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Las líneas azules del Partido Liberal

Por Mauricio Cabrera Galvis 6 noviembre, 2022

Las “líneas rojas” que trazó el partido liberal para aprobar la reforma tributaria en el Congreso* son en realidad unas líneas azules que demuestran lo conservador que se ha vuelto ese partido, abandonando sus principios históricos de lucha por la equidad y contra los privilegios de los ricos y poderosos.

Desde el programa liberal de Alfonso López Pumarejo en 1935, ya se afirmaba que “El partido liberal de Colombia seguirá luchando contra la inseguridad y contra los privilegios de todas las clases en busca de una igualdad de medios y oportunidades”. Sin ir tan atrás, a comienzos de este siglo, la plataforma ideológica del partido estableció como uno de los objetivos de los liberales el “Restablecimiento de un sistema tributario progresivo, eficiente y equitativo”.

Puede ser que a la bancada parlamentaria o a su director no les importen esas declaraciones históricas, pero por lo menos sí debían ser coherentes con lo que el mismo director escribió en abril de este año en un documento titulado La Colombia de hoy** que circuló durante la campaña electoral.

Veamos algunas de esas contradicciones

Impuesto a las pensiones mayores de $10 millones

En el documento se afirmaba: “Es importante establecer una tributación eficaz para las personas naturales adineradas que pagan poco en comparación con las empresas”.

Sin embargo, los congresistas liberales tumbaron el impuesto a las megapensiones con el falaz argumento que estaban defendiendo a los pobres pensionados, cuando en realidad están favoreciendo a una pequeña minoría y, sobre todo, defendiendo su propio bolsillo. pues en el futuro tendrán pensiones superiores a ese valor.

Para entender el injustificado privilegio que defendieron los liberales hay que recordar que en Colpensiones hay $1.8 millones de pensionados, de los cuales solo 8.613 (0.49 %) tienen pensiones superiores a 12 salarios mínimos. En los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, maestros y otros funcionarios públicos hay 700.000 pensionados y solo 7.928 (1.1 %) tienen pensiones altas.

Es decir, que arropados en un lenguaje demagógico de defensa de los intereses de los colombianos, solo favorecían a 16.500 personas que hoy reciben un cuantioso subsidio del Estado (o sea, de los contribuyentes), porque lo que cotizaron no les alcanza para la elevada pensión que están recibiendo. Los 497 pensionados de los fondos privados sí ahorraron lo suficiente, pero recibieron otros beneficios, pues no pagaron impuestos sobre los ingresos que ahorraron.

El impuesto al patrimonio y a la finca raíz

En abril decía el director del partido: “Hay que cerrar tantos huecos que tiene el Estatuto tributario, que esconde las tarifas reales de tributación, muy inferiores a las nominales y a las que dicen que pagan las personas con bienes de fortuna”.

La bancada no estuvo de acuerdo y trazó dos líneas rojas: intentó bajar el impuesto al patrimonio y eliminar el impuesto de timbre a las transacciones de finca raíz superiores a $800 millones. Su argumento era que estos tributos “generan riesgo para la desestimulación (sic) del ahorro y abre riesgo de doble tributación sobre los inmuebles”.

Estos dos nuevos tributos son los que más contribuyen a hacer más progresivo el régimen tributario en Colombia, pues las personas que tienen más de $3000 millones en patrimonio, o que pueden comprar un inmueble de $2000 millones están en un nivel muy alto de la distribución del ingreso. Por fortuna, en la plenaria no se acogieron las objeciones liberales, y se mantuvieron las propuestas del gobierno, aunque en el caso de impuesto al patrimonio no se logró que se contabilizaran los bienes al valor comercial.

Exenciones a las empresas y a las iglesias

De tiempo atrás la posición liberal había sido la de eliminar las múltiples exenciones a las empresas. Así lo reiteraron en el documento de abril: “Los liberales hemos propuesto eliminar todas las exenciones tributarias que durante varios gobiernos se les han entregado a las grandes empresas de la economía formal, con la excusa de que son ellas las que generan el empleo. Esto es evidentemente falso”.

Y en relación con la baja tributación de algunas empresas plantearon una propuesta que se incluyó en el proyecto de reforma: “Se puede considerar también la introducción de un impuesto mínimo de renta para las empresas, que permita mejorar sustancialmente la equidad en la tributación.

