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La  quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) -por tamaño, el banco 16 en USA- seguida dos días más tarde por el colapso del Signature Bank -en el puesto 29- y la forma como fueron rescatados, ha puesto de presente un nuevo dilema que enfrentan las autoridades monetarias: ¿suben las tasas de interés para controlar la inflación, o relajan la política monetaria para evitar una crisis financiera? 

La  quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) -por tamaño, el banco 16 en USA- seguida dos días más tarde por el colapso del Signature Bank -en el puesto 29- y la forma como fueron rescatados, ha puesto de presente un nuevo dilema que enfrentan las autoridades monetarias: ¿suben las tasas de interés para controlar la inflación, o relajan la política monetaria para evitar una crisis financiera? 

El dilema conocido de los bancos centrales era entre inflación y crecimiento/empleo, pues es sabido que elevar las tasas de interés, -que es su instrumento principal para controlar la inflación- frena el crecimiento y afecta el empleo. La quiebra de estos bancos  ha mostrado en la práctica que las altas tasas de interés también afectan los balances de los bancos y pueden desatar una crisis financiera. 

Los bancos centrales siempre han privilegiado el control de la inflación sobre el empleo, pero lo que ha demostrado este episodio es que para evitar una crisis financiera sí están dispuestos a hacer “lo que sea necesario”, incluyendo un aumento de la emisión monetaria. 

Tasa de interés y estabilidad financiera

El aumento de la tasa de interés tiene un doble impacto negativo sobre el sistema financiero. El primero, es que al subir las tasas de manera inmediata se desvalorizan y bajan de precio los bonos y papeles financieros que tienen sus rendimientos a tasa fija. Esto le ocurre aún a activos con la mejor calificación y el menor riesgo crediticio como los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 

Cuando esto sucede, de acuerdo con las normas contables, las entidades financieras deben registrar el menor valor de su inversiones como una pérdida en su balance, lo que ocasiona de manera inmediata una caída en el precio de las acciones de la entidades afectadas. Si las pérdidas son demasiado grandes, los clientes pueden perder la confianza en el banco y empiezan a retirar sus depósitos, como le sucedió al SVB. 

Se estima que por este concepto, la banca norteamericana tiene pérdidas que no ha registrado por unos USD 620 000 millones (el doble del PIB colombiano). Por el contrario, hay que anotar que este riesgo es muy pequeño en Colombia, porque el monto de las inversiones de los bancos en papeles de tasa fija es reducido.

El segundo impacto negativo es el deterioro de la calidad de la cartera de los bancos, es decir el aumento de los créditos vencidos que se produce por las dificultades de los deudores de pagar intereses más altos. De nuevo, al tener que hacer provisiones o castigar los créditos que no pueden cobrar, los bancos tienen que registrar pérdidas en sus balances, con las mismas consecuencias del caso anterior.

Hasta ahora no se ha presentado un deterioro significativo de la cartera de los bancos en USA, tampoco en Colombia. Pero el riesgo existe, y fue una de la causas de la gran crisis financiera de nuestro país en 1999, cuando la tasa del UPAC llegó a niveles del 45% por el error de la Junta Directiva del Banco de la Republica de atarlo al DTF. Los créditos hipotecarios se hicieron impagables, los deudores perdieron sus viviendas, los constructores se quebraron y el sistema bancario colapsó.

UNA CRISIS PREVISIBLE

Para tratar de frenar una inflación producida por factores de oferta y costos, el Federal Reserve (FED) decidió reducir la demanda y en un año subió su tasa de referencia de 0 a 4.75%. Esta fue la chispa que desató la bancarrota del SVB, pero el incendio se produjo porque se conjugaron varios factores, entre ellos varias decisiones equivocadas.

Primer error, el SVB tenía el 40% de sus activos invertidos en bonos de tasa fija de manera que iba a presentar cuantiosas pérdidas. Cuando el mercado conoció estas pérdidas se produjo una corrida de depósitos, porque los ahorradores retiraron depósitos por USD 42 000 millones, que eran el 25% del total de los depósitos del banco. Esto fue posible por un error anterior que fue una flexibilización de la regulación bancaria en la época de Trump, que redujo las exigencias de control a bancos medianos, pero también por las redes sociales y las nuevas tecnologías que permitieron que ese masivo retro de depósitos se hiciera en una tarde.

Ante la inminencia de una cesación de pagos por parte del banco y la posibilidad que hubiera contagio a otros bancos, como ya le estaba sucediendo al Signature Bank. Las autoridades monetarias intervinieron a los dos y los cerraron, pero tomaron medidas extraordinarias para mantener la confianza del público en el sistema bancario.

La primera fue extender el seguro de depósito a todos los depositantes. La Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), garantiza los depósitos hasta por USD 250 000, pero en el caso del SVB el 90% de los depósitos pertenecían a los grandes inversionistas tecnológicos y su valor individual era mucho mayor al tope asegurado. Para evitarles pérdidas, la FDIC decidió responder por la totalidad de los depósitos, lo cual le representa un costo estimado en USD 20 000 millones. Los que sí pierden todo su capital son los accionistas del banco.

La segunda fue adoptada por la FED para evitar que todos los bancos tuvieran que registrar pérdidas por la desvalorización de sus inversiones en bonos y, a la vez, tuvieran suficiente efectivo para responder ante una corrida de depósitos. Para ello la FED abrió una ventanilla especial para comprar (con pacto de recompra) a todos los bancos los bonos al valor nominal, y no al precio de mercado que es inferior. Es una emisión monetaria pura y simple.

La rápida intervención de la FED y la FDIC evitó que la quiebra de estos dos bancos generara una corrida de depósitos en otros bancos y se llegara a una crisis generalizada. Pero también mostró que para estas autoridades el control monetario es menos importante que la estabilidad financiera.

Mauricio Cabrera Galvis

Abril, 2023

Publicado en CAMBIO

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La política oficial de dar subsidios para la adquisición de vivienda ha sido muy efectiva para que miles de familias de bajos ingresos puedan tener casa propia, pero también ha sido un excelente negocio para los constructores y sobre todo para los dueños de los lotes donde se han desarrollado los proyectos. Tan bueno que otros miles de familias se quedaron sin la posibilidad de acceder a vivienda propia.

La razón es que los precios de la Vivienda de Interés Social (VIS) y, por lo tanto, el valor del subsidio otorgado por el gobierno para cada casa subieron tanto, que el presupuesto disponible para subsidios solo alcanzó para un número menor de familias. 

PRECIOS DE LA VIS Y SALARIO MÍNIMO 

La VIS es un bien cuyo precio es regulado por el gobierno, lo mismo que su crecimiento anual. El Ministerio de Vivienda la define como “aquella que reúne los elementos que aseguran su habitabilidad, estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción cuyo valor máximo es de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes (135 SMLV”). Dentro del programa “Mi Casa Ya”, para familias con ingresos inferiores a 2 SMLV el gobierno otorga un subsidio de hasta 30 SMLV. 

