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Jorge Ivan Gonzalez

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La antipolítica parece estar de moda. El desencanto lleva a pensar, con absoluta ingenuidad, que es posible una sociedad en la que no exista la política. Esta pretensión no tiene ningún sentido. La dinámica social pasa por la esfera de la política. Y, entonces, los políticos son una pieza central del ordenamiento colectivo. No podría ser de otra manera.

La política es el proceso, siempre imperfecto, que permite pasar de las preferencias individuales a las elecciones colectivas. El camino que va de la voluntad individual a la decisión social es tortuoso. En su lectura del premio Nobel, Sen dice que “un camello es un caballo hecho por un comité”. Cualquier órgano colegiado lleva a soluciones subóptimas, muy lejanas del ideal. En el mejor de los casos, apenas se trata de alternativas razonables.

Sin política y sin políticos no se podría hacer el tránsito del querer individual al orden social. Como este proceso es tan complejo, las modalidades de la actividad política son numerosas. La preocupación por quién nos gobierna y cómo nos gobierna ocupa una parte importante de los diálogos socráticos. Las soluciones contractualistas que se han propuesto desde la modernidad apenas son un punto de referencia. El marqués de Condorcet, por los días de la revolución francesa, ponía en evidencia la paradoja del voto y las contradicciones intrínsecas de cualquier sistema de elección.

Las soluciones contractualistas ideales no son posibles en la vida real. Se han buscado caminos alternativos. El imperativo categórico kantiano ha sido el más emblemático. Si cada persona obra de tal manera que su norma moral pueda ser propuesta como norma moral universal, lograríamos que la sociedad se guiara por principios éticos de aceptación universal. El propio Kant reconoce que ello no es posible. El ser racional, dice, tiene que postular el imperativo categórico aun aceptando su imposibilidad. En la filosofía moral contemporánea el velo de ignorancia de Rawls es un esfuerzo por repensar el ideal contractualista. Habermas, por su parte, busca que la acción colectiva mejore los procesos deliberativos.

Varios premios Nobel en economía han aceptado el reto de examinar las condiciones de posibilidad de la elección colectiva. En los años 50 fueron célebres los teoremas de imposibilidad de Arrow y los ejercicios de equiprobabilidad de Harsanyi. Y, años más tarde, Sen muestra que las sociedades van avanzando gracias a ideas aproximadas de lo justo. Y, entonces, el sentimiento y la indignación son elementos centrales de la transformación política. Buchanan, desde otra perspectiva, examina las características de la negociación política, en un abanico amplio que va desde el acuerdo sobre el próximo ministro hasta la compra de votos. Vickrey invoca, una y otra vez, al Concejo de la ciudad de Nueva York como la única instancia que puede resolver, de alguna manera, la tensión entre la eficiencia y la equidad.

Puesto que las soluciones ideales no son factibles, es necesario llegar a ciertos acuerdos mínimos, que se van construyendo con algo de razón y con mucho de pasión. En medio de esta amalgama de intereses la política ayuda a ordenar.

Es comprensible que ciudadanos fatigados griten en contra de la política. Pero es inaceptable que se haga política predicando la antipolítica. Es un contrasentido buscar votos negando la pertinencia del mundo político.

Jorge Iván González

Junio, 2022

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En el último mes, el Dane ha presentado tres miradas a la pobreza. Una, la percepción que tienen los hogares sobre su propia situación. Dos, la pobreza monetaria y, tres, la pobreza multidimensional. 

Las tres pobrezas que presenta el Dane son enfoques complementarios. En 2021, 46,7 % de los jefes de hogar se consideró pobre. Este porcentaje es mayor en 8,5 puntos al observado en 2020. En 2021, la incidencia de la pobreza monetaria fue de 39,3 %, y se redujo 3,2 puntos con respecto al año anterior. Y en 2021 la pobreza multidimensional fue de 16 %, inferior en 2,1 puntos a la de 2020.

La pobreza monetaria se basa en el ingreso, y la multidimensional, que no incluye el ingreso, informa sobre la situación del hogar en materia de educación, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo informal y desempleo, salud y características de la vivienda. La pobreza monetaria es más sensible al ciclo de la economía que la multidimensional. Se podría decir que las pobrezas monetaria y multidimensional reflejan la situación “objetiva”, mientras que la percepción expresa el sentimiento “subjetivo”.

Un aspecto relevante de la comparación de las tres pobrezas es la diferencia en las tendencias. Mientras que la pobreza subjetiva aumentó de manera importante, la objetiva disminuyó.

Desde el punto de vista de la política pública es necesario examinar con cuidado las razones por las cuales las personas se sienten más pobres. El ideal benthamiano, de la mayor felicidad para el mayor número, debería ser el propósito central de todo gobierno. Los diferentes instrumentos de la política económica deberían juzgarse finalmente por la satisfacción de las personas. El logro de la buena vida tendría que ser el criterio final para evaluar a los gobiernos. 

Las mediciones subjetivas suelen despreciarse y se le da mayor relevancia a los datos objetivos. Pero preocupa que los indicadores relacionados con la percepción del buen vivir sean relativamente bajos. En 2021, únicamente 8,01 % de las personas mayores de 15 años sentía “satisfacción con la vida”.

El aumento de la pobreza subjetiva entre 2020 y 2021 muestra que las sensaciones de frustración y de dolor se agudizaron con la pandemia y la insatisfacción se ha intensificado. Bentham consideraba que los dos principales asesores del gobernante deberían ser el médico y el estadístico. El primero le ayuda a reducir el dolor y a aumentar el placer. Y el segundo le proporciona los instrumentos para medir la intensidad del placer y del dolor. La primera condición para lograr la buena vida es tener una aproximación cuantitativa al grado de felicidad, que le permita al gobernante comparar entre personas y realizar las acciones que lleven a la maximización de la felicidad.

Es importante que en el país se continúen afinando las medidas sobre la percepción subjetiva. Pero es mucho más relevante que los gobiernos entiendan que una economía no va bien solamente porque el PIB crece. El criterio fundamental para evaluar la bondad de la política pública es la satisfacción subjetiva, que en el país todavía continúa siendo muy baja.

