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Francisco Cajiao

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Se equivoca FECODE al decir que el acuerdo logrado en el Senado es una traición; no se puede comprometer un derecho fundamental con un sindicato.

Con la aprobación unánime del proyecto de ley estatutaria de la educación en la Comisión Primera del Senado, la senadora María José Pizarro resaltó la capacidad del Congreso para hacer acuerdos serios y respetuosos y pensar en lo mejor para el país y, especialmente, para la población a quien se pretende proteger. Era un momento paradigmático, cuando se celebraba un triunfo de la razón y no de una facción beligerante. Por desgracia, la alegría duró poco, aunque escuché que la senadora alberga la ilusión de recomponer los acuerdos.

En el momento de escribir esta columna parece muy probable el hundimiento de la iniciativa, pues los tiempos se agotaron y, a no ser que milagrosamente se logre un nuevo acuerdo, el esfuerzo de muchas personas e instituciones que han trabajado duro para ofrecer algo valioso a las próximas generaciones, se habrá ido al caño por la intolerancia de grupos muy minoritarios, pero con gran capacidad para hacer ruido y amedrentar a quienes toman decisiones en nombre de la población que los eligió.

Las pugnas que se han suscitado en torno al articulado no tienen en cuenta que lo más importante de la iniciativa no es su contenido, sino la discusión que ha generado desde que llegó al Senado, pues por primera vez en más de dos décadas se abordan en el Legislativo asuntos cruciales de la educación, que tienen que ver con el futuro de las nuevas generaciones a quienes les corresponde vivir en un mundo cada vez más complejo y con mayores exigencias. Vivir en la sociedad del conocimiento y no tener acceso a él implica profundizar más y más las grandes brechas sociales, debilitar las oportunidades de desarrollo del país y retrasar las oportunidades de progreso democrático, asociadas a mayores niveles educativos de la población.

El sentido de una ley estatutaria es desarrollar la Constitución y no sustituirla. En ella ya se consagra el derecho, se dice que la educación es un servicio público –que puede ser prestado por el Estado o por particulares– y que para que el derecho sea debidamente satisfecho, debe tener la calidad requerida para que los estudiantes aprendan y esos aprendizajes se conviertan en la oportunidad de acceder a otros derechos. 

De nada sirve una declaración sobre el derecho a la educación superior, por ejemplo, si los más pobres no adquieren a lo largo de su infancia y adolescencia los aprendizajes necesarios para acceder a ese nivel educativo y poder transitarlo exitosamente, o si tienen que esperar a que el Gobierno construya y desarrolle decenas de universidades para ofrecerles un cupo, mientras hay miles disponibles en instituciones establecidas. Dice el artículo 69 de la carta que “el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

Se equivoca FECODE al decir que el acuerdo logrado en el Senado es una traición a compromisos contraídos con la organización. No se puede comprometer un derecho fundamental con un sindicato, por importante que sea, cuando la educación es un asunto vital en un país diverso, en el cual deben escucharse muchas voces. La posición intransigente y dogmática de sus directivos también desconoce la enorme diversidad que existe entre los miles de profesionales afiliados, a quienes desde luego no se ha consultado. Los maestros son indispensables en la discusión, pero no pueden ser sus dueños.

El derecho a la educación es tan esencial que debe estar por encima de dogmatismos y declaraciones grandilocuentes sin ningún efecto práctico. Por eso el único éxito aceptable de un proyecto como éste es que sea el producto de un verdadero, honesto y generoso acuerdo entre sectores diversos de la sociedad. Si esto no se logra, se habrá perdido una gran oportunidad; pero el hundimiento no tiene implicaciones inmediatas, pues el país cuenta con una abundante jurisprudencia que consagra el derecho fundamental.

Francisco Cajiao

Columna publicada en El Tiempo, Bogotá.

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Sin mucha discusión pasó en la Cámara la Ley Estatutaria de la Educación: estos son los motivos que la hacen importante, éstos son sus aciertos y éstas son sus equivocaciones.

Una ley importante

Después de un trámite sin complicaciones en la Cámara de Representantes, la ley estatutaria que garantiza la educación como un derecho fundamental, será discutida en la Comisión Primera del Senado. Urge que los senadores vayan más allá de las proposiciones de corrección de estilo que predominaron en las sesiones de la Cámara.

Esta ley es mucho más importante de lo que puede parecer. En primer lugar, se le dará concreción jurídica a un derecho consagrado en la Constitución de 1991 y se establecerá, con la mayor precisión posible, su carácter de derecho fundamental.

Después de promulgarse la Constitución de 1991, se habló sobre la necesidad de una ley estatutaria que regulara el derecho a la educación y que obligara al Estado a garantizar su satisfacción. Desde entonces, la Corte Constitucional ha emitido múltiples sentencias donde analiza la naturaleza de este derecho y las responsabilidades de diferentes actores (familia, sociedad y Estado) para garantizarlo. Puede decirse que los aportes de la Corte a la educación han sido más efectivos e innovadores que cualquier reforma propuesta desde el ejecutivo.

Sin embargo, todavía debemos afrontar muchos retos para que los colombianos tengan un mejor sistema educativo. En la exposición de motivos de la ley estatutaria, el gobierno argumenta que se trata de saldar una deuda histórica, lo cual es cierto si se considera que hemos pasado más de 30 años esperando una propuesta de este calibre.

El único problema es que, a comienzos de los 90, no existía un cúmulo de sentencias emitidas por la Corte, las cuales ratificaban lo que se pretendía establecer por ley. Incluso, en la misma exposición de motivos se incluye una extensa y valiosa recopilación de la jurisprudencia generada a lo largo de estas tres décadas.

En segundo lugar, no hay que olvidar la inequidad en el acceso a una educación que ofrezca a toda la población condiciones similares para el desarrollo de sus talentos y habilidades. Es una realidad que los colombianos más vulnerables tienen mayores barreras para acceder a la educación desde la primera infancia. Si lo logran, tal y como lo evidencian las pruebas internacionales y nacionales, la calidad es deplorable.

Por lo tanto, la calidad no es secundaria cuando se pone sobre la mesa el goce del derecho a la educación. Si se le ofrece a los niños y los adolescentes, y no hay una transformación significativa en sus respectivos proyectos de vida, no tiene ningún sentido. Es como si el derecho a la salud se garantizara solo con el otorgamiento de una cita médica, pero dejando de lado la enfermedad que motivó la consulta.

En tercer lugar, esta ley debería especificar el modo como los colombianos podrán acceder a este derecho, quién es el responsable de garantizar los servicios necesarios, quién velará por su cumplimiento y de qué forma se organiza y financia el sistema.

Puntos a favor

En pocas palabras, la Cámara de Representantes aprobó los siguientes puntos positivos:

1. Incorporar la educación inicial como derecho fundamental. Este es un asunto de máxima importancia, pues múltiples estudios internacionales muestran que las brechas sociales, en lo que corresponde al nivel educativo y todo lo que de él se desprende, se inician en la primera infancia. Por ejemplo, en Portugal existe una política de atención a los niños en las primeras etapas del desarrollo, la cual ha tenido un impacto fundamental en los resultados educativos posteriores.

