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Jorge Ivan Gonzalez

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En la formulación de los planes de desarrollo hemos tenido la tradición de darle relevancia a la bondad de las intenciones, minimizando su posibilidad factual. Es muy interesante observar a lo largo del tiempo la secuencia de los planes porque permite llegar a dos grandes conclusiones. Primero, expresan bien los propósitos de cada gobierno. Segundo, entre ellos no hay continuidad y, además, en cada momento del tiempo, el plan del gobierno nacional no se articula con los de los gobiernos locales.

La heterogeneidad de los sueños

El hecho de que Colombia realice un plan de desarrollo cada cuatro años permite hacer la trazabilidad a los buenos propósitos del gobierno de turno. López se propuso, hace más de 50 años, cerrar la brecha¹, y para lograr este propósito nos invitó a ser el Japón de Suramérica; Turbay imaginó un país integrado², y con Petro pensamos que Colombia podía llegar a ser potencia mundial de la vida³.

Los títulos de los planes de desarrollo son una excelente descripción de los sueños que los gobiernos le proponen al país. Es interesante constatar los cambios de énfasis y la forma como cada administración ha prometido resolver problemas seculares de la sociedad. En la realidad, las brechas continúan y el país todavía no se integra, pero más allá de estas frustraciones, el discurso tiene una validez intrínseca que no puede despreciarse. Y, bien que mal, ha orientado decisiones de la política pública.

Frente a estos mundos imaginarios, los planes han sido muy diversos en sus propuestas fácticas. Quizás el más consistente haya sido Las Cuatro Estrategias⁴. La visión de Currie, que lo inspiró, tiene una alta dosis de pragmatismo.

El nuevo plan de desarrollo, el de Abelardo de la Espriella (ADLE) también es un sueño. Y lo reconoce de manera explícita al invocar milagros. El más notorio es pensar que la economía colombiana puede crecer al 6 % anual, y que el país estará entre las 25 economías más fuertes del mundo. En las proyecciones que había hecho el ministerio de Hacienda, en los próximos años el PIB aumentaría apenas a un promedio anual del 2,5 %. No hay ninguna razón para afirmar que el ritmo será casi tres veces mayor. Tiene razón el gobierno en corregir los errores de la administración Petro en el manejo de la energía, pero el estímulo del sector no es suficiente para lograr una meta de crecimiento tan ambiciosa.

El milagro, dice Bravo⁵, no está en el hecho mismo. En su análisis del Éxodo muestra que no es posible que Moisés haya dividido las aguas del mar para que pudiera pasar el pueblo de Israel. Que tampoco es factible que lloviera maná de los cielos. El milagro no está allí, sino en la fuerza del relato, que va más allá de la realidad del acontecimiento. Gracias a la capacidad de la crónica, se construyó toda la ideología sionista. Y de manera más general, no importa si Jesús resucitó al tercer día. Sin indagar demasiado por la realidad del hecho, el relato ha tenido la suficiente potencia para crear el poderoso aparato de la cristiandad. La Inquisición, que siguió a la bula proferida por Inocencio VIII en 1448, se inspiró en las “evidencias” de actos de brujería, y de pactos con el demonio. Este relato justificó la muerte de miles de personas.

Los milagros de ADLE tienen su único sustento, como cualquier milagro, en la contundencia del relato. No vamos a crecer al 6 %, pero esta imposibilidad no es relevante, porque lo importante es armar una historia que sea convincente.

Entre los planes de desarrollo no hay continuidad, ni articulación

En Colombia no se han estructurado proyectos de mediano y largo plazo que sean respetados por los diferentes gobiernos. Esta falta de continuidad es una de las explicaciones al atraso en competitividad e inclusión social.

Con toda razón, el gobernante recién elegido afirma que debe responder a sus electores. Y si el programa que presentó como candidato no tiene nada que ver con el de la administración saliente, es imposible que haya continuidad. Los 6 ejes articuladores del nuevo plan de desarrollo⁶ no se articulan con las transformaciones de Colombia Potencia Mundial de la Vida. No es un problema del tránsito de Petro a ADLE, sino que es un mal estructural del Estado colombiano.

El plan de desarrollo nacional tampoco se articula con los de administraciones locales. Con la misma lógica, alcaldes y gobernadores afirman que su compromiso es con el programa que presentaron como candidatos, y ello se tiene que reflejar en su plan de desarrollo. No es extraño, entonces, que el plan de desarrollo de Bogotá no tenga nada que ver con el plan nacional. Sucede lo mismo con el resto de las ciudades y los departamentos.

Los ejes del plan de ADLE son:

  1. Reconstrucción, transformación y resiliencia. El punto de partida de este eje es el terremoto. Es el elemento constitutivo del “plan Marshall”. Dada la amplitud de los daños (15 departamentos), el plan tendría que diseñar una estrategia ambiciosa de ordenamiento del territorio. Si así fuera, habría una línea de continuidad con el plan de Petro.
  2. Patriotismo constitucional. Tiene que ver con seguridad, justicia y democracia. Allí se propondrían los mecanismos para garantizar la paz. Claramente, como lo ha manifestado el presidente, su concepción de la paz y de la seguridad es completamente diferente a la de Petro. La ruptura es radical.
  3. Milagro social. Se menciona la protección social y la generación de capacidades. Se encontrarían salidas a la crisis de la salud y se estimularía la educación. Las declaraciones del gobierno indican que se incentivaría la vivienda y se ampliará la cobertura de los servicios públicos. En este tema también se están presentando rupturas con Petro, sobre todo en los temas relacionados con la salud y los servicios públicos.
  4. Milagro económico. La Misión Crecer, que ha propuesto incrementos del PIB de 6 %, tiene dos retos titánicos. De un lado, coordinar a los sectores. El vicepresidente se ha propuesto la tarea de articular a 10 ministerios. Se trata de romper una lógica fragmentada que está enquistada en la administración pública, y que no se pudo modificar con el plan Petro, a pesar de que las transformaciones que se propusieron obligaban a la coordinación sectorial.

Y el otro reto es la concreción de proyectos estratégicos de carácter regional. Este objetivo ha sido mencionado varias veces por el presidente. Es un propósito loable y absolutamente necesario. La primera tarea urgente debería ser coordinar el manejo de los $25,9 billones de las regalías de los próximos dos años. Por la forma equivocada como se asignan las regalías a través de los Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión), es factible que este volumen considerable de recursos termine despilfarrándose en 5.000 pequeños proyectos, como sucedió en los dos años anteriores.

  • Colombia en las regiones. La descentralización es fundamental, pero su visión tiene que tener una clara dimensión regional. Se equivoca el presidente reduciéndola a Barranquilla y a Cali.

Es urgente presentar un proyecto de ley de competencias, tal y como lo exige el Acto Legislativo 03 de 2024⁷. El articulado que llevó Petro al Congreso no era pésimo, porque no consideró seriamente la geografía, y terminó asignando los recursos en función de la población, en medio de la disputa entre los sectores de educación, salud y agua.

  • Transformación del Estado. Se menciona la reducción del tamaño del Estado. Este propósito es imposible. Los recursos que se le están quitando a algunos ministerios, se le entregan a otros. El presupuesto de 2027 de ADLE incrementa el gasto de manera considerable. Se repite que la gestión tiene que ser por resultados. De esto se habla en Colombia hace, por lo menos, 30 años. Este gobierno debería tomar en serio el presupuesto por programa que se aprobó en Colombia Potencia Mundial de la Vida, que todavía no se aplica. Es un mecanismo compatible con la Misión Crecer.

Más allá de Petro

El nuevo plan de desarrollo debería rescatar cuatro mecanismos del plan de Petro, que contribuyen a los cambios estructurales que necesita el país: i) La continuación del catastro multipropósito, que es la condición básica para la modernización del sector agropecuario. Durante los últimos cuatro años la actualización pasó de 9 % a 50 %. ii) La consolidación del Registro Universal de Ingresos (RUI), que permitirá realizar un salto cualitativo en la política social. La asignación de los recursos se realizará de manera eficiente, y podrán eliminarse instrumentos actuales como la estratificación y el Sisbén. iii) El fortalecimiento del presupuesto por programa, que es la pieza clave para que la Misión Crecer sea exitosa. iv) Avanzar en los cinco indicadores de desigualdad: hogares, riqueza, tierras, inmobiliario y bursátil. Con esta información podrán conocerse de manera integral los logros en la lucha contra la desigualdad. El Dane ha avanzado en la cuantificación de estas cinco medidas.

____________________

¹ Departamento Nacional de Planeación, DNP. (1975). Para cerrar la brecha. Plan de Desarrollo Social, Económico y Regional 1975-1978. Bogotá: DNP.

² Presidencia de la República de Colombia. Departamento Nacional de Planeación, DNP. (1979). Plan de Integración Nacional, PIN. Plan Nacional de Desarrollo 1978-1982. Bogotá: DNP.

³ República de Colombia. (2023). Ley 2294. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Bogotá: Congreso de la República.

⁴ Departamento Nacional de Planeación, DNP. (1972). Las cuatro estrategias. Bogotá: DNP.

⁵ BRAVO Carlos. (1968). Una experiencia de Dios en la historia: La concepción del milagro en el Éxodo. Bogotá: Tercer Mundo. 

⁶ Departamento Nacional de Planeación, DNP. (2026). Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030. Lineamientos para la elaboración del PND. Sesión con enlace de sectores responsables. Bogotá: DNP.

⁷ República de Colombia. (2024). Acto legislativo 03. Por el cual se fortalece la autonomía de los Departamentos, Distritos y Municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Segunda Vuelta. Bogotá: Gobierno Nacional.

Jorge Iván González

Publicado en la Revista Sur

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La Misión Crecer, coordinada por el vicepresidente, tiene el propósito de lograr que la economía se expanda a 6 %. Este objetivo es sumamente ambicioso. En el último Marco Fiscal de Mediano Plazo se estima que en los próximos años el PIB crecerá a un promedio de 2,5 %. 

No hay ninguna razón para suponer que este nivel se podrá casi triplicar. Más allá de cualquier argumento lógico, esta meta está incorporada en uno de los seis ejes del próximo plan de desarrollo. Hace parte sustantiva del cuarto, que se llama “milagro económico”.

No hay duda de que este gobierno es más atractivo para el capital privado que el de Petro, y que en el sector energético se corregirá el error de no permitir la exploración. Estos cambios favorecen la inversión, pero toman tiempo y son claramente insuficientes para lograr la meta de 6 %.

Y por el lado de la administración pública, el vicepresidente tiene dos tareas titánicas. La primera es romper la lógica sectorial con la que opera el aparato estatal. Con razón ha dicho que deben articularse los objetivos de, por lo menos, 10 ministerios. Este propósito, que es loable, no se logró durante la administración Petro, a pesar de que las transformaciones que se propusieron en el plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida tenían la intención explícita de romper la fragmentación sectorial del presupuesto. Cada ministerio terminó haciendo lo que pudo. Este mal, que no es nuevo, no ha podido corregirse. La mirada fragmentada está enquistada en la administración pública y cada ministerio termina haciendo lo que puede.