La asimetría entre las pobrezas subjetiva y objetiva debería ser objeto permanente de análisis. Y en la comprensión del fenómeno se deben tener en cuenta las apreciaciones que hace Elster en Uvas amargas. Allí muestra que las personas no suelen ser muy exigentes y que apenas piden un poco más de lo que tienen.

Jorge Iván González

Junio, 2022

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De acuerdo con la reciente publicación del Dane, en 2021 la incidencia de las pobrezas monetaria y extrema disminuyó con respecto a 2020, pero la reducción habría sido mayor si el valor de la línea de pobreza extrema no hubiera crecido tanto.

Poco a poco la economía se va recuperando y los efectos de la pandemia se van atenuando, y ello se refleja en los niveles de pobreza. En 2020 la incidencia de la pobreza monetaria fue de 42,5 %, equivalente a 21.021.564 personas. En 2021 la incidencia fue de 39,3 %, correspondiente a 19.621.330 personas. La pobreza extrema pasó de 15,1 % (7.470.265 personas) en 2020 a 12,2 % (6.110.881 personas) en 2021.

Aunque la disminución de la pobreza es positiva, los logros son modestos. Los niveles de 2021 todavía son mayores a los observados antes de la pandemia. En 2019 la incidencia de la pobreza monetaria fue de 35,7 % y la de la pobreza extrema de 9,6 %.

Estos resultados permiten hacer varias consideraciones sobre los subsidios, la inflación de alimentos y las brechas entre ciudades y entre departamentos.

Gracias a los diferentes subsidios (Familias en Acción, Colombia Mayor, etc.), en 2021 la pobreza se redujo en 3,6 puntos. Sin estos recursos la incidencia no hubiera sido de 39,3 %, sino de 42,9 %. El país ha avanzado en la logística de la focalización y, desde el punto de vista estadístico, en la integración de las encuestas y de los registros administrativos. No obstante la bondad de estos subsidios, debe volver a discutirse la relevancia de un ingreso básico, ojalá universal e incondicional. Este debería ser el objetivo de largo plazo.

La lucha contra la pobreza tiene que ir mucho más allá de los subsidios. Y un tema central es el diseño de políticas que efectivamente eviten el encarecimiento de los alimentos. La reducción de la pobreza en 2021 no fue más significativa, entre otras razones, porque el valor de la línea de pobreza extrema tuvo un aumento importante, de 16,7 %, con respecto a 2020. Y este salto notable se explica porque la inflación de alimentos fue muy alta y en 2021 llegó a 17,22 %. La recuperación de la productividad agropecuaria es un reto sustantivo, que pasa por el ordenamiento territorial y por una política tributaria que contribuya a la modernización del sector agropecuario.

La reducción de la pobreza en el mediano plazo obliga a realizar cambios radicales en la política económica, de tal forma que se genere empleo y que la dinámica de la economía permita lograr mejores remuneraciones. El empleo de calidad es el mejor remedio contra la pobreza.

Las brechas continúan siendo significativas. No hay convergencia en términos de calidad de vida. En la zona rural, en 2021, la incidencia de la pobreza monetaria fue de 44,6 %, mientras que en las ciudades fue de 37,8 %. La distancia entre el campo y la ciudad continúa siendo relevante. Y entre ciudades y departamentos también hay diferencias notorias. Para ilustrar, en Quibdó, en 2021, la incidencia de la pobreza fue de 64,8 % y en Barranquilla de 35,7 %. Estas divergencias no deberían existir. 

De manera explícita, el próximo gobierno debería incluir como una de sus prioridades la convergencia. Es fundamental avanzar en equidad, no solo entre individuos, sino también entre regiones. Se debe buscar que las regiones se vayan acercando. Claramente este propósito no se está consiguiendo.

Jorge Iván González

Mayo, 2022

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) terminó hace poco su Misión de 2022 en Colombia. Entre sus conclusiones afirma: “En medio de bajos excesos de capacidad productiva y de las bajas tasas de interés real, el endurecimiento más acelerado de la política monetaria es bienvenido”. 

El fondo Monetario Internacional (FMI) confía en que “elevar las tasas de interés durante la primera mitad del año, con el fin de endurecer lo suficiente las condiciones financieras y monetarias, debería guiar la inflación a la baja”. 

El endurecimiento monetario es un error. El FMI vuelve a la ortodoxia de los años de Friedman y no entiende que la inflación actual no es de naturaleza monetaria. En lugar de modificar el discurso sobre las causas de la inflación, estimula al Banco de la República para que continúe su política equivocada de aumentos de la tasa de interés, que ya va en 5 % anual.

En su evaluación de la economía colombiana, el FMI no cambia sus fórmulas tradicionales. Este llamado al endurecimiento en el caso colombiano contrasta con la flexibilidad que tuvo el Fondo en la reciente negociación con Argentina. Stiglitz considera que este acuerdo fue adecuado porque el FMI reconoció que la reestructuración de la deuda no debe estar acompañada de la austeridad porque se corre el peligro de ahogar a la economía. En palabras de Stiglitz, “es un programa sin austeridad que fue diseñado para promover el crecimiento económico”. Y felicita al FMI porque ha ido cambiado su posición y ahora sí le está dando prioridad a un crecimiento incluyente y a asuntos tan relevantes como el cambio climático. Reconoce Stiglitz que muchas de sus críticas al FMI dejaron de ser pertinentes. Quizás parte del optimismo de Stiglitz con el FMI se explique porque su discípulo Martín Guzmán es el ministro de Economía de Argentina.

Esta mayor amplitud que habría mostrado el Fondo en el caso argentino no tiene nada que ver con la dureza de su posición en Colombia. Si en Argentina mostró cierta heterodoxia, en Colombia volvió a insistir en las viejas fórmulas, que tanto daño han hecho en términos de crecimiento, empleo y equidad.

La inflación de Colombia se explica por el estrechamiento de la oferta y no por razones monetarias. La combinación de factores como la voluminosa importación de alimentos básicos, la pandemia, la crisis de los contenedores y la guerra en Ucrania ha sido una mezcla explosiva. Y estos males estructurales no se corrigen endureciendo la política monetaria, como lo ha hecho el Banco de la República, que ahora recibe el respaldo incondicional del FMI.

