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Bajo el impacto de poderosos narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y bandas criminales, la tradicional estructura de poder político y social en el país está sufriendo una revolución silenciosa. El poder viene siendo desde hace buen tiempo controlado cada día más por la mafia.

La nueva estructura de poder en gestación

El embate del narcotráfico al ejecutivo central se inició por la financiación de varias campañas presidenciales (no solo la de Ernesto Samper), tarea que, en los años noventa, sufrió un duro golpe gracias al proceso 8000. Sin embargo, poco a poco, narcotráfico, paramilitares y bandas criminales han ido recuperando su influencia a partir del poder ejecutivo local de muchos alcaldes y algunos gobernadores.

El Congreso fue la primera instancia del Estado en la que, desde fines del siglo pasado, logró instalarse el poder criminal. Hasta julio de 2008, se sindicaba a 68 congresistas ‒la gran mayoría pertenecientes a la coalición de gobierno de Álvaro Uribe‒ por sus vínculos con el paramilitarismo, incluidos tres expresidentes del Congreso. Inicialmente, las investigaciones implicaron a políticos de la Costa Atlántica, más tarde involucraron también a congresistas de Antioquia, Tolima y Norte de Santander, y terminaron extendiéndose por buena parte de los 32 departamentos del país. A fines de 2013, se encontraban ya condenados por la justicia seis senadores y nueve Representantes a la Cámara pertenecientes a Cambio Radical; del Partido Liberal y el Conservador, tres senadores y cinco representantes respectivamente. 

Como se recordará, a mediados del 2004, el Congreso invitó a intervenir en el “templo de la democracia” a tres jefes paramilitares: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza. Los tres fueron ovacionados por casi todos los cerca de 60 congresistas presentes y, luego, el presidente Uribe justificó su participación como una “pruebita de democracia”. Según declaración de Salvatore Mancuso en 2005, el 35 % del Congreso era favorable y cercano a los paramilitares. 

Finalmente, en 2014 y 2015, se hizo evidente la penetración de las redes criminales en las altas cortes y en la justicia. Así lo demuestra, entre otros, el caso del entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge I. Pretelt Chaljub, quien fue acusado por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. 

En relación con los ‘partidos’ políticos hay que decir que, exceptuando quizás a los partidos de izquierda, estos se convirtieron en tiendas de avales para todo tipo de los más diversos empresarios electorales, fuesen legales, ilegales o criminales. Esto es así porque, como lo expresó cínicamente el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, entonces en prisión por vínculos con paramilitares y narcotráfico, “la política es más rentable que el mismo tráfico de drogas”. 

Las elecciones regionales y locales se convirtieron en la demostración desvergonzada del nuevo país. Casi ningún partido había vacilado hasta ahora en repartir avales entre personas sospechosas o sindicadas de distintos delitos, ateniéndose al eslogan que mientras no hayan sido condenadas, “hay que respetar el principio de inocencia”. No había principios éticos, ideologías ni programas. Solo importaban los votos. El único interés era conquistar y retener el poder.

El clientelismo ha existido desde comienzos de la república, pero con el tiempo ha ido modificando su contenido. Hasta mediados de los años cincuenta, la transacción intercambiaba votos por puestos, de acuerdo con lealtades partidarias basadas en odios heredados. Durante el Frente Nacional el sistema fue transformando su contenido en otro más comercial: intercambio de votos por transferencias y contratos del Estado. Y, como se fue revelando luego, ese comercio fue adquiriendo carácter transnacional: ha ido incluyendo multinacionales, que sobornan funcionarios y financian campañas a cambio de contratos. 

Es el caso de la firma brasileña Odebrecht. Algunos países como Venezuela, Cuba e incluso México se han negado de tajo a investigar sus escándalos. Otros, donde el poder ha cambiado de manos de manera drástica recientemente, como Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia y Chile, están investigando personajes de los gobiernos anteriores, pero no a quienes están hoy en el poder. Y hay otros más, donde hay investigaciones abiertas con algunas condenas, como en Colombia, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Solo en Perú el escándalo ha tocado y tumbado a personajes de lado y lado, pero no necesariamente porque la investigación sea más independiente, sino porque unos grupos poderosos han podido utilizarla en contra de otros.

Penetración en la sociedad

La penetración de los grupos al margen de la ley y las bandas criminales no se limita a los partidos y al Estado. Han penetrado también, profundamente, en la economía legal. Están presentes en el sector financiero, la Bolsa, grandes centros comerciales, el entretenimiento, la hotelería, el turismo y la construcción, entre otros. No es posible demostrar esta realidad porque se trata justamente de autores clandestinos. Sin embargo, tampoco es posible ignorar que, aun en medio de dificultades económicas, estas inversiones sigan prosperando, pues no se ven muchos más que puedan financiarlas.

Cada día se hace más difusa la frontera entre la economía legal, la ilegal y la abiertamente criminal. Las líneas de separación son grises, desteñidas. Es difícil saber hoy quién es quién y quién hace qué. El engendro resultante es, justamente, lo que llamamos el Estado y la sociedad mafiosos.

Como expresión visible de todo el proceso, las costumbres y los estándares culturales del país han venido cambiando. De ser una sociedad ciertamente muy desigual, pero sencilla y respetuosa, en Colombia se han extendido ahora el lujo, la ostentación, la vulgaridad y la violencia. En ciudades como Medellín o Cali predominan los automóviles de alta gama o las poderosas 4 x 4. Las fiestas derivan con frecuencia en bacanales. Se ha impuesto un modelo plástico de mujer y para alcanzarlo se recurre a todo tipo de cirugías e implantes, que hoy ponen de manifiesto sus males. Entre las mujeres se extendió el lenguaje vulgar. 

Una muestra de la vulgaridad y ramplonería generales, del menosprecio de la legalidad y de la violencia propias de un Estado mafioso se dio en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Su estilo quedó bien resumido en esa frase que le dirigió por el teléfono a un interlocutor: “Le doy en la cara, marica”. Durante varios años lo imitaban sus seguidores en los comentarios on line a las columnas de opinión. Las manifestaciones de una cultura traqueta de nuevos ricos en su más burda expresión se han tomado el país. Nada queda de la otrora “Atenas suramericana”.

Luis Alberto Restrepo Moreno

Diciembre, 2022

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Guerrillas y narcotráfico son autónomos respecto a los poderes establecidos: no les deben su poder ni al Estado ni a los partidos nacionales, ni a los terratenientes, comerciantes, urbanizadores piratas, policías o militares locales. Bajo múltiples rostros, estas dos fuerzas heterogéneas llegaron a convertirse en los grandes árbitros del poder nacional y en los puentes que unen –o separan– sus extremos. 

La ruptura del esquema tradicional del poder

Como he dicho, desde mediados de los años setenta, las guerrillas comenzaron a amenazar las estructuras de poder local. En reacción a su asedio, las fuerzas tradicionales de terratenientes, comerciantes y políticos, apoyados por altos sectores de la fuerza pública (como los generales Velandia y Faruk Janine Díaz), se aliaron contra ellas y crearon sus propias organizaciones armadas. En 1981, los Ochoa y otros capos del narcotráfico crearon el MAS (Muerte a Secuestradores), en reacción contra el M-19 por el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa. Este sería el germen del moderno paramilitarismo en Colombia. 

El modelo del MAS se aplicaría pronto en la región del Magdalena Medio, donde nació la Acdegam (Asociación campesina de ganaderos y agricultores del Magdalena Medio), una fuerza de autodefensa legal dirigida por el líder liberal Pablo Emilio Guarín y por Henry de Jesús Pérez, encargada de combatir la guerrilla en la zona con apoyo del Ejército. Estos grupos funcionaron, primero, como asociaciones armadas de carácter meramente defensivo (autodefensas) y luego se convirtieron en grupos paramilitares antisubversivos. A su vez, poderosos narcotraficantes ‒sobre todo Gonzalo Rodríguez Gacha, transformado además en terrateniente‒, aprovecharon la circunstancia para darle a esa alianza todo su apoyo financiero y el refuerzo criminal de sus propios grupos armados, buscando así impunidad para sí mismos y complicidad con su negocio. De esta coalición surgió una nueva y poderosa estructura de poder nacional con fuertes implantes en las regiones: el narco-paramilitarismo*

Por decisión de Rodríguez Gacha, en 1986 su ejército paramilitar comenzó a liquidar a los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP), grupo político oficialmente creado en 1985 por las FARC durante las negociaciones de paz adelantadas por Belisario Betancur. Por esas mismas fechas, terratenientes y narcotraficantes, casi siempre apoyados por el Ejército o la Policía, fueron extendiendo sus ejércitos privados o ‘paramilitares’ por el Magdalena Medio, el norte de Antioquia, Córdoba y los Santanderes, de donde barrieron al ELN, masacrando y desplazando de paso a numerosas poblaciones campesinas de la región y apoderándose de sus tierras. Más tarde se extendieron también por la Costa Caribe. En abril de 1997, las ‘Autodefensas Campesinas’ de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ (AUC). Como AUC, los grupos paramilitares federados pasaron de una estrategia meramente defensiva a otra de contraguerrilla y, un poco más tarde, de la lucha antisubversiva a otra predominantemente criminal. 

Con el pretexto de la lucha contra las guerrillas, los paramilitares se dedicaron a desplazar poblaciones campesinas y a adueñarse de sus tierras. El nudo mafioso con los paramilitares se extendió entonces a políticos, empresarios y comerciantes. Con el apoyo de las AUC y de amplios sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, numerosos jefes políticos, sobre todo del norte del país (parlamentarios, exparlamentarios, gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe, Córdoba, Antioquia y los Santanderes), comenzaron a plantearse el propósito estratégico de ‘refundar la nación’. El Pacto fue firmado en Ralito en el año 2001 en un encuentro entre el ‘Estado Mayor de las Autodefensas’ y siete representantes a la Cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes.

