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mauricio cabrera

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El periódico The New York Times publicó un extenso reportaje (ln.run/N8C0Q) sobre una mina ilegal de oro en Colombia. Lo más impresionante del reportaje no son los aterradores videos y fotos de la destrucción ambiental causada por los mineros, sino la denuncia de que parte de esta mina -llamada La Mandinga- controlada por el Clan del Golfo, estaba ubicada dentro de una base militar.

Pero esta es solo una parte de la historia. La otra parte, denunciada en un segundo reportaje del mismo periódico (ln.run/0_7uh), es que La Casa de la Moneda (US Mint) compra oro del cártel de la droga y lo vende como estadounidense. La conclusión del NYT es que una agencia del gobierno norteamericano no cumple sus propias políticas de verificación del origen del oro que compra y así se ha convertidos en un eslabón importante de la cadena de lavado de dinero de terroristas y narcotraficantes.

La contradicción, o la hipocresía, es evidente: los mismos países que lideran la lucha global contra el narcotráfico participan, de facto, en la legalización de uno de sus principales mecanismos de lavado de activos. ¿Cómo parar un sistema de minería ilegal cuando el precio del oro supera los USD 5.000 la onza y hasta el gobierno norteamericano lo compra?

Una bonanza dorada 

El oro se ha convertido en el segundo renglón de exportaciones de Colombia, por encima del carbón, el café o las flores y solo superado por el petróleo. El año pasado las ventas de oro y de minerales de oro llegaron a USD 5.055 millones (25% más que en el 2024), y en los dos primeros meses de este año ya han crecido 109% llegando a USD 1.533 millones. De seguir a ese ritmo pueden llegar a superar los USD 8.000 millones.

En contraste, en lo corrido de este año las exportaciones de café apenas crecieron 15%, llegando a USD 1.021 millones; las de petróleo y carbón disminuyeron 5.1% 6,4% respectivamente, bajando a solo USD 740 millones. Las exportaciones de flores, otro de nuestros productos estrella, también cayeron 9.5%, a menos de USD 300 millones. En consecuencia, en el total de nuestras exportaciones el oro pasó de representar el 8% en 2024 al 18% este año, generando un cambio sustancial en la composición del comercio exterior del país.

No todo este aumento se explica por los mejores precios del oro, que sí se han duplicado en los dos últimos años, sino que también hay un aumento en el volumen de producción y de ventas al exterior. En el primer bimestre de este año, las toneladas de oro exportadas han crecido 30%.

El lavado del oro ilegal 

La realidad incómoda detrás de esa bonanza dorada es que una parte significativa de ese metal proviene de la minería ilegal, controlada por redes criminales. El reportaje del NYT describe en detalle todo el proceso desde la extracción del oro -con maquinaria pesada y usando mercurio prohibido- hasta su legalización por compradores que certifican que ese oro procede de pequeños mineros que tienen licencias oficiales y no utilizan mercurio. Las fotografías de la devastación ambiental muestran la falsedad de esos certificados.

Después de salir de las minas del Chocó, Antioquia o el Cauca, casi siempre con certificados dudosos, el oro colombiano viaja, se mezcla en refinerías en Texas, Utah u otros estados norteamericanos, y así reaparece en los mercados oficiales donde, como por arte de magia, pierde su historia y deja de ser ilegal. 

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de oro colombianas, absorbiendo cerca de una tercera parte. El año pasado compró más de USD 1.600 millones y, en lo corrido de este año, Canadá ya ha comprado más de USD 500 millones. Con un crecimiento explosivo en sus compras que este año ya casi llegan a USD 500 millones, se ha convertido en otro actor clave. Ambos países son, además, centros globales de refinación y comercialización.

El US Mint tiene prohibido por ley comprar oro que no sea norteamericano, pero mantiene la ficción que si lo compra a una refinería de Texas ya está certificado su origen, y no se preocupa por rastrear de donde viene. El NYT encontró que dos refinerías en Estados Unidos compraban oro de Colombia, pero también de Perú y oros países.

Es un modelo perfecto para el lavado de activos: silencioso, eficiente y socialmente aceptado, porque el sistema está diseñado para funcionar así: una vez el metal entra a una refinería certificada, su origen se vuelve irrelevante, y las refinerías no están obligadas a rastrear con rigor el origen último del oro. Así entra a cadenas de suministro que terminan en lingotes oficiales, reservas bancarias o monedas acuñadas por entidades estatales, lo que le da un sello de legitimidad que borra cualquier rastro incómodo de su origen.

En Colombia, las consecuencias son brutales: ríos envenenados con mercurio, selvas arrasadas, comunidades sometidas por economías ilegales y un flujo constante de recursos que alimenta la violencia. El oro es una de las infraestructuras financieras del terrorismo y ha reemplazado en muchas regiones a la coca como mecanismo de lavado de dinero.

Como en la guerra contra las drogas, la hipocresía mundial es rampante: se exigen resultados contra el narcotráfico mientras su propio sistema financiero y comercial opera uno de los principales mecanismos de lavado de dinero. Es más cómodo exigir la erradicación de coca que rastrear el oro y más fácil mirar hacia otro lado que asumir que la economía global —incluyendo sus instituciones más respetables— está profundamente entrelazada con el lavado de dinero de las rentas del crimen.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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Invitados para ayudarnos a entender la realidad de la economía Colombiana en estos momentos delicados de una contienda electoral, nuestros compañeros, especialistas en el tema de gran reconocimiento nacional, nos ofrecieron una perspectiva muy clara y profunda de los desafíos que enfrenta la economía de nuestro país. La compartimos muy orgullosos con nuestro lectores con la esperanza de contribuír en aclarar conceptos y realidades para buscar candidatos que reflejen los objetivos de dar solución a estos asuntos clave de nuestra democracia.

Haz click aquí para apreciar la tertulia : https://youtu.be/wg8OVWpNoSk

Exjesuitas en tertulia- Sesión # 279- 26 de Febrero de 2026.

Resumen: En esta tertulia, Mauricio Cabrera y Jorge Iván González presentaron un análisis detallado sobre los principales desafíos económicos de Colombia, enfocándose en dos temas: Las finanzas públicas y la vulnerabilidad externa. Mauricio explicó que la economía colombiana ha experimentado una desaceleración en el crecimiento del PIB, con un aumento del déficit comercial que alcanzó $16.377 millones en 2025, mientras que las importaciones crecieron significativamente sin una correspondiente expansión de las exportaciones. Presentó tres posibles estrategias de ajuste: una recesión costosa, una apertura mayor que considera ilusoria, y un enfoque de sustitución de importaciones que incluye políticas industriales, reducción del costo país y una tasa de cambio competitiva. Jorge Iván complementó la presentación discutiendo el problema fiscal, destacando cómo el saldo de deuda pública aumentó del 33% al 61% del PIB entre 2012 y 2025, con un servicio de deuda que se convirtió en el rubro más importante del presupuesto nacional. Ambos especialistas concluyeron que estos desafíos económicos requieren atención urgente del próximo gobierno independientemente de su orientación ideológica.

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Las últimas encuestas que se conocerán antes de las elecciones al Congreso el próximo 8 de marzo confirman resultados que ya se venían marcando, pero también tienen algunas sorpresas que, sin duda se han originado en lo que ha pasado con las 3 consultas presidenciales, las de los pedazos del centro izquierda, la del centro y la de la derecha.

La foto de hoy muestra una primera vuelta presidencial fragmentada, ya no con más de 20 candidatos, muchos de ellos sin ninguna posibilidad, sino entre solo 6 candidatos con probabilidad de obtener votaciones significativas y eventualmente pasar a la segunda vuelta.

Lo que dicen las encuestas 

No soy experto en estadística, pero según la opinión de los que sí saben, las encuestas más confiables son las de Invamer, el CNC y Guarumo. Las realizadas en las últimas semanas de febrero por estas tres firmas muestran resultados similares en muchos aspectos, aunque con diferencias en los guarismos concretos.

El primer hecho relevante es la subida de la aprobación del presidente Petro que al año pasado rondaba alrededor del 35%, y ahora casi la mitad de la población tiene una imagen positiva; inclusive en la muestra del CNC llega al 54%. Está funcionando la estrategia populista de subsidios, salario mínimo y contratos, junto con las equivocaciones de la oposición dedicada a criticar al presidente sin ofrecer alternativas creíbles.

Consecuencia directa de esta mayor aprobación es el crecimiento paulatino de la intención de voto por Iván Cepeda. El portal digital de la Silla Vacía hace un ejercicio cuidadoso de seguimiento al promedio de todas las encuestas y el crecimiento de Cepeda es significativo: de una preferencia del 21.6% en diciembre, sube a finales de enero hasta el 32.2%. En febrero, según el promedio de las tres encuestas, aumentó hasta el 34.8%

El abogado candidato de la extrema derecha se mantiene en la segunda posición y hasta enero mostraba una tendencia al crecimiento, pasando del 12.9% al 22.9%. Sin embargo, en las últimas mediciones el promedio cae un poco, al 19.4%, tendencia que también está relacionada con el avance de Paloma Valencia, impulsada por su favorabilidad en la Gran Consulta del centro-derecha.

