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Jorge Ivan Gonzalez

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El Dane acaba de publicar los datos sobre la incidencia de la pobreza multidimensional en 2023.  

Es una medida que incluye 15 variables incorporadas en 5 dimensiones: condiciones educativas, situación de la niñez y juventud, trabajo (informalidad y desempleo), acceso a la salud y características de la vivienda. No incluye ninguna medida de ingreso, y por esta razón no es un indicador de las fluctuaciones de las condiciones de vida en el corto plazo. Refleja, más bien, tendencias de tipo estructural. 

La pobreza se está reduciendo de manera continua desde 2010, cuando era 29,7%, hasta 2023 cuando llegó a 12,1%. Durante estos años, el número de personas en condiciones de pobreza pasó de 12,9 a 6,3 millones. Entre 2022 y 2023 salieron de la pobreza 338.000 personas. 

Con excepción de 2020, la tendencia descendente se ha mantenido. Por razones de la pandemia, entre 2019 y 2020, la incidencia de la pobreza subió de 17,5% a 18,1%. La principal causa de este aumento fue la inasistencia escolar, que pasó de 2,7% de los hogares a 16,4%. En 2021, una vez que se fue superando la pandemia, la inasistencia escolar se redujo a 5,5%. Y en 2023 bajó a 2,3%. Además de los indicadores relacionados con la educación, durante los meses de covid también se deterioraron las condiciones de trabajo. Aumentó la informalidad y el desempleo de larga duración. 

La tendencia decreciente de la pobreza multidimensional muestra que en el país se ha ido construyendo una institucionalidad que ha contribuido al mejoramiento de las 15 variables que componen la pobreza multidimensional. Esta dinámica se ha mantenido en el mediano plazo (2010-2023), independientemente de que en estos años se hayan presentado importantes cambios en el ritmo de la economía y en la orientación política de los gobernantes. La pobreza disminuye independientemente de los ciclos, y este es un logro relevante de la política pública. 

Pero frente a este hecho positivo que abre las puertas al optimismo, también se presentan dos brechas que son preocupantes. La urbano/rural y la regional. En 2023 la incidencia de la pobreza rural fue de 25,1%, y la urbana de 8,3%. Esta diferencia de 16,8 puntos es inaceptable. Las condiciones de vida en el campo son considerablemente inferiores a las de las ciudades. 

Y las diferencias entre regiones es escandalosa. Mientras que en 2023 la pobreza en Bogotá fue de 3,6% en la región Caribe era de 20,1%, y en la Pacífica (sin el Valle del Cauca) 19,4%. El panorama se complica si se tiene presente que al interior de cada región son evidentes las desigualdades entre las áreas urbanas y las rurales. 

Las divergencias entre regiones no son justificables. Más aún, es censurable que una sola persona viva en condiciones de pobreza. Pero mientras se logra el ideal lejano de pobreza cero, por lo menos se debería presentar convergencia alrededor de la región con menor pobreza. Así que la incidencia de la pobreza multidimensional debería estar alrededor de 3,5%-4%, que es nivel alcanzado por Bogotá. 

Desde el punto de vista de la política pública, las dimensiones y las variables que se incluyen en la pobreza multidimensional, permiten dirigir las decisiones de los gobiernos hacia los sectores que requieren más atención para ir reduciendo las brechas. Es posible, entonces, hacer una asignación eficiente de la inversión pública de tal forma que se reduzcan las brechas. 

Jorge Ivan González

Publicado en La República, Bogotá. 

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Durante nuestra reciente tertulia, nuestro compañero y amigo Jorge Iván González compartió con nosotros sus ideas sobre la Colombia que todos soñamos a la luz de sus experiencias dentro del gobierno actual de Colombia. Esta conferencia inolvidable la queremos compartir con nuestros lectores del blog.

Exjesuitas en tertulia- 18 de Abril, 2024
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Acaba de morir Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía en 2002. En su lectura sobre la “racionalidad limitada” muestra la importancia que tienen los juicios intuitivos en el proceso de elección.

Junto con Amos Tversky mostró la importancia que tiene la “heurística del juicio” en las decisiones individuales. Todas las personas nos movemos en Sistema I. Ello significa que la gran mayoría de nuestras decisiones las realizamos pensando rápido. La heurística nos lleva a tomar atajos.

Esta forma de actuar es constitutiva de la sicología humana. La reflexión pausada, el pensar despacio, es propia del Sistema II. Esta modalidad del pensamiento es menos usual que la del Sistema I. La sociedad ha creado espacios, como el monasterio y la universidad, que favorecen la reflexión en Sistema II. El desarrollo de la ciencia se mueve en Sistema II, y requiere un análisis sistemático y ordenado. Este quehacer pausado exige instituciones que favorezcan la reflexión.

Las versiones ingenuas de la economía, muy alimentadas por el libro de texto, suelen afirmar que el empresario o el consumidor actúan de manera racional, como homo economicus. Esta apreciación es falsa. Para los grandes economistas, el sentimiento y la pasión juegan un papel determinante en la decisión del individuo. La relación entre economía, biología y sicología, tiene una larga tradición. Autores como Smith, Bentham, Edgeworth, Marshall, Keynes, etc., ponen en primer lugar el sentimiento.

Kahneman recupera la preocupación de Marshall por la relación de la economía con la biología. De la misma manera que los seguidores de Mahoma se inclinan en dirección de la Mecca, dice Marshall, la economía debe mirar a la biología, y no tanto a las matemáticas que sirven para explicar procesos muy sencillos, pero no son útiles para entender las complejidades del comportamiento humano.