Si el FMI propusiera en Colombia alternativas como las que impulsó en Argentina, las conclusiones sobre el manejo de la inflación tendrían que ser completamente diferentes. En lugar de aumentar la tasa de interés, el Banco de la República debería contribuir a crear condiciones que mejoren la productividad, la inversión y el empleo. Y el primer paso para no ahogar la actividad económica es mantener bajo el costo del crédito.

La comisión del FMI que realizó la evaluación de Colombia debería conversar con la que hizo el acuerdo de la deuda con el gobierno argentino. Además, los funcionarios del Fondo deberían tener presente varias de las declaraciones de Kristalina Georgieva, su directora, que reflejan una visión menos estrecha que la de los expertos que estuvieron en Colombia.

Jorge Iván González

Mayo, 2022

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Las sanciones financieras contra Rusia son un bumerang que golpeará a las economías occidentales y amenaza con desestabilizar aún más el mercado internacional de capitales.

Después de que en 1971 Nixon desanclara el dólar del oro, han aumentado las burbujas financieras y se ha hecho más notoria la separación entre los mundos real y monetario. A nivel internacional, a finales de los setenta el monto de los activos y derivados financieros era 1,5 veces el valor del PIB. El panorama cambió de manera sustantiva y actualmente la brecha es de más de 13 veces. Con el paso del tiempo se observa que por cada operación real ha aumentado el número de transacciones financieras y monetarias. Esta dinámica genera inestabilidad y es propicia a la generación de burbujas. El mercado de capitales cada vez se distancia más de las transacciones reales.

En este proceso que lleva a la ampliación de la brecha entre los mundos monetario y real se crean condiciones propicias para la especulación y es un terreno fértil para la disputa por la hegemonía entre las principales divisas. En 1986, Aglietta publicó El fin de la divisa clave, en el que pone en evidencia la tensión entre monedas. Una vez que desaparece el ancla oro, la supremacía de una divisa depende del poder económico, político y militar del país que la emite.

Las sanciones a Rusia son una expresión más de la lucha por la hegemonía de la divisa clave. Y el dólar de Estados Unidos puede salir muy perjudicado. Primero, porque la decisión del gobierno de congelar cuentas de manera discrecional y unilateral reduce la confianza en el dólar. Segundo, porque al ahogar las operaciones financieras de los agentes públicos y privados de Rusia, se crean condiciones favorables para la expansión de divisas alternativas como el yuan y, eventualmente, el rublo. Tercero, porque en las circunstancias actuales Rusia no responde por sus compromisos crediticios y este hecho fragiliza el conjunto del sistema financiero.

Esta crisis acentúa la progresiva pérdida de relevancia del dólar. Después de los acuerdos de Bretton Woods la supremacía del dólar era contundente. La reconstrucción europea se hizo en dólares y en las operaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial el dólar era la divisa reina. En el año 2000 el dólar ya había perdido importancia y representaba 71 % de las reservas mundiales. Hoy, este porcentaje se ha reducido a 60 %. Las otras participaciones corresponden al euro (21 %), al yen (6 %), a la libra (5%), al yuan (2 %) y a otras divisas (6 %). Por ahora, el dólar continúa dominando la composición internacional de las reservas, pero el proceso de debilitamiento es contundente.

A partir de los años setenta se ha hecho más notorio el vínculo entre las divisas y los vaivenes políticos. Sin duda, en el corto plazo las sanciones le hacen daño a Rusia, pero a la larga pueden devolverse en contra de la credibilidad del dólar y, en menor medida, del euro. Es un golpe que fragiliza el sistema financiero internacional y que acentúa la lucha por la hegemonía entre las principales divisas. Y en esta disputa el yuan es el más favorecido por tres razones: la solidez de la economía china, la decisión del gobierno de convertir el yuan en una divisa internacional relevante y el salvavidas que le tiende a Rusia permitiéndole un respiro, pero imponiéndole condiciones.

Jorge Iván González

Mayo, 2022

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En Ejercicios de Memoria (Penguin Random House), Salomón Kalmanovitz, de manera franca y directa, recuerda los pasajes más significativos de su vida.

A lo largo de este texto autobiográfico (Ejercicios de Memoria) se siente el profundo espíritu liberal del pensamiento de Kalmanovitz. Su infancia la pasó en una Barranquilla pujante, abierta a los inmigrantes. Durante su juventud en Estados Unidos se dejó permear por el ambiente de rebeldía que se expresaba en las luchas civiles y en el rechazo a la guerra del Vietnam. Quedó fascinado con la “voz angelical” de Joan Baez. Y siguiendo a Bob Dylan comprendió el “alma de la juventud norteamericana”.

En el ambiente estudiantil se respiraba el sueño comunista y pacifista de John Lennon, imaginando un mundo sin países y una tierra compartida por todos. Recuerda con simpatía sus vínculos con la comunidad judía, que le permitieron entender las consecuencias dolorosas de la persecución.

Aquellos fueron días de una “militancia idealista e ingenua”, marcada por el rock y acompañada de un poco de marihuana. Cuando regresó al país después de su paso por New School, combinó la reflexión académica con la actividad política, que en Colombia era, y sigue siendo, “cruda y peligrosa”. Y en medio de esta guerra dolorosa asesinaron a su compañera Silvia Duzán.

Sobre los resultados de su actividad política es pesimista. Los movimientos socialistas en los que militó terminaron ahogados por las “fuerzas del Estado” y por los “políticos profesionales argentinos”.

Kalmanovitz conjuga la investigación y la docencia. Ha sido un formador de formadores. Recuerda su paso por el Dane, la Universidad Nacional, el Cinep, el Banco de la República y la Tadeo. En los años 70 y hasta mediados de los 80, la agenda del debate económico en el país se definía en la Nacional. Al comienzo las reflexiones estaban muy marcadas por Marx, Ricardo y Sraffa. Después se hizo la transición hacia el keynesianismo por la vía de Anwar Shaikh y, finalmente, al institucionalismo.

