Al observar la serie de la ejecución presupuestal (pagos/apropiaciones) entre 2001 y 2024, se concluye que en el 2024 el nivel de ejecución fue muy malo, de 81,7%, únicamente comparable al presentado en 2010.
En algunos sectores los resultados han sido especialmente pobres. Los de menor ejecución han sido tecnologías de la información (30,5 %), deporte y recreación (36 %), transporte (36,3 %), agricultura (37,6 %). Y un sector tan importante para la política social, como el de inclusión y reconciliación presentó una ejecución de 71,1 %.
Esta dinámica tiene dos consecuencias negativas. Por un lado, no permite llevar a cabo los programas definidos por el gobierno. Sectores tan importantes como el de agricultura tuvieron ejecuciones muy bajas. Las prioridades fijadas en la elaboración del presupuesto corresponden a las opciones básicas del gobierno y, si los dineros no se ejecutan, es evidente que no se logran las metas definidas por la administración Petro.
Y, por el otro, este comportamiento del sector público debilita el crecimiento de la economía porque no permite que el Estado cumpla la función de halar la dinámica del sector privado. En otras palabras, si el gobierno no invierte, el conjunto de la economía se resiente. La ejecución del sector transporte apenas fue del 36,3 %. En el plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida se mostró que el multiplicador de la inversión pública es de 1 a 4. Ello significa que por cada peso que invierte el Estado, la inversión privada aumenta cuatro veces. Por tanto, si la inversión pública cae, la actividad económica general se deteriora. El DANE acaba de informar que en el 2024 el PIB creció 1,7 %. Sin duda, la cifra hubiera sido superior si el gasto y la inversión pública no se hubieran rezagado.
Las razones que podrían explicar la baja ejecución del gobierno son complejas. Algunas hipótesis podrían ser las siguientes: i) La pérdida de la brújula. ii) La absolutización de la capacidad del activista político. iii) La desorientación de la función ministerial. iv) La ausencia de un organismo rector que articule proyectos de alcance estratégico.
- La pérdida de la brújula. Aunque el camino a seguir lo definió el Plan de Desarrollo, de manera inexplicable el gobierno ha despreciado las prioridades que allí se definieron. En lugar de seguir esta ruta, se han dado bandazos que han dispersado el gasto.
- El conflicto entre el activista político y el tecnócrata. De muy diversas maneras, y de forma reiterada, el presidente ha despreciado a la tecnocracia. No se trata de establecer una distinción arbitraria entre activistas y tecnócratas. Ser fiel a una idea política no desvirtúa la capacidad de realizar una buena gestión pública. De la misma manera, un buen técnico tiene que aceptar que no puede hacer abstracción de las implicaciones políticas de cualquiera de sus decisiones.
El desprecio presidencial hacia la tecnocracia de corte weberiano, y su absolutización de la capacidad del activista político, se ha traducido en el nombramiento de funcionarios de alto nivel que son incapaces de comprender la complejidad de la administración pública colombiana. Sus decisiones erráticas terminan expresándose de dos maneras. Por un lado, con una baja ejecución. Y, por el otro, realizando gastos ineficientes.
- Los ministros están desorientados. No han entendido que su función principal es la de coordinar acciones con los gobiernos locales, con una perspectiva que supere las lógicas sectoriales. El Plan de Desarrollo propuso 5 grandes transformaciones que son intersectoriales. Esta mirada de conjunto no ha sido asimilada por los ministros que continúan prisioneros de su enfoque sectorial. La falta de articulación de los ministros con los alcaldes y gobernadores se termina expresando en baja ejecución.
iv) Y la cuarta explicación podría estar en la ausencia de un organismo rector que obligue a articular proyectos estratégicos. Esta carencia se traduce en una dispersión de recursos, y en la ausencia de proyectos de inversión de largo plazo. Es muy diciente que dos grandes proyectos de inversión, como el ferrocarril Dorada-Chiriguaná, y la vía Guaduas-Villeta todavía no se hayan concretado, y continúen con problemas en la licitación. El Departamento Nacional de Planeación (DNP) debería ser la entidad llamada a tener la capacidad y el poder para orientar los recursos hacia proyectos estratégicos de largo plazo. Esta tarea no se está cumpliendo.
Las limitaciones anteriores han impedido que la gestión pública sea eficiente. Sin duda, la situación fiscal es compleja, pero también es necesario aceptar que la administración pública no ha respondido.
Jorge Iván González
Publicado en revista SUR, Colombia