A través de las agrupaciones ‘Convivir’ aprobadas por ley, los paramilitares contaron en sus inicios con la tolerancia o el respaldo de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia (1995-1997) y, luego, más decisivamente como presidente de la república, sobre todo en su primer periodo (2002-2006). Pero desde fines del siglo 20, la concentración de buena parte de los grupos paramilitares en el narcotráfico en desmedro de la lucha antisubversiva comenzó a inducir profundas fracturas en las AUC, que llevaron a pugnas internas y asesinatos de sus líderes por sus compañeros de armas. En estas condiciones, no estuvieron ya en capacidad de hacerle frente a las FARC en el sur del país. De hecho, sufrieron allí sucesivas derrotas. Prefirieron entonces iniciar negociaciones de paz con el presidente Uribe. En 2003, cuando comenzaron a desmovilizarse, contaban con cerca de 40.000 hombres en todo el territorio colombiano. El proceso culminó, después de numerosos incidentes, en el encarcelamiento y la extradición de la mayor parte de sus antiguos jefes a Estados Unidos por el mismo Uribe. Desde ese país ha sido difícil obtener su colaboración con la justicia colombiana para esclarecer lo acontecido en Colombia.

Ese arreglo no puso fin a las bandas paramilitares ligadas al narcotráfico. Antiguos mandos medios y tropas de las AUC siguieron operando por todo el país, se concentraron sobre todo en la actividad criminal, por lo que fueron denominadas desde entonces ‘bandas criminales’ (Bacrim), y fueron diversificando sus movimientos en negocios como el microtráfico de drogas, la trata de personas, la prostitución, el robo de autos y celulares, el contrabando de gasolina, el saqueo del erario, etc. Desde la primera década de los años 2000, extendieron su acción a los cultivos legales de palma de aceite y a la minería ilegal. En 2015 contaban al parecer con más de 3000 empresas de minería ilegal, que les producían rendimientos mayores que el mismo narcotráfico. En su accionar practican el fraude, la estafa, el robo, el soborno, la intimidación, las violaciones y la violencia en general. De paso, le dieron continuidad selectiva al paramilitarismo, amenazando y asesinando a los líderes sociales de sus víctimas en las regiones donde operan.

______________________

*Ronderos, María Teresa. (2014). Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia. Bogotá: Aguilar.

Luis Alberto Restrepo M.

Diciembre, 2022

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El lugar central que ha venido ocupando la mafia en el país se comprende mejor si damos una mirada histórica a la estructura del poder en Colombia. Estado y partidos, por un lado, y ‘clases populares’, por otro, son extremos sociales y políticos con muy escasos vínculos recíprocos.

La estructura del poder en Colombia

Entre el poder del Estado central y los partidos políticos, de una parte, y los electores del campo, por otra, existió desde comienzos de la república hasta hoy una brecha casi insalvable. Algo similar puede decirse de la relación del poder con los barrios populares de las grandes ciudades, donde hoy los electores son mucho más numerosos que en el agro. Por una parte, Estado y partidos y, por otra, las ‘clases populares’ ‒ese nombre genérico que recubre sectores sociales muy diferentes‒ son extremos sociales y políticos con muy escasos vínculos recíprocos.

El Estado central y los partidos desconocen casi por completo las poblaciones de la periferia y sus condiciones reales de vida. Tienen de ellas noticias librescas o en el mejor de los casos percepciones de turista o de candidato en campaña. Sus miembros carecen de todo vínculo económico, social o cultural con las bases sociales del país. Viven en un mundo aparte y conocen mejor a Estados Unidos o Europa que a la periferia nacional.

A su vez, las gentes de la periferia apenas si conocen y reconocen a los partidos y sus dirigentes, al Estado y sus normas. Conforman la masa de los No sabe/No responde. Ven a los jefes políticos con ocasión de las campañas electorales. En cuanto a las normas estatales, los pobladores de cada localidad establecen en la práctica las suyas propias. La ley es un cuento. Para ellos, solo existe para su manipulación por abogados y tribunales. No es fácil entender cómo, desde la Independencia (o desde mediados del siglo 20 en lo que toca a los barrios), unos y otros puedan conformar una sola nación. 

Para salvar esa distancia y unir ambos extremos se ha desarrollado desde la Independencia una estructura intermedia: la de los jefes políticos locales. Estos jefes mantienen una doble negociación permanente: por una parte, hacia el centro, con los dirigentes políticos nacionales y sus partidos, y con el gobierno de turno; por otra, en su entorno inmediato, con la población local. A los partidos y los jefes políticos del centro del país les interesan los votos que los políticos locales controlan; de esos votos extraen su precaria legitimidad jurídica y política. A cambio, los jefes políticos regionales y locales reciben puestos y administran transferencias y contratos del Estado. Es decir, poder y riqueza. En esa transacción estructural cada uno aporta lo que el otro desea o necesita. El sistema político que resulta de esa transacción es lo que se denomina clientelismo. 

Hay que añadir que, en cada municipio, el poder de los jefes políticos descansa sobre otros poderes de la localidad, sobre todo económicos. Desde el siglo 19 hasta los años setenta del siglo 20, su poder estuvo ligado casi exclusivamente a los mayores terratenientes, ganaderos y comerciantes del lugar. Recibían de estos apoyo económico y político a cambio de la protección y defensa de sus intereses ante el poder central. Esa alianza contaba además con el respaldo del equipo de gobierno y las elites locales ‒de los alcaldes, los jueces y abogados del pueblo, de los comerciantes, la policía y en muchos casos del mismo ejército‒ en desmedro de los campesinos y los pobladores pobres. 

Se debe tener en cuenta que, hasta fines de los años sesenta del siglo 20, el 70 % de la población colombiana residía en el campo. Desde entonces, la proporción se ha ido modificando rápidamente. Según el último censo realizado por el DANE, en 2018, Colombia tenía 48’258.494 habitantes, de los cuales poco más de 11 millones vivían en las zonas rurales. 

La mayor parte de la nueva población urbana se agolpa ahora en los barrios de invasión o subnormales, donde se generó muy pronto una nueva capa intermediaria de poder: los urbanizadores piratas, apoyados por juntas de acción comunal, y líderes sociales y políticos locales, que obtienen votos a cambio de la legalización de los predios y la instalación de los servicios públicos, mientras ellos mismos reciben contratos y prebendas del poder central. Sin embargo, de estos dos grupos, los intereses de los grandes propietarios de la tierra rural y de los ganaderos siguen siendo predominantes en el Estado central. 

Tales amarres políticos del disparatado andamiaje institucional del país estuvieron tranquilamente vigentes y, bien que mal, aseguraron la marcha del Estado colombiano desde el siglo 19 hasta comienzos de los años ochenta del siglo 20. Estos han lubricado la democracia nacional, tan elogiada e invocada en el país, pero a partir de los años setenta, estos empalmes se vieron desafiados e interferidos por dos nuevos poderes de alcance nacional: las guerrillas y, sobre todo, el narcotráfico. 

Luis Alberto Restrepo M.

Diciembre, 2022

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Nada es más poderoso que la comprensión de la historia. Es la forma de entendernos como humanos.

La idea de llevar el informe de la Comisión de la Verdad a los colegios abrió de nuevo un debate indispensable para el país. Lo importante es que se adelante en forma sensata y con argumentos inteligentes, que no siempre ocurre en estos casos.

Los primeros en saltar fueron quienes consideran el trabajo de la Comisión ilegítimo y sesgado ideológicamente, de lo cual deducen que llevarlo a las instituciones educativas es un ejercicio de adoctrinamiento guerrillero para mostrar no sé cuántas inequidades contra la Fuerza Pública y sectores destacados de la política y la sociedad. Eso, desde luego, no es inteligente y tampoco es verdad.

Lo que debe estar claro es que el informe no pretende ser la historia de Colombia, sino un elemento que ayuda a constatar lo ocurrido en un período de tiempo y específicamente en relación con las inocultables situaciones de violencia que ha vivido el país. Quienes han hecho este trabajo han sido claros en que su labor no agota todos los detalles y los matices de una tragedia colectiva que, desafortunadamente, habla de quiénes somos como sociedad, de cómo fuimos complacientes por más de medio siglo ante el homicidio, la tortura, el desplazamiento, el secuestro y la aniquilación física y psicológica de centenares de comunidades con víctimas y victimarios de muy diverso origen y motivación. Los niños, los adolescentes y los jóvenes no solo tienen el derecho a conocer los datos y los testimonios de este período, sino que debieran tener la obligación de hacerlo para experimentar una gran vergüenza colectiva, porque semejante tragedia prolongada por décadas habla de la banalización de la muerte y el sufrimiento de nuestros semejantes.

Es importante que niños, niñas y jóvenes puedan comprender las relaciones profundas de nuestra cultura con los grandes procesos históricos del mundo.

El informe no es la historia de Colombia y tampoco es un camino para tomar partido y descubrir quiénes son los buenos y quiénes los malos. Es para entender que de una u otra manera todos somos artífices de un país que produce las monstruosidades que narran las víctimas y que hasta ahora hemos sido incapaces de encontrar caminos para vivir y resolver nuestras necesidades de forma civilizada.

Otra cosa es la urgencia de hacer de la historia el eje central de la formación que se ofrece a las nuevas generaciones. No solo es indispensable conocer nuestra historia, que no se agota en el devenir político, sino que incluye su proceso de desarrollo económico, científico, demográfico y cultural. También es importante que niños, niñas y jóvenes puedan comprender las relaciones profundas de nuestra cultura con los grandes procesos históricos del mundo.

Dice el Ministerio que la comisión encargada de adelantar la propuesta de lineamientos para reinstalar esta asignatura lleva dos años trabajando en el asunto. La cuestión no es si la historia se debe incluir como central en el currículo o no. Se trata, más bien, de discutir cuál es el camino pedagógico para explorar el pasado, a sabiendas de que no hay verdades únicas ni relatos oficiales capaces de explorar y explicar los hechos que han ido forjando nuestro presente.

Por más de veinte años, en muy diferentes medios, he insistido en que nada puede ser más poderoso que la comprensión de la historia. No hay otra forma de entendernos como humanos. No hay otra manera de vislumbrar el futuro. Pero es claro que relatos oficiales a la manera memorística tradicional son inútiles.

