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¿una sociedad y un Estado mafiosos?

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Bajo el impacto de poderosos narcotraficantes, paramilitares, guerrillas y bandas criminales, la tradicional estructura de poder político y social en el país está sufriendo una revolución silenciosa. El poder viene siendo desde hace buen tiempo controlado cada día más por la mafia.

La nueva estructura de poder en gestación

El embate del narcotráfico al ejecutivo central se inició por la financiación de varias campañas presidenciales (no solo la de Ernesto Samper), tarea que, en los años noventa, sufrió un duro golpe gracias al proceso 8000. Sin embargo, poco a poco, narcotráfico, paramilitares y bandas criminales han ido recuperando su influencia a partir del poder ejecutivo local de muchos alcaldes y algunos gobernadores.

El Congreso fue la primera instancia del Estado en la que, desde fines del siglo pasado, logró instalarse el poder criminal. Hasta julio de 2008, se sindicaba a 68 congresistas ‒la gran mayoría pertenecientes a la coalición de gobierno de Álvaro Uribe‒ por sus vínculos con el paramilitarismo, incluidos tres expresidentes del Congreso. Inicialmente, las investigaciones implicaron a políticos de la Costa Atlántica, más tarde involucraron también a congresistas de Antioquia, Tolima y Norte de Santander, y terminaron extendiéndose por buena parte de los 32 departamentos del país. A fines de 2013, se encontraban ya condenados por la justicia seis senadores y nueve Representantes a la Cámara pertenecientes a Cambio Radical; del Partido Liberal y el Conservador, tres senadores y cinco representantes respectivamente. 

Como se recordará, a mediados del 2004, el Congreso invitó a intervenir en el “templo de la democracia” a tres jefes paramilitares: Salvatore Mancuso, Ernesto Báez y Ramón Isaza. Los tres fueron ovacionados por casi todos los cerca de 60 congresistas presentes y, luego, el presidente Uribe justificó su participación como una “pruebita de democracia”. Según declaración de Salvatore Mancuso en 2005, el 35 % del Congreso era favorable y cercano a los paramilitares. 

Finalmente, en 2014 y 2015, se hizo evidente la penetración de las redes criminales en las altas cortes y en la justicia. Así lo demuestra, entre otros, el caso del entonces presidente de la Corte Constitucional, Jorge I. Pretelt Chaljub, quien fue acusado por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes. 

En relación con los ‘partidos’ políticos hay que decir que, exceptuando quizás a los partidos de izquierda, estos se convirtieron en tiendas de avales para todo tipo de los más diversos empresarios electorales, fuesen legales, ilegales o criminales. Esto es así porque, como lo expresó cínicamente el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra, entonces en prisión por vínculos con paramilitares y narcotráfico, “la política es más rentable que el mismo tráfico de drogas”. 

Las elecciones regionales y locales se convirtieron en la demostración desvergonzada del nuevo país. Casi ningún partido había vacilado hasta ahora en repartir avales entre personas sospechosas o sindicadas de distintos delitos, ateniéndose al eslogan que mientras no hayan sido condenadas, “hay que respetar el principio de inocencia”. No había principios éticos, ideologías ni programas. Solo importaban los votos. El único interés era conquistar y retener el poder.

El clientelismo ha existido desde comienzos de la república, pero con el tiempo ha ido modificando su contenido. Hasta mediados de los años cincuenta, la transacción intercambiaba votos por puestos, de acuerdo con lealtades partidarias basadas en odios heredados. Durante el Frente Nacional el sistema fue transformando su contenido en otro más comercial: intercambio de votos por transferencias y contratos del Estado. Y, como se fue revelando luego, ese comercio fue adquiriendo carácter transnacional: ha ido incluyendo multinacionales, que sobornan funcionarios y financian campañas a cambio de contratos. 

Es el caso de la firma brasileña Odebrecht. Algunos países como Venezuela, Cuba e incluso México se han negado de tajo a investigar sus escándalos. Otros, donde el poder ha cambiado de manos de manera drástica recientemente, como Brasil, Ecuador, Argentina, Bolivia y Chile, están investigando personajes de los gobiernos anteriores, pero no a quienes están hoy en el poder. Y hay otros más, donde hay investigaciones abiertas con algunas condenas, como en Colombia, Panamá, Guatemala y República Dominicana. Solo en Perú el escándalo ha tocado y tumbado a personajes de lado y lado, pero no necesariamente porque la investigación sea más independiente, sino porque unos grupos poderosos han podido utilizarla en contra de otros.

