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Edna Bonilla

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“Nadie nace odiando a otra personas por el color de su piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario”.  

Nelson Mandela 

 

Llegar al Colegio “La Giralda” en Bogotá, es entrar a un lugar que transmite vida, genera ilusión y respira paz. Es un espacio que demuestra que la formación integral de calidad es posible. Está ubicado en el barrio Las Cruces, en un sector con numerosas problemas socioeconómicos. Es un colegio público; desde el año 2000 es administrado por la Alianza Educativa. Actualmente cuenta con 1.400 estudiantes. Según la clasificación de planteles del ICFES en 2023, estuvo ubicado en la categoría A y obtuvo un puntaje promedio de 282 en las pruebas Saber 11, ubicándose 22 puntos por encima del promedio de colegios oficiales de Bogotá y 25 por encima del promedio nacional.  

En 2023 tuvo otros indicadores que reflejan la bondad de su trabajo: durante el año apenas desertaron 3 estudiantes (su tasa de deserción fue del 0,2% y la nacional del 4,3%). La tasa de aprobación fue del 95,6% (88,3% es la nacional) y la tasa promedio de ingreso a la educación postmedia fue del 82% (frente a 41,08% nacional). Todos los indicadores son mejores a los del promedio de Bogotá y de Colombia.  

La Giralda innova permanentemente. El trabajo del rector, de los docentes, estudiantes y administrativos, convierte al colegio en un referente para la ciudad y el país. Su enfoque pedagógico promueve de manera armónica el desarrollo académico, el socioemocional y la construcción de un proyecto de vida exitoso que garantiza la trayectoria escolar de sus estudiantes. Estas dinámicas son dignas de compartir y, sobre todo, de replicar. Sus experiencias en formación socioemocional son parte del programa de Justicia Escolar Restaurativa (JER), que se desarrolla en todos los colegios públicos de Bogotá, y en algunos establecimientos privados; también avanzan en la incorporación de prácticas en justicia restaurativa. 

La JER es una estrategia pedagógica y política que busca potenciar la cultura de paz en los colegios. Estimula prácticas que contribuyen a mejorar las relaciones e interacciones de las comunidades. Es una herramienta para el mejoramiento de la convivencia escolar y el fortalecimiento de la educación socioemocional y ciudadana. Las prácticas restaurativas se aplican para atender los conflictos y las violencias que se dan en los espacios educativos e incluye la promoción de derechos, la prevención, la atención y el seguimiento.  

Como herramienta pedagógica, aporta a la solución de conflictos de manera participativa, empática y diversa. La JER contribuye a la educación socioemocional y ciudadana, ya que compromete a los integrantes de las comunidades educativas, desde el pensar, el sentir y el hacer. Dados unos lineamientos generales, cada comunidad educativa escoge la forma de aplicar la Justicia Escolar Restaurativa.  

La Giralda diseñó la estrategia “Gimnasio Socioemocional” para mitigar los riesgos psicosociales (individuales y colectivos) ocasionados por la pandemia del covid-19. Las niñas, los niños y los jóvenes, sufrieron significativamente durante este periodo al tener durante mucho tiempo los espacios educativos cerrados. Al regreso de la pandemia, el colegio acompañó a sus estudiantes.  

Con el Gimnasio Socioemocional generó un espacio seguro para promover hábitos saludables, valores y competencias socioemocionales que contribuyen al desarrollo cognitivo, emocional, social y físico de sus estudiantes. De esta manera se contrarrestaron efectos perversos dejados por la pandemia. 

¿Cómo lo hicieron?: Educando desde las emociones. Primero, identificaron las necesidades y objetivos del programa, asignaron un espacio físico y formaron un equipo de estudiantes líderes. Después buscaron recursos económicos y colaboradores externos para adecuar el espacio. En una tercera fase, integraron el proyecto con las iniciativas de Justicia Escolar Restaurativa y los estudiantes líderes en desarrollo socioemocional ayudaron a involucrar a toda la comunidad educativa. 

El Gimnasio Socioemocional cuenta actualmente con cuatro estaciones. En la primera, se trabajan las competencias socioemocionales relacionadas con la dimensión “Conmigo mismo”. El estudiante líder guía a su compañero para que exteriorice y reflexione sobre la situación de conflicto. Luego utiliza unos guantes para golpear una bolsa de boxeo, de acuerdo con lo que siente en el momento. Después, se realizan ejercicios de respiración dirigidos a lograr la calma y trabajar la autorregulación y el manejo de las emociones.  

En la segunda estación hay un rincón para hacer ejercicios de yoga y meditación. Aquí el estudiante líder ayuda a su compañero para que experimente diversas sensaciones mediante ejercicios de reflexión, ambientados con aromaterapia y velas encendidas. En esta estación el estudiante fortalece la autoconciencia.  

En la tercera estación el estudiante encuentra libros y los personajes de la película Intensamente (Pixar 2015), con los que puede interactuar y asumir roles en los que se desarrollan competencias de la dimensión “Con los demás”. Se trabajan, así, la empatía, la conciencia social, la comunicación y escucha, el manejo de los conflictos y la asertividad.  

Por último, en la cuarta estación se desarrolla la dimensión “Con nuestros desafíos”. Allí, el estudiante, a través del juego de tenis de mesa, fortalece las competencias de determinación y toma responsable de decisiones. 

En el trayecto del Gimnasio, el estudiante se enfrenta a diferentes obstáculos en el logro de sus metas. La reflexión y acción están presentes en todo el ejercicio. Andrey de11años dice: “En el Gimnasio Socioemocional he aprendido a gestionar mis emociones y también he aprendido a manejar las emociones de los demás y a autorregularme en los momentos necesarios”. Los niños y las niñas educan a los adultos. 

Durante 2023, el Gimnasio Socioemocional contribuyó a que las situaciones que afectan la convivencia escolar (conflictos, agresiones, consumo, violencia sexual, entre otros), disminuyeran en un 67% entre el primer y el último periodo académico. Así mismo, entre otros logros, se mejoraron significativamente las competencias socioemocionales de autoconciencia, autorregulación y toma de decisiones.  

Al Gimnasio han asistido, además de los estudiantes, los profesores, el personal administrativo y los padres y madres de familia. Ellos encuentran un acogedor espacio para manejar las crisis y fortalecer sus capacidades socioemocionales y ciudadanas. Estuve ahí (pasé por las cuatro estaciones) y la experiencia fue conmovedora y liberadora. ¿Qué tal si este ejercicio se replica en otros colegios y espacios? Seguramente, la manera como tramitamos nuestros conflictos tendría mejores resultados.  

Esta experiencia está nominada en los “World’s Best School Prizes”, que son los premios educativos más prestigiosos del mundo. Son organizados por una plataforma mundial denominada “T4Education”, que congrega a cerca de 200 mil profesores de más de 100 países. A través de 5 categorías: colaboración comunitaria, acción ambiental, innovación, superación de la adversidad y apoyo a una vida saludable, la organización reconoce, a nivel internacional, las buenas prácticas de las escuelas que puedan inspirar a otros y ser replicadas.  

La Giralda está entre los 10 semifinalistas, en la categoría “apoyo a una vida saludable” y compite con instituciones educativas de Reino Unido, China, India, Emiratos Árabes Unidos, Italia, Liberia y Singapur. La elección del colegio ganador incluye, como uno de sus criterios, una votación abierta al público. Al final, una academia de jueces conformada por líderes de diferentes partes del mundo, después de revisar el desempeño de cada colegio en las etapas previas y la votación pública, determina el ganador en cada categoría. Esta votación se cerró el 28 de junio y los resultados se darán a conocer en setiembre. La Giralda tiene todo para ganar la distinción.  

Es posible que tengamos en Bogotá, Colombia, al mejor colegio del mundo en la categoría “Apoyo a una vida saludable”. El país necesita buscar soluciones para construir la paz. La comunidad educativa de este maravilloso colegio nos inspira y nos recuerda que las emociones se pueden trabajar en un gimnasio en el que el “yo” es vital para construir un “nosotros”, que pueda tramitar sus conflictos de una manera pedagógica, empática, restaurativa e inspiradora. 

