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Jorge Ivan Gonzalez

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Para la economía colombiana los mercados de Ecuador y Venezuela son fundamentales. La pelea arancelaria con Ecuador es perjudicial para ambos países. Y después de la salida de Maduro hay optimismo entre los empresarios por el muy probable aumento del comercio binacional¹.

La balanza global

La balanza comercial del país pone en evidencia la excesiva dependencia de los hidrocarburos y de los minerales. Los años de superávit se explican, fundamentalmente, por la bonanza petrolera. Una vez que caen los precios en el mercado internacional, el déficit se acentúa a partir de 2014.

La situación actual es preocupante porque el desbalance ha llegado a ‑ US15.204 millones. Una y otra vez se ha insistido en que la economía extractivista no puede continuar². Estas declaraciones de buena voluntad no han tenido resultados porque no se ha aceptado que, así sea paradójico, la dependencia de los hidrocarburos disminuye si los excedentes petroleros aumentan. Puesto que las finanzas públicas continúan siendo muy sensibles a los movimientos de los precios del petróleo, el gobierno cometió un grave error al frenar la exploración. El camino adecuado habría sido aumentar la producción de petróleo, llevándola a un millón de barriles/día, con el fin de tener recursos para avanzar más rápido hacia una economía más limpia. Es evidente que en el mercado internacional el petróleo que no produzca Colombia lo ofrecerán Venezuela o la Guyana³.

Las balanzas con Venezuela y Ecuador

En general, la balanza comercial con Venezuela ha sido positiva. El mayor superávit se presentó en el 2008 con US 4.930 millones. Ahora es de US 868 millones. Aunque este nivel es lejano al óptimo, en los últimos años ha ido mejorando el superávit comercial, porque durante este gobierno se han buscado los mecanismos para aumentar las exportaciones. La administración Duque enfrió de manera significativa la relación con Venezuela.

Los empresarios colombianos y venezolanos son optimistas, y consideran que actualmente existen condiciones para mejorar los intercambios comerciales. Es muy probable que el superávit comience a crecer de manera más acelerada. Para la industria colombiana el mercado de Venezuela es prioritario y, en general, consideran que el ambiente para los negocios puede continuar mejorando.

La balanza con Ecuador ha sido volátil, pero presenta una tendencia claramente ascendente. El superávit en 2025 fue de US 921 millones. La disputa arancelaria no resuelve los problemas que existen entre los dos países y, en cambio, se traduce en una pérdida de la capacidad de pago de los hogares de ambas naciones⁴.

Añorando a la Cepal

En el primer período (1960-1990), la tasa de crecimiento (4,48 %) fue muy superior a la del segundo período (1991-2016) (3,35 %), de apertura. Es clarísima la diferencia entre las dinámicas de las exportaciones y de las importaciones.

La diferencia entre los dos períodos se explica, entre otras razones, porque la política económica responde a dos concepciones muy diferentes. En el primer período es clara la relevancia de la integración regional y de la mirada keynesiana. Es claro que las visiones estructuralistas tuvieron mucho que ver en el éxito relativo observado durante el primer período. La Cepal siempre se preocupó por consolidar las interacciones entre los países de la región.

Si la balanza comercial con Venezuela y Ecuador es positiva, debería volverse a plantear la necesidad de que haya una política regional que permita potenciar las complementariedades entre los tres países andinos.

_______________

¹ Este artículo concreta algunas de las ideas expresadas en González, Jorge (2026) “Más Allá de la Guerra de los Aranceles”, Revista Sur, febrero 16. https://www.sur.org.co/mas-alla-de-la-guerra-de-los-aranceles/

² Santana, Pedro, coord. (2022). Agenda de Transición Democrática: Otra Colombia Es Posible Bogotá: Corporación Latinoamericana Sur, Fundación Heinrich Böll.

³ Es importante reiterar la conclusión: “La tensión entre el proteccionismo y el libre mercado continuará. Pero más allá del debate sobre los aranceles, el asunto preocupante para Colombia es el déficit estructural de la balanza comercial que en el 2025 fue de ‑US15.204 millones”. González, Jorge, o.c.

⁴ Sáenz, Jorge, Germán Sánchez y González, Jorge. (2021). “Las Restricciones de la Balanza de Pagos en el Crecimiento Colombiano (1960-2016). Examen de la Ley de Thirlwall”, en Restrepo, Carlos, Edna Sastoque e Isidro Hernández (comp.). (2021). Proceso de Industrialización en Colombia. Desempeño y Condiciones Institucionales. Bogotá: Universidad Externado, pp. 23-46. 

Jorge Iván González

Publicado en la revista SUR

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El exdirector del DNP, quien renunció a su cargo por profundas diferencias con el presidente Petro, habló de la constituyente y cuestionó la actitud del jefe de Estado con los equipos técnicos del sector económico, no sin antes declararse fanático de las intenciones de su programa de gobierno.

Por: Ana María Cuesta

El exdirector del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, Jorge Iván González, quien hizo parte del equipo económico de la campaña de Gustavo Petro y renunció a su cargo en el DNP, en febrero de 2024, tras profundas diferencias con el jefe de Estado, cuestionó en un foro convocado por CAMBIO varias determinaciones del gobierno del que se desvinculó, aclarando antes que tiene en su corazón a su antiguo jefe.

“Yo soy petrista de corazón, en el plan de desarrollo (…) Carlos (Carrillo) dice, yo soy gobierno, entonces yo me hago la pregunta, ¿qué vengo siendo yo? Y digo: ‘un convencido del ideal del programa de Gobierno’. Creo que es una maravilla haber puesto el tema de la geografía, ‘Colombia potencia mundial de la vida’, en el primer lugar. Creo que eso es una maravilla y en ese sentido yo soy profundamente petrista, en el sentido de esa idea social demócrata que creo que este gobierno insistió en recuperar. Pero ¿qué pasa? Yo no entiendo primero por qué el plan de desarrollo no se convirtió en la guía del gobierno”, expresó González.

Durante el foro, ‘Estados de Excepción y Separación de Poderes’, convocado por CAMBIO, el filósofo y economista cuestionó con vehemencia varias de las banderas del gobierno que dejó, a principios de 2024, como la convocatoria para una constituyente y los cuestionamientos del presidente Petro por los equipos técnicos.

“Ya que estamos hablando de constituyente, yo digo, y en esto con Amilkar (Acosta) hemos hablado toda la vida, se aprueba el Acto Legislativo 03 del 2024 y el Gobierno deja pasar un año sin haber utilizado esa maravilla que le propone el acto legislativo: cerremos las brechas económicas territoriales y sectoriales. ¿Pero cómo es que deja pasar un año, e implementa la ley de competencias en el último segundo?”, manifestó González.

“En lugar de discutir si constituyente o no, por qué no hacemos una ley de competencias donde la geografía importe y donde estos temas de competencia se comiencen a mirar desde otras perspectivas”, señaló González.

El exdirector del DNP coincidió con varias de las críticas que hizo la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, sobre la actitud que ha tomado el presidente atacando a diversas instancias técnicas como la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

“Natalia, yo estoy de acuerdo en el desprecio por al técnica. En esa descripción que hace el presidente de tecnocracia con neoliberalismo no estoy de acuerdo. El desprecio por la técnica de Hacienda, el desprecio por la técnica en la CREG, en Planeación Nacional; creo que ese es un daño profundo que se le ha hecho al país”, expresó González.

“Esa identificación de tecnocracia con neoliberalismo nunca la entendí. Entonces, yo digo, ese gran mensaje del presidente, ¿por qué no se logra concretar? ¿Por qué ese desprecio del presidente por los equipos que se han conformado durante años?, remató el exfuncionario.

Publicado en Revista CAMBIO, Colombia

5 Marzo, 2026

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El gobierno revive el debate sobre las inversiones forzosas como respuesta a la emergencia invernal y como herramienta para abaratar el crédito, en un contexto marcado por un aumento excepcional del salario mínimo y señales de desorden en la política económica.

El shock del salario mínimo

Después del aumento excesivo del salario mínimo, la junta directiva del Banco de la República reaccionó como era previsible, y la tasa de interés de referencia, o la tasa de política monetaria, pasó de 9,25 % año a 10,25 %. 

Ya se sabía que las expectativas inflacionarias creadas por el alza del salario mínimo serían contrarrestadas por el banco central con mayores tasas de interés. Este resultado era obvio, así que la causa inmediata del mayor costo del crédito fue el aumento del mínimo.

De manera desesperada para tratar de corregir este daño, el gobierno actúa dando bandazos. Y ahora pretende con las inversiones forzosas corregir un daño que él mismo causó.

Los hechos están mostrando que el alza desproporcionada del salario mínimo está desestabilizando la economía. En los últimos 25 años, el mínimo había subido, en promedio, 2,4 puntos por encima de la inflación. El decreto de diciembre lo aumentó 17,9 puntos. No se requieren ejercicios econométricos sofisticados para concluir que semejante cambio desencadena procesos perversos. 

En uno de sus textos más brillantes, Marshall recordaba que en los análisis económicos básicos, el sentido común permite llegar a conclusiones razonables, y es más útil que los ejercicios sofisticados derivados de la aplicación a las ciencias sociales de las ecuaciones de la mecánica clásica. En sus palabras, “…el sentido común es el resultado de la experiencia de la vida, de nosotros mismos y de nuestros antepasados; es un instrumento de la biología más que de la dinámica”.

El debate sobre las consecuencias del salario mínimo no se resuelve con econometría. La mitad de los modelos concluyen que no afecta la inflación, y la otra mitad que sí. Así es imposible dirimir el debate. Se olvida que en las ciencias sociales, dada la multicausalidad, los ejercicios econométricos apenas son construcciones imaginarias. El modelo es útil solamente porque ayuda a conversar.

Una vez que se decretó el salario mínimo la secuencia de eventos hace imposible predecir sus consecuencias. La multiplicidad de variables tiene efectos que se contrarrestan, sin que se pueda determinar relaciones unicausales.

Comenzando por el hecho de que el alza se decreta en un momento de apreciación del peso. El dólar barato contrarresta las presiones inflacionarias. Pero, inmediatamente, el Banco sube la tasa de interés y, simultáneamente, el Consejo de Estado interviene, pero después de que las empresas modificaron los contratos laborales tratando de adaptarse a los cambios en el mínimo. Apenas esta semana Trump vuelve a modificar la política de aranceles respondiendo a las decisiones de las Cortes. Y, finalmente, el presidente anuncia inversiones forzosas.

Es imposible predecir los resultados de la conjunción de estos hechos. Durante este mes las expectativas sobre el futuro de los precios se modificaron de manera sustantiva. Es ingenuo pensar que un modelo econométrico, copiado de la mecánica clásica, pueda articular todos estos factores de manera adecuada.

Las inversiones forzosas y el sistema financiero

Las inversiones obligatorias reducen la disponibilidad de recursos para los sectores que no han sido privilegiados. Estos créditos tienen que ser colocados a una tasa más alta, con el fin de compensar los menores ingresos asociados a las inversiones forzosas.

Los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri, Mauricio Cárdenas y José Antonio Ocampo firmaron una carta rechazando las inversiones forzosas. En su opinión no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia invernal. Además, consideran que suben la tasa de interés y reducen la disponibilidad de recursos para el conjunto de la economía. Habría otras alternativas para impulsar a sectores específicos, como los subsidios focalizados a la tasa de interés y las líneas de redescuento.

Estos argumentos también han sido defendidos por Asobancaria, que insiste en las “distorsiones del mercado financiero”. De acuerdo con sus estimaciones, si las inversiones forzosas fueran el 5 % de los depósitos, equivalente a cerca de $38 billones, las tasas de colocación podrían aumentar entre medio y un punto porcentual.

Estos comentarios son pertinentes. A nivel internacional, las inversiones forzosas no han sido consideradas como mecanismos adecuados de desarrollo. Los gobiernos de Bolivia, con Evo Morales, y Venezuela, con Hugo Chávez, crearon nuevas inversiones forzosas que, según los exministros, han sido perjudiciales. Entonces, concluyen que esta vía “difícilmente” debería seguirla Colombia.