Hay otras interesantes alternativas como la que desarrolló el Ministerio de Educación con motivo del bicentenario de la independencia, titulada Historia Hoy. Fue un ejercicio enorme de participación que dio importancia a la historia local, a la capacidad de niños, niñas y maestros de explorar fuentes, de indagar acontecimientos y de reflexionar sobre puntos de vista de enorme riqueza. Ojalá el nuevo ministro, que ha recibido del presidente electo la instrucción de dar prioridad a este tema, rescate lo aprendido durante el tiempo en que se realizó este ejercicio.

Francisco Cajiao

Septiembre, 2022

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Desde 1910, empezaron en Colombia los primeros esfuerzos en favor de una cierta modernización y alguna democracia que, sin embargo, terminaron estrellándose contra los representantes del antiguo orden oligárquico. 

7. Regeneración contra modernización (1910-1946)

Desde 1910, comenzaron a desarrollarse en Colombia los primeros esfuerzos en favor de una cierta modernización y alguna democracia, que sin embargo terminaron estrellándose contra los representantes del antiguo orden oligárquico. 

En décadas iniciales del siglo XX irrumpió en el escenario público el primer sujeto real de la democracia colombiana: un incipiente movimiento obrero, capaz de reivindicar sus derechos frente a los abusos de los enclaves norteamericanos del banano y el petróleo, abusos cometidos bajo el auspicio de las oligarquías locales que resultaban “favorecidas” (sobornadas) por las multinacionales. Finalmente, en 1930, el partido conservador llegó dividido a las elecciones y perdió el poder. Retornó al gobierno ‒hasta 1946‒ un liberalismo atemperado, como señalé, por la derrota política y militar de comienzos del siglo, por más de cuarenta años de imperio del orden conservador y de su reeducación en la familia y la escuela católicas.

Desde los años treinta, la constitución del sujeto social de la democracia colombiana seguiría un doble movimiento convergente: desde abajo, avanzaría la organización campesina, obrera y popular conducida por Jorge Eliécer Gaitán y el Partido Comunista de Colombia (PCC). Mientras, desde el gobierno, el liberal López Pumarejo (1934-1938) lanzó la “Revolución en marcha” con la que intentaba modernizar el Estado y adelantar una reforma agraria que le diera cauce institucional a la inconformidad de obreros y campesinos. Tanto su presunta revolución como la lucha proclamada por Gaitán contra la oligarquía convocaron y movilizaron al naciente sujeto social de la democracia colombiana, con mayor eficacia que la ortodoxia de los comunistas. Comenzaban a esbozarse, pues, dinámicas modernas de confrontación e integración social, aunque todavía percibidas con la radicalidad de la pasión seudorreligiosa propia del siglo XIX. 

Los dieciséis años de la República Liberal (1930-1946) fueron complejos y cambiantes. Para empezar, fueron numerosos los recelos y críticas entre sus distintos y sucesivos gobernantes, Olaya Herrera, López Pumarejo I, Santos Montejo y López Pumarejo II. Este es uno de los graves males políticos de Colombia: que casi ningún expresidente –con la excepción de Belisario Betancur y Virgilio Barco‒ se resigna a no seguir gobernando o al menos a permitir que su sucesor lo haga sin obstaculizarlo. Así lo estamos viendo desde ya con el gobierno saliente y podemos suponer cómo será más adelante. 

Graves acontecimientos mundiales contribuyeron a complicar el periodo que se inició en Colombia en 1930. La crisis del año 1929 en la Bolsa de Nueva York dio comienzo a la Gran Depresión económica, al desempleo y el hambre en el mundo entero. En Estados Unidos, el demócrata Franklin Roosevelt fue elegido presidente e inició el New Deal (el nuevo contrato social). En toda América Latina florecían las dictaduras militares –salvo en México, donde imperaba la dictadura civil del Partido Revolucionario Institucional, PRI–, pero la Colombia liberal permaneció inconmovible. Como dice un historiador: “Todo era conservador: el Congreso, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Ejército, la Policía, la burocracia”.

En 1929, el Partido Conservador se dividió en dos candidatos: el general Alfredo Vásquez Cobo y el poeta Guillermo Valencia (abuelo de Paloma). Ante la falta del arbitraje eclesiástico, los dos aspirantes conservadores decidieron presentarse por separado. 

Los liberales lanzaron a Enrique Olaya Herrera, que arrasó en las elecciones. La prolongada hegemonía conservadora, empujada por la crisis económica que disparó el desempleo en las industrias y en las obras públicas, culminó en un vuelco electoral. Los liberales obtuvieron claras mayorías en las elecciones.

El partido Conservador entregó el poder sin resistencia. Sin embargo, poco después empezó la violencia partidista en los pueblos de los Santanderes, mientras en las ciudades crecía la agitación social, alentada por el desempleo y el hambre provocados por la Gran Depresión. El ministro de Hacienda ‒el conservador Esteban Jaramillo‒ lo resumiría más tarde: “Rugía la revolución social, que en otros países no pudo conjurarse”. En Colombia sí, gracias a que el gobierno de Olaya recurría a la colaboración bipartidista, tantas veces repetida desde mediados del siglo XIX, esta vez bajo el nombre de “Concentración Nacional”. A conjurar la revolución en Colombia contribuyó asimismo la guerra fronteriza con Perú. Tropas del ejército peruano invadieron Leticia y en las fronteras murieron unos pocos soldados peruanos y colombianos; en Colombia los partidos y todas las clases sociales se unieron en una exaltación nacionalista. Hasta Laureano Gómez, el nuevo caudillo conservador, implacable crítico del gobierno de Olaya (del que venía de ser su embajador en Alemania), se unió al coro patriótico: “¡Paz! ¡Paz en lo interior ‒clamó en el Senado‒! ¡Y guerra! ¡Guerra en la frontera contra el enemigo felón!”. Poco después, cuando se hizo la paz, Gómez denunció violentamente al gobierno por haberla hecho y volvió a desatar la guerra interna, temiendo que los éxitos de Olaya hubieran abierto el camino para un gobierno liberal, no de coalición, sino claramente “de partido”, que a continuación encabezaría Alfonso López Pumarejo y su Revolución en Marcha.

Interrumpiendo el relato, presento aquí al señor Gómez, fundador de la ultraderecha conservadora, uno de los personajes más influyentes y poderosos del siglo XX. Junto con López Pumarejo y Gaitán, marcaría el siglo pasado e inspiraría La Violencia. De padres santandereanos nacido en Bogotá, Laureano Gómez fue un católico batallador, formado por los jesuitas en el Colegio Mayor de San Bartolomé. Concluido el bachillerato, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia. Como político heredó los rasgos de la Iglesia combativa del siglo XIX, impulsada especialmente por Pío IX y luego, en el XX, por Pío X; una Iglesia cuya tradición se enlaza con las Cruzadas y la Inquisición. 

Gómez acusó en repetidas ocasiones al Partido Liberal de incitar a la violencia, pero pasaba por alto las prédicas del clero a favor de una declaración de guerra contra el liberalismo. El dirigente conservador promovió una reforma constitucional por la cual se le devolverían a la Iglesia los privilegios que los concordatos le habían otorgado y los liberales habían derogado durante sus administraciones. Sin embargo, la jerarquía se mantuvo neutral durante su gobierno. Fervoroso antiyanqui, para Gómez era preferible que el Canal de Panamá estuviera en manos alemanas o japonesas (las fuerzas del “Eje” Berlín-Roma-Tokio) a que lo siguieran administrando Estados Unidos. 

En cambio, Eduardo Santos, que también había sido antiyanqui, aunque guardó neutralidad verbal en la gran guerra, en la práctica tomó partido por los aliados, siguiendo el camino marcado por Estados Unidos, al cual desde entonces –y desde mucho antes: desde Suárez, Ospina Rodríguez y Santander–, permaneció unida Colombia. A diferencia del resto de Hispanoamérica, el país convirtió a la nación del Norte en su “estrella polar”, que casi siempre ha guiado sus pasos, al menos hasta hoy. El gobierno saliente de Colombia ha sido un ejemplo insigne de esta vergonzosa sumisión, a pesar de la patente y prolongada distancia del presidente Biden. Ahora, apenas Gustavo Petro resultó elegido como nuevo presidente, fue inmediata y amablemente felicitado por Biden y su secretario de Estado, marcando así la diferencia con su predecesor. Falta ver si Petro y su canciller Leyva logran construir, como lo pretenden, relaciones de igualdad con Washington. Es de temer que bajo cuidadosas formas diplomáticas, la vacilante democracia norteamericana siga imponiendo sus intereses en Colombia.

Vuelvo a la historia de López Pumarejo. Alfonso López Michelsen diría cuarenta años después que su padre era “un burgués progresista”. En efecto, hijo de uno de los colombianos más ricos de su tiempo, López Pumarejo se consagró a la política. Su gobierno (1934-1938), conformado con jóvenes liberales de izquierda, intelectuales, periodistas y estudiantes, y con dirigentes sindicales, llegó proponiendo reformas basadas en la intervención resuelta del Estado en el ámbito político, económico y social. Como lo anunció en su discurso de posesión: “El deber del hombre de Estado es efectuar por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por medios violentos”.

No obstante, su partido Liberal seguía siendo mayoritariamente un partido de gamonales, abogados y terratenientes, como en los tiempos de Murillo Toro o del general Santander. Por esta razón, mediada su administración, López mismo se vio obligado a anunciar una “pausa” en las reformas ya que, pese a tener un Congreso homogéneamente liberal (Laureano Gómez había ordenado la abstención electoral de su partido), este se componía de liberales de muy distintos matices, y predominaban en él los liberales radicales tipo Manchester, que rechazaban la intervención del Estado. Así que, de las reformas anunciadas, no fue mucho lo que se realizó. 

Una reforma agraria que ‒por enésima vez, desde el siglo XVI‒ proponía redistribuir la tierra, tampoco en esta ocasión lo consiguió: su famosa ley 200 de 1936 fue revertida a los pocos años por la Ley 100 de 1944, durante el segundo gobierno del mismo López Pumarejo. Mejor suerte tuvieron una reforma tributaria que por primera vez puso a los ricos a pagar impuesto de renta y patrimonio, una reforma laboral que consagraba el derecho a la huelga y la reforma de la educación universitaria. Finalmente, la medida que más encendió a Laureano y su partido fue la reforma del concordato con el Vaticano que protocolizaba la separación de Iglesia y Estado. La Santa Sede y el papa Pío XII lo aprobaron, no así los conservadores.