Siempre se podrá discutir si sus posiciones en el Banco de la República correspondían a las de un monetarista ortodoxo, o si su pretensión de ir más allá del control de la cantidad de dinero, buscando otros instrumentos de intervención como la tasa de interés, son la expresión de una visión más amplia de la política monetaria. En este proceso defendió las bondades del “régimen de inflación objetivo”.

Más allá de los cambios de perspectiva, Kalmanovitz ha mantenido su espíritu liberal. Y de ahí su crítica continua a la concentración de la tierra, a lo absurdo del latifundio. No entiende por qué la estructura agraria colombiana continúa siendo premoderna.

Este rechazo ha sido una constante de su vida, desde los primeros textos que escribió en el Dane, hasta los artículos más recientes. Su preocupación por la academia, la historia y la política le ayudó desarrollar un sentido común, que le permite ordenar y priorizar. Kalmanovitz, como los mejores economistas de su generación, fue transmitiendo las fortalezas del análisis económico. Su agudeza analítica les permitía, de manera casi que milagrosa, convertir tres porcentajes en un libro. Muchos de estos trabajos se siguen consultando.

Esta habilidad comprehensiva contrasta con la incapacidad de numerosos jóvenes economistas, que con millones de datos son incapaces de escribir un párrafo.

Jorge Iván González

Abril, 2022

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La regla fiscal ha fracasado: en Colombia y en la mayor parte de los países del mundo. Ha llegado el momento de replantear este discurso, que ha perdido su esencia. 

El año pasado, en 2021, 90 % de los países del mundo tenían un déficit fiscal superior a 4 % del PIB. En la zona euro, en 2020, el déficit fue de 7,2 % del PIB. La regla del llamado Pacto de Estabilidad es de 3 %. En la zona euro, en 2021 el saldo de la deuda pública fue de 97,3 %, y según la regla no debería superar 60 % del PIB En varios países de Europa, el porcentaje llegó a 120 %, como sucede en Italia y España. En Estados Unidos, el porcentaje está alrededor de 130 % del PIB.

El crecimiento de la deuda pública ha sido especialmente notorio en los países de ingresos altos: entre 1991 y 2021 el saldo de la deuda pasó de 55 % del PIB a 122,5 %. En los de ingresos medios (entre los que está Colombia) el saldo de la deuda pública subió de 40,8 % a 65,1 %. Y en los países de ingresos bajos, en el mismo período, pasó de 41 % a 48,6 %.

Esta dinámica de la deuda pública era impensable en los años ochenta. Por aquellos días, cuando se puso en primer plano la crisis de la deuda latinoamericana, el saldo de la deuda argentina oscilaba entre 40 % y 50 % del PIB. Estos porcentajes se consideraban inaceptables. Por esta razón, Argentina tuvo que firmar el plan Brady con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que llevó a una renegociación de los créditos, en la que se exigió una reducción del gasto público.

A nivel internacional se ha modificado completamente la percepción sobre el límite de deuda pública que podría ser admisible. Ahora se mira el panorama con mucho mayor laxitud que en los años ochenta. Sobre todo, porque los países más endeudados son los de ingreso alto.

Romano Prodi, el antiguo presidente de la Comisión Europea, ha dicho que las reglas del Pacto de Estabilidad son “estúpidas”. Otros las califican de “idiotas”. En una reunión que tuvieron en diciembre del año pasado, el presidente francés Macron y el primer ministro italiano Draghi acordaron flexibilizar las normas del Pacto de Estabilidad.

En lugar de cerrar los déficits, tanto Europa como Estados Unidos continúan incrementando la brecha fiscal y la deuda pública. Los gobiernos se niegan a subir impuestos mientras el gasto sigue aumentando. La credibilidad de las reglas se ha perdido.

Para responder a las necesidades de financiamiento, entre 2008 y 2020 la Reserva Federal realizó cuatro QE (Quantitative Easing). Son operaciones de “emisión” (compra de títulos en el mercado secundario). Y las cifras son sorprendentes. Las dos primeras QE fueron por 600.000 millones de dólares cada una. Y la cuarta por 700.000 millones. El Banco Central Europeo no se ha quedado atrás, y desde 2015 viene haciendo operaciones similares. En marzo, la QE europea fue por 750.000 millones de euros. La pandemia y ahora la guerra en Ucrania están exigiendo más gasto público y los déficits continúan ampliándose. En lugar de las reglas es evidente el manejo discrecional de la deuda en función de los intereses políticos de los países. Hoy y siempre, las guerras se financian con deuda.

No obstante la contundencia de los hechos, en Colombia, que hoy tiene un saldo de deuda pública de 61,5 % del PIB, todavía se sigue predicando la bondad de la regla fiscal. Es una mentira colectiva. 

¡El fracaso de la regla fiscal ha sido total!

Jorge Iván González

Abril, 2022

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El reciente informe de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sufre el trastorno de bipolaridad. Pasa, sin ninguna explicación, de un estado anímico a otro. Su diagnóstico es intrínsecamente inconsistente. Sus afirmaciones son contradictorias.

El Estudio económico de Colombia, de febrero de 2022 de la OCDE*, por un lado dice que “… a lo largo de las últimas décadas, Colombia gozó́ de una estabilidad económica notable debido a sus políticas macroeconómicas sólidas”. Y, por el otro, afirma que “… Colombia tiene uno de los niveles de pobreza, desigualdad de ingresos e informalidad del mercado laboral más elevados de América Latina”. 

Estas dos aseveraciones son incompatibles y expresan bien la esquizofrenia de los analistas de la OCDE. Si la economía presenta una estabilidad “notable”, y una macroeconómica “sólida”, no debería tener altos niveles de pobreza, ni graves desigualdades, ni alta informalidad. En sana lógica, estos males, que son evidentes, serían la prueba reina de la fragilidad de la economía colombiana. 

El diagnóstico de la OCDE comente el grave error de considerar de manera aislada variables macro, como el crecimiento del PIB, sin examinar su interacción con las condiciones de vida de la población. Si el PIB crece porque el precio del petróleo sube, o porque la ganancia bancaria aumenta, esta dinámica no favorece el empleo, ni contribuye a la lucha contra la pobreza, ni a la reducción de la desigualdad. 