De acuerdo con esta regulación, el precio de una VIS crece todos los años lo mismo que el salario mínimo y, como es usual que este crezca un poco mas que la inflación anual, los precios de la VIS han aumentado por encima de la variación del IPC. 

Así, en el año 1999 cuando el SMLV era de $236.480, una VIS se vendía por $31.9 millones, y el año pasado su precio era de $135 millones, lo que representa un aumento de 323%; 

Una consecuencia inmediata de esta fórmula es que no se ha aumentado la capacidad de los más pobres para adquirir vivienda, ni siquiera de los que tienen contrato formal y ganan el salario mínimo, pues el precio de la VIS ha aumentado lo mismo que sus ingresos. Peor aún, con la misma plata (en términos de salarios) hoy compran viviendas de menos metros cuadrados, pues las constructoras han disminuido el tamaño de las VIS. 

La situación hubiera sido muy diferente, y más familias pobres hubieran podido tener casa propia, si el incremento del precio regulado por el Estado hubiera sido inferior, por ejemplo si solo hubiera autorizado crecer con la inflación anual y no con el salario mínimo. En efecto, como el cambio acumulado del IPC en el período considerado fue de “solo” 217%, en el 2022 el precio máximo de una VIS hubiera sido de $101.2 millones, es decir que el comprador solo hubiera pagado 101 SMLV. 

También la capacidad del Estado de otorgar subsidios se vio afectada con el incremento autorizado del precio de la VIS, puesto que el monto de cada subsidio pasó de $7.1 millones en 1999 a $30 millones en 2022, mientras que si se hubiera incrementado solo con la inflación anual, su valor en este último año hubiera sido de $22.5 millones, de manera que con el mismo monto de recursos del presupuesto nacional se hubiera podido subsidiar un mayor número de familias. 

Como se observa en el cuadro siguiente, en ocho años el programa “Mi Casa Ya” ha entregado 262.268 subsidios por un valor de $5.64 billones; si desde 1999 el valor de cada subsidio hubiese crecido con la inflación y no con el SMLV, el costo para el Estado hubiera sido de $4.18 billones, es decir que se hubiera ahorrado casi $1.5 billones, que le hubiera permitido otorgar otros 90.000 subsidios.

¿QUIEN GANÓ CON LOS PRECIOS DE LA VIS?

Sería muy bueno que una VIS se pudiera vender hoy por $29 millones menos, pero ¿es posible construirla por ese valor? Para responder esta pregunta conviene mirar la evolución de los costos de construcción de vivienda en Colombia con la información que suministra el DANE que publicaba el Índice de Costos de Construcción de VIVIENDA (ICCV) y a partir de 2022 el de Edificaciones (ICOCED).

Este índice recoge las variaciones de los costos de todos los insumos de la construcción, tales como Materiales, Maquinaria y Equipos, Mano de Obra, Servicios y Transporte. Los únicos factores de costo que no están incluidos son la tierra y el margen de utilidad del constructor.

En el gráfico están representados el crecimiento de losÍndices de precios (IPC), de costos de vivienda y (ICCV) y del salario mínimo (SMLV) desde el año 1999 hasta el 2022. Lo primero que se observa es que en este período los costos de construcción han crecido menos que la inflación (217% y 201% respectivamente).

Fuente: DANE – Base 1999 = 100

Como ya se explicó que el precio de la VIS ha estado atado al salario mínimo, es evidente que este precio de venta ha crecido mucho más que el costo de construirlas, exactamente un 40% más. En otras palabras si el precio de una VIS se hubiera incrementado lo mismo que los costos de construirla, hoy sería de $100 millones, y no de $135 millones. Entonces cabe preguntarse ¿Quién se ha quedado con este diferencial? 

La diferencia es grande. Suponiendo que todas las VIS del programa “Mi Casa Ya’ se vendieron a 135 SMLV, el valor total de las transacciones hubiera sido $31.3 billones; si en cambio su precio se hubiera ajustado cada año por el IPC, este valor sería de $23.2 billones, es decir una diferencia de unos $8 billones que ha sido una utilidad adicional para alguien. ¿Quién?

Dadas las características del mercado de vivienda en Colombia, es posible que al aumentar el precio de la VIS por encima de sus costos los constructores hayan incrementado un poco su margen de utilidad, pero la hipótesis más probable es que la mayor parte de esta diferencia haya ido a los bolsillos de los dueños de los lotes, pues hay evidencia del mayor aumento de los precios de la tierra.

*​*​*

COLETILLA. La dramática caída de las ventas de vivienda en lo corrido de este año es consecuencia directa de la subida de las tasas de interés de los créditos. El Banco de la República está logrando su objetivo de frenar la economía para controlar la inflación.

Mauricio Cabrera Galvis

Marzo, 2023

Publicado en la Revista CAMBIO

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Los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) han sido la gran apuesta del país para modernizar y fortalecer el transporte público como una estrategia para mejorar la calidad de vida en las ciudades, disminuir los tiempos de viaje de los ciudadanos y reducir el uso de combustibles fósiles. La apuesta está a punto de fracasar por las enormes dificultades financieras que enfrentan estos sistemas, que los tienen en riesgo de quiebra. 

La quiebra de los SITM

Una empresa está quebrada cuando de manera reiterada sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. Esto está sucediendo con todos los SITM que operan en el país desde hace varios años, pues los buses solo han podido seguir rodando gracias a cuantiosas transferencias de los municipios. 

Cuando se diseñaron y estructuraron los SITM, el esquema financiero planeado consistía en que el sector público pagaba la construcción de la infraestructura de carriles dedicados y las estaciones, y le correspondía a los concesionarios privados comprar y operar la flota de buses. La inversión pública era a fondo perdido, pues nunca se recuperaba, mientras que la inversión de los concesionarios, junto con sus utilidades y los gastos de operación, se repagaba con el recaudo de pasajes.

La inversión pública en los siete SITM construidos ascendió a unos $20 billones, de los cuales la Nación aportó 70 %, y los municipios y distritos especiales el 30 % restante, financiado en su mayor parte con recursos de la sobretasa de la gasolina.

Como es flaca sobremanera toda humana previsión, las proyecciones del cierre financiero se quedaron en el papel, los recaudos de pasajes no han sido suficientes para el repago a los concesionarios y, en algunos casos, ni siquiera han bastado para cubrir los gastos de operación, por lo que se han generado cuantiosos déficits que aparecen en el cuadro siguiente y que han tenido que ser cubiertos con transferencias de los municipios para evitar que las ciudades se queden sin servicio de transporte público.

Dos anotaciones sobre estos cuantiosos subsidios: la primera, es que corresponden a los déficits que tenían los SITM antes de la pandemia y que se incrementaron con la reducción de pasajeros generada por el encierro de las ciudades, la cual no se ha recuperado, de manera que los déficits estimados para este año y para 2023 serán aún mayores. 

