Autor

Jorge Ivan Gonzalez

Jesuita entre 1971-1977. Después de terminar los estudios de filosofía en la Universidad Javeriana, hizo la maestría de economía en la Universidad de los Andes y el doctorado en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). Fue decano de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional. Es profesor de la Universidad Externado de Colombia. En el área de la economía se ha dedicado a temas relacionados con finanzas públicas y calidad de vida. Actualmente es Director del Departamento Nacional de Planeacion de Colombia en el gobierno del Presidente Gustavo Petro.

Actualidad

Errores de Inclusión

Por Jorge Ivan Gonzalez 23 noviembre, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

En el proceso que está llevando a cabo Planeación Nacional (DNP) para ir consolidando el registro universal de ingresos, se ha hecho una evaluación de los errores de inclusión del Sisbén^[1].

El error de inclusión se presenta cuando se incluye en una categoría a quien no debería estar allí. Y el error de exclusión se presenta cuando se deja por fuera a quien debería estar incluido. En el Sisbén los errores más frecuentes son de inclusión, porque existen mecanismos endógenos para corregir los errores de exclusión.

El hogar que considera que debe ser incluido y no lo está, pide que se le haga la encuesta. Este mecanismo intrínseco permite que los errores de exclusión se pueden auto-corregir. No sucede lo mismo con los errores de inclusión, porque la persona que está mal calificada no tiene incentivos para modificar su situación.

Para evaluar los errores de inclusión, el DNP contrasta la calificación del Sisbén con la información disponible en los registros administrativos. El registro social de hogares es una base muy completa, incluye 55 millones de registros y ofrece un panorama más completo que las encuestas Sisbén. Los registros administrativos son una fuente de información valiosa.

Actualmente en el grupo A del Sisbén, que correspondería a los más pobres, hay 4 millones de personas y, después de hacer los cruces de bases de datos, solamente debería haber 2,9 millones.El error de inclusión es de 1,1 millones de personas. Estas personas que están en el grupo A son candidatos privilegiados de diversos programas sociales, incluyendo los que entregan subsidios monetarios.

Estas personas estarían recibiendo beneficios que no se merecen. Deberían estar por fuera del Sisbén, o calificadas en otros grupos diferentes, como Sisbén B, C, D. En estas categorías los beneficios son menores a los que corresponderían a quienes están en el grupo A.

Las diferencias entre ciudades son significativas. Las ciudades con más errores de inclusión en el grupo A son, en su orden, Cartagena (38.000 personas), Bogotá (34.000), Soledad (26.000), Barranquilla (26.000), Cali (23.000).

Entre las causas de estos errores de inclusión vale la pena señalar cuatro: la desactualización de la información, la manipulación, los problemas metodológicos, y la diferencia entre las pobrezas subjetiva y objetiva.

La información del Sisbén se desactualiza porque las encuestas no son periódicas. Los registros administrativos se mantienen al día más fácil que las encuestas Sisbén. El error de inclusión se origina en el desfase entre la información pasada del Sisbén y la actual del registro administrativo. Esta asimetría es inevitable mientras se mantenga la actual metodología del Sisbén.

La manipulación de información se explica por razones políticas o por intereses corruptos. La oferta de beneficios en los programas sociales se expresa en apoyo político.

Existen problemas metodológicos. Se ha avanzado en cuatro versiones del Sisbén. Entre el Sisbén I y el IV hay mejoras significativas, pero a pesar de los avances técnicos, es imposible eliminar los errores de inclusión y exclusión.

La brecha entre la percepción de la pobreza y la pobreza objetiva crea una asimetría que genera tensiones y dificulta la administración de los programas sociales.

Los errores de inclusión se reflejan en una asignación inadecuada de los recursos públicos. Es necesario irlos corrigiendo de tal manera que reciban los beneficios quienes realmente los necesitan.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Colombia

^[1] Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales de Colombia.

23 noviembre, 2023 1 comentario

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Pandemia fiscal

Por Jorge Ivan Gonzalez 5 noviembre, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Pasó el covid y, aunque la actividad económica se está recuperando, la pandemia sigue afectando a las finanzas públicas. Los efectos del mal continúan, y el daño fiscal tiene un impacto negativo en la inversión y en el crecimiento.

Durante la pandemia, el gobierno Duque tomó decisiones que siguen teniendo impactos fiscales significativos, incorporados en el presupuesto de 2024. Sin pretender hacer una evaluación de las medidas tomadas para responder al covid, es innegable que los mayores gastos hechos entonces, están reduciendo el margen fiscal. Los efectos más notorios tienen que ver con el servicio de la deuda, el fondo de estabilización de los precios de los combustibles y la opción tarifaria.

Entre 2023 y 2024, el servicio de la deuda aumentó $20 billones. Durante 2024 es necesario cumplir con los compromisos adquiridos por el gobierno anterior. Para solucionar los problemas causados por el covid se contrataron créditos de corto plazo, que es necesario pagar ahora. Entre 2023 y 2024, el servicio de la deuda pasa de $72,3 billones a $92,3 billones.

La relación entre el servicio de la deuda y la inversión está llegando a límites preocupantes. En las primeras versiones del presupuesto 2024, el servicio de la deuda era superior a la inversión. Durante estos dos meses, con el apoyo del Congreso, se hicieron cambios que permitieron que la inversión por valor de $99,4 billones supere al servicio de la deuda. Pero se ha llegado a una situación preocupante y sería muy inconveniente que en 2025, el servicio de la deuda supere a la inversión, ya que se verían seriamente comprometidas las posibilidades de crecimiento.

El déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) es la segunda consecuencia de las decisiones que tomó el gobierno anterior, que no aumentó los precios de los combustibles, con el fin de proteger la capacidad de pago de los hogares. Para mantener un buen equilibrio de las finanzas de Ecopetrol, se decidió que el precio interno debería ser similar al internacional. Como la brecha entre los dos precios se amplió, la administración Petro ha tomado dos decisiones dolorosas.

Por un lado, compensar el déficit y financiarlo. Y, por el otro, aumentar el precio de la gasolina, de tal forma que se vaya reduciendo la distancia entre los precios doméstico e internacional.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se estimó un déficit de $17,8 billones, pero durante la discusión del presupuesto, se decidió aumentarlo a $20 billones. Al cerrar la brecha con respecto al precio internacional se logran varios propósitos. Por un lado, se eliminan los subsidios indiscriminados, y gracias a los mayores ingresos de Ecopetrol, el Estado recibirá recursos que se pueden asignar en función de los preferencias del gobierno.

