Home Autor
Autor

Jorge Ivan Gonzalez

Download PDF

La segunda gran estrategia, o transformación, de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, es la seguridad humana íntegra, que involucra la protección de la vida con las seguridades alimentaria, jurídica, institucional, económica, ecológica y social.

La política pública tiene que enfrentar de manera adecuada la relación entre la amenaza y la vulnerabilidad, que son los elementos constitutivos del riesgo. La capacidad de acción del Estado es menor en el caso de las amenazas y más directa cuando se trata de la vulnerabilidad. En esta relación se combinan las medidas de adaptación y mitigación.

La amenaza tiene su origen en factores covariantes o idiosincráticos. Desde una mirada integral al riesgo, este se aplica a todas las formas de inseguridad humana. En el área social, existen factores covariantes (recesión, desempleo…) que actúan como amenazas contra las familias. Si estos fenómenos están acompañados de una amenaza natural (deslizamiento, inundación, tsunami…) y de un mal idiosincrático (enfermedad del perceptor principal), es muy factible que la calidad de vida de la familia se deteriore. En tales circunstancias los mecanismos de protección y de promoción social deben ser contracíclicos.

Para luchar contra el riesgo es necesario crear un orden institucional específico que, en palabras de Keynes, se expresa en convenciones. Uno de los agentes que participan en dicho orden institucional es el Estado. La política pública debe incorporar a las organizaciones y a los actores privados, porque el mejoramiento de la seguridad humana es una tarea colectiva. El orden institucional disminuye el riesgo si reduce la amenaza o/y la vulnerabilidad.

El análisis de la evolución de las estructuras de consumo es una forma adecuada de acercarse al examen del riesgo de los hogares. Como argumentó en 2010 la Comisión Sarkozy, integrada por Stiglitz, Sen y Fitoussi, el desarrollo de las capacidades es más factible si la persona tiene los ingresos suficientes para adquirir los bienes que considera valiosos. Sin duda, la libertad positiva es un concepto complejo, pero es claro que si disminuye el peso de las necesidades básicas en la estructura del gasto, los hogares tienen mayor posibilidad de desarrollar aquellas actividades que les permiten vivir mejor.

En este ejercicio que lleva a ampliar el espacio de las capacidades interactúan las políticas nacional y local (municipal y departamental). La intervención pública puede contribuir a reducir el peso que tienen los bienes básicos en la estructura de consumo, de tal forma que los hogares tengan más disponibilidad de recursos para adquirir los bienes que consideran valiosos.

La evolución de las estructuras de gasto se puede examinar muy bien en Bogotá porque la ciudad ha realizado encuestas multipropósito en 2011, 2014, 2017 y 2021. En los 10 años del análisis, para el conjunto de los hogares, el gasto en vivienda aumentó, en precios constantes, 79 %. Y su peso en el consumo total pasó de 23,4 % a 32,02 %. Además, la participación de los servicios públicos subió de 4,5 % a 5,26 %, y la de transporte disminuyó de 9,9 % a 7,95 %. Este mismo análisis hecho por deciles permite orientar la política pública de tal manera que el hogar del decil 1, el más pobre, tenga algún margen para adquirir los bienes que la familia considera valiosos. Este objetivo remedial se consigue mediante subsidios y gratuidad.

 Jorge Iván González

Diciembre, 2022

0 comentario
0 Linkedin

Convergencia

Por Jorge Ivan Gonzalez
Download PDF

La convergencia regional es una de las cinco estrategias, o transformaciones, propuestas en la versión inicial de las bases del Plan de Desarrollo 2022-2026. La convergencia tiene que ver con dimensiones sociales y económicas. Por un lado, debe reducirse la diferencia en la capacidad de pago de los hogares y, por el otro, se propende por la inclusión económica.

Desde el punto de vista normativo, hay convergencia si disminuyen las diferencias en las condiciones de vida de los hogares. Más allá de las especificidades económicas de cada una de las regiones, es ideal que se reduzcan las brechas en el ingreso de los hogares. Los indicadores sociales ponen en evidencia la ruptura entre las zonas rurales y las urbanas y, al interior de estas, entre los barrios y localidades.

La búsqueda de la convergencia social está íntimamente ligada a la integración espacial. La reducción de las distancias físicas, culturales y tecnológicas es una condición necesaria para que haya acercamiento en la calidad de vida de los hogares.

En el borrador del Plan de Desarrollo se muestra que sin la integración física regional no es posible reducir las brechas sociales. Bajo la dirección de Carolina Barco, entre 2012 y 2014, Planeación Nacional hizo un estudio sobre el Sistema de Ciudades. Los principios fundantes de esta investigación han sido retomados en el Plan de Desarrollo.

El Sistema muestra que las dinámicas urbanas son muy diferentes en las ciudades, dependiendo de si hacen parte o no de aglomeraciones. Las que están aglomeradas tienen mejores condiciones de vida que las no aglomeradas. Sin duda, en las ciudades más grandes del país, como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, las condiciones sociales son mejores que las de las ciudades no aglomeradas. Los flujos de trabajadores, de bienes, de pasajeros  que se presentan entre las ciudades generan rendimientos crecientes. Las vecindades favorecen los procesos endógenos virtuosos.

Con el fin de estimular los procesos que contribuyen a las dinámicas positivas de las aglomeraciones deben diseñarse mecanismos que permitan integrar a los municipios pequeños con las ciudades que actúan como polos atractores. En este proceso las vías de comunicación (fluvial, férrea, de carreteras, etc.) son un instrumento fundamental.

En el proyecto de presupuesto del Plan de Desarrollo se le da especial relevancia a la convergencia regional. Para este propósito se destinarán, durante cuatro años, alrededor de $400 billones. Es la estrategia que cuenta con un mayor volumen de recursos.

El Plan de Desarrollo propone indicadores sencillos que permiten ir evaluando los avances que se vayan alcanzando en convergencia. Por ejemplo, el aumento de los kilómetros de vías terciarias, la reducción de los costos logísticos, la disminución de las diferencias en cada una de las dimensiones constitutivas de la pobreza multidimensional, el cierre de las diferencias en el acceso a internet.

La evolución de la convergencia no ha sido motivo de preocupación de la política pública. Y este descuido es una de las explicaciones de la persistencia de las brechas. La reducción de las diferencias es una prioridad del Plan de Desarrollo. Y, por tanto, la política pública tiene que asumir este reto como un asunto central. El Plan propone seguir la evolución de las mediciones de la convergencia de manera regular y sistemática.

Jorge Iván González

Diciembre, 2022

2 Comentarios
0 Linkedin

Enmarañados

Por Jorge Ivan Gonzalez
Download PDF

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (no. 1454 de 2011), no cumplió con el propósito que le dio origen. La maraña institucional es evidente. Abundan las instituciones que tienen que ver con el ordenamiento del territorio y, entre ellas, no hay jerarquías claras.

Alrededor de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot) abundan las modalidades y las instituciones que tienen alguna relación con el ordenamiento del territorio. El panorama es laberíntico. Hay traslapes evidentes de funciones. Y en esta mezcla, es inevitable el conflicto de enfoques que se presenta en el territorio.