La segunda, es que a pesar del apoyo público, Metrocali de Cali y Megabús de Pereira tuvieron que acogerse a la Ley 550 de reestructuración ante la imposibilidad de pagar sus acreencias.

Los pasajeros que nunca llegaron

Aunque ha habido algunos retrasos en los ajustes anuales que debían hacerse a las tarifas, estos no son significativos y la causa principal de la crisis de los SITM es que no se cumplieron las proyecciones de pasajeros que utilizan estos sistemas. El éxito inicial del Transmilenio en Bogotá, con la troncal de la avenida Caracas, indujo a que se pensara que ese modelo era replicable con igual éxito en las demás ciudades.

La realidad resultó muy diferente, inclusive para las nuevas rutas y el SITP de Bogotá, pues frente a los 5.8 millones de pasajeros diarios que se esperaba, el máximo que se llegó a movilizar antes de la pandemia fue 4.2 millones, es decir, 72 % de lo esperado. Un factor que es más grave en esta ciudad es la cantidad de “colados” que no pagan pasaje, que se estima que puede llegar a 30 % de los usuarios, lo que genera pérdidas al sistema por $40.000 millones mensuales.

En Cali y Barranquilla la situación es mucho peor. En Cali se llegó a un máximo de 490.000 pasajeros/día en 2013, y de ahí descendió a 390.000 antes de la pandemia, es decir, 39 % de la demanda esperada. Barranquilla, por su parte, empezó más tarde, pero tampoco superó 40 % de los pasajeros esperados.

El impacto de la pandemia agravó la situación financiera de los SITM, pues en 2020 se redujo en más de 60 % el número de pasajeros transportados en todas las ciudades. Aunque el año siguiente se recuperó parte de la demanda, en 2022 en ninguna ciudad se había logrado volver a los niveles de 2019. En Cali, los bloqueos durante el paro nacional llevaron a que no hubiera ninguna recuperación en 2021.

Ante esta realidad se hace indispensable una reestructuración a fondo de los SITM, pues es claro que nos son sostenibles financieramente y no puede seguirse subsidiando permanentemente con recursos de los fiscos municipales, máxime cuando pronto habrá que renovar las flotas de buses.

Mauricio Cabrera

Diciembre, 2022

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Sigue creciendo el déficit externo del país y, por lo tanto, las necesidades de financiarlo con capitales internacionales, lo que incrementa cada vez más los pasivos externos del país. El examen de los datos hasta septiembre, publicados por el Banco de la República (BR) y el Dane, muestra esta realidad y confirma que la vulnerabilidad externa es una de las herencias más complicadas que dejó el gobierno anterior.

La cuenta corriente de la balanza de pagos contabiliza todos los ingresos y egresos de las transacciones de bienes y servicios con el exterior. Cuando compramos al resto del mundo más de lo que vendemos significa que el país gasta más dólares que los que recibe y se produce un déficit que debe ser financiado con créditos externos o con dólares provenientes de la inversión extranjera y de capitales golondrina.

Según el BR el déficit de la cuenta corriente llegó en el tercer trimestre de este año al récord histórico de 7.2 % del PIB, y en lo corrido del año acumuló la impresionante cifra de 16.453 millones de dólares, que se han cubierto con ingresos netos de capital por cuantía similar, lo que significa que los pasivos internacionales del país se han incrementado en ese monto y continúa creciendo el saldo negativo de nuestros activos menos pasivos internacionales, que ya llega a la suma de 176.500 millones de dólares. Le debemos al resto del mundo una suma equivalente al 52 % del PIB, que es lo que produce la economía en un año.

Dos factores explican tamaño déficit. El primero, el saldo del comercio de bienes y servicios, que es negativo en 12.700 millones de dólares y, el segundo, otros 12.900 millones de dólares, que es la diferencia entre lo que pagamos al resto del mundo en intereses por los créditos externos y por dividendos a las empresas internacionales que tienen inversiones en Colombia, y lo que recibimos de otros países por los mismos conceptos.

La suma de estos dos factores arroja un saldo negativo de 25.600 millones de dólares, pero el déficit de la cuenta corriente es menor gracias a los ingresos provenientes de nuestro segundo producto de exportación (después del petróleo), que son los colombianos que han migrado a otros países buscando las oportunidades que no encuentran en su patria y mandan dinero a sus familias. Este año se han recibido 6.873 millones de dólares por estas remesas, que equivalen a 2.7 % del PIB, y otros 3.343 millones de dólares de otras transferencias recibidas por el sector público.

En el comercio de bienes sorprende la dinámica que continúan teniendo las importaciones que en lo corrido del año, según el Dane, llegaron a 53.390 millones de dólares con un crecimiento de 40 % con respecto al mismo período del año anterior. Inclusive, si se compara con lo importado en 2019 ‒antes de la pandemia‒, el crecimiento es aún mayor, de 50 %.

El mayor valor de las importaciones no se debe solo al alza de los precios internacionales de las materias primas, pues en pesos constantes que publica el Dane el incremento es de 30 %. Quienes todavía afirman que en Colombia no ha habido apertura, seguro no han revisado las cifras que muestran que en 1990 las importaciones representaban 8 % del PIB, y este año son el 26 %.

Queda pendiente una interesante pregunta: ¿por qué la devaluación del peso todavía no ha frenado las importaciones?

Mauricio Cabrera Galvis

Diciembre, 2022

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Para remediar el fracaso del transporte público es necesario invertir para mejorar la calidad del servicio y tomar medidas que desestimulen el uso de los vehículos privados, así estas no sean populares.

Una de las grandes contradicciones o fracasos de las políticas públicas en las últimas décadas es la del manejo de la movilidad urbana. Desde la Ley 310 de 1996 todos los gobiernos han definido como su prioridad los sistemas de transporte público, pero al mismo tiempo han hecho muy poco para desestimular el transporte privado e, inclusive, han mantenido beneficios que incentivan el uso de las motocicletas.

La política de promover el transporte público es incuestionable para tener ciudades sostenibles, puesto que disminuye el uso de combustibles fósiles, es un uso más eficiente del limitado espacio de las vías urbanas, ahorra el tiempo de viajes en la ciudad y reduce la accidentalidad vial.

En este siglo los gobiernos, tanto nacional como territoriales, han invertido más de 20 billones de pesos en el desarrollo de Sistemas Integrados de Transporte Masivo (SITM) en siete ciudades que tienen más de 600.000 habitantes, al igual que en Sistemas Estratégicos de Transporte (SETP) en ocho ciudades cuya población abarca entre 250.000 y 600.000 habitantes.

A pesar de tan cuantiosas inversiones los resultados han sido muy malos. En 2007, en todos los sistemas de transporte público de las 23 ciudades principales del país se movilizaban 11,7 millones de pasajeros diarios. En los siguientes 15 años la población de esas ciudades aumentó cerca de 30 % y el número de pasajeros… se redujo a 8,5 millones (-27 %). 