En contra de esta propuesta, la sexta línea azul de la bancada era: “6. Debe eliminarse la tributación mínima de las empresas. No hacerlo terminaría en una renta presuntiva del 15 %”, lo cual, además, era un sofisma porque la renta presuntiva se calcula sobre el patrimonio, mientras que en este caso era un impuesto mínimo sobre las utilidades recibidas.

También defendieron los congresistas liberales el mantenimiento de otras exenciones como las de las zonas francas y la deducibilidad de las regalías que pagan las empresas minero energéticas, y se opusieron al impuesto a las bebidas azucaradas.

Estas líneas azules también fueron derrotadas en la plenaria, aunque sí lograron excluir del tema de las regalías y de la sobretasa a las exportaciones a todos los minerales distintos a carbón y petróleo.

Finalmente, otra evidente contradicción con los principios liberales fue la de impedir que se gravaran las actividades comerciales de las iglesias con otro sofisma, pues según ellos lo hacen como “defensores de la libertad de cultos y de la labor social que desarrollan en las comunidades”. La realidad es que la propuesta no afectaba ni a las actividades religiosas ni a las de beneficencia que realizan las iglesias. Solo a los negocios no relacionados con esas actividades.

* https://twitter.com/PartidoLiberal/status/1585018769717354497

** https://es.scribd.com/document/571780195/Documento-Cesar-Gaviria

G. Mauricio Cabrera G.

Noviembre, 2022

6 noviembre, 2022 1 comentario

Actualidad

Impuesto al oro

Por Mauricio Cabrera Galvis 30 octubre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Los artículos 37 y 38 del proyecto de Reforma Tributaria establecen un impuesto marginal de 10 % a las exportaciones de oro, cuando el precio internacional del metal supere los USD 400/onza troy. Según la exposición de motivos del proyecto, con este tributo se espera recaudar alrededor de un billón de pesos .

Las quejas y reclamos por el impuesto marginal a las exportaciones de oro no se hicieron esperar. Como la mayoría de los críticos a la reforma, la razón para oponerse a este impuesto no es la verdadera, es decir, que afecta sus bolsillos y reduce la rentabilidad de su negocio, sino que se buscan otros argumentos. En este caso las grandes mineras de oro han aducido dos: primero, que buena parte del oro del país se exporta por contrabando, por lo que sería muy difícil lograr aplicar el impuesto; segundo, que este impuesto afectaría la formalización de los productores de oro más pequeños.

En los primeros debates en el Congreso, el ministro anunció que eliminaría el impuesto marginal a las exportaciones de oro en razón a los dos argumentos señalados. Creo que sería una equivocación hacerlo, y que este impuesto debe mantenerse, no solo porque estos dos argumentos son cuestionables, sino sobre todo porque es muy baja la contribución actual de las regalías que pagan los productores de otro.

La insignificante regalía del oro

Desde las épocas coloniales Colombia ha sido un importante productor de oro, pero con la reciente bonanza del precio internacional del metal el oro se convirtió en el tercer producto de exportación colombiano después del petróleo y del carbón, superando al café y duplicando las exportaciones de flores. El año pasado los ingresos por este concepto fueron de USD 3140 millones, el triple de lo exportado en 2015.

Más impresionante que este crecimiento resulta el ínfimo valor que recibe el país como regalías por la explotación de este recurso no renovable. En 2021, tan solo $326.000 millones, que equivalen a 2.7% del valor exportado, como se observa en el cuadro siguiente.

Resulta curioso observar cómo, cuando sube el precio del oro, el volumen de exportaciones es mayor al volumen de producción. Así, en 2021, según el DANE se exportaron 69.1 toneladas de oro, pero el ministerio de Minas solo registra una producción de 55.3 toneladas. O la gente salió a vender sus joyas ante la pérdida de ingresos por la pandemia o hay exportaciones ficticias para lavar dinero.

Las regalías han disminuido como proporción de las exportaciones, pasando de 5.8 % en 2015 al mencionado 2.7 % del año pasado, lo cual se explica porque las regalías se cobran sobre el volumen producido, que es menor que hace ocho años.

Es absurdo el régimen de regalías del oro en Colombia, que desde la ley 141 de 1994 se estableció en 80 % de 4 % del precio internacional, es decir, 3.2 % del valor producido; además, no es una regalía creciente ‒como en el caso del petróleo‒, que aumenta cuando sube el precio internacional. Solo para comparar cabe recordar que la producción de sal paga cuatro veces más: 12 % sobre el 100 % del valor en boca de mina. Seguimos como en el tiempo del cacique Tisquesusa, cuando en el altiplano cundiboyacense la sal era más valiosa que el oro.