Un crecimiento que no mejora las condiciones de vida de los hogares no puede ser el resultado de políticas macroeconómicas “sólidas”. La OCDE nunca aclara el significado de la “solidez”. No puede ser fuerte una economía, como la colombiana, que cada vez depende más de la exportación de hidrocarburos y minerales. El país se ha ido desindustrializando, así que no se entiende en qué sentido la estabilidad es “notable”.

La deuda pública sigue aumentando y la estructura tributaria es débil. La OCDE reconoce que ingresos fiscales, equivalentes a 20 % del PIB, no permiten consolidar la inversión en infraestructura, ni mejorar los niveles de educación y de salud. También acepta que la “presión competitiva es baja”, y que los sectores económicos tienen una “débil productividad”. Si este es el diagnóstico, no tiene ningún sentido afirmar que en las “últimas décadas” la estabilidad es “notable”.

El informe de la OCDE muestra una fractura preocupante del análisis económico. En su visión simplista, la macroeconomía no tiene nada ver con el bienestar de la población. Desde una mirada integral, diferente a la de la OCDE, es inconcebible que la macroeconomía vaya bien mientras que la pobreza y la desigualdad hayan llegado a niveles alarmantes. La oda a la buena macroeconomía del país no es un discurso nuevo. Lleva décadas. Y entre tanto, esta “excelente” macro profundiza una economía extractiva y acentúa la pobreza y la desigualdad.

Mientras la FAO advierte que la situación alimentaria es grave, la OCDE alaba la “notable” estabilidad de la economía. El discurso de la OCDE tiene consecuencias perversas porque no invita a realizar transformaciones estructurales y, además, lleva a concluir que el hambre, expresada en el aumento de la pobreza extrema, apenas es una molestia menor que nada tiene que ver con la “solidez” de las políticas macros. 

Este análisis bipolar de la OCDE es fatal y termina agudizando los dolores de las personas más vulnerables.

https://www.oecd.org/economy/panorama-economico-colombia/

Jorge Iván González

Marzo, 2022

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Entre las misiones de empleo dirigidas por Chenery en 1986 y la reciente, coordinada por Levy, hay diferencias sustantivas. La Misión Chenery mira la demanda. Y la Misión Levy centra la atención en la oferta. Esta es una diferencia sustantiva que tiene implicaciones importantes en el campo de la política pública.

La Misión Chenery ‒que dirigió en 1984 economista estadounidense Hollis Chenery‒, mostró que el desempleo tiene sus raíces en la debilidad de la demanda efectiva y rechazó las explicaciones del desempleo basadas en los costos laborales y en las inflexibilidades del mercado laboral.

La reciente Misión Levy desconoce los asuntos relacionados con la demanda; y en la explicación del desempleo destaca los problemas de los sistemas de seguridad social y del régimen de pensiones. Considera, además, que el salario mínimo ha tenido efectos negativos, sobre todo en las empresas medias y pequeñas.

La diversidad de enfoques no es un asunto de matices, sino que toca aspectos cruciales. Son dos concepciones completamente diferentes del mercado laboral y de su relación con la inversión y el salario.

Para la Misión Chenery el empleo no puede entenderse sin examinar la estructura de la industria y de la producción. Una economía, como la colombiana, marcada por la reprimarización y la desindustrialización, no puede ser generadora de empleo. El extractivismo no es intensivo en mano de obra y, además, tiene implicaciones ambientales negativas.

La Misión Chenery destaca la relevancia del consumo y la demanda en el aumento de la ocupación. Su tono es claramente keynesiano. De acuerdo con esta lógica, la consolidación del mercado interno debe ser una prioridad, comenzando por la modernización del campo. Si el déficit en la cuenta corriente continúa creciendo, y si las importaciones siguen aumentando, es imposible consolidar el empleo.

La Misión Levy, por su parte, no considera estas dimensiones estructurales. Al darle prioridad a los costos laborales y a asuntos como la seguridad social y las pensiones, restringe de manera considerable la comprensión de los procesos laborales. En realidad, no es una misión de empleo, sino un estudio sobre los problemas de los regímenes de seguridad social y pensiones.

Varias de las recomendaciones de la Misión Levy no son nuevas. En Colombia en las tres últimas décadas se han reducido aportes a la nómina y, sin embargo, ello no se ha reflejado en un mayor dinamismo del empleo.

Para la Misión Levy una de las manifestaciones del mal funcionamiento del mercado laboral es la permanencia de la informalidad. Y aunque esta categoría es central en su análisis, no se precisa su significado, y se mezclan la informalidad estructural y la informalidad institucional. Las dos tienen características específicas y no pueden confundirse.

Así lo quisiera, la Misión Levy no puede evadir aspectos estructurales, como la tributación. Considera improcedente que la financiación de la salud y de las cajas de compensación provenga de aportes de los trabajadores y de las empresas. Propone que estos servicios se financien con impuestos generales. Y, entonces, es inevitable hacerse la pregunta por el sistema tributario que podría sostener estos gastos.

En síntesis, la mirada estrecha de la Misión Levy no permite tener una comprensión estructural del mercado laboral. Hace pocos meses la Misión Alternativa publicó su informe, que recupera aspectos estructurales de Chenery, y es una excelente respuesta a Levy.

Jorge Iván González

Febrero, 2022

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La actual inflación es de costos. Y la decisión que acaba de tomar el Banco de la República de aumentar la tasa de interés de intervención de la política monetaria de 3 % a 4 %, tiene dos inconvenientes. Primero, no corrige el problema de fondo y, segundo, contribuye a frenar la recuperación que traía la economía.

Al terminar diciembre de 2021, el IPC tuvo un aumento de 5,62 %. Y el precio de los alimentos aumentó 17,23 %. El impacto de los alimentos en la inflación general es importante. Y existen razones estructurales que explican estos mayores precios. 