Luis Alberto Restrepo M

Septiembre, 2022

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Algo debe estar escrito en el destino de Colombia para que fuera Gustavo Petro ‒y no otro‒ el llamado a consolidar la paz en este ensangrentado país. No me refiero al cabalístico número 9…

Pareciera que la vida de Gustavo Petro estuviera asociada con el número 9: las circunstancias muestran que nació un 19 de abril, militó en el M-19, se desmovilizó en 1990, pactó con las fuerzas políticas de esa época la Constitución de 1991, el 29 de mayo el Pacto Histórico consiguió 29 representantes a la Cámara y un número inédito (20) curules en Senado; ni siquiera que el 19 de junio alcanzó con Francia Márquez la presidencia. Sin embargo, nada de eso es señal de su destino.

Lo realmente venturoso para este país es que Gustavo Petro, para cumplir a sus electores y a Colombia entera las ambiciosas promesas de campaña, debió someterse a la crudeza de números nada míticos: de los 108 senadores, el Pacto Histórico logró 20 (o quizá solo 19, si a Piedad Córdoba la enjuician y debe dejar su curul), y no los 30 que había proyectado; en la Cámara, de los 188 obtuvo 29 representantes. Alcanzar las anheladas mayorías absolutas para imponer las necesarias reformas cual aplanadora ya no era real. Si tal cosa hubiese ocurrido, el reformismo duraría tal vez cuatro años y las derechas neoliberales retomarían el Estado en el siguiente período, como ocurrió con Lasso en Ecuador, para intentar lo imposible: domar el descontento social. El Pacto, para ser histórico y no pasajero, debe cubrir a la mayoría del pueblo colombiano. Eso lo entendió el candidato inmediatamente. Aunque ganara la presidencia no tendría gobernabilidad.

A partir de ese momento se notó en Gustavo Petro la sabiduría del estadista, o si otros quieren verlo así, la capacidad de leer la realidad política para adaptarse de inmediato a los hechos. No solo moderó el discurso; abrió sus brazos hacia sectores que lo rechazan con o sin razón o están a la espera de que el Centro Esperanza se recupere. Asigna a Roy Barreras, avezado político conocedor de los entramados politiqueros y con amigos en todos los partidos (pues ha militado en todas las vertientes liberales, a excepción del Nuevo Liberalismo) la tarea de contactar a todas las colectividades para invitarlas a participar en un amplio acuerdo nacional. 

Roy llegó a decir que en solo 72 horas había tenido conversaciones con al menos 57 dirigentes políticos de todos los partidos. Ese papel lo ejercerá con mucho más detalle en el nuevo Congreso de la República, pues logró el consenso para ser presidente del Senado. La apuesta por un acuerdo nacional para pactar sobre lo fundamental había sido el sueño de Álvaro Gómez Hurtado. Esa apertura fue la semilla de lo que hoy viene creciendo: la esperanza, a la par que la disminución del temor, a pesar de voces tremendistas como la del expresidente Pastrana.

El pasado reciente ya se ve lejano. La llegada al Congreso de Rodolfo Hernández y su fórmula vicepresidencial, con una postura de contribuir a ese pacto después de conquistar más de 10.000.000 de votos, pesa más que estridentes voces aisladas. Los números se imponen. La imagen de Fajardo enseñando su voto en blanco, candidato que solo sedujo al 2.24 % de los votantes, contrastó con la de millones de nuevos electores. 

El destino, ese 19 de junio, tomó la forma de campesinos embarrados al cruzar caminos veredales, filas de indígenas en sus resguardos, canoas repletas por los ríos chocoanos, jóvenes ansiosos por estrenar su cédula, mujeres de todas las clases esperanzadas. Los “nadies y las nadies” aparecieron al final en la tarima del Movistar Arena rodeando a la elegida vicepresidenta Francia Márquez y luego al nuevo presidente Gustavo Petro. Esa multicolor y alegre fiesta se replicó en calles de pueblos y ciudades. Y esa esperanza renacida que sentía ese 50,44 % de electores comenzó a expandirse desde esa noche a partir del discurso sereno, pacifista, acogedor del nuevo presidente de los colombianos. 

Álvaro Uribe, que aceptó dialogar, colocando a Colombia por encima del rencor, es una señal. Más aún: la designación de ese otro Álvaro ‒Leyva Durán‒ como canciller muestra que la figura de la guerra, representada en uno, y la de la terca lucha por la paz, del otro, pueden al fin confluir en una sola imagen: la de una Colombia que emprende, ahora sí, el largo camino de la reconciliación y de una paz esquiva, para que el campo reverdezca y el trabajo fructifique. 

¿Será posible que la encíclica Fratelli Tutti tenga al fin asidero en la Tierra? De todos depende que así sea.

Los invito a repensar nuestro papel para que Colombia sea la ganadora final. 

Luis Arturo Vahos Vega

Septiembre, 2022

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Antes de las elecciones una victoria de Petro significaba el fin de la democracia, de la libertad y hasta de los valores familiares. A las 4:51 de la tarde del día la votación los nubarrones desaparecieron por arte de magia y el respeto por la democracia primó y con ello la peregrinación de apoyos al candidato elegido. 

¡Qué proceso tan voluble y acomodado el de la reciente elección presidencial! Parece que ella hubiere mutado de un ejercicio democrático a una práctica oportunista en donde todo se vale. Por lo tanto, para las elecciones se estimula un ambiente enrarecido artificialmente; se propicia la confusión en los temas tratados y se fomentan mecanismos de manipulación de la información. Es un proceso esencialmente manipulado.

1. Ambiente enrarecido

Desde el inicio del proceso electoral se fomenta artificialmente un contexto para que terminemos escondidos y atemorizados en una burbuja polarizante e irracional, combinada con hastío, cansancio y desesperanza y ahí sí estamos listos para depositar nuestro voto en la urna. Cómo es posible que después del paso por un trapiche quiebrahuesos de los cincuenta candidatos a la presidencia siguiéramos tratando a las cuatro personas que conforman las dos fórmulas presidenciales con insultos personales, con ultrajes racistas, con desprecio y palabrotas, y cuando estamos lo suficientemente entumecidos y aturdidos llega el momento de salir a decidir. Una de las dos fórmulas nos iba a gobernar por cuatro años y no se escatimó esfuerzo alguno para desacreditar y vilipendiar a la contraparte. Qué fácil y placentero es recurrir a señalamientos absolutistas y dramáticos para hablar de ricos desalmados; fin de la democracia, de la libertad, de los valores de familia.

Con el fin de destruir al otro todo se vale, sin reato de conciencia, sin compasión humana, sin ética y, tristemente para la gran mayoría de quienes diseñaron y aplicaron estas estrategias y tácticas demoledoras, mudar de posición es tan fácil como cambiar la corbata por otra de color diferente, con tranquilidad y sin ponderar la desconfianza y el desasosiego que pocos minutos atrás habían estado promoviendo con ahínco y con todos los adelantos tecnológicos de una mercadotecnia insensata.

Brincan inmediatamente preguntas: ¿cuánto o qué se cobra por ese salto mortal? Cuánto tiempo durará esta unión espontánea? ¿O es que en realidad sí se busca el bien del país?

La inmensa mayoría de quienes votamos nos sentimos frustrados, atemorizados, intimidados y/o manipulados por los conductores de las campañas “democráticas”.

2. Planes de gobierno confusos y simplistas

Se espera que un candidato responsable tenga un plan de gobierno integral y coherente. El plan del gobierno del candidato ganador, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, contiene 54 páginas. El volumen de información compartido en una campaña es ínfimo y se reduce a temas en boga en el país en forma esquemática y simplista; por lo regular sin un plan financiero que lo haga factible y, con toda seguridad, sujeto a distorsiones por parte de la campaña contraria.

Los temas seleccionados por el candidato se presentan como un conjunto de anzuelos con diferentes carnadas para que caigan peces de las más variadas especies. Por lo regular, la decisión de una persona para votar se basa en la aceptación emocional de un tema y no contempla el análisis ponderado de todos los planes de un candidato, ni mucho menos se toma el tiempo para comparar las ofertas programáticas de la contraparte.

La falta de información de los votantes, sobre el plan de gobierno de los candidatos es crasa, a lo cual hay que añadirle los ataques del bando contrario que embadurnan y deforman las propuestas de la competencia.

Surge entonces la pregunta: realmente, ¿hay claridad en la mente de los ciudadanos sobre el plan de gobierno que propone el candidato de su elección? Siendo generosos, podría decirse que el plan de gobierno de los candidatos lo conoce adecuadamente máximo el 1 % de la población. ¿Podríamos aseverar que quienes votan conocen los programas de gobierno, su coherencia y viabilidad financiera y administrativa?

3. Información distorsionada

Los medios para divulgar los planes de gobierno son insólitos. Uno es la plaza pública en medio del sol, el sudor, la lluvia, la gritería, la venta de helados, empanadas y el ruido de las chirimías. Se vociferan hasta la saciedad estribillos pegajosos del plan de gobierno y se distorsionan tanto en forma sutil como grotesca los del candidato rival.

Otra forma de comunicar las ideas del candidato es a través de los medios escritos y hablados tradicionales, que selectiva y tendenciosamente presentan generalidades favorables a sus financiadores y distorsionan las del adversario. Por último, llega el medio más efectivo de comunicación de los planteamientos de los candidatos como es la guerra de guerrillas, es decir, las redes sociales. Esta táctica es altamente eficaz porque la recibimos cuando subimos las escaleras, estamos en una reunión o dormimos tranquilamente; puede ser personalizada y focalizada para generar miedo y pánico individual o para convertir las creencias en dogmas inmutables y excluyentes. Votamos en medio de la confusión y el precondicionamiento emocional.

4. Reflexión final: un poco de todo

En el proceso electoral que terminó hace poco, solo votó el 58 % de la población; al candidato electo lo acompañó un exiguo 31 % de los votantes potenciales; el número de personas que aportaron financieramente a las campañas fue minúsculo; el conocimiento de los programas de gobierno por parte de los ciudadanos que se acercaron a las urnas fue irrisorio; quienes manipulan el proceso son un número reducido de individuos, y los que votamos lo hicimos en un ambiente enrarecido, manipulado, fantasioso y artificial.