La segunda tarea, que ojalá sea posible, tiene que ver con la concreción de proyectos estratégicos de carácter regional. De manera reiterada, el presidente ha mencionado la necesidad de esta mirada de mediano y largo plazo. El asunto puede ser más complicado que coordinar ministerios. Ahora se requiere, además, la articulación de la Nación con los gobiernos locales y, dentro de estos, también es necesario romper la segmentación entre secretarías.

Para consolidar los proyectos estratégicos hay un factor positivo: el presupuesto por programa, que se aprobó en el plan de desarrollo de Petro. Del tema se está hablando en el país desde hace 30 años, pero no se concreta porque, además de fragmentarse en sectores, el presupuesto también se “departamentaliza”, sin que haya mecanismos institucionales para forzar la coordinación regional.

El terremoto demostró, una vez más, que la división del presupuesto por departamentos no favorece el desarrollo regional. Desde la vicepresidencia tendrían que crearse incentivos para que gobernadores y alcaldes se vean obligados a formular proyectos ambiciosos. No obstante las dificultades fiscales, el presupuesto de regalías para los próximos dos años es de $25,9 billones. Se trata de una cifra considerable, que alcanzaría para realizar nueve inversiones de infraestructura similares a la del Toyo. El obstáculo que dificulta esta mirada estratégica es la forma equivocada como se asignan las regalías a través de los Ocad (Órgano Colegiado de Administración y Decisión). Si el milagro de la coordinación no se logra, es muy probable que este volumen significativo de recursos termine despilfarrándose en 5.000 pequeños proyectos, como sucedió en los dos años anteriores.

La falta de articulación es la principal causa de la ineficiencia del gasto. Y sin un sector público que lidere es imposible soñar con altas tasas de crecimiento.

Jorge Iván González

Publicado en el diario La República, Colombia 

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Entrevista de María Isabel Rueda a nuestro compañero, amigo y colaborador permanente de este blog, Jorge Iván González, exdirector de Planeación Nacional. Se sugiere aquí un cambio de mirada fiscal para dejar el pesimismo. 

Publicada por EL TIEMPO, Bogotá, Colombia

Jorge Iván González, director de Planeación Nacional durante el gobierno de Gustavo Petro advierte que los presupuestos, en general, parten de premisas inciertas. “Creo que el Gobierno no se ha dado cuenta de lo difícil que es bajar el gasto”, dice. “Y creo que está en una angustia enorme”, asegura. 

El exdirector cuestiona la apuesta oficial por recortar el gasto sin subir impuestos: “Ese es un sueño que a mí me parece bastante lejano de la realidad”. Para González, la salida fiscal no está en el IVA ni en la renta. “El poderío de Colombia está en las ciudades”. Insiste, además, en perfeccionar el catastro multipropósito, que hoy está en el 47 % del alcance nacional.

P. La formidable lingüista doña María Moliner, definía que “sabio” no era sólo el que sabía mucho, sino que además debía tener buen juicio, sensatez y prudencia. Todo lo que a usted le asiste. Recurro a “El sabio”, como todo el mundo le dice a usted, para analizar el presupuesto de 634.9 billones que las comisiones conjuntas del Congreso le acaban de aprobar al gobierno. Pero antes de avanzar, una curiosidad: ¿por qué salió usted de la dirección de Planeación del gobierno Petro, donde apenas duró poco más de un año?

R. No, lo del sabio es muy difícil de manejar. Ese es un apodo muy complicado. Creo que el presidente Petro tuvo como un desespero por haber creado tantas expectativas. Le fue entrando como el afán de modificar las cosas rápido. Y claro, un plan de desarrollo como el que se propuso tiene elementos estructurales que obviamente no pueden cambiar en cuatro años. Entonces, al ver que las cosas no cambian rápido, se desesperan.

P. ¿Será por eso que se dice que Petro mató la ilusión de izquierdistas románticos como usted de llegar al gobierno a cambiar algo? Usted, precisamente, alcanzó a diseñar el plan de desarrollo de Petro, pero por lo que me dicen, salió muy decepcionado…

R. Sí, porque realmente era un sueño como de un pensamiento socialdemócrata para sentar las bases de la transformación estructural del país. En ese sentido perdimos una oportunidad maravillosa. Las modificaciones institucionales son lentas, pero yo creo que ahí estaban sentadas las bases de lo que debería ser la Colombia en los próximos veinte años.

P. Bueno, usted no tuvo tiempo, pero ahora estamos ante otro ejercicio y quisiera sus luces. Le tengo mucha confianza al ministro Miguel Gómez y creo que en el gobierno de Abelardo ya tienen pensado el qué, pero aún no tienen el cómo. Se insiste mucho en recortes al gasto y estímulos tributarios. ¿Les va a funcionar?

Primero, un comentario rápido sobre el plan de desarrollo. A mí me da mucha tristeza, María Isabel, que no haya continuidad. Lo que se ha insinuado que podría ser el plan de desarrollo no tiene nada que ver con el plan de desarrollo anterior. Entonces, Colombia sigue sin perspectivas a veinte años. El país cambia cada cuatro años de líneas de acción y eso es un error enorme. 

Y, con respecto al presupuesto, creo que el gobierno se dio cuenta, María Isabel, de que no puede reducir el gasto. Y creo que está en una angustia enorme. Para mí, no es que este presupuesto sea el de la verdad y el de Petro sea el de la mentira. Creo que están haciendo supuestos diferentes sobre lo que va a pasar en 2027, que nadie sabe con certeza. No sabemos qué va a pasar con la guerra de Irán, con el dólar, con el petróleo. Cualquier presupuesto lleva a que usted haga unos supuestos de lo que pueda suceder. Entonces, mi interpretación es la de que el gobierno se dio cuenta que es imposible bajar el gasto.

P. Lo interrumpo: No creo que dos presupuestos que tengan semejantes diferencias como el anterior y este, como de 70 billones, puedan ambos ser verdad. Pero segundo, cómo no se va a poder reducir el gasto controlando la evasión, bajando exenciones, parando la inercia del crecimiento burocrático del Estado. Hasta le acepto que el Estado no pueda reducirse automáticamente, porque la burocracia está amarrada con contratos y de pronto puede terminar desembocando en costosos litigios laborales… Y entonces, más costoso es el remedio que la enfermedad… Pero margen para bajar el gasto y el costo del Estado, sí hay.

R. Los dos grandes rubros de diferencia son el fondo de estabilización de los precios de los combustibles y la deuda. Y el fondo de estabilización depende, María Isabel, de las proyecciones que usted haga del precio del barril de petróleo. Si lo proyecta a cien dólares… pues hay una brecha en el fondo de estabilización. Ahora, si usted lo proyecta a ochenta dólares, la brecha no es tan grande. 

El otro tema es el de la deuda, con las previsiones de tasa de interés, del valor del dólar, etc. Entonces, sí hay margen para diferencia en los supuestos, que condicionan las necesidades del Fondo de Estabilización. Y con respecto a lo otro que menciona, claro, es el sueño que todos tenemos: que no haya exenciones, pero todas las reformas tributarias, todas, dicen que las van a eliminar. Hay una diferencia enorme en Colombia entre la tarifa efectiva que realmente se paga y la tarifa nominal, que es la que aparece en las reformas tributarias. Y esas diferencias no son claras. Cuando estaba Ocampo, se hizo un cálculo de tarifa efectiva, que era del 20 al 22 %, frente a una tarifa nominal del 32 al 34 %. Entonces, claro, uno dice sería chévere reducir eso. Y con respecto al gasto, no veo ningún ministerio, ninguno, en que pueda bajar. No veo por dónde. Obviamente usted puede hacerlo más eficiente. Pero, ¿qué es eficiencia del gasto? Para mí, eficiencia del gasto no son tres o cuatro funcionarios. Eficiencia del gasto es que todos los recursos que tenemos los destinemos a proyectos estratégicos. Me gustó una frase de Miguel Gómez: “Vamos a hacer proyectos regionales”.

P. ¿Por qué, doctor González, “sabio”, es tan difícil en Colombia bajar la evasión y la corrupción?

R. La evasión, porque no tenemos los sistemas tecnológicos suficientes. Además, los lobbies que hacen los distintos sectores son muy potentes. También porque tenemos la conciencia, que no nos ayuda, de que aquí tributamos mucho, cuando realmente Colombia, comparada con la OCDE, es de los países que menos tributa en el mundo. A mí por eso me gusta mucho la OCDE: porque ya nos incluyen en todas las estadísticas. El Estado colombiano es absolutamente raquítico frente a los Estados de los países desarrollados. Este es un Estado pequeñísimo.

P. Por eso usted lo dice: pequeño frente a los países desarrollados. Usted nos compara con Estados Unidos, con Japón, con Alemania. Eso no es comparable. Somos un país muy pequeño con muchos millones de habitantes, pero quería preguntarle: este gobierno propone trabajarles duro a dos rubros: obras por impuestos y las obras por regalías, que no terminen convertidas en cosas chiquiticas; contraticos (perdón, porque a la gente le parecerá una gran cantidad de plata), pero es que son contraticos de 4 o 5 millones, ¡cuando aquí necesitamos obras gigantescas!

R. Sobre obras por impuestos, esos recursos son muy poquitos; el último cupo del Confis fue de 1.1 billones. Un billón para obras por impuestos es muy poquito. A las empresas les gustan las obras por impuestos, eso es bastante positivo, pero repito, el monto es muy pequeño; el decreto que se sacó ahora de emergencia sobre obras por impuestos se mueve en rangos muy pequeños. La plata sí está en regalías, porque en el cuatrienio pasado fueron 47 billones. Entonces, claro, lo que usted dice: cuando las regalías se gastan en 11.000 proyectos, pues termina haciendo proyectos de 5.000, 10.000, 12.000.

P. Chichiguas, como decimos..

R. Eso no sirve para nada. El reto del gobierno sí es hablar con los gobernadores, con los alcaldes, porque Colombia puede tener trenes de gran velocidad, vías que realmente sean autopistas, puede tener transporte fluvial, pero no podemos seguir dispersando los recursos. Yo creo, María Isabel, que ese debería ser el tema central de discusión.

P. Y usted es experto, además, en el manejo del tema económico regional, pero mire lo que pasó. Nos “clavaron” una ley para regionalizar todo ese gasto, pero nada que le encargan aún a las regiones sus responsabilidades… Entonces tienen plata, pero no deberes. Eso quedó como mal hecho.

