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Jorge Ivan Gonzalez

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El menor valor del dólar –o la apreciación del peso– tiene ventajas y desventajas. No puede afirmarse de manera simplista que una reducción del valor del dólar indica que la economía va bien y que es un signo positivo. En un texto anterior ponía en evidencia la incertidumbre frente al dólar¹. Actualmente, la falta de claridad sobre los conflictos en Irán y Ucrania llevan a que el panorama sea especialmente confuso.

Tendencia del dólar a la baja

Las dos gráficas muestran la evolución del dólar a nivel internacional y con respecto al peso. El índice DXY mide el valor del dólar frente a una canasta de monedas integrada por euro, yen, libra, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. En el último año y medio el índice bajó, así que el dólar se ha debilitado. La otra figura presenta un período más largo, que comienza el primero de enero del 2000 y termina el 15 de julio de 2026. El valor actual del dólar es $3.249, lo que representa una caída significativa con respecto a los $5.058 que fue el precio de comienzos de noviembre del 2022. Esta disminución ha sido sorprendente y completamente inesperada. Hace un año era impensable que el dólar pudiera estar tan barato. El Ministerio de Hacienda², que siempre se equivoca en sus proyecciones, estimó que hoy el dólar estaría en $4.265.

La apreciación del peso frente al dólar es una combinación de factores externos e internos. La política de Trump se ha expresado en una desconfianza frente al dólar, que contrarresta con la mayor demanda de oro, que recientemente elevó su precio a un nivel sin precedentes de US$5.000 la onza troy. Es interesante constatar, además, que la depreciación del dólar se ha presentado a pesar de que las tasas de interés continúan siendo relativamente altas. Actualmente está en 3,5 %-3,75 %.

Aunque el dólar siempre se ha considerado la reserva más segura, este privilegio se ha ido perdiendo y su participación en el abanico de divisas está disminuyendo; ahora representa el 58%, cuando al final de la Segunda Guerra, su participación era superior al 90 %. Esta tendencia a la baja parece irreversible.

A nivel nacional el dólar se ha abaratado porque se han presentado fenómenos especiales, diferentes a las exportaciones usuales. Entre ellos se destacan: (i) El aumento de las tasas de interés de los TES, cercana al 12 %. Para los especuladores internacionales, es atractivo traer dólares a Colombia, cambiarlos por pesos y adquirir TES. (ii) La entrada masiva de remesas, que se acercan a los US14.000 millones, una cifra que supera las exportaciones de petróleo. (iii) La cocaína, que en  2024 generó US$16,5 mil millones³. (iv) La minería ilegal de oro. (v) El mayor endeudamiento externo del gobierno.

Efectos del dólar barato

Los impactos del menor valor del dólar son muy disímiles. Habría que comenzar por desvirtuar la asociación que se suele hacer entre la apreciación de la moneda nacional y el buen comportamiento de la economía. Este es un imaginario sesgado porque únicamente observa los aspectos positivos, que siempre se traslapan con los negativos.

(i) Es bueno el dólar barato porque los productos importados tienen menor precio. Ello favorece el consumo de los hogares y contribuye a la reducción de la inflación. El impacto sobre los precios derivado del aumento exagerado del salario mínimo se ha compensado por la apreciación del peso.

(ii) El crecimiento de las importaciones golpea a los productores nacionales que tienen que reducir su ganancia y disminuir el empleo. La competencia con los bienes importados es muy difícil.

(iii) El crecimiento de las importaciones agudiza el desbalance comercial. El déficit se acentuó a partir de 2014, cuando terminó la bonanza de los hidrocarburos. La situación actual es crítica porque el saldo negativo ha llegado a ‑US$15.204 millones. Y el panorama se complica con la apreciación del peso.

(iv) Los exportadores sufren porque reciben menos ingresos. La coyuntura es muy difícil para los hogares que viven del café, de las flores o de cualquier producto de exportación. También se reduce el turismo a Colombia, puesto que es más barato ir a otros países.

(v) La apreciación del peso es buena para el gobierno y para los particulares que se han endeudado en dólares, porque se les reduce el costo de los créditos. Se requieren menos pesos para responder por las obligaciones contratadas en dólares.

(vi) El balance neto de la apreciación del peso, después de considerar las ventajas y desventajas, no es claro. No se puede precisar el efecto final. De todas formas, es evidente la mayor dependencia de la economía colombiana de los movimientos internacionales de capitales.

El error de las proyecciones

Vale la pena insistir en el error de las proyecciones. La pretensión de conocer el futuro es una falacia. Las predicciones nunca se cumplen. Y es lógico que así suceda porque es imposible predecir el precio del petróleo o el valor del dólar en una fecha futura. A pesar de las reiteradas y constantes equivocaciones de las proyecciones económicas, se insiste en continuar realizándolas. Además de los errores en la estimación del valor del dólar, el ministerio de Hacienda tampoco acertó en el precio del petróleo. En lugar de US$67,2 el barril ‒que fue la predicción‒, este año ha oscilado entre US$90 y US$100.

Estos y otros errores son graves porque la regla y el marco fiscal de mediano plazo se elaboran a partir de proyecciones a 10 años. Las sendas de ajuste propuestas por la regla dependen de estos imaginarios. Se olvida que cada coyuntura está marcada por eventos únicos, que no pueden repetirse y que, por tanto, no admiten ningún cálculo probabilístico. Petro, Putin, Netanyahu, Trump…, son irrepetibles, y su interacción en un momento del tiempo genera procesos completamente inciertos. 

Si se aceptara la incertidumbre, y si se reconociera nuestra incapacidad de adivinar el futuro, se minimizaría el debate sobre la regla fiscal, y en lugar de insistir en normas fijas, se tendría que volver al manejo discrecional. ¡Regresemos a Keynes!

________________________

¹ González. Jorge. (2026). “Un dólar incierto”. Revista Sur, enero 19, 2026.

² Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

³ Tobón, Santiago y Daniel Mejía. (2026). “La participación del productor: El tamaño de la economía de la cocaína en Colombia”.Notas de Política, no. 9. Medellín: Eafit, Valor Público, 

⁴ Hayek, Friedrich von. (1974). “La Pretensión del Conocimiento”, en Los Premios Nobel de Economía 1969-1977. México: Fondo de Cultura Económica, 1978, pp. 245-258.

Jorge Iván González

Publicado en la Revista Sur– Colombia

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Uno de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) es eliminar la pobreza extrema. Esta meta se debe cumplir en 2030. Se trata de “erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema”. En los tres años que faltan, Colombia no logrará este propósito. Esta lucha contra la pobreza ha sido un fracaso.

En Colombia, la línea de pobreza extrema es $236.580 mensuales por persona. Es el valor de una canasta básica de alimentos. Es la frontera entre el hambre y la desnutrición.

No se entiende el optimismo del gobierno nacional y de varios alcaldes con los resultados que acaba de publicar el DANE. De acuerdo con el dato de 2025, en el país hay 4,9 millones de personas en pobreza extrema. Una cifra superior a la observada en 2017, cuando el número era de 4,7 millones. En lugar de disminuir, la pobreza ha aumentado. En un país riquísimo como Colombia, estos resultados son inaceptables.

Desde el siglo XIX los economistas han dicho que es posible acabar con la pobreza, que en el mundo no debería haber ninguna persona con necesidades básicas insatisfechas. Este objetivo, decía Keynes en 1930, se podrá alcanzar en 2030, cuando todos los individuos podrán ejercer su libertad real y podrán vivir “sabia y agradablemente bien”. La sociedad habrá ofrecido las condiciones necesarias para que la persona pueda llevar el tipo de vida que considera valioso. El sueño de Keynes, como el de los ODS de Naciones Unidas, no se cumplirá. En el planeta Tierra abundan los pobres.

Entre 1985 y 2015, en 30 años, China sacó de la pobreza extrema a 800 millones de personas. ¡Es posible lograrlo! La miopía de quienes cantan victoria se explica porque solamente están observando lo que ha sucedido después de la pandemia, cuando los pobres extremos llegaron a 8,4 millones. Es evidente que en estos años la cifra se ha reducido, pero la situación es peor que en 2017 y es inaceptable frente a los compromisos de los ODS. Sin duda, en la pandemia la situación era peor, pero los avances logrados todavía son modestos. Una de las dificultades que se han presentado, y que no permiten avanzar más rápido, es la falta de coordinación entre la Nación y los gobiernos de las ciudades y de los departamentos. Los gobiernos locales tienen un papel muy importante en la lucha contra la pobreza.