Animados por la necesidad de comprender la acción humana, a mediados de los años 40, Von Neumann y Morgenstern proponen la Teoría de Juegos como un método apropiado para sistematizar las relaciones entre las personas. También por esos años, el principal texto de Mises, ‘La Acción Humana’, pone en evidencia los límites intrínsecos de la razón. Y Hayek destaca el “orden sensorial”, mostrando la forma como los sentimientos inciden en la decisión racional. La ciencia, dice, se construye a partir de los prejuicios de los individuos. El estudio de los límites de la razón es la obra magistral de Simon, otro premio Nobel de Economía.

Kahneman explicita los aportes de Popper y Taleb. El conocimiento, en cualquier disciplina, no puede ser ingenuo. Las afirmaciones con pretensión de universalidad no son aceptables. El futuro es incierto, y las apreciaciones subjetivas – limitadas, sesgadas y parciales – son inevitables en toda elección. Puesto que hay limitaciones intrínsecas en el proceso de conocer, la sociedad tiene que consolidar instituciones que permitan superar la miopía de los sujetos, y creen las condiciones necesarias para pensar despacio. Kahneman muestra que las dinámicas económicas están marcadas por las concepciones subjetivas de los sujetos.

La teoría económica estándar le sigue temiendo a la biología y a la sicología, porque estas disciplinas obligan a explicitar el desequilibrio y la incertidumbre. Se niega a reconocer, con humildad, que frente al comportamiento futuro de los individuos, sencillamente, no sabemos!

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá

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La tensión entre facticidad y validez ha sido analizada por Habermas. Se presenta en todas las sociedades democráticas.

El discurso del programa de gobierno del presidente Petro es intrínsecamente válido. Se trata de un mensaje novedoso en el que se hacen explícitas dimensiones estructurales tan relevantes como la recuperación de los activos ambientales, la transición energética, la modernización del sector agropecuario, la búsqueda de la seguridad humana y la convergencia social y regional. 

En la lógica habermaniana el discurso es un elemento constitutivo de la acción comunicativa, que permite ir diseñando nuevos tipos de sociedad. Por su misma naturaleza, el discurso es transformador. Y este es el gran mérito de la lógica argumentativa del presidente. La fuerza de estos mensajes se expresó en las urnas.

Todos los discursos, dice Aristóteles, son retóricos. Y ello no les resta valor. Este tipo de formulación permite construir silogismos incompletos, los entimemas, que movilizan y generan pasión. Estimulan los sentimientos y son instrumentos poderosos de la persuasión. La retórica es un componente sustantivo del quehacer político.

Pero más allá de la validez intrínseca del discurso, la puesta en acción de las ideas requiere de la facticidad. El Plan de Desarrollo es una apuesta por la concreción del ideal discursivo. Es la formulación de programas de inversión específicos, que puedan ser financiables. El plan plurianual de inversión se queda cortísimo frente a los ideales del discurso. Es inevitable que así sea. Entre la validez del discurso y la facticidad de la planeación hay una brecha insoluble, que es profundamente dolorosa. Es la angustia, que en mayor o menor medida, sienten todos los gobernantes. Las limitaciones intrínsecas alimentan desesperanzas y generan frustraciones. Los electores sienten que las promesas no se cumplen y que las realizaciones no llenan sus expectativas.

Es el drama que resulta de las numerosas limitaciones institucionales, sociales, económicas, jurídicas y políticas. En lugar de aceptar los hechos fácticos como una realidad sobre la que es necesario actuar, el gobernante cae en la tentación de negarlos.

No obstante los alcances limitados de cualquier plan de desarrollo, en ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, se proponen cambios estructurales profundos, comenzando por el ordenamiento del territorio y la consolidación del catastro multipropósito. Después de medio siglo de guerra con las Farc, en La Habana se llegó a la conclusión que en el país se necesita una reforma rural integral. Este tipo de mecanismo apenas es un paso para lograr los ambiciosos ideales planteados en el programa de gobierno. Los sueños comienzan a ser posibles con cambios que en otros países se podrían calificar como reformistas, pero que en Colombia son revolucionarios. Si el territorio se ordena se avanza hacia la paz, se mejora la productividad de las empresas, se moderniza el sector agropecuario, se disminuye la divergencia regional.

Durante estos meses, la inevitable tensión entre facticidad y validez no se pudo resolver. El conflicto se volvió insalvable. La absolutización de la bondad del discurso llevó a desconocer la complejidad de su realización práctica. Quizás allí radique el motivo último que hizo inviable mi continuidad en la dirección del Departamento Nacional de Planeación.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá.

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Las obras por impuestos no son un incentivo tributario, sino una modalidad de pago del impuesto. Se trata, entonces, de recursos públicos que son ejecutados por las empresas.

Hasta el momento, el balance de este mecanismo ha sido positivo. Tanto los empresarios como el gobierno han considerado que el instrumento ha cumplido con sus propósitos.

Desde la perspectiva de los empresarios, el mecanismo ha sido exitoso porque contribuye a mejorar su imagen institucional y les permite crear un ambiente amable con las comunidades. Aunque para la empresa sea más sencillo hacer un giro y consignarle los impuestos a la DIAN1, prefiere hacer la obra a pesar de los costos que ello implica. Esta decisión se toma porque la empresa valora otras dimensiones, de naturaleza reputacional, que van más allá de los aspectos puramente financieros.

Y por el lado del gobierno, las obras por impuestos han sido favorables porque la capacidad de gestión de las empresas es considerablemente mayor que la del Estado y las inversiones realizadas han sido oportunas y de calidad. La empresa se encarga de todo el proceso de la inversión, desde el diseño hasta su ejecución final. Las etapas de contratación en el sector público son engorrosas y toman más tiempo. Además, es positivo que el gobierno (local o nacional) sea el que decide el tipo de obra y sus características.