R. Defendí el acto legislativo 03 de 2024, defendí el aumento de las transferencias para los departamentos y municipios, pero con una condición: que fueran procesos donde el tema territorial y regional fuera determinante. El proyecto de ley de competencias que presentó el gobierno Petro fue un desastre, porque terminamos en la pelea sectorial entre educación y salud. No, el problema de Colombia es el territorio. Es decir, la Mojana son varios departamentos. Y la ley de competencias se debe haber pensado para que permitiera cerrar la brecha, pero pensando en el territorio. ¿Qué significa eso? Que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, que consumen agua, tienen que financiar al litoral Pacífico, a la Amazonía, a la Orinoquía, porque allá se genera el agua. Esa es la lógica que falta. De lo contrario, no vamos a lograr convergencia. Si seguimos en una pelea…

P. Eso nos quedó incompleto y toca completarlo, pero para terminar le quería comentar sobre su propuesta de que subir los impuestos es inevitable, pero resulta que usted me dice que es una falacia universal que si los impuestos bajan, se incentiva la inversión privada en un país, habrá más base gravable y por lo tanto podrán generarse más impuestos. Por eso no puedo entender entonces que lo primero que haya que hacer sea subir los impuestos sin intentar que opere esta ecuación…

R. Claro, si usted no puede reducir el gasto, que es mi hipótesis, pues usted necesita financiar con impuestos, o si no el déficit y la deuda van a seguir aumentando. Ahora, Colombia puede tributar mucho más y ahí hay un tema que a mí me parece crucial. Miremos las finanzas del Estado en su conjunto. Me impresiona que el ministro Gómez, y que tampoco el exministro Ávila no hablen de las ciudades.

P. Bueno, de Ávila no hablemos. Pero Miguel Gómez lleva apenas un mes….

R. Cuando usted mira el presupuesto del gobierno nacional y mira el de las ciudades y departamentos, el panorama fiscal de este país cambia de forma abrupta, total. Es otra mirada fiscal. Estas ciudades son unas maravillas, unas generadoras de recursos: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, las ciudades intermedias, son minas de generación de recursos. Pero si no miramos el conjunto y solamente al gobierno nacional central, estamos perdidos.

P. Pero usted dice que es una falacia estimular la inversión interna bajando impuestos… ¿Cómo hacemos entonces para aumentar la masa gravable, con los impuestos bien cuidados y administrados?

R. Este es un tema que también la prensa y usted… Mire, la potencialidad fiscal del país está en la generación de rentas urbanas y en el manejo de las potencialidades del suelo. No sé por qué no miramos eso. Estas ciudades tienen unas potencialidades de generación de recursos infinitas, sin necesidad de reformas tributarias. 

Una de las tareas que debería hacer Hacienda, la primera tarea, es revisar todos los concejos municipales y preguntarles a los municipios: ¿usted por qué está cobrando esos prediales? Segundo, que es muy importante, consolidar el catastro multipropósito. Si el gobierno actual lo desprecia, comete un error enorme. Hemos avanzado el 47 %. Cuando empezó el gobierno Petro, estábamos en el 9 % del catastro. Hay que culminar la tarea. 

Entonces, si uno empieza a mirar la tributación, prestando atención a la generación de renta de las ciudades y a las posibilidades de tributación del suelo, el panorama fiscal cambia completamente y dejamos este pesimismo. Y dejamos de estar hablando de IVA e impuesto a la renta. Ahí no está el problema. El problema está en una articulación de todo el panorama fiscal. Es que las potencialidades de Bogotá y de otras 4 ciudades y las intermedias… El poderío de Colombia es tener las ciudades que tiene.

P. Tampoco, doctor Jorge Iván, podemos olvidarnos de tres campos que tenemos que reformar urgentemente para todo eso que usted está diciendo, que son: salud, que está pidiendo auxilio, las pensiones, régimen que necesita cambios drásticos, y el tema energético, que lo dejaron secar. No lo voy a poner a hablar de cada uno de ellos, no tengo espacio, pero acépteme que ahí hay mucho trabajo para hacer. Hay que cuadrar al Estado.

Claro, todo eso es urgente, pero hagamos este imaginario. Bogotá cobra un 11.5 % en el rango de los impuestos más altos, es alto. Si subiera al 16 al 18 % como en todo el mundo, donde los prediales son mucho más altos, si se suben cuatro puntos, con eso financia usted parte de la salud. Cartagena cobra unos prediales ridículos. Por qué en las grandes ciudades y en las intermedias, ¿por qué no se está cobrando por congestión? 

Me pregunto por qué Bogotá no cobra por congestión, por derechos de edificabilidad, por qué Barranquilla, que hizo el malecón, que mejoró la ciénaga de Mallorquín, no cobra por aumentos de dinámicas urbanas. Todos esos lotes cuadruplicaron de valor, pero no se cobran plusvalías. Entonces, miremos todo eso. El error que cometimos con las cuatro G de Germán Vargas fue no haber cobrado valorización. Todo eso hay que mirarlo en paquete, en conjunto. Y no seguir mirando solamente renta e IVA y no solo seguir concentrados en las finanzas del gobierno nacional.

P. Lo oigo pesimista con respecto a las realidades fiscales de este gobierno, mientras el país está optimista porque el ministro es serio.

El gobierno ha cometido tres errores. Primer error, decir que el gasto se puede bajar.

Segundo, no miran la eficiencia en términos de lo que hemos hablado de grandes proyectos estratégicos. En esto, por las declaraciones, parecería que no estamos tan distantes. En el plan de desarrollo aprobamos, María Isabel, el presupuesto por programa. Eso son grandes proyectos estratégicos. 

Y tercero, en lo que sí no estoy de acuerdo con el gobierno es en que usted pueda hacer una ley de recorte para reducir el gasto y no subir impuestos, con el sueño de que los privados van a poner a crecer este país al 4 o 5 % y con ese ideal se considera que no habrá necesidad de reforma tributaria. Ese es un sueño que a mí me parece bastante lejano a la realidad.

P. O sea, mientras yo sueño, usted tiene pesadillas (risas). Me fascinaría seguir conversando con usted, pero el tiempo y el espacio son limitados. Le agradezco mucho sus valiosísimas consideraciones.

Gracias por haber creído que yo pueda aportar algo.

Jorge Iván González

Septiembre, 2026

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El gasto público no puede bajar. El gobierno acaba de presentar un proyecto de presupuesto para el 2027, que llama el de la “verdad”, frente al de la “mentira”, que sería el de Petro. Esta categorización es equivocada. Ninguno de los presupuestos miente. La diferencia está en los supuestos de cada uno. En ambos casos, el gasto continúa subiendo, y más en el de Abelardo de la Espriella (ADLE) que en el de Petro.

El monto total pasa de $575,6 a $634,9 billones. La diferencia es notable, de $59,2 billones. El rubro que más varía es el servicio de la deuda, que pasa de $118 a $155,4 billones. La brecha es de $37,4 billones. Aunque para la opinión pública el manejo de la deuda pública siempre ha sido difícil de seguir, no puede afirmarse que el presupuesto Petro sea mentiroso. El nuevo gobierno todavía no ha explicado las razones por las cuales considera que la deuda tiene que aumentar. Es posible que frente a las necesidades de financiamiento y dada su insistencia equivocada en no aumentar los impuestos, no le quede más remedio que incrementar la deuda.

El considerable aumento del servicio de la deuda en el presupuesto de ADLE no se ha explicado con detalle. Dada su insistencia en no aumentar los impuestos, la única manera de financiar el mayor gasto es mediante deuda. El gobierno ha dicho que le solicitará al Congreso un aumento del cupo de endeudamiento.

La segunda diferencia significativa, de $9,6 billones, es la del Fondo de Estabilización de los Precios del Combustible (Fepc). Cuando comenzó Petro el desbalance del Fepc era de $36 billones; la brecha se redujo considerablemente gracias al aumento del precio de la gasolina. Los valores estimados en el presupuesto de ADLE dependen de dos factores. Por un lado, del precio que tendrá el barril de petróleo el año entrante, que nadie sabe cuánto será. Y, por el otro, de la posición que asuma ADLE frente al precio del diésel. Si el petróleo continúa subiendo y el precio del diésel aumenta al mismo ritmo, el déficit del Fepc se irá cerrando.

Habría que pedir aclaración sobre los supuestos que ha hecho el gobierno sobre el valor del dólar, las tasas de interés, la composición entre deuda interna y externa, etc. Los mercados de capitales imponen condiciones que son impredecibles. Nadie sabe lo que sucederá en 2027, así que el crecimiento de la deuda podría justificarse con un número infinito de supuestos. Hasta ahora el ministerio de Hacienda no los ha hecho explícitos. En el debate legislativo se irán precisando los supuestos que soportan el presupuesto ADLE.

Sin entrar en los detalles del actual presupuesto se pueden sacar tres conclusiones: el gasto seguirá creciendo, la regla fiscal no va a cumplirse y, en contra de la opinión del gobierno, es urgente una nueva reforma tributaria. Sin ingresos adicionales es imposible reducir el déficit.

La tendencia histórica del gasto es creciente

Tal y como se observa en la figura del lado izquierdo¹, en 1999 el gasto total del gobierno nacional central (GNC) era el 17,2 % del PIB, y ahora es de 22,7 %. La tendencia creciente es evidente. Y en el mismo período el saldo de la deuda neta del GNC con respecto al PIB pasó de 29 % a 58,6 %.

Sorprende que los exministros de Hacienda, que durante sus respectivas administraciones contemplaron impotentes el crecimiento sistemático del gasto público, ahora estén afirmando de manera contundente que debe reducirse. Se niegan a reconocer que esta dinámica ascendente es imparable. Y, obviamente, tampoco podrá cumplirse la regla fiscal.

La gráfica del lado derecho presenta el desbalance que se deriva de la comparación de los ingresos y gastos. En 2025 el déficit fue de ‑6,4 % del PIB. Sin duda, es una brecha significativa. La solución no está en reducir el gasto, porque es imposible. El gobierno no tiene más remedio que recurrir a una nueva reforma tributaria. Se equivoca este gobierno cuando dice que no es necesaria y que basta con reducir el gasto. Una reforma fiscal sin ciudades y sin departamentos no tiene posibilidades.

El gasto público en Colombia es bajo

No es cierto que el Estado colombiano sea grande y que sea necesario adelgazarlo, como dice ADLE.

La OCDE² compara los gastos del gobierno general, que está conformado por el gobierno nacional central, las entidades de seguridad social y los gobiernos regionales y locales. Además, incluye las instituciones sin fines de lucro dedicadas a la producción no mercantil, que son controladas y financiadas principalmente por unidades gubernamentales.

De la gráfica es posible sacar dos conclusiones. La primera es que el gasto público en Colombia es relativamente bajo. Y la segunda es la tendencia creciente del gasto, aún en los países que ya han alcanzado niveles significativos.

