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Jorge Ivan Gonzalez

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Los marcos fiscales de mediano plazo son profundamente frágiles, y sus hombros no pueden soportar el enorme peso que se les ha puesto encima. Se les exige que sean la guía de decisiones de política pública con enormes consecuencias en las condiciones de vida de las personas, y en el desarrollo de la economía.

La debilidad de los marcos fiscales tiene dos causas. Una es el desconocimiento de la incertidumbre; la otra la obsesión por las reglas.

A los seres humanos nos queda difícil aceptar que frente al futuro no sabemos. Y para compensar el desconcierto individual se les pide a los gobernantes que prefiguren el mañana. Esta tarea, que tranquiliza la conciencia, la cumple el Ministerio de Hacienda con los marcos fiscales. Sus proyecciones tienen una función tranquilizadora, similar a la de los sacerdotes cuando le anunciaban a su comunidad los mensajes del oráculo. La sociedad pide que alguien informe sobre lo que pasará en el futuro. Los ministros de Hacienda comunican con solemnidad lo que sucederá desde hoy hasta el 2037. Y sobre estos imaginarios se diseñan las sendas de convergencia y los ajustes al déficit.

Es interesante constatar la confianza que se sigue teniendo en las proyecciones a pesar de que nunca aciertan. Y es lógico que se equivoquen porque el mundo es incierto y las interacciones multicausales llevan a que Trump no tenga la más mínima idea de cuándo terminará la guerra en Irán.

Estos días se han presentado dos errores de predicción que deberían llevar a reflexionar sobre la necesidad de cambiar de manera sustantiva la metodología de elaboración de los marcos fiscales. Me refiero a las estimaciones sobre el valor del dólar y el precio del petróleo.

En el Marco Fiscal de 2025, hace apenas un año, se estimó para el 2026 un dólar a $4.408. Hoy está a $3.176. El error de predicción fue de 30 %. Se afirmó, además, que en 2026 el precio del barril de petróleo sería de US$62,3. Hoy está alrededor de US$85. El error de predicción es 36,4 %. Estas dos variables son importantes porque tienen un impacto directo en la balanza comercial, en los ingresos del Estado, en el volumen de la deuda. Claramente, el Marco Fiscal de 2025 no se está cumpliendo. Tampoco se acertará en las previsiones del Marco Fiscal de 2026.

Y los errores tienen una explicación muy simple: no se pueden construir funciones de probabilidad porque los eventos son únicos. Petro es irrepetible, lo mismo que Trump, Putin y Netanyahu. Y la combinación de las acciones de todos ellos resulta en hechos absolutamente inimaginables.

Y la segunda razón de la debilidad de los marcos fiscales, es la obsesión por las reglas, especialmente por la regla fiscal, que se anida en la fragilidad sustantiva de proyecciones que nunca se cumplirán.

En lugar de las reglas se debería volver al análisis discrecional. No se puede afirmar que el manejo discrecional sea irresponsable. Su tarea es examinar las proyecciones con un escepticismo razonable. Cualquiera que sea el marco fiscal, apenas es uno de los relatos posibles sobre el futuro. 

El propósito del marco fiscal no debería ser el de imponer una ruta de acción, sino el de ilustrar, de manera ordenada, una conversación que ayudará a tomar decisiones razonables, dado un conjunto de información que siempre será limitado. Los marcos fiscales son frágiles, como lo es cualquier relato que imagina el mundo futuro.

Publicado en el diario LA REPUBLICA, Colombia

Agosto, 2026

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Con toda razón Abelardo de la Espriella ha insistido en la importancia de la descentralización, pero su enfoque se ha centrado en las ciudades, dejando de lado a los territorios.

La preocupación por la descentralización no se puede reducir a las tres grandes ciudades, Medellín, Barranquilla y Cali. Estas urbes tienen dinámicas endógenas favorables que les han permitido reducir las diferencias con Bogotá. La atención del gobierno no debería concentrarse allí, ni siquiera en las ciudades intermedias.

La descentralización y la búsqueda de convergencia tiene que ir más allá de las ciudades y observar a los territorios. La falta de acercamiento entre regiones obliga a tener una perspectiva más amplia que la urbana. En 2025 la incidencia de la pobreza multidimensional en Vichada fue de 55,2 %, y en Bogotá de 2,2 %. El terremoto puso en evidencia, otra vez más, la diferencia en la capacidad de respuesta de los municipios de Chocó, frente a ciudades como Pereira, Manizales y Cali.

Para que la descentralización favorezca la convergencia regional, las ciudades se deben entender desde la óptica de sus territorios. Los males del litoral Pacífico o de la Mojana no dependen de la atención a las ciudades, sino de la mirada integral al territorio.

Puesto que este gobierno le está dando prelación a la descentralización, debe retomar la perspectiva regional que inspira el Acto Legislativo 03 de 2024. Allí se propone cerrar tres brechas: económica, sectorial y territorial. Aunque el significado de cada categoría es borroso y no se precisa en la norma, la intencionalidad es clara, ya que las enormes diferencias entre, por ejemplo, Quibdó y Medellín, son injustificables. Máxime cuando la riqueza ambiental del litoral Pacífico es única.

La verdadera descentralización tiene que estar basada en proyectos que rompan las fronteras administrativas que hoy existen. La atención a la Mojana tiene que superar los límites artificiales de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia. La mirada integral no es nueva. Es clarísima en los estudios de Orlando Fals. Su Historia Doble de la Costa es una invitación a mirar la geografía desde su integralidad.

La descentralización anclada en las grandes ciudades tiene el peligro de ampliar las brechas entre ellas y sus territorios. Al interior de cada departamento se observan asimetrías notables entre la capital y los municipios de su región.

El gobierno Petro no le dio importancia a la ley de competencias derivada del Acto Legislativo 03. Dejó pasar un año y solamente al final de 2025 presentó el proyecto al Congreso. Ya era demasiado tarde.

El nuevo gobierno cometería un grave error si deja avanzar el tiempo y no presenta un proyecto de ley en el que la descentralización le dé relevancia al ordenamiento del territorio. Para ello es indispensable aceptar la heterogeneidad entre regiones. Sobre todo, en los asuntos relacionados con la riqueza ambiental. En lugar de continuar mirando al litoral Pacífico y a la Amazonía como regiones “pobres”, debería reconocerse que son las más ricas del país y que son fundamentales para mantener la vida en el planeta Tierra.

La verdadera descentralización se alcanzará cuando las zonas Andina y Caribe acepten que su sostenibilidad depende de los activos ambientales de la Amazonía y el Pacífico. Para que estas regiones tengan autonomía se requiere que las ciudades que consumen el agua le transfieran recursos a los territorios que generan el agua.

Publicado en el diario LA REPÚBLICA, Colombia

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El menor valor del dólar –o la apreciación del peso– tiene ventajas y desventajas. No puede afirmarse de manera simplista que una reducción del valor del dólar indica que la economía va bien y que es un signo positivo. En un texto anterior ponía en evidencia la incertidumbre frente al dólar¹. Actualmente, la falta de claridad sobre los conflictos en Irán y Ucrania llevan a que el panorama sea especialmente confuso.

Tendencia del dólar a la baja

Las dos gráficas muestran la evolución del dólar a nivel internacional y con respecto al peso. El índice DXY mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas integrada por euro, yen, libra, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. En el último año y medio el índice bajó, así que el dólar se ha debilitado. La otra figura presenta un período más largo, que comienza el primero de enero del 2000 y termina el 15 de julio de 2026. El valor actual del dólar es $3.249, lo que representa una caída significativa con respecto a los $5.058 que fue el precio de comienzos de noviembre del 2022. Esta disminución ha sido sorprendente y completamente inesperada. Hace un año era impensable que el dólar pudiera estar tan barato. El Ministerio de Hacienda², que siempre se equivoca en sus proyecciones, estimó que hoy el dólar estaría en $4.265.

La apreciación del peso frente al dólar es una combinación de factores externos e internos. La política de Trump se ha expresado en una desconfianza frente al dólar, que contrarresta con la mayor demanda de oro, que recientemente elevó su precio a un nivel sin precedentes de US$5.000 la onza troy. Es interesante constatar, además, que la depreciación del dólar se ha presentado a pesar de que las tasas de interés continúan siendo relativamente altas. Actualmente está en 3,5 %-3,75 %.

Aunque el dólar siempre se ha considerado la reserva más segura, este privilegio se ha ido perdiendo y su participación en el abanico de divisas está disminuyendo; ahora representa el 58%, cuando al final de la Segunda Guerra, su participación era superior al 90 %. Esta tendencia a la baja parece irreversible.