Entre 2018 y 2024, el monto de los recursos destinados a las obras por impuestos pasaría de $219.000 millones de pesos a $1 billón. El CONFIS2 acaba de aprobar este último cupo. Y si se ejecuta el presupuesto, el monto total a lo largo del período ascendería a $3,1 billones. La ampliación de estos cupos es una expresión de la bondad del mecanismo. Hasta ahora se han aprobado 297 proyectos en los que han participados 160 empresas y 238 municipios. La mayoría de los proyectos han sido en educación (156), le sigue transporte (75), vivienda (32) y energía (23).

Las bondades del mecanismo son indiscutibles desde la perspectiva micro, así que cuando se examina cada uno de los proyectos el balance es positivo. Pero desde la óptica macro vale la pena hacer consideraciones de tipo estratégico, que ponen en evidencia limitaciones de las obras por impuestos. Desde esta mirada global, el mecanismo se puede mejorar.

Primero, la jerarquización de los proyectos se debe realizar en función de programas estratégicos. Sería ideal que cada una de las inversiones se pudiera inscribir en líneas de acción con una perspectiva regional de mediano y largo plazo.

Segundo, el mecanismo se debe ampliar a cualquier tipo de municipio. La normatividad actual obliga a que los proyectos se realicen en los 344 municipios Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), que incluyen 170 municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Para que los proyectos de inversión sean estratégicos y de carácter regional, no se deberían restringir a los municipios Zomac, porque su dispersión reduce las posibilidades de articulación estratégica.

Tercero, se debe buscar una mayor diversificación, tanto desde la perspectiva de las empresas, como de los sectores. Sería conveniente que aumentaran los proyectos relacionados con el ambiente, las TIC, o la salud. También es conveniente que participe un mayor número de empresas.

Cuarto, en las evaluaciones futuras del instrumento se le debería dar mayor énfasis al impacto estratégico que a los análisis micro.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá

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El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha ido avanzando hacia la consolidación del registro universal de ingreso, que fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Cuando se haya logrado esta meta, ya no será necesario focalizar subsidios a través de la estratificación. Tampoco tendrá sentido continuar con encuestas que ahora se utilizan para la focalización, como las del Sisben, o Familias en Acción.

La estratificación tiene dos limitaciones estructurales. La primera tiene que ver con el espacio analítico. El estrato se refiere a la vivienda, e informa de manera muy imperfecta sobre las condiciones socioeconómicas del hogar. Entre la vivienda y el hogar existe una brecha conceptual insalvable. La segunda limitación tiene que ver con el costo político de subir el estrato. Ningún grupo de vecinos permite que se le cambie el estrato porque ello se reflejaría en menores subsidios.

El campo analítico del estrato es la vivienda, y el de la capacidad de pago es el hogar. Esta diferencia esencial no se puede modificar. La metodología de la estratificación gira alrededor de la vivienda, bien sea considerada desde la perspectiva de la manzana, o del predio. El estrato no puede dar cuenta de la capacidad de pago del hogar. La características de la vivienda y las condiciones socioeconómicas del hogar responden a espacios analíticos específicos. No es pertinente evaluar el ingreso del hogar a partir de la vivienda. Esta imposibilidad es insuperable, ya que se trata de una diferencia sustantiva.

La aproximación a través del predio, y no de la manzana, fue un ejercicio realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, mediante la estimación del Valor Unitario Integral (VUI). A pesar de los avances que se lograron al relacionar el estrato con el predio, no se superaron las limitaciones intrínsecas, que impiden captar las condiciones socioeconómicas de los hogares.

La segunda limitación del estrato es de naturaleza política. Nadie se deja subir el estrato. Los vecinos se ponen de acuerdo y no admiten que se suba el estrato porque ello se refleja en menor subsidio o en una tarifa más alta. Esta inmovilidad del estrato ha llevado a que en Bogotá, por ejemplo, 69% de hogares está concentrado en los estratos 2 y 3. En otras palabras, el estrato perdió su capacidad de discriminar y ya no permite diferenciar.

Puesto que la brecha entre la vivienda y el hogar es insuperable, la atención se debe ir centrando en la capacidad de pago del hogar. El punto de llegada se definió en el PND, que formaliza el registro universal de ingresos (RUI).

El paso intermedio entre el estrato y el RUI es el Registro Social de Hogares (RSH), que ya se está utilizando como un complemento al Sisben en el proceso de selección de beneficiarios. Actualmente, el RSH cuenta con 55 millones de registros. A medida que la información administrativa se vaya consolidando y si el pago electrónico avanza, será posible conocer el ingreso de las personas de menores recursos. Poco a poco se han ido integrando los registros administrativos que existen en el país.

Además, en el PND se estimula al Banco de la República para que avance en la formalización de los pagos electrónicos. Ello permitirá mejorar la información sobre las transacciones de todos los ciudadanos y se irá consolidando el RUI. En tales circunstancias, ya no será necesario el estrato.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá

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Hace una semana, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) hizo el anuncio del renacimiento de la revista Planeación y Desarrollo (PyD), que fue emblemática y se constituyó en un punto de referencia para el debate académico nacional. Se busca que la revista, ahora en formato digital, sea el espacio analítico para reflexionar sobre problemas fundamentales de la sociedad colombiana.

PyD facilita la construcción de una razón pública. Este proceso tiene tres características. Primero, supera la “incompletitud” y la miopía del sujeto. Segundo, elige la evidencia relevante, a partir de percepciones que nunca son objetivas en el sentido positivista, sino que dependen de una decisión marcada por “lo político”. Y tercero, cualquier análisis de la evidencia es retórico en el sentido aristotélico.