Edna Bonilla 

Publicado en la revista Cambio, Bogotá 

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No queremos políticos que tomen todas sus decisiones con el único objetivo de imponer sus ideologías, lo que queremos es que escuchen a la gente” 

Malala, 2013 

En una entrevista radial hecha al ministro hoy 12 de julio, acusó recibo de esta carta que publicamos, refiriéndose a ella con mucha deferencia y respeto. 

Respetado ministro designado Daniel Rojas: 

Escribo esta carta con la ilusión de que, durante su ejercicio al frente del Ministerio (MEN), escuche distintas voces que con experiencia han venido aportando a la educación del país. Y aunque según su hoja de vida, usted no ha trabajado en el sector, desde la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, mostró interés por mejorar la infraestructura educativa. Ahora, respetuosamente, me atrevo a plantearle algunas reflexiones. 

Este es un sector complejo que impacta a más de 12 millones de personas: 9.275.511 estudiantes de jardines infantiles y colegios (7.501.360 de colegios públicos y 1.774.151 en privados); 442.772 docentes y directivos docentes (329.690 en el sector público y 113.082 en el privado); 49.962 administrativos (29.637 en el sector público y 20.325 en el privado); 2.466.228 estudiantes en educación posmedia con cerca de 161.159 docentes en este nivel de formación.  

Hay 8.410 colegios públicos (43.581 sedes), 9.409 jardines infantiles y colegios privados, y más de 300 instituciones de educación superior. A ello se suma un creciente número de entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano. El Ministerio de Educación tiene 62 billones de pesos de presupuesto que deben ser ejecutados de manera transparente y oportuna. 

Como usted sabe, Colombia es diversa, heterogénea y desigual. Y, si bien hemos avanzado en la universalización de la educación primaria y secundaria en los últimos 30 años, existen retos enormes para usted. El principal, será cumplir las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Los rezagos son enormes y las deudas en acceso, calidad, equidad, pertinencia y permanencia han aumentado en los últimos años. Para mejorar la situación se requiere articular esfuerzos con los entes territoriales y los sectores público y privado. Por supuesto, hay que privilegiar la educación pública, pero es equivocado despreciar el papel de los privados. Y aunque son varias las preocupaciones que hay para mejorar la educación, le enumero cinco: 

Somos un país con una enorme desigualdad educativa y segregación escolar. Personas de distinta clase social no se encuentran nunca en su trayectoria educativa. Colombia presenta enormes brechas en los procesos y resultados educativos según las zonas (rural-urbana), la ubicación territorial, el origen socioeconómico o el grupo poblacional. En pleno siglo XXI, menos del 20% de las sedes públicas del país opera en jornada completa o única (datos MEN, 2022). La asimetría es notable cuando se compara con la mayoría de los colegios privados, o con establecimientos a nivel internacional. 

Se presentan enormes brechas asociadas a la “lotería de cuna”. El éxito de una persona no puede depender de la zona donde se nace, la condición socioeconómica o la ubicación territorial. Mientras el promedio del puntaje global de las pruebas Saber en 11 de los colegios urbanos fue de 257 en 2023, la de los colegios rurales fue de 227. Es significativa la diferencia que existe entre las grandes ciudades y municipios del Pacífico o de los antiguos territorios nacionales. Usted debe hacer una apuesta clara por el cierre de brechas. 

Hay necesidad de fortalecer y diversificar la financiación para la calidad educativa y la primera infancia. La financiación pública es absorbida por los salarios docentes (83 % comparado con el promedio de la OCDE, 63%), lo que deja recursos escasos para la calidad. Sigue siendo un reto enorme la financiación de la educación inicial y la preescolar de tres grados. Es urgente avanzar en calidad educativa y en la formación integral. Le propongo que para empezar, nos pongamos de acuerdo en el concepto y la ruta de calidad. 

• Colombia requiere fortalecer un sistema de formación docente y mejorar las condiciones de permanencia y pertinencia. Una de las palancas de las mejoras en calidad educativa en el mundo son las capacidades docentes. Aquí hay una gran deuda. Y a esto se le tiene que agregar el sistema de salud de los docentes. Su implementación ha sido un verdadero desastre y no se ven soluciones a la vista. De otro lado, tenemos un alto grado de reprobación escolar y de deserción. De acuerdo con datos (OCDE 2016), cerca del 22% de los estudiantes de educación primaria ha repetido al menos un grado, al igual que el 29% de los estudiantes de educación básica secundaria. Es necesario garantizar las condiciones para que esto no siga ocurriendo. 

• Estamos muy por debajo de los indicadores internacionales. El 71% por ciento de los estudiantes colombianos se encuentra en niveles de bajo desempeño en la prueba PISA. El porcentaje correspondiente a los países de la OCDE es el 31%. A su vez, tanto en PISA como en las pruebas nacionales Saber, los resultados de calidad se estancaron hace cerca de diez años, y han empeorado en algunas áreas. Debemos avanzar en procesos de evaluación multidimensional. Uno de los factores asociados al logro son las recursos físicos y de infraestructura. Los datos reportados por los rectores de instituciones educativas públicas y por los directivos docentes sugieren que la carencia de infraestructura educativa, el material educativo y las dotaciones desigualmente distribuidas, dificultan los procesos de aprendizaje. Ministro, incentive el trabajo que viene desarrollando el Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa desde hace varios años y entienda que la educación de calidad implica ir más allá de las construcciones. 

• En educación superior y posmedia se agrava la desigualdad. Mientras la tasa de tránsito inmediato de la educación media a la superior es mayor que el 53% en Bogotá, no llega al 20% en Amazonas o Vaupés. El Plan Nacional de Desarrollo se propuso aumentar esa tasa y crear 500.000 cupos nuevos. Según el último reporte, se han logrado 64.729 cupos nuevos. Es decir, apenas se ha cumplido con el 13% de la meta, después de dos años de gobierno. Por sus intervenciones (y publicaciones en redes sociales) sabemos que considera que “Entregarle los recursos de la educación pública de Bogotá a universidades privadas es corrupción amparada por normas diseñadas a propósito para defender negocios privados con recursos públicos. Secuestrada por los negocios” (Red social X, antes Twitter, 6 de mayo de 2024). ¡Grave error Ministro! Con esos recursos públicos se privilegió la educación pública de la ciudad y se beneficiaron 40.000 jóvenes en menos de cuatro años. Lo invito a revisar las cifras y a escuchar las opiniones de rectoras y rectores de las universidades públicas y privadas de la ciudad, así como a los beneficiarios de Jóvenes a la U y sus familias. El sistema es mixto y sin el trabajo con las instituciones privadas, no se podrán cumplir las expectativas y metas. 

Créame y permítame insistir: es posible fortalecer la educación pública y trabajar con los privados. Esto no es excluyente. También es necesario cambiar el concepto de educación superior y pasar a un modelo de educación posmedia. Las expectativas de la juventud han cambiado dramáticamente en los últimos años. El sistema educativo debe ofrecer opciones a la juventud, acordes con sus intereses y realidades. Incentivar modalidades como bootcamps, certificaciones, técnicos y tecnólogos es imperativo. La educación superior y posmedia está en mora de repensarse. 

Ministro, sin lugar a duda, más que pensar en constituyentes, es hora de materializar lo que ya está definido en la Constitución Política Colombiana, en la Ley General de Educación y en la normatividad de los últimos 30 años. Requerimos avanzar cuanto antes en la reforma a la Ley 30 de 1992 y al Sistema General de Participaciones. Estas fueron las promesas de campaña del Gobierno del Cambio y pueden lograrse en el llamado “Acuerdo Nacional”. En la discusión de la Ley Estatutaria no se reconoció la complejidad del sistema educativo, y se despreció la necesaria articulación de los sectores público y privado. Tampoco se tuvo en cuenta la diversidad de visiones y posiciones sobre la educación. Ojalá, ministro, se aprenda de los errores. 