El país está importando cada año 14 millones de toneladas de alimentos básicos. La cifra ha ido aumentando. En 2008 se importaron 9,8 millones de toneladas. La estructura de la producción agropecuaria es muy frágil. Como se desprende de los estudios de la Misión para la Transformación del Campo de 2015, y del informe de Naciones Unidas, Colombia Rural del 2011, la debilidad de la producción agropecuaria tiene que ver con fenómenos tan complejos como la pésima distribución de la tierra, la falta de servicios sociales, la ausencia de vías terciarias, el costo del crédito y, en general, la poca presencia del Estado. Dado el mal desempeño del sector agropecuario, no queda más alternativa que importar alimentos. Y su costo se encareció, entre otras razones, porque se agudizó la devaluación del peso.

Frente a este diagnóstico no tiene ningún sentido aumentar la tasa de interés de referencia del Banco de la República. Esta decisión en nada contribuye a la solución de los problemas estructurales del campo. La inflación de costos no se combate subiendo la tasa de interés. Esta medida acentúa los problemas. El comportamiento del sector financiero colombiano frente a la tasa de referencia del Banco de la República es asimétrico. Cuando el Banco la bajó a 1,75 %, los bancos privados redujeron sus tasas muy lentamente. Pero ahora, cuando la tasa de intervención sube a 4 %, el sistema financiero reacciona rápidamente, y el conjunto de tasas aumenta.

Es un error subir el costo del crédito en estos momentos, cuando apenas se está saliendo del hueco causado por los meses de pandemia. Es imposible entender por qué el alza de la tasa de referencia del Banco de la República pueda contribuir a la reducción de la inflación de alimentos. Esta secuencia analítica es incomprensible. Ante la justa preocupación por la mayor inflación, el banquero central se desespera y toma medidas que no son adecuadas. 

La economía pos-covid debería llevar a replantear los instrumentos convencionales de la política monetaria. El Banco de la República continúa aplicando las medidas que se utilizaban en los años setenta, como si la naturaleza de la inflación fuera la misma. Este enfoque monetarista es inadecuado.

En lugar de aumentar la tasa de interés, el Banco Central debería invitar al gobierno y a las entidades correspondientes para que apliquen las recomendaciones de los estudios que se han realizado sobre el sector agropecuario. Este es un paso necesario para ir avanzando hacia la modernización de la agricultura, de tal forma que las mejoras en productividad se expresen en precios más bajos y en una disminución de las importaciones. 

Es la oportunidad de repensar los instrumentos de la política monetaria, ya que la actual inflación de costos no tiene nada que ver con la inflación asociada a incrementos de la masa monetaria.

Jorge Iván González

Febrero 2022

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Hace unas semanas días, Cecilia López escribió en La República el artículo “¿Por qué no se cuestionan?”. Muestra que el grupo de economistas que el 13 de diciembre publicó la carta abierta a candidatos y precandidatos a la presidencia se niega a poner en tela de juicio “ese modelo de política económica ortodoxa que han defendido e implementado en muchos casos como altos funcionarios públicos”. 

La indignación de López es pertinente* y abre un debate fundamental. Siguiendo esta línea de argumentación, vale la pena recordar la frase de Keynes, refiriéndose a los economistas clásicos que lo antecedieron: “sus enseñanzas engañan y son desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales”.

Los colegas que firmaron la carta** no se cuestionan porque examinan la realidad a partir de principios analíticos equivocados. Sus a priori, que son falsos, no les permiten proponer alternativas que permitan superar los males estructurales de la economía colombiana.

No es cierto, como dice la carta, que el diagnóstico propuesto sea aceptado por todos los candidatos. Se equivocan, ya que la “orientación ideológica del candidato” sí determina la visión de los problemas y sus jerarquías.

Los estudios que se citan en la carta no reflejan la heterogeneidad de visiones del pensamiento económico. Estas investigaciones apenas representan la visión de un grupo reducido de colegas. Los firmantes no salen de su claustro.

En el diagnóstico se reconoce que el saldo de la deuda pública sigue creciendo. Pero de allí no se saca la conclusión obvia: la regla fiscal ha sido un fracaso.

La lucha contra la informalidad se ha convertido en un eslogan vacío. Se la considera la causa principal de numerosos males. El afán de “formalizar” es similar a la angustia que anima la búsqueda del santo Grial.

Se sigue repitiendo que la causa del desempleo son los impuestos a la nómina. Este es el diagnóstico de la Misión de Empleo del gobierno. En la carta no se hace ninguna mención a otras concepciones del mercado laboral. Se dejan de lado las recomendaciones que hizo la Misión Alternativa de Empleo, conformada por organizaciones sociales, sindicatos y académicos, que tienen una concepción de las dinámicas del empleo que es completamente diferente a la de los firmantes de la carta.

Es cierto que la tributación es baja, pero no se insiste en impuestos progresivos, que efectivamente lleven a mejorar la distribución de la riqueza. Tampoco se observa preocupación por la escandalosa concentración de la tierra. Otra vez, los estudios que se mencionan son muy restringidos. Se desconocen investigaciones recientes sobre la desigualdad, como los de Luis Jorge Garay y Jorge Espitia.

La mención que se hace a la transición energética es muy débil. Este asunto debería ser el eje de un modelo de desarrollo alternativo. No se reconoce que para cambiar la situación actual es indispensable el liderazgo del Estado. Además, la financiación de la transformación energética obliga a replantear de manera sustantiva el papel actual del Banco de la República.

En la carta se reconoce que hay comportamientos monopólicos, pero no se cuestiona la concentración en el sector financiero, en los medios de comunicación, en el ahorro pensional (Porvenir y Protección), en la producción farmacéutica, etc.

Y el principal problema de la carta es que, desde su claustro, los firmantes insisten en imponer un pensamiento único.

Jorge Iván González

Enero, 2022

https://www.larepublica.co/analisis/cecilia-lopez-3024859/por-que-no-se-cuestionan-3277112

** https://www.eltiempo.com/economia/sectores/expertos-presenta-propuestas-a-precandidatos-a-la-presidencia-638811

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La Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por Gilinski con el fin de comprar acciones de Nutresa ha puesto en evidencia, otra vez más, el mal arreglo institucional del sistema pensional colombiano y ha dejado en claro el evidente conflicto de intereses que se le plantea a Protección, compañía que hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Si el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) acepta la oferta de Gilinski y el fondo de pensiones Protección vende sus participaciones en Nutresa, favorece a los ahorradores, pero debilita al conglomerado empresarial antioqueño. Y si no vende, privilegia al GEA, pero perjudica a los ahorradores.