Primero, el sujeto es miope y su percepción del mundo es intrínsecamente incompleta. El individuo tiene una mirada estrecha, que está intrínsecamente vinculada a la condición humana. Retomando el planteamiento de Kahneman, la persona tiende a pensar “rápido”. Difícilmente tiene la oportunidad de pensar “despacio”. Este privilegio es propio de las instituciones. El monasterio y la universidad son los espacios que, a lo largo del tiempo, crearon condiciones para pensar despacio.

Una entidad como el DNP tiene una misión favorable a la reflexión analítica. La construcción de un orden institucional es un proceso complejo, en el que se requiere ir más allá de la mirada del individuo. Por ejemplo, es difícil que una persona se preocupe por el futuro del clima del planeta en 200 años. Este tipo de percepción no es factible en la gran mayoría de los individuos. Para ir más allá de la visión estrecha y miope de la persona, se requiere una racionalidad técnica, que toma decisiones y prioriza con criterios diferentes a la agregación de preferencias individuales.

Segundo, las evidencias son múltiples, y cubren dimensiones muy diversas. La selección de la evidencia que se considera pertinente, no puede ser el resultado de un análisis técnico pretendidamente neutro. La escogencia de la evidencia relevante es un asunto político. El afán positivista lleva a la ilusión de que la evidencia es una realidad objetiva, que está por fuera del sujeto. La priorización de la evidencia está marcada por prejuicios y estos sesgos son inevitables. La escogencia de la evidencia por parte del DNP se refleja en el plan de desarrollo que, a su vez, es la expresión, así sea imperfecta, del programa de gobierno.

Y tercero, el ejercicio interpretativo es, por su misma naturaleza, retórico. La retórica en Aristóteles conjuga la evidencia y el discurso convincente a partir de la construcción de entimemas, que son silogismos incompletos. Los economistas, dice McCloskey, somos novelistas. La construcción del relato es inevitable. Cada gobierno pone a consideración de la sociedad un relato sobre las evidencias que juzga relevantes. Planeación y Desarrollo abre la oportunidad para que esta narrativa sea conocida de manera explícita, y se abran las posibilidades de ser discutidas.

La presentación de las discusiones tiene que realizarse de una manera pedagógica que dialogue con el sentido común. El debate que se plantea en PyD tiene que ser comprensible. La comunicación es un elemento central del debate público. Los resultados de los ejercicios técnicos se tienen que comunicar de una forma sencilla.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Colombia

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El panorama fiscal para 2025 es especialmente complejo. Este presupuesto, que se comenzará a diseñar desde los primeros meses de 2024, obliga a reflexionar sobre la fragilidad de las finanzas públicas.

El presupuesto de 2025, que será especialmente difícil, pone en evidencia las consecuencias de la pandemia en el terreno fiscal que no se han terminado y se manifiestan en los presupuestos de 2024 y de 2025.

En 2024, el gobierno Petro tuvo que asumir tres compromisos de la administración anterior. El mayor gasto derivado de las decisiones que se tomaron durante la administración Duque es, por lo menos, de $46 billones. El crecimiento del servicio de la deuda será de $20 billones. A esta cifra se le agregan los $20 billones destinados a la compensación del déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Y habría que sumar los $6 billones correspondientes a la “opción tarifaria”. No obstante la importancia que tienen estos pagos, se logró destinar $99,9 billones a la inversión. Es el monto más elevado en la historia del país.

En 2025, se seguirán sintiendo las consecuencias de la pandemia fiscal. Este año el servicio de la deuda podría llegar a $112,9 billones y la inversión apenas sería de $68,8 billones. En tales condiciones, el servicio de la deuda superaría a la inversión en 1,6 veces, y la diferencia sería de $44 billones. Esta brecha tan grande no tiene precedentes. En algunos años el servicio de la deuda ha superado a la inversión, pero el diferencial no ha sido tan significativo.

La estructura fiscal de 2025 será un obstáculo para el crecimiento de la economía. Si los recursos destinados al pago de compromisos de la deuda (amortizaciones a capital e intereses), superan el monto de la inversión, no es posible renovar los activos y fortalecer la actividad económica.

Desde los primeros meses del año próximo, cuando se comience a discutir el presupuesto de 2025, es necesario buscar alternativas que impidan que el servicio de la deuda ahogue la inversión.

Este aumento de la deuda no es un problema exclusivo de Colombia. El desbalance fiscal se ha acentuado en la mayoría de los países del mundo. En las naciones de ingreso altos entre 1991 y 2021 el saldo de la deuda pasó de 55% del PIB a 122,5%. En los países de ingresos medios (entre los que está Colombia) subió de 40,8% en 1997 a 65,1% en 2021. Y en los países de ingresos bajos, en el mismo período, pasó de 40,8% a 48,6%. En 2012, en Colombia, el porcentaje del saldo de la deuda pública con respecto al PIB era 33,2%. En 2024 será de 57,1%.

El aumento desbordado de la deuda en la mayoría de los países del mundo, es la expresión de un problema estructural, ya que los ingresos corrientes no son suficientes para compensar los gastos de funcionamiento y de inversión. También es una manifestación indirecta de la burbuja financiera que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo, y que es alimentada por las dinámicas Ponzi de las deudas públicas. Los ingresos no han crecido a la par con el gasto. 

La única forma de ir reduciendo la brecha sería mediante un aumento de los impuestos. En Colombia no hay ambiente para una nueva reforma tributaria, así que habría que pensar en otras alternativas que permitan compensar el desbalance del 2025.

Jorge Iván González

Artículo publicado en La República, Colombia.