A nivel nacional el dólar se ha abaratado porque se han presentado fenómenos especiales, diferentes a las exportaciones usuales. Entre ellos se destacan: (i) El aumento de las tasas de interés de los TES, cercana al 12 %. Para los especuladores internacionales, es atractivo traer dólares a Colombia, cambiarlos por pesos y adquirir TES. (ii) La entrada masiva de remesas, que se acercan a los US14.000 millones, una cifra que supera las exportaciones de petróleo. (iii) La cocaína, que en  2024 generó US$16,5 mil millones³. (iv) La minería ilegal de oro. (v) El mayor endeudamiento externo del gobierno.

Efectos del dólar barato

Los impactos del menor valor del dólar son muy disímiles. Habría que comenzar por desvirtuar la asociación que se suele hacer entre la apreciación de la moneda nacional y el buen comportamiento de la economía. Este es un imaginario sesgado porque únicamente observa los aspectos positivos, que siempre se traslapan con los negativos.

(i) Es bueno el dólar barato porque los productos importados tienen menor precio. Ello favorece el consumo de los hogares y contribuye a la reducción de la inflación. El impacto sobre los precios derivado del aumento exagerado del salario mínimo se ha compensado por la apreciación del peso.

(ii) El crecimiento de las importaciones golpea a los productores nacionales que tienen que reducir su ganancia y disminuir el empleo. La competencia con los bienes importados es muy difícil.

(iii) El crecimiento de las importaciones agudiza el desbalance comercial. El déficit se acentuó a partir de 2014, cuando terminó la bonanza de los hidrocarburos. La situación actual es crítica porque el saldo negativo ha llegado a ‑US$15.204 millones. Y el panorama se complica con la apreciación del peso.

(iv) Los exportadores sufren porque reciben menos ingresos. La coyuntura es muy difícil para los hogares que viven del café, de las flores o de cualquier producto de exportación. También se reduce el turismo a Colombia, puesto que es más barato ir a otros países.

(v) La apreciación del peso es buena para el gobierno y para los particulares que se han endeudado en dólares, porque se les reduce el costo de los créditos. Se requieren menos pesos para responder por las obligaciones contratadas en dólares.

(vi) El balance neto de la apreciación del peso, después de considerar las ventajas y desventajas, no es claro. No se puede precisar el efecto final. De todas formas, es evidente la mayor dependencia de la economía colombiana de los movimientos internacionales de capitales.

El error de las proyecciones

Vale la pena insistir en el error de las proyecciones. La pretensión de conocer el futuro es una falacia. Las predicciones nunca se cumplen. Y es lógico que así suceda porque es imposible predecir el precio del petróleo o el valor del dólar en una fecha futura. A pesar de las reiteradas y constantes equivocaciones de las proyecciones económicas, se insiste en continuar realizándolas. Además de los errores en la estimación del valor del dólar, el ministerio de Hacienda tampoco acertó en el precio del petróleo. En lugar de US$67,2 el barril ‒que fue la predicción‒, este año ha oscilado entre US$90 y US$100.

Estos y otros errores son graves porque la regla y el marco fiscal de mediano plazo se elaboran a partir de proyecciones a 10 años. Las sendas de ajuste propuestas por la regla dependen de estos imaginarios. Se olvida que cada coyuntura está marcada por eventos únicos, que no pueden repetirse y que, por tanto, no admiten ningún cálculo probabilístico. Petro, Putin, Netanyahu, Trump…, son irrepetibles, y su interacción en un momento del tiempo genera procesos completamente inciertos. 

Si se aceptara la incertidumbre, y si se reconociera nuestra incapacidad de adivinar el futuro, se minimizaría el debate sobre la regla fiscal, y en lugar de insistir en normas fijas, se tendría que volver al manejo discrecional. ¡Regresemos a Keynes!

________________________

¹ González. Jorge. (2026). “Un dólar incierto”. Revista Sur, enero 19, 2026.

² Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

³ Tobón, Santiago y Daniel Mejía. (2026). “La participación del productor: El tamaño de la economía de la cocaína en Colombia”.Notas de Política, no. 9. Medellín: Eafit, Valor Público, 

⁴ Hayek, Friedrich von. (1974). “La Pretensión del Conocimiento”, en Los Premios Nobel de Economía 1969-1977. México: Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 245-258.

Jorge Iván González

Publicado en la Revista Sur– Colombia

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Más allá de las dificultades administrativas y de los enredos legales es importante reflexionar sobre las razones de fondo que impidieron la consolidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. 

Habría tres explicaciones: primera, no se respondió la pregunta «¿igualdad de qué?»; segunda, la presión de los diversos movimientos woke y, tercera, la pretensión de transversalidad.

Primero. ¿Igualdad de qué? Nunca se precisó el significado conceptual de la igualdad ni las implicaciones operativas de la definición. A esta pregunta, Amartya Sen respondió: «de las capacidades básicas». Pero, obviamente, esta noción tiene que concretarse en un mecanismo institucional. Desde el proyecto de ley no se precisa el tipo de igualdad que se busca. En el artículo 2 se mencionan las «desigualdades económicas, políticas y sociales».

Además, se pone en evidencia la igualdad en el disfrute de los derechos. La llamada «igualdad democrática», predicada por Elizabeth Anderson, también cabe en los propósitos ambiguos que tuvo el proyecto de ministerio.

Estas aproximaciones cubren todas las formas de desigualdad imaginables. El propósito del ministerio siempre fue tan amplio que ningún mecanismo institucional podía responder de manera adecuada.

Segundo. La presión woke. Tiene razón Susan Neiman cuando afirma que la izquierda no es woke. Los diversos grupos que buscan un reconocimiento de su «identidad» encontraron en el ministerio el espacio adecuado para expresar sus reivindicaciones y, de alguna forma, aspiraron a tener su propio viceministerio. En la primera versión se propusieron cinco: a) mujeres; b) juventud; c) pueblos étnicos y campesinos; d) poblaciones y territorios excluidos y superación de la pobreza y, e) diversidades. Además de la dificultad de precisar el objeto de cada uno, los traslapes entre ellos son evidentes.

El principio de igualdad va acompañado del reconocimiento de las diferencias entre poblaciones. Su listado tiene que limitarse porque el número de categorías es excesivamente amplio.

Además, los cruces son inevitables. Piense, por ejemplo, en una mujer afro que es campesina y está en condiciones de vulnerabilidad. Allí convergen, por lo menos, cuatro categorías: una, referida a la ocupación (campesina); otra, relacionada con la condición étnica (afro); otra, referida al género (mujer), y otra, asociada al nivel de ingreso (vulnerabilidad). Esta multiplicidad de condiciones obligaría a precisar mecanismos de atención diferentes y, en la práctica, el resultado es caótico.

Nunca fue clara la unidad de análisis. Para determinar la pobreza, el Dane tiene claro que es el hogar, pero otros programas sociales centran la atención en la familia. Entre las dos dimensiones hay asimetrías complejas. Además de estas dificultades, el ministerio tenía que ver con poblaciones que no se atienden ni desde el hogar ni desde la familia.

Y, tercero, la pretensión de la transversalidad. Dados unos propósitos tan heterogéneos y sin jerarquías claras, el ministerio pretendía hacer múltiples tareas que interferían con las de otros ministerios y, claramente, con las del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Desde el nuevo ministerio se querían hacer vías terciarias, construir vivienda, mejorar acueductos, repartir subsidios y atender habitantes de calle. Los conflictos entre ministerios eran evidentes. Quizás el enredo habría sido un poco menor si se hubiera aceptado la idea inicial de subsumir el DPS en el ministerio.

Jorge Iván González

Publicado en el diario LA REPUBLICA, Colombia

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Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) es eliminar la pobreza extrema. Esta meta se debe cumplir en 2030. Se trata de “erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema”. En los tres años que faltan, Colombia no logrará este propósito. Esta lucha contra la pobreza ha sido un fracaso.

En Colombia, la línea de pobreza extrema es $236.580 mensuales por persona. Es el valor de una canasta básica de alimentos. Es la frontera entre el hambre y la desnutrición.

No se entiende el optimismo del gobierno nacional y de varios alcaldes con los resultados que acaba de publicar el DANE. De acuerdo con el dato de 2025, en el país hay 4,9 millones de personas en pobreza extrema. Una cifra superior a la observada en 2017, cuando el número era de 4,7 millones. En lugar de disminuir, la pobreza ha aumentado. En un país riquísimo como Colombia, estos resultados son inaceptables.