2. Intentar una síntesis de lo ya consagrado a través de sentencias de la Corte Constitucional. Compendiar toda la jurisprudencia sobre el tema para formar un solo cuerpo legal es muy importante. Sin embargo, buena parte de las sentencias tienen un desarrollo filosófico y conceptual que en el proyecto de ley difícilmente se comprende su relevancia.

3. Llevar la obligatoriedad hasta el final de la educación media. No sobra anotar que, aunque se ha dicho que la educación básica desde transición hasta noveno grado es gratuita y obligatoria, no hay ninguna autoridad en el país que garantice su cumplimiento; especialmente, en comunidades pobres o en zonas rurales, donde los niños abandonan muy pronto su escolaridad.

Puntos en contra

1. El articulado es una lista de buenos deseos que, al no tener metas de cumplimiento, simplemente no está garantizando ningún derecho. En todas partes se anuncia que el proyecto abarca desde la primera infancia hasta la educación superior, pero, pese a las garantías y prerrogativas para las minorías, no se especifica de donde saldrán los recursos.

2. Aunque las expectativas son enormes, no existe el más mínimo esfuerzo organizativo y financiero. El Estado actuaría de manera irresponsable si no establece el papel de alcaldes, gobernadores, directores de instituciones y demás actores del sistema educativo para garantizar el derecho a la educación. Asimismo, se menciona la calidad, pero no especifica su importancia ni bajo qué parámetros se establecerán sus niveles.

3. Lo mismo sucede con la formación de los maestros. El articulado se centra en sus derechos laborales, ampliamente consagrados en otras normas, e ignora las necesidades de los estudiantes. Se pretende la incorporación automática de miles de profesores provisionales, pero se ignoran sus habilidades académicas y pedagógicas. Si la ley se aprueba, este será de los pocos puntos de aplicación inmediata.

4. Capítulo aparte merece el tema de la Educación Superior: No es claro por qué la educación superior formal es un derecho fundamental. No se especifica si la educación terciaria se comprenderá como un sistema orientado a la formación para el trabajo cualquiera que sea su modalidad; tampoco se contemplan otras maneras de formación y habilitación laboral que han surgido gracias a las nuevas tecnologías.

En este aspecto, la participación del sector privado y entidades como el SENA serán claves. Hay que discutir si el derecho fundamental es ir a las universidades de manera gratuita o si la población podrá acceder a una opción de formación postsecundaria para realizarse como persona e incorporarse a la vida productiva.

No hay claridad sobre la autonomía de las instituciones. No se sabe si los estudiantes, profesores y autoridades educativas tendrán algún tipo de deber ineludible que afecte la fundamentación filosófica de las instituciones, sus objetivos primordiales de docencia e investigación y el cultivo de una ciudadanía crítica.

No es oportuno legislar sobre el gobierno universitario en una ley sobre el derecho a la educación, ya que dicha problemática debería regularse en una propuesta independiente. Sin embargo, varios artículos están orientados con ese propósito. Por ejemplo, no es claro qué parte del derecho fundamental a la educación le corresponde al derecho a la organización y la protesta, aspectos que deben garantizarse, ya que están estipulados en la Constitución de 1991.

5. No hay un reconocimiento equilibrado del papel del sector privado. De esta manera, los colombianos no tendrán el derecho a elegir el tipo de educación que consideren mejor. Por este motivo, es deseable que la discusión en el Senado de la República aborde con mayor profundidad los aspectos filosóficos de una ley tan importante para el desarrollo de nuestro país.

Más allá del carácter reivindicativo del proyecto, hay que avanzar hacia una concepción más prospectiva, que permita construir una nación con capacidad colectiva de progreso científico, económico y político basada en el conocimiento, la justicia social y la paz.

Francisco Cajiao

Junio 2, 2024

Publicado en Razón Pública.com

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La reflexión sobre los maestros debe ser más profunda que la repetición de lugares comunes.

El calendario está lleno de fechas memorables que van desde el Día de la Madre hasta el de la hipnosis, pasando por el de la banana o el Día Mundial del Introvertido. Cada uno tendrá su razón de ser y habrá quienes lo celebren con mayor o menor entusiasmo, pero de todos modos será motivo de reflexiones de los interesados.

La semana pasada se celebró el Día del Maestro, y ese nos compete a todos, pues será muy difícil encontrar a alguien que no haya tenido una relación directa con estos profesionales, por su propia experiencia como estudiante o como padres de familia, tíos, hermanos o abuelos de quienes hoy asisten al sistema educativo en cualquiera de sus niveles.

La celebración implica, en primer lugar, hacer un amplio reconocimiento a todos aquellos hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de la infancia y de la juventud, cultivando el mayor tesoro que tenemos los humanos, que es el desarrollo de nuestras facultades intelectuales y emocionales. Cada persona que haya conseguido progresar en la vida y realizar, por lo menos una parte de sus sueños, seguramente tendrá entre sus factores de éxito el recuerdo de algún maestro que le ayudó a descubrir sus talentos.

Pero la reflexión sobre los maestros debe ir más lejos y ser más profunda que la repetición de lugares comunes que no siempre apuntan a nuevos desarrollos. Se trata de un conglomerado profesional muy numeroso y diverso, con una enorme responsabilidad social que exige altos niveles de preparación y muchos años de experiencia para adquirir la capacidad que requiere asumir la formación de las nuevas generaciones y cerrar las enormes brechas sociales que, en buena parte, se relacionan con las oportunidades de acceder a los bienes del conocimiento y la cultura.

En las últimas dos décadas, los maestros al servicio del Estado han conseguido importantes beneficios que reconocen económicamente sus esfuerzos y estimulan su continuo desarrollo académico y profesional, de manera que, lejos de ser la profesión que muchos veían hace años como de más bajo nivel, hoy se convierte en una atractiva opción profesional y la mayor parte de quienes están en los niveles superiores del escalafón se identifican más con las clases medias y altas que con el discurso proletario que rinde beneficios en las movilizaciones sindicales. Desde luego, mucho de lo que han logrado los maestros se debe a la acción de su organización gremial, lo cual es de enorme importancia y valor.

Sin embargo, la organización sindical no sustituye la necesidad de asociaciones profesionales, abiertas a quienes trabajan en el sector público y privado, enfocadas al desarrollo autónomo de altos estándares académicos y éticos, como ocurre en otras profesiones. A lo largo de los años tuve la oportunidad de participar en eventos de altísima calidad pedagógica organizados por asociaciones profesionales de maestros en Italia y España, que hacían sus congresos y actividades con total independencia del Estado, sin que ello impidiera que al mismo tiempo fueran miembros activos de sus sindicatos.

Las profesiones necesitan madurar a lo largo del tiempo y esa madurez implica la construcción de sus propios parámetros y exigencias, de manera que el resto de la sociedad reconozca y aprecie a quienes se desempeñan en funciones sociales esenciales. Se habla mucho de la dignificación de la profesión, como si la dignidad fuera algo que se otorgara desde fuera, como si el respeto por quienes se dedican a la enseñanza resultara de una ley o de un salario y no del modo como los profesionales desarrollan su identidad y demuestran su eficacia.