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En el proceso que está llevando a cabo Planeación Nacional (DNP) para ir consolidando el registro universal de ingresos, se ha hecho una evaluación de los errores de inclusión del Sisbén[1].

El error de inclusión se presenta cuando se incluye en una categoría a quien no debería estar allí. Y el error de exclusión se presenta cuando se deja por fuera a quien debería estar incluido. En el Sisbén los errores más frecuentes son de inclusión, porque existen mecanismos endógenos para corregir los errores de exclusión. 

El hogar que considera que debe ser incluido y no lo está, pide que se le haga la encuesta. Este mecanismo intrínseco permite que los errores de exclusión se pueden auto-corregir. No sucede lo mismo con los errores de inclusión, porque la persona que está mal calificada no tiene incentivos para modificar su situación.

Para evaluar los errores de inclusión, el DNP contrasta la calificación del Sisbén con la información disponible en los registros administrativos. El registro social de hogares es una base muy completa, incluye 55 millones de registros y ofrece un panorama más completo que las encuestas Sisbén. Los registros administrativos son una fuente de información valiosa.

Actualmente en el grupo A del Sisbén, que correspondería a los más pobres, hay 4 millones de personas y, después de hacer los cruces de bases de datos, solamente debería haber 2,9 millones.El error de inclusión es de 1,1 millones de personas. Estas personas que están en el grupo A son candidatos privilegiados de diversos programas sociales, incluyendo los que entregan subsidios monetarios.

Estas personas estarían recibiendo beneficios que no se merecen. Deberían estar por fuera del Sisbén, o calificadas en otros grupos diferentes, como Sisbén B, C, D. En estas categorías los beneficios son menores a los que corresponderían a quienes están en el grupo A.

Las diferencias entre ciudades son significativas. Las ciudades con más errores de inclusión en el grupo A son, en su orden, Cartagena (38.000 personas), Bogotá (34.000), Soledad (26.000), Barranquilla (26.000), Cali (23.000).

Entre las causas de estos errores de inclusión vale la pena señalar cuatro: la desactualización de la información, la manipulación, los problemas metodológicos, y la diferencia entre las pobrezas subjetiva y objetiva.

La información del Sisbén se desactualiza porque las encuestas no son periódicas. Los registros administrativos se mantienen al día más fácil que las encuestas Sisbén. El error de inclusión se origina en el desfase entre la información pasada del Sisbén y la actual del registro administrativo. Esta asimetría es inevitable mientras se mantenga la actual metodología del Sisbén.

La manipulación de información se explica por razones políticas o por intereses corruptos. La oferta de beneficios en los programas sociales se expresa en apoyo político.

Existen problemas metodológicos. Se ha avanzado en cuatro versiones del Sisbén. Entre el Sisbén I y el IV hay mejoras significativas, pero a pesar de los avances técnicos, es imposible eliminar los errores de inclusión y exclusión.

La brecha entre la percepción de la pobreza y la pobreza objetiva crea una asimetría que genera tensiones y dificulta la administración de los programas sociales.

Los errores de inclusión se reflejan en una asignación inadecuada de los recursos públicos. Es necesario irlos corrigiendo de tal manera que reciban los beneficios quienes realmente los necesitan.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Colombia


[1] Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales de Colombia.

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Pasó el covid y, aunque la actividad económica se está recuperando, la pandemia sigue afectando a las finanzas públicas. Los efectos del mal continúan, y el daño fiscal tiene un impacto negativo en la inversión y en el crecimiento.

Durante la pandemia, el gobierno Duque tomó decisiones que siguen teniendo impactos fiscales significativos, incorporados en el presupuesto de 2024. Sin pretender hacer una evaluación de las medidas tomadas para responder al covid, es innegable que los mayores gastos hechos entonces, están reduciendo el margen fiscal. Los efectos más notorios tienen que ver con el servicio de la deuda, el fondo de estabilización de los precios de los combustibles y la opción tarifaria.

Entre 2023 y 2024, el servicio de la deuda aumentó $20 billones. Durante 2024 es necesario cumplir con los compromisos adquiridos por el gobierno anterior. Para solucionar los problemas causados por el covid se contrataron créditos de corto plazo, que es necesario pagar ahora. Entre 2023 y 2024, el servicio de la deuda pasa de $72,3 billones a $92,3 billones.

La relación entre el servicio de la deuda y la inversión está llegando a límites preocupantes. En las primeras versiones del presupuesto 2024, el servicio de la deuda era superior a la inversión. Durante estos dos meses, con el apoyo del Congreso, se hicieron cambios que permitieron que la inversión por valor de $99,4 billones supere al servicio de la deuda. Pero se ha llegado a una situación preocupante y sería muy inconveniente que en 2025, el servicio de la deuda supere a la inversión, ya que se verían seriamente comprometidas las posibilidades de crecimiento.

El déficit del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Fepc) es la segunda consecuencia de las decisiones que tomó el gobierno anterior, que no aumentó los precios de los combustibles, con el fin de proteger la capacidad de pago de los hogares. Para mantener un buen equilibrio de las finanzas de Ecopetrol, se decidió que el precio interno debería ser similar al internacional. Como la brecha entre los dos precios se amplió, la administración Petro ha tomado dos decisiones dolorosas.

Por un lado, compensar el déficit y financiarlo. Y, por el otro, aumentar el precio de la gasolina, de tal forma que se vaya reduciendo la distancia entre los precios doméstico e internacional.

En el Marco Fiscal de Mediano Plazo se estimó un déficit de $17,8 billones, pero durante la discusión del presupuesto, se decidió aumentarlo a $20 billones. Al cerrar la brecha con respecto al precio internacional se logran varios propósitos. Por un lado, se eliminan los subsidios indiscriminados, y gracias a los mayores ingresos de Ecopetrol, el Estado recibirá recursos que se pueden asignar en función de los preferencias del gobierno.