Inversiones forzosas y actividad económica

Las inversiones forzosas podrían justificarse si existieran proyectos estratégicos que deban ser apoyados de manera especial. 

De forma vaga se han mencionado los sectores que podrían ser beneficiados, sin que estos lineamientos se inscriban en una política de desarrollo de mediano y largo plazo. El gobierno ha dicho que el mecanismo permite favorecer a la agroindustria, el turismo y la construcción, pero no se ha precisado la forma de hacerlo. Entre otras razones, porque no se enmarcan en una política de desarrollo. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de reindustrialización no se ha atendido y el uso de los recursos de las inversiones forzosas no es claro. Hasta ahora no hay la menor idea de cuál será el destino de las inversiones forzosas.

Las inversiones forzosas no son nuevas. Ya existen en el país. La ley 16 de 1990 determinó inversiones forzosas para el sector agropecuario. El monto es definido por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y puede estar alrededor del 1 % de los depósitos, deducido previamente el encaje bancario en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).

En general, estos recursos se han dispersado y no han respondido a criterios estratégicos con una mirada de mediano y largo plazo. No puede afirmarse, entonces, que las inversiones forzosas hayan permitido una modernización del sector agropecuario.

Cuando el presidente propuso por primera vez las inversiones forzosas, los banqueros no estuvieron de acuerdo e impulsaron el pacto por el crédito. Contradiciendo la opinión de Asobancaria, el presidente considera que este acuerdo no ha funcionado, aunque en los primeros 17 meses los desembolsos hacia los cinco sectores estratégicos alcanzaron $228 billones.

Finalmente, en su carta los exministros concluyen que “…la solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”.

Las inversiones forzosas no resuelven los problemas causados por la emergencia, y no tienen ningún horizonte claro.

Jorge Iván González

Publicado en la revista Razón Pública

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Hace poco, también Colombia y Ecuador decidieron participar en la guerra de los aranceles. Estados Unidos han dicho, claramente, que los aranceles tienen el propósito de estimular la industria nacional. Para agilizar los trámites, Trump ha dicho que es un asunto de seguridad nacional y, por tanto, no es necesario que el Congreso intervenga en su decisión, pero los problemas de fondo van más allá de este debate coyuntural.

Una vieja disputa

La utilización del arancel para reducir la competencia externa reabre la discusión sobre la ventaja de las lógicas proteccionistas. Las teorías mercantilistas, desarrolladas durante los siglos XVI-XVIII, estaban basadas en dos principios. Por un lado, la acumulación de metales preciosos, como oro y plata, se considera como el mejor signo de riqueza de un país. Y, por otro, para lograr este objetivo es necesario proteger la producción nacional de la competencia extranjera.

Es interesante observar que estos dos postulados están renaciendo. La demanda de oro se ha incrementado de manera sustantiva y el valor de la onza está cercano a los US 5.000, el precio más alto de la historia. Además, el gobierno de Estados Unidos ha considerado que el mecanismo más expedito para fortalecer la industria local son los aranceles.

Ricardo¹, en Inglaterra, siempre se opuso a las restricciones del comercio y criticó, duramente la ley de granos, -que entre 1815 y 1846 estableció aranceles a la importación de cereales- y se enfrentó a Malthus, que era proteccionista. Unos años más tarde, List defendió los aranceles, argumentando que el libre comercio es benéfico entre países con niveles similares de desarrollo industrial, pero no es conveniente entre países que tienen desarrollos diferentes. Y critica la hipocresía de los países que crecieron gracias a la protección y que después le predican a los demás el libre comercio. En sus palabras,

“Cualquier nación que, mediante aranceles protectores y restricciones a la navegación, haya elevado su poder manufacturero y su marina a un grado de desarrollo tal que ninguna otra nación pueda sostener una competencia libre con ella, no puede hacer nada más sensato que desechar esas escaleras de su grandeza, predicar a otras naciones los beneficios del libre comercio y declarar que hasta ahora ha vagado por caminos erróneos y que solo ahora ha logrado descubrir la verdad.”

“Cualquier nación que mediante derechos de protección y restricciones a la navegación, haya elevado su poder manufacturero y su capacidad marítima a tal grado de desarrollo que ninguna otra nación pueda sostener la libre competencia con ella, no pueda hacer nada más sabio que desechar estas escaleras de su grandeza, predicar a otras naciones los beneficios del libre comercio, y declarar con tono penitente que hasta ahora ha vagado por los caminos del error y que apenas, por primera vez, ha logrado descubrir la verdad²(subrayado mío).

Una vez que los países ricos alcanzan la cima “desechan” la escalera para que otros no la alcancen.

Este mismo principio fue retomado hace 20 años por Chang³. El autor muestra que la mayoría de las naciones que hoy son desarrolladas usaron políticas industriales, comerciales y tecnológicas proteccionistas. Claramente buscaban promover las industrias nacientes. En los años de la ley de granos, Inglaterra también protegió la producción manufacturera. Igualmente, entre 1816 y 1845 Estados Unidos protegió su industria, aunque tenía la ventaja de que el transporte desde Europa era costoso, y ello desestimulaba la competencia europea. Considera Chang que las industrias estadounidenses “pueden ser consideradas como las más protegidas en el mundo mientras se pusieron al día con las demás naciones”. Los países desarrollados son hipócritas porque después de que consolidaron sus economías se dedicaron a predicar el libre comercio.

En medio de su desespero, Trump está buscando todos los mecanismos que le permitan impulsar la economía. Además de los aranceles, es notoria la depreciación del dólar que favorece a los exportadores.

En Colombia el desbalance es estructural

Aunque Colombia no ha sido tan golpeada por el aumento de los aranceles a las importaciones decretados por Estados Unidos, la situación de la balanza comercial es crítica. El mal es estructural. No es un problema de la coyuntura. Las importaciones están creciendo a un ritmo muy superior a las exportaciones y esta tendencia se está agudizando con la apreciación del peso frente al dólar.

La gráfica muestra que 2013 fue el último año cuando la balanza fue positiva. El superávit de este año y de los anteriores tiene mucho que ver con el aumento de los precios del petróleo. Casi 60 % de las exportaciones del país se concentran en petróleo y minerales. Obviamente, el ideal es aumentar la participación de otro tipo de productos.

Actualmente, Colombia cuenta con 18 acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio y acuerdos de alcance parcial: CAN (1973, 1994), Panamá y Chile (1993), Caricom y México (1995), Cuba (2001), Mercosur (2005), Triángulo Norte (2009), EFTA y Canadá (2011), Estados Unidos y Venezuela (2012), Unión Europea (2013) y Corea del Sur, Costa Rica, Alianza del Pacífico (2016), Israel (2020) y Emiratos Árabes Unidos.

Estos acuerdos no han llevado a un cierre del déficit comercial. En 2024 el desbalance con los países que han firmado tratados de libre comercio con Colombia fue de ‑US 5 173 millones.

En síntesis…

La tensión entre el proteccionismo y el libre mercado continuará. Pero más allá del debate sobre los aranceles, el asunto preocupante para Colombia es el déficit estructural de la balanza comercial que en 2025 fue de ‑US 15 204 millones.

______________

¹ Ricardo, David (1815). An Essay on the Influence of a Low Price on the Profits of Stock; Shewing the Inexpediency of Restrictions on Importation: With Remarks on Mr. Malthus’ Two Last Publications: “An Inquiry into the Nature and Progress of Rent” and “The Grounds of an Opinion on the Policy of Restricting the Importation of Foreing Corn”. London: John Murray.

² List, Frederick. (1841). National System of Political Economy. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1856.

³ Chang Ha-Joon. (2003). “Patada a la escalera: La verdadera historia del libre comercio”. Ensayos de Economía (2013), 22 (42), junio, pp. 27-58.

Jorge Iván González

Publicado en la REVISTA SUR

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A nivel internacional el dólar ha perdido valor. Diversas razones y situaciones lo explican.

Durante 2025, a nivel internacional, el dólar perdió valor. La volatilidad de los mercados de capitales se ha incrementado. Y las decisiones erráticas y sorprendentes de Trump han aumentado la desconfianza en el dólar.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el dólar era la principal divisa, con una participación de 90 %. Actualmente apenas representa 58 %, porque otras divisas le hacen la competencia. Entre ellas, el euro, el yen, el yuan y los derechos especiales de giro (DEG). Todo indica que el dólar continuará perdiendo participación. Su dinámica futura estará muy asociada con la rentabilidad de los bonos del Tesoro norteamericano.

Este año el dólar se ha depreciado. La medida que se utiliza es el índice DXY, que es una canasta de monedas con la siguiente composición: euro (que participa con 57,6 %), yen japonés (13,6 %), libra esterlina (11,9 %), dólar canadiense (9,1 %), corona sueca (4,2 %), franco suizo (3,6 %).

Es evidente la depreciación del dólar. Tal y como se observa en la figura, a comienzo de 2025 el índice del dólar DXY era cercano a 130 puntos. Ahora está en 120,6. En otras palabras, el dólar se ha abaratado. Así que monedas como el peso colombiano se han apreciado frente al dólar.

Los inversionistas que observan la caída del dólar se han refugiado en activos que consideran más seguros como el oro, que hoy ha alcanzado un valor sin precedentes, de US$4.600 la onza.

En Colombia, el elevado precio del oro es un incentivo enorme para la minería ilegal. No es extraño el fracaso de la lucha contra los grupos armados que protegen este excelente negocio.

En Colombia el precio del dólar se ha reducido

La caída del precio dólar en Colombia ha sido sorprendente. A comienzos del año estaba en $4.409. Hoy está en $3.665. El peso se ha apreciado de manera significativa. Lo que está sucediendo era completamente inesperado. En el Marco Fiscal de apenas hace un año¹, se estimaba que el dólar estaría hoy en $4.328. Los errores de proyección continúan. El Ministerio de Hacienda afirma que en 2026 el dólar costará $4.408, y en 2035 valdrá $5.310². Seguramente, estas proyecciones también resultarán equivocadas.

Las razones que podrían estar explicando la caída del dólar son: i) La pérdida de valor en el mercado internacional, representada en el movimiento a la baja del índice DXY. ii) El aumento de las remesas. En 2025 estuvieron cercanas a US$14 mil millones. Una cifra superior a los ingresos de café (US$5 mil millones) y petróleo (US$13 mil millones). iii) La cocaína y la minería ilegal. El monto de los recursos que entran por coca podría ser del orden de US$15 mil millones al año. iv) El acelerado endeudamiento del gobierno en los últimos cuatro meses, que se ha traducido en la entrada de montos significativos de dólares. v) La entrada de dólares por las exportaciones de productos como petróleo, café, flores, carbón…. Los hidrocarburos y los minerales representan 60 % de la balanza exportadora.

La apreciación del dólar tiene consecuencias positivas y negativas

La apreciación del peso tiene efectos positivos y negativos. Es muy difícil precisar el efecto neto.

Entre los hechos positivos se destacan: i) Una sensación de optimismo sobre la marcha de los negocios. Es interesante observar que en el imaginario de las personas, el menor valor del dólar se relaciona con un buen estado de la economía. ii) Tanto los privados como el gobierno tienen deudas en el exterior que deben pagar en dólares. Al disminuir su precio se alivia el peso de los créditos. iii) La apreciación del peso facilita el control de la inflación porque abarata los bienes importados. iv) La disminución de los costos de las empresas que dependen de materia prima y de insumos provenientes del exterior. v) El aumento del turismo al exterior.

Las consecuencias negativas son: i) La reducción de los ingresos de los exportadores. Para los cafeteros y floricultores el impacto ha sido muy perjudicial porque reciben menos pesos por cada dólar exportado. ii) En esta misma línea, la caída de los recursos fiscales que recibe el Estado por las ventas de Ecopetrol en el mercado internacional. iii) La menor capacidad de compra de las familias colombianas que reciben las remesas. iv) La mayor competencia que tienen que enfrentar los productores nacionales frente a los productos importados.