¿Por qué se justifica el impuesto marginal a la exportación de oro?

Aunque hace años he venido proponiendo que debe aumentarse la regalía a la producción de oro, debo reconocer que es más eficiente y más fácil de controlar la propuesta de un impuesto marginal a la exportación, por la discrepancia que existe entre el volumen de producción y el de exportación.

Ahora bien, los dos argumentos en contra del impuesto al oro no son suficientes para eliminarlo de la reforma tributaria. Puede ser cierto que haya exportaciones de oro de contrabando, pero el volumen reportado por el DANE es suficiente para tener un recaudo cercano a 1 % del PIB. Además, como lo ha señalado el exministro José Fernando Isaza y lo demuestran las cifras, el contrabando opera en sentido contrario, es decir, ingresos no declarados de oro para venderlo y lavar dineros ilícitos.

Tampoco parece cierto que este impuesto vaya a incentivar las exportaciones de contrabando o la minería informal, porque al establecerse como un impuesto marginal sobre la diferencia en ingresos frente a un precio base de USD 400/onza troy, su impacto sobre los ingresos de los productores es muy bajo, mientras que el beneficio para el fisco sí es significativo.

En efecto, suponiendo un volumen de exportaciones de 60 toneladas ‒que es el promedio de los últimos cuatro años‒, puede calcularse cuál sería el valor del impuesto que se debería pagar por cada USD 200 que aumente el precio de la onza troy, con los siguientes resultados:

Así, por ejemplo, si el precio fuera de USD 1000, el impuesto solo representaría 6.0 % del valor exportado, y el gobierno recaudaría unos $503.000 millones. En las condiciones actuales de precio cercano a los USD 1800, el valor del impuesto sería 7.8 % de las exportaciones y el recaudo fiscal de casi $1.2 billones.

Dado que los ingresos por encima del precio base son utilidad neta para el productor, pues sus costos de producción no se incrementan, no parece factible que una tributación tan pequeña se convierta en un desestimulo para la producción, o un incentivo para el contrabando. Por supuesto que teniendo en cuenta los márgenes de rentabilidad del lavado de dinero, tampoco va a frenar los ingresos de oro de contrabando.

El gobierno no debe renunciar a esta fuente de recursos tributarios, sobre todo porque no ha habido ninguna propuesta para reemplazarla.

Mauricio Cabrera Galvis

Octubre, 2022

30 octubre, 2022 2 Comentarios

Actualidad

Campesinos sin tierra, tierra sin campesinos

Por Mauricio Cabrera Galvis 23 octubre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Después de 60 años de espera y frustraciones parece que al fin la reforma agraria está en marcha. Como lo ha explicado la ministra de Agricultura, Cecilia López, ya se inició la legalización de predios con la titulación de 618.000 hectáreas que se están repartiendo; de otra parte, se tienen identificadas otras 125.000 hectáreas expropiadas a los narcos y también se firmó el acuerdo con Fedegan para la compra de tres millones de hectáreas.

El gobierno tiene claro que la sola entrega de tierras no basta, sino que es necesario estructurar todo un programa para que los campesinos que la reciben puedan desarrollar proyectos productivos. Esto incluye muchos otros elementos, tales como crédito, paquetes tecnológicos, infraestructura vial, distritos de riego y canales de comercialización. Es un programa costoso, pero ya se están identificando recursos, tanto del presupuesto nacional como de la cooperación internacional, para realizarlo.

Con esta política habrá tierra para los campesinos colombianos; lo que no se sabe es si en el futuro habrá campesinos para cultivar esa tierra, por la tendencia al despoblamiento del campo colombiano. No hay duda de que los desplazados y víctimas recibirán con gran alegría las tierras que les adjudiquen, pero no es seguro que sus hijos quieran quedarse en el campo o más bien prefieran migrar a las ciudades, como han venido haciéndolo desde hace décadas.