Preocupan, además, las brechas tan escandalosas que existen entre las ciudades. En el conjunto del país la incidencia de la pobreza extrema es de 9,6%. En las áreas urbanas es de 6,9 %. Y en las zonas rurales es de 19,1 %. La mejor ciudad es Manizales, con una incidencia de 2,5 %, y la peor es Quibdó, con 32,5 %. Habría que explicar por qué razón, en una región riquísima como el litoral Pacífico, el ingreso de la tercera parte de la población está por debajo de la línea de pobreza. Esta es la expresión de una falla estructural en el modelo de desarrollo. No se ha logrado convertir la riqueza en bienestar para la mayoría de la población.

El fracaso nacional es doble. Por un lado, la pobreza extrema se mantiene y, en el mediano plazo, no baja. Y, por el otro, no se dan pasos que efectivamente permitan reducir las brechas. Las diferencias continúan incrementándose.

El primer paso para transformar la situación actual es reconocer que el país va mal. No tiene sentido cantar victoria. El paso siguiente es aceptar que la eliminación de la pobreza es una meta alcanzable. Y mucho más en un país rico como Colombia.

Jorge Iván González

Junio, 2026

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El Gobierno deja una situación fiscal complicada. Entre otras razones, porque la disciplina de los dos primeros años se perdió. 

La política económica de este gobierno fue errada. Con el paso de los meses se fue perdiendo el rumbo. En el último año (marzo de 2006 comparado con marzo de 2025) la economía creció 2,2 %. Entre 2023 y 2026, el PIB, que corresponde al período de Petro, la actividad económica aumentó en promedio año 1,8 %. Este ritmo es bajo, si se compara con el período anterior a la pandemia, entre 2000 y 2019, cuando el crecimiento promedio fue de 3,9 %. 

Para tener otro punto de referencia, en 2025 el crecimiento de los países de América Latina y el Caribe fue de 2,4 %. El Gobierno deja una situación fiscal complicada. Entre otras razones, porque la disciplina de los dos primeros años se perdió. Los enemigos del Gobierno dijeron que durante Petro la economía caería en situaciones similares a las de Venezuela o Cuba. Nada de esto sucedió. No se nacionalizó ninguna empresa privada y, a pesar de las discusiones permanentes de Petro con los empresarios y los gremios, la actividad económica fue resiliente. No se presentó la catástrofe que se había anunciado. 

El Gobierno se equivocó en el manejo de dos sectores estratégicos: el energético y el de la salud. No entendió que la transición energética tiene que ser progresiva. Se le ha hecho un enorme daño a Ecopetrol, sobre todo después del anuncio de suspender la exploración. Se ha olvidado que el 60 % de las exportaciones depende de la minería y los hidrocarburos. Sin duda, esta composición de las exportaciones se tiene que ir modificando, pero de manera progresiva. Es necesario irles dando mayor espacio a la manufactura y a la agroindustria, que han ido perdiendo importancia. La participación del sector manufacturero en el PIB disminuyó del 17,8 % entre 1975 y 1986 al 11,3 % entre 2016 y 2022. Para corregir esta tendencia se aprobó el Conpes 4129 de 2023, de reindustrialización. 

A pesar de sus bondades intrínsecas, el Gobierno no le ha prestado atención. Para avanzar hacia la economía limpia, la dependencia del petróleo se debe ir reduciendo lentamente. Las fuentes de energía diferentes al carbón y al petróleo se han rezagado, y el sector se encuentra en una situación crítica. El gran aporte del Gobierno Petro ha sido el nuevo lenguaje asociado al cambio climático y a su comprensión del desarrollo económico desde la perspectiva de una economía verde e incluyente. Al centrar la atención en la geografía, modificó de manera sustantiva la óptica de análisis convencional. 

Por primera vez, la política económica y el desarrollo se han concebido teniendo a la geografía como eje central. De acuerdo con el diagnóstico del plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, el principal problema del país es el ordenamiento del territorio. En esta materia existe un caos que todavía no se ha corregido. El Plan es una alternativa de desarrollo de mediano plazo. No obstante sus bondades intrínsecas, sorprende que el presidente no le haya prestado la más mínima atención. 

Desde una mirada intersectorial, en el Plan se proponen instrumentos de acción que permiten avanzar hacia cambios estructurales. Se destacan tres. Primero, el catastro multipropósito que viene avanzando de manera adecuada con una cobertura del 44,5 % del área. El punto de partida al comenzar el gobierno era 9,4 %. Segundo, el registro universal de ingresos (RUI), que busca tener una escala continua del ingreso anual de todos los hogares, con el fin de poder diferenciar a quienes deben ser beneficiarios de subsidios de los contribuyentes al impuesto de renta. 

Cuando el RUI esté funcionando, se podrán eliminar los estratos, el Sisbén y otros formularios, como el de Familias en Acción. El RUI favorece la equidad y mejora la eficiencia del gasto porque evita que reciban subsidios quienes no los necesitan. Y, tercero, el presupuesto por programa, que ordena el presupuesto alrededor de proyectos estratégicos de impacto regional. 

Es un mecanismo adecuado para que haya concurrencia de recursos y no se dispersen en multitud de pequeños proyectos. La paz total ha fracasado, pero continuará siendo un objetivo prioritario. Aunque se ha ido avanzando hacia negociaciones parciales, los grupos armados siguen creciendo y su control del territorio ha aumentado.

Jorge Iván González

Junio, 2026

Publicado en Revista Semana- Colombia.

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En el último año (marzo 2006 comparado con marzo 2025) la economía creció 2,2 %, una cifra cercana al promedio de los países de América Latina y el Caribe, que en el 2025 crecieron 2,4 %.

Estos datos son mediocres. En Colombia, entre 2000 y 2019, antes de la pandemia, el crecimiento promedio del PIB fue de 3,9 %. Entre 2022 y lo corrido del 2026 el promedio ha sido de 2,9 %.

Se podría decir que la economía ha sido resiliente porque ha tenido que enfrentar los siguientes choques complicados: (i) la crisis energética, (ii) la situación fiscal y el peso de la deuda, (iii) la ineficiencia en el manejo del gasto y (iv) las tensiones entre el gobierno y el sector privado.

Las manifestaciones de la crisis energética son diversas. La más significativa es la agudización del déficit de la balanza comercial. En 2011, en plena bonanza petrolera, el superávit comercial fue de USD5.358 millones. Al terminar 2025 fue negativo en ‑USD15.204 millones. La exploración petrolera se frenó y actualmente la producción no supera los 750.000 barriles diarios. La financiación de la transición energética y la estabilidad de la balanza de pagos exige incrementar la producción hasta llevarla a un millón de barriles día.

El déficit de la balanza comercial muestra claramente que la economía tiene una fragilidad estructural. El país es importador y esta dependencia de los productos extranjeros termina reflejándose en un menor crecimiento del PIB. La situación se ha agravado en los últimes meses porque el peso se ha apreciado y el dólar ha bajado de precio. Si el dólar es barato las importaciones se aceleran y esta dinámica perjudica a la industria nacional.

La difícil situación fiscal del gobierno nacional se está reflejando en aumentos sustantivos de la deuda pública. De acuerdo con los últimos cálculos del Ministerio de Hacienda para 2026 se requieren desembolsos de créditos por valor de $128,4 billones¹. El pago de intereses, sin amortización a capital, este año será de $60,7 billones, que reducen la disponibilidad de recursos para la inversión. Esta situación incide de forma negativa en la economía, puesto que por cada peso de inversión del sector público se generan cuatro de inversión privada.

Es interesante observar que este año el mayor gasto público, que es una de las razones del incremento de la deuda, fue el componente más importante del aumento del PIB. Los sectores que más crecieron el último año fueron: administración pública, defensa, educación y salud [5,7 %]; actividades artísticas, de entretenimiento y servicios [3,2 %]; comercio [2,9 %]; manufactura [2,9 %].

Sin duda, el sector público juega un papel central en el impulso de la economía. El problema es que aumentos excesivos del gasto desequilibran las finanzas. Este año el gasto total del gobierno nacional será de 24,3 % del PIB, y el déficit fiscal de ‑ 6,2 % del PIB.