La volatilidad aumenta

El mercado internacional de capitales cada vez es más volátil. Una economía como la colombiana debe tratar, en la medida de lo posible, de disminuir su dependencia del vaivén de los flujos externos. Y el camino más expedito para lograrlo es mejorar el mercado interno. En este proceso es fundamental la consolidación de la infraestructura (vías, trenes, puertos y transporte fluvial).

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¹ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2024). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024. Bogotá: Ministerio de Hacienda. 

² Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

Jorge Iván González

Enero 19, 2026 

Publicado en Revista Sur – Colombia

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Las recientes operaciones de manejo de la deuda pública se han reflejado en una reducción del déficit fiscal. En el corto plazo esta disminución le da un respiro al presupuesto, pero no resuelve los problemas estructurales de las finanzas públicas.

1. La reducción del saldo de la deuda pública

      Inicialmente se había estimado que en 2025 el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central sería de 61,7% del PIB, pero se han presentado varios hechos que han permitido reducir el saldo a 57,5%.

      Con respecto a las estimaciones iniciales, el balance primario fue mayor que el previsto en 0,6 puntos del PIB. Este es un factor que hala la deuda hacia arriba.

      La tasa de cambio contribuyó a reducir la deuda en 2,5 puntos del PIB. La apreciación del peso con respecto al dólar abarata el costo de la deuda externa porque se requieren menos pesos para cumplir los compromisos en dólares. El resultado neto del manejo de TES incrementó la deuda en 1,9 puntos. Su rendimiento está alrededor del 11% anual. Además, se observa en la gráfica una combinación de redenciones, canjes, descuentos y cupones. 

      Posteriormente, el crecimiento del PIB, que fue mayor de lo esperado, reduce la relación deuda/PIB porque el denominador aumenta. Este efecto es de 0,8 puntos. También incidieron en la disminución del saldo las operaciones de intercambio de deuda (swap), que tuvieron un efecto neto positivo. La combinación de la TRS (total return swap) fue favorable porque redujo la deuda en ‑1,2 puntos (‑3,2 + 2,0 = ‑1,2). El resultado final de la combinación de estos factores es un saldo de deuda de 57,5% del PIB.

      2. Disminución del déficit fiscal

      El análisis anterior corresponde al saldo de la deuda. La otra mirada se centra en el flujo de este año. Las operaciones realizadas por crédito público que modificaron el endeudamiento en dólares por préstamos en francos suizos² y en euros, tienen un impacto notable en los intereses que deben pagarse este año. La estimación inicial era de $85,7 billones y se redujo a $59,4 billones. La caída de los intereses es de ‑$26,2 billones. También contribuye a la reducción del déficit una disminución de ‑$12,6 billones en gastos de funcionamiento y de ‑$13,2 billones en transferencias. En virtud de estas modificaciones, el déficit pasaría de ‑7,1% del PIB a ‑6,2 %.

      3. Optimismo muy moderado

      El Carf³ advierte, con razón, que las mejoras observadas con respecto a las estimaciones que se tenían para 2025, son transitorias. La estructura fiscal continúa siendo profundamente frágil. Y, además, expresa sus dudas sobre el impacto final de las operaciones de recomposición de la deuda.

      “Los efectos de la estrategia de financiamiento como un todo deberán ser evaluados una vez culminen las operaciones de manejo de deuda en curso; es prematuro sacar conclusiones definitivas. A futuro será necesario sopesar el efecto de las nuevas colocaciones a tasas de cupón mayores, la persistencia de la reducción que se ha observado en las tasas de rendimiento de los TES en los últimos meses, la disminución en el saldo nominal de la deuda, la implicación de la conversión de tasas de interés y de divisas, el cambio en la duración de la deuda, y el ahorro derivado de las redenciones anticipadas de títulos de deuda soberana”.

      Los desbalances estructurales que están impulsando el aumento de la deuda no se han corregido. Y queda la pregunta por la conveniencia de que la Dirección de Crédito Público actúe como un especulador más en el mercado de capitales.

      Jorge Iván González

      Publicado en la REVISTA SUR

      ___________________________

      ¹Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. (2025). Documento de Perspectivas Fiscales de 2025 y 2026. Bogotá: Carf, p. 20.

      ²Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Colombia gestiona exitosamente su exposición de riesgo cambiario al franco suizo. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

      ³Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. (2025). Pronunciamiento 17. El Carf prevé un deterioro de la situación fiscal estructural en 2025; la deuda sería inferior a la proyectada en el Mfmp. Bogotá: Carf.

      ⁴Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. (2025). Documento de Perspectivas Fiscales de 2025 y 2026. Bogotá: Carf, p. 16.

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      La revista CAMBIO ha publicado en exclusiva para sus suscriptores el libro Lo que Colombia necesita, una agenda nacional prodemocracia 2026-2030, editado por el exministro José Antonio Ocampo. Presentamos en este blog, esta segunda entrega del  capítulo 10 de esta publicación, escrito por nuestro compañero Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación.

      III. La dimensión regional

      Las transferencias desde el gobierno nacional se han guiado, sobre todo, por el criterio poblacional, y se ha dejado de lado la heterogeneidad regional. El Estado central tiene poco control en numerosas áreas del país. Esta situación ha sido clara desde hace muchos años. En la actualidad la concepción del territorio tiene una dimensión ambiental fundamental, así que la convergencia obligaría a que las regiones que consumen el agua, sobre todo Andina y Pacífica, le tienen que girar recursos a las que hacen posible la conservación de los activos ambientales, como el litoral Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía. Los recursos se deben transferir con criterios regionales, dejando en un segundo plano la población y los sectores. El reconocimiento de la geografía es la posibilidad de avanzar hacia una reducción de las tres brechas mencionadas en el Acto Legislativo 03 del 2024: económica, sectorial y territorial.

      Las brechas que existen en Colombia son de muy diverso tipo. A las tres que menciona el Acto Legislativo se le podrían agregar otras, como la institucional, y la de capacidades. El punto de llegada de todas las brechas tiene que ser las condiciones de vida de los hogares. Las diferencias entre regiones terminan evaluándose en función del bien-estar de las personas. Hay indicadores intermedios que finalmente se expresan en el hogar. 

      Por ejemplo, en el cierre de la brecha económica es relevante el aumento del valor agregado, pero este puede crecer sin mejorar las condiciones de vida de los hogares. Esta situación se presenta en las economías extractivas. El aumento del PIB no necesariamente se refleja en mejores condiciones de vida. Es el drama del Magdalena Medio, que ha explotado petróleo durante más de 100 años, y sus poblaciones continúan viviendo muy pobres. Consideraciones similares se pueden hacer sobre la brecha territorial. En el caso de la brecha sectorial, el cierre toca directamente las condiciones de vida del hogar. Se debe buscar que todas las personas lleven a cabo el tipo de vida que consideran valioso, así que el mejoramiento de las condiciones de educación, salud, agua, vivienda, se manifiesta en una ampliación del espacio de sus capacidades.

      Puesto que el Acto Legislativo no precisa el significado de las brechas, se proponen las siguientes definiciones:

      El cierre de la brecha económica: la heterogeneidad regional se tiene que potenciar de tal forma que se reduzcan las diferencias en las condiciones de vida de los hogares. Las especificidades de las regiones son una fortaleza para el desarrollo local y nacional. El cierre de la brecha territorial: la conservación de los activos ambientales requiere que las regiones que consumen los recursos naturales, especialmente el agua (Andina y Caribe), compensen a quienes los conservan. Esta trasferencia de dinero permitirá que las condiciones de vida de los hogares se vayan igualando.

      El cierre de la brecha sectorial: siguiendo el principio del maximum rawlsiano, a los municipios y departamentos que están en peores condiciones, de acuerdo con los indicadores de cada sector, se les dará más. La distribución de recursos no se realizará con porcentajes fijos, sino en función de la intensidad de las brechas⁷.

      IV. Una Ley de Competencias que facilite la convergencia

      El proyecto de ley presentado por el gobierno no respeta la intencionalidad del Acto Legislativo 03, que busca cerrar brechas. Tampoco tiene en cuenta las recomendaciones de la Misión de Descentralización y de la Federación Nacional de Departamentos⁸. Se está perdiendo una oportunidad de oro para diseñar instrumentos que permitan corregir las enormes desigualdades que existen entre las regiones del país. Sería ideal que en el debate parlamentario de la ley de competencias se tengan en cuenta los siguientes elementos.

      1. Privilegiar lo geográfico sobre lo sectorial.

      Actualmente se está presentando una rapiña sectorial en la cual, los principales protagonistas han sido educación y salud. Para Fecode es fundamental que los mayores recursos se expresen en beneficios gremiales. Y el sector salud, además de aprovechar la ley de competencias para consolidar los Centros de Atención Primaria (CAP), busca incrementar el monto para la prevención. A esta pelea por participar en la bolsa, se han sumado los indígenas y, seguramente, vendrán otras “poblaciones” e “identidades” a exigir su parte. En lugar de mirar hacia lo sectorial, se debe poner la geografía en primer lugar.

      • Evitar los porcentajes fijos.

      Desde el punto de vista de la planeación, los porcentajes fijos amarrados a normas constitucionales impiden definir jerarquías que respondan a criterios discrecionales. El desmembramiento de los recursos en porcentajes sectoriales arbitrarios termina reduciendo la eficiencia del gasto. En lugar de porcentajes fijos, la asignación se realiza en función del cierre de brechas en cada uno de los sectores. La discrecionalidad contribuye a que la planeación sea eficiente.

      • Eliminar la actual tipología de municipios. 

      La clasificación existente (leyes 617 de 2000 y 2082 de 2021) es inadecuada porque agrupa 967 municipios en la categoría 6. La nueva categorización debe estar incluida en la ley, porque a partir de allí se determinan las competencias. Las tipologías propuestas por la Misión de Descentralización y la FND, tienen la virtud de introducir la dimensión geográfica a través de las densidades y las distancias, y reconocen la heterogeneidad negada por la ley 617. Estas nuevas tipologías le dan énfasis a la geografía y reducen la importancia que se le atribuye a la variable poblacional.

      • Introducir el balance fiscal global.

      En materia fiscal es posible avanzar si se cumplen cuatro condiciones. Una, es el balance fiscal global. Ello significa que los recursos se tienen que agregar y, además, que las ciudades grandes e intermedias deben aumentar los ingresos propios. La única forma de no incrementar las actuales dificultades fiscales es mediante un esfuerzo de las ciudades grandes e intermedias. 

      Dos, la reducción progresiva de las transferencias a las ciudades grandes e intermedias. 

      Tres, el reconocimiento del desbalance geográfico entre las regiones que consumen el agua y las que la originan (Pacífica, Orinoquía, Amazonía…). Las primeras tienen que contribuir a la financiación de las segundas. 

      Cuatro, los cambios en las tipologías, incluyendo como criterio básico la dinámica de las aglomeraciones. 

      Quinto, otorgarle recursos fiscales propios a los departamentos. Desde los flujos urbanos se consolidan procesos regionales que potencian el PIB nacional y las finanzas públicas. En lugar de concebir la descentralización como las transferencias de recursos desde el gobierno nacional hacia las entidades territoriales, la mirada debe cambiar de óptica, Las economías locales son una fuente privilegiada de recursos para el gobierno nacional.

      V. Conclusión

      La Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio (1454 del 2011), conocida como la LOOT, no ordenó el territorio. El actual Plan de Desarrollo muestra la relación que existe entre el desorden del territorio y la falta de convergencia regional. A pesar de que el Plan coloca la geografía en primer lugar, los análisis sobre equidad y cierre de brechas continúan dándole toda la prioridad a los sectores, y terminan desconociendo la importancia de las dinámicas regionales. 

      ________________________

      ⁷ John Rawls. 1985. Teoría de la Justicia. México: Fondo de Cultura Económica.