Y recuerde ministro, con el ejemplo también se enseña. Bájele a los trinos (post), a las ofensas y a las palabras soeces. Modere su discurso, por favor. Este talante en nada contribuye a hacer de la educación el principal punto de la agenda del país. Respete las normas y la institucionalidad. Frente a los enormes retos, esperamos que los servidores públicos escuchen, trabajen por unir al país y logren los cambios que se necesitan. Sus afirmaciones agresivas y descalificadoras no contribuyen al acuerdo nacional. No favorecen la construcción colectiva. En sus manos está la educación, que es la mejor bandera para hacer posible que seamos una sociedad más equitativa e incluyente. 

¡Bienvenido al mundo de la educación! 

Edna Bonilla 

Julio 10, 2024 

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia 

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La tristeza que siento por lo que estamos viviendo en la Universidad Nacional es inconmensurable. La institucionalidad ha sido maltratada, y la crisis está dejando heridas profundas. 

He leído, visto y escuchado múltiples mentiras e información descontextualizada que tiene el único fin de imponer un rector y un modelo de universidad. No solo es doloroso, sino que desvía las verdaderas discusiones que deberían estar ocurriendo en la universidad: los retos y potencialidades de la ciencia y la investigación; las necesidades de innovación en la pedagogía y la formación de estudiantes; la calidad y pertinencia de la educación universitaria con una mirada global y no solo local; las causas de la deserción; el modelo de universidad y la modernización en la gestión; los mecanismos de financiación de la educación; la construcción de una visión de largo plazo que reconozca a la educación como el principal mecanismo para superar la inequidad, entre otras. Estas discusiones se han minimizado porque se decidió privilegiar la disputa por la rectoría, en un contexto de politización de la Universidad y de maltrato personal e institucional.

Dos hechos marcan mi reflexión de hoy. El primero, recuerdo que, en la sesión plenaria del Congreso de Colombia del 20 de julio de 2019, muchos nos escandalizamos por “la jugadita” de dos honorables congresistas que recurriendo a la milimetría procedimental impidieron que el presidente de la república escuchara a la oposición que estaba haciendo uso de su derecho a la réplica. 

Siempre me impresionó el término “jugadita” y, más aún, la audacia para despreciar el discurso de la oposición. Compartí la indignación de muchos de los que creemos que la política debe ser decente, y que su principal desafío debería ser la construcción de la confianza y la persuasión. Hoy, las “jugaditas” utilizadas para elegir rector en la Universidad Nacional son abundantes. 

El segundo hecho se presentó hace diez años, cuando se expidió la Ley 1740 de 2014 que regula la inspección y vigilancia de la educación superior. Tuve la oportunidad de aplicarla siendo delegada del Ministerio de Educación en el consejo superior de una universidad privada. En aquellos momentos jamás pensé que esta norma se le pudiera aplicar a la Universidad Nacional. Me parecía que la Nacional estaba muy lejos de las causales que pudieran motivar una intervención por parte del Ministerio de Educación.

No soy abogada y les dejo a los juristas y al Consejo de Estado, la discusión sobre el cumplimiento de la ley y los procedimientos establecidos para la designación de rector. Sin embargo, creo con Platón que la ley es “la razón de la ciudad, así como la razón es el gobierno del hombre”. En este proceso ha hecho falta la razón y ha sobrado el activismo político. No ha habido altura académica. Se ha olvidado que en las universidades se debe privilegiar el mérito sobre el aplauso, las arengas y las vías de hecho.

En el proceso de designación del rector las reglas de juego siempre han sido claras. Los candidatos se habían comprometido a cumplirlas y los miembros del Consejo Superior Universitario (CSU) conocían su papel y competencia. Sin embargo, tanto el profesor Leopoldo Múnera como algunos de los miembros del Superior, no estuvieron a la altura de su responsabilidad, y ese comportamiento es el que nos tiene en esta lamentable situación. En distintos espacios previos, el profesor Múnera se comprometió a respetar la decisión tomada por el Superior. Sin embargo, cuando concluyó la sesión del CSU del 21 de marzo, llamó a la “desobediencia civil” y no reconoció la voluntad del Superior. Los otros tres candidatos aceptaron al profesor José Ismael Peña como rector designado. 

Mientras ellos cumplieron, el profesor Múnera no lo hizo. Además, las tres personas que representan al gobierno nacional (incluida la señora ministra), después de participar activamente en todo el proceso, se negaron a aprobar el acta. Esta decisión no se entiende. Dos días antes tuvieron la oportunidad de conocer y entrevistar a los cinco candidatos (incluso les preguntaron su opinión sobre temas no relacionados directamente con la Universidad, como el llamado a una asamblea constituyente y la reforma a la salud). La ministra y las dos representantes del Gobierno, votaron y participaron activamente en la elección del rector.  

Las “jugaditas” empezaron incluso antes del 21 de marzo, cuando se llevó a cabo la sesión del Consejo Superior Universitario para la designación de rector. Hubo entrevistas y reuniones previas, información mal intencionada, intimidaciones y amenazas.  El escándalo y el fantasma de la corrupción fueron utilizados para dañar la Universidad y crear razones para una intervención por parte del gobierno nacional.  

Se ha conocido que la sesión del 21 de marzo inició con la decisión acordada entre los ocho miembros, de hacer una votación secreta ante las amenazas comprobadas contra algunos integrantes del CSU. Posteriormente, y cumpliendo con los procedimientos establecidos, se decidió la metodología que se utilizaría para la designación. El método, aprobado por mayoría, usó el voto ponderado. Este procedimiento ya se había utilizado en 2000, según consta en la respectiva acta del CSU. El procedimiento lo propuso el ministro de la época, Germán Bula Escobar, y fue designado como rector el profesor Víctor Manuel Moncayo. Y ahora, aunque la ministra había propuesto el método de votación directa, aceptó la votación e hizo aportes para su aplicación. La sesión se desarrolló con participación de los ocho miembros en todas las rondas de votación. Asumo que votaron después de una previa valoración de los resultados de la consulta a la comunidad académica. 

El Consejo designó como rector a José Ismael Peña, cumpliendo con toda la normatividad del proceso. De hecho, se expidió un comunicado por parte de la secretaria del CSU, anunciando la designación. La ministra aceptó que esto se hiciera. Minutos después, por exigencia del presidente Gustavo Petro (vía la red social X, antes Twitter), se rompe el acuerdo de mantener el voto secreto. De igual forma, no se cumplió con la obligación de firmar el acta (aprobada por mayoría calificada) y el acto administrativo. A partir de ese momento, las “jugaditas” se intensificaron. Enumero solo tres. 

La primera y más clara fue la negación a aprobar el acta, sin una razón evidente y dilatando esta obligación. Sin embargo, el acto administrativo nació a la vida jurídica y cuenta con presunción de legalidad. Pretendieron que sin la firma del acta, no habría posesión del rector. De ahí el triste hecho de una posesión legal ante un notario de Bogotá.  

Segunda, la elección del representante ante el CSU por parte del Consejo Nacional de Educación Superior – Cesu. El Ministerio de Educación logró que se escogiera al profesor Víctor Manuel Moncayo. El lobby del Gobierno fue intenso. Hay que recordar que meses antes, el profesor Moncayo quiso ser el representante de los exrectores en el mismo Consejo Superior. Al perder esta elección, buscó ganar la representación a través del  Cesu. Su afán de formar parte del Superior se explica por su estrecha relación con el profesor Múnera. De hecho, el profesor Múnera fue su vicerrector de Sede. Desde siempre, el  profesor Moncayo ha mostrado su simpatía por la candidatura del profesor Múnera. Como resultado de esta decisión del Cesu, la composición del Consejo Superior de la Nacional cambió de manera significativa. Los nuevos miembros son el profesor Moncayo y la representante de los estudiantes. La presidencia del Consejo esperó hasta que cambiara su composición para tener mayorías plenas (con el profesor Moncayo y la representante de los estudiantes) y de esta manera “tumbar” la decisión tomada el 21 de marzo. 