La única ciudad en la que hubo un ligero aumento fue Medellín (2,7 %). En el otro extremo, en Cali y en Bucaramanga, los pasajeros movilizados se redujeron 67 %; en Barranquilla, 45 %, y en Bogotá, 11 %. En el resto de ciudades la reducción fue de 47 %.

No es ningún misterio la razón de esta tendencia: si aumentó el número de viajes urbanos y disminuyeron los usuarios del transporte público es porque aumentó la cantidad de vehículos privados, en particular las motocicletas.

En 2007 circulaban en el país 5,2 millones de vehículos privados: 2,4 millones de motos y 2,9 millones de carros. En 15 años, el total de vehículos se había más que triplicado hasta llegar a 17,7 millones, sobre todo por el aumento de motos, que fue de 352 %, llegando a 10,8 millones.

Desde el punto de vista individual es lógica la decisión de usar el vehículo privado en lugar de buses, no solo por la comodidad y el ahorro de tiempo, sino por los otros usos del vehículo como medio de transporte familiar. Además, en el caso de las motos se ha facilitado su adquisición, pues con los amplios planes de financiación existentes es posible pagarlas con lo que ahorra la familia en pasajes.

Sin embargo, esta lógica individual tiene un enorme costo colectivo, pues con más vehículos circulando aumentan los trancones, los accidentes y la emisión de gases.

Para remediar el fracaso del transporte público es necesario invertir para mejorar la calidad del servicio y tomar medidas que desestimulen el uso de los vehículos privados, así estas no sean populares.

Mauricio Cabrera Galvis

Diciembre, 2022

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Uno de los indicadores utilizados para analizar el grado de desarrollo de un país es la calidad de sus sistemas de transporte público. Con ese indicador se evidencia que Colombia en un país en vía de subdesarrollo porque en las últimas décadas, a pesar de billonarias inversiones en transporte público, este cada vez moviliza menos pasajeros, mientras que el número de vehículos privados crece de manera acelerada.

Se supone que los sistemas de transporte público son fundamentales para reducir la congestión, la contaminación y la accidentalidad de las ciudades. Sin embargo, en lo que ha sido una de las mayores contradicciones de las políticas públicas en Colombia, se han formulado ambiciosos y costosos planes de inversión en distintas modalidades de transporte público, pero a la vez se han dado todas las facilidades para el crecimiento del parque automotor privado.

La decadencia del transporte público 

Cali es uno de los casos más dramáticos del retroceso en el uso de transporte público. En 2007, antes de que entrara en funcionamiento el Mío ‒que es el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) de la ciudad‒, en todas las modalidades de transporte público (buses, busetas, colectivos, etc.) se movilizaban unos 350 millones de pasajeros al año. En 2015, la cantidad anual de pasajeros, incluyendo los que usaban el Mío, se había reducido a 212 millones (una caída de 40 %) y en 2019 ‒antes de la pandemia‒ solo utilizaron todos los medios de transporte público 186 millones de pasajeros en un año. 

Casi todas las ciudades del país, exceptuadas Bogotá y Medellín, también sufrieron caídas en el número de pasajeros movilizados en transporte público, lo que se agravó con la pandemia, como se observa en el siguiente cuadro:

En Barranquilla, en 2007, más de un millón de pasajeros utilizaba a diario el transporte público, cifra que se redujo en 26 % en 2019, incluyendo los usuarios de Transmetro, que es el SITM de la ciudad. El caso de Bucaramanga es aún más agudo, pues allí la reducción fue de 50 %, de nuevo incluyendo su SITM, que se denomina Metrolínea.

Solo en Bogotá y Medellín el comportamiento fue diferente, pues con el éxito inicial de Transmilenio y del Metro de Medellín, en esas dos ciudades el número de usuarios del transporte público se incrementó 7 % en el período señalado. En el resto de ciudades del país el descenso fue del orden de 25 %.

Con la pandemia la tendencia se hizo más pronunciada, de manera que las últimas cifras del DANE muestran que en el tercer trimestre de 2022 en todas las ciudades, con excepción de Medellín, se registraba una menor movilización de pasajeros en transporte público que 15 años atrás. La comparación es más grave si se recuerda que en este período la población urbana creció cerca de 30 %.

Su majestad la moto

Si el número de habitantes ha aumentado, si las distancias de desplazamiento son más largas, si el Estado ha invertido más de $20 billones (equivalente a lo que se espera recaudar en la reforma tributaria) en la infraestructura de los SITM en siete ciudades, ¿por qué ha disminuido el número de pasajeros del transporte público?

La respuesta es de Perogrullo: ha aumentado el número de vehículos privados, en especial las motocicletas: 

En 2007 circulaban en el país 50.000 vehículos de transporte público; 15 años después solo lo había 36.000. Es cierto que la entrada en funcionamiento de los SITM permitió la chatarrización de buses y busetas obsoletos, pero también otros salieron de circulación por falta de pasajeros que se pasaron a sus vehículos privados. La contrapartida es que en el mismo período aumentaron cerca de cuatro millones de automóviles particulares y ocho millones y medio de motocicletas, lo que significa incrementos de 140 % y 352 %, respectivamente.

Desde el punto de vista individual es totalmente lógica la decisión de usar el vehículo privado en lugar de buses o busetas, no solo por la comodidad y el ahorro de tiempo, sino porque en el caso de las motos las facilidades de financiación y los subsidios tributarios permiten que se pague la moto con lo que se ahorra la familia en pasajes. Sin embargo, la decisión individual tiene un enorme costo colectivo, pues con más vehículos circulando aumentan los trancones, los accidentes y la emisión de gases que calientan el planeta.

Un agravante que agudiza la tendencia es que se crea un círculo vicioso difícil de romper: la gente busca su vehículo privado porque es mala la calidad del servicio público de transporte, pero esta calidad se deteriora aún más porque al disminuir el número de pasajeros se reducen los ingresos de los transportadores, que se quedan sin recursos para aumentar la frecuencia o el número de rutas.

No es fácil revertir la tendencia al predominio del vehículo privado sobre el transporte público, pero si se quiere mejorar la calidad de vida de las ciudades, disminuir la congestión de las vías y reducir el consumo de combustibles para hacer la transición energética es necesario no solo invertir para mejorar la calidad del servicio público, sino que es indispensable tomar medidas que desestimulen el uso de los vehículos privados, así estas no sean populares.

El impacto de esta reducción de pasajeros ha sido desastroso para los SITM, que hoy están a punto de quebrarse, pero este será tema de otra columna.

Mauricio Cabrera Galvis

Diciembre, 2022

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No sirve de nada que un productor pequeño, como Colombia, renuncie a los ingresos petroleros que necesita para financiar la transición energética.

La transición energética en Colombia significa disminuir la demanda de petróleo. Sin embargo, para poder hacerlo necesitamos aumentar la producción de petróleo. Esta aparente paradoja tiene dos explicaciones: una, que la demanda de petróleo en el mundo y en Colombia no depende de la producción de petróleo en nuestro país y dos, que la transición energética es muy costosa y los ingresos del petróleo ayudan a financiarla.