Y, finalmente, la opción tarifaria puede tener un costo cercano a los $6 billones. Las tarifas de los servicios públicos no aumentaron durante los meses del covid, y ahora es necesario corregir el desbalance. Las empresas comercializadoras reclaman, con razón, que se les transfieran los recursos adeudados. La cifra podría ser de $6 billones.

En total, el gobierno Petro ha tenido que asumir estos compromisos que llegan a $46 billones. Son más de dos reformas tributarias. A pesar de estas limitaciones, el monto de la inversión para 2024 es el mayor de la historia del país.

Jorge Iván González

Noviembre, 2023

5 noviembre, 2023 3 Comentarios

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El sindicalista Biden

Por Jorge Ivan Gonzalez 8 octubre, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

En Michigan, Biden se unió a los huelguistas del sector del automóvil. Este hecho sin precedentes pone en evidencia la asimetría entre el ritmo de crecimiento de las ganancias y el de los salarios.

La remuneración a los trabajadores se ha ido rezagando y no avanza a la misma velocidad que los excedentes en manos de los propietarios de las empresas y de sus dirigentes. Biden se une a la indignación sindical, porque considera inaceptable la ampliación de esta brecha. Los huelguistas piden un aumento salarial del 40%.

La denuncia de Biden está respaldada por dos estudios recientes del FMI y de la OCDE. De acuerdo con estas investigaciones, entre 2020 y 2021, las ganancias de las empresas aumentaron 53,9%, mientras que los salarios crecieron 7,9%. Las dos consecuencias más claras de esta disparidad son el aumento de la desigualdad del ingreso y el deterioro de la demanda. Pero lo más significativo del análisis del FMI y de la OCDE es poner en evidencia la relación directa entre las ganancias corporativas y la inflación.

Estas ganancias excesivas han sido el resultado de un control monopólico de los precios. Las grandes corporaciones no han permitido que los precios se ajusten a los costos y, entonces, el precio termina siendo artificialmente alto. Este excedente únicamente se justifica por el afán de ganancia. La falta de competencia permite que los capitalistas aumenten sus ganancias en un porcentaje considerablemente más alto que el de los trabajadores. El excedente derivado del control monopólico es perjudicial para el conjunto de la sociedad.

En los análisis convencionales de la inflación se le suele dar relevancia a la incidencia que tienen los aumentos salariales en los precios. Es el argumento que se ha utilizado para frenar las aspiraciones de los trabajadores en las negociaciones anuales del salario mínimo. El FMI y la OCDE invitan a cambiar la óptica de análisis.

Primero, porque muestran que la ausencia de competencia termina expresándose en una mayor inflación, y el control indica que hay debilidades institucionales, que han permitido la consolidación de monopolios con mucho poder.

Segundo, porque es una invitación a los bancos centrales para que modifiquen de manera sustantiva su visión de la política monetaria y de los determinantes de la inflación. Los bancos siguen obsesionados con su pretensión de frenar la inflación por la vía de las tasas de interés.

La inflación actual no es un fenómeno de demanda. Sus causas son más complejas. Algunas están relacionadas, sobre todo después de la pandemia, con los mayores costos. Pero otras tienen que ver con factores institucionales complejos, como la imposibilidad de controlar el monopolio y de reducir el poder de mercado de las grandes empresas y corporaciones. Esta mirada es integral y supera la perspectiva estrecha que asocia la inflación con el aumento de la cantidad de dinero. Este diagnóstico estrecho no permite explicar la inflación actual.

La relación entre la concentración de la riqueza y la inflación abre una puerta de análisis novedosa, que debería llevar a que los bancos centrales modifiquen de manera sustantiva su percepción de los factores determinantes de la inflación. La regulación de la inflación obliga a realizar cambios estructurales, comenzando por la eliminación del poder monopólico de las grandes corporaciones.

Jorge Iván González

Octubre, 2023

8 octubre, 2023 0 comentario

Cultura

Allende

Por Jorge Ivan Gonzalez 5 octubre, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

50 años después de la toma del Palacio de La Moneda, es oportuno reflexionar sobre lo sucedido con el socialismo en América Latina.

Para Allende fue claro que la transformación social y económica de Chile se tenía que hacer respetando las reglas de la democracia. Su propuesta de cambio se ajustó a los marcos legales existentes. Las élites chilenas se negaron a aceptar las iniciativas de un socialismo moderado y, con los militares y el apoyo de los Estados Unidos, optaron por derrocar a Allende.

Allende era un demócrata con un claro espíritu liberal. La dictadura de Pinochet aniquiló ese proyecto político y exterminó a la oposición. Desde entonces, las dictaduras de América Latina han buscado eliminar las ideas marxistas y cualquier forma de socialismo. Estos intentos de los militares han fracasado, porque en el heterogéneo panorama político de la región, después de las dictaduras, están vivas las ideas de cambio, y aunque conservan una cierta inspiración de izquierda, las modalidades de socialismo han sido muy diversas.

La situación de las mayorías continúa siendo muy difícil. A pesar de algunos avances, los indicadores sociales son preocupantes. Se mantienen altos los niveles de pobreza, la desigualdad de la riqueza no muestra cambios significativos, las estructuras productivas se han debilitado como consecuencia de la reprimarización de las economías y de la creciente dependencia de minerales y petróleo.

En estas economías frágiles y excluyentes, los discursos de cambio siguen teniendo aceptación. Todos los llamados populismos ofrecen mejores condiciones de vida. Pero más allá del significado del populismo, es evidente la necesidad de que haya transformaciones sustantivas en América Latina.

Las ideas de Allende continúan vigentes, aunque el lenguaje no es el mismo de antes. El socialismo bolivariano de Chávez tiene connotaciones muy diferentes a las de Allende. Los seguidores de Boric también piden cambios, y ponen el énfasis en la democracia y la inclusión. Para Mujica en Uruguay es importante la conciliación y la universalización de las oportunidades. Las versiones de izquierda de Lula han ido cambiando, y su enfoque social inicial se ha ido matizando con la inclusión de los temas ambientales. Las ópticas de Evo Morales y de Rafael Correa son muy diferentes entre sí, y muy distintas a las de los demás gobiernos de izquierda. La perspectiva de Manuel López Obrador en México es una mezcla donde un nacionalismo radical que busca ser incluyente, convive con una buena relación con los Estados Unidos. La maquila mexicana ha evitado la reprimarización que ha sufrido la mayoría de los países de América Latina.