Abundan las modalidades, las instituciones y las agencias que tienen relación con el ordenamiento territorial. Por sí sola, la enumeración es significativa: Comisión de Ordenamiento Territorial (COT), Consejo Superior de la Administración del Ordenamiento del Suelo Rural (Csaosr), Consejo Superior de la Administración para la Restitución de Tierras (Csart), Esquema Básico de Ordenamiento Territorial (EOT), Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad), Ordenamiento Productivo y Social de la Propiedad Rural (Opspr), Ordenamiento Territorial Agropecuario (OTA), Plan Básico de Ordenamiento Territorial (Pbot), Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (Pemot), Plan de Ordenamiento Departamental (POD), Planes de Ordenamiento y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca), Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Región Administrativa y de Planeación (RAP), Región Entidad Territorial (RET), Unidades Básicas de Análisis (UBA), Unidades de Planificación Rural (UPR), Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), Zonas de Reserva Campesinas (ZRC), Agencia para el Desarrollo Rural (ADR), Áreas metropolitanas (AM), Región Metropolitana (RM), Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), Agencia Nacional de Tierras (ANT), Agencia para la Renovación del Territorio (ART), Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Ministerio de Agricultura (MA), Ministerio de Medio Ambiente (MMA), Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria (Upra).

Este abanico es un laberinto que no permite establecer prioridades y que no ha favorecido el ordenamiento del territorio. Hay traslapes evidentes de funciones y es inevitable el conflicto de enfoques que se presentan en el momento de tomar decisiones. Es necesario rediseñar funciones y simplificar la institucionalidad porque el ordenamiento del territorio incide directamente en la calidad de vida y en la productividad de las empresas. Ninguna entidad ‒ni el DNP, ni la Upra, ni algún ministerio, ni las CAR, ni el departamento‒ está ejerciendo la función de coordinación.

En síntesis, el entramado institucional que existe alrededor del ordenamiento territorial es ineficiente e inoperante. El número de entidades que tiene relación con el ordenamiento es excesivo, sus funciones se traslapan y, además, las relaciones de jerarquía entre ellas no son claras. 

El ordenamiento territorial no ha avanzado y no obstante la abundancia de normas proliferan la minería ilegal, la deforestación, la contaminación y la sedimentación de los ríos, la destrucción de cuencas y de páramos, la urbanización sin control, etc. Esta maraña institucional ha tenido un impacto negativo en la sostenibilidad ambiental, la productividad y la calidad de vida.

Jorge Iván González

Noviembre, 2022

2 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

En el debate sobre la reforma tributaria se ha puesto en primer lugar la reflexión sobre el significado de la tarifa efectiva de tributación, para lo cual se requiere un acuerdo metodológico acerca de cómo estimarla.

La tarifa efectiva de tributación depende de la visión que se tenga del problema. Es claro que el concepto siempre tiene un alcance que supera la medición. Ningún indicador tiene la capacidad de expresar la complejidad del concepto. Por estas razones es importante llegar a un acuerdo sobre la metodología para estimar la tarifa efectiva de tributación de las empresas.

Las aproximaciones han sido muy disímiles y, dependiendo del enfoque, el índice presenta variaciones sustantivas. En el cálculo es fundamental examinar los componentes del denominador y del numerador. Los márgenes entre los que se ha movido la tarifa efectiva son muy amplios: van desde porcentajes bajos de 4 % – 5 % en los estudios de Garay y Espitia, hasta más de 60 %, en las estimaciones de la Andi. En la exposición de motivos de la reforma tributaria, el ministerio de Hacienda estima la tarifa efectiva en 16,4 %.

Gran parte de la diferencia se explica por el denominador. Mientras que la Andi considera la utilidad neta, las otras dos estimaciones incluyen en el denominador los ingresos brutos. Otra parte de la diferencia puede explicarse por los tributos que se incluyen en el numerador. En algunas estimaciones se incluye, además del impuesto a la renta, otros tributos como el ICA, o las contribuciones a la nómina. La diferencia puede profundizarse dependiendo de si se incluyen o no los beneficios y exenciones.

Esta heterogeneidad metodológica lleva a resultados incomparables que oscurecen los términos del debate. Como se trata de nociones completamente diferentes, la categoría analítica a la que hace referencia lleva a que no sean comparables. Las brechas entre las mediciones son significativas.

Es necesario unificar el lenguaje, porque de lo contrario el diálogo es imposible. Cuando las diferencias en las mediciones son tan notorias no se avanza en la conversación.

Para entender esta idea es conveniente comparar con otras medidas como, por ejemplo, el PIB o el Gini. Aunque ambas mediciones tienen dificultades intrínsecas, han sido aceptadas y en las comparaciones internacionales se consideran razonablemente buenas. Existe un cierto consenso en que estas aproximaciones cuantitativas son un buen punto de referencia. Las metodologías se han unificado y las categorías analíticas son comparables. Cuando se dice que el Gini de Colombia es superior al de Alemania, hay un acuerdo implícito sobre la pertinencia de la medida. Y los cálculos en cada caso se hacen de la misma manera. Lo mismo sucede con el PIB.

No acontece lo mismo con la tarifa efectiva, porque la medición no se ha estandarizado. Esta falta de consenso sobre la medida lleva a conclusiones de política económica radicalmente distintas. Para la Andi la tributación de las empresas es altísima, pero para Garay y Espitia es bajísima.

Para continuar la discusión es importante que los términos del lenguaje se unifiquen y que sean compatibles con los criterios utilizados a nivel internacional, como los propuestos por la Ocde. Sin la depuración de la medida es imposible que las comparaciones sean adecuadas. 

La confusión que se está presentando es evidente y no permite avanzar en el debate. Las partes que intervienen en la discusión deberían llegar a un acuerdo inicial sobre la forma de medir.

Jorge Iván González

Octubre, 2022

2 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) viene construyendo la hoja de ruta para los próximos cuatro años, el Plan Nacional de Desarrollo mediante diálogos vinculantes. Entre los objetivos del gobierno con este plan está reducir la desigualdad. Según el funcionario se necesitan varios cambios en el modelo de subsidios del país. Laura Lucía Becerra Elejalde entrevista a Jorge Iván González.

¿Cómo van los diálogos para el Plan de Desarrollo?

Soy optimista por tres razones. La participación ha sido muy buena; las personas están planteando problemas estructurales para el desarrollo nacional y creo que para el equipo y los técnicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha sido una experiencia muy interesante poder estar con las personas y oírlas. Esto logísticamente es difícil, pero el balance es positivo.

¿Qué implicaciones tiene el carácter ‘vinculante’ de estos diálogos?

Estamos diciéndole a la comunidad ‘todo lo que ustedes están planteando lo vamos a considerar seriamente’. Ya iniciamos la sistematización de los diálogos y realmente estamos dándole prioridad a los aspectos que mencionan.