Una de las políticas claves del gobierno Petro es la transición energética justa, entendida como la sustitución de combustibles fósiles por nuevas fuentes de energía renovables y menos contaminantes. Es una política no solo acertada, sino necesaria y urgente, e inaplazable porque el calentamiento global es la amenaza más grande que enfrenta la humanidad.

En los países desarrollados la transición energética implica disminuir el consumo de energía; en Colombia es diferente, porque acá tenemos que aumentar la oferta de energía para garantizar a toda la población el acceso a la energía que hoy no tiene y que esta provenga de fuentes no contaminantes.

Otra diferencia importante es que nuestra huella de carbono es muchísimo menor. Por lo tanto, la gran responsabilidad de la descarbonización de la economía es de ellos. En efecto, mientras que la emisión de CO₂ per cápita en Colombia es de solo 1,75 ton, en China es 7,4 ton. y en Estados Unidos es 14,3 ton.

Sin embargo, no son buenas las perspectivas de reducción del uso de la energía o del petróleo en el mundo. Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA) muestran que con las políticas actuales mientras la demanda de energía aumentaría 24 % hasta el año 2050, la de petróleo lo haría en 8 %.

El panorama es un poco mejor si los países cumplen los compromisos que han anunciado en foros como el COP 26. En este caso, la demanda de energía bajaría un poco (1,5 %) para el 2050 y el uso del petróleo disminuiría una tercera parte. El problema es que para alcanzar estos objetivos es necesario invertir entre 6 y 10 billones de dólares anuales, es decir, entre el 6 % y el 10 % del PIB mundial, y una proporción similar en Colombia.

Colombia debe disminuir el consumo de combustibles fósiles y reemplazarlos por fuentes de energía renovables, pero la producción misma del petróleo cada vez genera menos gases contaminantes por el esfuerzo tecnológico que está haciendo Ecopetrol para reducir el 50 % de sus emisiones antes de terminar esta década.

Lo mismo sucede en el resto del mundo. Como en el caso del narcotráfico, reducir los cultivos de coca no resuelve el problema mientras exista una fuerte demanda por alucinógenos. Así, la emisión de CO₂  no se va reducir porque se produzca menos petróleo, sino solo cuando disminuya su demanda. 

Mientras tanto no sirve de nada que un productor pequeño como Colombia renuncie a los ingresos petroleros que necesita para financiar la transición energética.

Mauricio Cabrera Galvis 

Noviembre, 2022

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¿Qué papel debe jugar el petróleo en la transición energética justa en Colombia? Esta es la pregunta clave para definir el futuro de la política petrolera del país. Para responderla es necesario hacer dos distinciones fundamentales. La primera, que el objetivo de la política pública es la transición energética en Colombia, no en el mundo; la segunda, una cosa es la demanda nacional de petróleo y combustibles fósiles y otra, muy distinta, la producción en Colombia de los mismos. 

Transición energética en Colombia y en el mundo

Transición energética significa consumir menos energía y sustituir los combustibles fósiles que emiten más CO₂ por nuevas fuentes de energía renovables y menos contaminantes. Es una necesidad urgente e inaplazable porque el calentamiento global produce catástrofes ambientales, degrada los ecosistemas y amenaza las posibilidades de vida en el planeta Tierra.

Pero, para el caso de Colombia, la transición energética justa también significa garantizar a toda la población el acceso a la energía que hoy no tiene, y que esta provenga de fuentes no contaminantes. Por lo tanto, a diferencia de los países desarrollados, en Colombia debe aumentar la demanda de energía en las próximas décadas.  

El objetivo de disminuir las emisiones de gases invernadero es un compromiso que ha asumido la mayoría de los países del mundo, aunque es claro que los países desarrollados son los mayores responsables de la contaminación, pues son los que más utilizan combustibles fósiles, como se observa en el gráfico siguiente:  

Mientras en Colombia cada habitante emite menos de dos toneladas de CO₂, países como China o Alemania emiten cuatro veces más, y Estados Unidos 14.2 toneladas por habitante, es decir ocho veces más que nuestro país. Esta comparación no implica que Colombia no deba descarbonizar su economía, pero sí reconocer que los esfuerzos que hagamos acá no tendrán gran impacto sobre la meta mundial de cero emisiones, si los grandes contaminantes no se comprometen en serio con ese objetivo.

El futuro de la demanda de petróleo 

El problema radica en que la humanidad no puede vivir sin energía y hoy los combustibles fósiles son la principal fuente de energía y seguirán siéndolo por décadas. Mientras haya millones de vehículos a gasolina o diésel, mientras las fábricas necesiten energía para mover sus máquinas, mientras las plantas de generación de energía funcionen con hidrocarburos, mientras los consumidores sigan utilizando productos de plástico en toda su vida cotidiana, seguirá existiendo una enorme demanda por hidrocarburos y sus derivados. 

Las proyecciones de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) muestran que el consumo de energía seguirá creciendo, por lo menos, durante dos o tres décadas, dependiendo de las políticas adoptadas por los países desarrollados, las que determinarán también si el consumo de petróleo se mantiene constante hasta 2050 o comienza a disminuir en unos 10 años. 

El IEA proyecta tres escenarios del consumo mundial de energía: dos probables y uno deseable, pero improbable. El primero (actual) supone que en el mundo se mantienen las políticas actuales de reducción de emisiones y estímulo a energías renovables. Como no hay un esfuerzo adicional, no se logra el objetivo de limitar el aumento de la temperatura del planeta a 1.5 grados.

El segundo escenario (compromisos) se construye a partir de los compromisos de reducción de emisiones anunciados por los países en foros como el COP 26, a pesar de que casi ninguno haya adoptado todavía políticas para cumplirlos. En este escenario la temperatura se incrementaría en 1.7 grados. 

El tercer escenario es hipotético y quiere mostrar cómo debería comportarse la demanda de energía y de combustibles fósiles para alcanzar la meta de cero emisiones en el año 2050.

En el escenario “actual” (en azul en el cuadro siguiente) el consumo diario de energía en el mundo equivale hoy a unos 212 millones de barriles de petróleo (m/bd), y continuará aumentando hasta el año 2050, cuando alcanzaría 262 m/bd. La demanda de petróleo aumentará de 94 a 102 m/bd, mientras que la de gas se mantendrá casi constante. La que si disminuirá más de una tercera parte será la de carbón, por ser el combustible más contaminante.

Si todos los países cumplieran sus compromisos (Escenario “Compromisos”, en verde esperanza en el cuadro) la demanda mundial de energía se mantendría constante hasta 2040 y luego se reduciría un mínimo 1.5 % en la década siguiente. Lo que sí se lograría en este escenario es la disminución de la demanda de combustibles fósiles, que serían sustituidos por energía solar, de viento y de agua.