¿Podemos calificar este proceso como libre y democrático? Si quisiéramos aportar al mejoramiento del sistema de elecciones, con el planteamiento de un diagnóstico más realista, ¿no sería mejor que nos bajáramos de esa nube mítica, incuestionada y base de nuestra institucionalidad, de que vivimos en una democracia libre, y aceptar que operamos en un sistema oligárquico y manipulador?

Silvio Zuluaga

Agosto, 2022

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Después de presentar dos términos novedosos –democradura y clerocracia–, el autor entró a referirse al segundo ámbito de su exposición: la Regeneración, el orden antimoderno impuesto por Núñez y su movimiento.

1. La Regeneración

En 1878, ante las tendencias centrífugas del país promovidas por el Olimpo liberal, el entonces presidente del Senado y todavía liberal radical, Rafael Núñez, había exclamado: “¡Regeneración administrativa fundamental o catástrofe!”. Llegado por segunda vez a la presidencia de la República en 1883, Núñez se transformó en el jefe de la reacción conservadora. Su exclamación sirvió de consigna política para toda una generación y de símbolo de una época que marcaría la historia colombiana del siglo XX.

Desde un punto de vista social podemos caracterizar el movimiento de la Regeneración como una reacción defensiva de la oligarquía más tradicional frente a dos amenazas: una, la progresiva desarticulación de la nación por las ideas y ambiciones de los caudillos regionales, y la otra, la creciente agitación e indisciplina de las clases subalternas frente a la dominación oligárquica. Para hacerles frente, restablecer la unidad nacional y sobre todo para asegurar la tranquila sumisión del pueblo católico, los dirigentes de la Regeneración buscaron el apoyo de la Iglesia y establecieron con ella una estrecha alianza de carácter antimoderno, hostil y belicoso ante los intentos modernizadores de entonces.

2. El orden antimoderno impuesto por la Regeneración: la clerocracia

Con el triunfo de la Regeneración se inaugura en Colombia “la Nación clerical” ‒la clerocracia‒ o, en otros términos, un orden cultural y político declaradamente adverso a las ideas libertarias de los nuevos tiempos.

La concepción griega del universo como un cosmos, un orden jerárquico inmutable, se había transferido al mundo cristiano y había permanecido vigente en la cultura europea hasta el fin de la Edad Media y el surgimiento de las naciones. A partir del siglo XV, sucesivos acontecimientos como la Reforma, la ciencia moderna, el descubrimiento de América y, finalmente, la Revolución francesa, quebraron en Europa la visión antigua de un orden estático para darle paso a una realidad percibida como Historia y orientada a la progresiva realización de la razón y la libertad. 

Entonces, simultáneamente, el nuevo continente suramericano fue convertido por la Iglesia y la Corona españolas en el refugio del antiguo orden social, amenazado y resquebrajado en el Viejo Continente. Mientras los revolucionarios franceses del siglo XVIII guillotinaban a la pareja real, emprendían la lucha contra la aristocracia y creían encontrar en la idea de la democracia el marco adecuado para el desarrollo de la libertad, en Colombia ‒como en el resto de América Latina‒ los nuevos nombres del régimen político, los ritos y valores democráticos de comienzos del XIX sirvieron para confirmar exactamente lo contrario: las caducas jerarquías impuestas por los colonos españoles y sus descendientes criollos. La Regeneración restituyó en Colombia los rasgos fundamentales del antiguo orden.

El triunfo de la Regeneración quedó consagrado en la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. En el proemio a la Constitución del 86, Dios ‒no la soberana voluntad del pueblo‒ aparece como “fundamento de las instituciones” y así permanecerá hasta la reforma constitucional de 1988. El artículo primero de la Carta magna, confirmado una vez más por el plebiscito popular de 1957, reafirmó el monopolio religioso de la Iglesia en el país. Declaró que “la religión católica, apostólica, romana es la de Colombia” y presentó la razón por la cual el Estado busca el apoyo de la Iglesia: “los poderes públicos la reconocen como un elemento esencial del orden social”. Por ello, “se obligan a fortalecerla y a hacerla respetar”. Más claro no canta un gallo, según el festivo adagio popular.

En 1887, la Constitución del 86 se vio complementada por el Concordato. Como es sabido, los concordatos fueron pactos establecidos a fines del siglo XIX por las élites laicas occidentales con la Iglesia, tanto después del triunfo de la Revolución en Europa como de la Independencia en Hispanoamérica. Expresan la existencia de unas élites modernizadoras aún débiles que, para consolidar la nueva organización de la sociedad, requieren el respaldo o al menos la neutralidad de una Iglesia todavía poderosa y, a cambio de su apoyo, le conceden privilegios poco acordes con la nueva noción de un derecho universal. En cuanto tales, significan un acuerdo transitorio de una modernidad democrática apenas incipiente con el antiguo régimen absolutista. 

Con la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887, los términos de la alianza entre Estado e Iglesia quedan bien definidos en Colombia: el Estado se obliga a defender y fortalecer el monopolio religioso y cultural de la Iglesia en la nación, a cambio de que aquella contribuya al mantenimiento del orden social y el reconocimiento de la autoridad civil. Ese tratado concordatario de paz constituyó, simultáneamente, el punto final de la confrontación radical entre las élites políticas liberales y la Iglesia, y el sólido arranque de una alianza entre ambos poderes que marcaría decisivamente, para bien o para mal, la cultura política colombiana. 

Constitución y Concordato sellaron el triunfo político de la Regeneración. Quince años más tarde se vería ratificado por la victoria militar obtenida en 1902 por el régimen conservador sobre los liberales, tras la cruel y prolongada Guerra de los Mil días. La doble victoria, política y militar, le abrió paso a una prolongada hegemonía conservadora. Habiendo comenzado en 1887, el poder religioso-político de los conservadores se extendería formalmente hasta 1930, pero en la realidad, como lo sugiero enseguida, llegaría mucho más allá, por lo menos hasta el comienzo del Frente Nacional en 1958. 

Ejercido durante más de cuatro décadas y sustentado en la hegemonía cultural de la Iglesia, ese poder creó en Colombia un orden social y político antimoderno basado en una nación clerical. Aun los gobiernos liberales, ya moderados por su negativa experiencia política y militar, mitigaron sus ímpetus casi hasta traicionar sus principios, con una relativa excepción: los intentos de la Revolución en Marcha, de Alfonso López Pumarejo.

3. El monopolio cultural de la Iglesia católica

Desde la última década del siglo XIX hasta mediados del XX, la Iglesia alcanzó y ejerció un amplio y profundo dominio en la cultura colombiana. El artículo 12 del Concordato de 1887 prescribía la enseñanza obligatoria de la religión católica en escuelas, colegios y universidades que, por lo demás, estaban casi todos en manos de la Iglesia. Solo en 1922, los liberales pudieron crear su primera universidad, la Universidad Libre. Todos los textos escolares destinados a la formación de una cultura y una identidad nacionales a través de la enseñanza de la historia, la filosofía y, desde luego, la religión, de uso obligatorio, eran de hecho redactados por religiosos. Por disposición constitucional los colombianos se formaron, pues, durante cerca de medio siglo, en una visión católica e integrista del mundo. 

Pero la influencia cultural de la Iglesia no se limitaba a la educación formal. Tan importante o más era quizás su control en el ámbito privado de la familia. Hasta 1975, no existía en Colombia el matrimonio civil y ningún otro tipo de unión ‒que no fuera la católica‒, era reconocida por el Estado. Quienes se vinculaban por fuera del rito católico se veían sometidos a una enorme presión y discriminación social, sobre todo en las clases medias y altas. Se los señalaba como “amancebados”, y sus hijos, denominados “naturales”, veían recortados sus derechos ciudadanos. Hasta mediados del siglo XX, no eran aceptados en los colegios de religiosos que, como ya decía, eran casi los únicos existentes. 

La mujer, sometida al varón y enclaustrada en el ámbito doméstico, se refugiaba en la religión, mientras el clero ejercía por medio suyo una profunda tutela sobre los varones y la vida íntima del hogar. Se puede decir que, desde el púlpito, la cátedra y el confesonario, la Iglesia controlaba la vida de toda la sociedad hasta sus refugios más íntimos, con la parcial excepción de la costa Caribe y La Guajira. 

A partir de 1930, después de una dominación conservadora de algo más de cuarenta años, accedieron al poder cuatro presidentes liberales (Olaya Herrera, López Pumarejo I, Eduardo Santos y López Pumarejo II) que, ya moderados por las negativas experiencias del pasado, modificaron hasta cierto punto el rumbo del país. La llamada República Liberal trajo “un rápido cambio social y una controversia política que durarían hasta 1946, cuando los conservadores volvieron a asumir el poder” (David Bushnell, en Daniel Samper Pizano, “Lo que nos espera”, Los Danieles, julio 3 de 2022).

El monopolio eclesiástico le produjo óptimos réditos tanto a las élites laicas como a la misma Iglesia. El respaldo del clero a las instituciones políticas y el cultivo de un respeto incondicional a su autoridad en el sentimiento religioso popular les confirió a las instituciones su peculiar estabilidad, notoria en el contexto latinoamericano. De igual manera, el apoyo prestado por el Estado a la Iglesia y la concesión del control cultural sobre la sociedad, le permitió a la institución religiosa lograr una implantación sociológica y un arraigo cultural acaso sin parangón en América Latina.

La hegemonía clerical trajo consigo muy diversos resultados. Me limito a una triple observación, importante para el propósito de este ensayo. Ante todo, la Iglesia ‒junto con los partidos políticos‒, forjó la identidad nacional de los colombianos, y aun quienes se creen más ajenos a la Iglesia revelan con frecuencia, en sus actitudes y comportamientos, una idiosincrasia católica, es decir, dogmática, moralista y autoritaria. 