Esa es nuestra responsabilidad y en ese sentido es vinculante el proceso. El Congreso tiene la decisión final y tiene que convertir esas iniciativas de las comunidades en propuestas y en articulado. Y los gremios están participando también.

Previo a su rol en el DNP usted hablaba de que muchos planes de desarrollo ‘parecían una colcha de retazos’. ¿Qué hará diferente?

Es el reto mío, y del equipo de Planeación. Quisiera articular un discurso consistente en torno a tres temas: ordenamiento del territorio, transformación energética y la reducción de desigualdades. Si en vez de tener un montón de programas dispersos pudiéramos ir construyendo un relato a medida que avanzan los diálogos sería ideal. Poder construir políticas estratégicas, que si bien no todo se va a lograr en este gobierno, sí podemos ir sembrando las bases de un proceso que va a madurar a largo plazo.

¿Cuándo podríamos tener el plan de desarrollo?

Estamos a poco más de un mes para entregar las bases al Consejo Nacional de Planeación de este relato que debemos tener listo el 15 de noviembre. El Consejo Nacional de Planeación discute y el 7 de febrero se le presenta al Congreso.

¿Qué metas se ha trazado el DNP en reducción de desigualdades?

La primera medida es la reforma tributaria: con ella esperamos que mueva 2 o 3 puntos el Gini. Hace mucho no tenemos una tributaria que tenga como objetivo claro mejorar la equidad. Estamos avanzando en el mejoramiento de los programas de focalización, pero el ideal es que el tema redistributivo se resuelva desde la política laboral y, después, que el Estado compense.

El Presidente ha hablado de una renta básica universal, ¿esto implicaría unificar las transferencias?

El ideal sería una declaración universal de ingresos que permita unificar todos los subsidios. Que todo mundo declare ingresos en el país. Las personas de más ingresos pagan impuestos y las personas de menos ingresos reciben subsidios.

Necesitamos que la gente entienda que esa declaración no necesariamente implica impuestos, sino también para determinar subsidios. Así unificamos los subsidios que están muy dispersos y vemos hasta dónde podemos reducir lo que llamamos errores de inclusión y exclusión, de tal manera que efectivamente los dineros lleguen a quienes se necesitan y paguen impuestos quienes efectivamente reciben mayores ingresos.

Esta semana se debatirá en plenarias el Presupuesto General de 2023, ¿cómo lo ve?

El presupuesto de 2023 se planteó tratando de adecuarlo a las prioridades del actual gobierno. Hay un cambio ya en la estructura muy importante en torno a los sectores agropecuario y educativo. Este presupuesto lo había articulado el gobierno anterior; entonces, cambiarlo ha sido un ejercicio enorme en el que han participado todos los ministerios.

El Presidente ha dicho que quiere devolver el rol de planear a Planeación, ¿cómo hará eso?

Ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, con los gobernadores. Lo segundo, con un Plan de Desarrollo que efectivamente sea de cambios estructurales fundamentales. Y con el equipo técnico de Planeación tenemos que pensar en proyectos de largo plazo; que Planeación discuta con los ministerios, con los gremios y las comunidades cuáles deben ser las prioridades del desarrollo nacional. Todos intuimos qué es planear, pero se necesita un aparato institucional con carácter. Si queremos transformar las cosas tenemos que pensar de forma distinta. Es una tarea enorme, pero ya se está haciendo.

¿Cambios a regalías?

‘Tenemos una dispersión con los recursos de regalías. Basta mirar el número de proyectos y da risa o tristeza. Hay muchos proyectos que no tienen mucho sentido y se deberían integrar; con MinCiencia lo que estamos diciendo es que pensemos en cuatro grandes proyectos nacionales, no en 640 pequeños proyectos. Esta reflexión es similar para todas las áreas de regalías, porque es un presupuesto enorme, que será de $31 billones en los próximos dos años.

Hace unos días estuvimos con todos los gobernadores y necesitamos que todos colaboremos, incluido el Congreso, para ‘unificar criterios’.

3 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

Entre los numerosos legados que deja Carlos Eduardo Vasco destaco su concepción de la relación entre los métodos cuantitativos y cualitativos. Vasco fue matemático, físico, filósofo y teólogo. Además, pedagogo y formador de formadores. 

Gracias a la educación privilegiada que tuvo, Carlos Vasco entendió las diversas modalidades de aproximación a la realidad. Desde cada disciplina la mirada del mundo adquiere dimensiones diferentes. Cualquier proceso real, decía, “es el resultado de una multicausalidad”. Y esta afirmación se aplica a las ciencias naturales y a las sociales.

Los ejercicios unicausales apenas son un momento de la comprensión de la complejidad de la realidad. Y en este proceso analítico, ningún método que se pretenda cuantitativo puede abandonar los prejuicios, que son absolutamente necesarios para investigar y construir el aparato conceptual de la teoría. Por esta razón, la economía es y será economía política. Este postulado ha estado presente en los grandes teóricos de la disciplina.

Cualquier ordenamiento cuantitativo supone un a priori que necesariamente está marcado por la preconcepción que tiene el sujeto. La abundancia de datos tiene que ser clasificada y sistematizada, y este proceso subjetivo es, por su misma naturaleza, cualitativo. En el proceso cognitivo desaparece la frontera entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Ambas dimensiones son inseparables.

Actualmente, con la predominancia del big data, se pretende que millones de datos, por sí mismos, lleven de manera milagrosa a la comprensión de la realidad. Se olvida que los datos informan solamente si están ordenados y para ello se necesita que haya jerarquías marcadas por la visión subjetiva. Los datos son útiles gracias a la selección y a las hipótesis construidas por el individuo. La abundancia de datos no reemplaza la necesidad de establecer, a priori, secuencias causales derivadas de la imaginación del investigador.

Sin un marco cualitativo no es posible darle significado a las realidades cuantitativas. Y, de manera similar, numerosas realidades cualitativas tienen expresiones numéricas. La cardinalización es frecuente, por ejemplo, cuando se dice que la pintura Salvator Mundi de Leonardo Da Vinci vale US$450 millones. Al afirmar que esta pintura es más valiosa que otras, se está realizando, de hecho, un ordenamiento cuantitativo de la obra estética.

En 2015, cuando recibió el doctorado honoris causa, decía Vasco, “creemos con Bertrand Russell que las matemáticas se reducen a sartas de fórmulas lógicamente bien formadas del tipo “si p, entonces q, de las cuales no sabemos lo que dicen, ni si lo que dicen es verdadero o no”. Estas relaciones lógicas, que tienen validez intrínseca, contribuyen a interpretar la realidad gracias a las jerarquías y analogías que resultan de los a priori del sujeto que analiza e interpreta. El deseo puro e irrestricto de conocer es el punto de partida de todas las ciencias; y entonces, las dimensiones cualitativas y cuantitativas siempre están interactuando. No hay ninguna línea divisoria entre los métodos cuali y cuanti.

Vasco fue un crítico radical del positivismo. No existe una realidad externa al individuo. Gracias a su conocimiento de la filosofía y la teología, mostró que no obstante las especificidades propias de las matemáticas y la física, su ejercicio práctico pasa por los ordenamientos subjetivos.