      ⁸ Misión de Descentralización (2024), Informe Final. Misión de Descentralización, DNP, Bogotá, y Federación Nacional de Departamentos (2025). Proyecto de Ley, Cámara. Por la cual se dictan Normas Orgánicas en materia de distribución de recursos y competencias de conformidad con los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política, Modificados por el Acto Legislativo 03 de 2024; para el Fortalecimiento de la autonomía territorial y se dictan otras disposiciones.

      Jorge Iván González

      Diciembre, 2025

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      La revista CAMBIO ha publicado en exclusiva para sus suscriptores el libro Lo que Colombia necesita, una agenda nacional prodemocracia 2026-2030, editado por el exministro José Antonio Ocampo. Presentamos en este bloc, en dos entregas, el capítulo 10 de esta publicación, escrito por nuestro compañero Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación.

      En Colombia no ha habido convergencia regional, entre otras razones, porque se le ha dado demasiado énfasis a los sectores en la asignación de los recursos, y se ha menospreciado la geografía. Sin duda, la comprensión de las razones que explicarían la asimetría regional de país exige un análisis interdisciplinario, en el que cabe la explicación de las diferentes disciplinas sociales. Afirma el papel central que tienen la geografía frente a lo sectorial ayuda a comprender pero, obviamente, no cierra la discusión.

      Por otra parte, como lo ha señalado Hernando Gómez Buendía: “la figura misma de los departamentos nació muerta y ha seguido muerta hasta hoy en día. Bajo la fórmula gaseosa de ‘centralización política y descentralización administrativa’, estas instancias del gobierno han vivido como almas en pena buscando algo qué hacer y algo de qué vivir”¹.

      I. No hay convergencia

      A pesar de que en el país desde hace más de 50 años se está hablando de convergencia, las distancias entre regiones siguen aumentando. Es muy importante que se hagan explícitas las diferencias entre regiones y entre personas. El tema no es nuevo. El cierre de brechas ha sido un sueño reiterado, de muy diversas maneras, desde hace más de medio siglo. Fue el objetivo del plan de desarrollo del gobierno López, Para Cerrar la Brecha. Plan de Desarrollo Social, Económico y Regional 1975-1978. No obstante la insistencia dada en los discursos, las brechas se mantienen.

      En el plan de desarrollo de Petro, Colombia Potencia Mundial de la Vida se incluye, como una de las cinco transformaciones, la convergencia regional. Vale la pena preguntarse por las razones que han impedido que un objetivo tan loable no se haya conseguido. La diferencia entre la propuesta de López y el nuevo enfoque se construye alrededor de la siguiente hipótesis: la convergencia se logra si los énfasis pasan de lo sectorial-poblacional hacia lo territorial.

      Las desigualdades son notorias. Basta dar un dato. La incidencia de la pobreza multidimensional en Vichada, en el 2024, fue de 70,2%, mientras que la de Bogotá fue de 5,4%. Cuando se observa la evolución de la pobreza monetaria, el panorama es triste. En el 2014 había 16,4 millones de personas pobres. En el 2024 la cifra se redujo a 16,2 millones. Claramente, la lucha contra la pobreza ha sido un fracaso. La disminución de 200 mil pobres en 10 años muestra muy bien la indolencia de la sociedad colombiana frente a la pobreza. Y el panorama es más doloroso cuando se hace la comparación entre regiones. La pobreza no es un mal inevitable. Basta recordar que entre 1981 y 2015, China sacó de la pobreza extrema a 800 millones de personas.

      El punto de partida del diagnóstico es el reconocimiento del desastre de la convergencia. La asignación de recursos teniendo como eje los sectores -sobre todo educación, salud y saneamiento básico- no se ha traducido en el cierre de las brechas. El alto nivel de pobreza, en términos absolutos, tiene una relación estrecha con la falta de convergencia regional. Si la brecha entre regiones no fuera tan notoria, el número de pobres sería menor.

      La explicación de esta incapacidad de cerrar la brecha tiene que ver con la geografía desde dos perspectivas. Una, es la articulación entre las aglomeraciones. Y la otra, es la dimensión regional entendida desde la óptica de la conservación ambiental. Aunque son dos ámbitos cualitativamente diferentes, se complementan. Esta caracterización no se puede confundir con la distinción convencional urbano/rural. Es mucho más que ello. Se trata de una heterogeneidad fundamental. ¡Podría afirmarse que sin geografía no hay convergencia!.

      II. Las aglomeraciones y su articulación

      La preocupación por las vecindades fue un tema central para Alfred Marshall, quien a finales del siglo XIX diferenciaba las economías internas relacionadas con la organización de la firma individual, de las economías externas, que corresponden “… a la organización general del comercio, el aumento del conocimiento, los dispositivos comunes al intercambio, el desarrollo de industrias subsidiarias, etc.”². Esta aproximación a las externalidades está íntimamente ligada al tiempo. Las economías internas se modifican en el corto plazo.

      La distinción entre el corto y el largo plazo tiene un acento claramente marshalliano. El corto plazo es análogo a las estaciones, se parece “… a las hojas de los árboles que repiten muchas veces el mismo proceso: crecen, alcanzan la madurez, llegan al equilibrio, y decaen”. El largo plazo es como el árbol que se mantiene a lo largo de las diferentes estaciones. Este comentario es pertinente porque la geografía no puede ser entendida por fuera de las dinámicas temporales.

      Las vecindades generan rendimientos crecientes. Esta virtud intrínseca de las aglomeraciones es desconocida en los análisis económicos comenzando, por ejemplo, con la metodología que se utiliza para calcular la regla fiscal. Allí se estiman funciones de producción con rendimiento decrecientes, como si no hubiera aglomeraciones. Además de desconocer los rendimientos crecientes, la función Cobb-Douglas supone de manera equivocada que los factores de producción primarios son el stock de capital y las personas.

      En el siglo XIX había consenso entre los economistas en que los factores de producción primarios son los recursos naturales y el trabajo. Y el examen de estas relaciones los llevaba a avanzar en la “gran búsqueda”, como llamó Sylvia Nasar la preocupación de los economistas de la época³. 

      Se trataba de encontrar la forma como el desarrollo económico se puede expresar en mejores condiciones de vida para la mayoría de la población. Aquellos economistas criticaron la ley de pobres porque, decían que en lugar de administrar limosnas, se debe buscar que no haya pobres. Para Alfred Marshall “… la locura de la ley de pobres es la peor amenaza de la historia de Inglaterra”. Y más adelante agrega “… los reformadores de la ley de pobres escogieron un remedio cruel”. Y remata con ironía: “… cada nación elige tener los pobres que decide financiar”⁴.

      En años recientes, Gilles Duranton quien trabajó hace 10 años con el Departamento Nacional de Planeación, en la Misión de Ciudades, considera que es necesario ir más allá del análisis de Marshall. En su opinión “… el examen no se debe reducir a la eficiencia dentro de la ciudad, sino que debe contemplar la eficiencia entre ciudades”. Por tanto, el objetivo de la política debería ser “… la reducción de los obstáculos que impiden la relocalización de los factores y de las actividades entre las ciudades”. Las ciudades permiten compartir, emparejar y aprender⁵.

      La eficiencia no se debería evaluar de manera aislada, ciudad por ciudad, sino que se debe poner en primer plano la forma como se articulan. Para Duranton adquieren especial relevancia los flujos entre ciudades. En el Estudio del Sistema de Ciudades⁶, por falta de información, únicamente se examinan las conmutaciones laborales, pero es evidente que otros flujos son importantes, como el de bienes (incluyendo los cultivos ilícitos) y servicios. Las estadísticas de las que disponemos, como las del mercado laboral, o las de transporte de carga y pasajeros, suelen poner el énfasis en el stock, más que en los flujos.

      Notas:

      ¹ Hernando Gómez Buendía. 2022. La Verdadera Historia de Colombia. Bogotá: Rey Naranjo Editores, p. 267.

      ² Alfred Marshall (1898), “Distribution and Exchange”, Economic Journal, v. 8, n. 29, March, pp. 37-59.

      ³ Sylvia Nasar. 2011. Grand Pursuit. A Story of Economic Genius. London: Fourth Estate.

      ⁴ Alfred Mashall. 1892, “The Poor Law in Relation to State-Aided Pensions”, Economic Journal, v. 2, n. 5, March, pp. 186-191.

      ⁵ Gilles Duranton (2008), Cities: Engines of Growth and Prosperity for Developing Countries? Commission of Growth and Development, Working Paper, n. 12. Washington: World Bank.⁶ Carolina Barco (2014). Misión Sistema de Ciudades. Una Política Nacional para el Sistema de Ciudades Colombiano con Visión a Largo Plazo. Bogotá: DNP, ONU Habitat, Banco Mundial.

      Jorge Iván González

      Diciembre, 2025

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      Utopías de los Años 60’s. ¡Queríamos Cambiar el Mundo! es el libro de Ricardo Mosquera publicado hace poco por el Grupo Editorial Ibáñez. Las memorias de Ricardo Mosquera recorren el tránsito de una utopía militante ‒que creía conocer el destino y el camino‒ hacia una comprensión más escéptica, compleja y abierta del cambio social.

      Ricardo y la promesa de la buena vida

      Este libro me hace recordar mejores tiempos. El texto de Ricardo es una reflexión acerca de la utopía de quienes pensamos que podíamos cambiar el mundo y que teníamos los instrumentos para hacerlo: 

      “Se cuenta en la Historia de Utopía que los primeros pobladores de aquel país combatieron entre ellos a causa de las diversas religiones que profesaban, con grandes males para todos, y finalmente había decidido en sus leyes que cada cual pudiese profesar la religión que más concordara con sus sentimientos, sin ser molestado por nadie. Que si alguno deseaba convencer a otro lo hiciera con modestia y con razonamientos, no usando nunca violencia ni injuria…”.

      Las utopías sobre la felicidad de los seres humanos se han expresado de diversas maneras, pero todas tienen un elemento común y es la búsqueda de la buena vida. Y desde los diálogos socráticos, la buena vida es el arte de conjugar virtuosidad con riqueza.

      La riqueza es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar la felicidad. Sabemos qué es la riqueza, pero tenemos muchas interpretaciones sobre el significado de la virtud. En cada sociedad y en cada coyuntura vamos precisando el contenido de una vida virtuosa. Gabriel Restrepo en su presentación del libro de Ricardo rescata las virtudes de la parsimonia, la prudencia y la perseverancia.

      En el siglo XIX los economistas estaban empeñados en la “gran búsqueda”, como la llamó Sylvia Nasar. Trataban de encontrar la forma como el desarrollo económico se podría expresar en mejores condiciones de vida para la mayoría de la población. 

      Aquellos economistas criticaron la ley de pobres porque decían que, en lugar de administrar limosnas, se debe buscar que no haya pobres. Para Marshall “…la locura de la ley de pobres es la peor amenaza de la historia de Inglaterra”. Y más adelante agrega: “…los reformadores de la ley de pobres escogieron un remedio cruel”. Y remata con ironía: “… cada nación elige tener los pobres que decide financiar”.

      Por aquellos años, Mill propone la causalidad circular entre desarrollo y libertad. Una nación es más libre, dice, si es más desarrollada y, a su vez, es más desarrollada si es más libre. La versión moderna es de Sen, quien recupera la causalidad circular de Mill, y muestra que las personas son más libres si amplían el espacio de sus capacidades, de tal manera que puedan llevar a cabo el tipo de vida que consideran valioso.

      En su Crítica al Programa de Ghota dice Marx:

      “En la fase superior de la sociedad comunista después de que se haya superado el sometimiento del individuo a la división del trabajo, y se haya desvanecido la antítesis entre el trabajo mental y físico, el trabajo no será solamente un medio de vida, sino la prioridad de la vida. Las fuerzas productivas irán a la par con el desarrollo de los individuos, y fluirán de manera abundante los mecanismos para compartir la riqueza. Solamente en este momento se superará el horizonte estrecho de los derechos burgueses, y la sociedad entera podrá anunciar su nuevo mensaje: cada uno de acuerdo con sus capacidades, ¡y a cada uno según sus necesidades!”.