Por un lado, el mayor gasto público estimula el PIB pero, por el otro, al financiarse con deuda, reduce el margen de inversión, obstaculizando el crecimiento económico. El balance neto de estas dos tendencias contradictorias es complejo, y lleva a consideraciones de muy diverso tipo. Es un buen escenario para el enfrentamiento entre escuelas económicas. De todas maneras, las soluciones discrecionales tienen que ser responsables, evaluando de la mejor manera posible las interacciones que se presentan en uno u otro sentido.

Algunos analistas, y sobre todo el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), insiste en que el gasto público se tiene que reducir en $32,1 billones². Este escenario no es realista. En lugar de disminuirlo se tienen que crear condiciones para mejorar la eficiencia del gasto.

El manejo del Estado es inercial y paquidérmico. En 2026 la ejecución ha sido pésima. En marzo iba en 16,9 % (pagos/apropiaciones)³, cuando debería estar en 25 %. El Ministerio de Agricultura apenas había ejecutado 8,8 %.

Después de la administración pública, el siguiente sector es el de actividades artísticas y de entretenimiento, que creció 3,2 %. En los últimos años se ha ido potenciando, y el país ha ido ganando experiencia y desarrollando industrias importantes. El comercio y la manufactura crecieron 2,9 %. La actividad industrial todavía no logra ocupar el papel relevante que debería tener en el desarrollo económico.

Por el lado negativo, la construcción cayó ‑5,4 %. La política de vivienda del gobierno ha sido muy negativa y se ha olvidado que el sector de la construcción tiene escalonamientos hacia delante (carpintería, pintura, instalaciones sanitarias y cocina…) y hacia atrás (arena, cemento, piedra, metalurgia…). Su efecto multiplicador es significativo.

El sector agrícola también decreció en ‑1,4 %. La libra de café en Nueva York se está cotizando a USD 2,79, y hace un año estaba USD 4. A esta caída del precio se le tiene que agregar el menor valor del dólar. Ambos factores tienen una incidencia negativa en el ingreso de los hogares cafeteros. Preocupa, además, la baja ejecución del Ministerio de Agricultura.

El presidente Petro no ha facilitado el diálogo con el sector privado. No obstante esta desconfianza, la actividad empresarial se ha mantenido. Es imposible estimar el contrafactual, o lo que hubiera pasado con el PIB si las relaciones con el ejecutivo hubieran sido mejores.

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¹ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). Actualización Plan Financiero 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

² Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). (2026). Pronunciamiento 19. El Escenario Fiscal del 2026 Está Expuesto a Presiones de Gasto que Dificultarían el Retorno a la Regla Fiscal. Bogotá: Carf.

³ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2026). Ejecución acumulada de los Ingresos y Gastos PGN, a marzo 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

Jorge Ivan González

Mayo, 2026

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En su último libro, Cecilia López se pregunta si el gobierno de Petro apenas es una pausa. Y concluye que, lejos de ser una pausa, ha dejado huella. 

Sus dos grandes mensajes son la denuncia de la desigualdad y la preocupación por el cambio climático. Considera López que ambas preocupaciones se constituyen en una tarea indispensable para los próximos gobiernos, independientemente de su perfil ideológico.

La lucha contra la desigualdad está íntimamente ligada a la reducción de la pobreza y a la inclusión social. En palabras de López, “…meta cumplida, presidente. Hoy aquellos que nunca tuvieron voz la tendrán cada vez más”. De diversas maneras y en procesos confusos, los “nadie” ganaron un espacio, que está respaldado por una consolidación política de la izquierda.

Dice López: “…una realidad que aún no se dimensiona del todo en Colombia es lo que significa darle voz a quienes no la tenían”. Este hecho no se puede minimizar. Y, continúa, “… quienes manejen la agenda futura de Colombia tendrán que actuar frente a la desigualdad”. Este reto es mayúsculo. La reducción de las enormes brechas que existen en el país debería ser una prioridad de los próximos gobiernos.

A pesar de los esfuerzos realizados durante esta administración, como la reforma tributaria progresiva de Ocampo, el Gini no se mueve. Entre 2023 y 2024 pasó de 0,553 a 0,551. Junto a la concentración de los ingresos debe tenerse presente la creciente desigualdad de la riqueza. En el sector agropecuario la concentración es significativa, con un Gini cercano a 0,9. Desgraciadamente, este gobierno no ha realizado una reforma rural integral. Dice López que “…ahora la Reforma Agraria se limita solo a entregar tierras”. Y, además, “…el manejo de los datos sobre tierras es vergonzoso”. En estas condiciones no será posible cerrar las brechas. En 1994, hace más de tres décadas, López propuso su ambicioso plan de desarrollo Para cerrar la brecha. Los avances han sido mínimos, pero después de Petro los gobiernos no tendrán disculpa, porque los “nadie” los obligarán a actuar.

Es inaceptable que el país continúe con elevados niveles de desigualdad y que, además, la incidencia de la pobreza monetaria se mantenga en porcentajes cercanos a 30 %. Los logros obtenidos en la lucha contra la pobreza no permiten ser optimistas. Hace 10 años, en 2014, había 16,4 millones de pobres. En 2024, que es el último dato del Dane, el número de pobres es 16,2 millones. La reducción apenas ha sido de 200.000 personas. Es uno más de nuestros fracasos colectivos.

Además de la desigualdad y la inclusión, el otro tema relevante es el del cambio climático. El asunto de la geografía, expresado en el ordenamiento del territorio, es el eje del Plan de Desarrollo. A pesar de que se diseñó el camino, Petro no entendió que la transición energética y los cambios estructurales que necesita el país solo son posibles si el presidente actúa como estadista y no se convierte en caudillo.

Para López, los cambios de Petro han sido significativos. Fue socialdemócrata y trató de gobernar los primeros ocho meses. El momento en que saca a siete ministros y desconoce la importancia de la tecnocracia “marca el destape del presidente de izquierda”. La tercera fase es la del “populista de izquierda”. Y la última, la de ahora, es la etapa del “caudillo”. En vista de las dificultades evidentes que tiene la administración del Estado, Petro ha tenido un enorme éxito político al hacer la mutación de gobernante a candidato.

Jorge Iván González  

Publicado en LA REPÚBLICA, Colombia

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Sin duda, el gobierno central atraviesa por una situación fiscal compleja, pero al mismo tiempo se observa un pésimo manejo del gasto.

La mayoría de los análisis de la situación de las finanzas públicas tiene dos características. Por un lado, centra la atención en los balances contables del gobierno central y, por el otro, reitera sin mayor explicación, que el problema se resuelve disminuyendo el gasto de manera abrupta.

Es importante examinar el comportamiento del gasto y no solamente su monto. El funcionamiento de la administración pública es ineficiente. Petro ha cometido el grave error de desconocer la complejidad inherente al manejo del Estado. Piensa que un activista sin ninguna formación es más confiable que un técnico con experiencia. Al establecer la identidad entre tecnócrata y neoliberal, le ha hecho un daño estructural a la administración pública.

Una de las pruebas más inquietantes de este desprecio por la complejidad del manejo de lo público son los bajos niveles de ejecución. De acuerdo con la información del Ministerio de Hacienda, en marzo de 2026, la relación entre pagos y apropiaciones era de 16,9 %. En condiciones ideales debería ser del 25 %. Ello significa que en el primer trimestre se han dejado de ejecutar $36 billones.

El Ministerio de Minas y Energía tiene una buena ejecución de 24,7 %, pero preocupa el bajo nivel de gasto del Ministerio de Agricultura, que ha sido priorizado por el gobierno y no logra articular proyectos estratégicos con una perspectiva de largo plazo. Su nivel de ejecución apenas es de 8,8 %. Además, sus recursos han ido disminuyendo, en gran parte por la mala ejecución. Dada la relevancia que tiene el sector, en 2024 tuvo un presupuesto de $8,1 billones. Debido a los problemas que ha tenido con la ejecución, en 2026 se le bajó a $4 billones. Y aun así no logra mejorar los niveles de gasto.

El tema es relevante porque para combatir la minería ilegal y la coca se requiere que haya proyectos ambiciosos de desarrollo agroindustrial. Las regiones que más los necesitan son Bajo Calima, Cañón de Micay y Catatumbo, pero por ningún lado se observa este tipo de proyectos, que tienen que articular inversión privada y pública. Los recursos se siguen desperdiciando en pequeñas inversiones, sin considerar la relevancia del desarrollo regional. En estas circunstancias es imposible competir con el oro, que ha alcanzado precios exorbitantes, cercanos a US$5.000 la onza.