Jorge Iván González

Octubre, 2022

2 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

Los ingresos públicos se nutren de cuatro fuentes que no están armonizadas y difícilmente confluyen. El Presupuesto General de la Nación (PGN), el Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR) y los recursos propios de los departamentos y municipios. Aunque el SGP hace parte del PGN, las decisiones que toman los gobiernos locales con estos recursos no necesariamente coinciden con las prioridades definidas en el PGN.

Con el paso del tiempo se ha llegado a la situación actual, en la que el presupuesto general de la nación, el sistema general de participaciones, el sistema general de regalías y los recursos propios de los departamentos y municipios no se aúnan para financiar los proyectos que se juzgan prioritarios. Cada uno va por su lado y el resultado final es el de una clara ineficiencia en el gasto. En las discusiones de política pública suele ponerse en primer lugar la corrupción como expresión del mal uso de los recursos y se le presta muy poca atención a las consecuencias perversas que se derivan de la falta de concurrencia.

Este diagnóstico no es nuevo: diversos estudios lo han puesto en evidencia. Más recientemente lo hizo la Comisión del Gasto y la Inversión Pública, que entregó sus conclusiones en 2017. Allí se propone como ideal el presupuesto por programa. Se trata de agrupar la mayor parte del presupuesto alrededor de programas estratégicos, que se financian con la concurrencia de recursos nacionales y locales. En el país no se le ha prestado atención a esta propuesta y no se han reconocido sus bondades. Prácticamente no se ha hecho nada por avanzar en esta dirección. Por el contrario, la dispersión de las fuentes de financiamiento se ha acentuado y el panorama se empeoró de manera significativa con las reformas constitucionales que se le hicieron al sistema general de regalías.

La dispersión de los recursos ha impedido que el gasto público se concentre en proyectos que sean prioritarios, que transformen la estructura productiva del país y permitan que haya una verdadera inclusión social. En los diálogos regionales se ha hecho evidente la necesidad de avanzar en proyectos estratégicos: navegación fluvial, ferrocarriles, vías terciaras, infraestructura para escuelas, hospitales y universidades, aeropuertos, Canal del Dique, Mojana, etc.

Frente a estas demandas, que son absolutamente necesarias, se presentan dos problemas. El primero es su jerarquización, puesto que todos no podemos tener todo. Y el segundo, su financiación.

Cualquier jerarquización que se haga es subóptima, pues siempre se pondrán en duda los criterios que definen el ordenamiento final, pero la mayor dificultad se presenta con la financiación. 

La fragmentación de las fuentes ha sido dañina. Y la situación más dramática se presenta con las regalías, que en los dos próximos años llegarán a 30 billones de pesos. La mayor parte de estos recursos se están utilizando en proyectos pequeños que tienen muy poco que ver con las decisiones estratégicas. El Departamento Nacional de Planeación se ha convertido en el gran administrador de la piñata de las regalías. No ha cumplido la función rectora que le asigna la ley 2056 de 2020. Y entre las diversas razones que impiden que realice esta tarea está la rapiña por las regalías propiciada por porcentajes de distribución que se han definido en normas constitucionales y que no responden a ningún criterio claro. 

Es una estructura laberíntica en la que se pierde la visión de conjunto.

Jorge Iván González

Octubre, 2022

2 Comentarios
1 Linkedin
Download PDF

La invitación al diálogo regional parte de un principio básico: la planeación debe tener presente las necesidades de las comunidades y de las localidades.

El postulado sobre el diálogo regional, que parece sencillo, tiene complejidades que deben superarse. El escollo inicial es la heterogeneidad de preferencias. No solamente entre las personas de una misma comunidad, sino también entre comunidades cercanas. La diversidad de propósitos es inevitable y puede ser muy rica, si los intereses locales logran expresarse en programas colectivos.

Esta transición entre las preferencias individuales y la elección social tiene que estar mediada por el reconocimiento de la heurística del juicio inherente a cualquier percepción subjetiva. El atajo que se presenta en la evaluación de la situación es propio de la condición humana y este proceso está muy marcado por la pasión y el sentimiento. Para que esta percepción individual y local se convierta en proyectos públicos se requiere la construcción institucional de una especie de racionalidad colectiva que organice y canalice los sesgos heurísticos de los individuos.

Y como las preferencias de los individuos y de las comunidades son disímiles, el ordenamiento final siempre será subóptimo. Es imposible que las preferencias locales se expresen sin modificaciones en el ordenamiento global.

El proceso que lleva de las preferencias individuales a las colectivas es ideal si se logra un consenso razonable y si no es necesario recurrir a mecanismos más imperfectos como la regla de decisión por mayoría, o la imposición.

Desde el siglo XVIII, en Francia se reconoció el papel de Escuela Politécnica en la búsqueda del consenso. En este cálculo, la mirada técnica juega un papel fundamental, pues permite reducir las heurísticas del juicio y encausar los intereses locales y de corto plazo, de tal forma que se convierta en proyectos estratégicos de gran envergadura. La mirada de largo plazo tiene la virtud de desencadenar procesos endógenos que potencian y cualifican las iniciativas locales.

El diálogo es vinculante porque: i) es inclusivo y respeta la diversidad; ii) cubre todo el territorio nacional; iii) le otorga un valor intrínseco a cada propuesta y iv) potencia la iniciativa al incluirla en un proyecto estratégico.

Esta dinámica será exitosa si se reconoce que todo proceso de elección colectiva lleva a soluciones subóptimas. Desde los años cuarenta, en la literatura económica, los teóricos de juegos pusieron en evidencia situaciones insolubles. No hay manera de encontrar un escenario óptimo para una pareja en la que ambos desean estar juntos, pero él prefiere ir al cine y ella a la ópera. A comienzos de los años cincuenta Arrow recuperó la paradoja de Condorcet y mostró que es imposible que los intereses individuales se expresen en las decisiones colectivas.

La acción comunicativa es un proceso deliberativo, en el que se exponen las diversas visiones. Los diálogos regionales son la oportunidad para que las partes presenten sus opiniones, reconociendo que es inevitable la heurística del juicio. Y no obstante las bondades intrínsecas de la conversación, es imposible llega a una solución unánime. 

Siempre habrá divergencias. Y aunque el acuerdo final sea subóptimo, su nivel de razonabilidad dependerá de la posibilidad de convertir los intereses locales en proyectos estratégicos.

Jorge Iván González

Octubre, 2022

4 Comentarios
1 Linkedin
meeting, meet, together-1015313.jpg
Download PDF

Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, dijo que en los diálogos anunciados por el presidente Petro, el agua, el conflicto y relaciones funcionales son claves a la hora de decidir. Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo, lo entrevista. 

¿Qué son los diálogos regionales vinculantes? 