Desde el siglo XIX los economistas han dicho que es posible acabar con la pobreza, que en el mundo no debería haber ninguna persona con necesidades básicas insatisfechas. Este objetivo, decía Keynes en 1930, se podrá alcanzar en 2030, cuando todos los individuos podrán ejercer su libertad real y podrán vivir “sabia y agradablemente bien”. La sociedad habrá ofrecido las condiciones necesarias para que la persona pueda llevar el tipo de vida que considera valioso. El sueño de Keynes, como el de los ODS de Naciones Unidas, no se cumplirá. En el planeta Tierra abundan los pobres.

Entre 1985 y 2015, en 30 años, China sacó de la pobreza extrema a 800 millones de personas. ¡Es posible lograrlo! La miopía de quienes cantan victoria se explica porque solamente están observando lo que ha sucedido después de la pandemia, cuando los pobres extremos llegaron a 8,4 millones. Es evidente que en estos años la cifra se ha reducido, pero la situación es peor que en 2017 y es inaceptable frente a los compromisos de los ODS. Sin duda, en la pandemia la situación era peor, pero los avances logrados todavía son modestos. Una de las dificultades que se han presentado, y que no permiten avanzar más rápido, es la falta de coordinación entre la Nación y los gobiernos de las ciudades y de los departamentos. Los gobiernos locales tienen un papel muy importante en la lucha contra la pobreza.

Preocupan, además, las brechas tan escandalosas que existen entre las ciudades. En el conjunto del país la incidencia de la pobreza extrema es de 9,6%. En las áreas urbanas es de 6,9 %. Y en las zonas rurales es de 19,1 %. La mejor ciudad es Manizales, con una incidencia de 2,5 %, y la peor es Quibdó, con 32,5 %. Habría que explicar por qué razón, en una región riquísima como el litoral Pacífico, el ingreso de la tercera parte de la población está por debajo de la línea de pobreza. Esta es la expresión de una falla estructural en el modelo de desarrollo. No se ha logrado convertir la riqueza en bienestar para la mayoría de la población.

El fracaso nacional es doble. Por un lado, la pobreza extrema se mantiene y, en el mediano plazo, no baja. Y, por el otro, no se dan pasos que efectivamente permitan reducir las brechas. Las diferencias continúan incrementándose.

El primer paso para transformar la situación actual es reconocer que el país va mal. No tiene sentido cantar victoria. El paso siguiente es aceptar que la eliminación de la pobreza es una meta alcanzable. Y mucho más en un país rico como Colombia.

Jorge Iván González

Junio, 2026

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El Gobierno deja una situación fiscal complicada. Entre otras razones, porque la disciplina de los dos primeros años se perdió. 

La política económica de este gobierno fue errada. Con el paso de los meses se fue perdiendo el rumbo. En el último año (marzo de 2006 comparado con marzo de 2025) la economía creció 2,2 %. Entre 2023 y 2026, el PIB, que corresponde al período de Petro, la actividad económica aumentó en promedio año 1,8 %. Este ritmo es bajo, si se compara con el período anterior a la pandemia, entre 2000 y 2019, cuando el crecimiento promedio fue de 3,9 %. 

Para tener otro punto de referencia, en 2025 el crecimiento de los países de América Latina y el Caribe fue de 2,4 %. El Gobierno deja una situación fiscal complicada. Entre otras razones, porque la disciplina de los dos primeros años se perdió. Los enemigos del Gobierno dijeron que durante Petro la economía caería en situaciones similares a las de Venezuela o Cuba. Nada de esto sucedió. No se nacionalizó ninguna empresa privada y, a pesar de las discusiones permanentes de Petro con los empresarios y los gremios, la actividad económica fue resiliente. No se presentó la catástrofe que se había anunciado. 

El Gobierno se equivocó en el manejo de dos sectores estratégicos: el energético y el de la salud. No entendió que la transición energética tiene que ser progresiva. Se le ha hecho un enorme daño a Ecopetrol, sobre todo después del anuncio de suspender la exploración. Se ha olvidado que el 60 % de las exportaciones depende de la minería y los hidrocarburos. Sin duda, esta composición de las exportaciones se tiene que ir modificando, pero de manera progresiva. Es necesario irles dando mayor espacio a la manufactura y a la agroindustria, que han ido perdiendo importancia. La participación del sector manufacturero en el PIB disminuyó del 17,8 % entre 1975 y 1986 al 11,3 % entre 2016 y 2022. Para corregir esta tendencia se aprobó el Conpes 4129 de 2023, de reindustrialización. 

A pesar de sus bondades intrínsecas, el Gobierno no le ha prestado atención. Para avanzar hacia la economía limpia, la dependencia del petróleo se debe ir reduciendo lentamente. Las fuentes de energía diferentes al carbón y al petróleo se han rezagado, y el sector se encuentra en una situación crítica. El gran aporte del Gobierno Petro ha sido el nuevo lenguaje asociado al cambio climático y a su comprensión del desarrollo económico desde la perspectiva de una economía verde e incluyente. Al centrar la atención en la geografía, modificó de manera sustantiva la óptica de análisis convencional. 

Por primera vez, la política económica y el desarrollo se han concebido teniendo a la geografía como eje central. De acuerdo con el diagnóstico del plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, el principal problema del país es el ordenamiento del territorio. En esta materia existe un caos que todavía no se ha corregido. El Plan es una alternativa de desarrollo de mediano plazo. No obstante sus bondades intrínsecas, sorprende que el presidente no le haya prestado la más mínima atención. 

Desde una mirada intersectorial, en el Plan se proponen instrumentos de acción que permiten avanzar hacia cambios estructurales. Se destacan tres. Primero, el catastro multipropósito que viene avanzando de manera adecuada con una cobertura del 44,5 % del área. El punto de partida al comenzar el gobierno era 9,4 %. Segundo, el registro universal de ingresos (RUI), que busca tener una escala continua del ingreso anual de todos los hogares, con el fin de poder diferenciar a quienes deben ser beneficiarios de subsidios de los contribuyentes al impuesto de renta. 

Cuando el RUI esté funcionando, se podrán eliminar los estratos, el Sisbén y otros formularios, como el de Familias en Acción. El RUI favorece la equidad y mejora la eficiencia del gasto porque evita que reciban subsidios quienes no los necesitan. Y, tercero, el presupuesto por programa, que ordena el presupuesto alrededor de proyectos estratégicos de impacto regional. 

Es un mecanismo adecuado para que haya concurrencia de recursos y no se dispersen en multitud de pequeños proyectos. La paz total ha fracasado, pero continuará siendo un objetivo prioritario. Aunque se ha ido avanzando hacia negociaciones parciales, los grupos armados siguen creciendo y su control del territorio ha aumentado.

Jorge Iván González

Junio, 2026

Publicado en Revista Semana- Colombia.

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentan a los mismos retos. La forma de resolverlos es muy diferente. Desgraciadamente, durante este proceso electoral ha faltado debate programático y los candidatos no han sido suficientemente explícitos sobre los mecanismos que utilizarán para responder a los problemas estructurales del país.

Los aspectos cruciales son: (i) Crecimiento con industrialización e inclusión, (ii) Transición energética, (iii) Paz y ordenamiento del territorio, (iv) Situación fiscal, (v) Descentralización y autonomía regional y (vi) Política social.

(i) Crecimiento con industrialización e inclusión. Todos los diagnósticos coinciden en que el crecimiento de la economía colombiana sigue marcado por una clara dependencia del extractivismo. Este reconocimiento es explícito en el plan de desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida¹, y en el Conpes sobre reindustrialización². Desde que comenzó, la administración Petro tenía clara la importancia de avanzar hacia una economía verde. Pero, desgraciadamente, el gobierno nunca le prestó atención a los instrumentos propuestos en el Plan de Desarrollo, ni a las estrategias formuladas en el Conpes.

La industrialización tiene dos componentes. La participación del Estado, y el respeto por la iniciativa privada.

Desde el primer momento el presidente puso el énfasis en los aportes de Mazzucato³ y, en este sentido, el gobierno reconoció la importancia de la articulación entre el sector privado y el público. Desde esta perspectiva, el Estado debe crear las condiciones propicias para el desarrollo de la actividad privada.

Y en cuanto al respeto por iniciativa privada, el presidente ha tomado una posición ambigua. Por un lado, ha generado tensiones innecesarias con los empresarios y los gremios. Pero, por otra parte, reconoce que la legislación colombiana impide que el gobierno nacionalice firmas privadas, así que no es posible que en el país suceda algo similar a lo que pasó en Venezuela.