Del campo a la ciudad

La masiva migración de campesinos a la ciudad es un proceso que viene dándose desde la primera mitad del siglo pasado. Inicialmente, fue inducida por la violencia conservadora; luego, en los años 70, fue impulsada por la política económica de las cuatro estrategias y de nuevo, a finales de los 90 y los primeros años de este siglo, fue acelerada por la violencia paramilitar y guerrillera. Así, mientras que hacia 1950 en el campo vivía cerca de 60 % de los colombianos, medio siglo más tarde este porcentaje había bajado a 30 %.

En lo corrido del siglo XXI continuó la tendencia a la migración a las ciudades, a pesar de algunos avances en la disminución de la violencia, de manera que la población del sector rural solo se incrementó en 7 % (750.000 personas), mientras que la de las cabeceras aumentó 32 % (9.5 millones de personas). En consecuencia, el año pasado los habitantes urbanos llegaron a 78 % de la población total y solo 22 % permanecía en el sector rural.

Esta tendencia general de la población se refleja también en la dinámica del empleo. Entre 2001 y 2021 se crearon en el país 5.4 millones de empleos, pero de estos solo 316.000 (menos de 6 %) fueron en la zona rural. La tasa anual de crecimiento del número de ocupados en las ciudades fue de 42 %, mientras que en el campo fue de solo 7.1 %.

Población y empleo en campo y ciudad (en millones)
	2001	2021	Variación %
Nacional
Población total	39.862	50.140	25,8 %
Población económicamente activa	19.128	24.617	28,7 %
Ocupados	16.452	21.857	32,9 %
Desocupados	2.675	2.760	3,2 %
Cabeceras
Población total	29.453	38.981	32,4 %
Población económicamente activa	14.265	19.516	36,8 %
Ocupados	12.002	17.090	42,4 %
Desocupados	2.263	2.426	7,2 %
Centros poblados y rural disperso
Población total	10.409	11.159	7,2 %
Población económicamente activa	4.863	5.101	4,9 %
Ocupados	4.451	4.767	7,1 %
Desocupados	412	334	-18,9 %
Fuente: DANE.

Tan bajo crecimiento de la población total y de los trabajadores no se debe a que el sector agrícola se haya estancado, pues en estas dos décadas el PIB agrícola creció 65 %. En solo los últimos 10 años el área sembrada se expandió de 2.9 a 4.6 millones de hectáreas; así mismo, el área destinada a ganadería pasó de 29 a 39 millones de hectáreas. Se está produciendo mucho más en el campo con menos trabajadores, lo cual equivale a un importante aumento de la productividad laboral que no se ha visto reflejado en los salarios.

Por la calidad de vida de los campesinos

La realidad que se experimenta en casi todo el sector rural es una escasez de mano de obra. Los cultivadores de café, de palma o de cacao, lo mismo que los ganaderos, manifiestan las dificultades que están teniendo para conseguir trabajadores para las labores de cosecha, a pesar de la presencia de migrantes venezolanos que han aumentado un poco la oferta de mano de obra.

No es difícil entender por qué los jóvenes campesinos prefieren buscar en las ciudades otras oportunidades de trabajo en lugar de las labores a sol y agua que realizaron sus padres y abuelos. No solo es la posibilidad de obtener un mejor salario, que no siempre se da, pues muchas veces solo logran empleos informales, sino sobre todo la calidad de vida por los servicios que encuentran en la ciudad.

Cuando han conformado una familia y tienen hijos, saben que en la ciudad tienen posibilidad de obtener vivienda propia con los subsidios públicos, así como acceso a mejores escuelas donde los niños no tienen que caminar kilómetros diarios, y servicios de salud mucho más completos que los precarios puestos de salud de sus veredas.

Ante esta realidad es indispensable incluir como uno de los elementos de la reforma agraria la provisión de bienes públicos que mejoren la calidad de vida de los campesinos. No es suficiente que tengan un pedazo de tierra propia o que logren mayores ingresos en sus proyectos productivos; tampoco que tengan oportunidades de trabajo decente, como mejores salarios y prestaciones sociales.

Vivienda digna, educación de calidad para sus hijos y acceso a servicios de salud son elementos esenciales para que los campesinos, en particular los jóvenes, quieran permanecer en el campo. Es obligación prioritaria del Estado ofrecer estos bienes públicos en todo el sector rural del país para no terminar en una reforma agraria que sea exitosa en resolver la injusticia de campesinos sin tierra, pero que lleve a una situación de tierra sin campesinos.

Mauricio Cabrera Galvis

Octubre, 2022

23 octubre, 2022 5 Comentarios

Actualidad

¿Inflación o recesión?