Porque otro hecho significativo es el repunte de las mujeres. En la medición de LSV Paloma Valencia subió del 1% al 5.9% y en el promedio de Febrero al 7%, teniendo un máximo de 10% en la encuesta de Invamer. Por su parte Claudia López pasa del 4.5% a un promedio de 7.5%, también con un máximo de 11,7% en la de Invamer. No hay duda de que este repunte se debe a la decisión de ambas de participar en las consultas el 8 de marzo, y al hecho de que aparecen como claras ganadoras de las mismas.

Por la misma razón de la participación de las consultas pero, al contrario, se desploma Sergio Fajardo quien del 8.9% bajó al 5%, e inclusive en la medición más optimista solo alcanza el 6.9%. Su equivocada decisión de no contribuir a la consolidación de un candidato único del centro participando en una consulta con Claudia y otros, le está pasando la factura y no parece que tenga posibilidades de recuperación. El año pasado era muy alta la probabilidad que hubiera ganado esa consulta y así llegar hasta la segunda vuelta, pero ahora aparece por debajo de Claudia.

El resultado más sorpresivo de las últimas encuestas es el de la intención de voto en la encuesta del Frente por la Vida, que es la que quedó después de que la decisión inconsecuente del Consejo Nacional Electoral de no permitirle a Iván Cepeda participar en ella. Ahora se van a enfrentar Roy Barreras y Daniel Quintero y, contra todo pronóstico Quintero gana sobrado.

En efecto, en las encuestas de Invamer y el CNC la intención de voto por Quintero triplica la de Roy, mientras que en otra también le gana, pero por una diferencia de solo 12 puntos. No hay explicación clara a este resultado, aunque se comenta el hecho cierto que las encuestas no capturan el apoyo que han prometido a Roy las estructuras políticas que tienen listas fuertes al Congreso, especialmente en las regiones. De concretarse este apoyo, esta sería la gran pifia de todas las encuestas.

Únete y vencerás!

En algún momento se especuló que la primera vuelta sería una carrera entre tres competidores fuertes -de la derecha, del centro y de la izquierda- porque estas tres tendencias lograrían ponerse de acuerdo para presentar un solo candidato cada una. Hasta ahora no han sido posibles esos acuerdos y lo más probable es que cada tendencia presente dos candidatos, lo que hace más difíciles los pronósticos.

En el caso del centro izquierda se presentarán Cepeda y el que gane la consulta entre Roy y Quintero. Por el hecho de haber participado en consultas, todos están obligados a seguir a la primera vuelta. No hay duda de que en ésta, la mayoría de los votos serán para Cepeda y que él pasará a segunda vuelta, pero la pregunta es cuántos votos alcanzará a tener su contrincante, porque si es un porcentaje significativo, Cepeda puede verse obligado a algún tipo de alianza o acuerdo programático.

En la derecha existe la división, porque si continúa el fortalecimiento de Paloma ella podría restarle votos al abogado, de tal manera que sería posible que ninguno de los dos pasara a segunda vuelta. En ese evento, todo dependerá de la capacidad del expresidente de forzar una unión, que solo podría hacerse alrededor de Paloma, porque ella sí está obligada a presentarse a la primera vuelta, mientras que el abogado podría retirar su candidatura sin tener que pagar ninguna multa.

La situación en el centro con Claudia y Fajardo es similar porque los votos de los dos sumados permitirían pasar a segunda vuelta, pero divididos los dos están perdidos. Sin embargo, hay una gran diferencia con la derecha, porque aquí no hay ningún personaje con capacidad de forzar la unión, que obligatoriamente tendría que ser alrededor de Claudia, porque como Paloma o Roy, está obligada a presentarse en la primera vuelta so pena de una cuantiosa multa. Fajardo sí puede retirarse sin ninguna penalidad, porque todavía no se ha inscrito.

Según las encuestas, Fajardo no solo está cayendo, sino que en noviembre pasado ganaba o empataba con todos los posibles contrincantes de segunda vuelta, mientras que hoy las mismas encuestas lo muestran perdiendo en todos los escenarios como consecuencia de su decisión de no estar en ninguna consulta. 

Cuando Fajardo rechazó la participación en una consulta del centro, planteó que el mecanismo para escoger un solo candidato de ese sector debía ser una encuesta. Hoy las encuestas muestran que Claudia tiene más votos que él, de manera que debía aceptar ese resultado. ¿Quién puede convencer a Fajardo que para el país la mejor alternativa para no llegar a otras elecciones entre extremos es que acepte apoyar a Claudia en la primera vuelta?

MAURICIO CABRERA GALVIS

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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Lo que ha pasado con las idas y venidas del incremento del 23% en el salario mínimo es una verdadera tragicomedia: el gobierno decreta un aumento arbitrario que recoge votos pero genera muchas reacciones en contra; el Consejo de Estado suspende el decreto y ordena que se modifique; los que se oponían al aumento ahora lo defienden y el gobierno expide un nuevo decreto en que mantiene el mismo aumento.  Al final se vuelve a comprobar que seguimos la vieja tradición de la época colonial según la cual la ley se obedece pero no se cumple. La tragicomedia tiene cuatro actos y un epílogo.

LA PUESTA EN ESCENA

Primer acto: en la comisión de concertación del salario mínimo no hay acuerdo porque los empresarios ofrecen un aumento del 7.5%, los sindicatos piden el 16% y el gobierno, que debería ser el mediador que acerque posiciones, decreta un sorpresivo aumento del 23%, buscando votos para su campaña electoral. Los gremios, los políticos y los medios se rasgan las vestiduras y claman que va a ser un desastre para la economía por su impacto en la inflación y el desempleo.

Segundo acto: se presentan múltiples demandas solicitando la nulidad el decreto y el Consejo de Estado, que usualmente tarda meses en proferir una sentencia definitiva, también de manera sorpresiva saca una sentencia de suspensión provisional del decreto por ser contrario a la ley, y ordena la expedición de un nuevo decreto en el que se deberán “atender y aplicar la totalidad de los criterios económicos y constitucionales previstos en el inciso segundo del parágrafo del artículo 8 de la Ley 278 de 1996”. 

Tercer acto: Los gremios, los políticos y los medios, asustados por los efectos electorales, dan una voltereta y se van contra la sentencia y piden que se mantenga el mismo aumento del 23%.

Cuarto acto: El gobierno, en modo campaña electoral, se va a las plazas públicas a defender el aumento, pero al mismo tiempo expide un nuevo decreto con un aumento del ….23%, justificado esta vez con malabarismo matemáticos pero incurriendo de nuevo en las mismas ilegalidades criticadas por el C de E.

El epílogo está por verse, pero lo más probable es que se repita la historia del 2016 cuando el C de E sentenció la nulidad del aumento del salario mínimo del gobierno Santos, catorce meses después de decretada, por lo que los hechos cumplidos prevalecieron sobre los fallos judiciales y no cambio nada. 

Lo mismo pasará ahora cuando, hacia el final del año, el C de E expida la sentencia definitiva que confirme la nulidad del decreto. Entonces la economía ya habrá sufrido las consecuencias negativas del aumento exagerado, el gobierno habrá cobrado sus réditos electorales y la sentencia será un saludo a la bandera que se guardará para la memoria histórica.

Sin embargo esta vez la eventual declaratoria de nulidad si puede tener un efecto importante y es desmontar la aritmética creativa utilizada por el gobierno para justificar el 23% para evitar que se repitan los errores conceptuales y metodológicos de los cálculos utilizadas que, en el futuro  podrían llevar a aumentos insostenibles del salario mínimo.

LA ARITMÉTICA CREATIVA DEL GOBIERNO 

El nuevo decreto presenta una cuantificación detallada de los factores que menciona el art. 8 de la ley 278, pero en contra de todos los antecedentes de fijación del salario mínimo desde 1996 y sin ninguna justificación económica ni legal los suma todos como se observa en el cuadro siguiente, para obtener un total de 13.57%

En efecto, siempre para la determinación del salario mínimo se han sumado la inflación y el aumento de la productividad, mientras que el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional son parámetros que se han tenido en cuenta para la decisión final, pero nunca como valores que se deban sumar para incrementar el salario. La productividad es uno de los elementos que determina el crecimiento del PIB, de manera que al incluir este último en la suma se duplica el valor.

En cuanto a la contribución de los salarios al ingreso es un indicador de distribución, no de crecimiento; a diferencia de la inflación (que compensa pérdida de poder adquisitivo) o la productividad (que premia la eficiencia), la participación de los salarios en el ingreso nacional es una medida de reparto. Sumarlo directamente como un porcentaje adicional de aumento salarial ignora que ese valor ya debería estar capturado por la productividad. Si se suman ambos, se está obligando a las empresas a pagar dos veces por el mismo rendimiento.