En el análisis de la situación fiscal del país es importante examinar el lado del gasto y, sobre todo, su nivel de eficiencia. Los candidatos insisten en la lucha contra la corrupción, pero no hablan suficientemente del combate a la ineficiencia y la dispersión de recursos.

Es difícil entender la paradoja. Por un lado, el Ministerio de Hacienda tiene problemas de caja, que están demorando pagos. Varios sectores, empezando por la salud, están en una situación crítica, pero, al mismo tiempo, los funcionarios no son capaces de ejecutar de manera eficiente los recursos que se les asignan. Es conveniente repasar los textos de Weber sobre las condiciones que tiene que cumplir la burocracia para que sea eficiente. No puede denigrarse de la buena burocracia. En determinadas áreas, el burócrata eficiente tiene que ser un excelente tecnócrata. El Estado colombiano es suficientemente complejo para pretender que lo puedan administrar activistas sin ninguna experiencia en el quehacer público.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá, Colombia

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Emergencia invernal y angustia fiscal

La emergencia económica, social y ecológica que se presentó en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, llevó al gobierno a sacar varios decretos¹.

Aunque los hechos son sobrevinientes, las normas tributarias exceden los alcances de la emergencia y reflejan las urgencias fiscales del gobierno. Las dificultades de caja son evidentes, y en medio de la crisis, se opta por fijar impuestos desordenados que no responden a una estrategia financiera clara.

El aumento del saldo de la deuda

La tendencia del saldo de la deuda neta del Gobierno Nacional Central (GNC), como porcentaje del PIB, ha aumentado de manera sistemática. En 2012 era 33,2 % y la estimación para 2026² es de 58,7%. Este crecimiento es significativo, y para cumplir con estas obligaciones, este año el servicio de la deuda estará alrededor de los $103 billones, que incluye intereses y amortización del capital. Solamente en intereses se deberán pagar $60 billones.

El gasto no se puede reducir

Frente a esta situación, prevalecen las advertencias de numerosos comentaristas pidiéndole al gobierno que reduzca el gasto. En esta línea de argumentación se destaca la opinión del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf)³. Dicha recomendación no se puede cumplir porque las necesidades son evidentes. El servicio de la deuda tiene que pagarse y, además, son notorias las urgencias en sectores como defensa, educación y salud.

En el panorama internacional también se observa una tendencia ascendente del gasto. Como los países continúan siendo reacios a aumentar la tributación con criterios progresivos, los saldos de la deuda pública continúan creciendo. En Japón, por ejemplo, la deuda pública es 240% del PIB. El endeudamiento de los gobiernos sigue creciendo en la mayoría de los países.

Los problemas fiscales son estructurales

El debilitamiento de la situación fiscal del país es un asunto de naturaleza estructural y no se resuelve con decretos que buscan responder a las angustias inmediatas, sin ninguna mirada de mediano y largo plazo.

La poca disponibilidad de caja del gobierno es una buena expresión de la crisis. Actualmente la disponibilidad de caja es de apenas $6,6 billones, que es un nivel muy bajo. Para tener un punto de referencia, en 2019 la cifra era de $28,2 billones.

Frente a esta situación, la emergencia invernal se presenta como una excelente oportunidad para tratar de resolver, así sea parcialmente, problemas financieros de carácter estructural.

Los decretos que aumentan impuestos

Entre los numerosos decretos emitidos a raíz de la emergencia invernal, se destacan los tributarios. El decreto 0173 introduce una discusión relevante. Muestra que, en el caso de las personas jurídicas, a medida que aumenta el patrimonio líquido va disminuyendo la tarifa efectiva. Los patrimonios más altos no pagan la tarifa nominal de 35%. A duras penas su tarifa efectiva llega a 25%.

A partir de esta constatación, el gobierno considera que el dinero necesario para responder a la ola invernal tiene que salir de las personas jurídicas de mayores ingresos. Y en función del patrimonio líquido se determinan, para la vigencia 2026, tarifas de 0,5% y de 1,6%, que cubren a entidades nacionales y extrajeras. El pago deben hacerlo empresas e instituciones con un patrimonio superior a $10,5 miles de millones de pesos. Además, para aprovechar la coyuntura invernal, se establece un impuesto a los juegos de azar de 16% de los ingresos brutos. También se fija un impuesto temporal de normalización tributaria de 19%. Con estas medidas se espera recoger por lo menos $8,3 billones, que es el costo de las obras de recuperación más urgentes.

Entre todos los afectados por los mayores impuestos se destacan las universidades privadas, que consideran el tributo como un ataque a la educación y que las golpea en un momento de fragilidad financiera, dada la caída de las matrículas.

Tributos aislados

Estos decretos tienen implicaciones importantes para las empresas e instituciones privadas. Desgraciadamente el debate sobre su bondad queda ahogado en una falta de un enfoque estructural. La improvisación es una clara muestra del desespero fiscal.

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¹ Los decretos más relevantes desde el punto de vista económico son:

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. (2026). Decreto 150. Por el Cual Se Declara el Estado de Emergencia Económica y Social en Parte del Territorio Nacional. Bogotá: Presidencia de la República.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (2026). Decreto 0173. Por el Cual Se Adoptan Medidas Tributarias en Materia de Impuesto al Patrimonio con el Fin de Atender los Gastos del Presupuesto General de la Nación Necesarios para Hacer Frente al Estado de Emergencia Declarado Mediante el Decreto Legislativo 0150 de 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (2026). Decreto 0240. Por el Cual Se Adoptan Medidas Tributarias Adicionales Destinadas a Atender los Gastos del Presupuesto General de la Nación Necesarios para Hacer Frente al Estado de Emergencia Declarado Mediante el Decreto Legislativo 0150 del 11 de febrero de 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. (2026). Decreto 0175. Por el Cual Se Adoptan Medidas Extraordinarias para el Financiamiento, Crédito y Alivio de Pasivos, y Se Dictan otras Disposiciones para la Reactivación del Sector Agropecuario y de Desarrollo Rural en el Marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica Declarada Mediante el Decreto 0150 de 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

² MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. (2026). Actualización Plan Financiero 2026. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

³ COMITÉ AUTÓNOMO DE LA REGLA FISCAL. (2026). Pronunciamiento 19. El Escenario Fiscal del 2026 Está Expuesto a Presiones de Gasto que Dificultarían el Retorno a la Regla Fiscal. Bogotá: Carf.

Jorge Iván González

Publicado en la revista SUR

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En 1893, Adolph Wagner afirmó que el gasto público como porcentaje del PIB siempre crece. Esta afirmación se ha convertido en una “ley”. Efectivamente, en el panorama internacional es claro que el gasto público continúa subiendo. 

De acuerdo con las estimaciones del Banco de Pagos Internacionales, en las economías avanzadas el saldo de la deuda pública con respecto al PIB podría llegar en 2030 a 110 %, y a 210 % en 2050. Actualmente, en Japón es de 240 % del PIB. En Colombia, en 2012 la relación era 33,2 %, y la estimación para 2026 es de 58,7 %. La regla fiscal que se creó en 2012 no se ha traducido en una reducción del saldo de la deuda.

Es importante traer a colación las ideas de Wagner porque, en medio de la actual crisis fiscal, la opinión generalizada ha sido la de reducir el gasto. La posición más taxativa ha sido la del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que propone recortar el gasto en $32 billones. Esta disminución no es realista. Es ingenuo pretender que el gasto público pueda reducirse en un monto tan significativo. En lugar de insistir en reducciones imposibles del gasto, deben buscarse otras alternativas. Hay tres caminos.

El primero tiene que ver con la tributación internacional. Oxfam ha reiterado la importancia de frenar la acumulación de los super super super ricos, y retoma la propuesta de la filósofa Ingrid Robeyns, quien considera que debe existir un límite a la riqueza extrema, que podría estar en US$10 millones. Oxfam considera que los paraísos fiscales deben eliminarse. En esta misma línea, Thomas Piketty ha propuesto una tributación internacional a las grandes multinacionales. También ha ido ganando espacio la discusión sobre las bondades de los impuestos globales al carbono. Sigue vigente la idea de James Tobin de establecer un impuesto a las transacciones internacionales, con dos propósitos: por un lado, frenar la especulación financiera y, por el otro, obtener recursos para propósitos que la sociedad juzgue valiosos. Colombia debe participar en estos debates y exigir que se avance en las diversas modalidades de tributación internacional.