La idea que ha tenido el presidente es que el Plan de Desarrollo consulte las voluntades. Hemos dividido al país en 50 subregiones con tres criterios. El primero es la relación con el agua. Para este gobierno, el tema del agua es fundamental. Por ejemplo, en Turbaco, uno de los temas tiene que ver con el canal del Dique, con la forma como estamos relacionándonos con el agua en toda su dimensión, en las grandes ciudades eso es un problema también. Hay un estrés hídrico. De aquí a 20 años, Bogotá y las grandes ciudades van a tener dificultades. El segundo es el conflicto, vamos a tratar de que estén incluidos todos los municipios Pdet. Y, finalmente, están las relaciones funcionales que existen entre municipios. ¿Cuáles son las interacciones en temas de salud, conmutación de bienes y servicios, relaciones funcionales en general? ¿Dónde está el hospital, las escuelas? Esas 50 subregiones, obviamente, no coinciden con la división administrativa de los departamentos, están basados en estos tres aspectos. 

¿Cuál va a ser el papel puntual de Planeación Nacional? 

Hemos dividido el diálogo en tres días. Hay un día ‘cero’ en el que nos reunimos los equipos de Planeación, los de los ministerios que sienten que tienen mayor interés por la subregión por diversos problemas, la Consejería Regional de la Presidencia, el Dapre, y esto es muy importante: les estamos dando relevancia a los procesos que ya se han dado en las comunidades, vamos a tener en cuenta a las universidades, todos los diagnósticos que han hecho los centros de investigación regionales. Es un día en donde se define la metodología, se hacen las inscripciones, conversamos con las entidades que nos van a ayudar. Miramos cuántas personas se inscriben, cómo vamos a distribuir las distintas mesas. En el día uno empieza la planeación con un diagnóstico de la subregión, los elementos que nosotros consideramos importantes en los cinco ejes del Plan de Desarrollo que estaban definidos. Pero también recogemos estudios que hayan hecho, como le digo, centros de investigación, universidades y reivindicaciones de las comunidades. El día dos, nos reunimos con los relatores para ver cuáles son las líneas generales. Obviamente, para Planeación es importante que esto no se disperse en mil pequeños proyectos. Confiamos en que las comunidades son conscientes en que van a salir esos grandes proyectos. 

Los más importantes, los más urgentes… 

Esperamos, y bueno, creo que el papel nuestro de Planeación, el papel de los relatores, es hacer una metodología que evite la dispersión. Vamos a tener los cinco grandes ejes y sobre eso vamos a trabajar. 

Cuando tengan los temas definidos, ¿qué sigue? 

Como son 50 subregiones, vamos a dar prioridad a las líneas estratégicas o a programas que cubran, por ejemplo, dos subregiones, tres subregiones. Vamos a tratar de hacerlo con los proyectos que puedan tener un impacto más estratégico. Y entonces ya viene toda la dificultad absolutamente complicada de conciliar estos proyectos con los recursos. Planeación, yo lo he dicho, tiene que pensar a 20, 25 años, es decir, este proyecto lo comenzamos, no tenemos los recursos suficientes para terminarlo, pero como se ha considerado prioritario, es un proyecto estratégico, pues Planeación propone que se consolide, que comience. Viene todo el tema complicadísimo de ingresos y de prelación y jerarquización de proyectos, que es el oficio de Planeación. 

¿Nueve semanas para adelantar 50 diálogos no es poco tiempo? 

Sí, ese es un reto que tenemos. Vamos a estar muy atentos. Entre el primer y segundo diálogo vamos a dejar una semana para hacerle la evaluación. Tenemos que mirar bien los ritmos, los tiempos. Tenemos que entregar al Consejo Nacional de Planeación, a mediados de noviembre, las bases. Si no alcanzamos a terminar, podemos seguir mientras el Consejo está discutiendo las bases. Todavía tenemos un espacio para continuar en caso de que nos veamos muy apretados estos días. Todos estamos en una incertidumbre, no sabemos cómo nos va a ir. Hemos hecho los esfuerzos, tenemos la preparación hasta donde podamos hacerlo, pero estamos con dudas de si la mecánica nos va a funcionar. 

¿Por qué se escogió Turbaco primero? 

Lo que hemos escogido en cada sitio es una ciudad que tenga mínimas condiciones de infraestructura, que sea relativamente fácil para los municipios vecinos el tema de transporte. En algunos casos van a ser las ciudades más grandes, pero en la medida de lo posible hemos tratado de encontrar ciudades que permitan el acceso. Además de las tres características que le decía para escoger la subregión, pues necesitábamos ciudades con relativamente fácil acceso. Tenemos que ver que haya sedes universitarias, que el Sena tenga sedes, que la gobernación pueda ayudar. Todos esos elementos son importantes para escoger la zona. 

Usted ha reconocido que esto va a ser complejo, porque la gente va a pedir de todo, van a tener sus propias prioridades… 

Sí, ahí la metodología es central. Confiamos en que de las comunidades van a salir los grandes proyectos estratégicos; por ejemplo, una subregión dice: aquí el principal problema es el acueducto. Creemos que hay una conciencia clara de que las personas van a decir cuáles son los proyectos estratégicos. El Plan tiene como tres pilares: justicia social, justicia ambiental y paz. Esos tres pilares van a estar enmarcados en cinco áreas: el ordenamiento territorial, que toca aspectos difíciles como minería ilegal, ordenamiento de los POT, la reubicación de personas, es de una complejidad enorme. El segundo lo hemos llamado seguridad humana. Ahí estarían asuntos como educación, salud; obviamente, seguridad en el sentido clásico de Policía, Ejército. Pero queremos insistir en las dimensiones sociales del problema. 

El tercer tema lo hemos llamado soberanía alimentaria. Ahí aparecerán todos los problemas complicadísimos del desarrollo de la producción agropecuaria, vías terciarias, concentración de tierra, asociaciones de campesinos, etc. El cuarto, tiene que ver con la transición energética, con el tema de industria y empleo. Y el último es el tema de convergencia regional, cómo logramos que las distintas regiones no se distancien en condiciones sociales. 

¿Quién va a financiar esto? 

Estamos haciendo unos presupuestos también. Una de las ideas de esta primera experiencia es ver los costos. Hay unos recursos de Planeación Nacional. Hay unos recursos de cada ministerio. Algunas gobernaciones nos han dicho que contemos con el apoyo, las universidades nos han dicho: ‘Cuenten con la sede’. Nos hemos reunido con algunos gobernadores, y dicen: “Cuenten con nosotros”. Tuvimos una reunión con Naciones Unidas, están dispuestos a colaborarnos. 

Definidos los proyectos, ¿los departamentos van a tener que meterse la mano al bolsillo? 

Ahí hay un punto muy interesante y es que uno de los temas de estos diálogos es mostrarles sobre todo a las ciudades intermedias y grandes las potencialidades de recursos que tienen, por ejemplo, en materia de predial y de ICA. Mostrar las tarifas efectivas que están cobrando cuando podrían estar cobrando un predial mayor, pero no lo están haciendo. Entonces, poner en evidencia, primero, la contribución que tienen que hacer las ciudades intermedias y grandes, y segundo, el tema de concurrencia de recursos. Obviamente nosotros no podemos cambiar las normas del Sistema General de Regalías, pero sí les podemos pedir a los gobernadores que desde los Ocad, pues también se involucren estos proyectos estratégicos que son proyectos que afectan a las regiones. Yo en eso soy relativamente optimista. El papel de Planeación sí es evitar la lista de miles de cositas pequeñas e insistir mucho más en esta dimensión estratégica. 