El socialismo de Petro es más bien un keynesianismo verde, que le da especial importancia a la intervención del Estado con dos propósitos: por un lado, asumir los riesgos que el privado rechaza y, por el otro, liderar la transformación energética hacia una economía verde.

Entre las diversas modalidades de la izquierda latinoamericana hay tres elementos comunes: primero, no tienen un discurso marxista; segundo, sus propuestas son diversas y vagas y tercero, tienen una clara convicción de la importancia de reducir la desigualdad y la pobreza, en una sociedad incluyente.

Después de medio siglo, el balance no es optimista. América Latina sigue rezagada, y el sueño de Allende está lejos de ser realidad.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá.

5 octubre, 2023 1 comentario

Actualidad

Antioquia y Amazonas

Por Jorge Ivan Gonzalez 25 septiembre, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Los departamentos de Amazonas y Antioquia son intrínsecamente diferentes. No obstante la evidencia de esta afirmación, la asimetría fundamental que existe entre las regiones de Colombia no se tiene en cuenta en las decisiones de política pública.

El reconocimiento de que existen diferencias sustantivas es la primera condición para lograr la convergencia regional. Las grietas entre departamentos son abismales. Por ejemplo, el presupuesto de inversión para 2024 en Amazonas es de $361.000 millones, mientras que en Antioquia es de $8,3 billones. Esta divergencia no favorece la convergencia. Para superar una brecha tan grande sería necesario modificar de manera sustantiva los criterios que actualmente se utilizan para distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Las normas existentes parten de un falso diagnóstico que pretende homogeneizar entidades que son cualitativamente diferentes.

La distribución de recursos del SGP se realiza teniendo como criterio principal la población y algunas de sus características, como el nivel de necesidades básicas. Estas variables son las mismas para Antioquia, Valle, Chocó, Amazonas, y para cualquier departamento del país. No tiene sentido continuar midiendo con el mismo patrón regiones tan disímiles.

La heterogeneidad de los departamentos obliga a que las decisiones de la política pública reconozcan esta diversidad y, entonces, la asignación de recursos tendría que seguir lógicas diferentes. Las mayores transferencias al Amazonas se justifican porque el departamento tiene selvas y ríos. Si se mantiene el actual criterio poblacional, la brecha entre Amazonas y Antioquia se seguirá ampliando de manera endógena, y a un ritmo exponencial. De forma similar, a los departamentos que están en el litoral Pacífico se les debe asignar recursos porque tienen una riqueza ambiental única en el planeta.

Si los criterios de asignación respetaran las heterogeneidades, los recursos recibidos por Amazonas podrían ser iguales o superiores a los de Antioquia. Una distribución de esta naturaleza reduce las desigualdades geográficas, y potencia las vocaciones funcionales de cada uno de los departamentos.

Este ejercicio de equidad tiene la ventaja adicional, de que contribuye a reducir los niveles de pobreza. La disminución de la pobreza en Amazonas se logrará porque la inversión en proyectos, como la reforestación, tendrá un impacto favorable en el nivel de ingresos de sus habitantes, y en un mejoramiento de la calidad de vida.

La distribución de los recursos en función de la población no se ha traducido en una reducción de las desigualdades. Es necesario, entonces, modificar de manera sustantiva los principios que han determinado las transferencias. La convergencia en la calidad de vida se logrará únicamente cuando Amazonas y Antioquia tengan niveles de inversión similares.

Al replantear el SGP se deberían seguir dos postulados básicos. Por un lado, aceptar que departamentos como el Amazonas no se pueden comparar con Antioquia. Y, por otro lado, cualquier ley propuesta debe eliminar los porcentajes fijos, dejando espacio a la discrecionalidad.

Los departamentos son cualitativamente diferentes, y son incomparables. Este principio también se le debería aplicar a los municipios. Es absurdo que actualmente, en la llamada categoría 6 se agrupen 964 municipios de un total de 1.104.

Jorge Ivan González

Publicado en La República, Bogotá

25 septiembre, 2023 2 Comentarios

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Inversión Total

Por Jorge Ivan Gonzalez 8 septiembre, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Estos días que se está discutiendo en el Congreso el presupuesto para el 2024, es importante diferenciar los alcances del Presupuesto General de la Nación (PGN) de la disponibilidad de los recursos agregados del Estado.

En el plan de desarrollo se incluyen metas globales, que comprenden los logros de todas las instancias del Estado (gobierno central, alcaldías, gobernaciones y empresas públicas).

El cumplimiento de estos objetivos, no se consigue solamente con los recursos del gobierno nacional, así que es indispensable considerar la totalidad de los ingresos disponibles. La diferencia entre el PGN y el total de ingresos es notoria.

En 2024, la suma global de los recursos de inversión es de $223,2 billones. Esta cifra incluye $97,7 billones del PGN, $71 billones del Sistema General de Participaciones (SGP), $14,4 billones del Sistema General de Regalías (SGR), y $40,1 billones de la disponibilidad para inversión de las entidades territoriales (municipios y departamentos).

El examen del balance global tiene ventajas y, al mismo tiempo, plantea retos importantes. Por el lado positivo, muestra que más allá de las restricciones que impone le impone al PGN el considerable aumento del servicio de la deuda, y la transferencia para el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), todavía queda un monto significativo de recursos para la inversión.

En 2024, la suma del servicio de la deuda y del FEPC, puede ser del orden de $38 billones. Con toda razón, esta cifra genera pesimismo, porque restringe el margen fiscal, pero cuando se miran los recursos globales, el panorama es menos negativo, y obliga a reflexionar sobre las posibilidades de gestión del conjunto de la administración pública.

Es indispensable que haya concurrencia de recursos alrededor de proyectos comunes. La mirada del gobierno central no se puede reducir al manejo del PGN. La tarea de los ministros no se limita a ejecutar el presupuesto del PGN. El gobierno central debe buscar la coordinación de sus tareas con los alcaldes y gobernadores.

La concurrencia de recursos tiene que apalancar proyectos estratégicos y ello solamente es posible si hay un diálogo intenso entre la Nación y los gobernantes locales. Sin la gestión armónica entre los diversos niveles de gobierno no es posible que haya convergencia entre las fuentes de recursos.