Se equivoca Abelardo de la Espriella cuando acusa de Petro y a Cepeda de comunistas. Ninguno de los dos ha propuesto la propiedad colectiva de los medios de producción. Nunca han negado la relevancia del sector privado en el quehacer de la economía.

En su relación con el sector privado, aunque la diferencia entre Cepeda y De la Espriella no es significativa, los empresarios confían más en De la Espriella. Cepeda nunca ha dicho que combatirá al sector privado, ni que estatizará la economía, pero se le acusa de comunista, como si estuviéramos en la época de la guerra fría.

La diferencia entre los dos candidatos sí es evidente en su manera de concebir la inclusión. La lucha contra la desigualdad es central en el discurso de Cepeda, como lo ha sido en el de Petro. Pero Cepeda no ha propuesto instrumentos claros para combatir la desigualdad. Este es un problema estructural muy complejo, que no pudo resolver este gobierno. A pesar de la tributaria progresiva de Ocampo, el Gini no se mueve. Entre el 2023 y el 2024 pasó de 0,553 a 0,551. Junto a la mala distribución de los ingresos se debe tener presente la creciente desigualdad de la riqueza. En el sector agropecuario la concentración es significativa, con un Gini cercano a 0,9.

(ii) Transición energética. En el plan de desarrollo se reconoce que la transición energética es progresiva. Es inevitable aceptar la paradoja de que la transición es más rápida si la producción de petróleo aumenta. Si se quiere acelerar la transición energética, la producción de petróleo debe pasar de 750.000 barriles día a un millón. Aceptando esta lógica, ni en el Conpes de reindustrialización, ni en el plan de desarrollo, se propone la no exploración. Este discurso del presidente ha sido perjudicial y le ha hecho un grave daño a las finanzas de Ecopetrol.

Se equivoca Cepeda al hacerle eco a Petro. Desconoce que la transición toma tiempo y que la dependencia del carbón y de los hidrocarburos no se puede eliminar en el corto plazo. La transición toca aspectos tan estructurales que no puede modificarse de forma inmediata. De la Espriella se va al otro extremo al no reconocer la importancia de la economía verde y en absolutizar la importancia del negocio petrolero.

(iii) La paz total ha fracasado. En el plan de desarrollo se muestra que la violencia está íntimamente ligada al ordenamiento del territorio. El desorden en su manejo es un factor determinante de la violencia. La expansión de los grupos armados muestra, de manera contundente, que el Estado no controla todo el territorio nacional. Durante este gobierno no se ofrecieron alternativas de desarrollo que permitieran ir modificando las economías ilegales.

A duras penas se pueden lograr acuerdos de paz parciales, reducidos a una región. Además, no existe ninguna garantía de que estos procesos se mantengan en el tiempo.

Frente a la coca, hay tres posibilidades. Una es la aspersión con glifosato. La otra es la sustitución de cultivos finca a finca. Estos dos enfoques no han dado los resultados esperados. La producción de coca continúa y el conflicto se ha agudizado. La tercera alternativa es el desarrollo de proyectos agroindustriales exitosos que generen suficientes incentivos económicos para que los campesinos abandonen la producción de coca y la minería ilegal.

Se han dado pasos importantes en la consolidación del catastro multipropósito, que es una condición básica para la reforma rural integral y el ordenamiento del territorio.

Cepeda no ha sido crítico de la paz total. Y De la Espriella se equivoca pensando que resolverá el problema con el ejército. La fuerza no es la solución.

(iv) La situación fiscal es grave. Frente a las dificultades fiscales, ninguno de los dos candidatos ha sido claro. De la Espriella ha insistido en una disminución drástica del gasto público. En las condiciones actuales esta alternativa no es posible. Cepeda no ha propuesto mecanismos creíbles. Tampoco se ha pronunciado sobre el aumento sustantivo de la deuda pública.

Para resolver la crisis fiscal es necesario explorar dos caminos. El primero es la realización de una reforma tributaria territorial, que involucre a la Nación, los departamentos y los municipios. Y el otro es mejorar la eficiencia del gasto. Ninguna de estas dos vías ha sido considerada por los candidatos.

(v) Descentralización y autonomía regional. En el proyecto de ley de competencias presentado por el gobierno se desperdició la oportunidad de repensar la descentralización y la autonomía de las regiones. Se terminó dándole prioridad a lo sectorial sobre la geografía. Los sectores de educación, salud y agua/saneamiento se trenzaron en una discusión sobre los porcentajes. El proyecto desconoce la geografía y los temas territoriales. Vuelve a cometer el error de poner todo el énfasis en los aspectos sectoriales. En el pasado las brechas no se han cerrado porque la geografía se ha dejado de lado. Y, de nuevo, se pretende cerrar las brechas sin considerar de manera explícita la geografía.

Ninguno de los dos candidatos ha presentado un análisis sistemático de la ley de competencias. No son claras sus posiciones.

(vi) Política social. En educación y salud el gobierno ha dado bandazos y el resultado es agridulce. En el campo de la educación se avanzó en gratuidad, pero se descuidó la calidad. Se mejoró el presupuesto de las universidades públicas, pero no se ha cuestionado su ineficiencia. En salud los resultados han sido negativos. En pensiones se avanzó bien, y la reforma laboral mejoró las condiciones de los trabajadores.

De la Espriella ha sido muy crítico de la situación de la salud, pero su propuesta de reforma no es clara, comenzando porque no ha precisado la fuente de los recursos, ni el ordenamiento institucional que podría ser más adecuado. Cepeda ha permanecido en silencio.

Sin explicación alguna, el gobierno avanza muy lentamente en la implementación del registro universal de ingresos(RUI), que permitiría organizar los subsidios y mejorar la focalización.

_______________________

¹ República de Colombia. (2023). Ley 2294. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Bogotá: Congreso de la República.

² Departamento Nacional de Planeación, DNP. (2023). Política Nacional de Reindustrialización, Documento Conpes, no. 4129. Bogotá: DNP.

³ Mazzucato, Mariana. (2011). El Estado Emprendedor. Barcelona: RBA Libros, 2014.

⁴ Gobierno Nacional. (2025). Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad con los artículos 151, 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de fortalecer la autonomía territorial, la descentralización y el cierre de brechas y se dictan otras disposiciones. Tercera versión. Bogotá: Gobierno Nacional.

Jorge Iván González

Junio, 2026

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En el último año (marzo 2006 comparado con marzo 2025) la economía creció 2,2 %, una cifra cercana al promedio de los países de América Latina y el Caribe, que en el 2025 crecieron 2,4 %.

Estos datos son mediocres. En Colombia, entre 2000 y 2019, antes de la pandemia, el crecimiento promedio del PIB fue de 3,9 %. Entre 2022 y lo corrido del 2026 el promedio ha sido de 2,9 %.

Se podría decir que la economía ha sido resiliente porque ha tenido que enfrentar los siguientes choques complicados: (i) la crisis energética, (ii) la situación fiscal y el peso de la deuda, (iii) la ineficiencia en el manejo del gasto y (iv) las tensiones entre el gobierno y el sector privado.

Las manifestaciones de la crisis energética son diversas. La más significativa es la agudización del déficit de la balanza comercial. En 2011, en plena bonanza petrolera, el superávit comercial fue de USD5.358 millones. Al terminar 2025 fue negativo en ‑USD15.204 millones. La exploración petrolera se frenó y actualmente la producción no supera los 750.000 barriles diarios. La financiación de la transición energética y la estabilidad de la balanza de pagos exige incrementar la producción hasta llevarla a un millón de barriles día.

El déficit de la balanza comercial muestra claramente que la economía tiene una fragilidad estructural. El país es importador y esta dependencia de los productos extranjeros termina reflejándose en un menor crecimiento del PIB. La situación se ha agravado en los últimes meses porque el peso se ha apreciado y el dólar ha bajado de precio. Si el dólar es barato las importaciones se aceleran y esta dinámica perjudica a la industria nacional.

La difícil situación fiscal del gobierno nacional se está reflejando en aumentos sustantivos de la deuda pública. De acuerdo con los últimos cálculos del Ministerio de Hacienda para 2026 se requieren desembolsos de créditos por valor de $128,4 billones¹. El pago de intereses, sin amortización a capital, este año será de $60,7 billones, que reducen la disponibilidad de recursos para la inversión. Esta situación incide de forma negativa en la economía, puesto que por cada peso de inversión del sector público se generan cuatro de inversión privada.