El segundo camino debe ser una reforma tributaria territorial. Las reformas realizadas en el país se centran exclusivamente en los recursos de la Nación. Esta forma de proceder ha sido errónea. No se debería continuar realizando acuerdos fiscales que solamente incluyan las necesidades del gobierno central. Son claras las interacciones entre los diferentes niveles del gobierno. El contribuyente tiene que responder simultáneamente a las demandas tributarias de la Nación, los municipios y los departamentos. En las discusiones fiscales se ha minimizado el papel que pueden cumplir los impuestos al suelo y a las diversas modalidades de plusvalías urbanas.

La tercera alternativa es el manejo eficiente del gasto. Desde hace por lo menos 20 años se ha dicho que el presupuesto por programa es importante. A pesar de que la idea se repite una y otra vez, no se pone en práctica. El plan de desarrollo da un paso importante porque incluye un artículo exigiendo el presupuesto por programa. Y, no obstante la disposición normativa, la metodología presupuestal no se cambia. Una clara muestra de ineficiencia es el manejo de las regalías. Basta un dato. En 2023 se aprobaron 3.200 proyectos por un valor promedio de $3.000 millones. Se trata de “proyecticos” que no alcanzan a tener ningún impacto estratégico. Esta dispersión es inaceptable.

Jorge Ivan González

Abril, 2026

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Para la economía colombiana los mercados de Ecuador y Venezuela son fundamentales. La pelea arancelaria con Ecuador es perjudicial para ambos países. Y después de la salida de Maduro hay optimismo entre los empresarios por el muy probable aumento del comercio binacional¹.

La balanza global

La balanza comercial del país pone en evidencia la excesiva dependencia de los hidrocarburos y de los minerales. Los años de superávit se explican, fundamentalmente, por la bonanza petrolera. Una vez que caen los precios en el mercado internacional, el déficit se acentúa a partir de 2014.

La situación actual es preocupante porque el desbalance ha llegado a ‑ US15.204 millones. Una y otra vez se ha insistido en que la economía extractivista no puede continuar². Estas declaraciones de buena voluntad no han tenido resultados porque no se ha aceptado que, así sea paradójico, la dependencia de los hidrocarburos disminuye si los excedentes petroleros aumentan. Puesto que las finanzas públicas continúan siendo muy sensibles a los movimientos de los precios del petróleo, el gobierno cometió un grave error al frenar la exploración. El camino adecuado habría sido aumentar la producción de petróleo, llevándola a un millón de barriles/día, con el fin de tener recursos para avanzar más rápido hacia una economía más limpia. Es evidente que en el mercado internacional el petróleo que no produzca Colombia lo ofrecerán Venezuela o la Guyana³.

Las balanzas con Venezuela y Ecuador

En general, la balanza comercial con Venezuela ha sido positiva. El mayor superávit se presentó en el 2008 con US 4.930 millones. Ahora es de US 868 millones. Aunque este nivel es lejano al óptimo, en los últimos años ha ido mejorando el superávit comercial, porque durante este gobierno se han buscado los mecanismos para aumentar las exportaciones. La administración Duque enfrió de manera significativa la relación con Venezuela.

Los empresarios colombianos y venezolanos son optimistas, y consideran que actualmente existen condiciones para mejorar los intercambios comerciales. Es muy probable que el superávit comience a crecer de manera más acelerada. Para la industria colombiana el mercado de Venezuela es prioritario y, en general, consideran que el ambiente para los negocios puede continuar mejorando.

La balanza con Ecuador ha sido volátil, pero presenta una tendencia claramente ascendente. El superávit en 2025 fue de US 921 millones. La disputa arancelaria no resuelve los problemas que existen entre los dos países y, en cambio, se traduce en una pérdida de la capacidad de pago de los hogares de ambas naciones⁴.

Añorando a la Cepal

En el primer período (1960-1990), la tasa de crecimiento (4,48 %) fue muy superior a la del segundo período (1991-2016) (3,35 %), de apertura. Es clarísima la diferencia entre las dinámicas de las exportaciones y de las importaciones.

La diferencia entre los dos períodos se explica, entre otras razones, porque la política económica responde a dos concepciones muy diferentes. En el primer período es clara la relevancia de la integración regional y de la mirada keynesiana. Es claro que las visiones estructuralistas tuvieron mucho que ver en el éxito relativo observado durante el primer período. La Cepal siempre se preocupó por consolidar las interacciones entre los países de la región.

Si la balanza comercial con Venezuela y Ecuador es positiva, debería volverse a plantear la necesidad de que haya una política regional que permita potenciar las complementariedades entre los tres países andinos.

_______________

¹ Este artículo concreta algunas de las ideas expresadas en González, Jorge (2026) “Más Allá de la Guerra de los Aranceles”, Revista Sur, febrero 16. https://www.sur.org.co/mas-alla-de-la-guerra-de-los-aranceles/

² Santana, Pedro, coord. (2022). Agenda de Transición Democrática: Otra Colombia Es Posible Bogotá: Corporación Latinoamericana Sur, Fundación Heinrich Böll.

³ Es importante reiterar la conclusión: “La tensión entre el proteccionismo y el libre mercado continuará. Pero más allá del debate sobre los aranceles, el asunto preocupante para Colombia es el déficit estructural de la balanza comercial que en el 2025 fue de ‑US15.204 millones”. González, Jorge, o.c.

⁴ Sáenz, Jorge, Germán Sánchez y González, Jorge. (2021). “Las Restricciones de la Balanza de Pagos en el Crecimiento Colombiano (1960-2016). Examen de la Ley de Thirlwall”, en Restrepo, Carlos, Edna Sastoque e Isidro Hernández (comp.). (2021). Proceso de Industrialización en Colombia. Desempeño y Condiciones Institucionales. Bogotá: Universidad Externado, pp. 23-46. 

Jorge Iván González

Publicado en la revista SUR

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El exdirector del DNP, quien renunció a su cargo por profundas diferencias con el presidente Petro, habló de la constituyente y cuestionó la actitud del jefe de Estado con los equipos técnicos del sector económico, no sin antes declararse fanático de las intenciones de su programa de gobierno.

Por: Ana María Cuesta

El exdirector del Departamento Nacional de Planeación -DNP-, Jorge Iván González, quien hizo parte del equipo económico de la campaña de Gustavo Petro y renunció a su cargo en el DNP, en febrero de 2024, tras profundas diferencias con el jefe de Estado, cuestionó en un foro convocado por CAMBIO varias determinaciones del gobierno del que se desvinculó, aclarando antes que tiene en su corazón a su antiguo jefe.

“Yo soy petrista de corazón, en el plan de desarrollo (…) Carlos (Carrillo) dice, yo soy gobierno, entonces yo me hago la pregunta, ¿qué vengo siendo yo? Y digo: ‘un convencido del ideal del programa de Gobierno’. Creo que es una maravilla haber puesto el tema de la geografía, ‘Colombia potencia mundial de la vida’, en el primer lugar. Creo que eso es una maravilla y en ese sentido yo soy profundamente petrista, en el sentido de esa idea social demócrata que creo que este gobierno insistió en recuperar. Pero ¿qué pasa? Yo no entiendo primero por qué el plan de desarrollo no se convirtió en la guía del gobierno”, expresó González.

Durante el foro, ‘Estados de Excepción y Separación de Poderes’, convocado por CAMBIO, el filósofo y economista cuestionó con vehemencia varias de las banderas del gobierno que dejó, a principios de 2024, como la convocatoria para una constituyente y los cuestionamientos del presidente Petro por los equipos técnicos.

“Ya que estamos hablando de constituyente, yo digo, y en esto con Amilkar (Acosta) hemos hablado toda la vida, se aprueba el Acto Legislativo 03 del 2024 y el Gobierno deja pasar un año sin haber utilizado esa maravilla que le propone el acto legislativo: cerremos las brechas económicas territoriales y sectoriales. ¿Pero cómo es que deja pasar un año, e implementa la ley de competencias en el último segundo?”, manifestó González.

“En lugar de discutir si constituyente o no, por qué no hacemos una ley de competencias donde la geografía importe y donde estos temas de competencia se comiencen a mirar desde otras perspectivas”, señaló González.

El exdirector del DNP coincidió con varias de las críticas que hizo la presidenta del Consejo Gremial, Natalia Gutiérrez, sobre la actitud que ha tomado el presidente atacando a diversas instancias técnicas como la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas. 

“Natalia, yo estoy de acuerdo en el desprecio por al técnica. En esa descripción que hace el presidente de tecnocracia con neoliberalismo no estoy de acuerdo. El desprecio por la técnica de Hacienda, el desprecio por la técnica en la CREG, en Planeación Nacional; creo que ese es un daño profundo que se le ha hecho al país”, expresó González.