Este conflicto de intereses es la expresión de dos problemas graves del diseño institucional de los fondos privados de pensiones. El primero, es el poder monopólico de Protección y Porvenir. Entre estas dos administradoras tienen 85 % del ahorro pensional total, que se acerca a los $350 billones. En este monto global, la participación de Protección es de 36 %. En número de afiliados, ambos fondos concentran 89 %, y Protección participa con 28 % de los afiliados.

Esta concentración, tanto en el monto del ahorro, como en el número de afiliados, ha reducido los márgenes de competencia y ha consolidado un diseño institucional perverso.

Pero, además, el decreto 1486 de 2018, que fue firmado por el entonces ministro Cárdenas el 6 de agosto, un día antes de que terminara la presidencia de Santos, permite que los fondos de pensiones puedan adquirir acciones de las empresas que hacen parte de los conglomerados a los que pertenecen. Es decir, Protección puede adquirir acciones de las empresas del GEA, y Porvenir de las del Grupo Aval. El Decreto aclara que estas adquisiciones no pueden “exceder 8 % del valor de cada fondo”.

Este porcentaje de 8 %, que no es bajo dado el volumen de recursos que manejan Protección y Porvenir, ha tenido dos consecuencias graves. La primera, la reducción de la competencia, por la vía de privilegios legales. Y la segunda, la agudización del conflicto entre los intereses del conglomerado y de los ahorradores.

En el GEA ‒integrado por Nutresa, Protección, Sura y Argos‒, Protección tiene 5,1 % de la propiedad accionaria de Nutresa. Gilinski está ofreciendo por la acción de Nutresa US$7,17, un valor que es 38 % superior al actual. Es obvio que desde la perspectiva de quienes están colocando su ahorro pensional en Protección, la decisión más favorable es la venta de la participación de Protección en Nutresa, pero esta operación debilita el poder del conglomerado GEA. Y desde la mirada del GEA lo mejor sería que Protección no vendiera sus acciones de Nutresa. La decisión se ha vuelto más compleja, porque a la OPA para la adquisición de Nutresa se le agrega la nueva OPA, también de Gilinski, por las acciones de Sura.

Los intereses de los conglomerados financieros, cuando van adquiriendo tanto poder y logran capturar al Estado, terminan yendo en contra del bienestar de la mayoría. En lugar de frenar la concentración, el decreto 1486 la estimuló. Y desde la perspectiva del GEA, es lógico que esté haciendo lobby para evitar la pérdida de control que resultaría en caso de que se concretaran las OPA de Gilinski. 

El discurso sobre la competencia se ahoga cuando los intereses monopólicos están amenazados y el camino más fácil para los conglomerados es rediseñar los mecanismos que les permitan nuevas modalidades de captura del Estado.

Jorge Iván González

Diciembre, 2021

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La autonomía de los países está comprometiendo la sostenibilidad global. Bolsonaro actúa como si el Amazonas perteneciera al Brasil y como si las decisiones sobre el ritmo de la deforestación fueran exclusivamente suyas. La riqueza biológica del Pacífico colombiano es de toda la humanidad. Las emisiones de carbono de China y Estados Unidos son perjudiciales para todos.

Las fronteras nacionales no son compatibles con las urgencias climáticas. De alguna manera es indispensable superar las autonomías de cada gobierno. Y, obviamente, este reto es enorme porque obliga a superar las relaciones inter-nacionales y a consolidar un compromiso global, que nace de las demandas ciudadanas.

Es el momento de pensar en un gobierno planetario, no solamente para los temas ambientales. También debería existir un gobierno global para la fiscalidad y para los derechos humanos.

Como se ha puesto en evidencia estos días, las empresas globales tienen que ser sometidas a reglas tributarias que superen las normatividades nacionales. Ningún país tendría la posibilidad de permitir que en sus fronteras haya paraísos fiscales. Habría que definir unos mínimos tributarios que sean uniformes, y de cobertura universal, superando los principios fiscales de cada país. La propuesta que ha hecho Biden de un mínimo de 15 % de tarifa sobre las utilidades de las empresas globales no ha sido aceptada de manera unánime y se han presentado numerosos obstáculos.

Otras iniciativas como un impuesto a todas las transacciones financieras internacionales del uno o dos por mil ha sido rechazado por varios países, y se está muy lejos de llegar a un acuerdo colectivo. Cuando Tobin propuso el impuesto a las operaciones financieras estaba pensando, sobre todo, en un mecanismo que permitiera reducir la especulación en el mercado de capitales. Ahora se ha ido más lejos y se le está dando más relevancia al monto de recursos que podrían obtenerse por esta vía. Estos dineros podrían contribuir a la financiación de la transformación energética y a la lucha contra el hambre. Diversas entidades internacionales han puesto en evidencia la necesidad de compromisos globales en materia tributaria pero, de nuevo, los acuerdos entre países no avanzan y, entonces, se pone en evidencia la necesidad de un gobierno planetario que incida en la fiscalidad.

La vigilancia del cumplimiento de los derechos humanos es un tema sumamente sensible y cada gobierno es muy celoso. Se han dado pasos importantes, como la Corte Penal Internacional, pero su aceptación y alcances han sido limitados. Amnistía Internacional ha puesto en evidencia violaciones sistemáticas de los derechos humanos, sin que los gobiernos implicados cambien su política. Naciones Unidas, a través del Índice de Desarrollo Humano, considera que sí se les puede proponer a todos los habitantes del planeta Tierra, más allá de sus culturas, unos elementos comunes del significado de la buena vida.

Jorge Iván González

Noviembre, 2021

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A propósito de la cumbre COP26 sobre cambio climático es pertinente recordar los mensajes de los “Límites del Crecimiento”, el llamado Informe al Club de Roma. El estudio se presentó en 1972. Han pasado 50 años y todavía no se ha puesto en práctica la mayoría de sus recomendaciones. Sin duda, este diagnóstico fue profético.