Por Mauricio Cabrera Galvis 9 octubre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

¿Qué prefiere usted, que el año entrante la inflación se mantenga alrededor de 10 % y que la economía crezca un 3 %, o que la inflación baje a 6 %, el crecimiento del PIB sea 0 % y aumente el desempleo? Este es el dilema que hoy enfrentan las autoridades monetarias- Es una pregunta tan difícil como la que le hace el tío impertinente a un niño pequeño: ¿usted a quien quiere más: a su papá o a su mamá?

Ante todo, hay que decir que no se trata de una pregunta abierta como ¿usted que prefiere: inflación o crecimiento? A esta pregunta cualquier economista razonable respondería con su palabra mágica: ¡depende! Porque la respuesta depende de las circunstancias y las magnitudes. Por ejemplo, cuando la inflación es de 80 % anual, como en Argentina, no hay duda que hay que bajarla a cualquier costo, pero con una inflación de 10 % y originada en aumento de costos y factores externos, la respuesta no es tan clara.

Es claro que un aumento de las tasas de interés del Banco de la República sí sirve para frenar la inflación, pero el mecanismo que funciona, que es el encarecimiento del crédito que desestimula el consumo y la inversión, a su vez frena la demanda agregada y, por lo tanto, el crecimiento económico. Por eso, se plantea el dilema entre inflación y crecimiento.

Por una interpretación equivocada de la Constitución del 91, hasta el año 1999 la posición del Banco frente a este dilema era que siempre prefería bajar la inflación a costa del crecimiento y el empleo; más aún, que su meta de inflación siempre debería ser menor que la del año anterior.

La Corte Constitucional corrigió esos desatinos en su sentencia C-481 de 1999, en la que definió de manera inequívoca que la finalidad del Banco no es exclusivamente luchar contra la inflación, sino que también debe preocuparse por el crecimiento, puesto que como organismo del Estado debe colaborar a sus objetivos esenciales como son mejorar la calidad de vida de la población, el pleno empleo y la distribución equitativa. Es un mandato similar al que tiene el Federal Reserve de los Estados Unidos.

Lo que la Corte no hizo, ni podía hacer, era determinar límites cuantitativos a esos dos objetivos y por eso, en la práctica la pregunta inicial con valores específicos es tan difícil de responder. Al seguir subiendo sus tasas de interés, el Banco ratificó que prefiere que la inflación baje el año entrante, aun sabiendo que podemos llegar a una recesión. Lo hace porque le preocupa el aumento de los intereses internacionales y porque cree que si no recupera la credibilidad de su meta y se consolidan expectativas de inflación altas, se perjudicará el crecimiento de mediano plazo.

El gobierno, por su parte, hubiera preferido que no subieran más las tasas, no solo por el seguro impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo, sino porque cree que van a empezar a disminuir las presiones de aumento de precios, en particular los de los alimentos y los servicios públicos, de manera que la inflación empezará a descender sin necesidad de frenar más la demanda.

Las dos posiciones son opiniones válidas sobre un futuro que ninguno de los dos puede predecir con certeza. Pero la decisión ya fue tomada y tendremos menos inflación y menor crecimiento.

Mauricio Cabrera G.

Octubre, 2022

9 octubre, 2022 0 comentario

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Actualidad

$500.000 para los ancianos

Por Mauricio Cabrera Galvis 23 septiembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

Se volvió a alborotar el debate sobre las pensiones tras el anuncio del presidente Petro de dar un bono mensual de $500.000 a tres millones de ancianos que no tienen pensión, para lo cual es indispensable una reforma pensional que fortalezca a Colpensiones.

Frente el anuncio del presidente de dar un bono mensual de $500.000 a tres millones de ancianos, de inmediato arremetieron los críticos, sobre todo los viudos del poder: que es una propuesta populista e irresponsable, que es el comienzo de las expropiaciones de un gobierno socialista, que le van a quitar la plata a los fondos privados y que van a dejar a los trabajadores sin pensión, y otras acusaciones de parecido tenor.

Vamos por partes. Ante todo, hay que recordar que aunque Petro hizo esta propuesta desde la campaña electoral, no fue el primero en plantearla. De hecho, Sergio Fajardo la había hecho antes, y en su momento le reclamó a Petro que se la había tomado.