Nota: resulta sorprendente que quienes hasta hace poco tiempo defendían con beligerancia la autonomía universitaria, hoy sean cómplices de su flagrante violación. ¿Las órdenes del Presidente eximen a los ministros de su responsabilidad legal?

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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La evaluación es la herramienta imprescindible para avanzar en la garantía del derecho a la educación.

Habilidades sociales y emocionales para mejores vidas es el documento que presenta los resultados de la encuesta realizada por la OCDE en 2023 entre estudiantes de 10 y 15 años. En este gran esfuerzo internacional para recopilar datos sobre estas habilidades participaron cinco países y once ciudades, entre las que figuran Bogotá y Manizales. 

Dice la Organización: “El informe explora cómo las siguientes habilidades difieren por parte de los grupos sociodemográficos y cómo se relacionan con los resultados claves de la vida: habilidades de rendimiento de tareas (persistencia, responsabilidad, autocontrol y motivación de logros); habilidades de regulación emocional (resistencia, control emocional y optimismo); participación con otras habilidades (afirmación, sociabilidad y energía); habilidades de apertura de mente (curiosidad, creatividad y tolerancia) y habilidades de colaboración (empatía y confianza)”.

Es muy valioso el esfuerzo por desarrollar herramientas que permitan ampliar la comprensión del desarrollo infantil y el impacto de la educación, ya no solo en los procesos cognitivos, sino en otros aspectos fundamentales para la construcción de una trayectoria de vida. Un segundo punto relevante es la posibilidad de hacer comparaciones entre países y grupos poblacionales diversos y, tal vez, entre el desarrollo de estas habilidades y el tipo de modelos pedagógicos.

Los resultados de la encuesta son muy difíciles de resumir en un espacio limitado como el de esta columna, pero vale la pena enunciar algunos a manera de ejemplo: se encuentra que los chicos de 10 años suelen mostrar mayores habilidades sociales y emocionales que los de 15 años, en particular, confianza, energía y optimismo. Las niñas de 15 años reportan mayor tolerancia, motivación de logro, empatía y responsabilidad que sus compañeros varones. Los estudiantes con menor nivel socioeconómico muestran niveles más bajos en todas las habilidades, pero las brechas más marcadas están en las habilidades de mentalidad abierta (creatividad, tolerancia y curiosidad) y las de interacción con los demás (asertividad, sociabilidad y empatía). Un dato preocupante es que se observa deterioro en la mayoría de las habilidades sociales y emocionales después de la pandemia de covid-19.

Bogotá participó en las mediciones de 2019 y 2023, pero sería muy importante que en una próxima oportunidad participara todo el país, decisión que dependerá del Ministerio de Educación y del ICFES. Cuando hay grandes brechas sociales, con enorme distancia en las posibilidades de progreso de amplios sectores y un ambiente de inseguridad, incertidumbre y desconfianza frente a las instituciones, es indispensable estarle tomando la temperatura a lo que ocurre con la educación de niños, niñas y jóvenes.

El ICFES ha sido una muy importante institución en su función de evaluación de la educación en todos sus niveles y ese es un patrimonio que conviene no solamente conservar, sino desarrollar con los muy altos estándares técnicos que le han merecido reconocimiento internacional. 

Además de esas evaluaciones muestrales entre países en las que participa Colombia, es muy importante reactivar los procesos de evaluación censal que se suspendieron desde el gobierno anterior, pues ellos son los que le permiten a los alcaldes, gobernadores, maestros y comunidades conocer con precisión la calidad de los procesos de sus entidades territoriales e interesarse en ellos.La evaluación es una herramienta imprescindible para avanzar en la garantía del derecho a la educación, entendido más allá del simple acceso. De nada sirve que haya cupos para todo el mundo, si lo que se recibe en el proceso no les ofrece a todos los ciudadanos la calidad necesaria para acceder a las oportunidades que existen en la sociedad y sin un buen sistema de evaluación no hay manera de reclamar el derecho cuando este es insatisfecho.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO

Mayo, 2024

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Es tiempo de preguntarse qué formación democrática se debe ofrecer en colegios y universidades. La posición del Gobierno frente a la designación del rector de la Universidad Nacional cuestiona seriamente la autonomía de las universidades públicas.

En ejercicio de esa autonomía, la Constitución y la ley les otorgan la potestad de hacer sus propios estatutos que incluyen los procedimientos para designar a sus autoridades, de acuerdo con unos criterios orientados a garantizar el cumplimiento de sus fines esenciales, centrados en el cultivo del conocimiento a través de la investigación y la formación de alta calidad de los jóvenes, cuyo talento asegura el progreso colectivo.

La autonomía se convierte en una condición fundamental para el cumplimiento de su misión, evitando cualquier subordinación ideológica o política que pueda poner trabas a la libertad de pensamiento.

Desde luego, las normas no son inmutables y pueden cambiarse cuando no respondan de manera adecuada a los fines que persiguen, pero lo que no es aceptable en una sociedad democrática es que se cuestionen a posteriori, cuando los resultados de las decisiones legítimas de las instituciones no agradan a quien ostenta el poder presidencial.

Si se quería cambiar el procedimiento de elección del rector, tendría que haberse hecho antes por los canales previstos en el mismo estatuto. Lo que no luce bien es que el Consejo Superior, presidido por una ministra de Estado y dos representantes del Presidente, tome una decisión habiendo consensuado el procedimiento y luego se declaren indignados por el resultado y cuestionen lo actuado. Eso es hacer trampa. El poder no puede usarse de ese modo. Es una mala lección de democracia en una institución educativa.

Cada día se hace más evidente que el Presidente y sus colaboradores consideran que las decisiones que no son de su agrado por definición no son democráticas. No les gustan las decisiones del Congreso de la República que no se pliegan a su capricho. No les gusta, por supuesto, que haya asociaciones gremiales que elijan a candidatos diferentes a los propuestos por el Gobierno, como en el caso de los cafeteros, o fallos de la justicia que cuestionen la ineptitud o la corrupción de sus funcionarios, que ya están lejos de ser excepcionales, porque los Olmedos se multiplican.

La Constitución de 1991 incluyó mecanismos de participación e inclusión que defendió con seriedad y compromiso el grupo político al que decía pertenecer Gustavo Petro, y gracias a eso ha podido disfrutar del poder y los privilegios que otorgan los cargos a los que ha llegado por elección popular, así algunos los haya desempeñado con pobres resultados, tanto para sus creyentes como para los sectores más vulnerables. En los últimos días, sin embargo, ha hecho saber que esa Constitución ya no le sirve y tampoco los procedimientos para cambiarla.

Es tiempo de preguntarse qué formación democrática se debe ofrecer a niños, niñas y jóvenes en colegios y universidades. El Presidente prometió a los estudiantes de la U. N. algo que no podía ofrecer sin brincarse la autonomía del Consejo Superior, y ahí están en paro. La lección de democracia es: si no te gustan los resultados, arma un tumulto. Si alguna agremiación no favorece tus deseos, puedes usar recursos públicos para inventar una paralela. Si alguien hace lo que tú no lograste, trata de que fracase, sin importar que sea respaldado por el voto popular.