La concurrencia se debe llevar a cabo juntando fuentes heterogéneas. Quizás el ejemplo más significativo de la asimetría es el que se presenta actualmente con el manejo de las regalías. La falta de coordinación ha sido evidente.

Sin duda, los gobernadores y los alcaldes son autónomos en la asignación de un porcentaje importante de las regalías. Pero dado que nadie les puede obligar a que destinen estos recursos hacia un objetivo específico, es necesario que haya una coordinación estrecha entre el gobierno nacional y las autoridades locales, de tal forma que todas las fuentes de recursos confluyan hacia el mismo propósito.

Consideraciones similares se podrían hacer sobre la necesaria articulación entre los recursos nacionales y los generados en las ciudades. El malestar por la limitación de recursos se podría reducir si las diversas instancias de decisión compartieran objetivos comunes. El reto es enorme porque es muy difícil la coordinación entre los ministerios y, más compleja aún, la de éstos con los gobiernos locales.
Consideraciones similares se podrían hacer sobre la necesaria articulación entre los recursos nacionales y los generados en las ciudades. El malestar por la limitación de recursos se podría reducir si las diversas instancias de decisión compartieran objetivos comunes. El reto es enorme porque es muy difícil la coordinación entre los ministerios y, más compleja aún, la de éstos con los gobiernos locales.

Publicado en La República, Bogotá.

8 septiembre, 2023 1 comentario

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La flexibilización de la regla fiscal

Por Jorge Ivan Gonzalez 14 agosto, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Es necesario flexibilizar la regla fiscal. Desde el punto de vista de la teoría económica, el gobierno del presidente Petro se podría calificar como un keynesianismo verde. Esta categorización combina dos dimensiones.

Por un lado, la importancia de la intervención del Estado. Y, por el otro, la relevancia de los temas relacionados con la economía verde. De allí se deriva la aceptación de la incertidumbre, y el reconocimiento de la intertemporalidad cíclica. En ambos temas la visión de la escuela austriaca (Böhm-Bawerk, Mises, Hayek) es muy cercana a la de Keynes.

Este enfoque plantea una lógica de la planeación en donde prima la probabilidad de clase sobre la probabilidad de caso. La primera se centra en principios generales que tienen aceptación casi unánime. Se reconoce, por ejemplo, que la educación mejora la capacidad de los sujetos, además de cualificar su capital humano. Puesto que la educación es importante, el gobierno la debe apoyar.

La probabilidad de clase se expresa afirmando que si la educación mejora habrá un efecto positivo en el desarrollo del país. Otros ejemplos de probabilidad de clase, podrían expresarse con frases de este tipo: “puesto que habrá terremotos se debe crear un fondo que permita responder de manera expedita a la urgencia”; “puesto que siempre se presentarán accidentes de tránsito, los automóviles y las motos deben adquirir el Soat”; “puesto que la contaminación de los ríos causa enormes daños ambientales, y dado que los costos marginales del tratamiento de agua van creciendo a lo largo del tiempo, es fundamental comenzar el proceso de purificación, actualizando las plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar)”.

A diferencia de la probabilidad de clase, la de caso pretende predecir hechos particulares, como el valor del dólar, o del petróleo en 2040.

Desde una perspectiva keynesiana, que acepta la incertidumbre, el marco fiscal de mediano plazo se debe construir sobre la probabilidad de clase bajo los siguientes principios.

Primero, reconocer la importancia de la responsabilidad fiscal, entendida como la financiación adecuada del gasto público. El desequilibrio fiscal se debe minimizar, bien sea a través de una reducción del gasto o de un incremento de los ingresos. Se trata, entonces, de reconocer una responsabilidad contracíclica. Aunque esta dimensión no ha sido desvirtuada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), sus alcances se han minimizado con los modelos lineales, que terminan ahogando las particularidades del movimiento cíclico.

Segundo, reconocer, de manera explícita, la incertidumbre en el sentido de Knight. A diferencia del riesgo, la incertidumbre no admite ningún cálculo de probabilidad, porque los eventos son únicos. Si el futuro es desconocido, la prospectiva no debería ser punto a punto, sino que debe proponer rangos. Se trata de aceptar de manera explícita que frente al futuro no sabemos. En lugar de pretender acertar en un valor específico, como el del dólar en 2040, parece más adecuado reflexionar sobre un rango de valores.

El movimiento cíclico le daría más flexibilidad a la política fiscal. y los márgenes permitidos por la regla fiscal serían más expeditos. Los movimientos no lineales llevan, de manera endógena, a una flexibilización de los déficits, así que el desbalance de hoy se expresa en un mayor crecimiento futuro.

Jorge Iván González

Artículo publicado en La República, Bogotá

14 agosto, 2023 1 comentario

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La deuda desbordada

Por Jorge Ivan Gonzalez 3 agosto, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

La deuda pública ha llegado a niveles elevadísimos. Los compromisos adquiridos por los gobiernos anteriores están reduciendo el espacio fiscal de la administración Petro de manera significativa.

El margen de maniobra del gasto y de la inversión está disminuyendo y ello tiene un impacto negativo en la producción y el empleo. Las obligaciones correspondientes al servicio de la deuda están creciendo de manera sustantiva. Y esta dinámica va en contra de la autonomía de la política fiscal. Las inflexibilidades se han ido acentuando a lo largo del tiempo. Aunque todas las comisiones de gasto han llamado la atención sobre la rigidez del presupuesto, está mal, no se ha podido corregir y se ha acentuado.

Entre 2023 y 2024 el costo del servicio de la deuda aumentaría 33%, acercándose a los $105 billones. Mientras tanto, la inversión apenas crecerá 2,3%, colocándose alrededor de los $80 billones. Ambas dinámicas son perversas. La deuda sube y la inversión baja. Disminuye la disponibilidad de recursos públicos para el gasto social y la inversión. De forma progresiva, la inversión se va ahogando por el peso de la deuda. Solamente en intereses, en 2024, se pagarán $76 billones. La brecha entre el servicio de la deuda y la inversión continúa incrementándose.

También se observan aumentos considerables del saldo de deuda pública con respecto al PIB. Mientras que en 2018 el porcentaje era de 49,3%, en 2024 será de 59,7%. En los últimos años el aumento del saldo de la deuda pública ha sido continuo. En tales condiciones, la estructura de las finanzas públicas se hace más frágil. Y si la deuda continúa aumentando, la inversión pública se seguirá deteriorando, perjudicando la dinámica de la actividad económica.