De aplicarse esta metodología en el futuro llevaría a aumentos permanentes del salario que duplican o triplican la inflación. Por ejemplo, en un año en que la inflación fuera 3%, el aumento de la productividad 1% y los otros dos factores similares a los de este año, la suma de todos esos factores daría 11.4%, es decir que se tendría un aumento del salario casi cuatro veces la inflación del año. Si esta metodología se repite año tras año, se podría desencadenar una espiral inflacionaria.  

El siguiente paso del decreto para justificar el 23% es calcular la supuesta “brecha” entre el salario mínimo aumentado en un 13.57% y el salario vital, tal como se observa a continuación:

Aquí el argumento es tautológico pues el gobierno parte de la premisa de que el salario vital es $1.750.000, es decir 23% más que el salario vigente en 2025, de manera que la brecha será cualquier diferencia que se tenga con la suma de todos los parámetros de la Ley 278. Si estos parámetros hubieran sumado 11%, el cierre de la brecha sería 12%, y así con cualquier valor.

El error en este caso, como lo analice en una columna anterior, es no incluir dentro de la cifra del salario mínimo vital ($1.750.000) los gastos de transporte, de manera que al decretar un auxilio de transporte adicional por $250.000 está duplicando este item y decretando un ingreso total que excede los mismos parámetros oficiales del salario vital.

El gobierno obedeció al Consejo de Estado, pero no cumplió con la Ley con un decreto digno del gatopardo, donde todo cambia para que nada cambie.

MAURICIO CABRERA GALVIS

Artículo para CAMBIO

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El incremento del salario mínimo es una medicina potente contra males como la pobreza y la concentración del ingreso, y soy de la opinión que su aumento real en los años pasados fue benéfico para los trabajadores y para la economía; pero incluso el mejor medicamento puede ser dañino si se administra sin diagnóstico o en dosis excesivas.

Haber criticado el alza del 23% en el salario mínimo (SMLV) no me convierte en un neoliberal sin corazón ni en enemigo de los trabajadores. Es una opinión que se deriva de la convicción de que no hay reglas universales para las políticas económicas que sean aplicables en todas partes y en cualquier momento. Por el contrario, son como una medicina y las hay eficaces, probadas y necesarias, pero ningún médico serio las recetaría sin diagnóstico ni ajustaría la dosis ignorando el estado del paciente. 

Medicinas, diagnóstico y dosis adecuada

El problema tiene que ver con el contexto, es decir, con el estado general de salud del paciente. En medicina hay una regla básica: los pacientes rara vez tienen una sola enfermedad. Y, por eso, ningún médico serio receta pensando en un solo síntoma. Hay medicamentos eficaces que alivian un problema, pero que pueden agravar otro si no se consideran las condiciones coexistentes. Un ejemplo de estos efectos cruzados son los antiinflamatorios, que son muy útiles para disminuir el dolor, pero si la persona tiene gastritis o deficiencias renales no pueden recetársele. La política económica funciona de manera muy parecida aunque a veces se olvida.

En las circunstancias actuales hay, por lo menos, cuatro enfermedades económicas que hacen desaconsejable un alza del 23% del SMLV: uno, el enorme déficit fiscal, porque al aumentar el SMLV no solo sube la nómina estatal, sino otros rubros del gasto público como el subsidio a la pensión mínima o los gastos en salud. $7 billones es el incremento del déficit fiscal que estima el ministro de Hacienda.

Dos, la revaluación del peso, porque si bien es cierto que un mayor SMLV aumenta la capacidad de compra de algunos hogares, con un dólar barato y la invasión de productos chinos, una parte de esa demanda va a destinarse a comprar bienes importados y no de producción nacional. El resultado, un mayor déficit comercial y de balanza de pagos en una economía que ya tiene una alta vulnerabilidad externa.

Tres, las presiones inflacionarias existentes que han impedido que se cumpla la meta de inflación del Banco de la República. En la medida en que todavía existen muchos bienes y servicios atados al SMLV, van a incrementarse esas presiones, lo que llevará al Banco a aumentar su tasa de interés, con el consiguiente impacto de un menor crecimiento económico.

La última, el alto grado de informalidad que existe en el mercado laboral. Con más de la mitad de la fuerza laboral sin contrato formal de trabajo ni prestaciones sociales, y solo un 10% de los trabajadores recibiendo el salario mínimo, mover esta variable deja más perdedores que ganadores, con lo cual el remedio resulta peor que la enfermedad, porque no reduce la pobreza general ni mejora la calidad de vida de la mayoría de la población.

Medicinas diferentes para pacientes diferentes

Otra regla básica de la buena práctica clínica es que no todos los medicamentos sirven para todo el mundo, porque en determinadas circunstancias un medicamento bueno para una persona puede no ser conveniente para otra; por eso, la primera pregunta que hace un doctor antes de recetar algo es preguntar si el paciente es alérgico. Un ejemplo clásico es la penicilina, uno de los antibióticos más eficaces y que ha salvado millones de vidas; sin embargo, una parte de la población es alérgica y en esos casos puede causar reacciones graves.

La analogía es útil para responder a quienes citan el caso mexicano como un ejemplo de cómo se han dado grandes incrementos reales del salario mínimo (SM) sin provocar desequilibrios macroeconómicos. El hecho es cierto en México: en los cuatro últimos años el salario mínimo ha subido en promedio 12% anual y no ha acelerado la inflación ni el desempleo.

Una de las razones que pueden explicar este comportamiento es que el salario mínimo estaba muy por debajo del salario promedio de la economía: solo 28% en 2021, mientras que en Colombia era de 85%, y en el promedio de países de la OECD, 55%. Durante décadas, el salario mínimo mexicano fue uno de los más bajos de América Latina en términos reales. Cuando se empezó a subir con fuerza no estaba encareciendo el trabajo marginal; se estaba corrigiendo una distorsión, no creando otra.

En términos económicos, el salario mínimo pasó de estar muy por debajo de la productividad marginal a acercarse a ella. En 2025 el SM en México llegó a ser el 43% del salario promedio y en Colombia el 93%. En otras palabras, en México había más campo para el aumento que en Colombia.

En cuanto al efecto redistributivo del SM hay un hecho muy preocupante. En 2021, el 72% de los trabajadores ganaba más de un SM; en 2025 ese porcentaje se ha reducido al 60%, lo que significa que un grupo grande de trabajadores tuvo aumentos de ingresos inferiores al del SM.

Con respecto a la inflación, hay dos hechos. Primero, que el aumento del SM no impulsó el consumo de los hogares ni presionó la demanda agregada. En esos años el consumo de los hogares solo creció 2.3%, es decir, muchísimo menos que el SM.

De otra parte, para contrarrestar las eventuales presiones inflacionarias, el Banco Central mantuvo una tasa de interés muy alta (en promedio, 5% por encima de la inflación), lo cual frenó el crecimiento económico. Eso es lo que nos va a pasar en Colombia.

La lección es incómoda pero necesaria. En Colombia, un aumento real del salario mínimo tan elevado, en una economía de bajo crecimiento y alta informalidad, se parece menos a un tratamiento bien calibrado y más a una sobre medicación con efectos secundarios previsibles.

El debate económico serio no es estar “a favor” o “en contra” de un aumento del salario mínimo, que no es bueno o malo en abstracto, sino si esta dosis en este momento es adecuada para este paciente. Esto implica aceptar que, como cualquier medicina, exige diagnóstico y dosis adecuada. Ignorar eso para oponerse a cualquier aumento real del SMLV no es ortodoxia económica; apoyar el 23% no es progresismo. Ambas posiciones son mala práctica.

Mauricio Cabrera Galvis

Publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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La revista Forbes acaba de publicar su lista anual del club de “billonarios”, aquellas personas que tienen una fortuna superior a los mil millones de dólares (un billón en la terminología gringa, o un millardo para nosotros), con información muy interesante sobre los superricos del mundo.

El ranking el club tiene una alta volatilidad, pues está basado en un alto porcentaje, en el precio de las acciones en las principales bolsas del mundo, acciones que constituyen una parte sustancial de las fortunas de esos billonarios. La lista de este año se construyó con los precios de las acciones registrados el 7 de marzo de 2025. Con el desplome que han tenido las acciones en la última semana, se deben haber producido algunos cambios. 

Los billonarios en 2025

Con esos precios de las acciones, 3.023 personas clasificaron para este exclusivo club. Su riqueza total alcanzó el valor récord de USD 16 100 millardos. Para dimensionar qué significa esta cifra con tantos ceros, puede decirse que equivale a 50 veces el PIB de Colombia, todo en manos de solo 3.000 personas que poseen más que toda la riqueza que tiene el 60% de la población. 

Las columnas del gráfico muestran el impresionante crecimiento de las fortunas de los “billonarios”. El último año fue del 14%, mientras que, en solo 3 años, entre 2019 y 2024, se duplicó al pasar de USD 8 000 millardos a 16 100. 