De nuevo, en lugar de estar predicando la disminución del gasto público, debería aceptarse que su crecimiento es inevitable. Así se desprende del presupuesto 2027 de ADLE. Y frente a esta realidad irrefutable, no queda otro camino que la reforma tributaria para cerrar las brechas entre ingresos y gastos.

_______________________________

¹ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). El camino obligado. Cartagena: Presentación en la Convención Bancaria, Ministerio de Hacienda.

² Organisation for Economic Co-operation and Development, OCDE. (2026). Government at a Glance 2025. Paris: OCDE.

Jorge Iván González

Publicado en la REVISTA SUR, Colombia

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El terremoto del 10 de agosto revivió la propuesta de copiar el Forec (Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero). Pero esa experiencia dejó cuatro lecciones que no se están cumpliendo: ordenar el territorio, controlar el precio del suelo, fortalecer el liderazgo público y asegurar los recursos.

Una evaluación rigurosa

Estos días, a raíz del terremoto que afectó a 417 municipios del país, se han recordado las bondades del Forec que fue la institución creada para responder a la catástrofe de 1999, con epicentro en Armenia. Sin mayor análisis se ha dicho que se debería copiar esta experiencia.

La Universidad Nacional, que tuvo una de las gerencias de la reconstrucción, realizó una evaluación del Forec titulada “El Forec como “Modelo” de Intervención del Estado, Armenia, Enfoques de la Reconstrucción, no. 6, Universidad Nacional, Centro de Investigación para el Desarrollo (CID), Bogotá”.

Aunque hubo logros relevantes, también se cometieron errores que deben evitarse.

El llamado a los actores privados (empresas, ONG, comunidades…) contribuyó a agilizar el manejo de los recursos, pero terminó privilegiando a los constructores privados sobre los intereses públicos. Sin desconocer sus virtudes, el Forec no fue la panacea. Con excesivo optimismo se alcanzó a decir que prefiguraba un nuevo Estado.

Ordenamiento del territorio

El Plan de Ordenamiento Territorial (Porte) de Armenia se aprobó el 24 de enero de 1999 (Acuerdo 124), un día antes del terremoto. Su formulación siguió los lineamientos de la Ley 388 de 1997.

Lo obvio habría sido que la reconstrucción hubiera tenido como guía este proyecto de ordenamiento que, entre sus objetivos, buscaba reducir la segregación socioeconómica en el espacio urbano. Esta mirada global e integral no se tuvo en cuenta. Se desconoció, en gran parte, por la presión de los propietarios privados que lograron que se habilitaran zonas que en el Porte se habían definido como no urbanizables.

La aprobación de construcciones de vivienda en estas áreas tuvo dos resultados perversos. Por un lado los propietarios recibieron unas rentas inmerecidas e inesperadas. Y, por el otro, se mantuvo la segregación que aspiraba a reducir el Porte.

No se aprovechó la catástrofe para modificar el ordenamiento del territorio. Esta mirada de mediano plazo, que el Porte había elaborado de manera juiciosa y sin afanes, fue despreciada por el Forec. No tiene sentido organizar un modelo de reconstrucción desconociendo la mirada global sobre el territorio.

En la respuesta actual al terremoto tampoco se está reconociendo la dimensión territorial. Es muy probable que se cometa un error peor que el de la reconstrucción de Armenia. El terremoto de estos días tuvo una extensión considerablemente mayor que la del Eje Cafetero. El alcance es de casi medio país.

En el decreto de emergencia se incluyen 15 departamentos sin diferenciar las afectaciones de cada uno (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Putumayo, Norte de Santander, Bolívar, Nariño y Sucre). Si la extensión del daño es de semejante magnitud, lo lógico es que la tragedia se aproveche para examinar el ordenamiento del territorio. En el decreto de emergencia no hay ni una sola palabra sobre el caos territorial que existe en el país. Todas las acciones propuestas son de muy corto plazo.

Está ausente la geografía, a pesar del enorme impacto regional de la tragedia. Si el énfasis de la reconstrucción termina siendo la vivienda, se volverá a repetir la equivocación de Armenia. 

De manera más precisa, la brecha entre Quibdó y Pereira no se podrá cerrar si en el lenguaje de todos los días se sigue repitiendo que el departamento del Chocó es pobre, desconociendo que la biodiversidad del litoral Pacífico es única en el mundo. La nueva reconstrucción no le está dando prioridad a la dimensión territorial.

El nombre de “plan Marshall” únicamente tendría sentido si se contempla el conjunto del territorio. El proyecto nacional únicamente se puede construir cerrando brechas, de tal forma que haya convergencia en las condiciones de vida de los hogares de todas las regiones del país.

Los precios de suelo

En la reconstrucción del Eje Cafetero la dinámica privada terminó halando los precios del suelo a favor de los propietarios y ello redujo los alcances del subsidio. Esta restricción se reflejó en una disminución del área de las viviendas.

De acuerdo con el CID, “…el considerado como modelo de reconstrucción del Eje Cafetero no tuvo una dimensión de lo público en la medida en que no intervino el precio de la tierra, mientras se contaba con todos los instrumentos legales para hacerlo. Este fue el pecado original del ‘modelo Forec”.

La demanda estimulada por los subsidios subió el precio del suelo y este mayor valor fue aprovechado por los propietarios. También, como está sucediendo ahora en Pereira y Manizales, aumentó el valor de los alquileres. En Armenia los arrendatarios se rebelaron y crearon una organización potente, que exigió subsidios y un tratamiento que no fuera discriminatorio frente al de los propietarios.

El terremoto genera, inmediatamente, una escasez de suelo. Y por esta razón, la reconstrucción se tiene que plantear, ante todo, como una intervención urbanística incluyente. No se puede concebir solamente como una política de vivienda. Más allá de ofrecerle una solución habitacional a cada familia, es la oportunidad para repensar el ordenamiento urbano. En este proceso es fundamental la vigilancia estatal sobre el precio del suelo.

Como dice el informe: “Al no existir un control de los precios, ni una clara voluntad de intervención, la localización de los proyectos de vivienda no altera el patrón general de segregación socioespacial típico de las ciudades colombianas. Con excepción de la localización de la Ciudadela Simón Bolívar, los demás proyectos se construyeron allí donde los propietarios ofrecieron y no en el mejor sitio desde el punto de vista técnico y social”.

El desprecio por los políticos

El Forec, dice el CID, “siempre mantuvo una especie de guerra soterrada con los políticos”. Estuvo inspirado en una lógica antipolítica, de profunda desconfianza con los poderes existentes. Uno de los gobernantes afirmó indignado, “se hace política en nombre de la antipolítica”. El alcalde de Calarcá amenazó con renunciar si Fenavip no se retiraba de su municipio.

Para Luis Carlos Villegas, presidente del Consejo Directivo del Forec, siempre fue claro que la reconstrucción se debería realizar sin políticos. Al hacer el balance de la gestión del Fondo afirmó que “…si no se hubiera armado el esquema así, muy probablemente el aparato clientelista se las habría arreglado para sacar una buena tajada del presupuesto y para controlar a su manera la acción de la reconstrucción”.

En lugar de confiar en los políticos convencionales, todo el peso se puso en las ONG y en las llamadas organizaciones sociales, pero en este proceso vuelve la discusión eterna sobre el significado de la participación y, además, se olvida que las ONG también tienen intereses propios y que, en lugar de representar a la sociedad, se representan a sí mismas.

Las sospechas frente a la clase política generan dinámicas de desinstitucionalización que no son convenientes. Se consideró a las organizaciones de la sociedad civil como “constitutivas esenciales del orden, la confianza y la productividad”.

El actual terremoto ha despertado el sentimiento moral del altruismo y la solidaridad ha sido notoria, pero ello no desvirtúa la relevancia de lo público que, a diferencia de lo sucedido en Armenia, debe llevar el liderazgo.

La financiación y la concurrencia de recursos 

Antes, como ahora, la financiación proviene en su gran mayoría del nivel nacional del gobierno, pero después de 30 años las ciudades grandes e intermedias han desarrollado capacidades financieras importantes y han consolidado dinámicas institucionales que no existían en 1999. Por esta razón es fundamental que en esta oportunidad la concurrencia de recursos esté articulada a programas estratégicos. Hasta ahora el gobierno no ha transmitido ningún mensaje en esta dirección.

La administración entrante se equivoca al considerar que el gasto público es excesivo y que no es conveniente aumentarlo. Con esta lógica no se está pensando en una reforma tributaria integral –que incluya Nación, departamentos y municipios–, ni en proyectos de inversión ambiciosos que correspondan a un “plan Marshall”. 

Las alternativas de financiación que se proponen en el decreto de emergencia son temporales y ad hoc: utilizar recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías a título de préstamo, aprovechar inmuebles de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y ampliar el cupo de obras por impuestos.

El debate sobre la financiación debe reconocer que el gasto público no puede bajarse. Que es necesario gastar más y mejor. Es indispensable examinar la eficiencia del gasto, dejando de lado la obsesión por la revisión contable de los microproyectos y pensando en las razones que impiden que en el país existan proyectos estratégicos de carácter regional. La participación del gasto del Gobierno Nacional Central en el PIB es de 22 %, mientras que en Estados Unidos el gasto público representa el 41 % del PIB, y en Europa puede ser superior al 45 %, dependiendo del país.

También se ha hecho evidente que aunque la prevención de riesgos ha mejorado, todavía no se han construido unas instituciones robustas. El organigrama del Forec se cambió tres veces porque fue un proceso de ensayo y error, en medio de las urgencias del momento. Claramente, nadie sabe cuándo será el próximo terremoto, pero todos sabemos que habrá un nuevo sismo. Esta certeza debería ser suficiente para estar preparados y no improvisar. El sistema de prevención y atención de desastres sigue siendo débil.

En resumen: el terremoto del 10 de agosto volvió a recordarnos que reconstruir exige mucho más que levantar viviendas: exige ordenar el territorio, controlar el precio del suelo, fortalecer el liderazgo público y asegurar los recursos antes de que llegue la próxima tragedia.

Jorge Iván González

Publicado en la revista RAZÓN PÚBLICA, Bogotá, Colombia

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Javier Giraldo, en una pieza magistral escrita el 16 de marzo de 2009, dirigida a Piedad Angélica Acero, funcionaria de la Policía Judicial, expresa su objeción de conciencia y se niega a ser testigo ante la justicia colombiana. 

Muestra que numerosas veces ha sido testigo y ha acompañado a cientos de víctimas a testificar, sin que haya habido resultados. Finalmente reina la impunidad, las declaraciones no se consideran seriamente y, peor aún, los testigos son asesinados.

Javier, sacerdote jesuita, murió esta semana. Defendió a las víctimas hasta el último día. En la carta dirigida a la funcionaria tiene frases que son demoledoras y que deberían ser objeto de reflexión. Se coloca en los zapatos de las víctimas, y con profundo dolor declara: “Me convertí en reo de la justicia por atreverme a buscar justicia”.