Además del costo de la deuda, el presupuesto del próximo año tendrá que responder por $18 billones que se le deben al Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (FEPC). Además de responder con los recursos presupuestales, el déficit se irá reduciendo con el alza del precio de la gasolina. Si los compromisos con el FEPC se le suman al servicio de la deuda, el valor total será de $123 billones.

Es muy difícil modificar las tendencias crecientes de la deuda pública, no solamente en Colombia, sino en numerosos países del mundo. Los montos, cada vez más elevados, impiden que los gobiernos puedan dirigir sus recursos hacia los propósitos que consideran estratégicos. En Estados Unidos y Europa los saldos de la deuda pública superan 100% del PIB. En estas circunstancias el manejo fiscal se va volviendo más inflexible.

Las variaciones de los montos de la deuda dependen, en gran medida, de las fluctuaciones de los mercados de capitales, así que la política fiscal doméstica se va quedando sin instrumentos para contrarrestar las tendencias que se presentan a nivel internacional.

Tanto la deuda interna, como la externa, dependen de los movimientos de las tasas de interés definidos fuera del país. Las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y las variaciones de la tasa de cambio, repercuten en la estructura fiscal de cada país. Los comportamientos erráticos del mercado de capitales le restan autonomía a los gobiernos nacionales.

Y esta dependencia se acentúa cuando, como sucede en Colombia, la moneda no es divisa internacional. La autoridad monetaria y la fiscal pierden iniciativa y terminan respondiendo a los sobresaltos externos.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá.

3 agosto, 2023 2 Comentarios

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El atraso de La Guajira

Por Jorge Ivan Gonzalez 13 julio, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

La situación de La Guajira es la expresión del fracaso de la planeación en Colombia.

Una región tan rica no debería tener poblaciones tan pobres. No solamente ha fracasado la planeación en La Guajira, sino en numerosas regiones del país. El Magdalena Medio ha explotado petróleo durante más de 100 años y los municipios de la zona continúan con altos niveles de pobreza. La situación es parecida en el litoral Pacífico.

La calidad de vida en La Guajira no mejoró con la bonanza del carbón. Las regalías no se utilizaron bien y los excedentes no se aprovecharon. El gobierno tiene claridad sobre la necesidad de ir abandonando la producción de carbón y hacer una transición que permita aprovechar las potencialidades del viento y el sol.

No obstante las declaraciones de los diferentes gobiernos, las transformaciones estructurales no se han llevado a cabo y el atraso de La Guajira se ha mantenido. La sentencia T 302 de 2017 de la Corte Constitucional declaró el estado inconstitucional de temas como el agua, la alimentación y la salud en La Guajira. Estos males que son urgentes, no se han resuelto. Entre otras razones, porque se han aplazado las decisiones estratégicas de mediano y largo plazo.

Uno de los problemas estructurales de la Guajira es la asimetría en el uso del suelo. En las áreas de los territorios colectivos, el conflicto en el uso del suelo es de 19%, en las tierras con aptitud agrícola es de 42%, y en las áreas de protección es de 26%. El mal uso del suelo termina afectando la sostenibilidad de los bosques y de las aguas. En todos los municipios del departamento la información catastral está atrasada. El desfase es de 13 años. Además, el 93% de los planes de ordenamiento territorial no se ha actualizado.

La primera transformación del plan de desarrollo, “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, se refiere al ordenamiento del territorio alrededor del agua. Aunque los desequilibrios se presentan en todo el país, en La Guajira se expresan de una manera más contundente. La sostenibilidad ambiental tiene una relación directa con la equidad y la pobreza. En Uribia la pobreza multidimensional tiene una incidencia de 92,2%.

Los recursos que se han destinado a la Guajira se han utilizado mal. Entre el 2012 y el 2023 La Guajira recibió $4 billones de regalías, y se han realizado 1.055 proyectos. Los dineros se han desperdiciado en pequeñas inversiones, sin que se haya diseñado una estrategia de mediano y largo plazo. Los recursos no se han reflejado en el desarrollo regional.

Además del ordenamiento del territorio, el otro reto estratégico del departamento es la creación de los mecanismos que permitan potenciar el viento y el sol. Aunque este camino se ha ido consolidando, los retos son enormes. Unos son de naturaleza tecnológica. Otros tienen que ver con las consultas previas y los acuerdos con las diferentes comunidades. La sostenibilidad tiene que ir a la par con la equidad. Es importante que los grupos indígenas participen de los excedentes. Pero, sobre todo, es fundamental que los recursos se inviertan de manera adecuada.

En uno de los diálogos socráticos, consignados en “La República” de Platón, se afirma que la felicidad resulta de la conjunción de la riqueza con la virtuosidad. La riqueza es una condición necesaria, pero no suficiente. Las bonanzas sin virtuosidad se convierten en una maldición.

Jorge Iván González

Julio, 2023

Publicado en La República– Bogotá

13 julio, 2023 0 comentario

Actualidad

El Registro Social de Hogares

Por Jorge Ivan Gonzalez 6 julio, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Estos días, Planeación Nacional dio a conocer el Registro Social de Hogares. Es un paso intermedio hacia la consolidación del Registro Universal de Ingresos, ya aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo.

El Registro Social es el resultado de un largo proceso que busca mejorar los mecanismos de focalización. El instrumento se consolidó durante la pandemia, gracias al avance significativo logrado mediante la incorporación de los registros administrativos. En medio de la crisis causada por el covid, el Gobierno agilizó los procedimientos para mejorar la asignación de los subsidios. La urgencia de aquellos días fue un estímulo para incorporar la información administrativa disponible a las bases de datos. La interoperabilidad de las diferentes fuentes se convirtió en una prioridad. Y se diseñaron los mecanismos administrativos necesarios para articular los registros administrativos. La integración de las bases de datos ha alcanzado dimensiones significativas.

El Registro Social recoge las experiencias acumuladas a lo largo del tiempo, en el diseño de los mecanismos de focalización. El proceso comenzó desde 1995 con el Sisbén I. Hasta ahora se han realizado cuatro versiones del Sisbén^[1]. La última, el Sisbén IV, está vigente y trata de corregir limitaciones de las metodologías anteriores, sobre todo porque incorpora, de manera indirecta, el ingreso. Pero estos logros no son suficientes y siguen existiendo errores de inclusión y exclusión. Se califican como pobres hogares que no lo son, y no se consideran pobres a hogares que sí lo son. Para reducir estos errores, es importante mejorar los instrumentos que permitan gestionar de manera adecuada las estrategias de la política pública.