      Hace casi 100 años, cuando Keynes publicó Las Posibilidades Económicas de Nuestros Nietos, imaginaba una sociedad donde las necesidades básicas de todos los seres humanos estuvieran resueltas. La humanidad se encontraría libre de las preocupaciones materiales esenciales.

      “Mi conclusión es que dentro de cien años, suponiendo que no haya guerras importantes ni aumento significativo de la población, el problema económico podría resolverse, o por lo menos su solución podría estar al alcance. Esto significa que el problema económico no es si miramos hacia el futuro el problema permanente de la raza humana. […] Así, por primera vez desde la creación, el hombre se enfrentará con su problema real, su problema permanente cómo usar su libertad respecto de las preocupaciones económicas, cómo ocupar su ocio, que la ciencia y el interés compuesto habrán ganado para él, para vivir sabia y agradablemente y bien”.

      Ricardo, como mesías

      En cierta forma hemos tenido claro el punto de llegada.

      El asunto absolutamente novedoso de la Utopía de la primera etapa de la vida de Ricardo, y de la vida de gran parte de los que estamos aquí, es que además de tener claro el ideal también pretendíamos conocer el camino para lograrlo. Obviamente, había diferencias en las modalidades específicas del tipo de revolución, pero todas las vertientes de los diferentes grupos políticos ofrecían un camino. 

      Había una clara dimensión teleológica. Desde el Qué Hacer de Lenin se proponían caminos. No solamente se diseñaban fines, sino que también se prefiguraban los medios. Ricardo recuerda aquel mensaje del Che: “¡Crear dos, tres, muchos Vietnam!”. Y aquellas consignas “Libertad o Muerte”. Y en la versión del ELN, Nupalón, “Ni un paso atrás, liberación o muerte”.

      Varias frases de Ricardo ponen en evidencia su profundo mesianismo, que se expresa en la convicción de conocer el destino final, y en el llamado de la historia a ser un sujeto absolutamente indispensable del proceso de redención.

      “En este contexto, la utopía para un joven provinciano no solo consistía en transformar el mundo, sino en convertirse en el sujeto de cambio que pudiera hacer posible esa transformación” (p. 55).

      “Mi formación estuvo guiada por una concepción de la utopía que abarcaba dos dimensiones fundamentales: cambiar el mundo y, simultáneamente, construir un sujeto capaz de habitar y sostener ese mundo transformado” (p. 58).

      Y era tan clara su responsabilidad mesiánica que duda aceptar la beca para México. De alguna manera sentía que sin él podría fracasar la revolución en Colombia. El drama que describe bien en el libro se refleja en esta frase: “Aceptar la beca significaba transitar una línea delgada entre la coherencia ideológica y la necesidad de formación” (p. 83).

      Ricardo y la catalaxia

      Este ideal mesiánico se va rompiendo. Se juntan numerosas realidades. Y la revolución no fue una fiesta. El drama de Camilo, su muerte en la guerrilla, las dificultades de construir el Frente Unido, las disputas interminables dentro del trostkismo, las sospechas cada vez más confirmadas sobre los abusos de la dictadura stalinista… y el reconocimiento con dolor, de que: “… algo se quebró en nuestro círculo cuando conocimos del asesinato de José Raquel Mercado. Largos silencios, indignación por la brutalidad de su muerte y la certeza de que con ella caía también una parte de nuestra fe en la lucha armada” (p. 80).

      En este segundo momento de su vida, el lenguaje de Ricardo cambia de manera sustantiva. Me atrevería a calificar este momento como de cataláctico. Hayek define así la catalaxia: “… usamos el término catalaxia para describir el orden que resulta de la interacción de numerosos individuos en el mercado. La catalaxia viene del verbo griego katallattein (o katallassein) que quiere decir, no solo “intercambiar”, sino también “admitir en comunidad”, y “cambiar al enemigo en amigo”.

      La interacción de los individuos en el mercado lleva a resultados inesperados. Y estos procesos colectivos son posibles si se realiza el intercambio y, para ello, se requiere que el enemigo pase a ser amigo. 

      En este mismo contexto, la obra magistral de Mises, se escribe en un momento en el que Stalin está en su apogeo. El dictador muere en 1953 y La Acción Humana fue escrita en 1949. Por aquellos días, en Comprensión y Política, Hannah Arendt recuerda que la obligación de los seres humanos es tratar de entender un fenómeno tan complejo como el totalitarismo. Y en este proceso, continúa Arendt, es necesario aceptar con dolor, dos conclusiones: primera, que a pesar de todos los esfuerzos, nunca entenderemos el totalitarismo. Y, segunda, siempre habrá nuevas modalidades de totalitarismo. Basta ver la acción conjunta de Israel-USA en el genocidio de Gaza.

      Ricardo acepta la catalaxia en dos sentidos. Primero, reconoce que nadie puede prefigurar el futuro. Y, segundo, acepta que los cambios no dependen de sujetos brillantes, sino de transformaciones progresivas de la sociedad.

      Termina rechazando la linealidad propia del historicismo marxista. Y ello se expresa muy bien en su reflexión sobre la ciudad, entendida como un “caos organizado”. El sentido de las preguntas se modifica de manera radicalmente diferente. Su preocupación es de otra naturaleza: “… más allá de los modelos técnicos y las políticas públicas, lo que realmente estaba en juego era una disputa por el alma de la ciudad. ¿A quién pertenece la ciudad?” (p. 111).

      Sus estudios en México le ayudan a tener una percepción diferente de la sociedad. Como rector de las universidades Surcolombiana, la Nacional y la Autónoma, concibe el cambio desde otra perspectiva muy diferente de la del militante mesiánico.

      “La rectoría de la Universidad Nacional no fue simplemente el inicio de una nueva etapa. Representó la puesta a prueba más exigente de una utopía que me había acompañado desde mis años de estudiante: la convicción profunda de que la educación, la ciencia y la tecnología no podían limitarse a observar pasivamente la realidad, sino que debían convertirse en instrumentos activos de transformación social” (p. 148).

      “Siempre he creído que las universidades no están hechas solo para interpretar el mundo, sino para imaginarlo de nuevo, con lucidez y audacia” (p. 258).

      Y como legislador tiene una comprensión de la sociedad más rica porque advierte sobre su complejidad. Es necesario negociar y llegar a acuerdos: “Aprendí que legislar implicaba traducir ideales en propuestas viables, negociar sin claudicar, y defender principios en medio de presiones partidistas y urgencias nacionales. Allí trabajamos, entre otras cosas, en la formulación de la ley 30 de 1992” (p. 179).

      Ricardo ha abierto los ojos hacia el mundo, prestándole especial atención a China e India: “… comprendí que la utopía debía cambiar de ropaje, pero no de esencia. Ya no se trataba únicamente de soñar con revoluciones nacionales, sino de pensar en grandes procesos de integración regional, como los que Europa había logrado tras dos guerras devastadoras” (p. 201).

      Este rasgo lo rescata Alejandro Gaviria en el prólogo. Muestra que siempre hay una tensión entre el deseo de justicia y la cautela liberal, entre la lucidez y el necesario optimismo, y entre los desafíos del presente y nuestros precarios instrumentos para enfrentarlo.

      Como parlamentario entendió la necesidad de mirar el territorio y por ello se presentó como “un opita con dimensión nacional”.

      Ricardo el escéptico

      Comparto con Ricardo su sensación de frustración. Sin duda, Petro ha desperdiciado la oportunidad de avanzar hacia cambios estructurales de la sociedad colombiana. Era un momento privilegiado para haber consolidado un proyecto socialdemócrata ambicioso. No se están logrando las metas anunciadas. Y la raíz del problema ha sido la incapacidad para gobernar.

      “Después de décadas de lucha por la transformación me encuentro ante la paradoja más desconcertante de mi vida pública: presenciar cómo la llegada histórica de la izquierda al poder termina por erosionar la credibilidad de la utopía transformadora” (p. 265).

      Y de manera contundente afirma: “He aprendido a desconfiar de los mesías…” (p. 269).

      Jorge Iván González

      Publicado en la revista Razón Pública

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      Durante este año, la tasa de interés de Estados Unidos ha disminuido. Estas variaciones tienen implicaciones en la política monetaria y fiscal del país.

      La gráfica muestra la evolución de la tasa de interés de los fondos federales entre enero 1 de 1970 y octubre 1 de 2025. En la parte superior derecha se amplía la parte de la serie correspondiente a 2025. La última tasa es 4,09 %, que es menor a la de 4,33 % que existía a comienzos de 2025. Aunque la tasa ha disminuido, continúa siendo alta si se compara con los niveles observados en el último cuarto de siglo. 

      Entre enero de 2000 y diciembre de 2024 la tasa de interés promedio fue de 1,92 %. Las bajísimas tasas de interés de estos años llevaron a aumentos considerables de las deudas, tanto del sector público, como del privado. Las empresas y los gobiernos aprovecharon el momento; el crédito se incrementó de manera sustantiva y no ha dejado de aumentar.

      El movimiento observado este año, que está llevando a la baja de la tasa de interés en Estados Unidos, tiene repercusiones en el mundo entero. Esta transmisión se explica por la movilidad internacional de capitales y por la predominancia del dólar como divisa internacional, que está asociada al poder económico, político y militar estadounidense.

      El mercado de capitales se ha internacionalizado. Las fronteras entre naciones se han vuelto muy tenues. Prácticamente se han borrado. Los capitales viajan de un lado a otro con pocos controles. O, más allá, aun cuando no haya movimiento del dinero, las expectativas que generan decisiones de la Reserva Federal modifican las políticas monetarias de países como Colombia. Este paso de reducción de la tasa de interés, todavía muy débil, tiene cuatro impactos inmediatos en Colombia.

      Primero, cae la rentabilidad de las reservas. El país tiene US 66 mil millones de reservas y el 86% está invertido en dólares. Si la rentabilidad de estos papeles disminuye por la caída de la tasa de interés, las ganancias del Banco de la República se reducen. El manejo de portafolio del Banco ha sido conservador. Y a pesar de la crisis del dólar continúa siendo la divisa más segura. Quienes en el Banco de la República (BR) deciden la composición del portafolio de las reservas no están dispuestos a especular en los mercados financieros. En 2024 la utilidad del BR fue de $10 billones; en gran parte se explica por el rendimiento de las reservas.

      Segundo, hay una menor presión sobre la tasa de interés interna que favorece el costo de la deuda. Esta situación se presenta porque la movilidad de los capitales internacionales ha reducido de manera significativa la autonomía de la política monetaria y, por esta vía, el margen de maniobra de la política fiscal. Las decisiones iniciales de los gobiernos se toman en el frente monetario, como respuesta a las dinámicas de los capitales externos. Y, después, los desbalances que crea la política monetaria tienen que ser compensados con las medidas tributarias. La tasa de interés de papeles domésticos, como los TES, están muy marcadas por las variaciones de la rentabilidad en Estados Unidos. Si allí se reduce la tasa de interés, se genera un espacio propicio para disminuir la rentabilidad de los TES.

      Tercero, aleja la amenaza de una fuga de capitales. Si la tasa de interés externa es baja, los capitales no tienen incentivos para salir del país. Si la rentabilidad de los títulos del Tesoro de Estados Unidos disminuye, no hay incentivos para la fuga de capitales.

      Cuarto, el dólar pierde valor. Aunque la participación del dólar en el abanico de divisas internacionales ha ido disminuyendo, pasando de 70 % en el año 2000 a 56 % en 2024, sigue teniendo una relevancia significativa. Esta superioridad le da numerosas ventajas a Estados Unidos. La mitad de los dólares están por fuera de ese país, así que la Reserva Federal puede emitir sin que ello tenga mayor relevancia en la inflación interna. El dólar es aceptado en cualquier país del mundo y es un medio de cambio universal. 