“Esa identificación de tecnocracia con neoliberalismo nunca la entendí. Entonces, yo digo, ese gran mensaje del presidente, ¿por qué no se logra concretar? ¿Por qué ese desprecio del presidente por los equipos que se han conformado durante años?, remató el exfuncionario.

Publicado en Revista CAMBIO, Colombia

5 Marzo, 2026

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Invitados para ayudarnos a entender la realidad de la economía Colombiana en estos momentos delicados de una contienda electoral, nuestros compañeros, especialistas en el tema de gran reconocimiento nacional, nos ofrecieron una perspectiva muy clara y profunda de los desafíos que enfrenta la economía de nuestro país. La compartimos muy orgullosos con nuestro lectores con la esperanza de contribuír en aclarar conceptos y realidades para buscar candidatos que reflejen los objetivos de dar solución a estos asuntos clave de nuestra democracia.

Haz click aquí para apreciar la tertulia : https://youtu.be/wg8OVWpNoSk

Exjesuitas en tertulia- Sesión # 279- 26 de Febrero de 2026.

Resumen: En esta tertulia, Mauricio Cabrera y Jorge Iván González presentaron un análisis detallado sobre los principales desafíos económicos de Colombia, enfocándose en dos temas: Las finanzas públicas y la vulnerabilidad externa. Mauricio explicó que la economía colombiana ha experimentado una desaceleración en el crecimiento del PIB, con un aumento del déficit comercial que alcanzó $16.377 millones en 2025, mientras que las importaciones crecieron significativamente sin una correspondiente expansión de las exportaciones. Presentó tres posibles estrategias de ajuste: una recesión costosa, una apertura mayor que considera ilusoria, y un enfoque de sustitución de importaciones que incluye políticas industriales, reducción del costo país y una tasa de cambio competitiva. Jorge Iván complementó la presentación discutiendo el problema fiscal, destacando cómo el saldo de deuda pública aumentó del 33% al 61% del PIB entre 2012 y 2025, con un servicio de deuda que se convirtió en el rubro más importante del presupuesto nacional. Ambos especialistas concluyeron que estos desafíos económicos requieren atención urgente del próximo gobierno independientemente de su orientación ideológica.

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El gobierno revive el debate sobre las inversiones forzosas como respuesta a la emergencia invernal y como herramienta para abaratar el crédito, en un contexto marcado por un aumento excepcional del salario mínimo y señales de desorden en la política económica.

El shock del salario mínimo

Después del aumento excesivo del salario mínimo, la junta directiva del Banco de la República reaccionó como era previsible, y la tasa de interés de referencia, o la tasa de política monetaria, pasó de 9,25 % año a 10,25 %. 

Ya se sabía que las expectativas inflacionarias creadas por el alza del salario mínimo serían contrarrestadas por el banco central con mayores tasas de interés. Este resultado era obvio, así que la causa inmediata del mayor costo del crédito fue el aumento del mínimo.

De manera desesperada para tratar de corregir este daño, el gobierno actúa dando bandazos. Y ahora pretende con las inversiones forzosas corregir un daño que él mismo causó.

Los hechos están mostrando que el alza desproporcionada del salario mínimo está desestabilizando la economía. En los últimos 25 años, el mínimo había subido, en promedio, 2,4 puntos por encima de la inflación. El decreto de diciembre lo aumentó 17,9 puntos. No se requieren ejercicios econométricos sofisticados para concluir que semejante cambio desencadena procesos perversos. 

En uno de sus textos más brillantes, Marshall recordaba que en los análisis económicos básicos, el sentido común permite llegar a conclusiones razonables, y es más útil que los ejercicios sofisticados derivados de la aplicación a las ciencias sociales de las ecuaciones de la mecánica clásica. En sus palabras, “…el sentido común es el resultado de la experiencia de la vida, de nosotros mismos y de nuestros antepasados; es un instrumento de la biología más que de la dinámica”.

El debate sobre las consecuencias del salario mínimo no se resuelve con econometría. La mitad de los modelos concluyen que no afecta la inflación, y la otra mitad que sí. Así es imposible dirimir el debate. Se olvida que en las ciencias sociales, dada la multicausalidad, los ejercicios econométricos apenas son construcciones imaginarias. El modelo es útil solamente porque ayuda a conversar.

Una vez que se decretó el salario mínimo la secuencia de eventos hace imposible predecir sus consecuencias. La multiplicidad de variables tiene efectos que se contrarrestan, sin que se pueda determinar relaciones unicausales.

Comenzando por el hecho de que el alza se decreta en un momento de apreciación del peso. El dólar barato contrarresta las presiones inflacionarias. Pero, inmediatamente, el Banco sube la tasa de interés y, simultáneamente, el Consejo de Estado interviene, pero después de que las empresas modificaron los contratos laborales tratando de adaptarse a los cambios en el mínimo. Apenas esta semana Trump vuelve a modificar la política de aranceles respondiendo a las decisiones de las Cortes. Y, finalmente, el presidente anuncia inversiones forzosas.

Es imposible predecir los resultados de la conjunción de estos hechos. Durante este mes las expectativas sobre el futuro de los precios se modificaron de manera sustantiva. Es ingenuo pensar que un modelo econométrico, copiado de la mecánica clásica, pueda articular todos estos factores de manera adecuada.

Las inversiones forzosas y el sistema financiero

Las inversiones obligatorias reducen la disponibilidad de recursos para los sectores que no han sido privilegiados. Estos créditos tienen que ser colocados a una tasa más alta, con el fin de compensar los menores ingresos asociados a las inversiones forzosas.

Los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri, Mauricio Cárdenas y José Antonio Ocampo firmaron una carta rechazando las inversiones forzosas. En su opinión no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia invernal. Además, consideran que suben la tasa de interés y reducen la disponibilidad de recursos para el conjunto de la economía. Habría otras alternativas para impulsar a sectores específicos, como los subsidios focalizados a la tasa de interés y las líneas de redescuento.

Estos argumentos también han sido defendidos por Asobancaria, que insiste en las “distorsiones del mercado financiero”. De acuerdo con sus estimaciones, si las inversiones forzosas fueran el 5 % de los depósitos, equivalente a cerca de $38 billones, las tasas de colocación podrían aumentar entre medio y un punto porcentual.

Estos comentarios son pertinentes. A nivel internacional, las inversiones forzosas no han sido consideradas como mecanismos adecuados de desarrollo. Los gobiernos de Bolivia, con Evo Morales, y Venezuela, con Hugo Chávez, crearon nuevas inversiones forzosas que, según los exministros, han sido perjudiciales. Entonces, concluyen que esta vía “difícilmente” debería seguirla Colombia.

Inversiones forzosas y actividad económica

Las inversiones forzosas podrían justificarse si existieran proyectos estratégicos que deban ser apoyados de manera especial. 

De forma vaga se han mencionado los sectores que podrían ser beneficiados, sin que estos lineamientos se inscriban en una política de desarrollo de mediano y largo plazo. El gobierno ha dicho que el mecanismo permite favorecer a la agroindustria, el turismo y la construcción, pero no se ha precisado la forma de hacerlo. Entre otras razones, porque no se enmarcan en una política de desarrollo. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de reindustrialización no se ha atendido y el uso de los recursos de las inversiones forzosas no es claro. Hasta ahora no hay la menor idea de cuál será el destino de las inversiones forzosas.

Las inversiones forzosas no son nuevas. Ya existen en el país. La ley 16 de 1990 determinó inversiones forzosas para el sector agropecuario. El monto es definido por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y puede estar alrededor del 1 % de los depósitos, deducido previamente el encaje bancario en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).

En general, estos recursos se han dispersado y no han respondido a criterios estratégicos con una mirada de mediano y largo plazo. No puede afirmarse, entonces, que las inversiones forzosas hayan permitido una modernización del sector agropecuario.

Cuando el presidente propuso por primera vez las inversiones forzosas, los banqueros no estuvieron de acuerdo e impulsaron el pacto por el crédito. Contradiciendo la opinión de Asobancaria, el presidente considera que este acuerdo no ha funcionado, aunque en los primeros 17 meses los desembolsos hacia los cinco sectores estratégicos alcanzaron $228 billones.

Finalmente, en su carta los exministros concluyen que “…la solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”.