Es interesante observar que este año el mayor gasto público, que es una de las razones del incremento de la deuda, fue el componente más importante del aumento del PIB. Los sectores que más crecieron el último año fueron: administración pública, defensa, educación y salud [5,7 %]; actividades artísticas, de entretenimiento y servicios [3,2 %]; comercio [2,9 %]; manufactura [2,9 %].

Sin duda, el sector público juega un papel central en el impulso de la economía. El problema es que aumentos excesivos del gasto desequilibran las finanzas. Este año el gasto total del gobierno nacional será de 24,3 % del PIB, y el déficit fiscal de ‑ 6,2 % del PIB.

Por un lado, el mayor gasto público estimula el PIB pero, por el otro, al financiarse con deuda, reduce el margen de inversión, obstaculizando el crecimiento económico. El balance neto de estas dos tendencias contradictorias es complejo, y lleva a consideraciones de muy diverso tipo. Es un buen escenario para el enfrentamiento entre escuelas económicas. De todas maneras, las soluciones discrecionales tienen que ser responsables, evaluando de la mejor manera posible las interacciones que se presentan en uno u otro sentido.

Algunos analistas, y sobre todo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), insiste en que el gasto público se tiene que reducir en $32,1 billones². Este escenario no es realista. En lugar de disminuirlo se tienen que crear condiciones para mejorar la eficiencia del gasto.

El manejo del Estado es inercial y paquidérmico. En 2026 la ejecución ha sido pésima. En marzo iba en 16,9 % (pagos/apropiaciones)³, cuando debería estar en 25 %. El Ministerio de Agricultura apenas había ejecutado 8,8 %.

Después de la administración pública, el siguiente sector es el de actividades artísticas y de entretenimiento, que creció 3,2 %. En los últimos años se ha ido potenciando, y el país ha ido ganando experiencia y desarrollando industrias importantes. El comercio y la manufactura crecieron 2,9 %. La actividad industrial todavía no logra ocupar el papel relevante que debería tener en el desarrollo económico.

Por el lado negativo, la construcción cayó ‑5,4 %. La política de vivienda del gobierno ha sido muy negativa y se ha olvidado que el sector de la construcción tiene escalonamientos hacia delante (carpintería, pintura, instalaciones sanitarias y cocina…) y hacia atrás (arena, cemento, piedra, metalurgia…). Su efecto multiplicador es significativo.

El sector agrícola también decreció en ‑1,4 %. La libra de café en Nueva York se está cotizando a USD 2,79, y hace un año estaba USD 4. A esta caída del precio se le tiene que agregar el menor valor del dólar. Ambos factores tienen una incidencia negativa en el ingreso de los hogares cafeteros. Preocupa, además, la baja ejecución del Ministerio de Agricultura.

El presidente Petro no ha facilitado el diálogo con el sector privado. No obstante esta desconfianza, la actividad empresarial se ha mantenido. Es imposible estimar el contrafactual, o lo que hubiera pasado con el PIB si las relaciones con el ejecutivo hubieran sido mejores.

_____________________

¹ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). Actualización Plan Financiero 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

² Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). (2026). Pronunciamiento 19. El Escenario Fiscal del 2026 Está Expuesto a Presiones de Gasto que Dificultarían el Retorno a la Regla Fiscal. Bogotá: Carf.

³ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). Ejecución acumulada de los Ingresos y Gastos PGN, a marzo 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

Jorge Ivan González

Mayo, 2026

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En su último libro, Cecilia López se pregunta si el gobierno de Petro apenas es una pausa. Y concluye que, lejos de ser una pausa, ha dejado huella. 

Sus dos grandes mensajes son la denuncia de la desigualdad y la preocupación por el cambio climático. Considera López que ambas preocupaciones se constituyen en una tarea indispensable para los próximos gobiernos, independientemente de su perfil ideológico.

La lucha contra la desigualdad está íntimamente ligada a la reducción de la pobreza y a la inclusión social. En palabras de López, “…meta cumplida, presidente. Hoy aquellos que nunca tuvieron voz la tendrán cada vez más”. De diversas maneras y en procesos confusos, los “nadie” ganaron un espacio, que está respaldado por una consolidación política de la izquierda.

Dice López: “…una realidad que aún no se dimensiona del todo en Colombia es lo que significa darle voz a quienes no la tenían”. Este hecho no se puede minimizar. Y, continúa, “… quienes manejen la agenda futura de Colombia tendrán que actuar frente a la desigualdad”. Este reto es mayúsculo. La reducción de las enormes brechas que existen en el país debería ser una prioridad de los próximos gobiernos.

A pesar de los esfuerzos realizados durante esta administración, como la reforma tributaria progresiva de Ocampo, el Gini no se mueve. Entre 2023 y 2024 pasó de 0,553 a 0,551. Junto a la concentración de los ingresos debe tenerse presente la creciente desigualdad de la riqueza. En el sector agropecuario la concentración es significativa, con un Gini cercano a 0,9. Desgraciadamente, este gobierno no ha realizado una reforma rural integral. Dice López que “…ahora la Reforma Agraria se limita solo a entregar tierras”. Y, además, “…el manejo de los datos sobre tierras es vergonzoso”. En estas condiciones no será posible cerrar las brechas. En 1994, hace más de tres décadas, López propuso su ambicioso plan de desarrollo Para cerrar la brecha. Los avances han sido mínimos, pero después de Petro los gobiernos no tendrán disculpa, porque los “nadie” los obligarán a actuar.

Es inaceptable que el país continúe con elevados niveles de desigualdad y que, además, la incidencia de la pobreza monetaria se mantenga en porcentajes cercanos a 30 %. Los logros obtenidos en la lucha contra la pobreza no permiten ser optimistas. Hace 10 años, en 2014, había 16,4 millones de pobres. En 2024, que es el último dato del Dane, el número de pobres es 16,2 millones. La reducción apenas ha sido de 200.000 personas. Es uno más de nuestros fracasos colectivos.

Además de la desigualdad y la inclusión, el otro tema relevante es el del cambio climático. El asunto de la geografía, expresado en el ordenamiento del territorio, es el eje del Plan de Desarrollo. A pesar de que se diseñó el camino, Petro no entendió que la transición energética y los cambios estructurales que necesita el país solo son posibles si el presidente actúa como estadista y no se convierte en caudillo.

Para López, los cambios de Petro han sido significativos. Fue socialdemócrata y trató de gobernar los primeros ocho meses. El momento en que saca a siete ministros y desconoce la importancia de la tecnocracia “marca el destape del presidente de izquierda”. La tercera fase es la del “populista de izquierda”. Y la última, la de ahora, es la etapa del “caudillo”. En vista de las dificultades evidentes que tiene la administración del Estado, Petro ha tenido un enorme éxito político al hacer la mutación de gobernante a candidato.

Jorge Iván González  

Publicado en LA REPÚBLICA, Colombia

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La funcionalidad de los bancos centrales se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Las funciones principales son dos. Por un lado, cumplen la tarea de ser prestamistas de última instancia y, por el otro, garantizan la confianza en el dinero. Los bancos centrales hacen parte integral de un orden institucional que le da credibilidad al papel moneda.

Uno de los autores que más destacó la importancia de la institución monetaria fue Hicks. En Las dos tríadas decía: “… el dinero no es un mecanismo; es una institución humana y, por cierto, una de las más sobresalientes. Incluso las formas más simples del dinero –hasta la acuñación de metales– necesitan para funcionar una cierta confianza mutua”¹.

Actualmente, cada moneda nacional está respaldada por su respectivo gobierno y por el banco central. El poder económico, militar y político de un Estado es determinante en la aceptación que tenga su moneda en el ámbito internacional. Se podría afirmar que el dólar es reconocido como medio de cambio en el mundo entero porque Estados Unidos tiene la capacidad de lanzar bombas donde considere necesario. El euro o el yuan, cuentan con el respaldo de Europa y China. Estas monedas pueden competir en el mercado internacional de divisas porque están respaldadas por estados fuertes.

La relación entre la aceptación de la moneda y el poder del país se hizo más evidente a partir de 1971, cuando Nixon declaró que el dólar ya no estaría respaldado por el oro de la Reserva Federal. A partir de entonces el soporte del dólar dejó de ser el oro, trasladándose a los gobiernos respectivos.

En contraste con las monedas fuertes, el peso colombiano apenas cumple su función de medio de pago dentro del país. No tiene ninguna aceptación en el panorama internacional. Por fuera de Colombia, el peso no le interesa a nadie.