¿Valdrá la pena enseñar a los niños que los manuales de convivencia deben respetarse? ¿Se dará facultad a los rectores de los colegios para que cambien a los personeros que no sean obsecuentes y destierren a los maestros que no estén de acuerdo con ellos? ¿Será posible enseñar que la palabra empeñada es suficiente para confiar en la autoridad? ¿Se avecina el tiempo en que quienes hoy invierten en las campañas políticas comiencen a invertir en las campañas para rectores de las universidades públicas? La formación democrática va más allá de los currículos.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá.

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Imagino una campaña para elegir rector liderada por estos grupos que actúan sin mostrar la cara.

Lo sucedido en la Universidad Nacional, a raíz del nombramiento del rector, es una campanada de alerta para toda la educación superior, sobre todo cuando avanza el trámite de la Ley Estatutaria y se anuncia un nuevo proyecto para reemplazar la Ley 30 que ha regulado el sistema durante tres décadas.

Es bueno que se abran nuevas oportunidades de acceso a estudios superiores para quienes concluyen su bachillerato. En un artículo publicado en la revista Cambio, Edna Bonilla hace un recuento de los enormes beneficios que trae para el país y para cada región el desarrollo de las capacidades intelectuales, profesionales y técnicas de sus jóvenes y el impacto que eso tiene en la economía, la cultura y la política. 

Pero nada de eso se consigue con la expedición de una ley, si no se dan condiciones esenciales como la efectiva mejora de la calidad en la educación básica, la garantía de que los niños que van a los colegios públicos reciban el tiempo de atención escolar necesario para su desarrollo, el apoyo en salud para superar las dificultades que suelen presentarse en los años de primaria y la garantía de que la educación superior pública tendrá las condiciones de independencia que le permitan desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica, el espíritu investigativo y el compromiso ético que conlleva la permanente búsqueda de la verdad. 

No conozco el texto aprobado por la Cámara, pero ojalá haya recogido un concepto de la Corte Constitucional que señala el carácter de derecho-deber, es decir que el derecho a la educación superior no es incondicional, por cuanto quienes acceden a ella están sujetos al cumplimiento de requisitos académicos esenciales para certificar su idoneidad para ejercer una profesión u oficio en beneficio de la comunidad. Esto concuerda con otros pronunciamientos de la misma Corte sobre la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación superior y la autonomía universitaria.

Es indispensable ahondar en el principio de autonomía, entendiendo sus profundas raíces en la vida política y el desarrollo científico y económico del país. Algunos de los que hoy paralizan la universidad usando la violencia para desconocer los reglamentos autónomos de la institución son los que en otros momentos han vociferado reclamando una autonomía que entienden como extraterritorialidad para rechazar que dentro del campus puedan ingresar actores del Estado como la Policía, con el fin de proteger la vida, honra y bienes de estudiantes, profesores y funcionarios.

Imagino una campaña para elegir rector liderada por estos grupos que actúan sin mostrar la cara, amenazando a quienes no los secundan y bloqueando la libertad de expresión. No se puede saber si son estudiantes regulares o traficantes encapuchados. ¿Quién da cuenta de sus financiadores? ¿Puede una comunidad amedrentada elegir libremente a quien asegure los ideales académicos, éticos y sociales que pretende garantizar un derecho fundamental? No se entiende que un gobierno que se dice progresista ponga en riesgo la independencia de las instituciones que aseguran el progreso, que forman a quienes deben enfrentar los enormes retos de las próximas generaciones frente al cambio climático, la alimentación, la energía, la salud, las relaciones internacionales, la industria…

No es declarando días cívicos como se resuelven los problemas del país y tampoco haciendo grandes manifestaciones. Una y otra cosa pueden ser expresiones legítimas de confrontación ideológica o política, pero no consiguen lo que históricamente se ha producido en los centros donde el pensamiento riguroso, el debate libre y la investigación científica son las herramientas que se entregan a la juventud para que transforme la realidad usando la razón. 

Si de algo debe mantenerse independiente la universidad es de quienes ostentan el poder, pues, así como deben ser sus grandes defensores pueden ser sus peores enemigos.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá.

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Vivimos en una constante actitud defensiva que incluye la desconfianza sistemática en los demás.

La educación de un pueblo no solo es asunto de presupuestos, promesas de cupos, leyes estatutarias, currículos y didácticas especiales. Es ante todo un proceso continuo y colectivo de ciudadanía, orientado al ejercicio de la razón y al desarrollo de las enormes capacidades de cada estudiante que reclama su derecho a crecer tanto como sea posible.

Ese proceso implica aprender a vivir como parte de una comunidad y ello no es posible sino a partir de la confianza, de la seguridad de que los otros son apoyo y no amenaza, de que los adultos son guías y no manipuladores, de que la ley es fuente de riqueza y no una cadena contra la libertad.

Suele hablarse mucho de métodos pedagógicos, pero más importante es recordar valores fundamentales que definen los más altos ideales de una sociedad y que deben estar presentes en la familia, los líderes políticos y económicos, o los medios de comunicación, pues de éstos se alimentan la cultura y la identidad de quienes llegan a la escuela.

Es innegable que el mundo de hoy resulta muy amenazante y eso se traduce en una creciente sensación de incertidumbre que envuelve a niños, jóvenes y adultos que se ven inmersos en una perpetua inseguridad frente a múltiples aspectos de la vida: delincuencia común, informalidad laboral, promesas incumplidas, relaciones afectivas inciertas, amenazas bélicas y ambientales… Estos riesgos conducen a vivir en una constante actitud defensiva que incluye la desconfianza sistemática en los demás: cada ser humano se convierte en un posible agresor.

Los datos recientes de la Secretaría de Educación de Bogotá sobre acoso, maltrato y violencia escolar son aterradores tanto por su cantidad, como por sus características y esto afecta tanto a los estudiantes y a sus familias, como a los propios maestros que también terminan convertidos en víctimas de la desconfianza pública. Ha sido necesario desarrollar rutas y protocolos de atención que permiten reaccionar frente a los hechos, recurriendo muchas veces, a instancias judiciales, pero lo que debería preocuparnos más seriamente es indagar qué está ocurriendo en la sociedad para que estos fenómenos hayan crecido tanto.

La intolerancia, los insultos, los ejercicios inadecuados de poder, la corrupción, la discriminación y las muchas formas de sembrar odio entre la gente circulan profusamente por las redes sociales, seguramente se reproducen en ambientes familiares, las escupen continuamente los políticos y aparecen en vallas de organizaciones ilegales que amenazan a las comunidades de campos y ciudades.

Mientras esto ocurre cada día, a cada hora, las instituciones se ponen en duda y el propio gobierno parece cambiar las reglas del juego a su acomodo, creando aún mayores incertidumbres sobre cosas que parecían estar claramente definidas en la ley.