      Puesto que el dólar sigue teniendo relevancia entre las divisas, la menor tasa de interés de la Reserva Federal desestimula la tenencia de dólares. Esta pérdida del valor del dólar a nivel internacional es una de las razones que explican que en Colombia hoy esté relativamente barato, a $3.851.

      Jorge Iván González

      Publicado en la REVISTA SUR

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      El presupuesto del Gobierno Nacional Central que se acaba de aprobar en el Congreso se puede examinar desde diferentes ópticas: i) la pérdida de autonomía del país, ii) el peso relevante de la deuda pública y iii) una distribución sectorial sin rumbo y sin eficiencia.

      1. Pérdida de autonomía del presupuesto

      Este presupuesto refleja una pérdida de autonomía del gobierno frente a la dinámica de los capitales internacionales. El aumento de la deuda tiene que ver con el desbalance de las finanzas nacionales, pero también con el costo del dinero en los mercados mundiales.

      Al final de 2025 el pago será de $112,6 billones. En 2026 sería de $97,1 billones. Sin suficiente precisión, el Ministerio de Hacienda ha dicho que esta disminución se explica por “… operaciones de manejo de deuda en los mercados financieros”. Aunque el servicio de la deuda es el rubro más importante de presupuesto, no hace parte del debate público. Las decisiones sobre el financiamiento son tomadas por Crédito Público sin ninguna discusión. 

      En el Congreso apenas se menciona el tema de forma marginal. No obstante su relevancia, las modalidades de financiación no hacen parte de la deliberación ciudadana. Es un asunto oscuro. Solamente en intereses de la deuda durante 2026, se pagarán $70,7 billones. Finalmente, esta cifra depende del comportamiento de los bonos del Tesoro norteamericano. La tasa de interés de la deuda –interna y externa– responde a los flujos de capitales internacionales. Esta dependencia del exterior es inevitable.

      Se presenta, entonces, un cambio sustantivo en la comprensión de las finanzas públicas. La novedad radica en el cambio de la secuencia analítica, que comienza con el impacto de los movimientos de capitales en la tasa de interés interna, afectando el costo de la deuda. Y estos aumentos del servicio de la deuda tienen que ser compensados con los ingresos tributarios. El monto de la reforma tributaria está condicionado por el valor de la deuda. De manera más directa podría afirmarse que la urgencia y el monto de la reforma tributaria están determinados, en gran medida, por el tamaño de la deuda.

      Y esta dependencia se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Anteriormente, cuando el peso de la deuda no era tan relevante, las decisiones tributarias eran más autónomas. Y en la última etapa del proceso presupuestal, la deuda era la variable de ajuste. Ahora sucede todo lo contrario. Las obligaciones crediticias terminan condicionando las decisiones tributarias.

      2. El peso relevante de la deuda pública

      La deuda pública se puede mirar desde dos perspectivas. Por un lado, el costo del servicio que corresponde a los pagos de intereses y abonos a capital. Y, por el otro, el saldo, que es el monto de la deuda acumulada.

      El porcentaje del saldo de la deuda pública (GCN) con respecto al PIB pasó de 34,4% del PIB a 61,3%. Este aumento es significativo. Cada vez los ingresos se van rezagando más frente al gasto público.

      Obsérvese además que, en 2012, cuando se comenzó a aplicar la regla fiscal, el saldo era de 33,2%. Claramente, la regla fiscal no ha tenido éxito en el control de la deuda¹. La regla fiscal ha fracasado.

      El aumento de la deuda no es un problema exclusivo de Colombia. Tal y como se observa en la gráfica, el crecimiento de la deuda ha sido especialmente notorio en los países de ingresos altos, así que entre 1991 y 2021 el saldo de la deuda pasó de 55% del PIB a 122,5%². En los países de ingresos medios (entre los que está Colombia) subió de 40,8% en 1997 a 65,1% en el 2021. Y en los países de ingresos bajos, en el mismo período, pasó de 40,8% a 48,6%.

      Obviamente, los aumentos de la deuda obligan a reducir otros gastos, sobre todo la inversión pública, y ello se traduce en menor crecimiento del PIB y, por tanto, en menores impuestos. Se va configurando un círculo vicioso que es intrínsecamente perverso. Es muy probable que el Congreso no apruebe la reforma tributaria por valor de $16,3 billones. En tal caso, la inversión será menor que la estimada en el presupuesto.

      3. Distribución sectorial sin rumbo e ineficiente.

      El presupuesto no atendió el mandato del plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que obliga a que la estructura del gasto se presente por programas (art. 364). Al no articular el gasto alrededor de programas estratégicos, la dispersión sectorial es evidente. El presupuesto debía ser por programas y esta norma no se cumplió.

      El segundo gasto, después del servicio de la deuda es educación, con $88,2 billones. Aunque este monto es importante y muestra una preocupación del gobierno por incentivar la educación, está respaldado en un postulado que es muy cuestionable. El ministro de Educación ha supuesto, de manera equivocada, que la educación pública es intrínsecamente buena. El hecho de que una institución sea financiada por el gobierno no significa que sea de calidad. Esta absolutización de lo público, y el desprecio por lo privado que de allí se deriva, no ha permitido hacer una evaluación juiciosa de la eficiencia del gasto. Entre las universidades públicas algunas son buenas, pero otras son de mala calidad y altamente burocratizadas. Lo mismo puede afirmarse de numerosas instituciones de educación terciaria.

      El tercer gasto en importancia es el de salud, con $78,1 billones. Este monto no permite cerrar el déficit actual y no compensa los faltantes de la unidad de pago por capitación (UPC). La crisis de la salud continuará agudizándose. Es evidente la falta de recursos del sistema. Se está en un punto fiscal crítico que tiene implicaciones más allá del valor de la UPC. Aun si hubiera acuerdo sobre su valor, queda la pregunta por la forma como deben pagarse las deudas vigentes.

      El gasto siguiente es del de defensa y policía, de $65,7 billones. Mientras no se consolide la paz este gasto continuará creciendo. La paz tiene que ser integral y debe estar respaldada en proyectos económicos estratégicos. El reto es transformar economías ilegales en polos de desarrollo. La sustitución de cultivos, finca por finca, ha logrado resultados muy parciales.

      En general, es clara la ineficiencia en el manejo del gasto. En 2024, la ejecución estuvo alrededor de 82 %. Y peor, un monto importante de este gasto se dispersó en pequeños proyectos. Al dejar por fuera el presupuesto por programa, no hay ninguna garantía de que el presupuesto de 2026 se vaya a ejecutar de manera eficiente.

      _______________________

      Jorge Iván González

      20 octubre, 2025

      ¹ Ardanaz, Cavallo e Izquierdo reconocen que las reglas fiscales, sobre todo en los países emergentes, no han sido suficientes para controlar el déficit fiscal y la relación entre el saldo de la deuda pública y el PIB (Ardanaz, Martín, Cavallo, Eduardo e Izquierdo, Alejandro, 2023. Fiscal Rules: Challenges and Reform Opportunities for Emerging Makets, IDB Working Paper Series, no. IDP-WP-1443, Inter-American Development Bank (IDB), New York).

      ² La deuda del gobierno federal de Estados Unidos aumentó de 3 billones de dólares en 1960 a 35 billones en 2024 (en la denominación de Estados Unidos son 35 trillones de dólares; es decir, 35 y 12 ceros). Este monto equivale a 123% del PIB. A finales de los sesenta era 35%.

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      En julio, el crecimiento anual del Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) fue de 4,33 %. Una variación relativamente buena. La economía colombiana avanza a un ritmo medio. Las explicaciones de este resultado no se pueden precisar con claridad. 

      Se conjugan numerosos factores, entre los que tienen que considerarse la economía ilegal, la de la coca y la minería. Las remesas también han tenido un buen comportamiento. El café continúa con un buen precio (US$3,68 libra). El turismo sigue creciendo.

      A propósito de este crecimiento del PIB es interesante reflexionar sobre las causalidades en economía y sobre la forma como el Estado y las políticas gubernamentales inciden en el desarrollo económico. En su crítica a la intervención del Estado, en una época en la que eran evidentes los desastres a los que puede llevar el totalitarismo, Mises[1] y Hayek[2] consolidaron sus ideas sobre el papel de la catalaxia en las decisiones humanas.

      Hayek define así la catalaxia:

      “…el término catalaxia lo usamos para describir el orden que resulta de la interacción de numerosos individuos en el mercado. La catalaxia viene del verb griego katallattein (o katallassein), que quiere decir, no solo “intercambiar”, sino también “admitir en comunidad” y “cambiar el enemigo en amigo”[3].

      La interacción de los individuos en el mercado lleva a resultados inesperados. Y estos procesos colectivos son posibles si se realiza el intercambio y, para ello, se requiere que el enemigo pase a ser amigo.

      La obra magistral de Mises se escribe en un momento en el que Stalin está en su apogeo. El dictador muere en 1953 y La acción humana fue escrita en 1949. Por aquellos días, en Comprensión y Política, Hannah Arendt[4] recuerda que la obligación de los seres humanos es tratar de entender un fenómeno tan complejo como el totalitarismo. Y en este proceso, continúa Arendt, es necesario aceptar con dolor dos conclusiones: primera, que a pesar de todos los esfuerzos, nunca entenderemos el totalitarismo y, segunda, siempre habrá nuevas modalidades de totalitarismo. Basta ver la acción conjunta de Israel-Estados Unidos en el genocidio de Gaza.

      Hayek, Mises y Arendt siempre se hicieron la pregunta por la posibilidad de una conducción mesiánica de la sociedad. Criticaron el historicismo determinista, comenzando por el de Marx, y no aceptaron las pretensiones de quienes se consideran seres privilegiados que pueden escrudiñar el “bien de la patria” en palabras de Uribe, o la “orden del pueblo” en la voz de Petro. Las dinámicas endógenas de los procesos catalácticos llevan a resultados inesperados, que no puede predecir ninguna mente, por brillante que se crea.

      Hayek le criticaba a Keynes su afán por prefigurar a través de las “convenciones” lo que podría ser bueno para la economía y que evitaría una recesión. Junto con Keynes, Hayek creyó en la incertidumbre radical. Para ambos, frente al futuro es necesario aceptar, con humildad, que no sabemos. Con el fin de contrarrestar, de alguna manera, esta incertidumbre, Keynes recurrió a diversas modalidades de intervención pública, expresadas bajo el nombre genérico de convenciones. Hayek, por su parte, deposita toda la confianza en la catalaxia. En su opinión, la pretensión discrecional de los gobiernos conlleva la semilla del totalitarismo.

      En la dinámica endógena de las sociedades, expresada a través de la catalaxia, siempre es pertinente la pregunta por el papel del gobernante. Sin duda, en momentos claves aparecen líderes que movilizan la opinión en uno u otro sentido, pero para Hayek el líder es posible gracias a las complejas acciones colectivas. El dictador es el resultado de dinámicas catalácticas que, como dice Arendt, finalmente son incomprensibles.

      Se equivocan los gobernantes con ínfulas mesiánicas. Por ejemplo, a propósito del crecimiento de 4,33% del PIB en Colombia, la tentación simplista lleva a plantear relaciones de causalidad lineales, así que, cuando los resultados son buenos, el gobernante afirma que es gracias a sus decisiones, pero si el balance no le conviene, busca explicaciones en otros, o en las circunstancias que no lo comprometen.

      Sin duda, la evolución de la economía colombiana contradice los augurios pesimistas de quienes consideraban que con Petro los negocios se irían a pique. Hubo quienes afirmaron, incluso, que el dólar superaría los $5 000. De todas maneras, frente al modesto crecimiento del PIB no puede olvidarse que en 2014, en términos monetarios, había 16,4 millones de personas pobres. En 2024, la cifra se redujo a 16,2 millones. Claramente, la lucha contra la pobreza ha sido un fracaso. La disminución de 200.000 pobres en 10 años muestra muy bien la indolencia de la sociedad colombiana frente a la pobreza. En otras palabras, el incremento del PIB no logra modificar ni la pobreza, ni la desigualdad.