En segundo término, gracias al sólido arraigo de la cultura política en los sentimientos religiosos de la nación, el Estado colombiano contó durante largo tiempo con un amplio respaldo que, así estuviera basado en un respeto integrista a la autoridad, tuvo el mérito de mitigar durante largo tiempo la necesidad de coerción armada. Por ello, al menos durante la primera mitad del siglo XX, el Estado colombiano no se vio obligado a desarrollar un aparato militar tan poderoso como el de otras naciones latinoamericanas. Otra cosa es lo que ha venido aconteciendo desde entonces y, en especial, desde los inicios del siglo XXI hasta hoy. 

Esperemos que el nuevo gobierno vaya disminuyendo el recurso a las armas en la medida en que se aclimatan la paz y la convivencia interna e internacional. Digamos, finalmente, que el monopolio educativo de la Iglesia creó una cultura casi monolítica y excluyente de toda diferencia. En efecto, si se tiene en cuenta que la familia, la escuela y la parroquia eran las tres instancias casi exclusivas de socialización de la época, el control sobre ellas le concedía a la Iglesia una hegemonía cultural casi completa, le garantizaba su propia reproducción y penetración social, y excluía de la cultura casi toda competencia y pluralismo religioso e ideológico. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

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El texto anterior inició la presentación de los dos modelos políticos ideales que las élites latinoamericanas tenían a su disposición para adelantar la construcción de un nuevo Estado y la unificación de la Nación, una vez consumada de la Independencia.

4. La democradura

Mediante el primer modelo de organización nacional, la democradura, las élites hispanoamericanas intentaron construir verticalmente la nación, imponiendo desde el Estado semicolonial la autoridad coercitiva de las armas. De tendencias obviamente anticolonialistas, libertarias y modernizantes, los jefes liberales político-militares de la Independencia y sus sucesores entraron muy pronto en conflicto con la Iglesia católica. Con ello, se ganaron la oposición de la poderosa institución eclesiástica y de los jefes conservadores, nostálgicos del antiguo orden en el que gozaban de abundantes privilegios, a la vez que se enajenaron el sentimiento religioso de las clases subalternas, hondamente influidas por la Iglesia. 

Las élites liberales optaron entonces por enfrentar la resistencia del clero y el faltante de legitimación popular con la fuerza de las armas. Se dio así comienzo al círculo vicioso entre carencia de legitimación popular y abuso de la fuerza estatal, cuya dinámica ha tendido a realimentarse sin cesar en el continente: los abusos de la fuerza desgastan la legitimidad de las instituciones e insubordinan los ánimos, y estos suelen suscitar, en reacción, un aumento de violencia estatal o privada. El resultado final son instituciones coercitivas, mal llamadas “fuertes”, pero en realidad inestables. Por este camino, los abanderados de las ideas liberales del siglo XIX terminaron convertidos en caudillos autoritarios de naciones rebeldes cuyo sentimiento religioso se habían enajenado. En Colombia, este se fue el caso del gran caudillo de Popayán y luego por dos veces presidente de Colombia, Tomás Cipriano de Mosquera. Inicialmente conservador, “Mascachochas” se sintió abandonado por su partido, el conservador, y se hizo liberal radical.

En un primer momento, como resultado inmediato de la Independencia, la democradura tendió a imponerse en todo el continente. Y donde este esquema logró prevalecer a lo largo del siglo XIX, trajo consigo el debilitamiento de la Iglesia y el fortalecimiento de las élites laicas frente a ella, a cambio de un excesivo peso de las armas y la coerción en la vida nacional. Este desequilibrio se traduciría, en el siglo XX, en una desmedida influencia de los ejércitos en el Estado y, en muchos casos, en una prolongada sucesión de golpes y dictaduras militares. 

5. La clerocracia

El modelo alternativo, la clerocracia, no se fundaba en el poder vertical de las armas sino en la articulación horizontal de la nación como fundamento del Estado, sobre la base de una clara hegemonía cultural religioso-política. En algunos países, como en Colombia, constituyó un segundo momento pendular de reacción frente al radicalismo liberal. Ante la agitación social y la inestabilidad institucional generada por el Olimpo radical en la segunda mitad del siglo XIX, algunas élites liberales buscaron a fines del siglo la reconciliación con la Iglesia e incluso recabaron su apoyo para obtener, a través de ella, el apoyo popular. Esta vía, por ser más consensual, fue también más sólida y capaz de garantizar la estabilidad de las instituciones estatales, fundándolas en la unidad cultural de la nación. Hizo, además, menos necesario el recurso a las armas e inhibió el crecimiento y la influencia excesiva de los ejércitos en el Estado de aquella época. Hipotecó, sin embargo, la autonomía de las élites civiles en manos de la jerarquía eclesiástica, politizó al clero y consolidó en la cultura nacional el beligerante espíritu integrista de la Iglesia de entonces. El caso de Colombia fue paradigmático.

Desde luego, hablo aquí de modelos ideales. En todas las naciones latinoamericanas se combinaron en distinto grado ambas formas de poder político, democraduras y clerocracias, tanto entre sí como con las instituciones nominalmente democráticas y en todas ellas se produjeron oscilaciones del predominio de un modelo al de su contrario, pero en casi todas las repúblicas uno de los dos esquemas llegó a adquirir, desde fines del siglo XIX y hasta mediados del XX, una influencia predominante en la formación de la Nación y del Estado. En Colombia se impondría durante un siglo la clerocracia.

II. La Regeneración y su lógica (1886-1953)

Por haber nacido en el seno de la cultura monolítica de la cristiandad medieval, buena parte de las corrientes emancipadoras del siglo XIX asumieron su misma forma dogmática e intransigente. Hasta la misma libertad fue asumida como dogma y, paradójicamente, se la quiso imponer de manera autoritaria. Por ello, el choque entre las nuevas tendencias liberales y la Iglesia a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX fue particularmente enconado. En Colombia, el enfrentamiento se produjo antes y quizá con mayor virulencia que en los demás países de América Latina, aunque también se revirtió muy pronto. El levantamiento de los criollos contra los hidalgos españoles se había iniciado, como ya lo dije, con la drástica oposición del Papa, la jerarquía y el alto clero a los dirigentes de la Independencia. A partir de 1845, se produjo la violenta reacción liberal contra la Iglesia.

En efecto, tras la muerte de Bolívar en 1830, el antiguo Virreinato de la Nueva Granada (1857-1861) se había convertido en República federal, en consonancia con la reivindicación de libertad, no solo individual sino también de las regiones. No obstante, los dos presidentes neogranadinos, ambos conservadores, pretendieron desconocer el federalismo y se acogieron a la legislación centralista y autoritaria de la Constitución de 1858. 

Ante la situación, Tomás Cipriano de Mosquera, gobernador del Cauca, y Juan José Nieto se alzaron contra el gobierno y se tomaron el poder, retornando al federalismo. En este espíritu se redactó la Constitución de Rionegro (1863), que cambió el nombre de la Nueva Granada por el de Estados Unidos de Colombia (1863-1886) y dio paso a trece sucesivos gobernantes liberales radicales, inspirados en la Constitución de Rionegro. Además de Mosquera, entre ellos se cuentan personajes como Manuel Murillo Toro (1864-1866, 1872-1874) y Aquileo Parra (1876-1878).

Los gobiernos liberales reaccionaron con fuerza contra la Iglesia. El arzobispo de Bogotá y los jesuitas fueron expulsados del país en 1849; en 1853, el Estado se separó de la Iglesia y proclamó la libertad religiosa; en 1861, un obispo fue encarcelado y el clero fue obligado a prestar juramento de fidelidad al régimen. Por segunda vez se expulsó a los jesuitas y se suprimieron todas las órdenes religiosas; en 1863, la Constitución de Rionegro suprimió el nombre de Dios de su proemio, confirmó la separación de Iglesia y Estado, estableció el matrimonio civil obligatorio, introdujo el divorcio vincular y la “tuición” o vigilancia y control del Estado sobre la Iglesia. 

Con la reafirmación del federalismo y con este primer intento de secularización de las instituciones estatales ‒que no correspondía a una evolución cultural de la sociedad, sino a las inclinaciones políticas de los caudillos regionales‒ se debilitaron, simultáneamente, los dos centros de poder y las dos instancias de identificación simbólica de los colombianos en el seno de la nación: el Estado central y la Iglesia católica. Las dos rupturas, sumadas, caldearon los ánimos, cargaron de contenido religioso las pasiones políticas, dieron identidad y diferencia a los dos partidos, liberal y conservador, los cuales, desde mediados del siglo XIX, promovieron numerosas confrontaciones armadas. Finalmente, como sucede con frecuencia, el radicalismo extremo terminó por arruinar la nación y suscitar una poderosa reacción contraria, igualmente radical: el movimiento conservador y centralista de la Regeneración. 

Luis Alberto Restrepo M.

Agosto, 2022

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Estamos apenas entendiendo racional y emocionalmente que, en efecto, hemos vivido una página de nuestra historia. Es claro que la profundidad e importancia de los hechos dependerán de la capacidad e inteligencia como continuemos escribiendo las siguientes páginas.

Algunos amigos desean saber si en mi opinión aprendimos algo en estos tensionantes momentos que calificamos como definitivos para el futuro de nuestra nación.

Lo primero es ratificar que cada uno aprende, reacciona y califica según como siente y juzga el impacto sobre sí mismo, sobre su entorno y sobre los suyos. Me atrevo a clasificar la población en cuatro grupos, cuya respuesta estará inclinada por su reacción.

El muerto

Este grupo reacciona con intenso dolor. Considera que todo está perdido; transmite duelo, sensación derrotista. Ha sucedido una tragedia.

El luchador

Solo se ha perdido una batalla, pero no la guerra. Su llamado es a la reconstrucción. Minusvalora el triunfo del contrario. Justifica lo acontecido como resultado de manejos antiéticos y deshonestos del contrario. Llama a dimensionar los daños y a preparar el contrataque.

La diáspora 

Los líderes se dispersan sin ningún objetivo definido. Tratan de no aparecer como los líderes naturales que eran antes de la derrota. Los militantes se dispersan y solo algún tiempo después buscan refugio en los grupos de recuerdos que se van formando y se reagrupan. Tratan de mantenerse vigentes, incorporándose a grupos de vencedores. Piensan que ya habrá otra oportunidad.

