Las deudas pendientes con la educación superior en Colombia

Pese a avances parciales en algunos programas, el sistema universitario enfrenta un panorama de reformas inconclusas y desafíos estructurales.

Al concluir el gobierno de Gustavo Petro, la educación superior colombiana se encuentra en una situación que combina expectativas frustradas, reformas inconclusas y desafíos estructurales que permanecen abiertos. Durante la campaña electoral, y en los primeros meses de gobierno, la educación fue presentada como uno de los pilares del proyecto de transformación social. Se habló de democratizar el acceso, fortalecer la universidad pública y convertir el conocimiento en motor del desarrollo productivo y de la justicia social. Sin embargo, el balance final muestra que muchas de estas aspiraciones no lograron traducirse en cambios estructurales sostenibles.

Más allá de los avances parciales en algunos programas de acceso y de la retórica favorable a la educación pública, el sistema universitario enfrenta hoy tensiones financieras persistentes, crisis institucionales y episodios que han debilitado la confianza en la integridad académica. El resultado es un escenario en el cual las expectativas generadas superan ampliamente los resultados obtenidos.

La propuesta educativa del gobierno Petro se inscribía en una narrativa más amplia de cambio social. Desde esta perspectiva, la educación superior debía desempeñar un papel central en la reducción de las desigualdades, en la ampliación de oportunidades para los sectores históricamente excluidos y en la construcción de una economía basada en el conocimiento. El diagnóstico inicial señalaba problemas ampliamente reconocidos: baja cobertura en comparación con países de la región, brechas sociales y territoriales en el acceso a la universidad, insuficiente financiación de las instituciones públicas y un sistema de aseguramiento de la calidad que muchos consideraban excesivamente burocrático.

En respuesta a estos desafíos, el Gobierno anunció iniciativas orientadas a ampliar el acceso a la educación superior, a fortalecer el financiamiento de las universidades estatales y a revisar el modelo de crédito educativo. El discurso oficial insistía en la necesidad de pasar de una educación entendida como un bien de mercado a una educación concebida como derecho.

Sin embargo, la transformación de un sistema educativo complejo requiere políticas de largo plazo, consensos institucionales y estabilidad normativa. Ninguno de estos elementos se consolidó durante el cuatrienio.

La financiación

Uno de los temas reiterados en el debate sobre educación superior en Colombia ha sido la financiación de las universidades públicas. Desde hace décadas estas instituciones han señalado que el modelo de asignación presupuestal establecido por la Ley 30 de 1992 genera un desajuste progresivo entre los recursos disponibles y los costos reales de funcionamiento. El gobierno Petro reconoció la existencia de este problema y manifestó su intención de resolverlo. Solo al final de 2025 se consiguió reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30.

Aunque la reforma fue presentada como un cambio estructural, varios analistas han señalado que sus efectos dependerán de la disponibilidad fiscal del Estado y de la reglamentación posterior.

Entre los debates que siguen abiertos están: si el nuevo índice (Ices) reflejará adecuadamente los costos reales del sistema, si el país podrá sostener una inversión cercana al 1 % del PIB en educación superior y cómo se distribuirán los nuevos recursos entre universidades y otras instituciones públicas. En otras palabras, la reforma modifica la regla de crecimiento del presupuesto, pero el impacto real dependerá de la implementación fiscal y política en los próximos gobiernos.

Aunque se registraron incrementos presupuestales en algunos años, estos no fueron suficientes para resolver el déficit estructural acumulado. Las universidades continuaron enfrentando dificultades para sostener programas académicos, ampliar infraestructura y garantizar condiciones laborales estables para el profesorado. 

La expansión de la cobertura, además, plantea un dilema particularmente complejo. Aumentar el número de estudiantes sin incrementar de manera proporcional los recursos puede terminar deteriorando la calidad de la educación ofrecida. Este riesgo ha sido señalado reiteradamente por rectores, quienes advierten que el sistema universitario requiere una base financiera más sólida antes de emprender procesos de expansión masiva.

En este contexto, la promesa de una transformación estructural del financiamiento universitario quedó, en gran medida, como una expectativa pendiente.

Crisis y escándalos

El cuatrienio también estuvo marcado por episodios que mostraron fragilidades en la gobernanza universitaria. El caso más emblemático fue la crisis institucional en la Universidad Nacional de Colombia, la principal institución pública de educación superior del país.

La controversia surgió en torno al proceso de designación del rector. Mientras la consulta interna realizada entre estudiantes y profesores favoreció a un candidato, el Consejo Superior Universitario eligió a otro aspirante, tal como lo permiten los estatutos. Esta discrepancia desencadenó una intensa disputa política y académica que incluyó protestas estudiantiles, debates jurídicos y un clima de polarización dentro de la comunidad universitaria que todavía se mantiene. 

La intervención directa del gobierno nacional, a través de pronunciamientos públicos del presidente y de otros funcionarios amplificó el conflicto y lo trasladó al terreno político. Aunque finalmente se adoptaron decisiones judiciales que restablecieron el orden institucional, el episodio dejó al descubierto la fragilidad de los mecanismos de gobierno universitario y la facilidad con la que los procesos académicos pueden verse afectados por disputas externas.