Tan rápido crecimiento conlleva un aumento todavía más impresionante en la concentración de la riqueza. El banco Credit Suisse estimaba que en 2019 el total de la riqueza mundial ascendía a USD 360 000 millardos y que, en 2024, había aumentado a 450 000 millardos. Esto significa que, en 2019, los billonarios poseían el 2,22% de este total, mientras que 5 años más tarde habían aumentado su participación al 3,58%.

El top del ranking del club lo componen 3 personas que tenían más de USD 200 millardos. Son los propietarios de 3 empresas tecnológicas cuyas acciones habían tenido una gran valorización después de la elección de Trump; Elon Musk de Tesla (342 millardos), Mark Zuckerberg de Facebook (216 millardos) y Jeff Bezos de Amazon (215 millardos). De nuevo, para comparar, la riqueza de Musk era similar al PIB de Colombia. 

A estos tres personajes se les reconoce que empezaron desde cero sus empresas, y por lo tanto, sus fortunas. Pero esta no es la regla general. Según la información del banco UBS, de 137 personas que ingresaron al club el último año, y cuya riqueza es de USD 229 millardos, 53 entraron al club porque recibieron herencias por valor de USD 151 millardos. Se destruye el mito de la meritocracia y el esfuerzo personal para amasar fortunas.

En este mismo sentido, según los datos de la ONG OXFAM, el 60% de las mayores fortunas del mundo provienen de herencias (36%), de monopolios (18%), o de conexiones políticas y corrupción (6%). El impacto de las conexiones políticas para el crecimiento de la riqueza de unos cuantos es mucho mayor del estimado de OXFAM. La fortuna de Donald Trump, por ejemplo, creció 121% en el último año, pasando de USD 2.3 a 5.1 millardos. La frase de Balzac “detrás de cada gran fortuna hay un delito” es una generalización exagerada, pero algo tiene de cierto.

En América Latina, el más rico es el magnate de las telecomunicaciones Carlos Slim, con una fortuna estimada de USD 82 500 millones. Por Colombia, 6 personas clasificaron para el club: Jaime Gilinski (Nutresa) y David Vélez (Banco NU) empatados en el puesto 236 con USD 10.7 millardos cada uno. Los sigue en el puesto 369 Luis Carlos Sarmiento con U$ 8.1 millardos, y más lejos la viuda y los dos hijos de Julio M. Santodomingo, con fortunas de USD 4.4, 3.3 y 1.8 millardos respectivamente.

Interesante notar que, para Forbes, la única de estas 6 fortunas que aparece domiciliada en Colombia es la de Sarmiento; a los dos primeros los ubica la revista en Panamá y Brasil respectivamente, mientras que a la viuda de Santodomingo en Bermuda y a los dos hijos en Estados Unidos.

Lo que sube como palma…

… cae como coco, dice el refrán popular, y nunca es más apropiado que a las fluctuaciones que han tenido algunas de las fortunas de los billonarios con la presidencia de Trump. Hace un año, Forbes estimaba la riqueza de Elon Musk en USD 195 millardos; con su cercanía al candidato en la campaña y los anuncios del entonces presidente electo del papel que jugaría Musk en su gobierno, su fortuna creció 149%, llegando a un máximo de USD 486 millardos en diciembre de 2024. Excelente rentabilidad para los USD 250 millones invertidos en la campaña de Trump.

Después de esa luna de miel, el coco empezó a caer y vino la resaca: con el impacto de las controvertidas intervenciones del DOGE para desmantelar el aparato del Estado y de a caótica política económica de Trump, la riqueza de Musk cayó a USD 342 millardos en la lista de Forbes del 7 de marzo, y un mes después, a menos de USD 300 millardos con la guerra mundial de aranceles que hizo colapsar los precios de las acciones en Wall Street. 

La evolución del precio de la acción de Tesla parece una montaña rusa, como se ve en el gráfico siguiente.

El día antes de la elección de Trump se cotizaba a USD 242 y en un mes y medio, casi se duplicó, llegando a un máximo USD 480. Con algunas fluctuaciones se mantuvo hasta el día de la posesión de Trump, cuando se cotizó a USD 424. Después se vino en picada llegando a perder casi la mitad de su valor 3 días después de la medición de Forbes. Solo la última semana su precio cayó 16%, una de las caídas más grandes en Wall Street en un periodo tan corto.

Para el banco JPMorgan la explicación de lo que ha pasado es que la acción de Tesla sufrió un “daño de marca sin precedentes” por el rol gubernamental de Musk, a pesar de lo cual todavía se mantiene en los primeros puestos del club de los “billonarios”. 

Mauricio Cabrera Galvis

Artículo publicado en la revista CAMBIO, Colombia

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La  quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) -por tamaño, el banco 16 en USA- seguida dos días más tarde por el colapso del Signature Bank -en el puesto 29- y la forma como fueron rescatados, ha puesto de presente un nuevo dilema que enfrentan las autoridades monetarias: ¿suben las tasas de interés para controlar la inflación, o relajan la política monetaria para evitar una crisis financiera? 

La  quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) -por tamaño, el banco 16 en USA- seguida dos días más tarde por el colapso del Signature Bank -en el puesto 29- y la forma como fueron rescatados, ha puesto de presente un nuevo dilema que enfrentan las autoridades monetarias: ¿suben las tasas de interés para controlar la inflación, o relajan la política monetaria para evitar una crisis financiera? 

El dilema conocido de los bancos centrales era entre inflación y crecimiento/empleo, pues es sabido que elevar las tasas de interés, -que es su instrumento principal para controlar la inflación- frena el crecimiento y afecta el empleo. La quiebra de estos bancos  ha mostrado en la práctica que las altas tasas de interés también afectan los balances de los bancos y pueden desatar una crisis financiera. 

Los bancos centrales siempre han privilegiado el control de la inflación sobre el empleo, pero lo que ha demostrado este episodio es que para evitar una crisis financiera sí están dispuestos a hacer “lo que sea necesario”, incluyendo un aumento de la emisión monetaria. 

Tasa de interés y estabilidad financiera

El aumento de la tasa de interés tiene un doble impacto negativo sobre el sistema financiero. El primero, es que al subir las tasas de manera inmediata se desvalorizan y bajan de precio los bonos y papeles financieros que tienen sus rendimientos a tasa fija. Esto le ocurre aún a activos con la mejor calificación y el menor riesgo crediticio como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 

Cuando esto sucede, de acuerdo con las normas contables, las entidades financieras deben registrar el menor valor de su inversiones como una pérdida en su balance, lo que ocasiona de manera inmediata una caída en el precio de las acciones de la entidades afectadas. Si las pérdidas son demasiado grandes, los clientes pueden perder la confianza en el banco y empiezan a retirar sus depósitos, como le sucedió al SVB. 

Se estima que por este concepto, la banca norteamericana tiene pérdidas que no ha registrado por unos USD 620 000 millones (el doble del PIB colombiano). Por el contrario, hay que anotar que este riesgo es muy pequeño en Colombia, porque el monto de las inversiones de los bancos en papeles de tasa fija es reducido.

El segundo impacto negativo es el deterioro de la calidad de la cartera de los bancos, es decir el aumento de los créditos vencidos que se produce por las dificultades de los deudores de pagar intereses más altos. De nuevo, al tener que hacer provisiones o castigar los créditos que no pueden cobrar, los bancos tienen que registrar pérdidas en sus balances, con las mismas consecuencias del caso anterior.

Hasta ahora no se ha presentado un deterioro significativo de la cartera de los bancos en USA, tampoco en Colombia. Pero el riesgo existe, y fue una de la causas de la gran crisis financiera de nuestro país en 1999, cuando la tasa del UPAC llegó a niveles del 45% por el error de la Junta Directiva del Banco de la Republica de atarlo al DTF. Los créditos hipotecarios se hicieron impagables, los deudores perdieron sus viviendas, los constructores se quebraron y el sistema bancario colapsó.

UNA CRISIS PREVISIBLE

Para tratar de frenar una inflación producida por factores de oferta y costos, el Federal Reserve (FED) decidió reducir la demanda y en un año subió su tasa de referencia de 0 a 4.75%. Esta fue la chispa que desató la bancarrota del SVB, pero el incendio se produjo porque se conjugaron varios factores, entre ellos varias decisiones equivocadas.

Primer error, el SVB tenía el 40% de sus activos invertidos en bonos de tasa fija de manera que iba a presentar cuantiosas pérdidas. Cuando el mercado conoció estas pérdidas se produjo una corrida de depósitos, porque los ahorradores retiraron depósitos por USD 42 000 millones, que eran el 25% del total de los depósitos del banco. Esto fue posible por un error anterior que fue una flexibilización de la regulación bancaria en la época de Trump, que redujo las exigencias de control a bancos medianos, pero también por las redes sociales y las nuevas tecnologías que permitieron que ese masivo retro de depósitos se hiciera en una tarde.

