“Ella temblaba, no podía hablar. No paraba de estremecerse. Afuera los disparos seguían. Cerramos las puertas y las ventanas. Tenía tanto miedo, que se le adelantó el período”, cuenta la madre de Carolina, una niña de 13 años desplazada junto a sus hermanos de ocho y un años, tras los enfrentamientos armados en Teorama, Norte de Santander.
Este testimonio es solo una muestra de lo que viven miles de niñas, niños y adolescentes, víctimas del conflicto armado en Colombia. Niños que no eligen dónde nacer ni cómo vivir, pero que terminan cargando con las consecuencias más dolorosas de una guerra que no les corresponde. Huellas que marcan su infancia y los acompañarán por siempre.
La historia de Carolina hace parte del artículo ‘Catatumbo: miles de niñas, niños y adolescentes sufren el miedo y la inseguridad del desarraigo’, publicado por Unicef en febrero de este año. Allí se relata cómo cerca de 20.000 niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia han tenido que desplazarse del Catatumbo.
Hace algunas semanas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos confirmó lo que varias personas veníamos advirtiendo: la situación de las niñas y los niños en los territorios afectados por el conflicto armado es grave. El más reciente informe de la ONU, ‘Atrapados en las Redes del Conflicto’, publicado hace dos semanas, es tan devastador como urgente. Revela que entre 2022 y 2024 se identificaron 788 casos de violaciones de derechos humanos contra la niñez en el marco del conflicto armado. De esta cifra se verificaron 658 casos (157 en 2022, 201 en 2023 y 300 en 2024). Se repiten los mismos horrores: 474 niños y niñas reclutados y/o utilizados por parte de grupos armados, 89 casos de violencia sexual, 70 homicidios, 94 desplazamientos. Además, numerosos ataques documentados a escuelas, maestros y hospitales. En el primer trimestre de 2025 ya se habían recibido 118 alegatos de reclutamiento o de utilización de niños y niñas. Las cifras siguen aumentando.
Las secuelas del conflicto armado son devastadoras. Los menores no solo padecen los horrores de la guerra, sino que ven afectado el ejercicio de sus capacidades, sus derechos y en general, su bien-estar. El 48,3 % de los casos documentados corresponden a los pueblos indígenas y a las comunidades afrodescendientes. Otro aspecto crítico son también las violencias basadas en género. Las niñas y las adolescentes representan el 40 % de las víctimas, muchas de ellas sometidas a violencia sexual, uniones forzadas, anticoncepción obligada y explotación dentro de los grupos armados. Este fenómeno refleja una realidad aún más compleja, y es que la violencia sexual continúa siendo utilizada como herramienta de control social y territorial.
Ante este panorama, el Estado colombiano tiene el deber de garantizar la protección, fortaleciendo la coordinación interinstitucional entre las distintas entidades, consolidando el diálogo entre el Gobierno Nacional, gobernadores y alcaldes, e implementando políticas públicas efectivas. El informe muestra que el reclutamiento forzado está ocurriendo, incluso, dentro o alrededor de escuelas, y también a través de redes sociales como TikTok y Facebook, en las que se difunden mensajes de apología de la guerra y se manipula emocionalmente a niños y niñas. En varias regiones del país las escuelas han sido ocupadas y silenciadas por la guerra. Han dejado de ser espacios seguros para convertirse en escenarios vulnerables al conflicto armado. Hay docentes desplazados por amenazas, buses escolares requisados por actores armados y aulas marcadas por el miedo. Y, sin embargo, también hay esperanza. Los maestros que resisten, los niños que sueñan, y las comunidades que no se rinden.
En departamentos como Putumayo, Arauca, Nariño, Antioquia, Meta, Norte de Santander, Caquetá, Bolívar y Cauca las escuelas han enfrentado diversas manifestaciones de violencia. Los docentes han sido amenazados por prevenir el reclutamiento forzado de sus estudiantes, los alumnos son retenidos arbitrariamente y las rutas escolares requisadas. Algunos colegios se han utilizado como centros de operaciones. Incluso los niños han sido víctimas de minas antipersonales. Estas violencias son inadmisibles y deben ser erradicadas con urgencia. Proteger a la escuela es proteger la vida.
De igual forma, el mantenimiento de la presencia de grupos armados en el territorio genera una brecha de desigualdad estructural. Existe una clara correlación entre las zonas históricamente más afectadas por el conflicto armado y las mayores brechas educativas. Por ejemplo, en los territorios con programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), la deserción escolar, la reprobación o el analfabetismo son claramente superiores al promedio nacional. Además, solo 35 % de los jóvenes de estos municipios cursan el nivel de educación media. Pareciera que donde más se necesita la escuela, más ausente está el Estado.
En términos de desempeño escolar, un informe del ICFES muestra que en los municipios con PDET, cerca del 72% de los graduandos del colegio pertenece a niveles socioeconómicos bajos, el 90% asiste a colegios oficiales que tienen mala infraestructura y limitados recursos, y el 41% ha sido víctima del conflicto armado. El promedio del puntaje global de la población estudiantil de estos territorios fue de 233 puntos en 2022, 20 puntos menos que el promedio nacional. Las subregiones del Chocó, el Pacífico y la frontera nariñense, el Pacífico medio y los Montes de María son las que evidencian los menores promedios del puntaje global de los territorios con PDET. La educación debe ser el centro de cualquier estrategia de protección a la infancia. Programas como el transporte escolar, la alimentación digna, la permanencia educativa y la formación docente en zonas de conflicto son esenciales y se convierten en escudos de protección.
La situación de la niñez en Colombia no puede reducirse a cifras o estadísticas de víctimas; detrás de cada número hay una trayectoria educativa interrumpida, una historia que no pudo seguir su curso. Colombia necesita dejar de naturalizar lo inaceptable. Proteger a la niñez es una obligación ética, política y legal. El informe de la ONU es una alarma que invita a la acción. Se requiere más presencia institucional en los territorios, más articulación entre sectores, más justicia y reparación, más inversión educativa con enfoque étnico, territorial y de género. Porque cuando fallamos en cuidarlos, no solo se vulneran sus derechos, sino que le faltamos a una generación que exige dignidad, cuidado y oportunidades reales para crecer sin miedo. Y Colombia no puede seguir fallando.
Edna Bonilla
Publicado en la revista CAMBIO, Colombia
4 Comentarios
Como de costumbre, los artículos de Edna son ponderados y documentados. Me permito citar de uno de sus párrafos, y preguntarme si las personas que han sido elegidas para hacer esto lo están haciendo. Esto dice Edna: “El Estado colombiano tiene el deber de garantizar la protección, fortaleciendo la coordinación interinstitucional entre las distintas entidades, consolidando el diálogo entre el Gobierno Nacional, gobernadores y alcaldes, e implementando políticas públicas efectivas”, Saludos
Gracias por leerme y por tu generoso comentario apreciado Eduardo.
Es triste ver como en nuestro país, no cuidamos ni la niñez ni la vejez.
Un saludo afectuoso.
Querida Edna, como siempre, centralizas en lo educativo la causa y solución de grandes problemas humanos como los que hoy describes dramáticamente. Lo específico la educación, pero lo global la vida y su bienestar. Gracias por contribuir a este objetivo perdurable.
Vicente querido, gracias por tu lectura permanente y tus valiosos comentarios. Gracias por creer en la educación.
Un abrazo.