El Registro Social permite ir corrigiendo estos errores, de tal manera que los subsidios lleguen a quienes efectivamente los necesitan. Estas bases de datos ya incluyen 55 millones de registros, que corresponden a 32,6 millones de personas. El Registro se ha construido con 28 bases de datos nacionales y 1.832 bases territoriales. En el proceso han participado 32 gobernaciones, 30 ciudades capitales y 1 007 municipios.

La información del Sisbén IV es uno de los insumos del Registro Social. Mientras se siga consolidando, se irán eliminando varios de los instrumentos que hoy existen. Por lo tanto, en el futuro no será necesario realizar un Sisbén V. La consolidación del Registro Social permitirá dejar de lado las encuestas de Sisbén y las que se hacen en programas como Familias en Acción.

Si la dinámica continúa siendo exitosa, se irá avanzando hacia el Registro Universal de Ingresos. La política fiscal se podrá cualificar de manera sustantiva cuando todos los hogares colombianos informen sobre sus ingresos, de tal manera que los de mayor ingreso paguen impuestos, y quienes tienen menor capacidad de pago reciban subsidios.

Al pasar del Registro Social de Hogares hacia el Registro Universal de Ingresos se irá abandonando la estratificación que presenta numerosos errores, sobre todo de inclusión. Actualmente, 3,5 millones de hogares están recibiendo subsidios por servicios públicos domiciliarios, sin que sean pobres o vulnerables. El costo fiscal de estos errores de inclusión es significativo. La estratificación ha mostrado sus limitaciones intrínsecas y, por lo tanto, se debe ir eliminando.

Jorge Iván González

Julio, 2023

Publicado en La República, Bogotá

^[1] Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.

6 julio, 2023 1 comentario

Actualidad

Colombia y la OCDE

Por Jorge Ivan Gonzalez 23 junio, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Hace 15 días, el Consejo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) aprobó el informe post-acceso presentado por el gobierno colombiano.

Después de que el país fue admitido a la OCDE en 2020 se comprometió a mejorar algunas prácticas, que en opinión de la Organización no alcanzaban los estándares exigidos. Cada año el gobierno colombiano tiene que informar sobre los progresos que ha logrado en cada una de las áreas críticas.

Para la OCDE es muy positivo que en el marco de la ley del Plan de Desarrollo se hayan incorporado los instrumentos que permitan avanzar en los compromisos adquiridos. Las cinco transformaciones propuestas en el Plan responde a las inquietudes expresadas por la OCDE.

La primera exigencia tiene que ver con el manejo de la pesca. Colombia ha ido mejorando la institucionalidad del sector. Se le asignó un mayor presupuesto a la Agencia Nacional Pesquera. Se busca que tenga mayor presencia nacional. Y en materia de información se han caracterizado a más de 110.000 pesqueros artesanales. En el Plan de Desarrollo se le da relevancia a la economía popular, y la pesca es un sector privilegiado. Uno de los aspectos más problemáticos tiene que ver con la contaminación de los ríos con mercurio, ocasionada por la minería ilegal de oro. De ahí la importancia que el Plan le atribuye al ordenamiento del territorio alrededor del agua. Es necesario encontrar alternativas que le permitan a los mineros obtener ingresos suficientes sin hacerle daño a los ríos.

La OCDE también ha expresado su preocupación por los temas ambientales, el cambio climático, y la transición hacia una economía verde. A nivel internacional ha ido ganando espacio en la discusión el desarrollo de instrumentos financieros que permitan ir consolidando la transición energética. En opinión de la OCDE son adecuados los énfasis que el gobierno ha puesto en los aspectos relacionados con la conservación del medio ambiente y la lucha contra la deforestación.

Los asuntos laborales siempre han estado al orden del día en las discusiones con la OCDE. En este tema se consideran aspectos diversos como el trabajo digno, el ingreso, la productividad y la movilidad social. Los cuatro aspectos están relacionados. Si las condiciones laborales son buenas, y si el ingreso es adecuado, aumenta la productividad del trabajo. En los países del norte, los mayores salarios han ido a la par con incrementos en productividad.

Entre los países de la OCDE, Colombia tiene la peor movilidad social. Una persona del decil más pobre necesitaría entre 11 generaciones para alcanzar un nivel de ingresos similar al promedio. En Dinamarca este proceso se realiza en menos de dos generaciones.

La movilidad social en los otros países es mayor que en Colombia por dos razones. Primero, porque el nivel de ingresos es superior y más próximo de la media y, segundo, porque la conjunción de las políticas de impuestos y subsidios se traduce en una mejor distribución de la riqueza. En estas dimensiones Colombia todavía está lejos del nivel promedio de la OCDE.

Desde que el país fue admitido a la OCDE se han mejorado considerablemente las estadísticas que permiten hacer comparaciones entre los países. En la mayoría de las mediciones Colombia está en los últimos lugares. Es una invitación a mejorar, especialmente en los aspectos relacionados con innovación, transición energética e inclusión social.

Jorge Iván González

Junio, 2023

Publicado en La República, Bogotá

23 junio, 2023 0 comentario

Actualidad

El catastro multipropósito

Por Jorge Ivan Gonzalez 15 junio, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

El catastro multipropósito es un elemento constitutivo de la primera transformación incluida en las bases del plan de desarrollo “Colombia, Potencial Mundial de la Vida”.

El catastro multipropósito (urbano y rural) tiene un enorme atraso. Apenas se ha llegado al 9,4% de los predios. Este hecho es el reflejo de problemas políticos y económicos de naturaleza estructural. La situación es especialmente crítica en el área rural.

La actualización del catastro rural es fundamental por tres razones: Primera, permite avanzar hacia la consolidación del mercado de tierras. Segunda, es un instrumento importante para incidir en la modificación de las relaciones factoriales. Tercera, contribuye a mejorar los ingresos fiscales de los municipios.