Ante la inminencia de una cesación de pagos por parte del banco y la posibilidad que hubiera contagio a otros bancos, como ya le estaba sucediendo al Signature Bank. Las autoridades monetarias intervinieron a los dos y los cerraron, pero tomaron medidas extraordinarias para mantener la confianza del público en el sistema bancario.

La primera fue extender el seguro de depósito a todos los depositantes. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), garantiza los depósitos hasta por USD 250 000, pero en el caso del SVB el 90% de los depósitos pertenecían a los grandes inversionistas tecnológicos y su valor individual era mucho mayor al tope asegurado. Para evitarles pérdidas, la FDIC decidió responder por la totalidad de los depósitos, lo cual le representa un costo estimado en USD 20 000 millones. Los que sí pierden todo su capital son los accionistas del banco.

La segunda fue adoptada por la FED para evitar que todos los bancos tuvieran que registrar pérdidas por la desvalorización de sus inversiones en bonos y, a la vez, tuvieran suficiente efectivo para responder ante una corrida de depósitos. Para ello la FED abrió una ventanilla especial para comprar (con pacto de recompra) a todos los bancos los bonos al valor nominal, y no al precio de mercado que es inferior. Es una emisión monetaria pura y simple.

La rápida intervención de la FED y la FDIC evitó que la quiebra de estos dos bancos generara una corrida de depósitos en otros bancos y se llegara a una crisis generalizada. Pero también mostró que para estas autoridades el control monetario es menos importante que la estabilidad financiera.

Mauricio Cabrera Galvis

Abril, 2023

Publicado en CAMBIO

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La política oficial de dar subsidios para la adquisición de vivienda ha sido muy efectiva para que miles de familias de bajos ingresos puedan tener casa propia, pero también ha sido un excelente negocio para los constructores y sobre todo para los dueños de los lotes donde se han desarrollado los proyectos. Tan bueno que otros miles de familias se quedaron sin la posibilidad de acceder a vivienda propia.

La razón es que los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y, por lo tanto, el valor del subsidio otorgado por el gobierno para cada casa subieron tanto, que el presupuesto disponible para subsidios solo alcanzó para un número menor de familias. 

PRECIOS DE LA VIS Y SALARIO MÍNIMO 

La VIS es un bien cuyo precio es regulado por el gobierno, lo mismo que su crecimiento anual. El Ministerio de Vivienda la define como “aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLV”). Dentro del programa “Mi Casa Ya”, para familias con ingresos inferiores a 2 SMLV el gobierno otorga un subsidio de hasta 30 SMLV. 

De acuerdo con esta regulación, el precio de una VIS crece todos los años lo mismo que el salario mínimo y, como es usual que este crezca un poco mas que la inflación anual, los precios de la VIS han aumentado por encima de la variación del IPC. 

Así, en el año 1999 cuando el SMLV era de $236.480, una VIS se vendía por $31.9 millones, y el año pasado su precio era de $135 millones, lo que representa un aumento de 323%; 

Una consecuencia inmediata de esta fórmula es que no se ha aumentado la capacidad de los más pobres para adquirir vivienda, ni siquiera de los que tienen contrato formal y ganan el salario mínimo, pues el precio de la VIS ha aumentado lo mismo que sus ingresos. Peor aún, con la misma plata (en términos de salarios) hoy compran viviendas de menos metros cuadrados, pues las constructoras han disminuido el tamaño de las VIS. 

La situación hubiera sido muy diferente, y más familias pobres hubieran podido tener casa propia, si el incremento del precio regulado por el Estado hubiera sido inferior, por ejemplo si solo hubiera autorizado crecer con la inflación anual y no con el salario mínimo. En efecto, como el cambio acumulado del IPC en el período considerado fue de “solo” 217%, en el 2022 el precio máximo de una VIS hubiera sido de $101.2 millones, es decir que el comprador solo hubiera pagado 101 SMLV. 

También la capacidad del Estado de otorgar subsidios se vio afectada con el incremento autorizado del precio de la VIS, puesto que el monto de cada subsidio pasó de $7.1 millones en 1999 a $30 millones en 2022, mientras que si se hubiera incrementado solo con la inflación anual, su valor en este último año hubiera sido de $22.5 millones, de manera que con el mismo monto de recursos del presupuesto nacional se hubiera podido subsidiar un mayor número de familias. 

Como se observa en el cuadro siguiente, en ocho años el programa “Mi Casa Ya” ha entregado 262.268 subsidios por un valor de $5.64 billones; si desde 1999 el valor de cada subsidio hubiese crecido con la inflación y no con el SMLV, el costo para el Estado hubiera sido de $4.18 billones, es decir que se hubiera ahorrado casi $1.5 billones, que le hubiera permitido otorgar otros 90.000 subsidios.

¿QUIEN GANÓ CON LOS PRECIOS DE LA VIS?

Sería muy bueno que una VIS se pudiera vender hoy por $29 millones menos, pero ¿es posible construirla por ese valor? Para responder esta pregunta conviene mirar la evolución de los costos de construcción de vivienda en Colombia con la información que suministra el DANE que publicaba el Índice de Costos de Construcción de VIVIENDA (ICCV) y a partir de 2022 el de Edificaciones (ICOCED).

Este índice recoge las variaciones de los costos de todos los insumos de la construcción, tales como Materiales, Maquinaria y Equipos, Mano de Obra, Servicios y Transporte. Los únicos factores de costo que no están incluidos son la tierra y el margen de utilidad del constructor.

En el gráfico están representados el crecimiento de losÍndices de precios (IPC), de costos de vivienda y (ICCV) y del salario mínimo (SMLV) desde el año 1999 hasta el 2022. Lo primero que se observa es que en este período los costos de construcción han crecido menos que la inflación (217% y 201% respectivamente).

Fuente: DANE – Base 1999 = 100

Como ya se explicó que el precio de la VIS ha estado atado al salario mínimo, es evidente que este precio de venta ha crecido mucho más que el costo de construirlas, exactamente un 40% más. En otras palabras si el precio de una VIS se hubiera incrementado lo mismo que los costos de construirla, hoy sería de $100 millones, y no de $135 millones. Entonces cabe preguntarse ¿Quién se ha quedado con este diferencial? 

La diferencia es grande. Suponiendo que todas las VIS del programa “Mi Casa Ya’ se vendieron a 135 SMLV, el valor total de las transacciones hubiera sido $31.3 billones; si en cambio su precio se hubiera ajustado cada año por el IPC, este valor sería de $23.2 billones, es decir una diferencia de unos $8 billones que ha sido una utilidad adicional para alguien. ¿Quién?

Dadas las características del mercado de vivienda en Colombia, es posible que al aumentar el precio de la VIS por encima de sus costos los constructores hayan incrementado un poco su margen de utilidad, pero la hipótesis más probable es que la mayor parte de esta diferencia haya ido a los bolsillos de los dueños de los lotes, pues hay evidencia del mayor aumento de los precios de la tierra.

*​*​*

COLETILLA. La dramática caída de las ventas de vivienda en lo corrido de este año es consecuencia directa de la subida de las tasas de interés de los créditos. El Banco de la República está logrando su objetivo de frenar la economía para controlar la inflación.

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo, 2023

Publicado en la Revista CAMBIO

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Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) han sido la gran apuesta del país para modernizar y fortalecer el transporte público como una estrategia para mejorar la calidad de vida en las ciudades, disminuir los tiempos de viaje de los ciudadanos y reducir el uso de combustibles fósiles. La apuesta está a punto de fracasar por las enormes dificultades financieras que enfrentan estos sistemas, que los tienen en riesgo de quiebra. 

La quiebra de los SITM

Una empresa está quebrada cuando de manera reiterada sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. Esto está sucediendo con todos los SITM que operan en el país desde hace varios años, pues los buses solo han podido seguir rodando gracias a cuantiosas transferencias de los municipios. 

Cuando se diseñaron y estructuraron los SITM, el esquema financiero planeado consistía en que el sector público pagaba la construcción de la infraestructura de carriles dedicados y las estaciones, y le correspondía a los concesionarios privados comprar y operar la flota de buses. La inversión pública era a fondo perdido, pues nunca se recuperaba, mientras que la inversión de los concesionarios, junto con sus utilidades y los gastos de operación, se repagaba con el recaudo de pasajes.

La inversión pública en los siete SITM construidos ascendió a unos $20 billones, de los cuales la Nación aportó 70 %, y los municipios y distritos especiales el 30 % restante, financiado en su mayor parte con recursos de la sobretasa de la gasolina.

Como es flaca sobremanera toda humana previsión, las proyecciones del cierre financiero se quedaron en el papel, los recaudos de pasajes no han sido suficientes para el repago a los concesionarios y, en algunos casos, ni siquiera han bastado para cubrir los gastos de operación, por lo que se han generado cuantiosos déficits que aparecen en el cuadro siguiente y que han tenido que ser cubiertos con transferencias de los municipios para evitar que las ciudades se queden sin servicio de transporte público.