Más allá del caso específico,la crisis planteó preguntas relevantes sobre el equilibrio entre autonomía universitaria y participación estatal en la conducción de las instituciones públicas. Este debate, lejos de resolverse, sigue abierto y probablemente continuará ocupando un lugar central en la agenda educativa del país.

A las tensiones institucionales se suman episodios que afectan la credibilidad del sistema académico. Entre ellos se ha destacado el caso relacionado con la obtención irregular de títulos universitarios por parte de algunos funcionarios y contratistas del Estado. La controversia adquirió notoriedad cuando se cuestionó la validez del título profesional de Juliana Guerrero, quien había sido designada en un cargo de alto nivel en el Gobierno. Investigaciones posteriores indicaron que el diploma habría sido expedido sin que existieran registros académicos completos que demostraran el cumplimiento de los requisitos exigidos para obtenerlo.

La institución que otorgó el título terminó anulándolo tras revisar el caso, y el episodio abrió investigaciones más amplias sobre la posible existencia de otros diplomas otorgados en condiciones similares. Diversos informes periodísticos señalan que un número significativo de títulos expedidos por la misma entidad educativa debía ser revisado para verificar su validez. Aunque los procesos judiciales y administrativos aún deberán establecer responsabilidades individuales, el impacto del caso trasciende a las personas involucradas. El escándalo puso en evidencia debilidades en los mecanismos de control del sistema educativo y generó inquietudes sobre la eficacia de los procesos de verificación de las credenciales académicas.

En sociedades contemporáneas altamente profesionalizadas, los títulos universitarios cumplen una función esencial como mecanismos de certificación del conocimiento. Cuando surgen dudas sobre la autenticidad o la legitimidad de estos diplomas, la confianza pública en el sistema educativo puede verse seriamente afectada.

La brecha entre lo prometido y lo alcanzado

Uno de los rasgos más notorios de este período presidencial fue la distancia entre el discurso político sobre la educación y los resultados concretos alcanzados. El Gobierno mantuvo durante todo el cuatrienio una retórica fuertemente favorable a la educación pública, al conocimiento científico y al papel de las universidades en la transformación social.

Sin embargo, la materialización de estas ideas no encontró el camino político, administrativo y financiero por evidentes limitaciones en la gestión y en las capacidades de los funcionarios responsables del sector. Las reformas estructurales anunciadas no lograron consolidarse y el sistema universitario continuó operando bajo marcos normativos y presupuestales que venían de décadas anteriores.

Este contraste entre expectativas y resultados generó frustración en distintos sectores académicos. Algunos consideraron que el Gobierno no logró construir los consensos necesarios para impulsar reformas profundas. Otros señalaron que las prioridades políticas del Ejecutivo se desplazaron hacia otros frentes, lo que redujo la capacidad de avanzar en la agenda educativa. En cualquier caso, la percepción predominante en buena parte del sector universitario es que las transformaciones prometidas quedaron, en gran medida, inconclusas.

Preguntas abiertas

El final del gobierno Petro no cierra el debate sobre la educación superior en Colombia; por el contrario, deja abiertas varias preguntas fundamentales que deberán ser abordadas en los próximos años.

La primera se refiere al modelo de financiación de las universidades públicas. Sin un sistema presupuestal que reconozca el crecimiento de la matrícula y los costos reales de funcionamiento, las instituciones continuarán enfrentando déficits recurrentes.

La segunda tiene que ver con la gobernanza universitaria. Los episodios recientes sugieren la necesidad de revisar los mecanismos de elección de las autoridades universitarias y de fortalecer las garantías de autonomía institucional.

Un tercer desafío se relaciona con los sistemas de aseguramiento de la calidad y con los mecanismos de control sobre la expedición de títulos académicos. La confianza en los diplomas universitarios constituye uno de los pilares de cualquier sistema educativo, y su protección requiere procesos rigurosos de supervisión y transparencia.

Finalmente, persiste la necesidad de articular la educación superior con las transformaciones económicas y tecnológicas que enfrenta el país. La expansión de la investigación científica, la formación de talento avanzado y la vinculación entre universidades y sectores productivos siguen siendo tareas pendientes, así como el reconocimiento de la enorme fortaleza que representa contar con un sistema mixto en el cual las universidades privadas juegan un papel fundamental.

La universidad colombiana ha demostrado a lo largo de su historia una notable capacidad de adaptación y resiliencia. No obstante, preservar su papel como espacio de producción de conocimiento, movilidad social y debate democrático dependerá de la capacidad del país para traducir las promesas políticas en reformas institucionales efectivas.

El cierre de este período gubernamental deja una lección clara: las transformaciones educativas no se logran únicamente con discursos ambiciosos. Requieren estabilidad institucional, acuerdos duraderos y una política pública capaz de sostenerse más allá de los ciclos políticos. En ese sentido, el verdadero desafío para la educación superior colombiana sigue estando en el futuro.

Francisco Cajiao

Publicado en RAZÓN PÚBLICA