La actualización del catastro favorece el mercado de tierras. La claridad en la definición de los derechos de propiedad es una condición básica para que haya transparencia en la compra y venta de las tierras. En Colombia no se ha constituido un observatorio que le haga el seguimiento a los precios y a las transacciones de los predios rurales. No se conoce la forma como la dinámica de las aglomeraciones impacta los precios de las ciudades cercanas. La ausencia de catastros formados no permite seguir la evolución de las operaciones de compra y venta que se realizan en el país. Además, el catastro y la obtención de un título de propiedad ofrecen otras ventajas como el acceso al crédito.

El catastro permite conocer la relación factorial, y ofrece instrumentos para que la política pública la modifique en la dirección que considera adecuada. La información sobre los predios precisa la relación entre la vocación y el uso del suelo. Hay asimetrías, por ejemplo, cuando los suelos aptos para la agricultura, se destinan a la ganadería intensiva, o cuando en los páramos se siembra papa. Gracias a la información que aporta el catastro, es posible identificar estas distorsiones y, entonces, se pueden diseñar mecanismos para corregirlas.

Uno de estos instrumentos es la tributación. Si en determinada zona se está haciendo un uso inadecuado del suelo, se pueden diseñar tributos que obliguen a modificar las relaciones factoriales. A la ganadería intensiva se la puede castigar con prediales altos, como se hace con los “lotes de engorde”^[1] en las ciudades.

La formación y la conservación de los catastros tiene un impacto directo en los ingresos propios de los municipios. El país no ha aprovechado el potencial fiscal derivado de los impuestos al suelo. La tributación en las zonas rurales es muy baja. Actualmente se conjugan dos fenómenos perversos. Por un lado, la tarifa efectiva es baja y, por el otro, el avalúo está desactualizado. Aunque los municipios tienen tarifas nominales de predial muy diversas, es frecuente que oscilen alrededor del 8 por mil. Pero la tarifa nominal es muy diferente a la efectiva, que a duras penas se acerca al 3 por mil. Para corregir esta situación es importante avanzar en las dos direcciones: actualizar el catastro y cobrar una tarifa efectiva que se acerque a la nominal.

A pesar de que las ventajas del catastro multipropósito son evidentes, no se han superado las dificultades técnicas y administrativas, que se acentúan por razones políticas. Es importante fortalecer la capacidad institucional de IGAC^[2] y, además, se debe continuar impulsando a gestores y operadores públicos y privados.

Jorge Iván González

Publicado en La República , Colombia

^[1] Los llamados ‘lotes de engorde’ son aquellos lotes en zona urbana, orientados a lucrar solo por el simple transcurso del tiempo, sin tener ninguna actividad productiva.

^[2] El IGAC es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

15 junio, 2023 0 comentario

Actualidad

Desigualdades

Por Jorge Ivan Gonzalez 5 junio, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Uno de los artículos del plan de desarrollo dispone que cada año se publiquen cinco medidas de desigualdad: ingresos laborales, riqueza, inmobiliaria, tierras, activos financieros. La conjunción de estos indicadores permite tener una visión más comprehensiva de los cambios en la desigualdad.

La igualdad se puede interpretar de maneras muy diversas. A la pregunta más básica, ¿igualdad de qué?, Amartya Sen responde: “de las capacidades básicas”. En condiciones ideales, la política pública debería crear las condiciones para que cada persona amplíe el espacio de sus capacidades, de tal forma que pueda llevar a cabo el tipo de vida que considera valioso.

Para avanzar en esta dirección es indispensable contar con mediciones cuantitativas, que permiten observar la evolución de la desigualdad. La aproximación conceptual de Sen apenas se puede captar de manera imperfecta y una de las aproximaciones es el Gini que, no obstante sus limitaciones, es un instrumento adecuado para determinar la magnitud de la desigualdad. Las cinco aproximaciones permiten observar la distribución desde diferentes ópticas.

El Gini de ingresos laborales es el que usualmente se estima a través de las encuestas de hogares. Es el indicador más conocido. En 2021 el Gini fue de 0,523. Esta medición es limitada porque a través de las encuestas de hogares no es posible conocer la distribución de la riqueza. Los ingresos reportados en las encuestas de hogares son relativamente bajos y, entonces, la desigualdad termina subvalorada. El ingreso promedio mensual de un hogar del decil 10, el más rico, es de $12 millones. Este tipo de hogar sería, por ejemplo, el de una pareja de profesores universitarios. Claramente, no se trata de los hogares más ricos.

Puesto que las encuestas de hogares no captan la riqueza, organismos internacionales, como la Cepal y el Banco Mundial, han propuesto observar la concentración incluyendo medidas de riqueza. Y, precisamente, este es el segundo indicador que se propone en el artículo del plan de desarrollo. Aunque la información se puede obtener a través de las declaraciones de renta en poder de la Dian, el Gini de la concentración de la riqueza no se está publicando. Este Gini es superior al de los ingresos laborales. De acuerdo con las estimaciones de Garay y Espitia, en 2017, el Gini de la concentración del patrimonio de personas naturales fue de 0,6819.

El tercer Gini, que no se está calculando, es el de la concentración de la propiedad inmobiliaria. La fuente de información son los catastros de las ciudades grandes e intermedias. Actualmente, no se sabe cuál el es grado de concentración de la propiedad inmobiliaria.

El cuarto Gini es el de la propiedad agropecuaria. Las estimaciones que se realizaron con la información del Censo Agropecuario de 2014 indican que el Gini podría ser de 0,92. El nivel de concentración es elevadísimo. Pero, de nuevo, este dato apenas se conoce de manera ocasional, y no existe una serie que permita observar su evolución a través del tiempo.

Y el quinto Gini lo debería publicar la Bolsa de Colombia. Se trata de la concentración bursátil, que también es muy alta. Como no se está publicando, no es posible seguir su evolución a lo largo del tiempo. Aunque en el país se habla de la democratización del mercado accionario, en la práctica no ha sucedido así, y todo indica que el nivel de concentración es elevado.

Jorge Iván González

Junio, 2023

Publicado en La República, Bogotá

5 junio, 2023 3 Comentarios

Actualidad Cultura

La Otredad

Por Jorge Ivan Gonzalez 1 junio, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

El reconocimiento del otro, que ha sido uno de los ideales de la modernidad, se ha difuminado en el abuso de las llamadas identidades.