Dos anotaciones sobre estos cuantiosos subsidios: la primera, es que corresponden a los déficits que tenían los SITM antes de la pandemia y que se incrementaron con la reducción de pasajeros generada por el encierro de las ciudades, la cual no se ha recuperado, de manera que los déficits estimados para este año y para 2023 serán aún mayores. 

La segunda, es que a pesar del apoyo público, Metrocali de Cali y Megabús de Pereira tuvieron que acogerse a la Ley 550 de reestructuración ante la imposibilidad de pagar sus acreencias.

Los pasajeros que nunca llegaron

Aunque ha habido algunos retrasos en los ajustes anuales que debían hacerse a las tarifas, estos no son significativos y la causa principal de la crisis de los SITM es que no se cumplieron las proyecciones de pasajeros que utilizan estos sistemas. El éxito inicial del Transmilenio en Bogotá, con la troncal de la avenida Caracas, indujo a que se pensara que ese modelo era replicable con igual éxito en las demás ciudades.

La realidad resultó muy diferente, inclusive para las nuevas rutas y el SITP de Bogotá, pues frente a los 5.8 millones de pasajeros diarios que se esperaba, el máximo que se llegó a movilizar antes de la pandemia fue 4.2 millones, es decir, 72 % de lo esperado. Un factor que es más grave en esta ciudad es la cantidad de “colados” que no pagan pasaje, que se estima que puede llegar a 30 % de los usuarios, lo que genera pérdidas al sistema por $40.000 millones mensuales.

En Cali y Barranquilla la situación es mucho peor. En Cali se llegó a un máximo de 490.000 pasajeros/día en 2013, y de ahí descendió a 390.000 antes de la pandemia, es decir, 39 % de la demanda esperada. Barranquilla, por su parte, empezó más tarde, pero tampoco superó 40 % de los pasajeros esperados.

El impacto de la pandemia agravó la situación financiera de los SITM, pues en 2020 se redujo en más de 60 % el número de pasajeros transportados en todas las ciudades. Aunque el año siguiente se recuperó parte de la demanda, en 2022 en ninguna ciudad se había logrado volver a los niveles de 2019. En Cali, los bloqueos durante el paro nacional llevaron a que no hubiera ninguna recuperación en 2021.

Ante esta realidad se hace indispensable una reestructuración a fondo de los SITM, pues es claro que nos son sostenibles financieramente y no puede seguirse subsidiando permanentemente con recursos de los fiscos municipales, máxime cuando pronto habrá que renovar las flotas de buses.

Mauricio Cabrera

Diciembre, 2022

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Sigue creciendo el déficit externo del país y, por lo tanto, las necesidades de financiarlo con capitales internacionales, lo que incrementa cada vez más los pasivos externos del país. El examen de los datos hasta septiembre, publicados por el Banco de la República (BR) y el Dane, muestra esta realidad y confirma que la vulnerabilidad externa es una de las herencias más complicadas que dejó el gobierno anterior.

La cuenta corriente de la balanza de pagos contabiliza todos los ingresos y egresos de las transacciones de bienes y servicios con el exterior. Cuando compramos al resto del mundo más de lo que vendemos significa que el país gasta más dólares que los que recibe y se produce un déficit que debe ser financiado con créditos externos o con dólares provenientes de la inversión extranjera y de capitales golondrina.

Según el BR el déficit de la cuenta corriente llegó en el tercer trimestre de este año al récord histórico de 7.2 % del PIB, y en lo corrido del año acumuló la impresionante cifra de 16.453 millones de dólares, que se han cubierto con ingresos netos de capital por cuantía similar, lo que significa que los pasivos internacionales del país se han incrementado en ese monto y continúa creciendo el saldo negativo de nuestros activos menos pasivos internacionales, que ya llega a la suma de 176.500 millones de dólares. Le debemos al resto del mundo una suma equivalente al 52 % del PIB, que es lo que produce la economía en un año.

Dos factores explican tamaño déficit. El primero, el saldo del comercio de bienes y servicios, que es negativo en 12.700 millones de dólares y, el segundo, otros 12.900 millones de dólares, que es la diferencia entre lo que pagamos al resto del mundo en intereses por los créditos externos y por dividendos a las empresas internacionales que tienen inversiones en Colombia, y lo que recibimos de otros países por los mismos conceptos.

La suma de estos dos factores arroja un saldo negativo de 25.600 millones de dólares, pero el déficit de la cuenta corriente es menor gracias a los ingresos provenientes de nuestro segundo producto de exportación (después del petróleo), que son los colombianos que han migrado a otros países buscando las oportunidades que no encuentran en su patria y mandan dinero a sus familias. Este año se han recibido 6.873 millones de dólares por estas remesas, que equivalen a 2.7 % del PIB, y otros 3.343 millones de dólares de otras transferencias recibidas por el sector público.

En el comercio de bienes sorprende la dinámica que continúan teniendo las importaciones que en lo corrido del año, según el Dane, llegaron a 53.390 millones de dólares con un crecimiento de 40 % con respecto al mismo período del año anterior. Inclusive, si se compara con lo importado en 2019 ‒antes de la pandemia‒, el crecimiento es aún mayor, de 50 %.

El mayor valor de las importaciones no se debe solo al alza de los precios internacionales de las materias primas, pues en pesos constantes que publica el Dane el incremento es de 30 %. Quienes todavía afirman que en Colombia no ha habido apertura, seguro no han revisado las cifras que muestran que en 1990 las importaciones representaban 8 % del PIB, y este año son el 26 %.

Queda pendiente una interesante pregunta: ¿por qué la devaluación del peso todavía no ha frenado las importaciones?

Mauricio Cabrera Galvis

Diciembre, 2022

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Para remediar el fracaso del transporte público es necesario invertir para mejorar la calidad del servicio y tomar medidas que desestimulen el uso de los vehículos privados, así estas no sean populares.

Una de las grandes contradicciones o fracasos de las políticas públicas en las últimas décadas es la del manejo de la movilidad urbana. Desde la Ley 310 de 1996 todos los gobiernos han definido como su prioridad los sistemas de transporte público, pero al mismo tiempo han hecho muy poco para desestimular el transporte privado e, inclusive, han mantenido beneficios que incentivan el uso de las motocicletas.

La política de promover el transporte público es incuestionable para tener ciudades sostenibles, puesto que disminuye el uso de combustibles fósiles, es un uso más eficiente del limitado espacio de las vías urbanas, ahorra el tiempo de viajes en la ciudad y reduce la accidentalidad vial.

En este siglo los gobiernos, tanto nacional como territoriales, han invertido más de 20 billones de pesos en el desarrollo de Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) en siete ciudades que tienen más de 600.000 habitantes, al igual que en Sistemas Estratégicos de Transporte (SETP) en ocho ciudades cuya población abarca entre 250.000 y 600.000 habitantes.

A pesar de tan cuantiosas inversiones los resultados han sido muy malos. En 2007, en todos los sistemas de transporte público de las 23 ciudades principales del país se movilizaban 11,7 millones de pasajeros diarios. En los siguientes 15 años la población de esas ciudades aumentó cerca de 30 % y el número de pasajeros… se redujo a 8,5 millones (-27 %). 

La única ciudad en la que hubo un ligero aumento fue Medellín (2,7 %). En el otro extremo, en Cali y en Bucaramanga, los pasajeros movilizados se redujeron 67 %; en Barranquilla, 45 %, y en Bogotá, 11 %. En el resto de ciudades la reducción fue de 47 %.

No es ningún misterio la razón de esta tendencia: si aumentó el número de viajes urbanos y disminuyeron los usuarios del transporte público es porque aumentó la cantidad de vehículos privados, en particular las motocicletas.

En 2007 circulaban en el país 5,2 millones de vehículos privados: 2,4 millones de motos y 2,9 millones de carros. En 15 años, el total de vehículos se había más que triplicado hasta llegar a 17,7 millones, sobre todo por el aumento de motos, que fue de 352 %, llegando a 10,8 millones.

Desde el punto de vista individual es lógica la decisión de usar el vehículo privado en lugar de buses, no solo por la comodidad y el ahorro de tiempo, sino por los otros usos del vehículo como medio de transporte familiar. Además, en el caso de las motos se ha facilitado su adquisición, pues con los amplios planes de financiación existentes es posible pagarlas con lo que ahorra la familia en pasajes.

Sin embargo, esta lógica individual tiene un enorme costo colectivo, pues con más vehículos circulando aumentan los trancones, los accidentes y la emisión de gases.

Para remediar el fracaso del transporte público es necesario invertir para mejorar la calidad del servicio y tomar medidas que desestimulen el uso de los vehículos privados, así estas no sean populares.