También Fedesarrollo ha respaldado un sistema de pilares, que debe tener “un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios que entregaría un auxilio mensual de $500.000 a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión…”. No parece, pues, una propuesta socialista ni irresponsable.

La pregunta clave para implementar esta propuesta es de dónde sacar los $18 billones necesarios para financiarlo. En este punto las críticas son malintencionadas porque distorsionan la propuesta del presidente. Él no dijo que iba a hacerlo con la plata que está en los fondos privados, ni que iba a tomar el ahorro de los trabajadores, ni a vulnerar sus derechos adquiridos; ni siquiera dijo que esos recursos debían salir de Colpensiones.

La propuesta de Petro es que ese subsidio debe pagarse del presupuesto nacional, pero no buscando recursos nuevos con otra reforma tributaria, sino liberando recursos que hoy se destinan al pago de pensiones.

Para entender el esquema financiero propuesto hay que señalar que hoy Colpensiones debe desembolsar este año unos $36 billones para pagar las mesadas de 1.5 millones de pensionados, de los cuales el gobierno central aporta unos $14 billones, los ahorros de los pensionados que se han trasladado de los fondos privados otros $9 billones, y el saldo de $13 billones de las cotizaciones de los actuales trabajadores. En otras palabras, parte de las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones corrientes de los afiliados.

El núcleo de la propuesta es que con el sistema de pilares pasarían a Colpensiones todos los trabajadores que ganen hasta 2 o 4 salarios mínimos (ese umbral está en discusión), con lo cual aumentaría el valor de las cotizaciones y Colpensiones no necesitaría recurrir al presupuesto nacional, que liberaría recursos para pagar los subsidios a los ancianos.

Es evidente que pagar las pensiones de hoy con las cotizaciones actuales es tirar el problema hacia adelante, pues habrá déficit cuando crezca el número de pensionados. Por eso, es necesaria la reforma pensional que aumente el número de cotizantes de Colpensiones y reduzca el valor de los subsidios a las pensiones altas para que disminuya el déficit futuro.

Para resolver ese problema hay 20 o 30 años, mientras que el hambre y las necesidades de tres millones de ancianos no dan espera. $500.000 para un anciano que vive en la pobreza no

es una fortuna, pero sí es una obligación ética de la sociedad que no puede abandonar a su suerte a sus ciudadanos más débiles y desprotegidos.

Mauricio Cabrera Galvis

Septiembre, 2022

23 septiembre, 2022 4 Comentarios

Actualidad

Impuestos a las ventas de inmuebles

Por Mauricio Cabrera Galvis 18 septiembre, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

La propuesta de eliminar la exención del IVA a todas las transacciones de finca raíz, con una tarifa del 5 %, ha generado el esperado rechazo de los constructores, pero también objeciones técnicas sobre su aplicabilidad, en particular a las compras de inmuebles usados.

Estas últimas son válidas y es posible que esa fuera una de las razones por la que en la reforma tributaria de 2018 lo que se estableció fue un “impuesto al consumo de bienes inmuebles”, con tarifa de 2 %.

Como es sabido, ese impuesto al consumo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por lo que es difícil intentar imponerlo de nuevo, a pesar de que tresmagistrados no estuvieron de acuerdo con la sentencia y salvaron su voto con argumentos de mucho fondo.

Antes de ver la alternativa que existe para ese tributo en Colombia conviene mirar cómo se gravan las transacciones de inmuebles en otras partes.

Impuestos a ventas de inmuebles en el mundo

Aunque en Colombia nos parece extraño, en muchos países del mundo se acostumbra gravar las compraventas de bienes inmuebles, y con tarifas que acá generarían fuertes protestas en los congresos gremiales, pues llegan a niveles de 30 % a 40 % del valor de la transacción.

Son tres los tipos de impuestos que se utilizan en los diversos países, a veces simultáneos y a veces excluyentes. En primer lugar, el IVA que se aplica ordinariamente a la primera venta del inmueble, en ocasiones con la misma tarifa de los demás bienes ‒como en Bélgica u Holanda (21%) o Chile (19 %)‒, y en otras con tarifas más bajas, como en Corea del Sur (10 %) o Irlanda (13.5 %).

Segundo, un impuesto directo a las transferencias de propiedad, que en general tiene tarifas crecientes de acuerdo con el valor del inmueble, que llega a máximos por encima de 10 % ‒en España, Sudáfrica o Luxemburgo‒, o más moderadas (entre 3 % y 6 %) en Indonesia, Alemania, Francia o Italia. En América Latina,Brasil, México, Panamá, Perú y Uruguay están en este rango.

