El derecho no se satisface con la simple asistencia a una institución educativa durante un tiempo.
Por fortuna el gobierno ha propiciado la discusión sobre la educación y su carácter de derecho fundamental. Ojalá, si el proyecto de ley estatutaria llega al Congreso, se dé allí la discusión con la profundidad que el tema merece. No es algo nuevo, pues nuestro ordenamiento jurídico reconoce ampliamente lo que se quiere reafirmar, pero es la oportunidad para examinar el alcance y las implicaciones de esa ratificación explícita.
No se trata de volver a enumerar las condiciones retóricas del derecho, sino establecer si ellas aplican por igual, a la primera infancia y a estudios de posgrado o si la definición de derecho fundamental sustituye la definición de servicio educativo y la obligación del Estado de organizarlo.
Será necesario profundizar en el concepto de aceptabilidad, que a mi juicio es un poco más etéreo que el tradicional criterio de calidad, asociado a sistemas rigurosos de seguimiento y evaluación de los resultados de aprendizaje en los diversos niveles y modalidades educativas. Deberá quedar claro que el derecho no se satisface con la simple asistencia a una institución educativa durante un período de tiempo. Las pruebas que realiza el ICFES tienen un enorme valor porque permiten hacer un seguimiento a lo largo de muchos años, y en los datos se puede constatar que hay millones de niños y jóvenes que asisten regularmente a clases y no aprenden lo mínimo para hacer parte activa de una sociedad cada vez más basada en el conocimiento. Este es el oscuro presagio de sus oportunidades futuras.
Las causas son múltiples y están bastante identificadas: inicio tardío de la escolaridad, deficiencia nutricional en la primera infancia, déficit de capital cultural en su entorno, problemas de acceso a la escuela en zonas apartadas, deficiencia en la infraestructura escolar, ausentismo de los maestros, currículos y métodos pedagógicos anacrónicos y problemas administrativos y financieros del sector. Lo que una ley estatutaria debería examinar es cómo abordar la solución de estos problemas de manera que se aseguren los aprendizajes y que se establezcan tanto los responsables como los mecanismos para exigir que eso ocurra.
Del mismo modo que no se garantiza el derecho a la salud con el solo hecho de construir hospitales, no es suficiente abrir cupos de educación superior si en todos los años previos no se adquieren las capacidades intelectuales y la madurez emocional que se requieren para decidir el tipo de vida adulta que se quiere construir y disponer de las herramientas para realizarla.
En un mundo altamente competitivo y cambiante como el actual, los jóvenes necesitan desarrollar enormes capacidades de persistencia, disciplina y tolerancia a la frustración y al fracaso, pues sea en la ciencia, el arte, los negocios o el servicio público, el éxito y el progreso dependen en muy alto grado de las habilidades y competencias adquiridas en la educación básica. Por eso no basta con que asistan al colegio. En ese tiempo precioso que va desde el nacimiento hasta los diez y siete años deben realizarse procesos importantes y no son los mismos de hace treinta años.
Las trayectorias educativas que primaron por medio siglo han cambiado mucho en la última década. La importancia de la educación básica sigue vigente, pero ya la universidad no es sinónimo de educación postsecundaria y el concepto de educación superior se va haciendo más difuso, pues ella puede ocurrir en los lugares de trabajo, en espacios virtuales o en centros de investigación industrial. Por eso, también se hace necesario que el legislativo sea muy riguroso en las definiciones, tanto del alcance de los derechos, como de su exigibilidad.
Una educación básica mediocre es sinónimo de negación generalizada de un derecho que, en buena parte, define el destino de personas y de grupos sociales.
Francisco Cajiao
Agosto, 2023