Mauricio Cabrera Galvis

Diciembre, 2022

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Uno de los indicadores utilizados para analizar el grado de desarrollo de un país es la calidad de sus sistemas de transporte público. Con ese indicador se evidencia que Colombia en un país en vía de subdesarrollo porque en las últimas décadas, a pesar de billonarias inversiones en transporte público, este cada vez moviliza menos pasajeros, mientras que el número de vehículos privados crece de manera acelerada.

Se supone que los sistemas de transporte público son fundamentales para reducir la congestión, la contaminación y la accidentalidad de las ciudades. Sin embargo, en lo que ha sido una de las mayores contradicciones de las políticas públicas en Colombia, se han formulado ambiciosos y costosos planes de inversión en distintas modalidades de transporte público, pero a la vez se han dado todas las facilidades para el crecimiento del parque automotor privado.

La decadencia del transporte público 

Cali es uno de los casos más dramáticos del retroceso en el uso de transporte público. En 2007, antes de que entrara en funcionamiento el Mío ‒que es el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de la ciudad‒, en todas las modalidades de transporte público (buses, busetas, colectivos, etc.) se movilizaban unos 350 millones de pasajeros al año. En 2015, la cantidad anual de pasajeros, incluyendo los que usaban el Mío, se había reducido a 212 millones (una caída de 40 %) y en 2019 ‒antes de la pandemia‒ solo utilizaron todos los medios de transporte público 186 millones de pasajeros en un año. 

Casi todas las ciudades del país, exceptuadas Bogotá y Medellín, también sufrieron caídas en el número de pasajeros movilizados en transporte público, lo que se agravó con la pandemia, como se observa en el siguiente cuadro:

En Barranquilla, en 2007, más de un millón de pasajeros utilizaba a diario el transporte público, cifra que se redujo en 26 % en 2019, incluyendo los usuarios de Transmetro, que es el SITM de la ciudad. El caso de Bucaramanga es aún más agudo, pues allí la reducción fue de 50 %, de nuevo incluyendo su SITM, que se denomina Metrolínea.

Solo en Bogotá y Medellín el comportamiento fue diferente, pues con el éxito inicial de Transmilenio y del Metro de Medellín, en esas dos ciudades el número de usuarios del transporte público se incrementó 7 % en el período señalado. En el resto de ciudades del país el descenso fue del orden de 25 %.

Con la pandemia la tendencia se hizo más pronunciada, de manera que las últimas cifras del DANE muestran que en el tercer trimestre de 2022 en todas las ciudades, con excepción de Medellín, se registraba una menor movilización de pasajeros en transporte público que 15 años atrás. La comparación es más grave si se recuerda que en este período la población urbana creció cerca de 30 %.

Su majestad la moto

Si el número de habitantes ha aumentado, si las distancias de desplazamiento son más largas, si el Estado ha invertido más de $20 billones (equivalente a lo que se espera recaudar en la reforma tributaria) en la infraestructura de los SITM en siete ciudades, ¿por qué ha disminuido el número de pasajeros del transporte público?

La respuesta es de Perogrullo: ha aumentado el número de vehículos privados, en especial las motocicletas: 

En 2007 circulaban en el país 50.000 vehículos de transporte público; 15 años después solo lo había 36.000. Es cierto que la entrada en funcionamiento de los SITM permitió la chatarrización de buses y busetas obsoletos, pero también otros salieron de circulación por falta de pasajeros que se pasaron a sus vehículos privados. La contrapartida es que en el mismo período aumentaron cerca de cuatro millones de automóviles particulares y ocho millones y medio de motocicletas, lo que significa incrementos de 140 % y 352 %, respectivamente.

Desde el punto de vista individual es totalmente lógica la decisión de usar el vehículo privado en lugar de buses o busetas, no solo por la comodidad y el ahorro de tiempo, sino porque en el caso de las motos las facilidades de financiación y los subsidios tributarios permiten que se pague la moto con lo que se ahorra la familia en pasajes. Sin embargo, la decisión individual tiene un enorme costo colectivo, pues con más vehículos circulando aumentan los trancones, los accidentes y la emisión de gases que calientan el planeta.

Un agravante que agudiza la tendencia es que se crea un círculo vicioso difícil de romper: la gente busca su vehículo privado porque es mala la calidad del servicio público de transporte, pero esta calidad se deteriora aún más porque al disminuir el número de pasajeros se reducen los ingresos de los transportadores, que se quedan sin recursos para aumentar la frecuencia o el número de rutas.

No es fácil revertir la tendencia al predominio del vehículo privado sobre el transporte público, pero si se quiere mejorar la calidad de vida de las ciudades, disminuir la congestión de las vías y reducir el consumo de combustibles para hacer la transición energética es necesario no solo invertir para mejorar la calidad del servicio público, sino que es indispensable tomar medidas que desestimulen el uso de los vehículos privados, así estas no sean populares.

El impacto de esta reducción de pasajeros ha sido desastroso para los SITM, que hoy están a punto de quebrarse, pero este será tema de otra columna.

Mauricio Cabrera Galvis

Diciembre, 2022

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No sirve de nada que un productor pequeño, como Colombia, renuncie a los ingresos petroleros que necesita para financiar la transición energética.

La transición energética en Colombia significa disminuir la demanda de petróleo. Sin embargo, para poder hacerlo necesitamos aumentar la producción de petróleo. Esta aparente paradoja tiene dos explicaciones: una, que la demanda de petróleo en el mundo y en Colombia no depende de la producción de petróleo en nuestro país y dos, que la transición energética es muy costosa y los ingresos del petróleo ayudan a financiarla.

Una de las políticas claves del gobierno Petro es la transición energética justa, entendida como la sustitución de combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía renovables y menos contaminantes. Es una política no solo acertada, sino necesaria y urgente, e inaplazable porque el calentamiento global es la amenaza más grande que enfrenta la humanidad.

En los países desarrollados la transición energética implica disminuir el consumo de energía; en Colombia es diferente, porque acá tenemos que aumentar la oferta de energía para garantizar a toda la población el acceso a la energía que hoy no tiene y que esta provenga de fuentes no contaminantes.

Otra diferencia importante es que nuestra huella de carbono es muchísimo menor. Por lo tanto, la gran responsabilidad de la descarbonización de la economía es de ellos. En efecto, mientras que la emisión de CO₂ per cápita en Colombia es de solo 1,75 ton, en China es 7,4 ton. y en Estados Unidos es 14,3 ton.

Sin embargo, no son buenas las perspectivas de reducción del uso de la energía o del petróleo en el mundo. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA) muestran que con las políticas actuales mientras la demanda de energía aumentaría 24 % hasta el año 2050, la de petróleo lo haría en 8 %.

El panorama es un poco mejor si los países cumplen los compromisos que han anunciado en foros como el COP 26. En este caso, la demanda de energía bajaría un poco (1,5 %) para el 2050 y el uso del petróleo disminuiría una tercera parte. El problema es que para alcanzar estos objetivos es necesario invertir entre 6 y 10 billones de dólares anuales, es decir, entre el 6 % y el 10 % del PIB mundial, y una proporción similar en Colombia.

Colombia debe disminuir el consumo de combustibles fósiles y reemplazarlos por fuentes de energía renovables, pero la producción misma del petróleo cada vez genera menos gases contaminantes por el esfuerzo tecnológico que está haciendo Ecopetrol para reducir el 50 % de sus emisiones antes de terminar esta década.

Lo mismo sucede en el resto del mundo. Como en el caso del narcotráfico, reducir los cultivos de coca no resuelve el problema mientras exista una fuerte demanda por alucinógenos. Así, la emisión de CO₂  no se va reducir porque se produzca menos petróleo, sino solo cuando disminuya su demanda. 

Mientras tanto no sirve de nada que un productor pequeño como Colombia renuncie a los ingresos petroleros que necesita para financiar la transición energética.

Mauricio Cabrera Galvis 

Noviembre, 2022

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¿Qué papel debe jugar el petróleo en la transición energética justa en Colombia? Esta es la pregunta clave para definir el futuro de la política petrolera del país. Para responderla es necesario hacer dos distinciones fundamentales. La primera, que el objetivo de la política pública es la transición energética en Colombia, no en el mundo; la segunda, una cosa es la demanda nacional de petróleo y combustibles fósiles y otra, muy distinta, la producción en Colombia de los mismos. 

Transición energética en Colombia y en el mundo

Transición energética significa consumir menos energía y sustituir los combustibles fósiles que emiten más CO₂ por nuevas fuentes de energía renovables y menos contaminantes. Es una necesidad urgente e inaplazable porque el calentamiento global produce catástrofes ambientales, degrada los ecosistemas y amenaza las posibilidades de vida en el planeta Tierra.

Pero, para el caso de Colombia, la transición energética justa también significa garantizar a toda la población el acceso a la energía que hoy no tiene, y que esta provenga de fuentes no contaminantes. Por lo tanto, a diferencia de los países desarrollados, en Colombia debe aumentar la demanda de energía en las próximas décadas.  