Tercera, el desarrollo de la sesión del 6 de junio en la que se designa como rector al profesor Leopoldo Múnera, refleja el irrespeto a la autonomía universitaria y la trasgresión de la norma y los fallos judiciales vigentes. Los hechos que me llevan a hacer esta afirmación son:

  • La Resolución No. 067 de 2024 (que no fue conocida previamente por los consejeros y se presentó para aprobación en la misma sesión), contiene en 18 páginas la argumentación por “medio de la cual se verifican y corrigen las irregularidades encontradas en la actuación administrativa para el nombramiento de rector que tuvo lugar en la sesión del 21 de marzo de 2024, y se dictan nuevas disposiciones para su designación para el período 2024-2027”. Es decir se construyó previamente, no se socializó y se tomó la decisión de designar rector, desconociendo que la Universidad ya lo tenía. ¿Una “jugadita”?
  • El CSU designó el 21 de marzo como rector al profesor José Ismael Peña y había acto administrativo en firme. Tanto así, que el Consejo de Estado ya rechazó una medida cautelar urgente solicitada en la demanda de nulidad electoral contra el acto administrativo de elección. La demanda fue presentada por los profesores Leopoldo Múnera y Rodrigo Uprimny y el exconsejero de Estado, Alberto Yepes. En la demanda, el profesor Múnera reconoció expresamente que el acto administrativo se expidió. Si se considera que no hay acto administrativo, ¿por qué demandarlo? El hecho de que la ministra no haya firmado el acta de la sesión -que ella misma presidió- y el correspondiente acto administrativo, ¿invalida la decisión? 
  • Ante las manifiestas irregularidades, el representante de los exrectores, el representante profesoral y la profesora designada por el Consejo Académico, se retiraron de la sesión del 6 de junio. Los cinco miembros restantes, no discutieron las hojas de vida, ni valoraron las potencialidades de los cinco candidatos. En lugar de seguir este procedimiento, votaron de manera expedita, y en algo más de una hora, designaron al profesor Múnera como rector.  No hubo mayor discusión. El acta y el correspondiente acto que permitió la posesión del profesor Múnera, solamente llevará la firma de cinco de los miembros del Consejo Superior. ¿Ahora por qué no importan las firmas de todos?
  • Estas actuaciones desconocieron decisiones jurídicas importantes como: 1) el fallo de tutela del Juzgado 37 Administrativo de Bogotá, en el que expresa que hay presunción de legalidad del acto administrativo; 2) el hecho de que hay en curso cinco procesos electorales en el Consejo de Estado y, 3) los pronunciamientos de la Procuraduría General de la Nación.
  • Para finalizar, reconozco con tristeza el lamentable papel del viceministro de Educación Superior, profesor Alejandro Álvarez Gallego. Un hombre a quien tengo gran aprecio y admiración por su vida académica. Fue rector de la Universidad Pedagógica Nacional. En su momento, no ganó la consulta universitaria y, sin embargo, fue designado como rector. En su caso defendió que el CSU lo nombrara sin haber ganado la consulta. Hoy opina todo lo contrario. 

La designación y posesión del profesor Leopoldo Múnera como rector es contraria a la institucionalidad y es la demostración del éxito de las vías de hecho. Esta forma de actuar, por encima de los procedimientos establecidos y la normatividad, tiene efectos que espero sean corregidos por el Consejo de Estado. 

También espero que la decencia impere y que las “jugaditas” no tengan espacio ni en la Universidad Nacional de Colombia ni en nuestra sociedad.  Lo correcto era esperar la decisión del Consejo de Estado. He leído con atención las entrevistas e intervenciones recientes del profesor Múnera. 

En una de ellas dice “Si el Consejo de Estado dice que mi nombramiento es ilegal, yo me retiro”. No es fácil creerle, porque en los debates previos a la designación de rector dijo que “respetaba las reglas de juego” y no lo hizo. Me niego a creer que estas “jugaditas” sean parte de la dinámica en la Universidad Nacional. ¡Pido que vuelva la decencia e impere la altura académica!

Edna Bonilla

Columna publicada en CAMBIO, Colombia

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Según los datos más recientes del Dane, en el país el desempleo juvenil (entre 15 y 28 años) llegó al 19,3% (febrero 2024), lo que representa un aumento de 0,6 puntos frente al mismo periodo de 2023.

Las ciudades con la mayor tasa de desempleo juvenil son: Quibdó (37,7%), Riohacha (29,4%), Cúcuta (25,6%), Cartagena (24,9%) y Sincelejo (24,15%). De otro lado, la matrícula en educación superior (universitaria, técnica y tecnológica) se ha ido rezagando frente al ritmo de crecimiento de la población juvenil. Pasamos de una matrícula en pregrado, en 2022, de 2.259.970 estudiantes a 2.284.637 en 2023. De ese aumento, 21.407 cupos fueron en instituciones de educación superior oficiales y 3.260 en privadas. Las ciudades que ofrecen más cupos son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

Estos datos muestran que, en la mayoría de las ciudades, la juventud no encuentra oportunidades laborales ni académicas. En donde hay más cupos universitarios, el desempleo es menor. Las ciudades pueden cumplir un papel importante, tanto en la generación de empleo, como en el mejoramiento de la cobertura educativa. Estas iniciativas de las ciudades tienen que estar articuladas a los programas nacionales. Desafortunadamente, esta integración no se está llevando a cabo.

Uno de los principales obstáculos que enfrentan las ciudades para ser más competitivas, es que no cuentan con talento humano pertinente, suficiente y formado con calidad. De acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta Manpower Group Talent Shortage (2022), el 75% de los empleadores a nivel mundial reportaron dificultades para suplir los puestos de trabajo que tenían disponibles. Esta situación es especialmente notoria en las ciudades.

En todo el mundo, desde las administraciones locales, en alianza con el sector privado y las instituciones de educación superior (públicas y privadas), se están desarrollando proyectos que buscan cerrar las brechas, de tal forma que se pueda contar con el talento humano requerido para asegurar el desarrollo exitoso de los sectores líderes de las economías metropolitanas.

Uno de los grandes logros del siglo XX fue el avance en la masificación de la educación superior. Actualmente, según la Unesco, unos 254 millones de estudiantes están matriculados en educación superior en el mundo. Sin embargo, las tasas brutas de cobertura tan solo se acercan al 42%, y existen grandes desigualdades entre los países, zonas y regiones.

En Colombia, a pesar del creciente dinamismo de los últimos 20 años, la cobertura llega al 55%, muy cerca al promedio de América Latina (54%), pero aún muy por debajo de países como Chile (95%), Argentina (93%) o Uruguay (65%). Según datos de la OCDE, persiste una fuerte brecha entre Colombia y el promedio de países desarrollados que alcanzan una cobertura de 75,1 %.

Las ciudades invierten en estrategias de acceso a educación superior y de formación para el trabajo por varias razones, entre ellas: i) El mayor nivel educativo se expresa en una economía más dinámica y competitiva, ii) La promoción de una economía basada en la generación de conocimiento promueve la innovación y el desarrollo. iii) El acceso a educación superior de calidad es esencial para la generación de empleo y el crecimiento de la productividad de las ciudades. iv) Un talento humano preparado tiene la capacidad de adaptarse mejor a los cambios tecnológicos y a las nuevas necesidades del mercado laboral.

Los beneficios son múltiples. Rescato cuatro: i) Mayor crecimiento económico y productividad en el mediano y largo plazo, ii) Mayor recaudo de impuestos en el futuro (las personas que acceden a educación posmedia tienen mayores ingresos), iii) Mejores decisiones políticas (fortalecimiento de la democracia) y iv) Mayor movilidad y cohesión social.