Siempre ha existido polémica sobre la conveniencia de una banca central. Hayek, por ejemplo, nunca estuvo de acuerdo con la existencia de bancos centrales². Consideró que los bancos privados, que emiten monedas propias, estimulan la competencia y mejoran la eficiencia. La moneda nacional de curso forzoso apoyada por un banco central genera condiciones monopólicas que no son eficientes.

Las opiniones de Hayek se tropezaron con realidades complejas como la quiebra de bancos privados. En Colombia fue famosa la historia de banco de Pedro A. López en 1923, que no pudo responder cuando se presentó una corrida masiva. Este tipo de complicación se evita con un banco central que tenga el privilegio de emisión de una moneda de curso forzoso. El Banco de la República se creó ese mismo año.

John Maynard Keynes propuso en las reuniones de Bretton Woods de 1944, al final de la segunda guerra, que se creara una especie de banco mundial y una moneda que fuera aceptada por todos los países. La Unión Internacional de Compensación, pensaba Keynes, podría actuar como un banco central de todos los bancos centrales. Y la unidad monetaria compatible con esta organización sería del bancor. Esta moneda de aceptación universal no fue concebida como un papel físico con el que los particulares pudieran hacer transacciones, sino como un instrumento para operaciones financieras entre los bancos centrales. Los derechos especiales de giro (DEG), que se utilizan actualmente, se podrían considerar como una versión parcial del bancor keynesiano.

En Bretton Woods, Keynes representaba a Inglaterra, y su propuesta no fue aceptada por la comisión de Estados Unidos, encabezada por Harry Dexter White. Para Estados Unidos, ganador de la guerra, era fundamental que su moneda se impusiera como la divisa internacional por excelencia. Así que, siguiendo los lineamientos de White, se creó el Banco Mundial para impulsar el desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver los desequilibrios de la balanza de pagos. De todas maneras, tanto para Keynes como para White, los bancos centrales son fundamentales.

Además de constituirse en prestamista de última instancia, y dependiendo del momento histórico, el banco central ha cumplido diversas funciones. Una de ellas es la de banca de fomento, estimulando el desarrollo económico y privilegiando a sectores específicos. Dependiendo de las circunstancias, se reducen o se amplían las medidas de fomento de los bancos centrales. En varios momentos, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han actuado con una lógica keynesiana. Las políticas de easy money, o emisiones, de la Reserva Federal fueron significativas durante Obama. Alcanzaron cifras astronómicas, cercanas a los USD 3,5 billones³. Estas operaciones buscaban inyectar recursos para reactivar la economía. Este comentario muestra que los bancos centrales varían de manera significativa su funcionalidad.

No obstante la diversidad de actuaciones, las tareas de fomento trataron de abandonarse desde mediados de los años ochenta. Las teorías de Friedman fueron determinantes para este cambio de perspectiva. En lugar de actividades de fomento, se dijo que los bancos centrales tienen que ser independientes del sector privado y de los gobiernos. Y se argumentó que la estabilidad de la inflación está estrechamente ligada a esta autonomía de la banca central.

Para evitar cualquier desvío de las metas de inflación los bancos deben seguir reglas estrictas que eviten las tentaciones populistas de los gobiernos. La regla básica es sencilla: la cantidad de moneda tiene que crecer al mismo ritmo que el producto. Si el dinero aumenta en un mayor porcentaje, hay inflación.

En Colombia, el crecimiento del salario de 23 % claramente está por encima del aumento del PIB, que fue de 2,6 % en 2025. Esta asimetría, sin duda, aumenta las expectativas de inflación. Y para contrarrestar este efecto y reducir la cantidad de dinero, la mayoría de los miembros de la Junta del Banco de la República optó por aumentar la tasa de interés.

Desde el principio los keynesianos criticaron la visión de Friedman y argumentaron que los bancos centrales –que siempre son necesarios– pueden garantizar la estabilidad del dinero sin necesidad de seguir reglas. En tanto autoridad monetaria tienen que decidir de manera discrecional, y no de acuerdo con reglas fijas.

En Colombia, la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República continúa pegada a la lógica friedmaniana, y establece una relación directa, y siempre cuestionable, entre un aumento de la tasa de interés y una reducción de la inflación.

Estas interacciones unicausales tienen dos inconvenientes. Por un lado, le dan excesiva importancia a los factores asociados con la demanda de dinero, descuidando otros determinantes de la inflación relacionados con los costos de la oferta (guerra de Irán, escasez de alimentos, restricción de fertilizantes, etc.).

Y, por otro, minimiza la incertidumbre. Una vez se mueve la tasa de interés, el efecto sobre los precios no es inmediato porque se presenta una serie de hechos impredecibles, que puede distorsionar el objetivo inicial. Los diversos acontecimientos pueden llevar a que en lugar de reducir la inflación, la mayor tasa de interés se exprese en costos más altos y en precios elevados. Dada la complejidad de estas interacciones, es necesario aceptar con humildad, como lo hacen los keynesianos, que no sabemos.

Estas discusiones son interminables, y el espacio adecuado para el debate es la Junta Directiva del Banco de la República. Afortunadamente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconsideró su posición, y volvió a la Junta.

La tensión entre el banquero central y los gobiernos no es nueva, ni en Colombia, ni en el mundo. Ahora en Estados Unidos se expresa en la pelea entre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y Donald Trump, pero también ha habido conflictos en Europa. Incluso, cuando teóricos de corte keynesiano, como Lanfalussy y Aglietta, impulsaron la creación del Banco Central Europeo.

Yendo más lejos de las discusiones de estos días, el Banco de Pagos Internacionales (el banco de bancos) ha insistido en que la tarea principal de los bancos centrales no es la lucha contra la inflación, sino la financiación del crecimiento verde. Invita a los banqueros centrales a que revisen de manera sustantiva su misionalidad.

Desgraciadamente, en Colombia estamos lejos de estos debates. El conflicto entre el presidente y el Banco de la República ha llevado a una excesiva simplificación del debate.

_________________

¹ Hicks, John. (1966). “Las dos tríadas”, en Hicks John. (1967). Ensayos críticos sobre teoría monetaria. Barcelona: Ariel, 1975, pp. 15-81.

² Hayek, Friedrich von. (1978). La desnacionalización del dinero. Barcelona: Folio, 1996.

³ Billones nuestros (12 ceros), o trillones, según la contabilidad usada en Estados Unidos.

⁴ Friedman, Milton, Schwartz, Anna. (1986). “Has Government Any Role in Money?”. Journal of Monetary Economics, vol. 17, no. 1, Jan., pp. 37-62.

⁵ Friedman, Milton, Schwartz, Anna. (1986). “Has Government Any Role in Money?”, en Schwartz, Anna (1987), ed. Money in Historical Perspective. Chicago: University of Chicago Press, pp. 289-314.

Bank for International Settlements, BIS. (2020). The Green Swan. Central Banking and Financial Stability in the Age of Climate Change. Basel: BIS.

Jorge Iván González

Publicado en la Revista SUR

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Sin duda, el gobierno central atraviesa por una situación fiscal compleja, pero al mismo tiempo se observa un pésimo manejo del gasto.

La mayoría de los análisis de la situación de las finanzas públicas tiene dos características. Por un lado, centra la atención en los balances contables del gobierno central y, por el otro, reitera sin mayor explicación, que el problema se resuelve disminuyendo el gasto de manera abrupta.

Es importante examinar el comportamiento del gasto y no solamente su monto. El funcionamiento de la administración pública es ineficiente. Petro ha cometido el grave error de desconocer la complejidad inherente al manejo del Estado. Piensa que un activista sin ninguna formación es más confiable que un técnico con experiencia. Al establecer la identidad entre tecnócrata y neoliberal, le ha hecho un daño estructural a la administración pública.

Una de las pruebas más inquietantes de este desprecio por la complejidad del manejo de lo público son los bajos niveles de ejecución. De acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda, en marzo de 2026, la relación entre pagos y apropiaciones era de 16,9 %. En condiciones ideales debería ser del 25 %. Ello significa que en el primer trimestre se han dejado de ejecutar $36 billones.

El Ministerio de Minas y Energía tiene una buena ejecución de 24,7 %, pero preocupa el bajo nivel de gasto del Ministerio de Agricultura, que ha sido priorizado por el gobierno y no logra articular proyectos estratégicos con una perspectiva de largo plazo. Su nivel de ejecución apenas es de 8,8 %. Además, sus recursos han ido disminuyendo, en gran parte por la mala ejecución. Dada la relevancia que tiene el sector, en 2024 tuvo un presupuesto de $8,1 billones. Debido a los problemas que ha tenido con la ejecución, en 2026 se le bajó a $4 billones. Y aun así no logra mejorar los niveles de gasto.