Así, para el año 2050, el consumo de petróleo bajaría una tercera parte, de 95 m/bd a solo 57 m/bd; el uso de gas natural tendría una reducción similar y de nuevo el carbón tendría la mayor caída, de 70 %.

La dificultad de realizar este escenario radica en su costo. Un estudio del Fondo Monetario Internacional estima que en la próxima década se necesitarán entre 6 y 10 billones de dólares anuales en inversiones mundiales adicionales, tanto públicas como privadas, para mitigar el cambio climático. Esto equivale a entre un 6 % y 10 % acumulado del PIB mundial anual. Los requerimientos para Colombia se estiman en una proporción similar del PIB.

Y la producción de petróleo ¿qué?

En Colombia, la transición energética implica aumentar las fuentes de energía renovables para que podamos disminuir el consumo de gasolina, diésel y carbón; el uso del gas sí debe aumentar para sustituir la leña en los fogones campesinos y el carbón en las termoeléctricas.

Pero disminuir el uso del petróleo y sus derivados en Colombia no implica que acá debamos disminuir su exploración y explotación. Por el contrario, debe mantenerse y ojalá aumentarse, por dos razones: una, económica, y otra, estratégica.

La razón económica es que la transición energética es muy costosa y se necesitan multimillonarias inversiones para producir hidrógeno como combustible o para aumentar la generación eólica, la solar y la hidroeléctrica. Los cuantiosos ingresos que genera el petróleo son indispensables para financiar la transición. De hecho, Ecopetrol hoy no solo aporta billonarios recursos al fisco, sino que además lidera la transición energética con sus plantas solares y sus inversiones para producir hidrógeno y combustibles más limpios. 

La razón estratégica se fundamenta en que Colombia es un pequeñísimo productor de petróleo, que aporta solo el 0.7 % de la oferta mundial, de manera que disminuir la producción de petróleo en Colombia no ayuda para nada en la transición energética, ni en el país ni en el mundo. 

Para reducir la emisión de CO₂ debe disminuirse la demanda de combustibles fósiles, porque mientras haya quien use petróleo, habrá empresas y países que lo produzcan. En la lucha contra el calentamiento global no puede cometerse el mismo error que en la guerra contra las drogas, que ha sido pretender ganarla combatiendo a los productores y tratando de reducir la oferta, en lugar de disminuir la demanda. Si hacemos lo mismo con la explotación de petróleo también perderemos.

Por el contrario, podemos generar un círculo virtuoso: si mantenemos o aumentamos la producción de petróleo, y con la transición energética disminuimos su consumo en Colombia, tendremos más excedentes para exportar y más recursos para financiar esa transición.

Mauricio Cabrera Galvis

Noviembre, 2022

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Coincidieron esa semana dos nuevos llamados para denunciar el fracaso de la guerra mundial contra las drogas y exigir que Colombia y el mundo adopten una nueva política antidrogas: el del presidente Petro en diversos foros en Francia y el de la Comisión Global de Política de Drogas. Son distintos a muchos de los llamados anteriores.

La Comisión Global es un grupo de 32 líderes mundiales, que incluye 15 expresidentes de países tan diversos como Suiza, Polonia, Suráfrica, Nueva Zelanda, Brasil, México, Chile y, por supuesto, Colombia, que desde 2011 viene estudiando el problema del narcotráfico y proponiendo cambios en la política para luchar contra ese flagelo.

Desde una posición inicial cautelosa, en la que señalaban que el tema de las drogas debía tratarse más como un problema de salud pública y no de policía, sus más recientes posiciones proponen directamente la legalización y regulación de todas las drogas llamadas ilícitas, derivadas de los cultivos de marihuana, hoja de coca y amapola.

Coincide con esta propuesta la posición del presidente Petro, pero con el hecho significativo de ser el primer presidente de Colombia que la plantea estando en ejercicio y que, como tal, convoca una conferencia internacional para lograr un consenso de todos los países involucrados que permita poner fin al prohibicionismo

Coinciden también las dos propuestas en el señalamiento del estruendoso fracaso del enfoque represivo, no solo porque ha sido incapaz de frenar el aumento de los cultivos de marihuana y coca en Colombia, sino por la estela de violencia, muertes y corrupción que ha dejado en nuestro país, mientras que en Estados Unidos no solo se queda la mayor parte de las utilidades del tráfico, sino que se ha convertido en el primer productor de marihuana en el mundo.

El subtítulo del reporte de la Comisión Global sobre la política de drogas en Colombia es El camino a una regulación justa y parte de una premisa elemental: para poder regular la droga es necesario que esté legalizada, puesto que no puede pedirse que el Estado regule y dicte normas sobre el comercio de un producto que es ilegal.

Un aspecto importante de las propuestas de despenalización y legalización de la droga que hace la Comisión Global es que van más allá del campo puramente penal y plantean que “Colombia debe adoptar un enfoque integral sobre las políticas de drogas que se base en los derechos humanos”, priorizando la reparación de los daños causados por largos años de prohibición, garantizando a los drogadictos el acceso a medicamentos como derecho a la salud y promoviendo la participación de los pueblos históricamente marginados.

De esta manera, la nueva política debe ser un “medio para garantizar el disfrute de los derechos culturales, económicos y sociales, aumentar las oportunidades del campesinado y fortalecer el Estado de derecho en el país”, lo que debe redundar en un “mayor grado de seguridad pública y promover la confianza entre los ciudadanos y el Estado”, además de lograr la desmovilización y reinserción de todos los grupos armados que controlan y viven del negocio del narcotráfico, lo que permitirá avanzar en la búsqueda de la Paz Total.

No hay que hacerse ilusiones, pero es posible que el peso internacional de los proponentes y el liderazgo que puede asumir Colombia lleve a que esta vez pueda lograrse el fin de la prohibición.

 Mauricio Cabrera Galvis

Noviembre, 2022

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Las “líneas rojas” que trazó el partido liberal para aprobar la reforma tributaria en el Congreso* son en realidad unas líneas azules que demuestran lo conservador que se ha vuelto ese partido, abandonando sus principios históricos de lucha por la equidad y contra los privilegios de los ricos y poderosos.

Desde el programa liberal de Alfonso López Pumarejo en 1935, ya se afirmaba que “El partido liberal de Colombia seguirá luchando contra la inseguridad y contra los privilegios de todas las clases en busca de una igualdad de medios y oportunidades”. Sin ir tan atrás, a comienzos de este siglo, la plataforma ideológica del partido estableció como uno de los objetivos de los liberales el “Restablecimiento de un sistema tributario progresivo, eficiente y equitativo”.

Puede ser que a la bancada parlamentaria o a su director no les importen esas declaraciones históricas, pero por lo menos sí debían ser coherentes con lo que el mismo director escribió en abril de este año en un documento titulado La Colombia de hoy** que circuló durante la campaña electoral. 

