Bajo el impacto de poderosos narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y bandas criminales, la tradicional estructura de poder político y social en el país está sufriendo una revolución silenciosa. El poder viene siendo desde hace buen tiempo controlado cada día más por la mafia.
La nueva estructura de poder en gestación
El embate del narcotráfico al ejecutivo central se inició por la financiación de varias campañas presidenciales (no solo la de Ernesto Samper), tarea que, en los años noventa, sufrió un duro golpe gracias al proceso 8000. Sin embargo, poco a poco, narcotráfico, paramilitares y bandas criminales han ido recuperando su influencia a partir del poder ejecutivo local de muchos alcaldes y algunos gobernadores.
El Congreso fue la primera instancia del Estado en la que, desde fines del siglo pasado, logró instalarse el poder criminal. Hasta julio de 2008, se sindicaba a 68 congresistas ‒la gran mayoría pertenecientes a la coalición de gobierno de Álvaro Uribe‒ por sus vínculos con el paramilitarismo, incluidos tres expresidentes del Congreso. Inicialmente, las investigaciones implicaron a políticos de la Costa Atlántica, más tarde involucraron también a congresistas de Antioquia, Tolima y Norte de Santander, y terminaron extendiéndose por buena parte de los 32 departamentos del país. A fines de 2013, se encontraban ya condenados por la justicia seis senadores y nueve Representantes a la Cámara pertenecientes a Cambio Radical; del Partido Liberal y el Conservador, tres senadores y cinco representantes respectivamente.
Como se recordará, a mediados del 2004, el Congreso invitó a intervenir en el “templo de la democracia” a tres jefes paramilitares: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza. Los tres fueron ovacionados por casi todos los cerca de 60 congresistas presentes y, luego, el presidente Uribe justificó su participación como una “pruebita de democracia”. Según declaración de Salvatore Mancuso en 2005, el 35 % del Congreso era favorable y cercano a los paramilitares.
Finalmente, en 2014 y 2015, se hizo evidente la penetración de las redes criminales en las altas cortes y en la justicia. Así lo demuestra, entre otros, el caso del entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge I. Pretelt Chaljub, quien fue acusado por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
En relación con los ‘partidos’ políticos hay que decir que, exceptuando quizás a los partidos de izquierda, estos se convirtieron en tiendas de avales para todo tipo de los más diversos empresarios electorales, fuesen legales, ilegales o criminales. Esto es así porque, como lo expresó cínicamente el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, entonces en prisión por vínculos con paramilitares y narcotráfico, “la política es más rentable que el mismo tráfico de drogas”.
Las elecciones regionales y locales se convirtieron en la demostración desvergonzada del nuevo país. Casi ningún partido había vacilado hasta ahora en repartir avales entre personas sospechosas o sindicadas de distintos delitos, ateniéndose al eslogan que mientras no hayan sido condenadas, “hay que respetar el principio de inocencia”. No había principios éticos, ideologías ni programas. Solo importaban los votos. El único interés era conquistar y retener el poder.
El clientelismo ha existido desde comienzos de la república, pero con el tiempo ha ido modificando su contenido. Hasta mediados de los años cincuenta, la transacción intercambiaba votos por puestos, de acuerdo con lealtades partidarias basadas en odios heredados. Durante el Frente Nacional el sistema fue transformando su contenido en otro más comercial: intercambio de votos por transferencias y contratos del Estado. Y, como se fue revelando luego, ese comercio fue adquiriendo carácter transnacional: ha ido incluyendo multinacionales, que sobornan funcionarios y financian campañas a cambio de contratos.
Es el caso de la firma brasileña Odebrecht. Algunos países como Venezuela, Cuba e incluso México se han negado de tajo a investigar sus escándalos. Otros, donde el poder ha cambiado de manos de manera drástica recientemente, como Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia y Chile, están investigando personajes de los gobiernos anteriores, pero no a quienes están hoy en el poder. Y hay otros más, donde hay investigaciones abiertas con algunas condenas, como en Colombia, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Solo en Perú el escándalo ha tocado y tumbado a personajes de lado y lado, pero no necesariamente porque la investigación sea más independiente, sino porque unos grupos poderosos han podido utilizarla en contra de otros.
Penetración en la sociedad
La penetración de los grupos al margen de la ley y las bandas criminales no se limita a los partidos y al Estado. Han penetrado también, profundamente, en la economía legal. Están presentes en el sector financiero, la Bolsa, grandes centros comerciales, el entretenimiento, la hotelería, el turismo y la construcción, entre otros. No es posible demostrar esta realidad porque se trata justamente de autores clandestinos. Sin embargo, tampoco es posible ignorar que, aun en medio de dificultades económicas, estas inversiones sigan prosperando, pues no se ven muchos más que puedan financiarlas.
Cada día se hace más difusa la frontera entre la economía legal, la ilegal y la abiertamente criminal. Las líneas de separación son grises, desteñidas. Es difícil saber hoy quién es quién y quién hace qué. El engendro resultante es, justamente, lo que llamamos el Estado y la sociedad mafiosos.
Como expresión visible de todo el proceso, las costumbres y los estándares culturales del país han venido cambiando. De ser una sociedad ciertamente muy desigual, pero sencilla y respetuosa, en Colombia se han extendido ahora el lujo, la ostentación, la vulgaridad y la violencia. En ciudades como Medellín o Cali predominan los automóviles de alta gama o las poderosas 4 x 4. Las fiestas derivan con frecuencia en bacanales. Se ha impuesto un modelo plástico de mujer y para alcanzarlo se recurre a todo tipo de cirugías e implantes, que hoy ponen de manifiesto sus males. Entre las mujeres se extendió el lenguaje vulgar.
Una muestra de la vulgaridad y ramplonería generales, del menosprecio de la legalidad y de la violencia propias de un Estado mafioso se dio en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Su estilo quedó bien resumido en esa frase que le dirigió por el teléfono a un interlocutor: “Le doy en la cara, marica”. Durante varios años lo imitaban sus seguidores en los comentarios on line a las columnas de opinión. Las manifestaciones de una cultura traqueta de nuevos ricos en su más burda expresión se han tomado el país. Nada queda de la otrora “Atenas suramericana”.
Luis Alberto Restrepo Moreno
Diciembre, 2022