En Colombia, la financiación –a gran escala– del acceso a educación superior ha sido una responsabilidad casi que exclusiva del Gobierno Nacional. Algunas ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, Manizales y Bucaramanga han diseñado programas que permiten el aumento de las coberturas. En este proceso han sido muy importantes los créditos educativos en alianza con el ICETEX. No obstante, el alcance de estas intervenciones, los resultados están lejos del tamaño del desafío.

En Bogotá, por ejemplo, cuando el presidente Gustavo Petro era alcalde, con la estrategia de educación superior hubo 3.015 beneficiarios durante los cuatro años, y en la del exalcalde Enrique Peñalosa, se otorgaron 4.251 cupos. En Bogotá se gradúan del bachillerato un poco más de 73.000 jóvenes al año y cerca de la mitad no logra acceder a educación superior de manera inmediata. El impacto fue muy poco.

En el cuatrienio 2020-2024 (alcaldesa Claudia López), Bogotá invirtió alrededor de 2 billones de pesos en educación superior, educación para el trabajo y cursos cortos. Se logró beneficiar a 41.075 estudiantes en superior (Jóvenes a la U) y a 35.216 personas con programas de educación para el trabajo y cursos cortos (Todos a la U).

Hce poco, el alcalde Carlos Fernando Galán lanzó el programa Jóvenes a la E que, manteniendo en líneas generales lo avanzado en la anterior administración, espera beneficiar a 27.700 jóvenes durante los cuatro años en educación superior y a 12.000 en cursos cortos de educación para el trabajo y el desarrollo humano. La inversión será de cerca de 1,7 billones de pesos. Bogotá demuestra la importancia de construir sobre lo construido y, en este caso, beneficiar a la juventud.

Las ciudades que hoy quieren competir en el mundo globalizado deben destinar recursos de sus presupuestos para financiar programas de acceso a la educación posmedia de calidad y pertinentes. En Bogotá, durante la administración de Claudia López, el aumento de cobertura fue posible porque la deuda se incrementó, y ello permitió multiplicar por diez los avances en cobertura. Acceder a recursos de crédito para financiar este tipo de programas está más que justificado, si tenemos en cuenta los beneficios de invertir en capital humano. Es claro que las ciudades deben buscar nuevas fuentes de recursos para financiar programas de acceso a educación posmedia a gran escala.

Puesto que el crédito finalmente se tiene que pagar, las fuentes alternativas de recursos deben ser uno de los puntos de discusión en la agenda de descentralización en Colombia, y ojalá sea un asunto central en las reformas que se propongan a la Ley de Educación Superior (en la que se pueda avanzar en un concepto de educación posmedia) y del Sistema General de Participaciones.

La falta de articulación entre las ciudades y el gobierno nacional, impide que se cumplan las metas en educación superior, y que el país mejore de manera significativa la cobertura y la calidad. La elaboración de los planes de desarrollo municipales es la oportunidad para avanzar en ese propósito, y para que el gobierno nacional revise sus metas y la forma de trabajar con los entes territoriales. Los jóvenes necesitan oportunidades y el Estado está en obligación de ofrecérselas.

Edna Bonilla

Publicado en la revista Cambio, Colombia

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Decir NO, es NO

Por Edna Bonilla
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El telón se levanta y aparece la abogada Tessa. Camina segura y altiva en el escenario que recrea una gran caja de archivo. Un espacio donde se refunden las historias de miles de mujeres que ven cómo pasa el tiempo y su caso es uno más en una maraña de papeles. Ella, Tessa (Teresa García), defiende presuntos victimarios sin importarle su culpabilidad o inocencia. Su único objetivo es ganar o “llegar de primera”, como dicen los abogados. Jamás de segunda. Es prestigiosa y exitosa.

De principio a fin, Cristina Umaña logra darle credibilidad a Tessa. Habita cada frase de su personaje. Los argumentos de Tessa son contundentes y voraces. Logra murmullos en el público. En el auditorio se confunde la repulsión y la admiración. Tessa no tiene límites a la hora de defender a sus clientes, porque quiere subir en la escala social y profesional. Es disciplinada, inteligente, hermosa y alegre. Una mujer que transmite plenitud y que está decidida a dejar atrás un humilde pasado. Una mujer que disfruta y vive su sexualidad.

Decir NO es NO. De pronto, en su exitosa carrera viene algo inesperado. Después de una noche de celebración, coquetería y copas, invita a un colega a su casa. Las cosas se salen de control y Tessa es víctima de violencia sexual por parte de su compañero de trabajo. Ella no es dueña de sí, y se convierte en víctima de un hecho que ella veía ajeno y lejano. Tessa se desdibuja y emerge Teresa.

Teresa ya no es Tessa, aunque sean la misma persona. Teresa es la víctima ahora y deberá pasar por el sufrimiento que ella misma como Tessa, había permitido en favor de sus clientes. Confundía a las víctimas con sus agudas preguntas y celebraba cada victoria. Esta Teresa angustiada, destruida, violentada y vulnerable, logra en el auditorio una solidaridad absoluta, conmovedora hasta las lágrimas. Cristina Umaña respira por cada poro de su piel el dolor de Teresa. Transmite a los espectadores su necesidad de ducharse para borrar el cuerpo de su agresor. Siente el dolor y la impotencia en medio del frío de la madrugada y la lluvia. Duda entre denunciar o tratar de olvidar. En medio del desespero añora el abrazo de su madre. La obra transmite la fragilidad de la mujer ante el dolor.

La obra Prima Facie del Teatro Nacional dirigida por Nicolás Montero con la asistencia de su hijo, Manú Montero Torres, que contó con una actuación maravillosa, y el trabajo de un muy buen equipo de adaptación y producción, conmueve profundamente e invita a reflexionar sobre la justicia, la ley, la violencia sexual, el amor y las fragilidades y fortalezas que tenemos las mujeres.

Como espectadora, una buena parte del tiempo pensaba en los miles de niñas que son víctimas de abuso sexual. Imaginaba su dolor y el de sus familias. Si esto le sucedía a una abogada, no imagino el sufrimiento de una niña vulnerable. El abuso sexual infantil es una realidad más cotidiana de lo que como sociedad quisiéramos reconocer. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada cinco menores sufre abuso sexual antes de cumplir los 17 años. La violencia sexual tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales graves a corto y largo plazo, no solo para las niñas o niños, sino también para sus familias y comunidades. Al mismo tiempo, es una realidad oculta. Lo es por el agresor, que intenta por todos los medios que sus actos no se revelen, como por el silencio al que son condenadas las víctimas. En medio de su indefensión, sufren las estrategias de manipulación del abusador. Y en ocasiones cuando la niña o el niño reportan una violencia, los adultos no les creen.

Las estadísticas en Colombia tienen subregistro y aun así son escalofriantes. La violencia sexual contra la niñez es dramática y completamente inaceptable. Bogotá cuenta con un muy buen registro en su Sistema de Alertas que diligencian los colegios públicos y privados de la ciudad y que permite hacer unas buenas inferencias sobre lo que sucede en el país. Según el Sistema, en el 2020 se reportaron 1.403 casos de violencia sexual; en 2021, 1.824; en el 2022, 6.877 casos; en 2023, 7.360 casos y a 30 de abril de 2024 se han registrado 3.366 casos. A nivel nacional, según el Ministerio de Educación Nacional, en 2023 se presentaron 1.825 casos de violencia en contra de niñas según el Sistema de Información Misional (SIM) del ICBF. Desde enero de 2023 a 29 de febrero de 2024 se tiene un reporte de 313 casos de violencia sexual. Se observa un clarísimo sub-reporte a nivel nacional. Para el caso de Bogotá, los principales agresores son familiares o personas cercanas a las familias. Una realidad dolorosa, ya que el hogar debe ser, por excelencia el territorio seguro para nuestros niños y niñas.