Veamos algunas de esas contradicciones

Impuesto a las pensiones mayores de $10 millones 

En el documento se afirmaba: “Es importante establecer una tributación eficaz para las personas naturales adineradas que pagan poco en comparación con las empresas”.

Sin embargo, los congresistas liberales tumbaron el impuesto a las megapensiones con el falaz argumento que estaban defendiendo a los pobres pensionados, cuando en realidad están favoreciendo a una pequeña minoría y, sobre todo, defendiendo su propio bolsillo. pues en el futuro tendrán pensiones superiores a ese valor.

Para entender el injustificado privilegio que defendieron los liberales hay que recordar que en Colpensiones hay $1.8 millones de pensionados, de los cuales solo 8.613 (0.49 %) tienen pensiones superiores a 12 salarios mínimos. En los regímenes especiales de las Fuerzas Armadas, maestros y otros funcionarios públicos hay 700.000 pensionados y solo 7.928 (1.1 %) tienen pensiones altas.

Es decir, que arropados en un lenguaje demagógico de defensa de los intereses de los colombianos, solo favorecían a 16.500 personas que hoy reciben un cuantioso subsidio del Estado (o sea, de los contribuyentes), porque lo que cotizaron no les alcanza para la elevada pensión que están recibiendo. Los 497 pensionados de los fondos privados sí ahorraron lo suficiente, pero recibieron otros beneficios, pues no pagaron impuestos sobre los ingresos que ahorraron.

El impuesto al patrimonio y a la finca raíz

En abril decía el director del partido: “Hay que cerrar tantos huecos que tiene el Estatuto tributario, que esconde las tarifas reales de tributación, muy inferiores a las nominales y a las que dicen que pagan las personas con bienes de fortuna”.

La bancada no estuvo de acuerdo y trazó dos líneas rojas: intentó bajar el impuesto al patrimonio y eliminar el impuesto de timbre a las transacciones de finca raíz superiores a $800 millones. Su argumento era que estos tributos “generan riesgo para la desestimulación (sic) del ahorro y abre riesgo de doble tributación sobre los inmuebles”.

Estos dos nuevos tributos son los que más contribuyen a hacer más progresivo el régimen tributario en Colombia, pues las personas que tienen más de $3000 millones en patrimonio, o que pueden comprar un inmueble de $2000 millones están en un nivel muy alto de la distribución del ingreso. Por fortuna, en la plenaria no se acogieron las objeciones liberales, y se mantuvieron las propuestas del gobierno, aunque en el caso de impuesto al patrimonio no se logró que se contabilizaran los bienes al valor comercial.

Exenciones a las empresas y a las iglesias 

De tiempo atrás la posición liberal había sido la de eliminar las múltiples exenciones a las empresas. Así lo reiteraron en el documento de abril: “Los liberales hemos propuesto eliminar todas las exenciones tributarias que durante varios gobiernos se les han entregado a las grandes empresas de la economía formal, con la excusa de que son ellas las que generan el empleo. Esto es evidentemente falso”.

Y en relación con la baja tributación de algunas empresas plantearon una propuesta que se incluyó en el proyecto de reforma: “Se puede considerar también la introducción de un impuesto mínimo de renta para las empresas, que permita mejorar sustancialmente la equidad en la tributación.

En contra de esta propuesta, la sexta línea azul de la bancada era: “6. Debe eliminarse la tributación mínima de las empresas. No hacerlo terminaría en una renta presuntiva del 15 %”, lo cual, además, era un sofisma porque la renta presuntiva se calcula sobre el patrimonio, mientras que en este caso era un impuesto mínimo sobre las utilidades recibidas.

También defendieron los congresistas liberales el mantenimiento de otras exenciones como las de las zonas francas y la deducibilidad de las regalías que pagan las empresas minero energéticas, y se opusieron al impuesto a las bebidas azucaradas.

Estas líneas azules también fueron derrotadas en la plenaria, aunque sí lograron excluir del tema de las regalías y de la sobretasa a las exportaciones a todos los minerales distintos a carbón y petróleo.

Finalmente, otra evidente contradicción con los principios liberales fue la de impedir que se gravaran las actividades comerciales de las iglesias con otro sofisma, pues según ellos lo hacen como “defensores de la libertad de cultos y de la labor social que desarrollan en las comunidades”. La realidad es que la propuesta no afectaba ni a las actividades religiosas ni a las de beneficencia que realizan las iglesias. Solo a los negocios no relacionados con esas actividades.

https://twitter.com/PartidoLiberal/status/1585018769717354497

** https://es.scribd.com/document/571780195/Documento-Cesar-Gaviria

G. Mauricio Cabrera G.

Noviembre, 2022

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Los artículos 37 y 38 del proyecto de Reforma Tributaria establecen un impuesto marginal de 10 % a las exportaciones de oro, cuando el precio internacional del metal supere los USD 400/onza troy. Según la exposición de motivos del proyecto, con este tributo se espera recaudar alrededor de un billón de pesos .

Las quejas y reclamos por el impuesto marginal a las exportaciones de oro no se hicieron esperar. Como la mayoría de los críticos a la reforma, la razón para oponerse a este impuesto no es la verdadera, es decir, que afecta sus bolsillos y reduce la rentabilidad de su negocio, sino que se buscan otros argumentos. En este caso las grandes mineras de oro han aducido dos: primero, que buena parte del oro del país se exporta por contrabando, por lo que sería muy difícil lograr aplicar el impuesto; segundo, que este impuesto afectaría la formalización de los productores de oro más pequeños. 

En los primeros debates en el Congreso, el ministro anunció que eliminaría el impuesto marginal a las exportaciones de oro en razón a los dos argumentos señalados. Creo que sería una equivocación hacerlo, y que este impuesto debe mantenerse, no solo porque estos dos argumentos son cuestionables, sino sobre todo porque es muy baja la contribución actual de las regalías que pagan los productores de otro. 

La insignificante regalía del oro 

Desde las épocas coloniales Colombia ha sido un importante productor de oro, pero con la reciente bonanza del precio internacional del metal el oro se convirtió en el tercer producto de exportación colombiano después del petróleo y del carbón, superando al café y duplicando las exportaciones de flores. El año pasado los ingresos por este concepto fueron de USD 3140 millones, el triple de lo exportado en 2015. 

Más impresionante que este crecimiento resulta el ínfimo valor que recibe el país como regalías por la explotación de este recurso no renovable. En 2021, tan solo $326.000 millones, que equivalen a 2.7% del valor exportado, como se observa en el cuadro siguiente.  

Resulta curioso observar cómo, cuando sube el precio del oro, el volumen de exportaciones es mayor al volumen de producción. Así, en 2021, según el DANE se exportaron 69.1 toneladas de oro, pero el ministerio de Minas solo registra una producción de 55.3 toneladas. O la gente salió a vender sus joyas ante la pérdida de ingresos por la pandemia o hay exportaciones ficticias para lavar dinero. 