Penetración en la sociedad

La penetración de los grupos al margen de la ley y las bandas criminales no se limita a los partidos y al Estado. Han penetrado también, profundamente, en la economía legal. Están presentes en el sector financiero, la Bolsa, grandes centros comerciales, el entretenimiento, la hotelería, el turismo y la construcción, entre otros. No es posible demostrar esta realidad porque se trata justamente de autores clandestinos. Sin embargo, tampoco es posible ignorar que, aun en medio de dificultades económicas, estas inversiones sigan prosperando, pues no se ven muchos más que puedan financiarlas.

Cada día se hace más difusa la frontera entre la economía legal, la ilegal y la abiertamente criminal. Las líneas de separación son grises, desteñidas. Es difícil saber hoy quién es quién y quién hace qué. El engendro resultante es, justamente, lo que llamamos el Estado y la sociedad mafiosos.

Como expresión visible de todo el proceso, las costumbres y los estándares culturales del país han venido cambiando. De ser una sociedad ciertamente muy desigual, pero sencilla y respetuosa, en Colombia se han extendido ahora el lujo, la ostentación, la vulgaridad y la violencia. En ciudades como Medellín o Cali predominan los automóviles de alta gama o las poderosas 4 x 4. Las fiestas derivan con frecuencia en bacanales. Se ha impuesto un modelo plástico de mujer y para alcanzarlo se recurre a todo tipo de cirugías e implantes, que hoy ponen de manifiesto sus males. Entre las mujeres se extendió el lenguaje vulgar. 

Una muestra de la vulgaridad y ramplonería generales, del menosprecio de la legalidad y de la violencia propias de un Estado mafioso se dio en los dos gobiernos de Álvaro Uribe. Su estilo quedó bien resumido en esa frase que le dirigió por el teléfono a un interlocutor: “Le doy en la cara, marica”. Durante varios años lo imitaban sus seguidores en los comentarios on line a las columnas de opinión. Las manifestaciones de una cultura traqueta de nuevos ricos en su más burda expresión se han tomado el país. Nada queda de la otrora “Atenas suramericana”.

Luis Alberto Restrepo Moreno

Diciembre, 2022

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Guerrillas y narcotráfico son autónomos respecto a los poderes establecidos: no les deben su poder ni al Estado ni a los partidos nacionales, ni a los terratenientes, comerciantes, urbanizadores piratas, policías o militares locales. Bajo múltiples rostros, estas dos fuerzas heterogéneas llegaron a convertirse en los grandes árbitros del poder nacional y en los puentes que unen –o separan– sus extremos. 

La ruptura del esquema tradicional del poder

Como he dicho, desde mediados de los años setenta, las guerrillas comenzaron a amenazar las estructuras de poder local. En reacción a su asedio, las fuerzas tradicionales de terratenientes, comerciantes y políticos, apoyados por altos sectores de la fuerza pública (como los generales Velandia y Faruk Janine Díaz), se aliaron contra ellas y crearon sus propias organizaciones armadas. En 1981, los Ochoa y otros capos del narcotráfico crearon el MAS (Muerte a Secuestradores), en reacción contra el M-19 por el secuestro de Martha Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa. Este sería el germen del moderno paramilitarismo en Colombia. 

El modelo del MAS se aplicaría pronto en la región del Magdalena Medio, donde nació la Acdegam (Asociación campesina de ganaderos y agricultores del Magdalena Medio), una fuerza de autodefensa legal dirigida por el líder liberal Pablo Emilio Guarín y por Henry de Jesús Pérez, encargada de combatir la guerrilla en la zona con apoyo del Ejército. Estos grupos funcionaron, primero, como asociaciones armadas de carácter meramente defensivo (autodefensas) y luego se convirtieron en grupos paramilitares antisubversivos. A su vez, poderosos narcotraficantes ‒sobre todo Gonzalo Rodríguez Gacha, transformado además en terrateniente‒, aprovecharon la circunstancia para darle a esa alianza todo su apoyo financiero y el refuerzo criminal de sus propios grupos armados, buscando así impunidad para sí mismos y complicidad con su negocio. De esta coalición surgió una nueva y poderosa estructura de poder nacional con fuertes implantes en las regiones: el narco-paramilitarismo*