¿Por qué muchos de los casos quedan en la impunidad u olvido, mientras que las víctimas jamás olvidan las marcas de la violencia? ¿Por qué el miedo a denunciar? ¿Por qué el sistema jurídico privilegia la “verdad legal” y no admite espacio para la “verdad real”? ¿Por qué las leyes para juzgar la violencia sexual son escritas y aplicadas por hombres, desconociendo el sentimiento femenino? Y aunque la obra Prima Facie suscita muchas preguntas, también sugiere algunas respuestas.

Siempre ha existido una gran tensión entre la justicia formal y la justicia material. La formal, en la mayoría de los casos se superpone a la material. La misma Constitución consagra de manera implacable que “nadie podrá ser juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”. Teresa invita a reflexionar no sólo sobre si las leyes han sido hechas por hombres, sino también si el formalismo de las normas lleva a revictimizar a la mujer cada vez que se atreve a denunciar. El proceso jurídico la obliga a que cuente, una y otra vez, en una sala llena de hombres, cómo, dónde, en qué posición, de qué manera y con qué intensidad fue violada. Se ha construido un sistema que, por cuidar la formalidad, ha olvidado lo más importante: preguntarse ¿y cómo se sintió Teresa? ¿Cómo se sienten los miles de niñas y mujeres que se aterran ante la posibilidad de denunciar porque saben que seguramente la verdad legal impedirá que se haga justicia? O sencillamente, porque su testimonio no tendrá credibilidad.

A punto de terminar la obra, Teresa clama: “La ley es una cosa orgánica. Definida por nosotros. Construida por nosotros, a la luz de nuestras experiencias. La de todos ustedes. Y por lo tanto ya no puede haber excusas. Tiene que cambiar. Porque para decir verdad, una de cada tres mujeres es abusada sexualmente. Y sus voces deben ser escuchadas. Tenemos que creerles si va a haber justicia”.

Cuando el telón baja, termina la conmovedora obra de teatro. Sin embargo, creo que la importancia de Prima Facie radica en que busca provocar una discusión e invitación para que trabajemos porque algo cambie en la manera como abordamos la violencia sexual. Necesitamos proteger a nuestras niñas de cualquier tipo de violencia. Necesitamos tener un sistema que crea en la voz femenina que clama justicia cuando un hombre no entendió que no es no y abusó de ella.

Teresa se describe a sí misma como una sobreviviente de la violencia sexual. Por los miles de Teresas (las niñas, las jóvenes y las adultas) de nuestro país, algo debe cambiar.

Posdata. Presencio con tristeza la intervención del Gobierno a la Universidad Nacional. Rechazo la forma como se está atentando contra la autonomía universitaria. La violencia en todas sus formas está haciendo presencia en los campus, y muchos actores siguen jugando con candela sin ver el fuego que consume a la Universidad que ha sido motivo de orgullo en el campo académico y científico del país.

Edna Bonilla

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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La Universidad Nacional de Colombia, UN, fue fundada en 1867. Cuenta con 9 sedes y aproximadamente 2.900 profesores y profesoras, 55.000 estudiantes, 3.000 funcionarios administrativos y varios miles de contratistas y egresados.

Somos una comunidad universitaria rigurosa, crítica, diversa y propositiva. Sobresaliente en todos los indicadores de formación, investigación y extensión. A lo largo de su historia, solo ha tenido una mujer rectora.

La Universidad -contando siempre con su autonomía universitaria- ha tenido procesos de designación de rector más o menos controvertidos. El último proceso ha sido especialmente complejo, aunque sus reglas son claras y están definidas desde la Constitución Política y en varias normas (Ley 30 de 1992, Decreto Ley 1210 de 1993, Acuerdo 11 de 2005 del Consejo Superior Universitario, CSU, y Acuerdo 252 de 2017; entre otros). La dinámica de la elección que acaba de terminar cumplió con toda la normatividad vigente.

Según la Ley 30, “Las universidades estatales u oficiales y demás instituciones estatales u oficiales de Educación Superior se organizarán de tal forma que en sus órganos de dirección estén representados el Estado y la comunidad académica de la universidad”. En la ley se expresa que el CSU es el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad y una de sus funciones es la de designar al rector en la forma que prevén sus estatutos.

Para el caso de la Universidad Nacional, cuyo periodo rectoral es de tres años (prorrogables por tres más) el proceso se reglamentó y contempla entre otros, los siguientes aspectos: 1) Podrá aspirar a ser rector quien se inscriba, cumpla los requisitos generales y académicos y presente un programa a la comunidad. 2) Una vez la Secretaría General de la UN haga las verificaciones respectivas, presenta a la comunidad académica los candidatos que cumplan los requisitos y garantiza la difusión de los programas en condiciones de igualdad e imparcialidad. 3) Surtidos estos dos pasos, se hace una consulta a la comunidad académica con pesos ponderados (profesores -60-, estudiantes -30- y egresados -10-). La votación se realiza de manera virtual, en la que, de manera anónima, cada miembro expresa el respaldo por uno de los candidatos. 4) Se presentan a consideración del CSU los nombres de los cinco candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos ponderados. Una vez seleccionados, estos candidatos entran en igualdad de condiciones a la sesión extraordinaria del Consejo. 5) El Consejo Superior Universitario convoca a una sesión cuyo único tema en la agenda es la designación del rector de la Universidad.

Es el CSU quien define la metodología para la designación del rector y su competencia es exclusiva e indelegable. Dicha metodología observa los criterios de consulta previa a la comunidad académica, los planes y programas presentados por los aspirantes, y el análisis y valoración de sus calidades. Tiene un alto nivel de meritocracia, como debe ser, e incluye variables adicionales. Los resultados de la consulta son uno de los criterios para la selección. El CSU no tiene la obligación de designar al ganador de la consulta.

Vale la pena recordar lo sucedido en los procesos más recientes. En 2012 el ganador de la consulta fue Leopoldo Múnera y el rector designado, Ignacio Mantilla. En 2015, el ganador fue Mario Hernández y el rector, nuevamente Ignacio Mantilla. En 2018 ganó la consulta Jorge Iván Bula y la rectora fue Dolly Montoya. Y en 2021 fue designada nuevamente la profesora Dolly Montoya. El voto en blanco en esa oportunidad superó a los cuatro candidatos. Es decir, en ninguna de las oportunidades anteriores, se ha designado como rector a quien haya ganado la consulta.

Según la información que se ha conocido, todos los miembros del CSU, incluida la señora ministra de Educación, se reunieron individual o grupalmente con los candidatos. El 19 de marzo los candidatos fueron entrevistados. Varios miembros del Consejo se reunieron posteriormente. Confío en que allí no se llegó a acuerdos para eliminar algún candidato. En la sesión extraordinaria del 21 de marzo, el CSU definió autónomamente su metodología. Se discutieron dos propuestas. Una que proponía el voto por un candidato, y múltiples rondas hasta designar el rector. Y otra de voto preferencial ponderado con múltiples rondas hasta obtener el ganador. Esta última fue la que, de común acuerdo, se aplicó.

Una vez hechas las rondas eliminatorias, se decidió nombrar como rector al profesor José Ismael Peña, quien tiene todos los méritos académicos y personales para el cargo. Nadie impuso la metodología, fue acordada por los ocho miembros del CSU. Entiendo que por razones de seguridad (lamentable), se acordó mantener el voto secreto.

El señor presidente de la república, quien se había comprometido con los estudiantes a que el gobierno votaría en la sesión del CSU por quien ganara la consulta, una vez conoce el resultado, rompe el acuerdo y pide hacer públicos los votos de la ministra y sus dos representantes. Este tipo de intervención no tiene precedentes y transgrede claramente las reglas acordadas por los miembros del CSU.

La grave situación que se vive hoy en la Universidad debería llamar la atención sobre la necesidad de modificar la Ley de Educación Superior y llegar a acuerdos para cambiar el proceso de designación del rector. Propongo, para comenzar el debate que se revisen experiencias de elección de rectores en las mejores universidades del mundo y que se haga explícito el mecanismo de selección que debe usar el CSU en su sesión de designación.