Y, finalmente, la opción tarifaria puede tener un costo cercano a los $6 billones. Las tarifas de los servicios públicos no aumentaron durante los meses del covid, y ahora es necesario corregir el desbalance. Las empresas comercializadoras reclaman, con razón, que se les transfieran los recursos adeudados. La cifra podría ser de $6 billones.

En total, el gobierno Petro ha tenido que asumir estos compromisos que llegan a $46 billones. Son más de dos reformas tributarias. A pesar de estas limitaciones, el monto de la inversión para 2024 es el mayor de la historia del país.

Jorge Iván González

Noviembre, 2023

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En Michigan, Biden se unió a los huelguistas del sector del automóvil. Este hecho sin precedentes pone en evidencia la asimetría entre el ritmo de crecimiento de las ganancias y el de los salarios.

La remuneración a los trabajadores se ha ido rezagando y no avanza a la misma velocidad que los excedentes en manos de los propietarios de las empresas y de sus dirigentes. Biden se une a la indignación sindical, porque considera inaceptable la ampliación de esta brecha. Los huelguistas piden un aumento salarial del 40%.

La denuncia de Biden está respaldada por dos estudios recientes del FMI y de la OCDE. De acuerdo con estas investigaciones, entre 2020 y 2021, las ganancias de las empresas aumentaron 53,9%, mientras que los salarios crecieron 7,9%. Las dos consecuencias más claras de esta disparidad son el aumento de la desigualdad del ingreso y el deterioro de la demanda. Pero lo más significativo del análisis del FMI y de la OCDE es poner en evidencia la relación directa entre las ganancias corporativas y la inflación.

Estas ganancias excesivas han sido el resultado de un control monopólico de los precios. Las grandes corporaciones no han permitido que los precios se ajusten a los costos y, entonces, el precio termina siendo artificialmente alto. Este excedente únicamente se justifica por el afán de ganancia. La falta de competencia permite que los capitalistas aumenten sus ganancias en un porcentaje considerablemente más alto que el de los trabajadores. El excedente derivado del control monopólico es perjudicial para el conjunto de la sociedad.

En los análisis convencionales de la inflación se le suele dar relevancia a la incidencia que tienen los aumentos salariales en los precios. Es el argumento que se ha utilizado para frenar las aspiraciones de los trabajadores en las negociaciones anuales del salario mínimo. El FMI y la OCDE invitan a cambiar la óptica de análisis.

Primero, porque muestran que la ausencia de competencia termina expresándose en una mayor inflación, y el control indica que hay debilidades institucionales, que han permitido la consolidación de monopolios con mucho poder.

Segundo, porque es una invitación a los bancos centrales para que modifiquen de manera sustantiva su visión de la política monetaria y de los determinantes de la inflación. Los bancos siguen obsesionados con su pretensión de frenar la inflación por la vía de las tasas de interés. 

La inflación actual no es un fenómeno de demanda. Sus causas son más complejas. Algunas están relacionadas, sobre todo después de la pandemia, con los mayores costos. Pero otras tienen que ver con factores institucionales complejos, como la imposibilidad de controlar el monopolio y de reducir el poder de mercado de las grandes empresas y corporaciones. Esta mirada es integral y supera la perspectiva estrecha que asocia la inflación con el aumento de la cantidad de dinero. Este diagnóstico estrecho no permite explicar la inflación actual.

La relación entre la concentración de la riqueza y la inflación abre una puerta de análisis novedosa, que debería llevar a que los bancos centrales modifiquen de manera sustantiva su percepción de los factores determinantes de la inflación. La regulación de la inflación obliga a realizar cambios estructurales, comenzando por la eliminación del poder monopólico de las grandes corporaciones.

Jorge Iván González

Octubre, 2023

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Allende

Por Jorge Ivan Gonzalez
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50 años después de la toma del Palacio de La Moneda, es oportuno reflexionar sobre lo sucedido con el socialismo en América Latina.

Para Allende fue claro que la transformación social y económica de Chile se tenía que hacer respetando las reglas de la democracia. Su propuesta de cambio se ajustó a los marcos legales existentes. Las élites chilenas se negaron a aceptar las iniciativas de un socialismo moderado y, con los militares y el apoyo de los Estados Unidos, optaron por derrocar a Allende.

Allende era un demócrata con un claro espíritu liberal. La dictadura de Pinochet aniquiló ese proyecto político y exterminó a la oposición. Desde entonces, las dictaduras de América Latina han buscado eliminar las ideas marxistas y cualquier forma de socialismo. Estos intentos de los militares han fracasado, porque en el heterogéneo panorama político de la región, después de las dictaduras, están vivas las ideas de cambio, y aunque conservan una cierta inspiración de izquierda, las modalidades de socialismo han sido muy diversas.

La situación de las mayorías continúa siendo muy difícil. A pesar de algunos avances, los indicadores sociales son preocupantes. Se mantienen altos los niveles de pobreza, la desigualdad de la riqueza no muestra cambios significativos, las estructuras productivas se han debilitado como consecuencia de la reprimarización de las economías y de la creciente dependencia de minerales y petróleo.

En estas economías frágiles y excluyentes, los discursos de cambio siguen teniendo aceptación. Todos los llamados populismos ofrecen mejores condiciones de vida. Pero más allá del significado del populismo, es evidente la necesidad de que haya transformaciones sustantivas en América Latina.