Desde el lado de los vulnerables experimentó la parcialización del aparato judicial. Con escepticismo concluye: “A través de estos 29 años, multitud de experiencias negativas y aterradoras fueron minando y destruyendo mi fe en la administración de justicia”.

Las diversas circunstancias lo llevaron a “descubrir la honda perversión del sistema judicial y a experimentar una radical repulsa de conciencia frente a cualquier otro eventual involucramiento procesal”. Por esta razón se niega a declarar una vez más.

En sus palabras: “Con el tiempo, sin embargo, se fueron profundizando en mí serias dudas sobre el mecanismo del testimonio. La gente declaraba y declaraba y pasaban los años sin que se percibiera resultado alguno. Pronto comprendimos más bien que los denunciantes pagaban altos precios y los denunciados permanecían incólumes”. Varios de los testigos terminaron asesinados. “Todo mostraba que confiar en la justicia no reportaba ninguna solución sino, por el contrario, altísimos costos para los denunciantes”. Los órganos de control del Estado colombiano “investigan a los denunciantes y no a los denunciados, para llegar, rutinariamente, a consagrar la impunidad de los crímenes”.

En los procesos, continúa, se “construyen falsas verdades”. Estas mentiras se generalizan y niegan realidades evidentes. Con dolor comprueba “que al fiscal no le importaba en absoluto descubrir la autoría de los crímenes ni la identidad de las víctimas, sino sólo identificar a quienes habían puesto las denuncias”.

Se pregunta por el sentido que tienen la verdad y la justicia en un aparato institucional que utiliza “métodos que se apartan de los principios éticos universales”. Y continúa: “lo que no puede aceptar una conciencia ética es involucrarse en mecanismos institucionales que, tras ficciones o simulacros de verdad y de justicia, lo lleven a uno a contribuir, en la práctica y positivamente, con la falsedad y la injusticia”.

En la extensa carta de Javier es evidente el sentimiento de indignación. También en el 2009, Amartya Sen publicó el libro “La Idea de la Justicia”. Allí muestra que las teorías perfectas de justicia no resuelven los problemas cotidianos de las sociedades, sino las ideas aproximadas de lo justo, que están muy marcadas por el sentimiento moral de la indignación.

Javiern recuerda que era común la amenaza “el que abra la boca, al otro día estará flotando en las aguas del Cauca”. Ha pedido que sus cenizas sean “sumergidas discretamente, sin ceremonia ninguna, en alguno de nuestros grandes ríos que han servido de morada final a tantos millares de víctimas anónimas de la violencia”.

Jorge Iván González

Publicado en el diario La República, Colombia

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Los marcos fiscales de mediano plazo son profundamente frágiles, y sus hombros no pueden soportar el enorme peso que se les ha puesto encima. Se les exige que sean la guía de decisiones de política pública con enormes consecuencias en las condiciones de vida de las personas, y en el desarrollo de la economía.

La debilidad de los marcos fiscales tiene dos causas. Una es el desconocimiento de la incertidumbre; la otra la obsesión por las reglas.

A los seres humanos nos queda difícil aceptar que frente al futuro no sabemos. Y para compensar el desconcierto individual se les pide a los gobernantes que prefiguren el mañana. Esta tarea, que tranquiliza la conciencia, la cumple el Ministerio de Hacienda con los marcos fiscales. Sus proyecciones tienen una función tranquilizadora, similar a la de los sacerdotes cuando le anunciaban a su comunidad los mensajes del oráculo. La sociedad pide que alguien informe sobre lo que pasará en el futuro. Los ministros de Hacienda comunican con solemnidad lo que sucederá desde hoy hasta el 2037. Y sobre estos imaginarios se diseñan las sendas de convergencia y los ajustes al déficit.

Es interesante constatar la confianza que se sigue teniendo en las proyecciones a pesar de que nunca aciertan. Y es lógico que se equivoquen porque el mundo es incierto y las interacciones multicausales llevan a que Trump no tenga la más mínima idea de cuándo terminará la guerra en Irán.

Estos días se han presentado dos errores de predicción que deberían llevar a reflexionar sobre la necesidad de cambiar de manera sustantiva la metodología de elaboración de los marcos fiscales. Me refiero a las estimaciones sobre el valor del dólar y el precio del petróleo.

En el Marco Fiscal de 2025, hace apenas un año, se estimó para el 2026 un dólar a $4.408. Hoy está a $3.176. El error de predicción fue de 30 %. Se afirmó, además, que en 2026 el precio del barril de petróleo sería de US$62,3. Hoy está alrededor de US$85. El error de predicción es 36,4 %. Estas dos variables son importantes porque tienen un impacto directo en la balanza comercial, en los ingresos del Estado, en el volumen de la deuda. Claramente, el Marco Fiscal de 2025 no se está cumpliendo. Tampoco se acertará en las previsiones del Marco Fiscal de 2026.

Y los errores tienen una explicación muy simple: no se pueden construir funciones de probabilidad porque los eventos son únicos. Petro es irrepetible, lo mismo que Trump, Putin y Netanyahu. Y la combinación de las acciones de todos ellos resulta en hechos absolutamente inimaginables.

Y la segunda razón de la debilidad de los marcos fiscales, es la obsesión por las reglas, especialmente por la regla fiscal, que se anida en la fragilidad sustantiva de proyecciones que nunca se cumplirán.

En lugar de las reglas se debería volver al análisis discrecional. No se puede afirmar que el manejo discrecional sea irresponsable. Su tarea es examinar las proyecciones con un escepticismo razonable. Cualquiera que sea el marco fiscal, apenas es uno de los relatos posibles sobre el futuro. 

El propósito del marco fiscal no debería ser el de imponer una ruta de acción, sino el de ilustrar, de manera ordenada, una conversación que ayudará a tomar decisiones razonables, dado un conjunto de información que siempre será limitado. Los marcos fiscales son frágiles, como lo es cualquier relato que imagina el mundo futuro.

Publicado en el diario LA REPUBLICA, Colombia

Agosto, 2026

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Con toda razón Abelardo de la Espriella ha insistido en la importancia de la descentralización, pero su enfoque se ha centrado en las ciudades, dejando de lado a los territorios.

La preocupación por la descentralización no se puede reducir a las tres grandes ciudades, Medellín, Barranquilla y Cali. Estas urbes tienen dinámicas endógenas favorables que les han permitido reducir las diferencias con Bogotá. La atención del gobierno no debería concentrarse allí, ni siquiera en las ciudades intermedias.

La descentralización y la búsqueda de convergencia tiene que ir más allá de las ciudades y observar a los territorios. La falta de acercamiento entre regiones obliga a tener una perspectiva más amplia que la urbana. En 2025 la incidencia de la pobreza multidimensional en Vichada fue de 55,2 %, y en Bogotá de 2,2 %. El terremoto puso en evidencia, otra vez más, la diferencia en la capacidad de respuesta de los municipios de Chocó, frente a ciudades como Pereira, Manizales y Cali.

Para que la descentralización favorezca la convergencia regional, las ciudades se deben entender desde la óptica de sus territorios. Los males del litoral Pacífico o de la Mojana no dependen de la atención a las ciudades, sino de la mirada integral al territorio.

Puesto que este gobierno le está dando prelación a la descentralización, debe retomar la perspectiva regional que inspira el Acto Legislativo 03 de 2024. Allí se propone cerrar tres brechas: económica, sectorial y territorial. Aunque el significado de cada categoría es borroso y no se precisa en la norma, la intencionalidad es clara, ya que las enormes diferencias entre, por ejemplo, Quibdó y Medellín, son injustificables. Máxime cuando la riqueza ambiental del litoral Pacífico es única.

La verdadera descentralización tiene que estar basada en proyectos que rompan las fronteras administrativas que hoy existen. La atención a la Mojana tiene que superar los límites artificiales de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia. La mirada integral no es nueva. Es clarísima en los estudios de Orlando Fals. Su Historia Doble de la Costa es una invitación a mirar la geografía desde su integralidad.

La descentralización anclada en las grandes ciudades tiene el peligro de ampliar las brechas entre ellas y sus territorios. Al interior de cada departamento se observan asimetrías notables entre la capital y los municipios de su región.

El gobierno Petro no le dio importancia a la ley de competencias derivada del Acto Legislativo 03. Dejó pasar un año y solamente al final de 2025 presentó el proyecto al Congreso. Ya era demasiado tarde.

El nuevo gobierno cometería un grave error si deja avanzar el tiempo y no presenta un proyecto de ley en el que la descentralización le dé relevancia al ordenamiento del territorio. Para ello es indispensable aceptar la heterogeneidad entre regiones. Sobre todo, en los asuntos relacionados con la riqueza ambiental. En lugar de continuar mirando al litoral Pacífico y a la Amazonía como regiones “pobres”, debería reconocerse que son las más ricas del país y que son fundamentales para mantener la vida en el planeta Tierra.

La verdadera descentralización se alcanzará cuando las zonas Andina y Caribe acepten que su sostenibilidad depende de los activos ambientales de la Amazonía y el Pacífico. Para que estas regiones tengan autonomía se requiere que las ciudades que consumen el agua le transfieran recursos a los territorios que generan el agua.

Publicado en el diario LA REPÚBLICA, Colombia

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El menor valor del dólar –o la apreciación del peso– tiene ventajas y desventajas. No puede afirmarse de manera simplista que una reducción del valor del dólar indica que la economía va bien y que es un signo positivo. En un texto anterior ponía en evidencia la incertidumbre frente al dólar¹. Actualmente, la falta de claridad sobre los conflictos en Irán y Ucrania llevan a que el panorama sea especialmente confuso.

Tendencia del dólar a la baja

Las dos gráficas muestran la evolución del dólar a nivel internacional y con respecto al peso. El índice DXY mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas integrada por euro, yen, libra, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. En el último año y medio el índice bajó, así que el dólar se ha debilitado. La otra figura presenta un período más largo, que comienza el primero de enero del 2000 y termina el 15 de julio de 2026. El valor actual del dólar es $3.249, lo que representa una caída significativa con respecto a los $5.058 que fue el precio de comienzos de noviembre del 2022. Esta disminución ha sido sorprendente y completamente inesperada. Hace un año era impensable que el dólar pudiera estar tan barato. El Ministerio de Hacienda², que siempre se equivoca en sus proyecciones, estimó que hoy el dólar estaría en $4.265.

La apreciación del peso frente al dólar es una combinación de factores externos e internos. La política de Trump se ha expresado en una desconfianza frente al dólar, que contrarresta con la mayor demanda de oro, que recientemente elevó su precio a un nivel sin precedentes de US$5.000 la onza troy. Es interesante constatar, además, que la depreciación del dólar se ha presentado a pesar de que las tasas de interés continúan siendo relativamente altas. Actualmente está en 3,5 %-3,75 %.