En un ambiente social sin certezas sobre lo que es lícito o ilícito, donde el esfuerzo de quienes se han preparado durante décadas para cumplir funciones públicas es despreciado, en el que personajes de muy dudosos méritos son premiados con cargos públicos de altísima responsabilidad poniendo en riesgo el bienestar de toda la población, incluyendo la más pobre, no es fácil pensar que los colegios sean islas apacibles en las cuales el amor al conocimiento, la solidaridad y la esperanza de un mejor futuro florecerán de manera espontánea.

La responsabilidad de los maestros es enorme y soy testigo de primera mano de que la inmensa mayoría de ellos responde a su misión lo mejor que puede, pero más allá de su ejercicio crítico, del esfuerzo por garantizar la convivencia en las mejores condiciones posibles, es muy difícil pedirles que suplanten el rol que cumplen en la sociedad los gobernantes y líderes que desde sus balcones y medios electrónicos dan la pauta de lo que deben ser las relaciones sociales y políticas para el desarrollo de una nación que por este camino nunca será civilizada.

Francisco Cajiao

Abril, 2024

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No se entiende que en altos cargos puedan ser entronizados personajes que confiesan su ignorancia.

Siempre se ha sabido que la educación es la única forma de conseguir que una sociedad progrese alejando a sus miembros de sus más primitivos impulsos en favor del uso de razón. Aristóteles decía que “dondequiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto”, y Kant subrayaba que “el objeto central de una buena educación es asegurar que los seres humanos desde el comienzo aprendan a someterse a las prescripciones de la razón”. Stuart Mill era enfático al decir que “la educación es la antesala de los derechos civiles, sociales o políticos. Para ello se requiere un alto ejercicio de la razón que asegure la libertad y la autodeterminación, más allá de las tutelas ideológicas o doctrinarias”.

La cuestión es tan seria que en muchos casos un alto nivel educativo se convierte en requisito ético y legal para poder desempeñarse en las complejas responsabilidades que requiere la sociedad. Por eso todos los ciudadanos tienen el derecho fundamental de acceder a la herencia cultural que se ofrece en la educación básica, pero también la obligación de superar con éxito las exigencias requeridas para acceder a los conocimientos avanzados que aseguran el alto ejercicio de la razón y la libertad más allá de las subordinaciones doctrinarias, parafraseando a Mill.

Ejercer la medicina sin un título profesional es delito. Lo mismo se aplica a quien construye edificios o ejerce el derecho sin los respaldos académicos necesarios. En muchos países se requiere certificación profesional para ejercer la plomería, la peluquería o la jardinería, y en eso viene trabajando Colombia con el marco nacional de cualificaciones, que pretende ser parte del sistema de educación superior.

Bajo esta premisa no es fácil entender que en altos cargos del Estado, donde se juegan las soluciones a gravísimos y complejos problemas de millones de seres humanos, puedan ser entronizados personajes que desde el día de su posesión confiesan su ignorancia. Habría que preguntarse en qué momento las líneas éticas se corrieron tanto que la gente con menos preparación asume la responsabilidad de resolver problemas que no entiende y si ese retroceso es parte del llamado progresismo.

Desde su origen, la especie tropezó con necesidades tan esenciales como la alimentación, la protección frente a los rigores de la naturaleza y la supervivencia en general. Esas urgencias fueron el acicate para que los primeros humanos aprendieran a conocer y transformar el entorno, para usar la razón en favor de la solución de problemas y la acumulación de saberes. La necesidad dio origen al desarrollo de la agricultura, desde la domesticación de las plantas hasta las formas más sofisticadas de tecnología alimentaria. Como siempre, mientras algunos se ocupaban de resolver los problemas, otros se esmeraban en proclamar la necesidad de resolverlos recurriendo a la magia, a los relatos míticos o a las medidas de poder más absurdas que, por supuesto, no ofrecían resultados.

Los deseos se proyectan más lejos que las necesidades y se van armando según la manera en que cada quien imagina que puede ser su vida o la sociedad en que sueña. Ya no se trata de asegurar la supervivencia inmediata, sino de fabricar nuevos mundos en los que pueda reinar

una suerte de felicidad en la que no todo el mundo está de acuerdo. La política suele ser ese campo de batalla en el que se enfrentan fantasías de humanidad ideal capaces de aglutinar a millones de seres humanos que todavía no salen de sus urgencias presentes para perseguir nuevas utopías. Eso requiere resolver los problemas de hoy recurriendo a quienes tienen el conocimiento y unir voluntades para inventar el porvenir.

Lo grave es cuando la pobreza se expande, la violencia florece y la desesperanza hace camino sin poner los medios que aconseja la razón para hacer que por lo menos algunas necesidades sean resueltas y tal vez algún sueño tenga oportunidad de hacerse realidad.

Francisco Cajiao

Artículo publicado en El Tiempo de Bogotá

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Ser camaleones integrales era una buena estrategia para pasarla bien.

A finales de los noventa, cuando trabajaba en la Fundación FES, desarrollamos una investigación sobre los adolescentes. Los resultados quedaron en cuatro voluminosos tomos que estarían fuera del alcance de ellos, así que los convocamos para escuchar sugerencias.

En un taller de tres días llegaron a la conclusión de que lo mejor sería una revista propia donde pudieran expresarse sin censura. Decidieron llamarla Camaleón. Al preguntar por el significado del nombre respondieron que su principal esfuerzo con los adultos era tratar de agradarles, con lo cual eludían muchos conflictos, así tuvieran que actuar de manera contradictoria por estar cambiando de color, de acuerdo con las circunstancias.

Dijeron que debían tener contentos a sus padres, a sus amigos, a los maestros y que cada uno de ellos esperaba cosas diferentes en su comportamiento, gustos personales o en sus creencias y convicciones. Si a la mamá no le gustaba el maquillaje, podía salir con la cara lavada y maquillarse donde la amiga. Si el profesor esperaba atención, era cuestión de ponerse en la primera fila y tomar apuntes, así luego la tarea la copiara de un compañero.

En recompensa recibía el afecto de los padres y las buenas calificaciones del profesor. Ser camaleones integrales era una buena estrategia para pasarla bien. Los conflictivos en cambio, se buscaban muchos problemas con la autoridad, pero sobre todo lograban que nadie los quisiera. Dos años de discusiones como ésta alimentaron la investigación que llamamos Atlántida.

Lo que uno no esperaría es que una ministra de Estado -la de Agricultura- vistiendo ropas de ahumadora del Pacífico, se venga lanza en ristre contra quienes hacen estudios de posgrado como si todos ellos y ellas fueran gomelos blancos, empeñados en enterrar la verdadera sabiduría de las comunidades ancestrales, y una serie de tonterías adicionales. Nada de esto concuerda con el propio gobierno y con el esfuerzo de las ministras de educación y de ciencia y tecnología –ambas afrocolombianas– por abrir el espacio del conocimiento avanzado a quienes no han tenido acceso a la educación superior.