¿Quién tuvo la culpa?

Este grupo busca la razón de la derrota. Planteará órganos de ejecución y propondrá hipótesis. Hará cambios, hará convenios y firmará acuerdos 

También interesan las reacciones de quienes triunfaron, según sus formas de responder a la situación. Dado el reciente triunfo es lógico que los más optimistas hablarán de triunfadores, héroes, de la generación dorada e irán formando leyendas de lo que pasó esa semana.

Con los años, las leyendas se irán fortaleciendo y se harán análisis utilizando la información que se produzca de lado y lado. Los historiadores y escritores efectuarán los análisis, buscando respuesta a la pregunta “¿quién tuvo la culpa?”. Claro que todo dependerá de las batallas que libren los intelectuales en los años subsiguientes, porque en estos temas y situaciones los muertos resucitan y los guerreros no siempre ganan o pierden. A veces, la victoria se distribuye. La victoria tiene un precio sobre las emociones, como alegría, felicidad, angustia y depresión.

El dulce sabor de la victoria efectivamente paga un precio en su contraparte: el amargo sabor de la derrota. Los combatientes están acostumbrados en otros campos a ese tipo de sensaciones, en terrenos como el amor, el deporte, el éxito profesional y laboral, pero es intensa la sensación de sus reacciones en el tema político. Por lo tanto, el amargo sabor de la derrota es más agudo, se extiende a lo largo de todas las reacciones, tanto en los que luchan y triunfan como en los que igualmente luchan, pero son derrotados. El sabor amargo ¡sí que duele!

Saber reaccionar en los momentos más críticos de la incertidumbre, mostrando generosidad y magnanimidad con los contrarios vencidos es una de las actitudes más difíciles en el momento de la victoria, como también mantener la dignidad y el respeto es parte de la grandeza del vencido.

Una de las experiencias que ansiábamos que apareciera en estas horas definitivas para el futuro del país todavía estamos esperándola. Me refiero al cambio ofrecido desde hace muchos años, pero seguimos con la forma tradicional de la política colombiana, de que no importa quién gane o pierda. En Colombia, tradicionalmente, todos ganan y muy pocos pierden. Me refiero a que tenemos la práctica de que, aunque se pierda, podemos gritar: ¡victoria!

Unos pocos ejemplos: el SÍ y el NO han logrado sus objetivos; los candidatos en gobernaciones y alcaldías, aunque tengan menos votos, muchos consideran que su participación ha sido un triunfo. Petro ha venido ganando a pesar de que lograba menos votos que sus contrincantes; lo que suaviza a sus contrincantes derrotados es que están siendo invitados a un “pacto nacional”, es decir, nadie quiere ser oposición y todos sienten que ganaron.

Carlos Torres H.

Agosto, 2022

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Las angustias de la coyuntura oscurecen las visiones de mediano y largo plazo. Los asuntos más relevantes para la modernización de la economía colombiana son el ordenamiento territorial, la transformación de la matriz energética, la seguridad alimentaria, la convergencia social-regional y estabilidad fiscal.

El ordenamiento del territorio se ha convertido en un problema central de la sociedad colombiana. La expresión más notoria del conflicto por la tierra es el asesinato continuo de líderes sociales, así que el ordenamiento del territorio está íntimamente ligado a la búsqueda de la paz y a la puesta en práctica de los acuerdos de La Habana.

El examen de la ubicación de las personas en el territorio es el punto esencial de la geografía económica. Este ejercicio debe contemplar la integración de los planes de ordenamiento territorial. Cada municipio hace su plan, pero no se ha logrado que haya articulación entre las distintas visiones. Municipios vecinos pueden tener prioridades de ordenamiento territorial completamente diferentes y contradictorias. Y la actualización del diagnóstico pasa por la consolidación del catastro multipropósito. Una de las mayores dificultades para lograr la armonización territorial es la falta de jerarquía institucional. En el país existen numerosas instituciones que tienen relación con el tema, pero no se tiene suficiente claridad sobre el liderazgo institucional.

Una parte importante del territorio nacional está en manos de grupos armados ilegales. La combinación de prácticas ilegales relacionadas con la deforestación, la minería y el narcotráfico han ido creando espacios que dificultan el control territorial por parte del Estado. La estrategia prohibicionista ha fracasado y tienen que buscarse otras alternativas.

La transformación de la matriz energética toma tiempo, pero como se dijo en Glasgow, las decisiones estratégicas tienen que tomarse desde ahora. Es necesario transformar la matriz energética por razones ambientales y porque el desarrollo económico de los próximos años requiere un crecimiento con bajo consumo de carbono. El país tiene que reducir su dependencia del petróleo y de los minerales. La economía verde debe estar acompañada de un mejoramiento de la productividad. Al abandonar la lógica extractivista se irá consolidando un proceso industrial limpio.

La seguridad alimentaria es una condición básica para la buena vida. De acuerdo con la FAO y otras entidades, la seguridad alimentaria podría aumentar en Colombia porque el país sufre “conflictos y condiciones climáticas extremas”. Su vulnerabilidad se ha intensificado, entre otras razones, porque las importaciones de alimentos básicos ya están llegando a 15 millones de toneladas/año. La agroindustria juega un papel central en este proceso.

Aceptando las diferencias regionales que existen en el país, debe buscarse que haya convergencia en los indicadores sociales básicos.

El desbalance fiscal es significativo. Al terminar 2023, sin reforma, el déficit sería de $76 billones. Esta cifra es gigantesca. Basta compararla con el presupuesto que en 2023 tendría todo el sector agropecuario, que apenas llega a $1,3 billones. Los $25 billones que se obtendrían en el primer año de la reforma tributaria todavía son insuficientes, así que en el largo plazo la estructura fiscal tiene que fortalecerse.

Jorge Iván González

Agosto, 2022

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La confianza en las instituciones y en la Constitución parece un tema poco novedoso, pero cuando se estudia lo que sucede en sociedades estables y avanzadas se encuentra que lo son porque sus ciudadanos cumplen las leyes y el orden constitucional que se han dado por siglos, como en Francia o Estados Unidos.

El optimismo que necesitamos los colombianos no debe ser ingenuo, pero tampoco subestimarse. Frente a la frustración y la tristeza que embarga a gran parte de la población como restos de la pandemia, o por los años transcurridos sin que se materialicen las esperanzas de que el país mejore, un grupo representativo de colombianos piensa que hay razones para construir un mejor país y lograr que suceda. 

El periódico El Colombiano publicó en el mes de marzo pasado los resultados de unas conversaciones llamadas Tenemos que hablar, Colombia, que se tuvieron durante cuatro meses y medio entre 5159 personas de muy diversas edades, propiciadas por seis universidades del país. 

La iniciativa contiene una valiosa información que deberían tener en cuenta los candidatos presidenciales, pero sobre todo los ciudadanos que somos los llamados a no contentarnos con esperar todo de las promesas políticas, sino a tomar en serio nuestra responsabilidad y confianza en la construcción de un mejor país. No lo digo yo, son los participantes los que concluyen que esta generación debe responsabilizarse del cambio social. No es una tarea para dejarla a los políticos, sino para comprometer a los ciudadanos.

Los mandatos de cambio propuestos por los participantes en las conversaciones parecen quizás una obviedad, una repetición de lo que se ha venido diciendo en el país por mucho tiempo: hacer un pacto por la educación, cambiar la política, transformar la sociedad a través de la cultura, cuidar la biodiversidad y la diversidad cultural, construir confianza en lo público, proteger la paz y la Constitución. Pero es que lo obvio y lo repetido incesantemente como quehacer social no deja de ser crucial e importante ayer ni ahora ‒ni nunca‒, porque el deber-ser de las sociedades, la ética pública e individual, son inherentes a los seres humanos desde cuando se apartaron de la barbarie, es decir, desde siempre, e hicieron un pacto colectivo contra el Leviatán para convivir en paz y conforme a la ley.

Me baso precisamente en lo que ellos dicen y esperan, que es reflejo del país: llama la atención, por ejemplo, que la necesidad de un cambio, un término unilateralmente gastado por posiciones políticas extremas de América Latina, se emplea en el sentido de cambiar la política, la sociedad y la cultura, pero por medio de las instituciones existentes, como el Congreso ‒quién lo creyera‒, aunque anotan que no confían en quienes lo integran. 

Igualmente expresan que confían en la Constitución política colombiana; solo piden que se aplique y se cumpla. La confianza en las instituciones y en la Constitución parece un tema poco novedoso, pero cuando se estudia lo que sucede en sociedades estables y avanzadas se encuentra que lo son porque sus ciudadanos cumplen las leyes y el orden constitucional que se han dado por siglos, como en Francia o Estados Unidos. En otros países más inestables e indisciplinados se promueven cada rato asambleas constituyentes. 

Reconforta que en las conversaciones aludidas predomine la voluntad optimista de cambio con moderación.

Jesús Ferro Bayona

Mayo, 2022

Publicado en El Heraldo (Barranquilla)

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Esta segunda parte termina la revisión de los mapas en los cuales se organizaron las ideas. Además, presenta el método con el cual se fabricó esta recopilación de aportes y que puede ser útil para manejar más de un proceso. Si un lector toma una idea y la lleva a su vida, valió la pena el esfuerzo.

Mapa de respuestas (continuación)

Educativas y culturales

Tenemos que cultivar valores y trabajar para mejorar la vida en el campo y la ciudad. 

Podemos adoptar y financiar estudiantes. Propiciemos un plan de educación a largo plazo con participación de las universidades, los maestros y la sociedad en general, para educar, formar, instruir o entrenar a todas las personas en todas las situaciones. 

Dediquémonos a escuchar y entender y a discernir ideas y experiencias.

Tengamos en cuenta las recomendaciones de los expertos en diversos temas. 

Aumentemos las oportunidades de estudio, el acceso y la calidad en educación, cuidándola tanto como la información y la formación cultural. 

Rescatemos lo avanzado en cultura ciudadana.

Promovamos la reflexión en el país, con un gran movimiento ético y humanista, agregando valor en conversaciones y rescatando la actitud inteligente, psicosocial y estratégica. 

Colaboremos en causas educativas y con ayudas humanitarias. 

