La revista CAMBIO ha publicado en exclusiva para sus suscriptores el libro Lo que Colombia necesita, una agenda nacional prodemocracia 2026-2030, editado por el exministro José Antonio Ocampo. Presentamos en este blog la continuación del capítulo 7 de esta publicación, escrito por nuestra colaboradora habitual, Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, en el gobierno de Claudia López.
Aprendizajes y resultados: una deuda persistente.
Los indicadores nacionales e internacionales confirman un estancamiento crónico en los aprendizajes. En las pruebas Saber 11, los puntajes promedio en matemáticas y lectura crítica prácticamente no han variado en la última década. A nivel internacional, los resultados de PISA ubican a Colombia sistemáticamente por debajo del promedio de la OCDE y en rangos similares a los de países latinoamericanos de ingreso medio. Mientras la cobertura educativa se ha expandido, los aprendizajes no han acompañado ese crecimiento.
Las razones del atraso de Colombia tienen que ver con la ausencia de una política de calidad integral, una inversión que continúa siendo baja, y un currículo fragmentado e implementado por instituciones que no tienen autonomía ni soporte. Los tres factores se retroalimentan y producen un círculo vicioso.
La educación superior entre la expansión, el estancamiento y el debilitamiento del sistema mixto.
En la última década, la educación superior ha ampliado su cobertura, pero sin resolver problemas estructurales de calidad, pertinencia e investigación. Según el Laboratorio de Economía de la Educación, entre 2014 y 2024, la cobertura bruta pasó del 49,8% al 57,5%. Este avance todavía es insuficiente. Colombia está lejos del promedio de la OCDE (más del 70%) y rezagada frente a países latinoamericanos como Chile (95%) o Argentina (93%). Además, estos porcentajes están muy marcados por la disminución de la población en edad universitaria.
Se observa una recomposición de la modalidad de formación. Entre 2019 y 2024 la formación virtual, la dual y la presencial-virtual aumentaron 361.000, 2000 y 9000 estudiantes, respectivamente. La política de gratuidad cubre al 96% de los estudiantes de universidades públicas, pero presenta dos limitaciones críticas: carece de indicadores oficiales que permitan evaluar su alcance y su sostenibilidad financiera a largo plazo está en entredicho.
Las trayectorias truncadas responden a factores sociales y económicos. En Colombia, la deserción en el primer año universitario llega al 22%, frente al 13% de la OCDE. Solo el 16% de los jóvenes logra graduarse en el tiempo previsto, mientras que en la OCDE el promedio es del 43%. La falta de orientación vocacional, los vacíos académicos, los bajos capitales culturales familiares y la ausencia de apoyos económicos y psicosociales explican buena parte del problema.
En Colombia, además, una proporción importante del costo de la educación superior recae sobre los hogares. En el país, el gobierno invierte menos que en el promedio de la OCDE, y entonces no queda más remedio que la financiación privada. Además de la falta de recursos, la educación superior en Colombia requiere mayor pertinencia. En la OCDE, los campos más frecuentes en pregrado son las áreas STEM (23%) y administración y leyes (23%), seguidos por artes, humanidades y ciencias sociales (22%). En Colombia, en cambio, predomina la administración, negocios y leyes, que concentra el 37% de la matrícula.
Incluso quienes logran graduarse de la educación superior se encuentran con un panorama incierto. Mientras en la OCDE más educación significa menos desempleo (12,9% entre quienes no terminaron la secundaria, 6,9% con secundaria completa y 4,9% con educación terciaria), en Colombia la curva se invierte. El desempleo es del 10,3% entre quienes no culminaron la media, sube a 12,1% entre bachilleres y apenas baja a 11,2% entre profesionales.
Dos alertas comprometen la sostenibilidad del sistema. Primero, el desfinanciamiento del ICETEX, que atiende a estudiantes de bajos ingresos (91% de sus beneficiarios provienen de estratos 1, 2 y 3). Segundo, el debilitamiento de la gobernanza universitaria en las instituciones públicas, marcada por tensiones políticas y vacíos normativos.
II. Algunos lineamientos de política pública 2026 – 2030.
El nuevo gobierno (2026–2030) tiene la oportunidad de transformar el sistema educativo colombiano en torno a cuatro ejes estratégicos: fortalecer la institucionalidad y la financiación, garantizar trayectorias equitativas en todos los niveles, asegurar aprendizajes de calidad que promuevan el bienestar, y ampliar las oportunidades para jóvenes y adultos en la educación posmedia y a lo largo de la vida.
1. El fortalecimiento del sistema educativo en sus distintos niveles: institucionalidad.
El primer reto es consolidar la institucionalidad del sistema educativo. Para ello se debe incrementar progresivamente la inversión en educación hasta acercarse a los promedios de la OCDE en un horizonte de 15 años, con un énfasis en criterios de equidad y eficiencia.
Un elemento central en este proceso será la definición de una nueva canasta educativa, entendida de manera integral: infraestructura, transporte escolar, alimentación, materiales, conectividad, formación y bienestar docente, así como una gestión administrativa eficiente. La inversión por estudiante deberá duplicarse hacia 2037 si el país quiere garantizar ambientes de aprendizaje adecuados⁶.
El fortalecimiento institucional debe incluir la unificación de la educación posmedia en un solo sistema articulado, que integre la educación superior, la formación técnica y tecnológica, y la educación para el trabajo y el desarrollo humano. El análisis institucional deberá, además, incluir: la reforma al ICETEX, el sistema de salud y prestacional del magisterio y la revisión de la conveniencia de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, el ICFES y el FODESEP.