Aunque el dólar siempre se ha considerado la reserva más segura, este privilegio se ha ido perdiendo y su participación en el abanico de divisas está disminuyendo; ahora representa el 58%, cuando al final de la Segunda Guerra, su participación era superior al 90 %. Esta tendencia a la baja parece irreversible.

A nivel nacional el dólar se ha abaratado porque se han presentado fenómenos especiales, diferentes a las exportaciones usuales. Entre ellos se destacan: (i) El aumento de las tasas de interés de los TES, cercana al 12 %. Para los especuladores internacionales, es atractivo traer dólares a Colombia, cambiarlos por pesos y adquirir TES. (ii) La entrada masiva de remesas, que se acercan a los US14.000 millones, una cifra que supera las exportaciones de petróleo. (iii) La cocaína, que en  2024 generó US$16,5 mil millones³. (iv) La minería ilegal de oro. (v) El mayor endeudamiento externo del gobierno.

Efectos del dólar barato

Los impactos del menor valor del dólar son muy disímiles. Habría que comenzar por desvirtuar la asociación que se suele hacer entre la apreciación de la moneda nacional y el buen comportamiento de la economía. Este es un imaginario sesgado porque únicamente observa los aspectos positivos, que siempre se traslapan con los negativos.

(i) Es bueno el dólar barato porque los productos importados tienen menor precio. Ello favorece el consumo de los hogares y contribuye a la reducción de la inflación. El impacto sobre los precios derivado del aumento exagerado del salario mínimo se ha compensado por la apreciación del peso.

(ii) El crecimiento de las importaciones golpea a los productores nacionales que tienen que reducir su ganancia y disminuir el empleo. La competencia con los bienes importados es muy difícil.

(iii) El crecimiento de las importaciones agudiza el desbalance comercial. El déficit se acentuó a partir de 2014, cuando terminó la bonanza de los hidrocarburos. La situación actual es crítica porque el saldo negativo ha llegado a ‑US$15.204 millones. Y el panorama se complica con la apreciación del peso.

(iv) Los exportadores sufren porque reciben menos ingresos. La coyuntura es muy difícil para los hogares que viven del café, de las flores o de cualquier producto de exportación. También se reduce el turismo a Colombia, puesto que es más barato ir a otros países.

(v) La apreciación del peso es buena para el gobierno y para los particulares que se han endeudado en dólares, porque se les reduce el costo de los créditos. Se requieren menos pesos para responder por las obligaciones contratadas en dólares.

(vi) El balance neto de la apreciación del peso, después de considerar las ventajas y desventajas, no es claro. No se puede precisar el efecto final. De todas formas, es evidente la mayor dependencia de la economía colombiana de los movimientos internacionales de capitales.

El error de las proyecciones

Vale la pena insistir en el error de las proyecciones. La pretensión de conocer el futuro es una falacia⁴. Las predicciones nunca se cumplen. Y es lógico que así suceda porque es imposible predecir el precio del petróleo o el valor del dólar en una fecha futura. A pesar de las reiteradas y constantes equivocaciones de las proyecciones económicas, se insiste en continuar realizándolas. Además de los errores en la estimación del valor del dólar, el ministerio de Hacienda tampoco acertó en el precio del petróleo. En lugar de US$67,2 el barril ‒que fue la predicción‒, este año ha oscilado entre US$90 y US$100.

Estos y otros errores son graves porque la regla y el marco fiscal de mediano plazo se elaboran a partir de proyecciones a 10 años. Las sendas de ajuste propuestas por la regla dependen de estos imaginarios. Se olvida que cada coyuntura está marcada por eventos únicos, que no pueden repetirse y que, por tanto, no admiten ningún cálculo probabilístico. Petro, Putin, Netanyahu, Trump…, son irrepetibles, y su interacción en un momento del tiempo genera procesos completamente inciertos. 

Si se aceptara la incertidumbre, y si se reconociera nuestra incapacidad de adivinar el futuro, se minimizaría el debate sobre la regla fiscal, y en lugar de insistir en normas fijas, se tendría que volver al manejo discrecional. ¡Regresemos a Keynes!

________________________

¹ González. Jorge. (2026). “Un dólar incierto”. Revista Sur, enero 19, 2026.

² Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

³ Tobón, Santiago y Daniel Mejía. (2026). “La participación del productor: El tamaño de la economía de la cocaína en Colombia”.Notas de Política, no. 9. Medellín: Eafit, Valor Público, 

⁴ Hayek, Friedrich von. (1974). “La Pretensión del Conocimiento”, en Los Premios Nobel de Economía 1969-1977. México: Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 245-258.

Jorge Iván González

Publicado en la Revista Sur– Colombia

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Más allá de las dificultades administrativas y de los enredos legales es importante reflexionar sobre las razones de fondo que impidieron la consolidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. 

Habría tres explicaciones: primera, no se respondió la pregunta «¿igualdad de qué?»; segunda, la presión de los diversos movimientos woke y, tercera, la pretensión de transversalidad.

Primero. ¿Igualdad de qué? Nunca se precisó el significado conceptual de la igualdad ni las implicaciones operativas de la definición. A esta pregunta, Amartya Sen respondió: «de las capacidades básicas». Pero, obviamente, esta noción tiene que concretarse en un mecanismo institucional. Desde el proyecto de ley no se precisa el tipo de igualdad que se busca. En el artículo 2 se mencionan las «desigualdades económicas, políticas y sociales».

Además, se pone en evidencia la igualdad en el disfrute de los derechos. La llamada «igualdad democrática», predicada por Elizabeth Anderson, también cabe en los propósitos ambiguos que tuvo el proyecto de ministerio.

Estas aproximaciones cubren todas las formas de desigualdad imaginables. El propósito del ministerio siempre fue tan amplio que ningún mecanismo institucional podía responder de manera adecuada.

Segundo. La presión woke. Tiene razón Susan Neiman cuando afirma que la izquierda no es woke. Los diversos grupos que buscan un reconocimiento de su «identidad» encontraron en el ministerio el espacio adecuado para expresar sus reivindicaciones y, de alguna forma, aspiraron a tener su propio viceministerio. En la primera versión se propusieron cinco: a) mujeres; b) juventud; c) pueblos étnicos y campesinos; d) poblaciones y territorios excluidos y superación de la pobreza y, e) diversidades. Además de la dificultad de precisar el objeto de cada uno, los traslapes entre ellos son evidentes.

El principio de igualdad va acompañado del reconocimiento de las diferencias entre poblaciones. Su listado tiene que limitarse porque el número de categorías es excesivamente amplio.

Además, los cruces son inevitables. Piense, por ejemplo, en una mujer afro que es campesina y está en condiciones de vulnerabilidad. Allí convergen, por lo menos, cuatro categorías: una, referida a la ocupación (campesina); otra, relacionada con la condición étnica (afro); otra, referida al género (mujer), y otra, asociada al nivel de ingreso (vulnerabilidad). Esta multiplicidad de condiciones obligaría a precisar mecanismos de atención diferentes y, en la práctica, el resultado es caótico.

Nunca fue clara la unidad de análisis. Para determinar la pobreza, el Dane tiene claro que es el hogar, pero otros programas sociales centran la atención en la familia. Entre las dos dimensiones hay asimetrías complejas. Además de estas dificultades, el ministerio tenía que ver con poblaciones que no se atienden ni desde el hogar ni desde la familia.

Y, tercero, la pretensión de la transversalidad. Dados unos propósitos tan heterogéneos y sin jerarquías claras, el ministerio pretendía hacer múltiples tareas que interferían con las de otros ministerios y, claramente, con las del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Desde el nuevo ministerio se querían hacer vías terciarias, construir vivienda, mejorar acueductos, repartir subsidios y atender habitantes de calle. Los conflictos entre ministerios eran evidentes. Quizás el enredo habría sido un poco menor si se hubiera aceptado la idea inicial de subsumir el DPS en el ministerio.

Jorge Iván González

Publicado en el diario LA REPUBLICA, Colombia

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Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) es eliminar la pobreza extrema. Esta meta se debe cumplir en 2030. Se trata de “erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema”. En los tres años que faltan, Colombia no logrará este propósito. Esta lucha contra la pobreza ha sido un fracaso.

En Colombia, la línea de pobreza extrema es $236.580 mensuales por persona. Es el valor de una canasta básica de alimentos. Es la frontera entre el hambre y la desnutrición.

No se entiende el optimismo del gobierno nacional y de varios alcaldes con los resultados que acaba de publicar el DANE. De acuerdo con el dato de 2025, en el país hay 4,9 millones de personas en pobreza extrema. Una cifra superior a la observada en 2017, cuando el número era de 4,7 millones. En lugar de disminuir, la pobreza ha aumentado. En un país riquísimo como Colombia, estos resultados son inaceptables.

Desde el siglo XIX los economistas han dicho que es posible acabar con la pobreza, que en el mundo no debería haber ninguna persona con necesidades básicas insatisfechas. Este objetivo, decía Keynes en 1930, se podrá alcanzar en 2030, cuando todos los individuos podrán ejercer su libertad real y podrán vivir “sabia y agradablemente bien”. La sociedad habrá ofrecido las condiciones necesarias para que la persona pueda llevar el tipo de vida que considera valioso. El sueño de Keynes, como el de los ODS de Naciones Unidas, no se cumplirá. En el planeta Tierra abundan los pobres.

Entre 1985 y 2015, en 30 años, China sacó de la pobreza extrema a 800 millones de personas. ¡Es posible lograrlo! La miopía de quienes cantan victoria se explica porque solamente están observando lo que ha sucedido después de la pandemia, cuando los pobres extremos llegaron a 8,4 millones. Es evidente que en estos años la cifra se ha reducido, pero la situación es peor que en 2017 y es inaceptable frente a los compromisos de los ODS. Sin duda, en la pandemia la situación era peor, pero los avances logrados todavía son modestos. Una de las dificultades que se han presentado, y que no permiten avanzar más rápido, es la falta de coordinación entre la Nación y los gobiernos de las ciudades y de los departamentos. Los gobiernos locales tienen un papel muy importante en la lucha contra la pobreza.

Preocupan, además, las brechas tan escandalosas que existen entre las ciudades. En el conjunto del país la incidencia de la pobreza extrema es de 9,6%. En las áreas urbanas es de 6,9 %. Y en las zonas rurales es de 19,1 %. La mejor ciudad es Manizales, con una incidencia de 2,5 %, y la peor es Quibdó, con 32,5 %. Habría que explicar por qué razón, en una región riquísima como el litoral Pacífico, el ingreso de la tercera parte de la población está por debajo de la línea de pobreza. Esta es la expresión de una falla estructural en el modelo de desarrollo. No se ha logrado convertir la riqueza en bienestar para la mayoría de la población.