¿Estos diálogos ayudarán a solucionar el problema de la invasión de tierras? 

Una de las ventajas de estos diálogos y este gobierno es que pongamos en discusión temas que han sido muy difíciles. Mire, el Censo Nacional Agropecuario de 2014, que es un censo que debería causar mayor preocupación a nivel nacional, mostró que 71 % de las unidades productivas están en fincas de menos de cinco hectáreas y ocupan el 3 % del área, mientras que el 0,02 % de los propietarios de fincas de más de mil hectáreas ocupan el 60 %, es decir, la distribución de la tierra en Colombia es absolutamente concentrada. 

¿De aquí a noviembre los temas de estos diálogos ya estarán incluidos en el Plan de Desarrollo? 

La ventaja de este proceso es que es la primera vez que se hace una consulta de tales dimensiones en el país. Y entonces, aceptando razonablemente que cualquier resultado va a ser subóptimo y que finalmente vamos a tener camellos en lugar de caballos, creo que sí podemos avanzar bastante.

1 comentario
1 Linkedin
interest rate, interest, percentage-149879.jpg
Download PDF

Entre el 19 de septiembre de 2021 y el 1 de agosto de 2022 la tasa de interés de política monetaria pasó de 1,75 % anual a 9 %. Este rápido crecimiento de la tasa de interés es una clara expresión de la falta de instrumentos de la autoridad monetaria para controlar la inflación. Es, de hecho, el reconocimiento fáctico de la inoperancia de las reglas monetarias convencionales.

Por los años 80 y 90, cuando los banqueros centrales seguían las orientaciones friedmanianas, el control de la inflación respondía a un principio claro: la cantidad de moneda debe estar en concordancia con la dinámica de la producción. El monto del dinero crece o disminuye en función de las dinámicas del producto. El banco central vigila que los movimientos de la masa monetaria y del producto se muevan en la misma dirección y proporción. Si esta regla básica se cumple, los precios no se modifican.

Aunque este postulado esencial no se cumplió de manera ideal, sí fue la guía de acción de la política monetaria. La regla nunca fue tan sencilla por diversas razones: porque las modalidades del dinero son muy diversas, porque además de actuar sobre la cantidad de circulante también es necesario vigilar el comportamiento de la tasa de interés, porque los precios de algunos bienes son regulados, porque la definición del PIB potencial siempre es objeto de discusión. A pesar de estas dificultades, la regla de Friedman parecía útil.

Las condiciones actuales son completamente diferentes. Ha llegado el momento de declarar el agotamiento de los instrumentos friedmanianos con el fin de repensar de manera radical el margen de maniobra del banco central y redefinir el significado de la política monetaria. Aunque la ausencia de instrumentos de los bancos centrales es un problema internacional, en el caso colombiano es más evidente. En su desespero frente al crecimiento de los precios, las autoridades monetarias optan por golpear el crecimiento, de tal forma que la demanda baje y los precios caigan. La fórmula es fatal: para combatir la inflación se crean las condiciones propicias para que haya recesión.

Este camino perverso impide examinar las causas complejas que subyacen a la inflación actual. Entre junio del 2021 y junio de 2022, el IPC subió 9,67 %. Es clarísimo que uno de los factores que más ha incidido en el aumento de los precios es la inflación de los alimentos, que fue de 23,65 %. Desde los días de Aristóteles, el pensamiento lógico trató de precisar el vínculo que existe entre la causa y el efecto. Y, por tanto, si se quiere modificar la consecuencia, es necesario actuar sobre la causa. Esta norma elemental es olvidada por el banco central. 

No es posible explicar la inflación de alimentos por la tasa de interés. Es evidente la escasez de insumos en el mundo entero, es obvio el daño que ha causado la guerra de Ucrania en la oferta de fertilizantes, es claro el aumento del gasto público que ha implicado la financiación de la guerra, es notorio el reajuste de la logística como consecuencia de la pandemia. Y, en el caso colombiano, está muy bien diagnosticada la falta de productividad del sector agropecuario y la creciente importación de alimentos básicos. Si a estos determinantes se les agrega la devaluación del peso, es evidente que el precio suba.

El aumento de las tasas de interés es el camino menos expedito para solucionar tan graves problemas estructurales.

Jorge Iván González

Septiembre, 2022

4 Comentarios
1 Linkedin
businessman, silhouette, telescope-5484829.jpg
Download PDF

Las angustias de la coyuntura oscurecen las visiones de mediano y largo plazo. Los asuntos más relevantes para la modernización de la economía colombiana son el ordenamiento territorial, la transformación de la matriz energética, la seguridad alimentaria, la convergencia social-regional y estabilidad fiscal.

El ordenamiento del territorio se ha convertido en un problema central de la sociedad colombiana. La expresión más notoria del conflicto por la tierra es el asesinato continuo de líderes sociales, así que el ordenamiento del territorio está íntimamente ligado a la búsqueda de la paz y a la puesta en práctica de los acuerdos de La Habana.

El examen de la ubicación de las personas en el territorio es el punto esencial de la geografía económica. Este ejercicio debe contemplar la integración de los planes de ordenamiento territorial. Cada municipio hace su plan, pero no se ha logrado que haya articulación entre las distintas visiones. Municipios vecinos pueden tener prioridades de ordenamiento territorial completamente diferentes y contradictorias. Y la actualización del diagnóstico pasa por la consolidación del catastro multipropósito. Una de las mayores dificultades para lograr la armonización territorial es la falta de jerarquía institucional. En el país existen numerosas instituciones que tienen relación con el tema, pero no se tiene suficiente claridad sobre el liderazgo institucional.

Una parte importante del territorio nacional está en manos de grupos armados ilegales. La combinación de prácticas ilegales relacionadas con la deforestación, la minería y el narcotráfico han ido creando espacios que dificultan el control territorial por parte del Estado. La estrategia prohibicionista ha fracasado y tienen que buscarse otras alternativas.

La transformación de la matriz energética toma tiempo, pero como se dijo en Glasgow, las decisiones estratégicas tienen que tomarse desde ahora. Es necesario transformar la matriz energética por razones ambientales y porque el desarrollo económico de los próximos años requiere un crecimiento con bajo consumo de carbono. El país tiene que reducir su dependencia del petróleo y de los minerales. La economía verde debe estar acompañada de un mejoramiento de la productividad. Al abandonar la lógica extractivista se irá consolidando un proceso industrial limpio.

La seguridad alimentaria es una condición básica para la buena vida. De acuerdo con la FAO y otras entidades, la seguridad alimentaria podría aumentar en Colombia porque el país sufre “conflictos y condiciones climáticas extremas”. Su vulnerabilidad se ha intensificado, entre otras razones, porque las importaciones de alimentos básicos ya están llegando a 15 millones de toneladas/año. La agroindustria juega un papel central en este proceso.

