Cerca de 30 candidatos aspiran hoy a la Presidencia de la República. Sin embargo, salvo contadas excepciones, no se han presentado propuestas sólidas y estructurales sobre educación.
La campaña avanza entre polarizaciones, encuestas, discusiones encendidas y debates que rara vez van más allá del titular o la consigna. Y en medio de esa disputa por el aplauso inmediato, la educación ‒tema crucial para el futuro del país‒ sale del centro de la conversación pública. Esta ausencia no se debe a falta de diagnósticos o de ideas, sino a que hablar de educación en serio exige una mirada estructural.
La educación no es un sector más de la política pública. Es el principal mecanismo de movilidad social. Incide en la productividad del país y en la cohesión democrática. En el debate electoral, cuando la educación aparece, las propuestas se reducen a promesas de cobertura, gratuidad o infraestructura. Pocas veces se discute el sistema que hace posible ‒o frustra‒ esos propósitos. Es notoria la falta de una visión integral.
Las campañas privilegian lo inmediato. La educación exige pensar en décadas. Cuando el debate público se encierra en trincheras, los temas estructurales tienden a desaparecer de la conversación y la educación suele ser uno de ellos. Por eso resulta especialmente valioso que, en medio del ruido de la campaña, aparezcan trabajos ‒ya se conocen varios‒ que ordenan la evidencia y proponen decisiones concretas.
Esta semana se publicó un libro que debería entrar de lleno en la conversación pública. Su título es Decisiones que cambian la educación. De la preocupación a la acción, de la Fundación Empresarios por la Educación. Es un ejercicio construido desde la gestión del conocimiento y el territorio que reúne voces diversas para que el sistema educativo no solo funcione, sino que aprenda.
El libro propone una arquitectura clara, organizada en cinco capítulos ‒uno dedicado a las trayectorias educativas y cuatro a los habilitadores del sistema‒ y, en cada uno, tres momentos deliberados. El primero es la “visión desde el hacer”, basada en entrevistas con actores del sistema. Luego se presenta un diagnóstico de aprendizajes acumulados y desafíos persistentes. Y en el tercer momento formula la pregunta “¿qué hacer?”, que traduce ese diagnóstico en decisiones concretas. No es una conversación abstracta. El texto recoge aportes de expertos, académicos, docentes, directivos y responsables de política pública, integrando experiencias diversas del sistema educativo colombiano.
Su punto de partida es tan sencillo como incómodo. Colombia no carece de diagnósticos en educación. Hacen falta decisiones coherentes y sostenidas. Es lo que el libro llama “la paradoja de lo obvio”. Sabemos qué funciona y dónde están los nudos, pero no damos el salto hacia transformaciones estructurales. De allí nace una idea central: pensar la educación como una trayectoria. No basta con ampliar el acceso en un tramo si el sistema pierde estudiantes ‒o aprendizajes‒ en el siguiente tramo. Y aquí el diagnóstico es contundente.
En materia de aprendizajes, las evaluaciones internacionales muestran avances modestos, pero también rezagos persistentes. En las pruebas PISA, más de la mitad de los estudiantes colombianos no alcanza niveles mínimos en lectura y cerca de 70 % queda por debajo del nivel esperado en matemáticas. Las evaluaciones regionales muestran un patrón similar. En tercer grado, más de un tercio de los estudiantes no alcanza los niveles básicos en lectura y cerca de la mitad en matemáticas. En sexto grado esas proporciones son aún mayores.
Las trayectorias educativas tampoco son lineales. Aunque el tránsito inmediato de la educación media a la superior ha mejorado en los últimos años ‒pasando de 39,7 % en 2019 a 45,9 % en 2024‒ la mitad de los jóvenes está por fuera de esa transición. Y las brechas territoriales son profundas. Mientras en algunos territorios la cobertura supera el 60 %, en otros apenas llega a cifras de un dígito.
El sistema también enfrenta dificultades para conectarse con el mundo del trabajo. El desempleo juvenil supera el 17 %. Y cerca de 2,6 millones de jóvenes ‒alrededor de 23 %‒ no estudian ni trabajan. Incluso en los primeros años de vida persisten brechas importantes. Aunque la cobertura de atención integral a la primera infancia ha crecido, las desigualdades territoriales siguen siendo marcadas.