El objetivo de disminuir las emisiones de gases invernadero es un compromiso que ha asumido la mayoría de los países del mundo, aunque es claro que los países desarrollados son los mayores responsables de la contaminación, pues son los que más utilizan combustibles fósiles, como se observa en el gráfico siguiente:  

Mientras en Colombia cada habitante emite menos de dos toneladas de CO₂, países como China o Alemania emiten cuatro veces más, y Estados Unidos 14.2 toneladas por habitante, es decir ocho veces más que nuestro país. Esta comparación no implica que Colombia no deba descarbonizar su economía, pero sí reconocer que los esfuerzos que hagamos acá no tendrán gran impacto sobre la meta mundial de cero emisiones, si los grandes contaminantes no se comprometen en serio con ese objetivo.

El futuro de la demanda de petróleo 

El problema radica en que la humanidad no puede vivir sin energía y hoy los combustibles fósiles son la principal fuente de energía y seguirán siéndolo por décadas. Mientras haya millones de vehículos a gasolina o diésel, mientras las fábricas necesiten energía para mover sus máquinas, mientras las plantas de generación de energía funcionen con hidrocarburos, mientras los consumidores sigan utilizando productos de plástico en toda su vida cotidiana, seguirá existiendo una enorme demanda por hidrocarburos y sus derivados. 

Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) muestran que el consumo de energía seguirá creciendo, por lo menos, durante dos o tres décadas, dependiendo de las políticas adoptadas por los países desarrollados, las que determinarán también si el consumo de petróleo se mantiene constante hasta 2050 o comienza a disminuir en unos 10 años. 

El IEA proyecta tres escenarios del consumo mundial de energía: dos probables y uno deseable, pero improbable. El primero (actual) supone que en el mundo se mantienen las políticas actuales de reducción de emisiones y estímulo a energías renovables. Como no hay un esfuerzo adicional, no se logra el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados.

El segundo escenario (compromisos) se construye a partir de los compromisos de reducción de emisiones anunciados por los países en foros como el COP 26, a pesar de que casi ninguno haya adoptado todavía políticas para cumplirlos. En este escenario la temperatura se incrementaría en 1.7 grados. 

El tercer escenario es hipotético y quiere mostrar cómo debería comportarse la demanda de energía y de combustibles fósiles para alcanzar la meta de cero emisiones en el año 2050.

En el escenario “actual” (en azul en el cuadro siguiente) el consumo diario de energía en el mundo equivale hoy a unos 212 millones de barriles de petróleo (m/bd), y continuará aumentando hasta el año 2050, cuando alcanzaría 262 m/bd. La demanda de petróleo aumentará de 94 a 102 m/bd, mientras que la de gas se mantendrá casi constante. La que si disminuirá más de una tercera parte será la de carbón, por ser el combustible más contaminante.

Si todos los países cumplieran sus compromisos (Escenario “Compromisos”, en verde esperanza en el cuadro) la demanda mundial de energía se mantendría constante hasta 2040 y luego se reduciría un mínimo 1.5 % en la década siguiente. Lo que sí se lograría en este escenario es la disminución de la demanda de combustibles fósiles, que serían sustituidos por energía solar, de viento y de agua.

Así, para el año 2050, el consumo de petróleo bajaría una tercera parte, de 95 m/bd a solo 57 m/bd; el uso de gas natural tendría una reducción similar y de nuevo el carbón tendría la mayor caída, de 70 %.

La dificultad de realizar este escenario radica en su costo. Un estudio del Fondo Monetario Internacional estima que en la próxima década se necesitarán entre 6 y 10 billones de dólares anuales en inversiones mundiales adicionales, tanto públicas como privadas, para mitigar el cambio climático. Esto equivale a entre un 6 % y 10 % acumulado del PIB mundial anual. Los requerimientos para Colombia se estiman en una proporción similar del PIB.

Y la producción de petróleo ¿qué?

En Colombia, la transición energética implica aumentar las fuentes de energía renovables para que podamos disminuir el consumo de gasolina, diésel y carbón; el uso del gas sí debe aumentar para sustituir la leña en los fogones campesinos y el carbón en las termoeléctricas.

Pero disminuir el uso del petróleo y sus derivados en Colombia no implica que acá debamos disminuir su exploración y explotación. Por el contrario, debe mantenerse y ojalá aumentarse, por dos razones: una, económica, y otra, estratégica.

La razón económica es que la transición energética es muy costosa y se necesitan multimillonarias inversiones para producir hidrógeno como combustible o para aumentar la generación eólica, la solar y la hidroeléctrica. Los cuantiosos ingresos que genera el petróleo son indispensables para financiar la transición. De hecho, Ecopetrol hoy no solo aporta billonarios recursos al fisco, sino que además lidera la transición energética con sus plantas solares y sus inversiones para producir hidrógeno y combustibles más limpios. 

La razón estratégica se fundamenta en que Colombia es un pequeñísimo productor de petróleo, que aporta solo el 0.7 % de la oferta mundial, de manera que disminuir la producción de petróleo en Colombia no ayuda para nada en la transición energética, ni en el país ni en el mundo. 

Para reducir la emisión de CO₂ debe disminuirse la demanda de combustibles fósiles, porque mientras haya quien use petróleo, habrá empresas y países que lo produzcan. En la lucha contra el calentamiento global no puede cometerse el mismo error que en la guerra contra las drogas, que ha sido pretender ganarla combatiendo a los productores y tratando de reducir la oferta, en lugar de disminuir la demanda. Si hacemos lo mismo con la explotación de petróleo también perderemos.

Por el contrario, podemos generar un círculo virtuoso: si mantenemos o aumentamos la producción de petróleo, y con la transición energética disminuimos su consumo en Colombia, tendremos más excedentes para exportar y más recursos para financiar esa transición.

Mauricio Cabrera Galvis

Noviembre, 2022

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Coincidieron esa semana dos nuevos llamados para denunciar el fracaso de la guerra mundial contra las drogas y exigir que Colombia y el mundo adopten una nueva política antidrogas: el del presidente Petro en diversos foros en Francia y el de la Comisión Global de Política de Drogas. Son distintos a muchos de los llamados anteriores.

La Comisión Global es un grupo de 32 líderes mundiales, que incluye 15 expresidentes de países tan diversos como Suiza, Polonia, Suráfrica, Nueva Zelanda, Brasil, México, Chile y, por supuesto, Colombia, que desde 2011 viene estudiando el problema del narcotráfico y proponiendo cambios en la política para luchar contra ese flagelo.

Desde una posición inicial cautelosa, en la que señalaban que el tema de las drogas debía tratarse más como un problema de salud pública y no de policía, sus más recientes posiciones proponen directamente la legalización y regulación de todas las drogas llamadas ilícitas, derivadas de los cultivos de marihuana, hoja de coca y amapola.

Coincide con esta propuesta la posición del presidente Petro, pero con el hecho significativo de ser el primer presidente de Colombia que la plantea estando en ejercicio y que, como tal, convoca una conferencia internacional para lograr un consenso de todos los países involucrados que permita poner fin al prohibicionismo

Coinciden también las dos propuestas en el señalamiento del estruendoso fracaso del enfoque represivo, no solo porque ha sido incapaz de frenar el aumento de los cultivos de marihuana y coca en Colombia, sino por la estela de violencia, muertes y corrupción que ha dejado en nuestro país, mientras que en Estados Unidos no solo se queda la mayor parte de las utilidades del tráfico, sino que se ha convertido en el primer productor de marihuana en el mundo.

El subtítulo del reporte de la Comisión Global sobre la política de drogas en Colombia es El camino a una regulación justa y parte de una premisa elemental: para poder regular la droga es necesario que esté legalizada, puesto que no puede pedirse que el Estado regule y dicte normas sobre el comercio de un producto que es ilegal.

Un aspecto importante de las propuestas de despenalización y legalización de la droga que hace la Comisión Global es que van más allá del campo puramente penal y plantean que “Colombia debe adoptar un enfoque integral sobre las políticas de drogas que se base en los derechos humanos”, priorizando la reparación de los daños causados por largos años de prohibición, garantizando a los drogadictos el acceso a medicamentos como derecho a la salud y promoviendo la participación de los pueblos históricamente marginados.

De esta manera, la nueva política debe ser un “medio para garantizar el disfrute de los derechos culturales, económicos y sociales, aumentar las oportunidades del campesinado y fortalecer el Estado de derecho en el país”, lo que debe redundar en un “mayor grado de seguridad pública y promover la confianza entre los ciudadanos y el Estado”, además de lograr la desmovilización y reinserción de todos los grupos armados que controlan y viven del negocio del narcotráfico, lo que permitirá avanzar en la búsqueda de la Paz Total.

No hay que hacerse ilusiones, pero es posible que el peso internacional de los proponentes y el liderazgo que puede asumir Colombia lleve a que esta vez pueda lograrse el fin de la prohibición.

 Mauricio Cabrera Galvis

Noviembre, 2022

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