En términos generales, existen cuatro formas de elección de rector: i) Voto directo (elección democrática de la comunidad). ii) Colegiado representativo (elección por claustros u órganos colegiados). iii) Corporativo (juntas de gobierno). iv) Externo (elección realizada por actores del gobierno nacional o subnacional).

Revisando la experiencia de las Universidades de Oxford, Stanford, Autónoma de México, de Buenos Aires, Autónoma de Madrid, de São Paulo, Estatal de Campinas, Católica de Chile y de Beijing, se observa que salvo la Autónoma de Madrid, todas escogen su rector basadas en el mérito y se acogen a los métodos representativo, corporativo o externo. ¿Por qué en Colombia funcionaría algo distinto? ¿El voto directo es una opción en universidades fácilmente cooptadas por grupos o clanes políticos? Basta mirar lo que ha sucedido en algunas universidades públicas regionales, para entender que la elección directa no debería ser una opción viable en este momento.

La discusión está abierta. De todas maneras, la meritocracia es fundamental. En 2018 me presenté al proceso de elección de rectoría de la Universidad Nacional acepté las reglas y perdí. Hoy, tres de los cinco candidatos que examinó el CSU, piden que se respete la decisión del Consejo. Cartas van, cartas vienen. Estamos en una carrera de firmas, columnas y opiniones que a nadie le conviene. Invito a repensar colectivamente el mecanismo de elección de rector para futuras oportunidades y a respetar lo decidido por el Consejo Superior Universitario, del que forma parte el gobierno nacional.

Desgraciadamente, en la Universidad Nacional estamos jugando con candela y no estamos viendo el fuego.

Edna Bonilla

Publicado en CAMBIO, Colombia

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En días pasados conocimos las cifras de la pobreza multidimensional (IPM) en el país. Se observa una mejoría en el total nacional, en los centros urbanos y en la ruralidad. 

A nivel nacional la incidencia pasó de 12,9% en 2022 a 12,1% en 2023. En el país, la pobreza se viene reduciendo desde 2010, cuando era de 29,7 %. En 2023, los mejores resultados se presentaron en Bogotá, Caldas, Valle del Cauca y San Andrés. En Vaupés, Guainía y Guaviare aumentó la pobreza. Persisten las brechas urbano-rurales y entre las regiones. Esta situación muestra la necesidad de articular las políticas nacionales con las territoriales y la priorización de la inversión en favor de la reducción de la pobreza, en particular en la ruralidad y en las regiones más vulnerables. 

Para medir la pobreza, el IPM recoge cinco dimensiones: i) condiciones educativas, ii) condiciones de niñez y juventud, iii) trabajo, iv) salud y, v) condiciones físicas de la vivienda y servicios públicos. Cada dimensión tiene una ponderación del 20 % en el índice y contiene en total 15 variables. 

Las variables educativas se encuentran en las dos primeras dimensiones. El analfabetismo y el bajo logro educativo conforman la dimensión “condiciones educativas”. La inasistencia y el rezago escolar junto con dos variables más (barreras de acceso a servicios de cuidado y trabajo infantil) se incluyen en la dimensión “condiciones de la niñez y juventud ̈”. Es decir, 4 variables del total de 15 tienen que ver con la educación y su peso es importante en la medición final. De hecho, la tendencia decreciente de la serie entre 2010 – 2023, presenta una excepción en el 2020. Este año aumentó la pobreza, y con respecto al 2019 pasó del 17,5 % al 18,1 %. La variable determinante fue la inasistencia escolar, causada por la pandemia que mantuvo los colegios cerrados durante demasiado tiempo. En 2023 las carencias en analfabetismo y bajo logro educativo ya comenzaron a disminuir, y ello ha impactado favorablemente el IPM. Inasistencia y rezago escolar se mantuvieron iguales. 

El análisis de la serie 2010-2023 muestra que las oportunidades en educación han contribuido favorablemente en la reducción de pobreza. Para lograr un mayor impacto se requiere la intervención, especialmente, en educación inicial, en el preescolar y en la educación básica (primaria y secundaria). Algunas de las estrategias que ayudan a la reducción de la pobreza en cada una de las variables podrían ser:

Reducción del analfabetismo: los territorios deben avanzar en estrategias de búsqueda activa de población desescolarizada, y en la implementación de estrategias educativas flexibles e innovadoras para niños en extra-edad, jóvenes y adultos. 

Reducción del bajo logro educativo: garantizar el acceso, la permanencia y la pertinencia del sistema educativo mejorando la calidad y reconociendo los rezagos que dejó la pandemia para implementar un plan de mejora, principalmente en lectura, escritura, matemáticas y ciencias. Adicionalmente, el país debe ofrecer oportunidades a la juventud en materia de educación media y posmedia. 

Reducción de la inasistencia escolar: acciones concretas para reducir la deserción escolar generando cupos escolares de calidad desde la educación inicial y asegurando la alimentación escolar y los programas complementarios que garantizan que los niños y las niñas asistan efectivamente al colegio. Es importante, entonces, seguir avanzando en la construcción de infraestructura educativa en todas las regiones del país. También se deben ampliar el tiempo escolar y la jornada única.

Reducción del rezago escolar: diseñar programas específicos para mejorar la calidad de la educación de tal manera que se reduzca la extra-edad y el embarazo adolescente, entre otras.

A nivel mundial, en la última medición del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (2023), que revisa el IPM en 110 países, concluye que la reducción de la pobreza es un objetivo que, con decisión política, se puede lograr en relativamente corto tiempo. En el análisis de tendencia (periodo 2000- 2022) se tomaron 81 países. Uno de los principales hallazgos es que 25 países lograron reducir a la mitad los valores del IPM en un periodo de tiempo de 4 a 15 años. Entre ellos están: Camboya, China, el Congo, India, Indonesia, Marruecos, Serbia, y Vietnam. Todos han hecho inversiones y apuestas decididas en educación. 

Colombia pasa un momento interesante para dar un salto cualitativo en materia educativa ya que se está discutiendo la Ley Estatutaria de Educación. Sin embargo, se corre el riesgo de desaprovechar la oportunidad. Debería pensarse una educación de calidad, inclusiva, pertinente e innovadora que responda a los retos del presente y del futuro y no solamente como un instrumento para saldar deudas históricas, o cumplir con un plan de gobierno. 

La reducción de las carencias en las variables educativas que inciden en el IPM debería ser un elemento central de esa discusión. Y este es un tema que toca directamente con la calidad, pero, como otros asuntos de fondo, ese objetivo parece ausente. La ley debe ir acompañada de decisión política y presupuestal. Garantizar el acceso no suple necesidades de calidad y pertinencia. 

Cualquier mejora en educación requiere recursos y una mirada de largo plazo que incluya el concepto de educación a lo largo de la vida. Para hablar de una verdadera reforma a la educación se requiere trabajar de manera coordinada y simultánea la ley estatutaria, la reforma del Sistema General de Participaciones y la ley de Educación Superior. 

Las reformas deberían abordar, por lo menos, cinco aspectos: i) Mejoras en la calidad. Es necesario abordar la construcción de un currículo para el país que reconozca su diversidad territorial, étnica y cultural. Al hablar de calidad se debe innovar en formación y liderazgo docentes. 

ii) Acceso, permanencia y pertinencia en la formación integral desde la educación inicial hasta la posmedia. La educación preescolar (tres grados) debe ser la prioridad en la asignación de los recursos y la agenda educativa. Ahí se gestan las grandes brechas que difícilmente se cerrarán. 

iii) Transformación del concepto de educación superior. Es necesario pasar a un concepto de educación posmedia que ofrezca opciones a la juventud, acorde con sus intereses y realidades. Incentivar modalidades como bootcamps, certificaciones, técnicos y tecnólogos. 

iv) Fortalecimiento del sistema mixto. Se debe privilegiar siempre la educación pública y reconocer el aporte del sector privado. Las metas del gobierno, por ejemplo en educación superior, no se cumplirán por la obstinación de desconocer esta potencialidad. De manera equivocada el gobierno está privilegiando temas como el acceso, desarticulado de la pertinencia y permanencia; la construcción de sedes universitarias sin mayor rigor técnico y el impulso a la llamada democracia universitaria. 

v) Reestructuración de los mecanismos de distribución, administración y uso de los recursos. La inversión en educación debe aumentar. El sistema de financiación del sector actualmente es insuficiente, ya que no contempla todos los niveles planteados en la estatutaria, y no se han definido las reglas e incentivos de la concurrencia de recursos de las entidades territoriales con los recursos del gobierno nacional. 