De manera enfática, el Informe al Club de Roma reconoce que el crecimiento presenta las características de la trampa malthusiana: la capacidad de carga del planeta no soporta el ritmo de la población, la producción y el consumo. Recuerda que el crecimiento tiene límites. Durante este medio siglo tales advertencias no se tuvieron en cuenta, y ahora la situación es mucho más crítica.

Las razones por las cuales no se han tomado decisiones radicales son de muy diverso tipo, comenzando porque los seres humanos tenemos una visión de corto plazo. En el informe se muestra que el cerebro, a pesar de sus capacidades maravillosas, apenas puede conjugar un número limitado de interacciones. Su percepción de la complejidad de los fenómenos es muy parcial. Para una persona normal es muy difícil pensar en el bienestar de individuos que vivirán en el planeta Tierra dentro de 200 años. 

Este ejercicio mental no es usual. El altruismo a duras penas alcanza a mover la preocupación por las personas cercanas de la siguiente progenie. Puesto que la persona no se preocupa por las generaciones futuras, es indispensable que el Estado diseñe los mecanismos que obliguen a actuar en función del bienestar de quienes vivirán en este planeta en los próximos siglos. Esta justicia intergeneracional tiene que ser el resultado de una decisión colectiva que va más allá de la mirada estrecha de cada individuo.

Además de las dificultades inherentes a la conciencia humana, los asuntos climáticos son difíciles de aceptar porque no se cuenta con los instrumentos metodológicos para captar sus implicaciones. En el caso de la disciplina económica es evidente la falta de herramientas. La estimación de la tasa de preferencia intertemporal es imposible cuando el horizonte de análisis es de larguísimo plazo. Los modelos financieros de valor presente neto tienen limitaciones intrínsecas y a duras penas permiten hacer proyecciones para los próximos cinco o 10 años. No tiene ningún sentido un ejercicio financiero con proyecciones a 50 o 100 años. Las evaluaciones costo/beneficio son inútiles cuando el margen temporal es tan amplio.

El otro obstáculo está relacionado con los intereses económicos y políticos. La dependencia de las energías fósiles continúa marcando el ritmo del desarrollo contemporáneo. Y la transformación de la matriz energética implica cambios sustantivos, que van contra intereses muy arraigados. Los gobiernos suelen hacer declaraciones a favor de la sostenibilidad, pero no toman las decisiones que se requieren para frenar la deforestación o para ir reduciendo la dependencia del petróleo y del carbón. El llamado no ha sido atendido por Rusia y China.

Y desde la perspectiva fiscal, como lo reconoció el presidente Biden en su discurso del 28 de octubre, es indispensable que los mayores gastos que conlleva el desarrollo sostenible, sean financiados con impuestos progresivos. Se requiere un esfuerzo conjunto para que los ricos y las grandes corporaciones contribuyan al cierre de la brecha fiscal. 

No hay sostenibilidad sin equidad.

Jorge Iván González

Noviembre 2021

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Sorprende que el monto del servicio de la deuda, que es el tema más relevante del presupuesto para el año 2022, sea el que menos se discuta. El asunto no causa alarma en el Congreso, ni genera polémica en la opinión pública.

De $350 billones, el servicio de la deuda (abono a capital e intereses) es de $78,1 billones, equivalentes a 22,3 % del presupuesto. Solamente al pago de intereses se destinarán $38,2 billones. Después del servicio de la deuda, le sigue con una distancia considerable el gasto en educación, que es $49,3 billones (14,1 % del presupuesto).

El elevado servicio de la deuda es la expresión más clara de la forma laxa como en los últimos años se ha enfrentado la situación fiscal. El mal se ha venido ahondando. Es evidente que el peso de la deuda ha ido ahogando la disponibilidad presupuestal.

En el Congreso la deuda apenas es vista como un cierre contable, pero no se analizan las razones estructurales que la están causando y, mucho menos, los criterios que tienen las autoridades monetarias para contratarla (tipo de bonos, tasa de interés, características de los tenedores de títulos, tipos de subasta, etc.).

De manera equivocada se piensa que el asunto es exclusivamente técnico y que las decisiones relevantes sobre su monto y composición no son asunto del debate público.

No solo es escandaloso el monto destinado al servicio de la deuda. Es preocupante la dinámica que ha tomado el saldo de la deuda pública. Como porcentaje del PIB, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central pasó de 38,9 % en 2014 a 64,7 % en 2020.

De manera irresponsable se ha ido posponiendo una reforma tributaria, que con criterios progresivos aumente el recaudo y permita responder por el gasto público, que con el paso del tiempo sigue aumentando.

En lugar de enfrentar el problema, los gobiernos insisten en el discurso de la austeridad. Los llamados a la reducción del gasto son inútiles porque este tiene que continuar subiendo.

La modernización del Estado implica que haya un mayor gasto, así que la única manera de cerrar la brecha es incrementando los impuestos. Y las administraciones Santos y Duque han sido laxas y, una tras otra, han pospuesto las decisiones relevantes.

Y con desfachatez, en la reforma tributaria que se acaba de aprobar se reconoce que no se cerrará el hueco fiscal. Y se decide aumentar los márgenes de endeudamiento permitidos, tanto para las entidades territoriales como para la Nación.

En el caso de los municipios y departamentos, el indicador de sostenibilidad de la deuda pasa de 80 % a 100 %. Y el de capacidad de pago sube de 40 % a 60 %. Y ahora a la Nación se le permite que el saldo de la deuda pública con respecto al PIB llegue hasta 71 %.

Dicho de otra manera, la reforma tributaria reconoce que el mayor recaudo será insuficiente, y en lugar de mejorar la estructura fiscal, opta por el camino fácil de permitir incrementos de la deuda pública.

Es muy curioso que a medida que se van incumpliendo las metas fiscales, se acentúe el discurso sobre la rigurosidad fiscal. De manera hipócrita, en la reciente reforma tributaria se anuncia que se fortalecerá el llamado Comité Autónomo de la Regla Fiscal.

Mientras tanto, los hechos están mostrando de forma contundente que el mecanismo de la regla fiscal ha sido un fracaso, y nada indica que haya voluntad política para modificar el actual estado de cosas.

Jorge Iván González

Octubre, 2021

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