Las ideas de Allende continúan vigentes, aunque el lenguaje no es el mismo de antes. El socialismo bolivariano de Chávez tiene connotaciones muy diferentes a las de Allende. Los seguidores de Boric también piden cambios, y ponen el énfasis en la democracia y la inclusión. Para Mujica en Uruguay es importante la conciliación y la universalización de las oportunidades. Las versiones de izquierda de Lula han ido cambiando, y su enfoque social inicial se ha ido matizando con la inclusión de los temas ambientales. Las ópticas de Evo Morales y de Rafael Correa son muy diferentes entre sí, y muy distintas a las de los demás gobiernos de izquierda. La perspectiva de Manuel López Obrador en México es una mezcla donde un nacionalismo radical que busca ser incluyente, convive con una buena relación con los Estados Unidos. La maquila mexicana ha evitado la reprimarización que ha sufrido la mayoría de los países de América Latina.

El socialismo de Petro es más bien un keynesianismo verde, que le da especial importancia a la intervención del Estado con dos propósitos: por un lado, asumir los riesgos que el privado rechaza y, por el otro, liderar la transformación energética hacia una economía verde.

Entre las diversas modalidades de la izquierda latinoamericana hay tres elementos comunes: primero, no tienen un discurso marxista; segundo, sus propuestas son diversas y vagas y tercero, tienen una clara convicción de la importancia de reducir la desigualdad y la pobreza, en una sociedad incluyente.

Después de medio siglo, el balance no es optimista. América Latina sigue rezagada, y el sueño de Allende está lejos de ser realidad.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá.

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Los departamentos de Amazonas y Antioquia son intrínsecamente diferentes. No obstante la evidencia de esta afirmación, la asimetría fundamental que existe entre las regiones de Colombia no se tiene en cuenta en las decisiones de política pública.

El reconocimiento de que existen diferencias sustantivas es la primera condición para lograr la convergencia regional. Las grietas entre departamentos son abismales. Por ejemplo, el presupuesto de inversión para 2024 en Amazonas es de $361.000 millones, mientras que en Antioquia es de $8,3 billones. Esta divergencia no favorece la convergencia. Para superar una brecha tan grande sería necesario modificar de manera sustantiva los criterios que actualmente se utilizan para distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). Las normas existentes parten de un falso diagnóstico que pretende homogeneizar entidades que son cualitativamente diferentes.

La distribución de recursos del SGP se realiza teniendo como criterio principal la población y algunas de sus características, como el nivel de necesidades básicas. Estas variables son las mismas para Antioquia, Valle, Chocó, Amazonas, y para cualquier departamento del país. No tiene sentido continuar midiendo con el mismo patrón regiones tan disímiles.

La heterogeneidad de los departamentos obliga a que las decisiones de la política pública reconozcan esta diversidad y, entonces, la asignación de recursos tendría que seguir lógicas diferentes. Las mayores transferencias al Amazonas se justifican porque el departamento tiene selvas y ríos. Si se mantiene el actual criterio poblacional, la brecha entre Amazonas y Antioquia se seguirá ampliando de manera endógena, y a un ritmo exponencial. De forma similar, a los departamentos que están en el litoral Pacífico se les debe asignar recursos porque tienen una riqueza ambiental única en el planeta.

Si los criterios de asignación respetaran las heterogeneidades, los recursos recibidos por Amazonas podrían ser iguales o superiores a los de Antioquia. Una distribución de esta naturaleza reduce las desigualdades geográficas, y potencia las vocaciones funcionales de cada uno de los departamentos.

Este ejercicio de equidad tiene la ventaja adicional, de que contribuye a reducir los niveles de pobreza. La disminución de la pobreza en Amazonas se logrará porque la inversión en proyectos, como la reforestación, tendrá un impacto favorable en el nivel de ingresos de sus habitantes, y en un mejoramiento de la calidad de vida.

La distribución de los recursos en función de la población no se ha traducido en una reducción de las desigualdades. Es necesario, entonces, modificar de manera sustantiva los principios que han determinado las transferencias. La convergencia en la calidad de vida se logrará únicamente cuando Amazonas y Antioquia tengan niveles de inversión similares.

Al replantear el SGP se deberían seguir dos postulados básicos. Por un lado, aceptar que departamentos como el Amazonas no se pueden comparar con Antioquia. Y, por otro lado, cualquier ley propuesta debe eliminar los porcentajes fijos, dejando espacio a la discrecionalidad.

Los departamentos son cualitativamente diferentes, y son incomparables. Este principio también se le debería aplicar a los municipios. Es absurdo que actualmente, en la llamada categoría 6 se agrupen 964 municipios de un total de 1.104.

Jorge Ivan González

Publicado en La República, Bogotá

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Estos días que se está discutiendo en el Congreso el presupuesto para el 2024, es importante diferenciar los alcances del Presupuesto General de la Nación (PGN) de la disponibilidad de los recursos agregados del Estado.

En el plan de desarrollo se incluyen metas globales, que comprenden los logros de todas las instancias del Estado (gobierno central, alcaldías, gobernaciones y empresas públicas).

El cumplimiento de estos objetivos, no se consigue solamente con los recursos del gobierno nacional, así que es indispensable considerar la totalidad de los ingresos disponibles. La diferencia entre el PGN y el total de ingresos es notoria.

En 2024, la suma global de los recursos de inversión es de $223,2 billones. Esta cifra incluye $97,7 billones del PGN, $71 billones del Sistema General de Participaciones (SGP), $14,4 billones del Sistema General de Regalías (SGR), y $40,1 billones de la disponibilidad para inversión de las entidades territoriales (municipios y departamentos).