El fracaso nacional es doble. Por un lado, la pobreza extrema se mantiene y, en el mediano plazo, no baja. Y, por el otro, no se dan pasos que efectivamente permitan reducir las brechas. Las diferencias continúan incrementándose.

El primer paso para transformar la situación actual es reconocer que el país va mal. No tiene sentido cantar victoria. El paso siguiente es aceptar que la eliminación de la pobreza es una meta alcanzable. Y mucho más en un país rico como Colombia.

Jorge Iván González

Junio, 2026

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El Gobierno deja una situación fiscal complicada. Entre otras razones, porque la disciplina de los dos primeros años se perdió. 

La política económica de este gobierno fue errada. Con el paso de los meses se fue perdiendo el rumbo. En el último año (marzo de 2006 comparado con marzo de 2025) la economía creció 2,2 %. Entre 2023 y 2026, el PIB, que corresponde al período de Petro, la actividad económica aumentó en promedio año 1,8 %. Este ritmo es bajo, si se compara con el período anterior a la pandemia, entre 2000 y 2019, cuando el crecimiento promedio fue de 3,9 %. 

Para tener otro punto de referencia, en 2025 el crecimiento de los países de América Latina y el Caribe fue de 2,4 %. El Gobierno deja una situación fiscal complicada. Entre otras razones, porque la disciplina de los dos primeros años se perdió. Los enemigos del Gobierno dijeron que durante Petro la economía caería en situaciones similares a las de Venezuela o Cuba. Nada de esto sucedió. No se nacionalizó ninguna empresa privada y, a pesar de las discusiones permanentes de Petro con los empresarios y los gremios, la actividad económica fue resiliente. No se presentó la catástrofe que se había anunciado. 

El Gobierno se equivocó en el manejo de dos sectores estratégicos: el energético y el de la salud. No entendió que la transición energética tiene que ser progresiva. Se le ha hecho un enorme daño a Ecopetrol, sobre todo después del anuncio de suspender la exploración. Se ha olvidado que el 60 % de las exportaciones depende de la minería y los hidrocarburos. Sin duda, esta composición de las exportaciones se tiene que ir modificando, pero de manera progresiva. Es necesario irles dando mayor espacio a la manufactura y a la agroindustria, que han ido perdiendo importancia. La participación del sector manufacturero en el PIB disminuyó del 17,8 % entre 1975 y 1986 al 11,3 % entre 2016 y 2022. Para corregir esta tendencia se aprobó el Conpes 4129 de 2023, de reindustrialización. 

A pesar de sus bondades intrínsecas, el Gobierno no le ha prestado atención. Para avanzar hacia la economía limpia, la dependencia del petróleo se debe ir reduciendo lentamente. Las fuentes de energía diferentes al carbón y al petróleo se han rezagado, y el sector se encuentra en una situación crítica. El gran aporte del Gobierno Petro ha sido el nuevo lenguaje asociado al cambio climático y a su comprensión del desarrollo económico desde la perspectiva de una economía verde e incluyente. Al centrar la atención en la geografía, modificó de manera sustantiva la óptica de análisis convencional. 

Por primera vez, la política económica y el desarrollo se han concebido teniendo a la geografía como eje central. De acuerdo con el diagnóstico del plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, el principal problema del país es el ordenamiento del territorio. En esta materia existe un caos que todavía no se ha corregido. El Plan es una alternativa de desarrollo de mediano plazo. No obstante sus bondades intrínsecas, sorprende que el presidente no le haya prestado la más mínima atención. 

Desde una mirada intersectorial, en el Plan se proponen instrumentos de acción que permiten avanzar hacia cambios estructurales. Se destacan tres. Primero, el catastro multipropósito que viene avanzando de manera adecuada con una cobertura del 44,5 % del área. El punto de partida al comenzar el gobierno era 9,4 %. Segundo, el registro universal de ingresos (RUI), que busca tener una escala continua del ingreso anual de todos los hogares, con el fin de poder diferenciar a quienes deben ser beneficiarios de subsidios de los contribuyentes al impuesto de renta. 

Cuando el RUI esté funcionando, se podrán eliminar los estratos, el Sisbén y otros formularios, como el de Familias en Acción. El RUI favorece la equidad y mejora la eficiencia del gasto porque evita que reciban subsidios quienes no los necesitan. Y, tercero, el presupuesto por programa, que ordena el presupuesto alrededor de proyectos estratégicos de impacto regional. 

Es un mecanismo adecuado para que haya concurrencia de recursos y no se dispersen en multitud de pequeños proyectos. La paz total ha fracasado, pero continuará siendo un objetivo prioritario. Aunque se ha ido avanzando hacia negociaciones parciales, los grupos armados siguen creciendo y su control del territorio ha aumentado.

Jorge Iván González

Junio, 2026

Publicado en Revista Semana- Colombia.

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentan a los mismos retos. La forma de resolverlos es muy diferente. Desgraciadamente, durante este proceso electoral ha faltado debate programático y los candidatos no han sido suficientemente explícitos sobre los mecanismos que utilizarán para responder a los problemas estructurales del país.

Los aspectos cruciales son: (i) Crecimiento con industrialización e inclusión, (ii) Transición energética, (iii) Paz y ordenamiento del territorio, (iv) Situación fiscal, (v) Descentralización y autonomía regional y (vi) Política social.

(i) Crecimiento con industrialización e inclusión. Todos los diagnósticos coinciden en que el crecimiento de la economía colombiana sigue marcado por una clara dependencia del extractivismo. Este reconocimiento es explícito en el plan de desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida¹, y en el Conpes sobre reindustrialización². Desde que comenzó, la administración Petro tenía clara la importancia de avanzar hacia una economía verde. Pero, desgraciadamente, el gobierno nunca le prestó atención a los instrumentos propuestos en el Plan de Desarrollo, ni a las estrategias formuladas en el Conpes.

La industrialización tiene dos componentes. La participación del Estado, y el respeto por la iniciativa privada.

Desde el primer momento el presidente puso el énfasis en los aportes de Mazzucato³ y, en este sentido, el gobierno reconoció la importancia de la articulación entre el sector privado y el público. Desde esta perspectiva, el Estado debe crear las condiciones propicias para el desarrollo de la actividad privada.

Y en cuanto al respeto por iniciativa privada, el presidente ha tomado una posición ambigua. Por un lado, ha generado tensiones innecesarias con los empresarios y los gremios. Pero, por otra parte, reconoce que la legislación colombiana impide que el gobierno nacionalice firmas privadas, así que no es posible que en el país suceda algo similar a lo que pasó en Venezuela.

Se equivoca Abelardo de la Espriella cuando acusa de Petro y a Cepeda de comunistas. Ninguno de los dos ha propuesto la propiedad colectiva de los medios de producción. Nunca han negado la relevancia del sector privado en el quehacer de la economía.

En su relación con el sector privado, aunque la diferencia entre Cepeda y De la Espriella no es significativa, los empresarios confían más en De la Espriella. Cepeda nunca ha dicho que combatirá al sector privado, ni que estatizará la economía, pero se le acusa de comunista, como si estuviéramos en la época de la guerra fría.

La diferencia entre los dos candidatos sí es evidente en su manera de concebir la inclusión. La lucha contra la desigualdad es central en el discurso de Cepeda, como lo ha sido en el de Petro. Pero Cepeda no ha propuesto instrumentos claros para combatir la desigualdad. Este es un problema estructural muy complejo, que no pudo resolver este gobierno. A pesar de la tributaria progresiva de Ocampo, el Gini no se mueve. Entre el 2023 y el 2024 pasó de 0,553 a 0,551. Junto a la mala distribución de los ingresos se debe tener presente la creciente desigualdad de la riqueza. En el sector agropecuario la concentración es significativa, con un Gini cercano a 0,9.

(ii) Transición energética. En el plan de desarrollo se reconoce que la transición energética es progresiva. Es inevitable aceptar la paradoja de que la transición es más rápida si la producción de petróleo aumenta. Si se quiere acelerar la transición energética, la producción de petróleo debe pasar de 750.000 barriles día a un millón. Aceptando esta lógica, ni en el Conpes de reindustrialización, ni en el plan de desarrollo, se propone la no exploración. Este discurso del presidente ha sido perjudicial y le ha hecho un grave daño a las finanzas de Ecopetrol.

Se equivoca Cepeda al hacerle eco a Petro. Desconoce que la transición toma tiempo y que la dependencia del carbón y de los hidrocarburos no se puede eliminar en el corto plazo. La transición toca aspectos tan estructurales que no puede modificarse de forma inmediata. De la Espriella se va al otro extremo al no reconocer la importancia de la economía verde y en absolutizar la importancia del negocio petrolero.

(iii) La paz total ha fracasado. En el plan de desarrollo se muestra que la violencia está íntimamente ligada al ordenamiento del territorio. El desorden en su manejo es un factor determinante de la violencia. La expansión de los grupos armados muestra, de manera contundente, que el Estado no controla todo el territorio nacional. Durante este gobierno no se ofrecieron alternativas de desarrollo que permitieran ir modificando las economías ilegales.

A duras penas se pueden lograr acuerdos de paz parciales, reducidos a una región. Además, no existe ninguna garantía de que estos procesos se mantengan en el tiempo.

Frente a la coca, hay tres posibilidades. Una es la aspersión con glifosato. La otra es la sustitución de cultivos finca a finca. Estos dos enfoques no han dado los resultados esperados. La producción de coca continúa y el conflicto se ha agudizado. La tercera alternativa es el desarrollo de proyectos agroindustriales exitosos que generen suficientes incentivos económicos para que los campesinos abandonen la producción de coca y la minería ilegal.

Se han dado pasos importantes en la consolidación del catastro multipropósito, que es una condición básica para la reforma rural integral y el ordenamiento del territorio.

Cepeda no ha sido crítico de la paz total. Y De la Espriella se equivoca pensando que resolverá el problema con el ejército. La fuerza no es la solución.

(iv) La situación fiscal es grave. Frente a las dificultades fiscales, ninguno de los dos candidatos ha sido claro. De la Espriella ha insistido en una disminución drástica del gasto público. En las condiciones actuales esta alternativa no es posible. Cepeda no ha propuesto mecanismos creíbles. Tampoco se ha pronunciado sobre el aumento sustantivo de la deuda pública.

Para resolver la crisis fiscal es necesario explorar dos caminos. El primero es la realización de una reforma tributaria territorial, que involucre a la Nación, los departamentos y los municipios. Y el otro es mejorar la eficiencia del gasto. Ninguna de estas dos vías ha sido considerada por los candidatos.

