Colombia: ¿una sociedad y un Estado mafiosos? (3 de 4)

Por: Luis Alberto Restrepo
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Guerrillas y narcotráfico son autónomos respecto a los poderes establecidos: no les deben su poder ni al Estado ni a los partidos nacionales, ni a los terratenientes, comerciantes, urbanizadores piratas, policías o militares locales. Bajo múltiples rostros, estas dos fuerzas heterogéneas llegaron a convertirse en los grandes árbitros del poder nacional y en los puentes que unen –o separan– sus extremos. 

La ruptura del esquema tradicional del poder

Como he dicho, desde mediados de los años setenta, las guerrillas comenzaron a amenazar las estructuras de poder local. En reacción a su asedio, las fuerzas tradicionales de terratenientes, comerciantes y políticos, apoyados por altos sectores de la fuerza pública (como los generales Velandia y Faruk Janine Díaz), se aliaron contra ellas y crearon sus propias organizaciones armadas. En 1981, los Ochoa y otros capos del narcotráfico crearon el MAS (Muerte a Secuestradores), en reacción contra el M-19 por el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa. Este sería el germen del moderno paramilitarismo en Colombia. 

El modelo del MAS se aplicaría pronto en la región del Magdalena Medio, donde nació la Acdegam (Asociación campesina de ganaderos y agricultores del Magdalena Medio), una fuerza de autodefensa legal dirigida por el líder liberal Pablo Emilio Guarín y por Henry de Jesús Pérez, encargada de combatir la guerrilla en la zona con apoyo del Ejército. Estos grupos funcionaron, primero, como asociaciones armadas de carácter meramente defensivo (autodefensas) y luego se convirtieron en grupos paramilitares antisubversivos. A su vez, poderosos narcotraficantes ‒sobre todo Gonzalo Rodríguez Gacha, transformado además en terrateniente‒, aprovecharon la circunstancia para darle a esa alianza todo su apoyo financiero y el refuerzo criminal de sus propios grupos armados, buscando así impunidad para sí mismos y complicidad con su negocio. De esta coalición surgió una nueva y poderosa estructura de poder nacional con fuertes implantes en las regiones: el narco-paramilitarismo*

Por decisión de Rodríguez Gacha, en 1986 su ejército paramilitar comenzó a liquidar a los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP), grupo político oficialmente creado en 1985 por las FARC durante las negociaciones de paz adelantadas por Belisario Betancur. Por esas mismas fechas, terratenientes y narcotraficantes, casi siempre apoyados por el Ejército o la Policía, fueron extendiendo sus ejércitos privados o ‘paramilitares’ por el Magdalena Medio, el norte de Antioquia, Córdoba y los Santanderes, de donde barrieron al ELN, masacrando y desplazando de paso a numerosas poblaciones campesinas de la región y apoderándose de sus tierras. Más tarde se extendieron también por la Costa Caribe. En abril de 1997, las ‘Autodefensas Campesinas’ de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ (AUC). Como AUC, los grupos paramilitares federados pasaron de una estrategia meramente defensiva a otra de contraguerrilla y, un poco más tarde, de la lucha antisubversiva a otra predominantemente criminal. 

Con el pretexto de la lucha contra las guerrillas, los paramilitares se dedicaron a desplazar poblaciones campesinas y a adueñarse de sus tierras. El nudo mafioso con los paramilitares se extendió entonces a políticos, empresarios y comerciantes. Con el apoyo de las AUC y de amplios sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, numerosos jefes políticos, sobre todo del norte del país (parlamentarios, exparlamentarios, gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe, Córdoba, Antioquia y los Santanderes), comenzaron a plantearse el propósito estratégico de ‘refundar la nación’. El Pacto fue firmado en Ralito en el año 2001 en un encuentro entre el ‘Estado Mayor de las Autodefensas’ y siete representantes a la Cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes.

A través de las agrupaciones ‘Convivir’ aprobadas por ley, los paramilitares contaron en sus inicios con la tolerancia o el respaldo de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia (1995-1997) y, luego, más decisivamente como presidente de la república, sobre todo en su primer periodo (2002-2006). Pero desde fines del siglo 20, la concentración de buena parte de los grupos paramilitares en el narcotráfico en desmedro de la lucha antisubversiva comenzó a inducir profundas fracturas en las AUC, que llevaron a pugnas internas y asesinatos de sus líderes por sus compañeros de armas. En estas condiciones, no estuvieron ya en capacidad de hacerle frente a las FARC en el sur del país. De hecho, sufrieron allí sucesivas derrotas. Prefirieron entonces iniciar negociaciones de paz con el presidente Uribe. En 2003, cuando comenzaron a desmovilizarse, contaban con cerca de 40.000 hombres en todo el territorio colombiano. El proceso culminó, después de numerosos incidentes, en el encarcelamiento y la extradición de la mayor parte de sus antiguos jefes a Estados Unidos por el mismo Uribe. Desde ese país ha sido difícil obtener su colaboración con la justicia colombiana para esclarecer lo acontecido en Colombia.

Ese arreglo no puso fin a las bandas paramilitares ligadas al narcotráfico. Antiguos mandos medios y tropas de las AUC siguieron operando por todo el país, se concentraron sobre todo en la actividad criminal, por lo que fueron denominadas desde entonces ‘bandas criminales’ (Bacrim), y fueron diversificando sus movimientos en negocios como el microtráfico de drogas, la trata de personas, la prostitución, el robo de autos y celulares, el contrabando de gasolina, el saqueo del erario, etc. Desde la primera década de los años 2000, extendieron su acción a los cultivos legales de palma de aceite y a la minería ilegal. En 2015 contaban al parecer con más de 3000 empresas de minería ilegal, que les producían rendimientos mayores que el mismo narcotráfico. En su accionar practican el fraude, la estafa, el robo, el soborno, la intimidación, las violaciones y la violencia en general. De paso, le dieron continuidad selectiva al paramilitarismo, amenazando y asesinando a los líderes sociales de sus víctimas en las regiones donde operan.

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*Ronderos, María Teresa. (2014). Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia. Bogotá: Aguilar.

Luis Alberto Restrepo M.

Diciembre, 2022

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