El tema es relevante porque para combatir la minería ilegal y la coca se requiere que haya proyectos ambiciosos de desarrollo agroindustrial. Las regiones que más los necesitan son Bajo Calima, Cañón de Micay y Catatumbo, pero por ningún lado se observa este tipo de proyectos, que tienen que articular inversión privada y pública. Los recursos se siguen desperdiciando en pequeñas inversiones, sin considerar la relevancia del desarrollo regional. En estas circunstancias es imposible competir con el oro, que ha alcanzado precios exorbitantes, cercanos a US$5.000 la onza.

En el análisis de la situación fiscal del país es importante examinar el lado del gasto y, sobre todo, su nivel de eficiencia. Los candidatos insisten en la lucha contra la corrupción, pero no hablan suficientemente del combate a la ineficiencia y la dispersión de recursos.

Es difícil entender la paradoja. Por un lado, el Ministerio de Hacienda tiene problemas de caja, que están demorando pagos. Varios sectores, empezando por la salud, están en una situación crítica, pero, al mismo tiempo, los funcionarios no son capaces de ejecutar de manera eficiente los recursos que se les asignan. Es conveniente repasar los textos de Weber sobre las condiciones que tiene que cumplir la burocracia para que sea eficiente. No puede denigrarse de la buena burocracia. En determinadas áreas, el burócrata eficiente tiene que ser un excelente tecnócrata. El Estado colombiano es suficientemente complejo para pretender que lo puedan administrar activistas sin ninguna experiencia en el quehacer público.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá, Colombia

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Es el grito desesperado de Stéphane Hessel. No entiende por qué los jóvenes de hoy no salen a la calle a protestar.

Cuando Hessel lanzó su proclama en 2010, tenía 93 años. Murió dos años después. Fue un sobreviviente de los campos de concentración nazis. Participó activamente en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que aprobó Naciones Unidas en 1948. Siempre defendió los derechos “universales” y no “internacionales”. Sostiene que existe una justicia global, más allá de los países.

En el manifiesto ¡Indignaos! expresa su desconcierto. No entiende por qué hemos permitido el derrumbe del Estado de bienestar. Recuerda que después de la Segunda Guerra Mundial Europa vivía una situación dramática y, no obstante, desde las cenizas se construyeron sociedades bastante incluyentes. Este bienestar nació de las ruinas. Se aceptó la tributación progresiva y se creyó en la solidaridad colectiva. Hoy, en medio de la riqueza desbordante, los gobiernos, de manera hipócrita, argumentan que no hay recursos para la seguridad social y las pensiones.

Con angustia, Hessel se pregunta: “… ¿cómo puede faltar hoy dinero para mantener y prolongar estas conquistas si la producción de riquezas ha aumentado considerablemente después de la Liberación, período en el que Europa estaba arruinada?”. Y con energía le dice a los jóvenes: “¡Tomad el relevo, indignaos!”. Hessel recuerda una frase de Sartre: “vosotros sois responsables en tanto que individuos”. La opción moral es del sujeto y no depende de un poder o de un dios. La peor actitud es la indiferencia que nace de la irresponsable actitud de culpar a los otros.

El llamado a la indignación es de una actualidad enorme. La situación en Gaza es inaceptable. Hace 15 años decía Hessel: “… hoy, mi principal indignación concierne a Palestina” y, continúa, “Gaza es una prisión a cielo abierto para millón y medio de palestinos”. Desde entonces, la situación ha empeorado.

Lula expresaba estos días su desconcierto porque “estamos perdiendo nuestra capacidad de indignarnos”. La humanidad no ha reaccionado frente al genocidio de Gaza. Se han permitido las guerras de Irán y Ucrania. Se agudizan las hambrunas de África. Sin preguntarles a sus ocupantes, Trump lanza misiles a las embarcaciones en el Caribe e interviene en Venezuela y en Cuba. Antes, la CIA realizaba operaciones ocultas. Ahora son visibles y anunciadas. En medio de este panorama, concluye Lula, la ONU ha fracasado. La pasividad de los miembros del Consejo de Seguridad es sorprendente. El resquebrajamiento del orden internacional no mueve el sentimiento de indignación.

El sentimiento moral de la indignación es necesario para actuar y tratar de construir sociedades mejores. Sin este impulso, dejamos pasar hechos que van en contra de los postulados básicos de las sociedades liberales.

Estos días, Krugman comparaba a Abraham Lincoln con Donald Trump. Lincoln decía: “… sin malicia hacia nadie, con caridad para todos, con firmeza en el derecho como Dios nos permite ver lo correcto”. Y Trump afirma: “… el martes será el día de la central eléctrica y del puente, todo en una sola acción contra Irán. No habrá nada igual. Locos malditos, si no quieren vivir en el infierno, abran el puto estrecho [el de Ormuz]. Presten atención. Alabado sea Alá”. 

¿Qué nos pasa? ¿Por qué no nos indignamos? Es una pregunta angustiosa, porque Trump, Netanyahu y Putin son posibles gracias a que millones de personas piensan como ellos y consideran que no hay motivos para incomodarse.

Publicado en LA REPÚBLICA, Colombia

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Emergencia invernal y angustia fiscal

La emergencia económica, social y ecológica que se presentó en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, llevó al gobierno a sacar varios decretos¹.

Aunque los hechos son sobrevinientes, las normas tributarias exceden los alcances de la emergencia y reflejan las urgencias fiscales del gobierno. Las dificultades de caja son evidentes, y en medio de la crisis, se opta por fijar impuestos desordenados que no responden a una estrategia financiera clara.

El aumento del saldo de la deuda

La tendencia del saldo de la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC), como porcentaje del PIB, ha aumentado de manera sistemática. En 2012 era 33,2 % y la estimación para 2026² es de 58,7%. Este crecimiento es significativo, y para cumplir con estas obligaciones, este año el servicio de la deuda estará alrededor de los $103 billones, que incluye intereses y amortización del capital. Solamente en intereses se deberán pagar $60 billones.

El gasto no se puede reducir

Frente a esta situación, prevalecen las advertencias de numerosos comentaristas pidiéndole al gobierno que reduzca el gasto. En esta línea de argumentación se destaca la opinión del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf)³. Dicha recomendación no se puede cumplir porque las necesidades son evidentes. El servicio de la deuda tiene que pagarse y, además, son notorias las urgencias en sectores como defensa, educación y salud.

En el panorama internacional también se observa una tendencia ascendente del gasto. Como los países continúan siendo reacios a aumentar la tributación con criterios progresivos, los saldos de la deuda pública continúan creciendo. En Japón, por ejemplo, la deuda pública es 240% del PIB. El endeudamiento de los gobiernos sigue creciendo en la mayoría de los países.

Los problemas fiscales son estructurales

El debilitamiento de la situación fiscal del país es un asunto de naturaleza estructural y no se resuelve con decretos que buscan responder a las angustias inmediatas, sin ninguna mirada de mediano y largo plazo.

La poca disponibilidad de caja del gobierno es una buena expresión de la crisis. Actualmente la disponibilidad de caja es de apenas $6,6 billones, que es un nivel muy bajo. Para tener un punto de referencia, en 2019 la cifra era de $28,2 billones.

Frente a esta situación, la emergencia invernal se presenta como una excelente oportunidad para tratar de resolver, así sea parcialmente, problemas financieros de carácter estructural.

Los decretos que aumentan impuestos

Entre los numerosos decretos emitidos a raíz de la emergencia invernal, se destacan los tributarios. El decreto 0173 introduce una discusión relevante. Muestra que, en el caso de las personas jurídicas, a medida que aumenta el patrimonio líquido va disminuyendo la tarifa efectiva. Los patrimonios más altos no pagan la tarifa nominal de 35%. A duras penas su tarifa efectiva llega a 25%.

A partir de esta constatación, el gobierno considera que el dinero necesario para responder a la ola invernal tiene que salir de las personas jurídicas de mayores ingresos. Y en función del patrimonio líquido se determinan, para la vigencia 2026, tarifas de 0,5% y de 1,6%, que cubren a entidades nacionales y extrajeras. El pago deben hacerlo empresas e instituciones con un patrimonio superior a $10,5 miles de millones de pesos. Además, para aprovechar la coyuntura invernal, se establece un impuesto a los juegos de azar de 16% de los ingresos brutos. También se fija un impuesto temporal de normalización tributaria de 19%. Con estas medidas se espera recoger por lo menos $8,3 billones, que es el costo de las obras de recuperación más urgentes.