      A pesar de las tensiones entre el presidente y el sector privado, las lógicas del mercado han seguido operando sin mayores tropiezos. No obstante estos logros mediocres, se ha desperdiciado una oportunidad excepcional para haber consolidado una agenda socialdemócrata. La asimetría entre el discurso presidencial contra los ricos y la consolidación de la economía de mercado pone en evidencia la pertinencia de la catalaxia. 

      No hay una relación directa entre las acciones gubernamentales y los procesos endógenos de la acción humana. Las decisiones que pretenden cambios discrecionales en el quehacer económico tienen efectos limitados. La catalaxia es la negación de cualquier posibilidad de mesianismo.

      Jorge Iván González

      Octubre, 2025

      Publicado en REVISTA SUR

      ______________________

      [1] Mises, Ludwig von. (1949). La acción humana. Tratado de economía, 2 vol. Valencia: Fundación Ignacio Villalonga, 1960.

      [2] Hayek, Friedrich von. (1944). Camino de Servidumbre. Madrid: Unión Editorial, 2006.

      [3] Hayek, Friedrich von. (1976). Law, Legislation and Liberty. The Mirage of Social Justice, vol. 2. Chicago: University of Chicago Press, p. 106.

      [4] Arendt, Hannah. (1953). “Comprensión y Política”, en Arendt, Hannah. (1995). De la historia a la acción.Barcelona: Paidós, pp. 29-46.

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      La ley de financiamiento es un intento desesperado por buscar recursos en un momento cuando las finanzas públicas pasan por una situación difícil. Como la reforma anterior presentada por Ricardo Bonilla, la nueva tampoco tendrá futuro en el Congreso.

      Los temas relevantes son: i) La ley de financiamiento es una reforma tributaria. ii) La progresividad está llegando a un límite. iii) Es una reforma coja.

      1. Es una reforma tributaria

      No puede afirmarse, como lo ha dicho el ministro de Hacienda, que el proyecto de ley apenas sea un instrumento para cerrar la brecha del presupuesto de 2026. Es una verdadera reforma tributaria. Toca temas que son fundamentales, además de que es ambiciosa en sus pretensiones. Se aspira a obtener $26,3 billones, que es un monto significativo. Según el gobierno, estos recursos serán el primer paso para recomponer “…la senda de la consolidación fiscal”¹.

      El proyecto toca aspectos centrales de la tributación, así que no puede considerarse como una ley de financiamiento transitoria. Los tributos que se proponen tienen una vigencia permanente, que claramente supera el plazo de un año. No es una propuesta de financiación atada a los gastos e inversiones de un año. Mucho más allá de financiar el presupuesto de 2026, se están buscando los recursos necesarios que permitan ir cerrando la brecha fiscal en los próximos años.

      El cuadro muestra los principales tributos y los ingresos que se estiman de cada uno de ellos. El proyecto de ley retoma las conclusiones de la Comisión de Beneficios Tributarios² que critica las numerosas exenciones, descuentos y deducciones que existen en el país. El gasto tributario es el valor de estos menores ingresos. Es conveniente ir mejorando la contabilidad del gasto tributario para conocer el monto que está dejando de percibir el gobierno por los beneficios que otorga. La mayoría de estos beneficios se deciden sin una justificación clara. Los gastos tributarios que  deberían reducirse tienen que ver, sobre todo, con el IVA y la renta de personas naturales.

      En el 2023 el gasto tributario asociado al IVA fue de 5,6% del PIB. Este monto se piensa reducir en $1,3 billones. Entre las medidas estaría el aumento de IVA a los vehículos híbridos, que ahora está en 5% y podría llegar al 1%. También se aumentaría el IVA a los hoteles, a las ganancias ocasionales (3%). Igualmente, se suprime la exención de IVA a las importaciones de valor inferior a US$200.

      Los mayores impuestos a los combustibles generarían $2,6 billones. El gobierno insiste en que el efecto sobre la inflación será muy bajo. Y, de manera equivocada, supone que este aumento no afecta a los más pobres.

      Los juegos de azar, sobre todo los que se practican por internet, han aumentado sus ingresos de manera significativa. Los mayores impuestos al sector representarían $1,6 billones.

      Se aumentan las tarifas del impuesto a la renta de personas naturales; ello representaría $0,9 billones. Además, se amplía la base para empezar a cobrar el impuesto al patrimonio. El nivel más bajo pasaría de $3.600.000.000 a $2.000.000.000. El recaudo por este concepto sería de $2,2 billones.

      Las empresas extractivas tendrán mayores impuestos. También se incrementan los tributos para los cigarrillos, el licor, los vapeadores.

      Desde el punto de vista ambiental, lo más notable es el aumento del impuesto a las emisiones de carbono, que pasaría de $27,3 mil por tonelada a $40 mil. En el escenario internacional, este impuesto continúa siendo bajo. Se espera llegar a $0,6 billones.

      Es notable el aumento del impuesto al consumo. La tarifa máxima se elevaría de 16 % a 19 %. Se incluyen las entradas a los eventos deportivos, cuando el valor de la boleta supere los $500.000.

      2. La progresividad está llegando a su límite

      La progresividad es un reto que se propuso la administración Petro desde el comienzo. El primer paso en esta dirección fue la reforma tributaria de Ocampo. Se aprobó una tarifa a la renta que aumenta con el nivel de ingreso. Este proyecto de ley mantiene el mismo principio y, además, incrementa el número de contribuyentes que tienen que tributar sobre el patrimonio.

      Sin duda, estas decisiones mejoran la progresividad. Pero esta dinámica tiene un límite porque la tarifa no aumenta de manera exponencial que sería lo ideal.

      Tal y como se observa en la gráfica, la tarifa que comienza en 19% se estanca en 41%. El pago comienza con $4,5 millones/mes. La tarifa más alta la pagan quienes ganan más de $126,6 millones mensuales. A partir de este punto, cualquier nivel de ingreso paga 41%. En otras palabras, la progresividad es débil³, porque la tarifa no continúa aumentando. Esta dinámica es muy diferente a la de una progresividad fuerte, que se presentaría cuando la tarifa aumenta de manera exponencial.

      El círculo verde de la gráfica muestra que la pendiente se acelera en el rango de clase media. Entre  $4,5 y $17 millones mensuales la tarifa crece de forma rápida y después reduce el ritmo de crecimiento. Ello significa que la progresividad del impuesto se presenta, sobre todo, en este tramo del ingreso. Los súper súper superricos, cualquiera que sea su ingreso, tienen una tarifa de 41%. En condiciones ideales este porcentaje debería continuar aumentando.

      A pesar de los esfuerzos que se han hecho por reducir la desigualdad, los resultados continúan siendo muy frágiles. Para reducir la concentración del ingreso no es suficiente la tributación a las personas naturales y a las empresas. Por esta razón, en el plan de desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida se muestra la necesidad de examinar diversas mediciones de la equidad. Se trata de cinco Gini. El primero es el del ingreso de los hogares. En 2024 fue 0,551. El segundo es el Gini de la riqueza que podría estar alrededor de 0,7. La tercera medición es el Gini de tierras. De acuerdo con el último censo agropecuario, el de 2014, este Gini es 0,92. La cuarta medición es la concentración bursátil. Esta Gini puede estar alrededor del 0,9. Y el quinto Gini es el inmobiliario. Actualmente no se tiene un cálculo de este nivel de concentración.

      3. Es una reforma coja

      El país está en mora de discutir una reforma tributaria integral que examine de manera conjunta los impuestos que recibe la Nación, junto con los de los gobiernos locales. La situación fiscal de los departamentos es lamentable. En palabras de Hernando Gómez:

      “… la figura misma de los departamentos nació muerta y ha seguido muerta hasta hoy en día. Bajo la fórmula gaseosa de ‘centralización política y descentralización administrativa’, estas instancias del gobierno han vivido como almas en pena buscando algo qué hacer y algo de qué vivir”⁵.

      El proyecto del gobierno continúa con la tradición de centrar toda la atención en el nivel nacional, dejando por fuera a los municipios y departamentos.

      Jorge Iván González

      Publicado en REVISTA SUR

      _____________________

      ¹Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Proyecto de Ley. Por Medio de la Cual Se Expiden Normas para el Financiamiento del Presupuesto General de la Nación Orientadas al Restablecimiento del Equilibrio de las Finanzas Públicas, la Sostenibilidad Fiscal, y Se Dictan otras Disposiciones. Bogotá: Ministerio de Hacienda. 

      ²Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, CBT. (2021). Informe Final. Bogotá: Ocde, Dian.

      ³La primera deriva de la tarifa con respecto al ingreso es positiva y la segunda es negativa.

      ⁴En este caso la primera y la segunda derivada son positivas.

      ⁵Gómez Buendía, Hernando. (2022). La Verdadera Historia de Colombia. Bogotá: Fundación Razón Pública, Rey Naranjo Editores, p. 267.

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      Las Appa cumplen un objetivo doble. Por un lado, se trata de garantizar la producción de alimentos y, por otro, se busca que esta agricultura de bienes básicos no se aleje de los centros urbanos.

      El plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida tiene como eje central el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Ningún plan anterior le había dado tanta relevancia a la geografía. En este contexto se inscribe el art. 32 sobre los niveles de prevalencia del ordenamiento del territorio.

      Este artículo complementa el de Jaime Eduardo Reyes, “El Lío con las Áreas de Protección para la Producción Alimentaria” (Razón Pública, agosto 31). El autor tiene razón en mostrar las complejidades institucionales derivadas del art. 32. Las líneas siguientes hacen énfasis en los aspectos contextuales.

      • El caos del “ordenamiento” del territorio

      El Plan reconoce que, en temas de ordenamiento del territorio, la situación del país es caótica. La categoría apropiada no es “orden”, sino “caos”. Y una de las razones es la existencia de un abanico heterogéneo de instituciones que tienen relación con el ordenamiento del territorio, sin que exista ninguna jerarquía clara entre ellas. En medio de este desorden las entidades se pelean entre ellas, sin poder determinar la instancia responsable. El resultado final es el daño ambiental, la deforestación, la falta de articulación entre los municipios, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de los ríos, la extensión de los cultivos de coca y de la minería ilegal. La paz tiene una relación estrecha con la forma como se ordena el territorio. Para el Plan de Desarrollo no hay ninguna duda de que el principal problema del país es el ordenamiento territorial.

      El asunto está pendiente desde la Constitución de 1991. Veinte años después se aprobó la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (LOOT), que no resolvió ninguno de los problemas relevantes. El desorden se ha agudizado.

      • Las Appa en una nueva jerarquía

      Sin pretender resolver el problema, el art. 32 del Plan de Desarrollo que modifica el art. 10 de la ley 388 de 1997 y que se discutió muchísimo, define un orden de prevalencia del ordenamiento territorial.

      El nivel 1 tiene que ver con la conservación, la protección del ambiente y los ecosistemas, el ciclo del agua, los recursos naturales, la prevención de amenazas y riesgos de desastres, la gestión del cambio climático y la soberanía alimentaria.

      Las áreas de protección para la producción de alimentos (Appa) corresponden al nivel 2. El objetivo es doble. Por un lado, se trata de garantizar la producción de alimentos y, por otro, se busca que esta agricultura de bienes básicos no se aleje de los centros urbanos. En la definición de las áreas se da especial importancia a las definiciones de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), así que en medio del caos institucional se le asigna una prioridad jerárquica. Gracias a su excelente nivel técnico, la entidad se ha convertido en una pieza central del ordenamiento del territorio. En los procesos de catastro multipropósito determina el nivel de asimetría entre la vocación y el uso del suelo.

      El art. 32 define otros cuatro niveles inferiores en el orden de prevalencia, que no son objeto directo de esta discusión, pero sí expresan la intención de poner algún orden en medio del caos. En el parágrafo 1 se destaca la importancia del Sistema de Administración del Territorio (SAT) que, en condiciones ideales, debería permitir reducir el desorden.