2. El mejoramiento de la equidad en las condiciones y en las trayectorias educativas.
El segundo eje se orienta a garantizar la equidad en las trayectorias educativas. Para corregir las desigualdades se requiere una política decidida que asegure condiciones homogéneas de calidad a lo largo del ciclo vital.
Una prioridad inaplazable es la universalización del preescolar de tres grados, etapa crítica para el desarrollo cognitivo y socioemocional. Del mismo modo, es urgente fortalecer la educación media, articulándola con las expectativas de los jóvenes y con las demandas del mercado laboral⁷.
El cierre de brechas también depende de invertir en infraestructura educativa en los territorios más rezagados, donde las carencias materiales se combinan con la falta de docentes cualificados, conectividad limitada y contextos de violencia. Una política ambiciosa de educación rural, acompañada de un plan nacional para erradicar el analfabetismo, debe convertirse en parte integral de la estrategia de equidad.
El país necesita un sistema integrado de información y acompañamiento que permita seguir a cada estudiante a lo largo de su trayectoria, detectar riesgos de deserción y activar apoyos oportunos.
3. La transformación de la educación con aprendizajes de calidad y bienestar.
El tercer eje busca una transformación profunda de la educación que vaya más allá de la cobertura y se centre en lo esencial, que son los aprendizajes y el bienestar de estudiantes y docentes.
Un punto de partida es la renovación (reforma) curricular basada en evidencia, que integre la educación por ciclos y desarrolle competencias fundamentales para el siglo XXI: pensamiento crítico, ciudadanía democrática, resolución colaborativa de problemas, formación en ciencias y tecnología (STEM), artes y creación, multilingüismo, uso ético de la inteligencia artificial, educación económica y financiera, y habilidades socioemocionales. No se trata de acumular contenidos, sino de construir capacidades.
El papel del docente resulta central en este proceso. Se requiere fortalecer su formación inicial y continua, promover prácticas pedagógicas innovadoras y consolidar una red nacional de instituciones que compartan experiencias e innovaciones.
Es crucial repensar la evaluación educativa (incluyendo la docente) y retomar pruebas censales, al menos en grados 3º, 5º y 9º. Evaluar debe servir para mejorar, no para excluir.
La educación socioemocional debe dejar de ser un complemento marginal para convertirse en un eje estructural de la formación.
4. Oportunidades para jóvenes y adultos.
El cuarto eje se orienta a ampliar las oportunidades de aprendizaje para jóvenes y adultos, reconociendo que la educación no termina en la escuela ni en la universidad. Es necesario unificar en un solo sistema posmedia los múltiples caminos que hoy existen —educación superior, formación técnica y tecnológica, educación para el trabajo y desarrollo humano, e incluso educación informal— garantizando articulación, calidad y reconocimiento de aprendizajes previos.
El SENA debe transformarse en un actor clave de esta estrategia, con una oferta flexible y pertinente que responda a las necesidades productivas de cada región y que forme en habilidades para el siglo XXI. La pertinencia también exige fortalecer la educación pública y promover la colaboración con el sector privado, de modo que la formación posmedia esté conectada con los sectores económicos y sociales en expansión.
Pero el acceso no basta: también es necesario garantizar la permanencia. Esto implica programas de acompañamiento psicosocial, apoyos económicos, una política ambiciosa de orientación sociocupacional y mentorías, que ayude a los jóvenes a tomar decisiones informadas y a construir proyectos de vida acordes con sus potencialidades y con las oportunidades de su territorio.
El fortalecimiento del ICETEX es otro componente decisivo. Reformar su esquema financiero para mejorar las condiciones de crédito, subsidiar intereses con criterios de equidad y pertinencia regional y crear un fondo conjunto con universidades y empresas permitiría ampliar recursos y evitar que los estudiantes abandonen por dificultades económicas.
Finalmente, estas oportunidades deben incorporar de manera explícita el bienestar y la salud mental. Una política educativa moderna no puede limitarse a la transmisión de competencias técnicas: debe asegurar que quienes aprenden, cuenten con entornos protectores, saludables y motivadores. Solo así será posible que jóvenes y adultos se reconecten con la educación y encuentren en ella un camino real de inclusión social y movilidad intergeneracional.
III. Conclusión
La educación en Colombia ha avanzado en cobertura, inclusión y en algunos indicadores de equidad, pero aún carga con deudas estructurales que limitan su potencial como motor de movilidad social y de democracia sustantiva. Los aprendizajes estancados, la persistencia de brechas territoriales y sociales, la rigidez en la financiación y las tensiones en la educación superior evidencian que el país se encuentra en un punto de inflexión.
El futuro dependerá de la capacidad del Estado y de la sociedad para transformar las reformas normativas recientes —como la del Sistema General de Participaciones— en una política educativa de largo aliento que combine mayores recursos con su uso estratégico orientado a la calidad, la equidad y el bienestar docente y estudiantil. Las lecciones de las últimas décadas muestran que las reformas centradas únicamente en ampliar cupos, sin garantizar trayectorias completas y aprendizajes significativos, terminan reproduciendo las desigualdades que buscan superar.
Y superar este círculo exige decisiones estructurales en tres frentes: financiación sostenible, gobernanza efectiva y gestión pedagógica innovadora. Estas deben ir acompañadas de un pacto social y político que deje de concebir la educación como un gasto rígido para reconocerse como la inversión más estratégica y transformadora, capaz de garantizar trayectorias de vida plenas, democracias más sólidas y sociedades más equitativas.
⁶ Banco Mundial. 2023. World Development Indicators: Education Statistics. Washington, D. C.
⁷ OIT, Panorama Laboral de América Latina y el Caribe. 2023. Ginebra; BID. 2023. La educación que une: aprendizajes y trayectorias en América Latina. Washington, D. C.
Edna Bonilla
Diciembre, 2025