Entre todos los afectados por los mayores impuestos se destacan las universidades privadas, que consideran el tributo como un ataque a la educación y que las golpea en un momento de fragilidad financiera, dada la caída de las matrículas.

Tributos aislados

Estos decretos tienen implicaciones importantes para las empresas e instituciones privadas. Desgraciadamente el debate sobre su bondad queda ahogado en una falta de un enfoque estructural. La improvisación es una clara muestra del desespero fiscal.

_________________

¹ Los decretos más relevantes desde el punto de vista económico son:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2026). Decreto 150. Por el Cual Se Declara el Estado de Emergencia Económica y Social en Parte del Territorio Nacional. Bogotá: Presidencia de la República.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (2026). Decreto 0173. Por el Cual Se Adoptan Medidas Tributarias en Materia de Impuesto al Patrimonio con el Fin de Atender los Gastos del Presupuesto General de la Nación Necesarios para Hacer Frente al Estado de Emergencia Declarado Mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (2026). Decreto 0240. Por el Cual Se Adoptan Medidas Tributarias Adicionales Destinadas a Atender los Gastos del Presupuesto General de la Nación Necesarios para Hacer Frente al Estado de Emergencia Declarado Mediante el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. (2026). Decreto 0175. Por el Cual Se Adoptan Medidas Extraordinarias para el Financiamiento, Crédito y Alivio de Pasivos, y Se Dictan otras Disposiciones para la Reactivación del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural en el Marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica Declarada Mediante el Decreto 0150 de 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

² MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (2026). Actualización Plan Financiero 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

³ COMITÉ AUTÓNOMO DE LA REGLA FISCAL. (2026). Pronunciamiento 19. El Escenario Fiscal del 2026 Está Expuesto a Presiones de Gasto que Dificultarían el Retorno a la Regla Fiscal. Bogotá: Carf.

Jorge Iván González

Publicado en la revista SUR

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En 1893, Adolph Wagner afirmó que el gasto público como porcentaje del PIB siempre crece. Esta afirmación se ha convertido en una “ley”. Efectivamente, en el panorama internacional es claro que el gasto público continúa subiendo. 

De acuerdo con las estimaciones del Banco de Pagos Internacionales, en las economías avanzadas el saldo de la deuda pública con respecto al PIB podría llegar en 2030 a 110 %, y a 210 % en 2050. Actualmente, en Japón es de 240 % del PIB. En Colombia, en 2012 la relación era 33,2 %, y la estimación para 2026 es de 58,7 %. La regla fiscal que se creó en 2012 no se ha traducido en una reducción del saldo de la deuda.

Es importante traer a colación las ideas de Wagner porque, en medio de la actual crisis fiscal, la opinión generalizada ha sido la de reducir el gasto. La posición más taxativa ha sido la del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que propone recortar el gasto en $32 billones. Esta disminución no es realista. Es ingenuo pretender que el gasto público pueda reducirse en un monto tan significativo. En lugar de insistir en reducciones imposibles del gasto, deben buscarse otras alternativas. Hay tres caminos.

El primero tiene que ver con la tributación internacional. Oxfam ha reiterado la importancia de frenar la acumulación de los super super super ricos, y retoma la propuesta de la filósofa Ingrid Robeyns, quien considera que debe existir un límite a la riqueza extrema, que podría estar en US$10 millones. Oxfam considera que los paraísos fiscales deben eliminarse. En esta misma línea, Thomas Piketty ha propuesto una tributación internacional a las grandes multinacionales. También ha ido ganando espacio la discusión sobre las bondades de los impuestos globales al carbono. Sigue vigente la idea de James Tobin de establecer un impuesto a las transacciones internacionales, con dos propósitos: por un lado, frenar la especulación financiera y, por el otro, obtener recursos para propósitos que la sociedad juzgue valiosos. Colombia debe participar en estos debates y exigir que se avance en las diversas modalidades de tributación internacional.

El segundo camino debe ser una reforma tributaria territorial. Las reformas realizadas en el país se centran exclusivamente en los recursos de la Nación. Esta forma de proceder ha sido errónea. No se debería continuar realizando acuerdos fiscales que solamente incluyan las necesidades del gobierno central. Son claras las interacciones entre los diferentes niveles del gobierno. El contribuyente tiene que responder simultáneamente a las demandas tributarias de la Nación, los municipios y los departamentos. En las discusiones fiscales se ha minimizado el papel que pueden cumplir los impuestos al suelo y a las diversas modalidades de plusvalías urbanas.

La tercera alternativa es el manejo eficiente del gasto. Desde hace por lo menos 20 años se ha dicho que el presupuesto por programa es importante. A pesar de que la idea se repite una y otra vez, no se pone en práctica. El plan de desarrollo da un paso importante porque incluye un artículo exigiendo el presupuesto por programa. Y, no obstante la disposición normativa, la metodología presupuestal no se cambia. Una clara muestra de ineficiencia es el manejo de las regalías. Basta un dato. En 2023 se aprobaron 3.200 proyectos por un valor promedio de $3.000 millones. Se trata de “proyecticos” que no alcanzan a tener ningún impacto estratégico. Esta dispersión es inaceptable.

Jorge Ivan González

Abril, 2026

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Los marcos fiscales de mediano plazo siempre se equivocan en sus predicciones. Y, a pesar de sus permanentes errores, se continúa utilizando la misma metodología.

Las fallas en las proyecciones son protuberantes. En el marco fiscal del año pasado se dijo que el dólar estaría hoy en $4.408. Y su valor actual es $3.707. Se proyectó un precio del barril de petróleo de US$62,3. Hoy está alrededor de US$100.

A favor de los marcos fiscales se podría argumentar que la situación actual es excepcional. Y que la combinación Trump, Putin, Netanyahu, Zelensky, Petro… es única. Esta apreciación olvida que los errores de estimación de los marcos fiscales no son nuevos. Son reiterados. Y la razón es muy sencilla: el futuro es incierto.

A pesar de la imposibilidad de predecir, los economistas seguimos haciendo ejercicios de adivinos, con dos consecuencias nefastas.

La primera es la insistencia en aplicar métodos de estimación calcados de las ciencias físicas. Es la “pretensión del conocimiento” de las ciencias sociales. Esta mirada fue rechazada de manera enfática por Hayek. Las ciencias sociales no pueden caer en esa trampa que, llevada al extremo, se termina en la ingenuidad de pretender prefigurar el futuro. Este modo de proceder, continúa Hayek, es el germen del totalitarismo.

En lugar de continuar soñando con predicciones basadas en la probabilidad de “caso”, la prospectiva debería estar anclada en la probabilidad de “clase”. No se puede pretender adivinar el precio del dólar o del petróleo. Esta probabilidad de caso no es el camino para hacer planeación. La alternativa es la probabilidad de clase. La mirada tiene que ser diferente. Un buen ejemplo de probabilidad de caso es tratar de planear sobre la afirmación “… el joven Pablo se accidentará mañana en su moto”. En lugar de este tipo de apreciación, la probabilidad de clase sería “… los jóvenes se accidentan y por ello hay que obligarlos a tener el Soat”. Este último es el camino adecuado para planear.

Como nunca se sabe cuál será el precio del petróleo, deben crearse condiciones favorables para avanzar en la transición energética. Y, en vez de esforzarse por imaginar la tasa de cambio en los años próximos, el criterio de política debe ser estimular las exportaciones.

El método en ciencias sociales tiene que cambiar. Es necesario abandonar la tarea de brujos. Los procedimientos de la mecánica clásica tienen que ser abandonados.

El segundo elemento que se debe tener presente es la exagerada importancia que tiene un ejercicio metodológico tan débil en las decisiones de la política pública. Sobre principios tan frágiles no se pueden fundar decisiones trascendentales de gasto e inversión. El marco y la regla fiscal se han convertido en ejercicios inútiles de adivinación en un mundo incierto.

En lugar de reglas, es necesario rescatar la discreción en el mejor sentido keynesiano. No puede continuarse asociando la discreción a la irresponsabilidad. El buen manejo fiscal no debería depender de ejercicios de brujería. No se pueden fijar reglas a partir de predicciones imposibles. Los seres humanos tenemos la ilusión de conocer el futuro. Siempre han existido sacerdotes del oráculo. La sociedad actual le ha atribuido esta función mágica a los economistas que la siguen aceptando sin cuestionarla. Quizás hechos tan dolorosos como Gaza, Ucrania e Irán tengan la contundencia suficiente para llevarnos a afirmar con humildad: “no sabemos”.

Jorge Iván González

Publicado en LA REPÚBLICA, Colombia

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