Una cosa es cuestionar un decreto sobre la pesca de tiburones, y otra cosa es hacerlo con una pataleta francamente irrespetuosa frente a los miles de colombianos que vienen formándose en las universidades nacionales y extranjeras para aportar al desarrollo del país en los muy diversos campos donde los saberes ancestrales no tienen nada que decir. Supongo que la ministra cuida su salud con médicos graduados y no con el Indio Amazónico.

La tragedia de muchas de nuestras comunidades más atrasadas es que no han tenido acceso a los conocimientos que les permitirían resolver muchos de sus problemas, aprovechando la capacidad de los seres humanos de aprender y transmitir de generación en generación los avances que van logrando.

Por eso está en trámite una ley estatutaria que ratifica el derecho a la educación y se están tratando de extender las sedes universitarias a los lugares donde nunca han estado. La ministra de Ciencia y Tecnología ha hecho una apasionada defensa sobre la necesidad de

que las mujeres y los miembros de las comunidades indígenas y afrocolombianas tengan mayores oportunidades de participar en la investigación. Importantes miembros de diversas etnias que representan nuestra riqueza y diversidad cultural han luchado por acceder a la universidad y han obtenido títulos profesionales que ayudan al desarrollo y a la identidad de sus comunidades.

Bien parece que la señora ministra de Agricultura tiene ese afán adolescente de agradar, así sea a base de delirar por un rato repitiendo las mismas frases de una jerigonza que nada ayuda a entender los problemas y, en cambio, siembra desconfianza frente a lo único que la humanidad conserva como esperanza, que es el conocimiento cada vez mejor del mundo en que habitamos.

Francisco Cajiao

26 de febrero 2024

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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El estilo Trump

Por Francisco Cajiao
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Trump se ha estado lavando las manos por cuatro años, pero ha insistido en su papel de víctima.

Sorprende que un presidente que prometió cambiar las costumbres políticas que durante décadas denunció y combatir todas las formas de corrupción, aparezca inventando que quieren tumbarlo de su cargo. Más sorprendente aún es que el cuento se lo haya “comido” el presidente de la OEA.

Gustavo Petro consiguió la presidencia en elecciones democráticas legítimas, así como el Fiscal, la Procuradora, el Contralor, senadores, representantes y magistrados de las altas cortes han sido designados legítimamente, siguiendo los procedimientos y normas previstos por la Constitución. Eso no significa que todos creamos que son los mejores para ejercer las funciones que corresponden a sus cargos.

El 47,3 % de la gente votó por Rodolfo Hernández, lo cual significa que Petro no le gustaba a casi la mitad de los electores. Pero él ganó y eso le ha dado el derecho a gobernar, que es lo que todo el mundo le pide que haga, incluyendo sus opositores. El fiscal Barbosa hizo una muy cuestionada gestión, pero que no le guste al Presidente o a una parte de la ciudadanía, no significa que su investidura carezca de legitimidad y que investigar a funcionarios o parientes del gobernante sea una amenaza contra las instituciones. Lo mismo puede decirse de la Procuradora. Y de los tropiezos de los proyectos en el Congreso. Y de las investigaciones sobre el uso de los dineros públicos.

El problema es otro: si se nombra a funcionarios ineptos que se brincan las normas de contratación por ignorancia o por soberbia, aun después de ser advertidos, los responsables constitucionales de investigarlos y sancionarlos deben cumplir con su deber; si una ministra dice tonterías, hace tráfico de influencias para sacar a su hijo del país y su marido es contratado con otras entidades, no se puede molestar el Presidente con las críticas.

No sé cómo explique el Gobierno el nombramiento de Armando Benedetti en una embajada inventada ad hoc para sacarlo del país y tenerle la boca cerrada después de todo lo que alcanzó a decir. ¿Qué pasó con las investigaciones penales y disciplinarias pendientes? La lista de personajes oscuros y poco calificados designados por el Presidente de la República es larga, para hablar de aquello donde es directo responsable, porque enredos como los de su hijo y su hermano lo afectan mucho, pero no son atribuibles a él.

A los mandatarios de derecha, centro o izquierda no suelen caerles bien los órganos de control, las ramas del poder que puedan limitar su poder o las fuerzas sociales que critiquen su gestión. Pero eso no se acerca a un golpe blando o duro. A veces parecería que el Presidente se sentiría mejor si efectivamente alguien quisiera derrocarlo, pues en ese caso sería una víctima de las oligarquías, un mártir del cambio y no el responsable directo del fracaso más estruendoso de unas promesas que se van quedando en discursos y en una larga lista de funcionarios que replican exactamente lo que propusieron cambiar. Cada que surge una crítica sobre el uso abusivo de recursos del Estado para lujos personales, gastos suntuarios y cosas por el estilo se argumenta que son legítimos porque también antes se hacían. ¿Y, entonces, cuál era el cambio?

Trump desconoció la legitimidad de unas elecciones y azuzó a una turba para que se tomara el Congreso. Un simulacro parecido sucedió aquí la semana pasada frente a la Corte Suprema de Justicia. Trump se ha estado lavando las manos por cuatro años, pero ha insistido en su papel de víctima, y con cada denuncia penal aumentan sus seguidores y sus posibilidades de ser de nuevo presidente. Las investigaciones, los testimonios y los hechos han importado poco en las filas de sus áulicos. Ojalá el estilo Trump no pegue entre nosotros.

Nota: Es lamentable el papel de los directivos de Fecode en esta aventura. Hacen mucho daño a la imagen pública de los maestros cuyos aportes financian sus devaneos políticos. Francisco Cajiao

13 de febrero 2024

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Nuestros jóvenes están llegando a noveno grado sin saber leer y escribir. Más que muchas leyes se necesita con urgencia encontrar estrategias cada vez más eficaces para asegurar que el derecho fundamental a leer y escribir se garantice.

Está comenzando el año escolar y parte de lo que suele hacerse es un repaso de lo visto el año anterior. Con frecuencia los maestros descubren que buena parte de los avances que creyeron obtener, se perdieron durante las vacaciones. Más difícil suele ser indagar qué cosas nuevas aprendieron en su período de receso, pues nos inclinamos a ver lo que les hace falta a los niños y jóvenes y no lo que tienen en abundancia.

También resulta saludable que los colegios tengan claros los logros institucionales previos con el fin de afianzarlos, así como los problemas que les quedaron pendientes para avanzar en su solución. Otro tanto sucede en las entidades territoriales, máxime cuando llegan nuevos funcionarios a las secretarías de Educación y, de repente, se les ocurre que nada de lo anterior es apropiado. La importancia de los períodos de empalme es precisamente establecer el estado actual de las cosas, para dar continuidad a aquellas que venían funcionando bien y acometer las acciones necesarias para resolver los pendientes, que siempre son muchas.

A final del año pasado el país fue notificado de uno de estos retos impostergables: nuestros jóvenes están llegando a noveno grado sin saber leer y escribir. Esto para no hablar de su lamentable nivel en el dominio de las matemáticas.