Las inversiones forzosas no resuelven los problemas causados por la emergencia, y no tienen ningún horizonte claro.

Jorge Iván González

Publicado en la revista Razón Pública

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A nivel internacional el dólar ha perdido valor. Diversas razones y situaciones lo explican.

Durante 2025, a nivel internacional, el dólar perdió valor. La volatilidad de los mercados de capitales se ha incrementado. Y las decisiones erráticas y sorprendentes de Trump han aumentado la desconfianza en el dólar.

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el dólar era la principal divisa, con una participación de 90 %. Actualmente apenas representa 58 %, porque otras divisas le hacen la competencia. Entre ellas, el euro, el yen, el yuan y los derechos especiales de giro (DEG). Todo indica que el dólar continuará perdiendo participación. Su dinámica futura estará muy asociada con la rentabilidad de los bonos del Tesoro norteamericano.

Este año el dólar se ha depreciado. La medida que se utiliza es el índice DXY, que es una canasta de monedas con la siguiente composición: euro (que participa con 57,6 %), yen japonés (13,6 %), libra esterlina (11,9 %), dólar canadiense (9,1 %), corona sueca (4,2 %), franco suizo (3,6 %).

Es evidente la depreciación del dólar. Tal y como se observa en la figura, a comienzo de 2025 el índice del dólar DXY era cercano a 130 puntos. Ahora está en 120,6. En otras palabras, el dólar se ha abaratado. Así que monedas como el peso colombiano se han apreciado frente al dólar.

Los inversionistas que observan la caída del dólar se han refugiado en activos que consideran más seguros como el oro, que hoy ha alcanzado un valor sin precedentes, de US$4.600 la onza.

En Colombia, el elevado precio del oro es un incentivo enorme para la minería ilegal. No es extraño el fracaso de la lucha contra los grupos armados que protegen este excelente negocio.

En Colombia el precio del dólar se ha reducido

La caída del precio dólar en Colombia ha sido sorprendente. A comienzos del año estaba en $4.409. Hoy está en $3.665. El peso se ha apreciado de manera significativa. Lo que está sucediendo era completamente inesperado. En el Marco Fiscal de apenas hace un año¹, se estimaba que el dólar estaría hoy en $4.328. Los errores de proyección continúan. El Ministerio de Hacienda afirma que en 2026 el dólar costará $4.408, y en 2035 valdrá $5.310². Seguramente, estas proyecciones también resultarán equivocadas.

Las razones que podrían estar explicando la caída del dólar son: i) La pérdida de valor en el mercado internacional, representada en el movimiento a la baja del índice DXY. ii) El aumento de las remesas. En 2025 estuvieron cercanas a US$14 mil millones. Una cifra superior a los ingresos de café (US$5 mil millones) y petróleo (US$13 mil millones). iii) La cocaína y la minería ilegal. El monto de los recursos que entran por coca podría ser del orden de US$15 mil millones al año. iv) El acelerado endeudamiento del gobierno en los últimos cuatro meses, que se ha traducido en la entrada de montos significativos de dólares. v) La entrada de dólares por las exportaciones de productos como petróleo, café, flores, carbón…. Los hidrocarburos y los minerales representan 60 % de la balanza exportadora.

La apreciación del dólar tiene consecuencias positivas y negativas

La apreciación del peso tiene efectos positivos y negativos. Es muy difícil precisar el efecto neto.

Entre los hechos positivos se destacan: i) Una sensación de optimismo sobre la marcha de los negocios. Es interesante observar que en el imaginario de las personas, el menor valor del dólar se relaciona con un buen estado de la economía. ii) Tanto los privados como el gobierno tienen deudas en el exterior que deben pagar en dólares. Al disminuir su precio se alivia el peso de los créditos. iii) La apreciación del peso facilita el control de la inflación porque abarata los bienes importados. iv) La disminución de los costos de las empresas que dependen de materia prima y de insumos provenientes del exterior. v) El aumento del turismo al exterior.

Las consecuencias negativas son: i) La reducción de los ingresos de los exportadores. Para los cafeteros y floricultores el impacto ha sido muy perjudicial porque reciben menos pesos por cada dólar exportado. ii) En esta misma línea, la caída de los recursos fiscales que recibe el Estado por las ventas de Ecopetrol en el mercado internacional. iii) La menor capacidad de compra de las familias colombianas que reciben las remesas. iv) La mayor competencia que tienen que enfrentar los productores nacionales frente a los productos importados.

La volatilidad aumenta

El mercado internacional de capitales cada vez es más volátil. Una economía como la colombiana debe tratar, en la medida de lo posible, de disminuir su dependencia del vaivén de los flujos externos. Y el camino más expedito para lograrlo es mejorar el mercado interno. En este proceso es fundamental la consolidación de la infraestructura (vías, trenes, puertos y transporte fluvial).

__________________

¹ Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2024). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024. Bogotá: Ministerio de Hacienda. 

² Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

Jorge Iván González

Enero 19, 2026 

Publicado en Revista Sur – Colombia

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Las recientes operaciones de manejo de la deuda pública se han reflejado en una reducción del déficit fiscal. En el corto plazo esta disminución le da un respiro al presupuesto, pero no resuelve los problemas estructurales de las finanzas públicas.

1. La reducción del saldo de la deuda pública

      Inicialmente se había estimado que en 2025 el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central sería de 61,7% del PIB, pero se han presentado varios hechos que han permitido reducir el saldo a 57,5%.

      Con respecto a las estimaciones iniciales, el balance primario fue mayor que el previsto en 0,6 puntos del PIB. Este es un factor que hala la deuda hacia arriba.

      La tasa de cambio contribuyó a reducir la deuda en 2,5 puntos del PIB. La apreciación del peso con respecto al dólar abarata el costo de la deuda externa porque se requieren menos pesos para cumplir los compromisos en dólares. El resultado neto del manejo de TES incrementó la deuda en 1,9 puntos. Su rendimiento está alrededor del 11% anual. Además, se observa en la gráfica una combinación de redenciones, canjes, descuentos y cupones. 

      Posteriormente, el crecimiento del PIB, que fue mayor de lo esperado, reduce la relación deuda/PIB porque el denominador aumenta. Este efecto es de 0,8 puntos. También incidieron en la disminución del saldo las operaciones de intercambio de deuda (swap), que tuvieron un efecto neto positivo. La combinación de la TRS (total return swap) fue favorable porque redujo la deuda en ‑1,2 puntos (‑3,2 + 2,0 = ‑1,2). El resultado final de la combinación de estos factores es un saldo de deuda de 57,5% del PIB.

      2. Disminución del déficit fiscal

      El análisis anterior corresponde al saldo de la deuda. La otra mirada se centra en el flujo de este año. Las operaciones realizadas por crédito público que modificaron el endeudamiento en dólares por préstamos en francos suizos² y en euros, tienen un impacto notable en los intereses que deben pagarse este año. La estimación inicial era de $85,7 billones y se redujo a $59,4 billones. La caída de los intereses es de ‑$26,2 billones. También contribuye a la reducción del déficit una disminución de ‑$12,6 billones en gastos de funcionamiento y de ‑$13,2 billones en transferencias. En virtud de estas modificaciones, el déficit pasaría de ‑7,1% del PIB a ‑6,2 %.

      3. Optimismo muy moderado

      El Carf³ advierte, con razón, que las mejoras observadas con respecto a las estimaciones que se tenían para 2025, son transitorias. La estructura fiscal continúa siendo profundamente frágil. Y, además, expresa sus dudas sobre el impacto final de las operaciones de recomposición de la deuda.

      “Los efectos de la estrategia de financiamiento como un todo deberán ser evaluados una vez culminen las operaciones de manejo de deuda en curso; es prematuro sacar conclusiones definitivas. A futuro será necesario sopesar el efecto de las nuevas colocaciones a tasas de cupón mayores, la persistencia de la reducción que se ha observado en las tasas de rendimiento de los TES en los últimos meses, la disminución en el saldo nominal de la deuda, la implicación de la conversión de tasas de interés y de divisas, el cambio en la duración de la deuda, y el ahorro derivado de las redenciones anticipadas de títulos de deuda soberana”.

      Los desbalances estructurales que están impulsando el aumento de la deuda no se han corregido. Y queda la pregunta por la conveniencia de que la Dirección de Crédito Público actúe como un especulador más en el mercado de capitales.

      Jorge Iván González

      Publicado en la REVISTA SUR

      ___________________________

      ¹Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. (2025). Documento de Perspectivas Fiscales de 2025 y 2026. Bogotá: Carf, p. 20.