Aceptando las diferencias regionales que existen en el país, debe buscarse que haya convergencia en los indicadores sociales básicos.

El desbalance fiscal es significativo. Al terminar 2023, sin reforma, el déficit sería de $76 billones. Esta cifra es gigantesca. Basta compararla con el presupuesto que en 2023 tendría todo el sector agropecuario, que apenas llega a $1,3 billones. Los $25 billones que se obtendrían en el primer año de la reforma tributaria todavía son insuficientes, así que en el largo plazo la estructura fiscal tiene que fortalecerse.

Jorge Iván González

Agosto, 2022

2 Comentarios
0 Linkedin
Download PDF

Bogotá ha tenido la fortuna de realizar encuestas de hogares, con alta cobertura, en los años 2011, 2014, 2017 y 2021. Gracias a este esfuerzo conjunto, regular y sistemático, de la Secretaría Distrital de Planeación y del Dane, se cuenta con información valiosa de la situación socioeconómica de Bogotá y de los municipios vecinos.

La encuesta de hogares en 2021 tuvo una muestra de 107.199 hogares y 292.281 personas. Incluyó, además, a 21 municipios cercanos.

La encuesta se llama multipropósito porque examina dos dimensiones centrales: la capacidad de pago y la calidad de vida. La comparación intertemporal permite examinar los cambios que se han presentado en las condiciones de vida de los hogares.

Entre las numerosas conclusiones que se derivan de la comparación de las encuestas, se destacan las cuatro siguientes:

Primero, en Bogotá las desigualdades han aumentado. Las diferencias de ingreso entre los deciles se han ampliado. La relación entre el decil 10 y el decil 1 D10D1 pasó de 12,71 veces en 2011 a 16,26 en 2021. La distribución del ingreso original ha empeorado. El Gini se amplió y subió de 0,54 a 0,62. Durante la pandemia los hogares pobres fueron los más perjudicados.

Segundo, la política fiscal ha mejorado en eficiencia, pero no alcanza a compensar las desigualdades derivadas del mercado. En las cuatro encuestas se examinó la incidencia de la política fiscal, entendida como la conjunción de los impuestos y los subsidios. El ejercicio consiste en comparar el ingreso original del hogar con el ingreso disponible, o el ingreso después de la política fiscal. En 2011, la política fiscal redujo el Gini en 0,04 puntos, y en 2021 en 0,07. En todos los años la intervención pública mejoró las condiciones de los hogares más pobres, pero los avances no han sido suficientes para contrarrestar las desigualdades causadas por las dinámicas de la economía.

Estos logros distributivos se explican porque la estructura del impuesto predial es más progresiva y porque la focalización mejoró de manera significativa. El acuerdo 756 de 2016 del Concejo de Bogotá aprobó tarifas del predial que dependen del avalúo catastral y que se mueven en un rango que va de 5,5 por mil a 11,3 por mil. No obstante, la bondad de la tributación y de la focalización, la distribución del ingreso disponible en 2021 es peor que la de 2011.

Tercero, en Bogotá el costo de la vivienda ha subido de manera considerable. En los 10 años del análisis, el gasto en vivienda aumentó, en precios constantes, 79 %. En el promedio, en pesos constantes, el gasto mensual del hogar en vivienda, pasó de $688,8 miles en 2011 a $1,2 millones en 2021. Esta tendencia preocupa porque disminuye la capacidad de pago de las familias, que se ven obligadas a restringir el consumo de otros bienes necesarios y, además, presiona procesos migratorios hacia los municipios vecinos.

Cuarto, no hay convergencia entre las localidades de Bogotá, ni entre los municipios. Sería ideal que con el paso del tiempo disminuyeran las diferencias en las condiciones de vida. Las dinámicas no son convergentes. 

Uno de los objetivos de la Región Metropolitana debería ser la búsqueda de convergencia. Este ideal no se ha logrado. Basta mencionar las enormes brechas que existen entre Soacha y Chía. Estas desigualdades son inaceptables y la política pública debería contribuir a su disminución.

Jorge Iván González

Agosto, 2022

0 comentario
1 Linkedin
Download PDF

En 1930, hace casi un siglo, Keynes publicó “Las posibilidades económicas de nuestros nietos”. Se imaginaba que en 100 años “el problema económico podría resolverse”, y dejaría de ser la preocupación “permanente de la raza humana”. 

Si las dificultades económicas están resueltas, las prelaciones cambian de manera sustantiva. En este mundo ideal el ser humano se preguntará por “cómo ocupar su ocio ‒que la ciencia y el interés compuesto habrán ganado para él‒ para vivir sabia y agradablemente y bien”.

La estabilidad macroeconómica es la condición necesaria, pero no suficiente, para “vivir sabia y agradablemente bien”. Y la política social debería contribuir a este objetivo supremo. Faltan ocho años para que se cumpla la fecha soñada por Keynes. En sus cálculos fue optimista. La humanidad está lejos de alcanzar aquel ideal. Y en los últimos años las condiciones sociales se agravaron por la pandemia. Los millones de pobres que habitan el planeta no lograr satisfacer los requerimientos más elementales. Y de manera dramática, los últimos informes de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ponen en evidencia los peligros actuales de una crisis alimentaria.

Los instrumentos que ofrece la economía deben lograr el doble propósito, de resolver las necesidades básicas y facilitar las condiciones que permitan el ejercicio de la libertad. Si las necesidades básicas se resuelven, comienza a abrirse el abanico de las capacidades y, entonces, el individuo estará en mejores condiciones para desarrollar el proyecto de vida que considera valioso.

Con plena justificación después de los dolores de la pandemia, el eje central de la estrategia fiscal del Marco Fiscal de Mediano Plazo es “la política social de la mano del compromiso del gobierno con la estabilidad de las finanzas públicas hacia el futuro”.

Sin duda, el ideal es conjugar la política social con la estabilidad de las finanzas. La perspectiva del documento es optimista porque el covid se ha reducido de manera significativa, la economía está recuperándose y el precio de los hidrocarburos ha aumentado.

Está bien que el gobierno ponga en evidencia la importancia de lo social, pero para avanzar en esta dirección se requieren dos condiciones. Primero, que efectivamente lo social sea prioritario. Y, segundo, que los indicadores macro no se consideren un fin en sí mismos, sino el instrumento para avanzar en la política social. El objetivo último debería ser la buena vida.

El ideal keynesiano no se ha cumplido. Entre otras razones, porque las visiones no-keynesianas que han reiterado el llamado al sacrificio han tenido efectos perversos, sobre todo desde finales de los años ochenta, cuando se absolutizaron instrumentos como la regla fiscal. Se olvida que apenas es un medio y su pertinencia se tiene que juzgar en función del objetivo final que debería ser la búsqueda de la felicidad.