Fomentemos esta reflexión que hacemos entre nosotros y participemos en su difusión. 

Fortalezcamos las comunidades. 

Económicas

Debemos generar empleo y mayor productividad con los programas masivos de empleo en las empresas, al igual que en el Estado. 

Reconocemos el papel prioritario de las empresas en el desarrollo del país. 

Sugerimos aumentar las ofertas de trabajo en infraestructura.  

Como empresarios, podemos redistribuir utilidades, vincular un joven más en cada empresa, tener trabajos bien remunerados, pagarles y tratarlos justamente y hacer que mejoren su calidad de vida. 

Recuperemos nuestros ríos, descontaminándolos y volviéndolos navegables. 

Rescatemos el valor y el papel de las asociaciones y los gremios para la productividad y las soluciones de los problemas. 

Propongámonos sustituir importaciones que ahora hace el país. 

Establezcamos subsidios y renta básica universal y a la vez emprendamos servicios productivos. 

Trabajemos para lograr suficiencia alimentaria, retribuyendo justamente el aporte del campesino y fomentando las ollas comunitarias en poblaciones con dificultades. 

Propongámonos y promovamos esquemas de economía solidaria, como las cooperativas y contribuyamos al desarrollo del capitalismo social, teniendo en cuenta las leyes del mercado.

Qué quien los tenga, traiga sus dineros del exterior y ahorre en el país. 

Las parejas sin herederos pueden crear un fideicomiso, cediendo el patrimonio a causas sociales al morir. 

De convivencia en paz

Pensamos que somos uno y que juntos saldremos adelante, con el aporte de las Iglesias y orando unos por todos. 

Escuchemos a los líderes y tengamos reflexiones que nos inspiren paz. 

Dialoguemos con hijos, fomentándoles la esperanza y la confianza. 

Colaboremos con los compromisos del acuerdo y con el proceso de paz, siendo generadores y propulsores de esperanza, orientando en forma positiva los procesos que estén a nuestro alcance y fomentando la inteligencia, la magnanimidad, el patriotismo y la generosidad. 

Revisemos y propongamos alternativas a la guerra contra las drogas.

El método cultural

Terminada la lectura propuesta desde el método cultural, soy consciente de que otros esfuerzos pueden acercarnos a la misma situación y al encuentro de otras soluciones. Creo que una selección de los requerimientos más importantes y las propuestas de respuesta a los mismos pueden abrir el camino de contribución a un mayor bienestar en el país y en el mundo. 

Ahora, me parece importante presentar una introducción al método cultural.

Ejemplo 1. Un bebé recién nacido, por desgracia, no trae consigo el manual para su manejo. Sus padres lo oyen llorar y se preguntan qué le pasa. Por ensayo y error van encontrando la manera de calmarlo. Este bebé plenamente dependiente de los mayores tiene unas necesidades básicas que manifiesta con su llanto; los padres le dan unas respuestas con sus cuidados. Comienza entonces la primera relación cultural: requerimientos de hijo dependiente y respuestas de sus padres. El bienestar familiar consistirá siempre en tener respuestas adecuadas a cada uno de los requerimientos de los miembros de la familia. 

Ejemplo 2. Ese bebé crece, se convierte en un niño y cuando llega a ser adolescente genera nuevas situaciones por su inconformidad. Para sus requerimientos del momento ya no sirven las respuestas que los padres le daban durante la infancia. Quiere ser independiente y esto, para sus padres, es difícil de aceptar. Comienza una etapa de negociaciones culturales para “irle soltando pita a la cometa”. Tarde o temprano vuelve el bienestar con nuevas respuestas a nuevos requerimientos. 

Ejemplo 3. Cuando ese adolescente se hace adulto y llega a trabajar en el mundo de las empresas, descubre la interdependencia de unos con otros, para lograr los objetivos comunes, lo que crea una cultura organizacional. Allí hay dos tipos de requerimientos: por una parte, aquellos que tienen que ver con el desempeño para lograr los objetivos de la empresa y, por otra, aquellos que tienen que ver con la realización de las personas que trabajan allí. El clima laboral está marcado por el grado de satisfacción de dichos requerimientos. Un malestar será solucionado cuando se encuentren el requerimiento en conflicto y la respuesta adecuada en ese momento. 

Pues bien, en estos tres ejemplos puede reconocerse un método para intervenir en el mundo cultural de las conversaciones. Uno de los requerimientos más profundos del ser humano es querer entender y ser entendido. La respuesta a ese requerimiento, fabricada en la historia, tiene que ver con el lenguaje. En él podemos traducir los deseos y necesidades de nuestra vida y también con él podemos expresar las respuestas que vamos dando a esos requerimientos. 

La convivencia humana está marcada por la búsqueda colectiva de respuestas a los requerimientos de todas y cada una de las personas del grupo que convive. Cuando todo en esa convivencia está bien, no se nos ocurre pensar sobre la misma; solo cuando aparecen malestares de unas personas nos interesamos en buscar la manera de solucionar los posibles conflictos. 

El método que propuse en mi tesis doctoral en la Universidad Gregoriana de Roma (Culturas y métodos, Un ensayo de hermenéutica filosófica para la comprensión de las culturas, en 1984) y que tuve la oportunidad de practicar reiteradas veces durante el trabajo como profesional en Ecopetrol consiste en lo siguiente:

• Contarles, a los participantes en el proceso, relatos parecidos a los tres ejemplos  mencionados, para facilitar la comprensión del método de requerimientos y respuestas.

• Darles tiempo para pensar personalmente y en silencio y escribir los requerimientos que cada uno tiene en la situación en la que se encuentra. Deben enunciarlos positivamente, a manera de deseos y necesidades, evitando críticas, deficiencias o expresiones negativas.

• En grupos pequeños, comentar los escritos individuales para concluir en los requerimientos que el grupo considera que son los más significativos. En grupos grandes, en cambio, se trabaja inicialmente en pequeñas células que comparten sus requerimientos y concluyen redactando los más típicos para presentarlos en la plenaria y allí escoger los más significativos para todos. 

• Quien esté haciendo la facilitación del proceso toma nota, poniendo en un mapa los requerimientos, centrados alrededor de unos pocos nodos que sean los más representativos. 

• Se presenta el mapa resultante a los participantes, quienes pueden mejorarlo y completarlo.

• Una vez logrado el acuerdo acerca de los requerimientos más significativos para ese grupo, se procede a una segunda reflexión personal escrita acerca de las respuestas que se dan actualmente a esos requerimientos y las que podrían darse y que deban implementarse. 

• Se procede luego, por células y en plenaria, a acordar las respuestas más significativas. 

• Se hace el mapa correspondiente de respuestas, se valida y se compara con el mapa de requerimientos. 

• Se sacan conclusiones; por ejemplo, requerimientos desatendidos o respuestas que ya no son adecuadas. También pueden surgir compromisos para mejorar la situación inicial. 

• Finalmente, un seguimiento oportuno revisa que las soluciones sean adecuadas y oportunas y toma los correctivos necesarios. 

Juan Gregorio Vélez

Noviembre, 2021

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La voz angustiada de un padre que en las afueras de Cali contaba cómo desde su dormitorio oyó de repente llorar de pánico a su pequeño hijo que jugaba en el jardín, mientras derribaban el portón de su casa unos indígenas de la minga que irrumpieron en el conjunto residencial donde vive, estremeció vivencias desagradables de un pasado que tengo sepultado en mi memoria.

Quienes nacimos en los años cuarenta del siglo pasado decimos que somos hijos de la violencia sin buscarlo. Empezamos a crecer bajo el impacto emocional del asesinato de Gaitán, el 9 de abril, que no entendíamos, y el desmadre de la gente enardecida con palos y machetes que recorría el territorio nacional, mientras los locutores de radio transmitían noticias con tal dramatismo que sentimos que estábamos en un caos social sin salida. En aquellos años todo era confuso: el estado de sitio decretado por Ospina Pérez, el golpe de Estado de Rojas Pinilla, el asesinato en una cantina de Bogotá del exguerrillero Guadalupe Salcedo, los discursos políticos ‒voces agudas que parecían salir de los sepulcros‒, y no es metáfora, porque Colombia estaba viviendo sucesos en los que se blandía el espectro de la muerte.  Vivimos el escalofrío de la dictadura, las muertes en el campo y las ciudades, los jóvenes asesinados el 9 de junio de 1953, la caída del dictador.

Vivimos la fundación de Marquetalia por parte de la guerrilla, el paro violento contra López Michelsen, el estatuto de seguridad de Turbay Ayala, la salida intempestiva de García Márquez hacia México, que los colombianos percibimos como si nos dejara a merced de fuerzas oscuras que aterraban. Sin lograr reponernos aún del miedo generalizado, se produjo la toma del Palacio de Justicia, el penoso llamado de Reyes Echandía, con el telón de fondo de una balacera y el ruido temible de tanques que veíamos en directo en la televisión subiendo a la brava por las escalinatas de aquel magno edificio en llamas. Y después siguieron las bombas de Pablo Escobar, la impresión horrorosa de que el narcotráfico gobernaba al país, los asesinatos de líderes políticos en los aeropuertos, el secuestro de Álvaro Gómez, la explosión del avión de Avianca, los disparos mortales contra Carlos Pizarro dentro de otro avión que apenas alzaba el vuelo, y, sin descansar, el proceso 8000, los secuestros interminables, los diálogos de paz en medio del conflicto, el desplazamiento de pueblos por los paramilitares, el terrorismo de las células urbanas de grupos guerrilleros de diversos nombres, los acuerdos de La Habana acompasados por el “Quizás, quizás…” que sonaba burlón ante un país en vilo.  

¿Qué nos toca ahora? Manifestaciones indefinidas, vandalismo contra los bienes públicos y privados, odios en las redes sociales, diálogos que se alargan sin llegar a nada concreto hasta el momento. Los colombianos, que somos mayoría pacífica ‒entre los cuales nos contamos los hijos de la violencia‒, no podemos continuar con esa cadena de rencores que han hecho tanto daño a la convivencia. ¿Para cuándo la paz tan frágil y esquiva? 

Jesús Ferro Bayona

Publicado en El Heraldo (Barranquilla)

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