      ²Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2025). Colombia gestiona exitosamente su exposición de riesgo cambiario al franco suizo. Bogotá: Ministerio de Hacienda.

      ³Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. (2025). Pronunciamiento 17. El Carf prevé un deterioro de la situación fiscal estructural en 2025; la deuda sería inferior a la proyectada en el Mfmp. Bogotá: Carf.

      ⁴Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. (2025). Documento de Perspectivas Fiscales de 2025 y 2026. Bogotá: Carf, p. 16.

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      La revista CAMBIO ha publicado en exclusiva para sus suscriptores el libro Lo que Colombia necesita, una agenda nacional prodemocracia 2026-2030, editado por el exministro José Antonio Ocampo. Presentamos en este blog, esta segunda entrega del  capítulo 10 de esta publicación, escrito por nuestro compañero Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación.

      III. La dimensión regional

      Las transferencias desde el gobierno nacional se han guiado, sobre todo, por el criterio poblacional, y se ha dejado de lado la heterogeneidad regional. El Estado central tiene poco control en numerosas áreas del país. Esta situación ha sido clara desde hace muchos años. En la actualidad la concepción del territorio tiene una dimensión ambiental fundamental, así que la convergencia obligaría a que las regiones que consumen el agua, sobre todo Andina y Pacífica, le tienen que girar recursos a las que hacen posible la conservación de los activos ambientales, como el litoral Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía. Los recursos se deben transferir con criterios regionales, dejando en un segundo plano la población y los sectores. El reconocimiento de la geografía es la posibilidad de avanzar hacia una reducción de las tres brechas mencionadas en el Acto Legislativo 03 del 2024: económica, sectorial y territorial.

      Las brechas que existen en Colombia son de muy diverso tipo. A las tres que menciona el Acto Legislativo se le podrían agregar otras, como la institucional, y la de capacidades. El punto de llegada de todas las brechas tiene que ser las condiciones de vida de los hogares. Las diferencias entre regiones terminan evaluándose en función del bien-estar de las personas. Hay indicadores intermedios que finalmente se expresan en el hogar. 

      Por ejemplo, en el cierre de la brecha económica es relevante el aumento del valor agregado, pero este puede crecer sin mejorar las condiciones de vida de los hogares. Esta situación se presenta en las economías extractivas. El aumento del PIB no necesariamente se refleja en mejores condiciones de vida. Es el drama del Magdalena Medio, que ha explotado petróleo durante más de 100 años, y sus poblaciones continúan viviendo muy pobres. Consideraciones similares se pueden hacer sobre la brecha territorial. En el caso de la brecha sectorial, el cierre toca directamente las condiciones de vida del hogar. Se debe buscar que todas las personas lleven a cabo el tipo de vida que consideran valioso, así que el mejoramiento de las condiciones de educación, salud, agua, vivienda, se manifiesta en una ampliación del espacio de sus capacidades.

      Puesto que el Acto Legislativo no precisa el significado de las brechas, se proponen las siguientes definiciones:

      El cierre de la brecha económica: la heterogeneidad regional se tiene que potenciar de tal forma que se reduzcan las diferencias en las condiciones de vida de los hogares. Las especificidades de las regiones son una fortaleza para el desarrollo local y nacional. El cierre de la brecha territorial: la conservación de los activos ambientales requiere que las regiones que consumen los recursos naturales, especialmente el agua (Andina y Caribe), compensen a quienes los conservan. Esta trasferencia de dinero permitirá que las condiciones de vida de los hogares se vayan igualando.

      El cierre de la brecha sectorial: siguiendo el principio del maximum rawlsiano, a los municipios y departamentos que están en peores condiciones, de acuerdo con los indicadores de cada sector, se les dará más. La distribución de recursos no se realizará con porcentajes fijos, sino en función de la intensidad de las brechas⁷.

      IV. Una Ley de Competencias que facilite la convergencia

      El proyecto de ley presentado por el gobierno no respeta la intencionalidad del Acto Legislativo 03, que busca cerrar brechas. Tampoco tiene en cuenta las recomendaciones de la Misión de Descentralización y de la Federación Nacional de Departamentos⁸. Se está perdiendo una oportunidad de oro para diseñar instrumentos que permitan corregir las enormes desigualdades que existen entre las regiones del país. Sería ideal que en el debate parlamentario de la ley de competencias se tengan en cuenta los siguientes elementos.

      1. Privilegiar lo geográfico sobre lo sectorial.

      Actualmente se está presentando una rapiña sectorial en la cual, los principales protagonistas han sido educación y salud. Para Fecode es fundamental que los mayores recursos se expresen en beneficios gremiales. Y el sector salud, además de aprovechar la ley de competencias para consolidar los Centros de Atención Primaria (CAP), busca incrementar el monto para la prevención. A esta pelea por participar en la bolsa, se han sumado los indígenas y, seguramente, vendrán otras “poblaciones” e “identidades” a exigir su parte. En lugar de mirar hacia lo sectorial, se debe poner la geografía en primer lugar.

      • Evitar los porcentajes fijos.

      Desde el punto de vista de la planeación, los porcentajes fijos amarrados a normas constitucionales impiden definir jerarquías que respondan a criterios discrecionales. El desmembramiento de los recursos en porcentajes sectoriales arbitrarios termina reduciendo la eficiencia del gasto. En lugar de porcentajes fijos, la asignación se realiza en función del cierre de brechas en cada uno de los sectores. La discrecionalidad contribuye a que la planeación sea eficiente.

      • Eliminar la actual tipología de municipios. 

      La clasificación existente (leyes 617 de 2000 y 2082 de 2021) es inadecuada porque agrupa 967 municipios en la categoría 6. La nueva categorización debe estar incluida en la ley, porque a partir de allí se determinan las competencias. Las tipologías propuestas por la Misión de Descentralización y la FND, tienen la virtud de introducir la dimensión geográfica a través de las densidades y las distancias, y reconocen la heterogeneidad negada por la ley 617. Estas nuevas tipologías le dan énfasis a la geografía y reducen la importancia que se le atribuye a la variable poblacional.

      • Introducir el balance fiscal global.

      En materia fiscal es posible avanzar si se cumplen cuatro condiciones. Una, es el balance fiscal global. Ello significa que los recursos se tienen que agregar y, además, que las ciudades grandes e intermedias deben aumentar los ingresos propios. La única forma de no incrementar las actuales dificultades fiscales es mediante un esfuerzo de las ciudades grandes e intermedias. 

      Dos, la reducción progresiva de las transferencias a las ciudades grandes e intermedias. 

      Tres, el reconocimiento del desbalance geográfico entre las regiones que consumen el agua y las que la originan (Pacífica, Orinoquía, Amazonía…). Las primeras tienen que contribuir a la financiación de las segundas. 

      Cuatro, los cambios en las tipologías, incluyendo como criterio básico la dinámica de las aglomeraciones. 

      Quinto, otorgarle recursos fiscales propios a los departamentos. Desde los flujos urbanos se consolidan procesos regionales que potencian el PIB nacional y las finanzas públicas. En lugar de concebir la descentralización como las transferencias de recursos desde el gobierno nacional hacia las entidades territoriales, la mirada debe cambiar de óptica, Las economías locales son una fuente privilegiada de recursos para el gobierno nacional.

      V. Conclusión

      La Ley Orgánica de Ordenamiento del Territorio (1454 del 2011), conocida como la LOOT, no ordenó el territorio. El actual Plan de Desarrollo muestra la relación que existe entre el desorden del territorio y la falta de convergencia regional. A pesar de que el Plan coloca la geografía en primer lugar, los análisis sobre equidad y cierre de brechas continúan dándole toda la prioridad a los sectores, y terminan desconociendo la importancia de las dinámicas regionales. 

      ________________________

      ⁷ John Rawls. 1985. Teoría de la Justicia. México: Fondo de Cultura Económica.

      ⁸ Misión de Descentralización (2024), Informe Final. Misión de Descentralización, DNP, Bogotá, y Federación Nacional de Departamentos (2025). Proyecto de Ley, Cámara. Por la cual se dictan Normas Orgánicas en materia de distribución de recursos y competencias de conformidad con los Artículos 356 y 357 de la Constitución Política, Modificados por el Acto Legislativo 03 de 2024; para el Fortalecimiento de la autonomía territorial y se dictan otras disposiciones.

      Jorge Iván González

      Diciembre, 2025

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