Con ese diagnóstico, el libro no se queda en la descripción del problema. Su tesis es que mejorar la calidad educativa no depende de una sola reforma; exige activar de manera articulada cuatro habilitadores del sistema: gobernanza, talento humano, evaluación y gestión de información.
El libro muestra que la transformación educativa ocurre cuando reglas claras, capacidades humanas, evidencia y decisiones logran alinearse. Cuando eso sucede, el sistema educativo puede hacer algo que hoy suena extraño: aprender de sí mismo y mejorar de manera sostenida.
La primera decisión es de gobernanza. La educación colombiana es uno de los sistemas públicos más descentralizados del Estado, pero esa descentralización convive con una ambigüedad persistente sobre quién decide qué, con qué instrumentos y con qué responsabilidades. El libro propone superar esa ambigüedad, creando una arquitectura clara de decisiones que incluye competencias definidas entre nación y territorios, coordinación efectiva entre niveles de gobierno y responsabilidades visibles frente a los resultados educativos.
La segunda decisión es poner en el centro al talento humano. El corazón del sistema educativo es la calidad de sus docentes y directivos. Esta afirmación solo se convierte en política pública cuando se traduce en decisiones concretas como la formación inicial rigurosa, el desarrollo profesional continuo, el acompañamiento pedagógico en las escuelas y el fortalecimiento del liderazgo directivo.
La tercera decisión es recuperar el sentido de la evaluación. Evaluar no es castigar ni etiquetar a las instituciones. Es una herramienta para garantizar que se esté cumpliendo el derecho a aprender. Los sistemas mejoran cuando usan la evaluación como el instrumento privilegiado de un aprendizaje colectivo.
La cuarta decisión es transformar la información en inteligencia institucional. Durante años, el país ha ido mejorando la información, pero todavía no se convierte en inteligencia para decidir a tiempo, anticipar problemas y orientar recursos donde más se necesitan.
A lo anterior habría que agregarle la decisión de financiar la calidad educativa. Los recursos destinados a este propósito apenas representan una fracción del gasto educativo total. Sin calidad no habrá transformaciones educativas significativas.
El mérito del libro es que no presenta estas dimensiones como un catálogo de buenas intenciones, sino que las analiza desde una perspectiva coherente y sostenida. El mensaje final del libro es tan simple como exigente. El diagnóstico ya está hecho, así que hace falta decidir.
Si hay cerca de 30 candidatos en contienda y la educación sigue ausente del centro del debate, no es solo porque los aspirantes la eviten. También ocurre porque la sociedad no la exige con la misma intensidad con la que reclama seguridad, salud, empleo o crecimiento económico. Las campañas suelen seguir el ritmo de las demandas públicas. Tal vez ha llegado el momento de cambiar esa conversación y exigir.
En lugar de preguntar a los candidatos si la educación es importante ‒todos dirán que sí‒ la pregunta debería ser otra: ¿qué decisiones concretas están dispuestos a tomar para garantizar trayectorias educativas completas? ¿Cómo van a fortalecer el talento humano del sistema, usar la evaluación para mejorar los aprendizajes, convertir la información en inteligencia para decidir mejor y financiar de manera sostenida la calidad educativa? Sin respuestas claras a estas preguntas, cualquier promesa educativa seguirá siendo apenas retórica de campaña. Si no ponemos la educación en el centro del debate electoral, no deberíamos sorprendernos cuando el futuro llegue sin decisiones.
Posdata. Los llamados Archivos Epstein han vuelto al debate público. Miles de páginas que siguen revelando redes de poder y silencio alrededor de uno de los escándalos más graves de explotación sexual de menores en el mundo. Entre esos documentos aparece mencionado también el expresidente Andrés Pastrana. No corresponde aquí adelantar juicios, pero en una democracia rige una regla elemental: ante preguntas legítimas sobre quienes han ejercido el poder público, lo que corresponde es explicar. La transparencia no es una concesión. Es una obligación democrática.
Publicado en la revista CAMBIO, Colombia