Tercero, en los países de tradición anglosajona lo que se usa es el “Stamp Duty”, que es un “Impuesto de Timbre” sobre el valor de la transacción. También se usa que la tarifa sea creciente, de acuerdo con el valor de la propiedad, con unos valores máximos de 28 % en Hong Kong y 34 % en Singapur. En Europa, Inglaterra tiene la tasa más alta (12 %), mientras que en nuestro vecindario, la tarifa de Argentina es 3.3 %.

El cuadro siguiente muestra las tarifas de los impuestos diferentes al IVA en un conjunto de países. Están marcados con un asterisco aquellos que utilizan el Impuesto de Timbre. Se destaca que en Colombia son de 0 %.

IMPUESTOS A TRANSFERENCIAS DE FINCA RAÍZ
(Diferentes al IVA)
País	Tarifa
	Mínima	Máxima
Australia (*)	1.25 %	6.75 %
Corea del Sur	5,0 %	5,0 %
Hong Kong (*)	6,5 %	28,5 %
India (*)	4,0 %	10,0 %
Indonesia	5,0 %	5,0 %
Singapur (*)	10,0 %	34,0 %
Sudáfrica	0,0 %	13, 0%
Sri Lanka (*)	3,0 %	4, 0%

Alemania	3,5 %	6,5 %
Bélgica	10,0 %	12,5 %
Canadá	0,5 %	2,0 %
España	6,0 %	10,0 %
Francia	0,6 %	4,9 %
Holanda	2,0 %	6,0 %
Inglaterra (*)	0,0 %	12,0 %
Irlanda (*)	1,0 %	2,0 %
Italia	3,0 %	7,0 %
Luxemburgo	6,0 %	10,2 %
Noruega (*)	2.5 %	2.5 %
Portugal (*)	5,0 %	10,0 %

Argentina (*)	3,3 %	3,3 %
Brasil	3,0 %	3,0 %
Chile (*)	1,2 %	1,3 %
Colombia	0,0 %	0,0 %
México	0,2 %	4,5 %
Panamá	2,0 %	4,5 %
Perú	3,0 %	3,0 %
Uruguay	3,0 %	3,0 %
Fuente: Global Property Guide – DLA Piper Real WorldLaw.
() Países con Stamp* Duty (Impuesto de Timbre).

Por la cercanía cultural es interesante el caso de España, pues es uno de los países en los que se usan los tres gravámenes: la compra de inmuebles nuevos debe pagar un IVA de 10 % si es vivienda o 21 % si son lotes no construidos. Si la transacción es en el mercado secundario se paga un “Impuesto de Transmisiones Patrimoniales” (ITP) de 10 %; además, en todos los casos hay un “stampduty” de 1,5 %.

Un impuesto de timbre a las transacciones de finca raíz en Colombia

La propuesta para Colombia, muy lejos de las tarifas impositivas de otros países, es establecer un Impuesto de Timbre (ITI) a las ventas de inmuebles con una tarifa de 2%. Para hacerlo no hay que crear ningún nuevo impuesto, puesto que este gravamen existe en el país hace más de un siglo, pero desde 2010 la tarifa es 0 %, es decir, que no se cobra nada.

El procedimiento es muy simple, pues solo consistiría en eliminar la exención al ITI que hoy tienen las escrituras de compraventa de bienes inmuebles de valor superior a unos 15.000 UVT y establecer una tarifa de 2 % para dichos documentos. Continuaría vigente toda la reglamentación del Estatuto Tributario (artículos 513 a 518) sobre sujetos pasivos, contribuyentes y agentes de retención.

Este tributo tiene varias ventajas. Ante todo, es muy progresivo, pues grava más a los que más recursos tienen, y esa es una de las razones por las que se usa en tantos paísescon tarifas muy superiores a la propuesta para Colombia, de manera que no puede argumentarse que nos resta competitividad. De otra parte, no cabe el argumento según el cual los propietarios de inmuebles muy valorizados no tienen la liquidez para pagar el impuesto, puesto que en este caso lo paga el comprador del inmueble.

