La revista CAMBIO ha publicado en exclusiva para sus suscriptores el libro Lo que Colombia necesita, una agenda nacional prodemocracia 2026-2030, editado por el exministro José Antonio Ocampo. Presentamos en este bloc, en dos entregas, el capítulo 7 de esta publicación, escrito por nuestra colaboradora habitual, Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, en el gobierno de Claudia López.
La educación constituye el cimiento más sólido de la democracia contemporánea. Más allá de la transmisión de conocimientos, amplía las libertades individuales, impulsa el crecimiento económico y potencia la capacidad de un país para construir un proyecto colectivo¹. En Colombia, más de doce millones de estudiantes asisten a 43.500 sedes oficiales y a 9.400 colegios privados. A ello se suman 301 instituciones de educación superior —84 públicas y 217 privadas— y un número creciente de entidades de formación para el trabajo y el desarrollo humano². El sistema educativo constituye el mayor espacio público del país.
Colombia ha registrado avances significativos en cobertura educativa. Actualmente la educación básica primaria es prácticamente universal, y la secundaria ha experimentado una expansión sostenida. El acceso a la educación superior pasó del 7% en 1970 a más del 50% en 2024³. Sin embargo, este progreso cuantitativo no se ha traducido en mayores niveles de equidad ni en aprendizajes significativos. Persisten desafíos estructurales que limitan el potencial transformador del sistema.
La calidad es el eslabón más débil del sistema. En educación básica y media, el 71% de los estudiantes colombianos se ubica en niveles de bajo desempeño en la prueba PISA, frente a un promedio del 31 % en los países de la OCDE⁴.
En los tres años recientes se observan algunos progresos. El presupuesto del sector pasó de 49 billones en 2022 a 79,2 billones en 2025 (precios corrientes), el nivel más alto registrado hasta la fecha. El Programa de Alimentación Escolar logró una cobertura del 71,3% de los estudiantes matriculados, y el Fondo de Infraestructura Educativa presentó mejoras gracias a proyectos gestados en gobiernos anteriores y continuados por las administraciones siguientes. Se aprobó una ley de gratuidad en la educación superior que hoy cubre al 96% de los estudiantes de la universidad pública, aunque su sostenibilidad financiera de largo plazo sigue sin estar garantizada.
No obstante los logros alcanzados, las deficiencias estructurales persisten y, en algunos casos,
las brechas se han profundizado.
I. Una aproximación a la situación actual de la educación en Colombia.
Detrás de las cifras globales de matrícula se esconden trayectorias truncadas, desigualdades sociales y territoriales, rigideces en la financiación y un estancamiento en la calidad.
1. Colombia tiene dificultades para garantizar las trayectorias educativas completas.
Estos recorridos que deberían ser continuos en la práctica se fragmentan y se interrumpen con frecuencia. Una trayectoria ideal comienza en la primera infancia, avanza por la educación básica y secundaria, se diversifica en la media y se proyecta hacia la educación superior, la formación técnica o la inserción laboral. Además, incluye el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con una creciente relevancia en la adultez y la vejez, como lo evidencia la participación de las personas mayores en la llamada “economía plateada”.
Las trayectorias educativas en Colombia están atravesadas por la pertenencia de clase social. La evidencia es contundente. Mientras de cada 100 niños de clase alta que ingresan a primero de primaria la totalidad logra graduarse, en la clase popular apenas 75 alcanza este objetivo. Esta interrupción de las trayectorias educativas golpea con mayor fuerza a los estudiantes rurales, a quienes provienen de familias de bajos ingresos o están en contextos de alta vulnerabilidad.
Incluso en las principales ciudades las desigualdades se mantienen. El estudio de Carlos Alberto Reverón, Trayectorias educativas desiguales y segregadas: clases sociales, segregación escolar y residencial en Bogotá metropolitana (2025), muestra que en Bogotá y sus municipios circundantes cerca del 87% de los jóvenes de 18 a 24 años completó la trayectoria educativa esperada, mientras que un 9% desertó o nunca ingresó al sistema y un 4% presenta rezago. Aunque Bogotá supera el promedio nacional y se acerca más a los niveles de los países de la OCDE, todavía presenta desigualdades notorias.
El informe Education at a Glance 2025 de la OCDE funciona como un verdadero atlas de las trayectorias educativas. En los países de la OCDE solamente el 13% de los jóvenes de 25 a 34 años no culmina la educación secundaria; en Colombia la proporción asciende al 17% y se dispara en las zonas rurales. Además, uno de cada cinco estudiantes acumula al menos dos años de atraso escolar. Estos datos ponen en evidencia que el problema no es solo de cobertura, sino de calidad. Como lo ha señalado el Nobel de Economía Josh Angrist, “la educación importa, pero la calidad es lo que cambia vidas”⁵.
2. La desigualdad educativa en Colombia es profunda y persistente.
En las pruebas SABER 11 de 2023, los estudiantes de colegios urbanos alcanzaron un puntaje promedio de 257, mientras que los de zonas rurales apenas llegaron a 227. Una diferencia de 30 puntos. En Bogotá, más del 69% de los docentes cuenta con posgrado, mientras que en territorios con alta densidad étnica esta proporción apenas supera el 30%. En la educación posmedia la desigualdad se hace aún más evidente. Cerca de 2,6 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, de los cuales dos tercios son mujeres.
Frente a la financiación, estamos lejos de los promedios de la OCDE.
El gasto público en educación preescolar, básica y media equivale en promedio al 3,9% del PIB, incluyendo las pensiones del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG). Este nivel es inferior al promedio latinoamericano (5,7%) y se sitúa muy por debajo de países como Brasil (7,9 %). A ello se suma una estructura rígida: el 82% de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) se destina al pago de salarios docentes y administrativos, frente al 63% en la OCDE.
El Acto Legislativo 03 de 2024 abre una ventana de oportunidad al incrementar, de manera gradual, la participación del Sistema General de Participaciones (SGP) hasta alcanzar el 39,5% de los ingresos corrientes de la Nación, en un horizonte de doce años. Su propósito declarado es contribuir al cierre de brechas económicas, sectoriales y territoriales. Sin embargo, el efecto real de este aumento dependerá de dos condiciones críticas: la expedición de una nueva ley de competencias y del cumplimiento estricto de la regla fiscal. Existe el riesgo de que los recursos adicionales se destinen principalmente a gastos recurrentes, mientras los componentes orientados a calidad, innovación y equidad territorial quedan relegados como partidas residuales.
¹ Amartya Sen. 1999. Development as Freedom. Oxford University Press; Martha Nussbaum. 2011. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Boston: Harvard University Press, 2011.
² Ministerio de Educación Nacional. 2024. Informe de gestión del sector educativo 2022–2024. Bogotá: MEN; DANE. 2021. Encuesta de Educación Formal (EM–2021). Bogotá. DANE.
³ Laboratorio de Economía de la Educación (LEE). 2025. Informe 123: Educación superior en Colombia. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
⁴ OCDE. 2023. PISA 2022 Results (Vol. I): The State of Learning Worldwide. París: OECD Publishing.
⁵ Josh Angrist y Jörn-Steffen Pischke. 2015. Mastering Metrics: The Path from Cause to Efect. Princeton, N. J.: Princeton University Press.
Edna Cristina Bonilla
Diciembre, 2025
