesa entre ville y cité, “siempre ‘la ciudad’ ha tenido dos significados distintos: por un lado, el de un lugar físico; por otro, el de una mentalidad compuesta de percepciones, comportamientos y creencias”.
Esta doble significación ayuda a reflexionar sobre el lugar que le hemos dado a la universidad en el conjunto físico e imaginario de nuestras ciudades, pues ello implica la forma como las entendemos y las habitamos.
Desde la época en que algunas comenzaron a rodearse con cercas y mallas –tal vez a comienzos de los setenta–, se fue arraigando la idea de que el área cercada era una especie de espacio privado para unas minorías privilegiadas que podían acceder a la educación superior con altos niveles de financiación estatal. Lo que suele olvidarse es que las vallas no surgieron para protegerlas de ladrones y amenazas externas, sino para defender a la ciudadanía de los desmanes que se presentaban por aquella época y que alteraban la vida de un vasto sector de la ciudad.
Dicho de otro modo, lo que hoy se defiende de manera visceral como parte de la autonomía universitaria, como una idea avanzadísima, nació como un estigma a las comunidades universitarias que no parecían ser dignas de habitar la ciudad de manera civilizada y hacer que sus instalaciones fueran parte importante y significativa de ellas. Paso a paso y con los años se fue construyendo un imaginario de comunidades segregadas que reivindican con gran fuerza una especie de extraterritorialidad. Parte del deterioro físico es el aislamiento.
En días pasados, cuando se preguntaba si la policía debía entrar a la universidad, pensaba si no debería ser al revés: si sería bueno que la policía saliera de las universidades. Me refiero al campus, al territorio, pues en algunos casos es enorme y allí pueden ocurrir –y ocurren– situaciones que atentan contra la seguridad de estudiantes, profesores y funcionarios: en terrenos tan grandes puede haber robos, agresiones sexuales, tráfico de sustancias ilegales, armas, explosivos.
Es claro que los rectores no tienen funciones de policía y no tienen por qué tenerlas, ya que su labor es otra. Pero como el principal derecho que se invoca es el de la protesta, con demasiada frecuencia violenta y protagonizada por personajes ajenos a las instituciones, la Policía no es aceptable como institución legítima del Estado para garantizar la seguridad de los demás ciudadanos.
Hace ya más de una década la Universidad Nacional, por iniciativa de la rectoría, organizó un foro de altísimo nivel académico al que asistieron destacados invitados internacionales que, junto con numerosos profesores y estudiantes de la universidad, estuvieron reflexionando sobre la necesidad de derribar las barreras arquitectónicas que hoy siguen aislando la institución de la vida de la ciudad.
Las grandes universidades del mundo, públicas y privadas, hacen parte del corazón de las ciudades. Hay circuitos turísticos para visitar sus museos, y sus teatros, sus auditorios y sus escenarios deportivos se insertan en la vida pública de la comunidad. En muchas de ellas hay edificios históricos, grandes obras de arte y cursos de extensión abiertos a la gente. Hay ciudades que tienen cuerpos especializados de policía universitaria que aseguran el uso de las instalaciones las 24 horas del día.
Gobernantes, trabajadores y ciudadanos en general, no podremos tener buenas relaciones con el conocimiento si no hacemos un esfuerzo por cambiar nuestra forma de construir y habitar ese espacio esencial de la cultura que son nuestras universidades. No basta ofrecer nuevos edificios: hay que reconstruir la idea misma de la universidad.
Francisco Cajiao
Junio, 2023
Cuando no hay mucha claridad sobre lo que ocurre, lo más recomendable es tener prudencia.
Ya no hay semana sin alguna noticia sobre agresiones y conflictos graves en los espacios escolares oficiales y privados, y van apareciendo una especie de “violentólogos” de la infancia y la adolescencia que ofrecen extensos reportajes en los que clasifican modalidades y hacen hipótesis sobre un fenómeno que, sin duda, se ha convertido en algo muy preocupante.
Considero que cuando no hay mucha claridad sobre lo que ocurre, lo más recomendable es tener prudencia. En primer lugar, con el lenguaje, pues cada que se presenta una situación entre estudiantes suele encapsularse en una terminología con muy pocos matices, de modo que cualquier conflicto en el que haya un cruce agresivo de palabras o una forma de confrontación física se considera un acto de violencia. Otro tanto podría decirse de las muchas torpezas que suelen caracterizar los aprendizajes sexuales o las relaciones interpersonales en los períodos de la pubertad y la adolescencia, que no pueden calificarse simplemente de acoso porque alguno de los implicados se sintió molesto.
Esto no significa que sean conductas aceptables o que puedan ser pasadas por alto, sino que deben ser cuidadosamente examinadas en su intencionalidad, para poder ser corregidas. Es importante entender que agresividad y violencia no son la misma cosa y la sociedad, en general, le da un alto valor a la primera. De hecho, se considera una virtud y se la bautiza de muchas formas positivas: liderazgo, combatividad, empoderamiento… Se premia a los que luchan por alcanzar sus metas, los que se sobreponen al fracaso, los fuertes, los triunfadores. Pero ese espíritu fuerte se adquiere a través de un aprendizaje desde la infancia en el que muchas veces se pasan ciertas líneas y se entra en terrenos donde los más fuertes lastiman a los otros, aun sin intención.
La formación del carácter consiste, entre otras cosas, en ir construyendo unos códigos éticos y una capacidad de control emocional que permita controlar el poder que se tiene y ser consciente de que todos los actos tienen consecuencias.
Antes de matricular a decenas de niños y niñas de agresores o abusadores es importante asegurar que los colegios le dediquen el tiempo suficiente a la formación para la convivencia.
En Colombia hay casi diez millones de niños y adolescentes en la educación básica, y más del 60 % son menores de doce años. Entre estos seis millones de niños y niñas surgen muchos conflictos cada día, porque aprender a vivir con otros que son diferentes es un proceso en ocasiones difícil y tortuoso en el cual es necesario ir ajustando muchas conductas. En este período pueden suceder cosas muy graves y bromas que ponen la vida de algún niño en peligro –ya ha sucedido–. No es raro que algún accidente fatal resulte de un acto completamente inocente.
Lo fundamental, antes de la denuncia y estigmatización, antes de matricular a decenas de niños y niñas de agresores o abusadores, es asegurar que los colegios le dediquen el tiempo suficiente a la formación para la convivencia desde la primera infancia, enseñando a estudiantes y familias que todo acto tiene consecuencias, corrigiendo la torpeza en las relaciones, cultivando el cuidado y respeto por el otro.
Si esto se hubiera enseñado siempre, quienes nos gobiernan no cometerían tantos errores sin darse cuenta del daño que hacen con acciones tan torpes como el presidente que incumple sus citas, la ministra que da declaraciones imprudentes o el congresista que protagoniza un escándalo en la vía pública. No sería correcto decir que son actos violentos, pero sería muy tonto pensar que no tienen consecuencias.
La violencia pura y dura es otra cosa. Quienes han sido blanco de los violentos lo saben, porque fueron reclutados en su infancia para aprender a matar, para perder el respeto por la vida, para justificar en una causa la pérdida de cualquier gesto de humanidad. Es posible que en los colegios haya uno que otro estudiante con estas características y que ya haga parte de bandas de muerte, pero la mayoría de los que hacen estupideces no son así y pueden ser corregidos.
Francisco Cajiao
Junio, 2023
Publicado en El Tiempo, Bogotá