En el Marco Fiscal se supone, sin demostrarlo, que los instrumentos que se utilizan para conseguir la estabilidad macro son compatibles con una vida sabia y agradable. Ello no siempre es cierto. Basta con observar que la lucha contra la inflación, a través de aumentos de la tasa de interés, puede tener consecuencias perversas para el buen vivir de numerosas personas.

Es evidente que las finanzas públicas se deben manejar con cuidado, pero los instrumentos que se utilizan para hacerlo pueden ir en contra de la buena vida.

Jorge Iván González

Julio, 2022

0 comentario
0 Linkedin
hands, friendship, together-3331216.jpg
Download PDF

La antipolítica parece estar de moda. El desencanto lleva a pensar, con absoluta ingenuidad, que es posible una sociedad en la que no exista la política. Esta pretensión no tiene ningún sentido. La dinámica social pasa por la esfera de la política. Y, entonces, los políticos son una pieza central del ordenamiento colectivo. No podría ser de otra manera.

La política es el proceso, siempre imperfecto, que permite pasar de las preferencias individuales a las elecciones colectivas. El camino que va de la voluntad individual a la decisión social es tortuoso. En su lectura del premio Nobel, Sen dice que “un camello es un caballo hecho por un comité”. Cualquier órgano colegiado lleva a soluciones subóptimas, muy lejanas del ideal. En el mejor de los casos, apenas se trata de alternativas razonables.

Sin política y sin políticos no se podría hacer el tránsito del querer individual al orden social. Como este proceso es tan complejo, las modalidades de la actividad política son numerosas. La preocupación por quién nos gobierna y cómo nos gobierna ocupa una parte importante de los diálogos socráticos. Las soluciones contractualistas que se han propuesto desde la modernidad apenas son un punto de referencia. El marqués de Condorcet, por los días de la revolución francesa, ponía en evidencia la paradoja del voto y las contradicciones intrínsecas de cualquier sistema de elección.

Las soluciones contractualistas ideales no son posibles en la vida real. Se han buscado caminos alternativos. El imperativo categórico kantiano ha sido el más emblemático. Si cada persona obra de tal manera que su norma moral pueda ser propuesta como norma moral universal, lograríamos que la sociedad se guiara por principios éticos de aceptación universal. El propio Kant reconoce que ello no es posible. El ser racional, dice, tiene que postular el imperativo categórico aun aceptando su imposibilidad. En la filosofía moral contemporánea el velo de ignorancia de Rawls es un esfuerzo por repensar el ideal contractualista. Habermas, por su parte, busca que la acción colectiva mejore los procesos deliberativos.

Varios premios Nobel en economía han aceptado el reto de examinar las condiciones de posibilidad de la elección colectiva. En los años 50 fueron célebres los teoremas de imposibilidad de Arrow y los ejercicios de equiprobabilidad de Harsanyi. Y, años más tarde, Sen muestra que las sociedades van avanzando gracias a ideas aproximadas de lo justo. Y, entonces, el sentimiento y la indignación son elementos centrales de la transformación política. Buchanan, desde otra perspectiva, examina las características de la negociación política, en un abanico amplio que va desde el acuerdo sobre el próximo ministro hasta la compra de votos. Vickrey invoca, una y otra vez, al Concejo de la ciudad de Nueva York como la única instancia que puede resolver, de alguna manera, la tensión entre la eficiencia y la equidad.

Puesto que las soluciones ideales no son factibles, es necesario llegar a ciertos acuerdos mínimos, que se van construyendo con algo de razón y con mucho de pasión. En medio de esta amalgama de intereses la política ayuda a ordenar.

Es comprensible que ciudadanos fatigados griten en contra de la política. Pero es inaceptable que se haga política predicando la antipolítica. Es un contrasentido buscar votos negando la pertinencia del mundo político.

Jorge Iván González

Junio, 2022

1 comentario
1 Linkedin
people, man, men-1316406.jpg
Download PDF

En el último mes, el Dane ha presentado tres miradas a la pobreza. Una, la percepción que tienen los hogares sobre su propia situación. Dos, la pobreza monetaria y, tres, la pobreza multidimensional. 

Las tres pobrezas que presenta el Dane son enfoques complementarios. En 2021, 46,7 % de los jefes de hogar se consideró pobre. Este porcentaje es mayor en 8,5 puntos al observado en 2020. En 2021, la incidencia de la pobreza monetaria fue de 39,3 %, y se redujo 3,2 puntos con respecto al año anterior. Y en 2021 la pobreza multidimensional fue de 16 %, inferior en 2,1 puntos a la de 2020.

La pobreza monetaria se basa en el ingreso, y la multidimensional, que no incluye el ingreso, informa sobre la situación del hogar en materia de educación, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo informal y desempleo, salud y características de la vivienda. La pobreza monetaria es más sensible al ciclo de la economía que la multidimensional. Se podría decir que las pobrezas monetaria y multidimensional reflejan la situación “objetiva”, mientras que la percepción expresa el sentimiento “subjetivo”.

Un aspecto relevante de la comparación de las tres pobrezas es la diferencia en las tendencias. Mientras que la pobreza subjetiva aumentó de manera importante, la objetiva disminuyó.

Desde el punto de vista de la política pública es necesario examinar con cuidado las razones por las cuales las personas se sienten más pobres. El ideal benthamiano, de la mayor felicidad para el mayor número, debería ser el propósito central de todo gobierno. Los diferentes instrumentos de la política económica deberían juzgarse finalmente por la satisfacción de las personas. El logro de la buena vida tendría que ser el criterio final para evaluar a los gobiernos. 

Las mediciones subjetivas suelen despreciarse y se le da mayor relevancia a los datos objetivos. Pero preocupa que los indicadores relacionados con la percepción del buen vivir sean relativamente bajos. En 2021, únicamente 8,01 % de las personas mayores de 15 años sentía “satisfacción con la vida”.

El aumento de la pobreza subjetiva entre 2020 y 2021 muestra que las sensaciones de frustración y de dolor se agudizaron con la pandemia y la insatisfacción se ha intensificado. Bentham consideraba que los dos principales asesores del gobernante deberían ser el médico y el estadístico. El primero le ayuda a reducir el dolor y a aumentar el placer. Y el segundo le proporciona los instrumentos para medir la intensidad del placer y del dolor. La primera condición para lograr la buena vida es tener una aproximación cuantitativa al grado de felicidad, que le permita al gobernante comparar entre personas y realizar las acciones que lleven a la maximización de la felicidad.

Es importante que en el país se continúen afinando las medidas sobre la percepción subjetiva. Pero es mucho más relevante que los gobiernos entiendan que una economía no va bien solamente porque el PIB crece. El criterio fundamental para evaluar la bondad de la política pública es la satisfacción subjetiva, que en el país todavía continúa siendo muy baja.

La asimetría entre las pobrezas subjetiva y objetiva debería ser objeto permanente de análisis. Y en la comprensión del fenómeno se deben tener en cuenta las apreciaciones que hace Elster en Uvas amargas. Allí muestra que las personas no suelen ser muy exigentes y que apenas piden un poco más de lo que tienen.

Jorge Iván González

Junio, 2022

1 comentario
1 Linkedin