Desafortunadamente, estos aspectos están ausentes, total o parcialmente, de la discusión de la reforma a la educación. No hay innovación ni mirada de futuro. La ley no será suficiente para garantizar el ejercicio pleno del derecho de la educación. Se está perdiendo la oportunidad. Y por el camino propuesto no se logrará la calidad, ni un avance significativo en la reducción de las carencias incluidas en el IPM. 

Posdata: Lamentablemente cada vez es más critica la situación en la Universidad Nacional. Insisto en mi llamado al cuidado de nuestra UN. Que los egos se depongan, se respete la autonomía universitaria. Y en el futuro, si así se considera conveniente, se haga un proceso serio de revisión de la designación de rector (a). Es urgente reconstruir la vida universitaria en el marco de la excelencia académica que ha hecho grande a la UN. 

Edna Bonilla

Publicado en CAMBIO, Colombia

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Una sociedad insensible no ayuda a generar el ambiente de seguridad que los niños necesitan para desarrollarse sanamente.

María Fernanda es una niña de 12 años que vive en la localidad de Suba en Bogotá. Escribió un cuento muy bello y dramático a la vez. Lo tituló “Vivir sin miedo”. Inicia así: “¿Cómo vivir sin miedo? Es lo que todos se preguntan, pero nadie tiene una respuesta clara. Mi fantasía es poder salir al colegio sin que mi familia se preocupe por mí. Lo que más anhelo es vivir en un mundo sin violencia, sin delincuencia. Poder estar en el parque sola, sin que me llamen cada cinco minutos…”

Este párrafo plantea varios interrogantes, pero quizá el más básico: ¿Por qué hemos construido un mundo donde los niños y las niñas sienten que no pueden vivir sin miedo en su ciudad, en su colegio o en un parque? Las cifras que se recogen en los colegios de Bogotá y el país son angustiantes.

Bogotá cuenta con el “Sistema de Alertas de la Secretaría de Educación”, donde se reportan las situaciones de presunta vulneración de derechos humanos, sexuales y reproductivos, y eventos de afectación de la salud mental y física de los estudiantes. En el cuatrenio 2020-2023, se presentaron 175.794 casos de presunta vulneración. Solamente en el 2023 tuvimos 78.779 alertas, categorizadas así: Abuso y violencias: 26.201, Conducta suicida: 9.533, Consumo de sustancias psicoactivas: 6.431, Trastornos de aprendizaje y del comportamiento: 1.015, Maternidad y paternidad tempranas: 696 y Accidentalidad escolar: 34.903. Todos los casos son dramáticos, son vidas en juego y familias enteras que conviven con estas graves problemáticas. Llama la atención uno que aumenta considerablemente en el reporte: Abuso y Violencias.

Este módulo del Sistema de Alertas premite conocer los casos de presunto hostigamiento escolar y violencias de tipo sexual, económica, física, psicológica, negligencia o abandono; que ocurren en cualquier entorno, no solo el colegio. En el último cuatrenio se presentó un incremento del 242% en el número de casos pasando de 6.138 (2020) a 26.201 (2023). Las niñas son las más afectadas por la violencia y particularmente por la violencia sexual. En los estudiantes hombres, el principal tipo de violencia reportado fue la violencia física y se presenta principalmente en la adolescencia. La “agresión entre pares” (compañeros del colegio), creció en el cuatrenio en un 1.562%. En el 2023 se reportaron 3.117 casos de acoso escolar. Y nuevamente, las principales víctimas fueron estudiantes mujeres. Dolorosamente a partir de la información registrada, se evidencia que el hogar sigue siendo el lugar de mayor vulneración para estudiantes de la capital, ya que para este año se registraron más de 12.000 casos de violencia en donde el agresor era una integrante de la familia.

A nivel nacional se cuenta con el “Sistema de Información Unificado de Convivencia escolar” que permite el registro de presuntas situaciones de vulneración en contra de los estudiantes y recoge información de 13.547 establecimientos educativos y 94 secretarias de educación. Cuenta únicamente con tres módulos, por lo que no es posible hacer comparaciones con el sistema de alertas de Bogotá. Los tres módulos son: Convivencia escolar (incluye acoso y violencia), Embarazo adolescente y Consumo de sustancias. En el primer módulo se registraron 9.885 casos en 2023. Claramente hay subregistro. Entre las principales conductas reportadas, se destaca el daño sicológico y el daño físico. Nuevamente las estudiantes mujeres, son las más afectadas. Como sucede en Bogotá, el lugar de ocurrencia de la violencia sexual es prioritariamente la casa y en segundo lugar el colegio.

¿Por qué los niños y las niñas no pueden vivir sin miedo? ¿No debería ser el hogar, el territorio seguro para ellos y ellas? ¿Qué ejemplo de convivencia damos los adultos para aprender a vivir en paz? ¿Por qué no les protegemos? ¿Están las instituciones educativas preparadas para manejar los conflictos que se dan al interior de estos espacios?

La convivencia escolar se construye y se transforma a partir de las acciones de cada uno de los integrantes de las comunidades educativas, incluyendo las familias. La formación de la niñez no depende únicamente del colegio. Es necesario trabajar conjuntamente entre los niveles nacional y territorial, buscando el desarrollo de procesos pedagógicos que fortalezcan las capacidades socioemocionales en estudiantes y familias, y que posibiliten la reducción de situaciones de violencia y agresión entre todos los miembros de las comunidades educativas. Las escuelas deberían ser territorios de paz.

Es incomprensible que no haya generado alarma en el país el lamentable caso que ocurrió hace un par de semanas en Pereira. Allí falleció un estudiante de 13 años que fue apuñalado en el salón de clases por un compañero de su institución educativa. La indiferencia generalizada no crea un espacio de reflexión que permita cambiar la manera como tratamos a nuestros niños, niñas y adolescentes. La noticia pasó y se desdibujó ante las turbulencias políticas, sociales y económicas que vivimos. La empatía y el respeto por el otro es el primer paso para entender que lo verdaderamente importante está en garantizarles a ellos y ellas una vida feliz. ¡Merecen vivir sin miedo!

Edna Bonilla Seba

Marzo, 2024

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Nuestra invitada para nuestra última tertulia de Febrero nos compartió el balance de su gestión liderando los esfuerzos del gobierno de Bogotá en el importante tema de la Educación en todos sus niveles. Quedamos impresionados por la profundidad y seriedad de los aportes de su equipo profesional, así como los resultados ejemplares para el resto del país. Nos sentimos orgullosos de compartir con nuestros lectores esta interesantísima tertulia de nuestro grupo con Edna, esposa de nuestro compañero Jorge Iván González.

Exjesuitas en tertulia. Jueves 29 de Febrero , 2024
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La Secretaria de Educación de Bogotá, Sonia Bonilla, aceptó nuestra invitación para ilustrarnos y compartir con el grupo las dimensiones y el funcionamiento del sistema educativo de la ciudad, lo que se ha hecho en la administración actual ‒inclusive gracias a algunos de nuestros compañeros, que tuvieron semejantes responsabilidades‒ y lo que falta por construir, teniendo como meta unos resultados a 15 años. Su reflexión final como educadora invita a discutir este tema de tanta trascendencia en nuestra ciudad capital.  

Exjesuitas en tertulia – 1o. de Septiembre, 2022
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