(v) Descentralización y autonomía regional. En el proyecto de ley de competencias⁴ presentado por el gobierno se desperdició la oportunidad de repensar la descentralización y la autonomía de las regiones. Se terminó dándole prioridad a lo sectorial sobre la geografía. Los sectores de educación, salud y agua/saneamiento se trenzaron en una discusión sobre los porcentajes. El proyecto desconoce la geografía y los temas territoriales. Vuelve a cometer el error de poner todo el énfasis en los aspectos sectoriales. En el pasado las brechas no se han cerrado porque la geografía se ha dejado de lado. Y, de nuevo, se pretende cerrar las brechas sin considerar de manera explícita la geografía.

Ninguno de los dos candidatos ha presentado un análisis sistemático de la ley de competencias. No son claras sus posiciones.

(vi) Política social. En educación y salud el gobierno ha dado bandazos y el resultado es agridulce. En el campo de la educación se avanzó en gratuidad, pero se descuidó la calidad. Se mejoró el presupuesto de las universidades públicas, pero no se ha cuestionado su ineficiencia. En salud los resultados han sido negativos. En pensiones se avanzó bien, y la reforma laboral mejoró las condiciones de los trabajadores.

De la Espriella ha sido muy crítico de la situación de la salud, pero su propuesta de reforma no es clara, comenzando porque no ha precisado la fuente de los recursos, ni el ordenamiento institucional que podría ser más adecuado. Cepeda ha permanecido en silencio.

Sin explicación alguna, el gobierno avanza muy lentamente en la implementación del registro universal de ingresos(RUI), que permitiría organizar los subsidios y mejorar la focalización.

_______________________

¹ República de Colombia. (2023). Ley 2294. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Bogotá: Congreso de la República.

² Departamento Nacional de Planeación, DNP. (2023). Política Nacional de Reindustrialización, Documento Conpes, no. 4129. Bogotá: DNP.

³ Mazzucato, Mariana. (2011). El Estado Emprendedor. Barcelona: RBA Libros, 2014.

⁴ Gobierno Nacional. (2025). Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad con los artículos 151, 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de fortalecer la autonomía territorial, la descentralización y el cierre de brechas y se dictan otras disposiciones. Tercera versión. Bogotá: Gobierno Nacional.

Jorge Iván González

Junio, 2026

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En el último año (marzo 2006 comparado con marzo 2025) la economía creció 2,2 %, una cifra cercana al promedio de los países de América Latina y el Caribe, que en el 2025 crecieron 2,4 %.

Estos datos son mediocres. En Colombia, entre 2000 y 2019, antes de la pandemia, el crecimiento promedio del PIB fue de 3,9 %. Entre 2022 y lo corrido del 2026 el promedio ha sido de 2,9 %.

Se podría decir que la economía ha sido resiliente porque ha tenido que enfrentar los siguientes choques complicados: (i) la crisis energética, (ii) la situación fiscal y el peso de la deuda, (iii) la ineficiencia en el manejo del gasto y (iv) las tensiones entre el gobierno y el sector privado.

Las manifestaciones de la crisis energética son diversas. La más significativa es la agudización del déficit de la balanza comercial. En 2011, en plena bonanza petrolera, el superávit comercial fue de USD5.358 millones. Al terminar 2025 fue negativo en ‑USD15.204 millones. La exploración petrolera se frenó y actualmente la producción no supera los 750.000 barriles diarios. La financiación de la transición energética y la estabilidad de la balanza de pagos exige incrementar la producción hasta llevarla a un millón de barriles día.

El déficit de la balanza comercial muestra claramente que la economía tiene una fragilidad estructural. El país es importador y esta dependencia de los productos extranjeros termina reflejándose en un menor crecimiento del PIB. La situación se ha agravado en los últimes meses porque el peso se ha apreciado y el dólar ha bajado de precio. Si el dólar es barato las importaciones se aceleran y esta dinámica perjudica a la industria nacional.

La difícil situación fiscal del gobierno nacional se está reflejando en aumentos sustantivos de la deuda pública. De acuerdo con los últimos cálculos del Ministerio de Hacienda para 2026 se requieren desembolsos de créditos por valor de $128,4 billones¹. El pago de intereses, sin amortización a capital, este año será de $60,7 billones, que reducen la disponibilidad de recursos para la inversión. Esta situación incide de forma negativa en la economía, puesto que por cada peso de inversión del sector público se generan cuatro de inversión privada.

Es interesante observar que este año el mayor gasto público, que es una de las razones del incremento de la deuda, fue el componente más importante del aumento del PIB. Los sectores que más crecieron el último año fueron: administración pública, defensa, educación y salud [5,7 %]; actividades artísticas, de entretenimiento y servicios [3,2 %]; comercio [2,9 %]; manufactura [2,9 %].

Sin duda, el sector público juega un papel central en el impulso de la economía. El problema es que aumentos excesivos del gasto desequilibran las finanzas. Este año el gasto total del gobierno nacional será de 24,3 % del PIB, y el déficit fiscal de ‑ 6,2 % del PIB.

Por un lado, el mayor gasto público estimula el PIB pero, por el otro, al financiarse con deuda, reduce el margen de inversión, obstaculizando el crecimiento económico. El balance neto de estas dos tendencias contradictorias es complejo, y lleva a consideraciones de muy diverso tipo. Es un buen escenario para el enfrentamiento entre escuelas económicas. De todas maneras, las soluciones discrecionales tienen que ser responsables, evaluando de la mejor manera posible las interacciones que se presentan en uno u otro sentido.

Algunos analistas, y sobre todo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), insiste en que el gasto público se tiene que reducir en $32,1 billones². Este escenario no es realista. En lugar de disminuirlo se tienen que crear condiciones para mejorar la eficiencia del gasto.

El manejo del Estado es inercial y paquidérmico. En 2026 la ejecución ha sido pésima. En marzo iba en 16,9 % (pagos/apropiaciones)³, cuando debería estar en 25 %. El Ministerio de Agricultura apenas había ejecutado 8,8 %.

Después de la administración pública, el siguiente sector es el de actividades artísticas y de entretenimiento, que creció 3,2 %. En los últimos años se ha ido potenciando, y el país ha ido ganando experiencia y desarrollando industrias importantes. El comercio y la manufactura crecieron 2,9 %. La actividad industrial todavía no logra ocupar el papel relevante que debería tener en el desarrollo económico.

Por el lado negativo, la construcción cayó ‑5,4 %. La política de vivienda del gobierno ha sido muy negativa y se ha olvidado que el sector de la construcción tiene escalonamientos hacia delante (carpintería, pintura, instalaciones sanitarias y cocina…) y hacia atrás (arena, cemento, piedra, metalurgia…). Su efecto multiplicador es significativo.

El sector agrícola también decreció en ‑1,4 %. La libra de café en Nueva York se está cotizando a USD 2,79, y hace un año estaba USD 4. A esta caída del precio se le tiene que agregar el menor valor del dólar. Ambos factores tienen una incidencia negativa en el ingreso de los hogares cafeteros. Preocupa, además, la baja ejecución del Ministerio de Agricultura.

El presidente Petro no ha facilitado el diálogo con el sector privado. No obstante esta desconfianza, la actividad empresarial se ha mantenido. Es imposible estimar el contrafactual, o lo que hubiera pasado con el PIB si las relaciones con el ejecutivo hubieran sido mejores.

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¹ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). Actualización Plan Financiero 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

² Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). (2026). Pronunciamiento 19. El Escenario Fiscal del 2026 Está Expuesto a Presiones de Gasto que Dificultarían el Retorno a la Regla Fiscal. Bogotá: Carf.

³ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). Ejecución acumulada de los Ingresos y Gastos PGN, a marzo 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

Jorge Ivan González

Mayo, 2026

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En su último libro, Cecilia López se pregunta si el gobierno de Petro apenas es una pausa. Y concluye que, lejos de ser una pausa, ha dejado huella. 

Sus dos grandes mensajes son la denuncia de la desigualdad y la preocupación por el cambio climático. Considera López que ambas preocupaciones se constituyen en una tarea indispensable para los próximos gobiernos, independientemente de su perfil ideológico.

La lucha contra la desigualdad está íntimamente ligada a la reducción de la pobreza y a la inclusión social. En palabras de López, “…meta cumplida, presidente. Hoy aquellos que nunca tuvieron voz la tendrán cada vez más”. De diversas maneras y en procesos confusos, los “nadie” ganaron un espacio, que está respaldado por una consolidación política de la izquierda.

Dice López: “…una realidad que aún no se dimensiona del todo en Colombia es lo que significa darle voz a quienes no la tenían”. Este hecho no se puede minimizar. Y, continúa, “… quienes manejen la agenda futura de Colombia tendrán que actuar frente a la desigualdad”. Este reto es mayúsculo. La reducción de las enormes brechas que existen en el país debería ser una prioridad de los próximos gobiernos.

A pesar de los esfuerzos realizados durante esta administración, como la reforma tributaria progresiva de Ocampo, el Gini no se mueve. Entre 2023 y 2024 pasó de 0,553 a 0,551. Junto a la concentración de los ingresos debe tenerse presente la creciente desigualdad de la riqueza. En el sector agropecuario la concentración es significativa, con un Gini cercano a 0,9. Desgraciadamente, este gobierno no ha realizado una reforma rural integral. Dice López que “…ahora la Reforma Agraria se limita solo a entregar tierras”. Y, además, “…el manejo de los datos sobre tierras es vergonzoso”. En estas condiciones no será posible cerrar las brechas. En 1994, hace más de tres décadas, López propuso su ambicioso plan de desarrollo Para cerrar la brecha. Los avances han sido mínimos, pero después de Petro los gobiernos no tendrán disculpa, porque los “nadie” los obligarán a actuar.

Es inaceptable que el país continúe con elevados niveles de desigualdad y que, además, la incidencia de la pobreza monetaria se mantenga en porcentajes cercanos a 30 %. Los logros obtenidos en la lucha contra la pobreza no permiten ser optimistas. Hace 10 años, en 2014, había 16,4 millones de pobres. En 2024, que es el último dato del Dane, el número de pobres es 16,2 millones. La reducción apenas ha sido de 200.000 personas. Es uno más de nuestros fracasos colectivos.

Además de la desigualdad y la inclusión, el otro tema relevante es el del cambio climático. El asunto de la geografía, expresado en el ordenamiento del territorio, es el eje del Plan de Desarrollo. A pesar de que se diseñó el camino, Petro no entendió que la transición energética y los cambios estructurales que necesita el país solo son posibles si el presidente actúa como estadista y no se convierte en caudillo.

Para López, los cambios de Petro han sido significativos. Fue socialdemócrata y trató de gobernar los primeros ocho meses. El momento en que saca a siete ministros y desconoce la importancia de la tecnocracia “marca el destape del presidente de izquierda”. La tercera fase es la del “populista de izquierda”. Y la última, la de ahora, es la etapa del “caudillo”. En vista de las dificultades evidentes que tiene la administración del Estado, Petro ha tenido un enorme éxito político al hacer la mutación de gobernante a candidato.

Jorge Iván González  

Publicado en LA REPÚBLICA, Colombia

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