      La situación actual no permite pensar que estas medidas resolverán el problema del ordenamiento, que es intrínsecamente complejo. Por esta razón, la Misión de Descentralización propone que se lleve al Congreso una nueva ley, que reemplace la LOOT y que “…refleje el reconocimiento de la heterogeneidad de las entidades territoriales, permitiéndoles tener un rango de flexibilidad para la gestión de sus competencias con el fin de materializar una mayor descentralización y autonomía” (p. 54).

      En otras palabras, el art. 32 no resuelve el problema del ordenamiento territorial, pero sí ayuda a establecer jerarquías. Para solucionar el asunto de raíz habría que expedir una nueva ley de ordenamiento.

      • La imposibilidad fáctica de cerrar los bordes

      Colombia ha demostrado que es incapaz de cerrar los bordes de las ciudades y las áreas metropolitanas se siguen expandiendo. La presión urbana hala el precio del suelo hacia arriba, lo que crea una tensión entre los usos inmobiliario y productivo. Si el precio del suelo aumenta, termina siendo más atractivo destinar el lote a la urbanización que a la producción agrícola. Esta tensión se inclina hacia los usos urbanos. Es claro el desestímulo a la producción agropecuaria en los bordes y el progresivo alejamiento de la oferta de alimentos de las ciudades. En Colombia los planes de ordenamiento territorial han sido incapaces de cerrar el borde y ello se ha manifestado en mayores precios del suelo. Estas variaciones de los precios superan los aumentos en la productividad agrícola. Si efectivamente hubiera un cierre del borde y los precios del suelo rural se pudieran estabilizar, unos aumentos razonables de la productividad agraria permitirían que la producción de alimentos tuviera lugar en las cercanías de las ciudades.

      La reflexión sobre las interacciones entre el precio del suelo, el costo de producción y la productividad es relevante porque permite abrir la discusión sobre el vínculo entre los cambios en la estructura de costos y las variaciones de la productividad. Se observa que la productividad agrícola se ha rezagado frente a los cambios en el precio del suelo. Este fenómeno es el reflejo de tres situaciones. La primera es el impacto de la expansión urbana en las áreas rurales continuas. La ciudad impone sus reglas de juego. Este enfoque ya lo propuso el Sistema de Ciudades, que pone el énfasis en la incidencia que tiene la aglomeración sobre su entorno. La segunda es el aumento del precio del suelo. El impacto inicial de la aglomeración se refleja en el precio del suelo. En la medida en que la ciudad va creciendo, el suelo va siendo relativamente escaso. Los mayores precios se observan en el mediano plazo. Y la tercera es la poca capacidad que tienen las pequeñas y las medidas unidades agrícolas de mejorar la productividad.

      Los datos para Bogotá son dicientes. Entre 2015 y 2019 el aumento promedio de los precios del suelo en los bordes fue de 154,6 %. Para compensar este mayor precio, la productividad agrícola tiene que crecer, por lo menos, al mismo ritmo que el valor del suelo. En la zona rural del norte de Bogotá la finca tendría que aumentar su extensión de 5,09 hectáreas (ha.) a 6 para que el ingreso fuera equivalente al de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es cercano a tres salarios mínimos. En el área rural de Tunjuelo se tendría que pasar de 14,1 ha. a 22 ha. Y en Sumapaz de 91,94 ha. a 110 ha.² Como estas ampliaciones de la extensión de la finca son imposibles, el propietario termina vendiendo la tierra a los inversionistas inmobiliarios.

      Este conflicto entre precios y productividad se expresa finalmente en un alejamiento de la producción agropecuaria de los centros urbanos y ello se manifiesta en mayores costos de transporte. Las Appa del art. 32 son un intento por frenar este proceso. Pero, obviamente, su éxito depende de la articulación con los planes de ordenamiento de las ciudades y de un ejercicio colectivo que se traduzca en un cierre adecuado de los bordes. Sin estos acuerdos las discusiones sobre las jerarquías continuarán, sin que jamás se sepa quién tiene la razón.

      __________________

      Jorge Iván González

      Publicado en RAZÓN PÚBLICA

      ²Infometrika, Universidad del Rosario. (2018). Cálculo de la Unidad Agrícola Familiar (UAF) Promedio en las Diferentes Zonas del Distrito Capital. Caracterización Socioeconómica de la Población Sujeto de Ser Estratificada con la Metodología de Fincas y Viviendas Dispersas de la Zona Norte, Tunjuelito y Sumapaz. Bogotá.

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      En recientes declaraciones a La República¹, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, atribuía la inflación a tres factores: 1) el aumento de los aranceles a las exportaciones a Estados Unidos; 2) el mayor déficit de las finanzas públicas del país y, 3) el alza en el salario mínimo. Cada una de estas explicaciones puede discutirse.

      El debate de hoy

      1. Con respecto a la primera, habría que examinar la estructura de costos de las firmas que exportan a Estados Unidos para determinar el mecanismo a través del cual los aranceles están afectando la inflación de precios en Colombia. El ejercicio no es sencillo y todavía no se ha realizado de manera sistemática.
      2. La segunda explicación tampoco es fácil. La incidencia de las finanzas públicas en la inflación tiene diversos caminos. Uno podría ser que el mayor gasto del gobierno se refleje en un incremento de la demanda, que se traduce en precios más altos. Otro enfoque podría poner el acento en las mayores necesidades de financiación, que obligarían al gobierno a endeudarse a tasas de interés más altas, que repercuten en el conjunto del crédito doméstico. Podría argumentarse también que la financiación del gasto adicional obliga a subir los impuestos, y ello incrementa los costos de las empresas, que no tienen más remedio que subir el precio de los productos. También sería posible afirmar que la demanda de crédito del gobierno genera un efecto crowding outque desplaza la inversión privada, porque los empresarios tienen que endeudarse a tasas más altas.

      Habría otras relaciones de causalidad posibles. Incluso algunas que van en la dirección contraria. Por ejemplo, podría afirmarse que, gracias al aumento de los gastos del gobierno, las empresas reducen costos, porque tienen mejores vías, los trabajadores que contratan son más educados y sanos, la seguridad mejora y el empresario no tiene que contratar vigilancia privada… Estas causalidades se traducirían en menores precios. Mazzucato² considera que el Estado “emprendedor” favorece la productividad de las empresas y, entonces, los costos bajan y los precios al consumidor final se reducen.

      Cada una de éstas y otras causalidades son más o menos ciertas. Pero es totalmente incierto el resultado final de estas interacciones. La visión del banquero central apenas es una aproximación parcial a una de las variadas causalidades.

      • 3. Las relaciones entre el salario y la inflación también pueden mirarse de muy diversas maneras. Es legítimo afirmar que gracias al mayor salario crece la demanda agregada y ello le permite a las empresas mejorar los niveles de inversión, de tal manera que aumente la productividad, bajando costos y disminuyendo el precio final del producto. Claramente, esta perspectiva contradice la del Banco de la República.

      Estas reflexiones solamente tienen el propósito de mostrar que las explicaciones de la inflación son excesivamente complejas. El banquero central no menciona otros factores que podrían incidir en el aumento de los precios: 

      Dada la integración del mercado internacional de capitales, el aumento de las tasas de interés de los bonos emitidos por el gobierno norteamericano impacta los precios en el mundo entero. 

      La guerra de Ucrania tiene implicaciones clarísimas en los precios a través de su incidencia en bienes como el petróleo, los abonos y los alimentos. 

      La pésima logística del país incrementa los costos de las empresas y el precio final. 

      El atraso del campo colombiano se refleja en baja productividad y altos costos de los alimentos, que son un componente fundamental del índice de precios al consumidor. 

      Trabajos recientes han mostrado que la inflación tiene mucho que ver con las excesivas ganancias de las empresas³.

      A estos factores podríamos agregarles otros más: las heladas, las variaciones en las tarifas de servicios públicos… La lista va mucho más allá de las tres causas mencionadas por el gerente del Banco de la República. Y lo más complicado de entender es el resultado final de estas causalidades que van en distintas direcciones. En síntesis, frente a la explicación de la inflación la mejor recomendación es humildad. Nunca sabremos bien qué está pasando.

      Y desde el punto de vista general no puede afirmarse, como lo hace el Banco de la República, que la única fórmula para controlar la inflación sea el aumento de la tasa de interés de referencia. Esta mirada es sesgada y absolutamente parcial. En contra de la lógica del banquero central se podría afirmar que las altas tasas de interés aumentan los costos de las empresas y ello se refleja en mayores precios al consumidor. ¡El debate está abierto y continuará estándolo! Y en estos espacios de controversia no debería tener cabida el simplismo analítico.

      El debate de siempre

      La pregunta por la inflación lleva a interrogarse por la naturaleza del dinero. Y vale la pena recordar la frase de Aglietta y Orléan: “La cuestión monetaria es, absolutamente, un asunto político”. Esta afirmación golpea duramente las pretensiones de neutralidad de la política monetaria.

      Las controversias sobre las causas de la inflación nunca tendrán solución. Las diferentes escuelas le atribuyen determinantes muy diversos. Las reflexiones sobre la inflación están muy relacionadas con la comprensión de la naturaleza de la moneda. El asunto se remonta a Aristóteles, quien le atribuyó a la moneda tres funciones: medida de valor, medio de cambio e instrumento para atesorar.

      La función de la moneda como medida del valor tuvo auge con la literatura marxista, que se hizo la pregunta sobre la transformación de valores a precios. El valor de la mercancía se refleja de manera imperfecta en el precio. Para Marx el valor está relacionado con el tiempo de trabajo incorporado. Y el reto complicado es entender el proceso mediante el cual el valor se expresa en el precio. Esta transformación continúa siendo un misterio.

      Actualmente se observan manifestaciones de la asimetría entre valores y precios. Aunque la teoría del valor trabajo de Marx ha ido perdiendo relevancia, la pregunta por el valor de las mercancías sigue vigente. Es difícil explicar por qué el jean que Marilyn Monroe utilizó en la película River of No Return se vendió en 52.000 dólares (212 millones de pesos). En el mercado bursátil se discute si el valor de la empresa es el que resulta de la oferta y demanda de acciones o es el que determina el contador en libros. La relación entre ambos indicadores se conoce como la q de Tobin. Y cualquiera que sea la medida, su expresión en los precios de la mercancía es confusa.

      La función más estudiada de la moneda es la de medio de cambio. Hacia allí centran la atención los banqueros centrales, hasta el punto de que han dejado de lado la preocupación por la medida del valor, que seguirá siendo un tema filosófico de la mayor relevancia. La función de la moneda como medio de cambio es la menos compleja.

      La función de reserva de valor introduce la noción temporal de forma explícita. La persona se pregunta con angustia por la mejor manera de conservar su riqueza de tal manera que no se desvalorice con el paso de los años. La interacción entre presente y futuro es incierta, y nunca será claro cuál es la forma monetaria (dólar, oro, esmeralda…) que garantice una mejor protección frente a un futuro completamente desconocido.

      De nuevo, frente al misterio de la moneda y de la inflación, dos recomendaciones. Primero, no olvidar su naturaleza político-social. Y, segundo, reconocer con humildad que no sabemos.

      Jorge Iván González

      Publicado en la revista SUR, Colombia

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      ¹ https://www.larepublica.co/economia/entrevista-al-gerente-del-banco-de-la-republica-leonardo-villar-4200254 – 12 de agosto

      ² MAZZUCATO, Mariana, 2011. El Estado Emprendedor. Barcelona: RBA Libros, 2014.

      ³ GONZÁLEZ, Jorge. “La Ganancia Empresarial Impacta la Inflación”, Economía Colombiana, vol. 70, no. 372, junio-agosto 2024, pp. 48-54.

      ⁴ AGLIETTA, Michel y ORLÉAN, André. La Violencia de la Moneda. México: Siglo XXI, 1990.

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