En lectura, alrededor del 49% de los estudiantes en Colombia alcanzaron el nivel 2 o superior en las pruebas Pisa, mientras el promedio de la OCDE es del 74%. Esto significa que el 51% de la población adolescente es incapaz de identificar la idea principal en un texto medianamente largo, encontrar información basada en criterios explícitos y dar una opinión propia sobre el propósito y la forma de los textos cuando se les pide que lo hagan. Solamente el 1% de los estudiantes evaluados está en el nivel 5, mientras el promedio de los países de la OCDE que está en este nivel es de 7%. Es de anotar que estas pruebas evalúan la lectura pero no la escritura, lo cual podría empeorar mucho el panorama.

Es legítimo el énfasis del Gobierno en abrir oportunidades de educación superior para todos los colombianos, pero si más de la mitad de los bachilleres del país son incapaces de leer un texto de corrido, saber lo que dice y formarse una opinión propia sobre su contenido, no pasará de una buena intención. El problema es que esta enorme limitación cultural, porque la lengua escrita es el vehículo indispensable para acceder al conocimiento, la historia y toda la herencia de la humanidad, está teniendo repercusiones perversas en las instituciones de educación superior.

Las universidades tienen la enorme responsabilidad de formar a quienes constituyen la élite intelectual de la sociedad. Médicos, abogados, ingenieros, economistas y demás profesionales, asumirán a lo largo de su vida las grandes responsabilidades políticas, administrativas, científicas y prácticas de las cuales depende el progreso de todos. Por

eso la calidad de la educación superior es un imperativo ético y no solamente un lujo opcional de algunas instituciones.

Cada día estamos confiando la vida individual y el destino colectivo a personas que suponemos calificadas para asegurar nuestro bienestar. El problema es que ya muchos profesores universitarios se encuentran con estudiantes completamente incapaces de seguir el hilo de un texto complejo o de redactar un trabajo relativamente sencillo. El dilema es que si los reprueban las aulas se desocupan, pero llevarlos hasta el final de una carrera es asumir que la excelencia no es posible.

Creo que el repaso obligado de comienzo de año, tanto para las administraciones locales como para el Gobierno Nacional, es recordar que más que muchas leyes se necesita con urgencia encontrar estrategias cada vez más eficaces para asegurar que el derecho fundamental a leer y escribir se garantice efectivamente, como base para el ejercicio de todos los demás derechos.

Francisco Cajiao

29 de enero 2024

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Hace falta que el país piense en formar maestros capaces de comprender los fenómenos sociales.

Termina el período de los mandatarios locales del último cuatrienio. Nunca podrá decirse que a alguien le resultó fácil, porque cada día son mayores los problemas y las necesidades de las comunidades y mientras más cerca se está de ellas es más urgente mostrar resultados. Ahora se combinan las expectativas frente a los que llegan y las evaluaciones de los que se van.

Estos años fueron muy difíciles en general, pues no acababan de tomar posesión cuando hizo su irrupción la pandemia de covid-19, con implicaciones muy complejas en todos los aspectos de la vida ciudadana. El fantasma de la muerte se coló por todas partes, las calles de las ciudades quedaron vacías, el ulular de las ambulancias aterraba, los colegios y las universidades cerraron sus puertas, y los hospitales empezaron a llenarse de infectados. 

La parálisis súbita del aparato productivo, el comercio, el transporte y los escenarios de recreación y cultura generaron un golpe terrible a los ingresos de las familias más pobres. El miedo, la desesperación y el malestar acumulado en los años anteriores dieron lugar a un estallido de violencia que no se había vivido en mucho tiempo.

La pandemia hizo evidentes muchos cambios que vienen incubándose en el último cuarto de siglo y que dejan muchas preguntas en torno a la educación que se requiere hoy. A los ocho días de anunciarse el confinamiento en 2020, colegios y universidades habían comenzado a funcionar en forma totalmente virtual sin que esa posibilidad hubiera sido contemplada antes, ni siquiera como ejercicio de ficción. 

Fue necesario que maestros, directivos y administradores hicieran cosas para las cuales nunca fueron entrenados, y se vieron obligados a improvisar mientras aprendían a usar las plataformas. Y la escuela dejó de ser lo que había sido por siglos. De pronto se abrieron opciones. Hoy, muchos universitarios solicitan la virtualidad.

Un país puede tener leyes bonitas y grandilocuentes, pero su verdadero progreso depende de los ciudadanos que sea capaz de formar.

De otra parte, el regreso a las aulas vino acompañado de una creciente preocupación por la salud mental de estudiantes y maestros. Casos de ansiedad, pánico, desmotivación, agresividad, depresión, consumo de substancias, comportamientos autodestructivos, se encuentran con maestros que no han sido preparados para lidiar con semejante complejidad. 

A eso debe sumársele la exigencia creciente sobre los educadores para que atiendan la proliferación de identidades que reclaman ser reconocidas y validadas mediante actos explícitos o acciones afirmativas que en ocasiones revisten formas de violencia ante las cuales no se sabe cómo actuar. Es muy interesante a este respecto la última columna de Moisés Wasserman.

La profesión de los educadores debe ser profundamente valorada, ahora más que nunca, pero también su formación debe ser revisada. No se pueden seguir formando licenciados para alimentar un currículo disperso y obsoleto, fraccionado y ajeno tanto a los intereses de los niños y jóvenes como a los procesos mismos de desarrollo del conocimiento. Hace falta que el país piense en formar maestros cultos, de alto vuelo intelectual, capaces de comprender los fenómenos sociales de las comunidades donde trabajan, así como de entusiasmar a sus estudiantes con los fenómenos del mundo que atraen desde la curiosidad inicial de los niños hasta los grandes ideales del trabajo científico y el desarrollo tecnológico.

Aprobar nuevas leyes requiere un enorme esfuerzo, pero es muy importante que se oriente a entender las necesidades concretas de transformación de un sistema que está haciendo agua por todas partes. Un país puede tener leyes bonitas y grandilocuentes, pero su verdadero progreso depende de los ciudadanos que sea capaz de formar, de los valores éticos que aprenda a compartir y de los conocimientos que pueda acumular para resolver los problemas urgentes del presente y el futuro. El derecho no está en discusión, lo que debe discutirse es cómo asegurar su cumplimiento.

Francisco Cajiao

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Una curiosa fobia a la tecnocracia ha llevado a prescindir de gente valiosísima.

Hay cosas que sabemos y cosas que creemos, y con frecuencia confundimos las unas con las otras. A veces se pelean entre ellas, y como buenos mediadores de paz, buscamos por todos los medios, conciliar evidencias y convicciones, sometiendo las primeras a las segundas.

En el plano personal aparecen conflictos internos complicados, pues las creencias instaladas desde la primera infancia comienzan a chocar con los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Creemos en doctrinas religiosas, supersticiones o preceptos de orden político y social y a ellos ajustamos comportamientos y rituales como algo natural. Pero si tenemos una buena educación y ella nos permite desarrollar capacidades intelectuales, aprender a procesar información y someterla a análisis crítico, descubrimos que la realidad no siempre coincide con lo que nuestras creencias nos decían. Es entonces cuando el conocimiento tiene la oportunidad de guiar las decisiones que dan un determinado sentido a la vida.