Desde el punto de vista político no tendría objeciones,puesto que un impuesto similar ya lo aprobó el Congreso en 2018; tampoco hay el riesgo jurídico, no solo porque es diferente al impuesto al consumo que tumbó la Corte, sino porque el ITI existe desde hace mucho tiempo. Lo que se cambiaría ahora sería la tarifa.

En cuanto al recaudo que genera, podría ser superior a dos billones de pesos anuales, suponiendo que aplicaría al valor de la mitad de las transacciones registradas en notarías, lo que ayudaría a compensar los recortes que le están haciendo a la reforma tributaria y se lograrían los $25 billones esperados por el ministro Ocampo. Además, es un gravamen de fácil recaudo en las notarías.

***

Coletilla: este ITI también podría aplicarse a la venta de vehículos de alta gama, con valor superior a $200 millones. Es un sustituto al impuesto a bienes de lujo que están empezando a utilizar en países como Canadá.

Mauricio Cabrera

Septiembre, 2022

18 septiembre, 2022 3 Comentarios

Actualidad

Adiós al neoliberalismo

Por Mauricio Cabrera Galvis 25 agosto, 2022

Escrito por Mauricio Cabrera Galvis

El equipo económico designado por el presidente Petro marca una clara ruptura con la tendencia que ha dominado el manejo de la política económica del país en las últimas décadas.

José Antonio Ocampo en Hacienda, Cecilia López en Agricultura y Desarrollo Rural, Germán Umaña en Comercio, Turismo e Industria y Jorge Iván González en Planeación Nacional representan una escuela económica muy alejada de los principios neoliberales del llamado “Consenso de Washington” que se convirtieron en la biblia de los gobiernos de los países en desarrollo por más de cuatro décadas.

Por allá, a finales de los años 80 del siglo pasado, cuando América Latina apenas se estaba recuperando de la década perdida por la crisis de la deuda, se impuso un nuevo modelo de desarrollo inspirado en el neoliberalismo de los gobiernos de la Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos.

Tres elementos esenciales de ese modelo eran reducir el papel del Estado en la economía para dar una libertad total a los mercados, dejar de lado los temas de pobreza y de la distribución del ingreso y la riqueza, y acabar el proteccionismo en el comercio internacional. A partir de allí se decidió, por ejemplo, que la mejor política industrial era no tener política industrial, o que había que reducir los impuestos a los más ricos para que fueran aún más ricos, creciera la torta y solo después repartirla, o que había que hacer la apertura hacia adentro de la economía.

En estas cuatro décadas la aplicación de este modelo en Colombia ha sido predominante, pero no homogénea ni continua. El plan de desarrollo de “El Salto Social” del gobierno Samper trató de cambiar esa orientación con éxito relativo por las complicaciones del proceso 8000 y la oposición soterrada y abierta de los aperturistas. El gobierno Santos también se alejó de ese modelo, pues prestó más atención a la distribución del ingreso y a la regulación de los mercados.

En el mundo fueron muy negativas las consecuencias de ese modelo de desarrollo, al que se ha llamado neoliberal, en materia de frenar el ritmo de crecimiento económico y propiciar una enorme concentración del ingreso y la riqueza. En Colombi, además, se debilitó la agricultura nacional convirtiéndonos en importadores de alimentos y se generó un proceso de desindustrialización.

José Antonio, Cecilia, Germán y Jorge Iván no son caras nuevas, pero sus ideas sí lo son; hacen parte de otra escuela que puede llamarse de muchas maneras ‒heterodoxa, social demócrata, keynesiana, estructuralista o simplemente progresista‒, pero en cualquier caso tienen una orientación muy diferente a la que ha sido hegemónica en el pensamiento y la política económica.

Son claras las prioridades del nuevo equipo económico: una mayor intervención del Estado para acelerar el crecimiento mediante una reforma rural integral y políticas de promoción de la industria nacional, tributación progresiva para mantener la disciplina fiscal y tener más recursos para luchar contra las desigualdades, el hambre y la pobreza.

El concepto de “Misión Economía” que ha planteado el presidente no es el socialismo del siglo XXI, ni se trata de nacionalizar empresas o cerrar la economía. Es decir, adiós al neoliberalismo para desarrollar el capitalismo del siglo XXI, en el que la acción conjunta del Estado y el sector privado permitan crear riqueza en un marco de equilibrio macroeconómico y distribuirla para el beneficio de todos los colombianos.

Mauricio Cabrera Galvis

Agosto, 2022

25 agosto, 2022 3 Comentarios

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