En el siglo XVIII, cuando Kant se hace la pregunta por la norma moral, construye un discurso para los seres racionales, que son diferentes a los animales. La pregunta por el imperativo categórico está dirigida a cualquier individuo. Todas las personas, más allá de las diferencias étnicas, religiosas o culturales, tienen que hacerse la pregunta por las condiciones de posibilidad de un principio moral que pueda ser aceptado como norma general. Junto con la categoría universal como la de ser racional, la modernidad ha ido precisando el significado de otras nociones como la de ciudadano.

Desgraciadamente, estas categorías universales han ido perdiendo relevancia, a medida que ha ido aumentando el número de las identidades. Esta proliferación está minando las nociones básicas de justicia y ha llevado a una fragmentación de la política pública.

Colombia es un país excluyente, que a lo largo de la historia ha despreciado las comunidades afro, indígenas, campesinas. Es cierto que la diversidad sexual apenas comienza a ser reconocida, y que la mujer continúa siendo discriminada. Pero de este reconocimiento de las exclusiones no se puede pasar al abuso de las identidades.

Las crecientes reivindicaciones de las identidades han llevado a una progresiva fragmentación del presupuesto y de las opciones de la política pública. Cada una de las poblaciones, o identidades, termina luchando por intereses específicos, dejando de lado la relevancia de los postulados universales. Esta dispersión es perjudicial para todos. El movimiento ‘woke’ ha llevado la marca identitaria a extremos libertarios que impiden la construcción de propósitos colectivos.

En contra de este discurso que divide, es importante, como dice Amartya Sen, recuperar categorías fundamentales como la de ciudadanía. Se debe priorizar la simpatía por “la otra gente”, y para ello se tiene que ir “más allá de la identidad”. Desde esta perspectiva, continúa Sen, es necesario recuperar la “inclusión universal”, que “abarca a todos los otros seres humanos”.

Desde la mirada de Sen, es inconveniente multiplicar las identidades. Y entonces, es fundamental recuperar la noción de “observador imparcial” de Adam Smith. Es indispensable colocarse en la situación del otro, con el fin de entender sus intereses y su preferencias. Este es el ejercicio típico de la simpatía. Se trata, entonces, de ponerse en los zapatos de los demás. El sentimiento moral de la simpatía es una condición necesaria para ir construyendo una sociedad donde el otro sea relevante. La elección colectiva se facilita si el sentimiento de la simpatía anima la decisión moral de los individuos.

La modernidad se ha construido a partir de categorías universales. En el lenguaje kantiano, el imperativo categórico debe guiar la decisión moral de todos los seres humanos (negros, blancos, afros, gitanos, indios, mujeres, jóvenes, víctimas, campesinos, Lgbtiq+, pobres, ricos, etc.).

La multiplicidad de identidades ha ido ocultando la relevancia de las categorías universales. En medio de esta fragmentación el gasto público se dispersa, y los mensajes políticos se diluyen. Y como las identidades se multiplican y se traslapan, las opciones de política pública no se pueden jerarquizar.

Jorge Iván González

Junio, 2023

1 junio, 2023 2 Comentarios

Actualidad

Deterioro en la calidad de vida

Por Jorge Ivan Gonzalez 25 mayo, 2023

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

El Dane acaba de publicar la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV). Estas estadísticas se enfrentan con una dificultad básica: la brecha que existe entre el concepto y la medición. Aunque la cuantificación reduce los alcances del concepto, es inevitable que la calidad de vida remita a discusiones filosóficas complejas.

Desde el punto de vista de la política pública, se podría afirmar que la calidad de vida tiene una relación directa con la capacidad de pago. Si ésta se amplía, mejora la calidad de vida. La capacidad de pago se incrementa si los hogares reducen el gasto en el consumo de bienes básicos como educación, salud, servicios públicos, transporte, vivienda, alimentación… y estos gastos esenciales disminuyen, si los gobiernos local y nacional orientan los subsidios hacia estos bienes.

La ECV incluye varias preguntas sobre la percepción de pobreza. Los jefes de hogar que se consideran pobres aumentaron entre 2019 y 2022, pasando de 37,9% a 50,6%. Así que más de la mitad se siente pobre. Además de que esta cifra es elevada, se observa una notable brecha urbano/rural. En el 2022, mientras que en las cabeceras 43,7% de los jefes de hogar se siente pobre, en las zonas rurales el porcentaje es de 74,1%. Y, por departamentos, en Vichada el porcentaje es de 85,8%, y en Risaralda es de 30,5%.

Las medidas de bienestar subjetivo son una proxy razonablemente buena de las reales condiciones de vida de los hogares. Los datos muestran que la situación de los hogares continúa siendo crítica, y todavía no se recuperan de la crisis causada por la pandemia. Es evidente, además, que la situación en las áreas rurales es considerablemente más difícil que en las ciudades. Las brechas son alarmantes.

Aunque ya pasó la difícil situación causada por el covid-19, las consecuencias todavía se están sintiendo. Aparecen nuevas dificultades como el encarecimiento de los alimentos, y el costo creciente de la vivienda, los servicios públicos y el transporte. Estos aumentos de precios acentúan la percepción de pobreza.

A la pregunta por la satisfacción con la vida, que se cuantifica con un puntaje que va desde 0 hasta 10, entre 2019 y 2022 el valor disminuyó de 8,2 a 7,9, pero continúa siendo relativamente alto, expresando cierto optimismo . A la pregunta responden todas las personas mayores de 15 años, y a pesar de la sensación de pobreza manifestada por los jefes de hogar, el conjunto de la población valora bien su satisfacción con la vida.

El uso de internet es muy desigual. Entre las personas mayores de cinco años, el porcentaje en Bogotá es de 84,3% y en Vichada de 12,7%. Esta brecha digital se hizo evidente durante la pandemia.

El plan de desarrollo recién aprobado, reconoce estas y otras desigualdades, y por esta razón se propone, en la quinta transformación, la convergencia social y regional. Las brechas entre hogares tienen expresiones regionales. La inversión de carácter estratégico en áreas como la Orinoquía o el litoral Pacífico, permite aumentar los recursos y el empleo en regiones más pobres.

Planeación Nacional ha ido consolidando los pactos territoriales, que son un instrumento adecuado para impulsar proyectos en departamentos pobres. Si estas inversiones se realizan bien, es posible mejorar el empleo y la productividad en el contexto de un modelo económico favorable al medio ambiente.

Jorge Iván González

Mayo, 2023

Publicado en La República, Bogotá

25 mayo, 2023 1 comentario

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