Puede ser que alguien se niegue a recibir una transfusión de sangre porque su religión se lo prohíbe, que una comunidad decida inmolar a un niño para pedir a los dioses que llueva, que un sujeto transite un largo trecho de rodillas para pedir a un santo que le aumenten el sueldo o que un país pequeño sacrifique sus reducidas reservas de petróleo para salvar a todo el planeta. Eso está inscrito en el territorio de las creencias, los rituales o los símbolos, pero no del conocimiento juicioso y crítico de la realidad.

Desde luego, es más fácil ser creyente que mantener siempre el rigor del razonamiento que a lo largo de muchos siglos ha ido desarrollando la humanidad con el aporte lento y juicioso de muchas vertientes culturales. La educación es precisamente el proceso que hace posible a las nuevas generaciones apropiarse de esa herencia que permite comprender cómo funciona el mundo físico y social y avanzar en soluciones eficaces a los múltiples problemas que plantea la vida. Por eso no pueden separarse ciencia y educación, pues el ejercicio de la razón crítica viene de la mano con la capacidad de dudar y confrontar las creencias con la realidad.

La historia muestra que las hordas de creyentes suelen ser más fáciles de reclutar y conducir que las sociedades donde el conocimiento ocupa un lugar preponderante.

Este año de gobierno ha sido sorprendente: después de muchos discursos sobre la importancia de la educación, prometer universidad a cientos de miles de jóvenes, soñar con viajes a las galaxias y hablar del renacer de la ciencia, ha designado en cargos de altísima responsabilidad a una colección de personajes de tan notoria carencia de conocimiento en sus áreas, que da vergüenza. Pero es claro que son creyentes que compensan su ignorancia con su devoción. Una curiosa fobia a la tecnocracia ha llevado a prescindir de gente valiosísima que a lo largo de muchos años y gobiernos distintos sirvió al país y acumuló conocimiento sobre temas importantes de agricultura, energía, salud, recursos naturales…

No resulta esperanzador para los jóvenes hacer grandes esfuerzos intelectuales y desarrollar carreras académicas esforzadas proyectadas al desarrollo del país, si luego la política pública y los cargos de dirección del Estado terminan en manos de personas ineptas cuyos mayores méritos se han centrado en ser dóciles seguidores de algún hábil líder con delirios de grandeza y sensación de haber sido elegido como salvador universal.

Por desgracia, la historia muestra que las hordas de creyentes suelen ser más fáciles de reclutar y conducir que las sociedades donde el conocimiento ocupa un lugar preponderante y pretende irse dilucidando gradualmente a través de mecanismos de debate público, foros en los que prime la razón e instituciones democráticas capaces de poner el interés general por encima de las creencias y los apetitos particulares.

La paradoja es que hay que tener fe en que las cosas pueden mejorar y que el próximo año habrá un mejor lugar para la razón y la sensatez de la mano de los gobiernos locales.

Francisco Cajiao

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Dice el diccionario que estilo “es el conjunto de rasgos peculiares que caracterizan una cosa, una persona, un grupo o un modo de actuación”. En el arte es definitivo para establecer la madurez y originalidad de un artista, o para identificar una época que marca hitos en la forma de representación e interpretación del mundo.

También hay estilos de vida que van desde los más simples, hasta los más sofisticados. Cada quien va encontrando su manera propia de liderar, viajar, vestir, hablar, negociar, comer o descansar, dependiendo de su rol y su personalidad. En el modo de gobernar el estilo es un asunto esencial porque, a través de las formas, se revela lo más profundo del pensamiento del gobernante.

Es sabido que la originalidad total no existe, de modo que en la formación del estilo se toma mucho de otros y con frecuencia del pasado. Estudios recientes sobre la democracia en América Latina parecen mostrar cierto gusto por regresar a estilos autoritarios que vienen de muy atrás en la historia. No falta algún dictador caribeño con sabor a emperador romano, o algún emulador de Stalin con purgas sistemáticas de todo eventual contradictor. Por supuesto, nadie confiesa su admiración por el populismo y nacionalismo exacerbados de Hitler, pero es evidente el gusto de muchos por los discursos eternos y el deseo de ser adorados por el pueblo como redentores providenciales. El fantasma de Goebbels se pasea todavía con libertad sin distinciones ideológicas.

Releyendo a Norbert Elias se me viene a la cabeza que por estos lados está pegando el estilo de la sociedad cortesana del Rey Sol, como llamaban a Luis XIV. A él se atribuye la frase de “el Estado soy yo”, lo que significaba que estaba por encima de todas las instituciones civiles o religiosas. En lógica monárquica, sus gustos, sus caprichos, sus fantasías eran leyes inapelables y la Corte fungía como permanente comité de aplausos en Versalles. 

Desde luego, no importaba el costo de alguna ocurrencia, como la construcción del palacio donde concentró a todos los nobles para que no estuvieran en sus territorios creando malestar. Su estilo particular de gobernar fue centralizar todo en un pequeño grupo obediente y temeroso de perder privilegios, sin importar si eran idóneos para las funciones de gobierno, ya que lo importante era que creyeran incondicionalmente en él, más allá de cualquier raciocinio. Esto se premiaba con la invitación a estar en el círculo cortesano, mientras los mínimamente escépticos eran marginados.

El estilo de Luis XIV fabricó el descontento que produjo la Revolución francesa y la instauración de la democracia moderna. En lugar de un enviado de Dios, investido de poderes absolutos, el nuevo estilo estaría marcado por el ejercicio de la razón y tendría como fundamento la decisión de los ciudadanos, preferiblemente educados. Las instituciones estarían por encima de las veleidades y los vaivenes emocionales de los mandatarios, y se podría disentir sin miedo a caer en desgracia o ser expulsado del reino. Claro que el propio Napoleón, gran promotor del cambio, prefirió el estilo viejo y se autoproclamó emperador.

Invitar a Palacio solo a los gobernadores amigos tiene un desagradable tufo a sociedad cortesana, al igual que favorecer sin miramientos a personajes de muy precaria preparación, cuando no de antecedentes cuestionables. Cumplir con las grandes expectativas generadas en campaña no se consigue inventando teorías sociopoéticas sobre la paz, el medio ambiente o los viajes interestelares, ni escupiendo de manera incontinente decenas de frases sueltas desde un teléfono celular sin mediar el análisis que requiere la cordura.

El estilo importa y el actual es vergonzoso. En la historia hay buenos ejemplos de estilo democrático en los cuales buscar inspiración no solo para bien de quien hoy gobierna sino de todos nosotros.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá.

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Este tema de mucho interés para nuestro grupo fue el centro de nuestra última tertulia. Nadie existe probablemente mejor preparado que nuestro invitado para acercarnos a los alcances de la reforma educacional que se discute actualmente en el Congreso Nacional. Pacho, con su claridad y profundidad de análisis, conversó abiertamente con nosotros sobre la compleja realidad de lo que existe actualmente de legislación en los diversos niveles de la Educación en Colombia y lo que se propone con esta iniciativa gubernamental. Compartimos la tertulia con nuestros lectores interesados en el tema.

Exjesuitas en tertulia- Noviembre 16, 2023
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