El examen del balance global tiene ventajas y, al mismo tiempo, plantea retos importantes. Por el lado positivo, muestra que más allá de las restricciones que impone le impone al PGN el considerable aumento del servicio de la deuda, y la transferencia para el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), todavía queda un monto significativo de recursos para la inversión.

En 2024, la suma del servicio de la deuda y del FEPC, puede ser del orden de $38 billones. Con toda razón, esta cifra genera pesimismo, porque restringe el margen fiscal, pero cuando se miran los recursos globales, el panorama es menos negativo, y obliga a reflexionar sobre las posibilidades de gestión del conjunto de la administración pública.

Es indispensable que haya concurrencia de recursos alrededor de proyectos comunes. La mirada del gobierno central no se puede reducir al manejo del PGN. La tarea de los ministros no se limita a ejecutar el presupuesto del PGN. El gobierno central debe buscar la coordinación de sus tareas con los alcaldes y gobernadores.

La concurrencia de recursos tiene que apalancar proyectos estratégicos y ello solamente es posible si hay un diálogo intenso entre la Nación y los gobernantes locales. Sin la gestión armónica entre los diversos niveles de gobierno no es posible que haya convergencia entre las fuentes de recursos.

La concurrencia se debe llevar a cabo juntando fuentes heterogéneas. Quizás el ejemplo más significativo de la asimetría es el que se presenta actualmente con el manejo de las regalías. La falta de coordinación ha sido evidente. 

Sin duda, los gobernadores y los alcaldes son autónomos en la asignación de un porcentaje importante de las regalías. Pero dado que nadie les puede obligar a que destinen estos recursos hacia un objetivo específico, es necesario que haya una coordinación estrecha entre el gobierno nacional y las autoridades locales, de tal forma que todas las fuentes de recursos confluyan hacia el mismo propósito.

Consideraciones similares se podrían hacer sobre la necesaria articulación entre los recursos nacionales y los generados en las ciudades. El malestar por la limitación de recursos se podría reducir si las diversas instancias de decisión compartieran objetivos comunes. El reto es enorme porque es muy difícil la coordinación entre los ministerios y, más compleja aún, la de éstos con los gobiernos locales.
Consideraciones similares se podrían hacer sobre la necesaria articulación entre los recursos nacionales y los generados en las ciudades. El malestar por la limitación de recursos se podría reducir si las diversas instancias de decisión compartieran objetivos comunes. El reto es enorme porque es muy difícil la coordinación entre los ministerios y, más compleja aún, la de éstos con los gobiernos locales.

Publicado en La República, Bogotá.

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Es necesario flexibilizar la regla fiscal. Desde el punto de vista de la teoría económica, el gobierno del presidente Petro se podría calificar como un keynesianismo verde. Esta categorización combina dos dimensiones.

Por un lado, la importancia de la intervención del Estado. Y, por el otro, la relevancia de los temas relacionados con la economía verde. De allí se deriva la aceptación de la incertidumbre, y el reconocimiento de la intertemporalidad cíclica. En ambos temas la visión de la escuela austriaca (Böhm-Bawerk, Mises, Hayek) es muy cercana a la de Keynes.

Este enfoque plantea una lógica de la planeación en donde prima la probabilidad de clase sobre la probabilidad de caso. La primera se centra en principios generales que tienen aceptación casi unánime. Se reconoce, por ejemplo, que la educación mejora la capacidad de los sujetos, además de cualificar su capital humano. Puesto que la educación es importante, el gobierno la debe apoyar. 

La probabilidad de clase se expresa afirmando que si la educación mejora habrá un efecto positivo en el desarrollo del país. Otros ejemplos de probabilidad de clase, podrían expresarse con frases de este tipo: “puesto que habrá terremotos se debe crear un fondo que permita responder de manera expedita a la urgencia”; “puesto que siempre se presentarán accidentes de tránsito, los automóviles y las motos deben adquirir el Soat”; “puesto que la contaminación de los ríos causa enormes daños ambientales, y dado que los costos marginales del tratamiento de agua van creciendo a lo largo del tiempo, es fundamental comenzar el proceso de purificación, actualizando las plantas de tratamiento de aguas residuales (Ptar)”.

A diferencia de la probabilidad de clase, la de caso pretende predecir hechos particulares, como el valor del dólar, o del petróleo en 2040.

Desde una perspectiva keynesiana, que acepta la incertidumbre, el marco fiscal de mediano plazo se debe construir sobre la probabilidad de clase bajo los siguientes principios. 

Primero, reconocer la importancia de la responsabilidad fiscal, entendida como la financiación adecuada del gasto público. El desequilibrio fiscal se debe minimizar, bien sea a través de una reducción del gasto o de un incremento de los ingresos. Se trata, entonces, de reconocer una responsabilidad contracíclica. Aunque esta dimensión no ha sido desvirtuada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), sus alcances se han minimizado con los modelos lineales, que terminan ahogando las particularidades del movimiento cíclico.

Segundo, reconocer, de manera explícita, la incertidumbre en el sentido de Knight. A diferencia del riesgo, la incertidumbre no admite ningún cálculo de probabilidad, porque los eventos son únicos. Si el futuro es desconocido, la prospectiva no debería ser punto a punto, sino que debe proponer rangos. Se trata de aceptar de manera explícita que frente al futuro no sabemos. En lugar de pretender acertar en un valor específico, como el del dólar en 2040, parece más adecuado reflexionar sobre un rango de valores.

El movimiento cíclico le daría más flexibilidad a la política fiscal. y los márgenes permitidos por la regla fiscal serían más expeditos. Los movimientos no lineales llevan, de manera endógena, a una flexibilización de los déficits, así que el desbalance de hoy se expresa en un mayor crecimiento futuro.

Jorge Iván González

Artículo publicado en La República, Bogotá

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