Por decisión de Rodríguez Gacha, en 1986 su ejército paramilitar comenzó a liquidar a los dirigentes y militantes de la Unión Patriótica (UP), grupo político oficialmente creado en 1985 por las FARC durante las negociaciones de paz adelantadas por Belisario Betancur. Por esas mismas fechas, terratenientes y narcotraficantes, casi siempre apoyados por el Ejército o la Policía, fueron extendiendo sus ejércitos privados o ‘paramilitares’ por el Magdalena Medio, el norte de Antioquia, Córdoba y los Santanderes, de donde barrieron al ELN, masacrando y desplazando de paso a numerosas poblaciones campesinas de la región y apoderándose de sus tierras. Más tarde se extendieron también por la Costa Caribe. En abril de 1997, las ‘Autodefensas Campesinas’ de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ (AUC). Como AUC, los grupos paramilitares federados pasaron de una estrategia meramente defensiva a otra de contraguerrilla y, un poco más tarde, de la lucha antisubversiva a otra predominantemente criminal. 

Con el pretexto de la lucha contra las guerrillas, los paramilitares se dedicaron a desplazar poblaciones campesinas y a adueñarse de sus tierras. El nudo mafioso con los paramilitares se extendió entonces a políticos, empresarios y comerciantes. Con el apoyo de las AUC y de amplios sectores de las fuerzas de seguridad del Estado, numerosos jefes políticos, sobre todo del norte del país (parlamentarios, exparlamentarios, gobernadores y alcaldes de la Costa Caribe, Córdoba, Antioquia y los Santanderes), comenzaron a plantearse el propósito estratégico de ‘refundar la nación’. El Pacto fue firmado en Ralito en el año 2001 en un encuentro entre el ‘Estado Mayor de las Autodefensas’ y siete representantes a la Cámara, cuatro senadores, dos gobernadores y cinco alcaldes.

A través de las agrupaciones ‘Convivir’ aprobadas por ley, los paramilitares contaron en sus inicios con la tolerancia o el respaldo de Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia (1995-1997) y, luego, más decisivamente como presidente de la república, sobre todo en su primer periodo (2002-2006). Pero desde fines del siglo 20, la concentración de buena parte de los grupos paramilitares en el narcotráfico en desmedro de la lucha antisubversiva comenzó a inducir profundas fracturas en las AUC, que llevaron a pugnas internas y asesinatos de sus líderes por sus compañeros de armas. En estas condiciones, no estuvieron ya en capacidad de hacerle frente a las FARC en el sur del país. De hecho, sufrieron allí sucesivas derrotas. Prefirieron entonces iniciar negociaciones de paz con el presidente Uribe. En 2003, cuando comenzaron a desmovilizarse, contaban con cerca de 40.000 hombres en todo el territorio colombiano. El proceso culminó, después de numerosos incidentes, en el encarcelamiento y la extradición de la mayor parte de sus antiguos jefes a Estados Unidos por el mismo Uribe. Desde ese país ha sido difícil obtener su colaboración con la justicia colombiana para esclarecer lo acontecido en Colombia.

Ese arreglo no puso fin a las bandas paramilitares ligadas al narcotráfico. Antiguos mandos medios y tropas de las AUC siguieron operando por todo el país, se concentraron sobre todo en la actividad criminal, por lo que fueron denominadas desde entonces ‘bandas criminales’ (Bacrim), y fueron diversificando sus movimientos en negocios como el microtráfico de drogas, la trata de personas, la prostitución, el robo de autos y celulares, el contrabando de gasolina, el saqueo del erario, etc. Desde la primera década de los años 2000, extendieron su acción a los cultivos legales de palma de aceite y a la minería ilegal. En 2015 contaban al parecer con más de 3000 empresas de minería ilegal, que les producían rendimientos mayores que el mismo narcotráfico. En su accionar practican el fraude, la estafa, el robo, el soborno, la intimidación, las violaciones y la violencia en general. De paso, le dieron continuidad selectiva al paramilitarismo, amenazando y asesinando a los líderes sociales de sus víctimas en las regiones donde operan.

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*Ronderos, María Teresa. (2014). Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia. Bogotá: Aguilar.

Luis Alberto Restrepo M.

Diciembre, 2022

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