Las regalías han disminuido como proporción de las exportaciones, pasando de 5.8 % en 2015 al mencionado 2.7 % del año pasado, lo cual se explica porque las regalías se cobran sobre el volumen producido, que es menor que hace ocho años. 

Es absurdo el régimen de regalías del oro en Colombia, que desde la ley 141 de 1994 se estableció en 80 % de 4 % del precio internacional, es decir, 3.2 % del valor producido; además, no es una regalía creciente ‒como en el caso del petróleo‒, que aumenta cuando sube el precio internacional. Solo para comparar cabe recordar que la producción de sal paga cuatro veces más: 12 % sobre el 100 % del valor en boca de mina. Seguimos como en el tiempo del cacique Tisquesusa, cuando en el altiplano cundiboyacense la sal era más valiosa que el oro. 

¿Por qué se justifica el impuesto marginal a la exportación de oro? 

Aunque hace años he venido proponiendo que debe aumentarse la regalía a la producción de oro, debo reconocer que es más eficiente y más fácil de controlar la propuesta de un impuesto marginal a la exportación, por la discrepancia que existe entre el volumen de producción y el de exportación.  

Ahora bien, los dos argumentos en contra del impuesto al oro no son suficientes para eliminarlo de la reforma tributaria. Puede ser cierto que haya exportaciones de oro de contrabando, pero el volumen reportado por el DANE es suficiente para tener un recaudo cercano a 1 % del PIB. Además, como lo ha señalado el exministro José Fernando Isaza y lo demuestran las cifras, el contrabando opera en sentido contrario, es decir, ingresos no declarados de oro para venderlo y lavar dineros ilícitos. 

Tampoco parece cierto que este impuesto vaya a incentivar las exportaciones de contrabando o la minería informal, porque al establecerse como un impuesto marginal sobre la diferencia en ingresos frente a un precio base de USD 400/onza troy, su impacto sobre los ingresos de los productores es muy bajo, mientras que el beneficio para el fisco sí es significativo. 

En efecto, suponiendo un volumen de exportaciones de 60 toneladas ‒que es el promedio de los últimos cuatro años‒, puede calcularse cuál sería el valor del impuesto que se debería pagar por cada USD 200 que aumente el precio de la onza troy, con los siguientes resultados: 

Así, por ejemplo, si el precio fuera de USD 1000, el impuesto solo representaría 6.0 % del valor exportado, y el gobierno recaudaría unos $503.000 millones. En las condiciones actuales de precio cercano a los USD 1800, el valor del impuesto sería 7.8 % de las exportaciones y el recaudo fiscal de casi $1.2 billones. 

Dado que los ingresos por encima del precio base son utilidad neta para el productor, pues sus costos de producción no se incrementan, no parece factible que una tributación tan pequeña se convierta en un desestimulo para la producción, o un incentivo para el contrabando. Por supuesto que teniendo en cuenta los márgenes de rentabilidad del lavado de dinero, tampoco va a frenar los ingresos de oro de contrabando. 

El gobierno no debe renunciar a esta fuente de recursos tributarios, sobre todo porque no ha habido ninguna propuesta para reemplazarla. 

Mauricio Cabrera Galvis 

Octubre, 2022

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Después de 60 años de espera y frustraciones parece que al fin la reforma agraria está en marcha. Como lo ha explicado la ministra de Agricultura, Cecilia López, ya se inició la legalización de predios con la titulación de 618.000 hectáreas que se están repartiendo; de otra parte, se tienen identificadas otras 125.000 hectáreas expropiadas a los narcos y también se firmó el acuerdo con Fedegan para la compra de tres millones de hectáreas.

El gobierno tiene claro que la sola entrega de tierras no basta, sino que es necesario estructurar todo un programa para que los campesinos que la reciben puedan desarrollar proyectos productivos. Esto incluye muchos otros elementos, tales como crédito, paquetes tecnológicos, infraestructura vial, distritos de riego y canales de comercialización. Es un programa costoso, pero ya se están identificando recursos, tanto del presupuesto nacional como de la cooperación internacional, para realizarlo. 

Con esta política habrá tierra para los campesinos colombianos; lo que no se sabe es si en el futuro habrá campesinos para cultivar esa tierra, por la tendencia al despoblamiento del campo colombiano. No hay duda de que los desplazados y víctimas recibirán con gran alegría las tierras que les adjudiquen, pero no es seguro que sus hijos quieran quedarse en el campo o más bien prefieran migrar a las ciudades, como han venido haciéndolo desde hace décadas.

Del campo a la ciudad 

La masiva migración de campesinos a la ciudad es un proceso que viene dándose desde la primera mitad del siglo pasado. Inicialmente, fue inducida por la violencia conservadora; luego, en los años 70, fue impulsada por la política económica de las cuatro estrategias y de nuevo, a finales de los 90 y los primeros años de este siglo, fue acelerada por la violencia paramilitar y guerrillera. Así, mientras que hacia 1950 en el campo vivía cerca de 60 % de los colombianos, medio siglo más tarde este porcentaje había bajado a 30 %.

En lo corrido del siglo XXI continuó la tendencia a la migración a las ciudades, a pesar de algunos avances en la disminución de la violencia, de manera que la población del sector rural solo se incrementó en 7 % (750.000 personas), mientras que la de las cabeceras aumentó 32 % (9.5 millones de personas). En consecuencia, el año pasado los habitantes urbanos llegaron a 78 % de la población total y solo 22 % permanecía en el sector rural.

Esta tendencia general de la población se refleja también en la dinámica del empleo. Entre 2001 y 2021 se crearon en el país 5.4 millones de empleos, pero de estos solo 316.000 (menos de 6 %) fueron en la zona rural. La tasa anual de crecimiento del número de ocupados en las ciudades fue de 42 %, mientras que en el campo fue de solo 7.1 %.

Población y empleo en campo y ciudad (en millones)
 20012021Variación %
Nacional   
Población total39.86250.14025,8 %
Población económicamente activa19.12824.61728,7 %
Ocupados16.45221.85732,9 %
Desocupados2.6752.7603,2 %
Cabeceras   
Población total29.45338.98132,4 %
Población económicamente activa14.26519.51636,8 %
Ocupados12.00217.09042,4 %
Desocupados2.2632.4267,2 %
Centros poblados y rural disperso   
Población total10.40911.1597,2 %
Población económicamente activa4.8635.1014,9 %
Ocupados4.4514.7677,1 %
Desocupados412334-18,9 %
 Fuente: DANE. 

Tan bajo crecimiento de la población total y de los trabajadores no se debe a que el sector agrícola se haya estancado, pues en estas dos décadas el PIB agrícola creció 65 %. En solo los últimos 10 años el área sembrada se expandió de 2.9 a 4.6 millones de hectáreas; así mismo, el área destinada a ganadería pasó de 29 a 39 millones de hectáreas. Se está produciendo mucho más en el campo con menos trabajadores, lo cual equivale a un importante aumento de la productividad laboral que no se ha visto reflejado en los salarios.

Por la calidad de vida de los campesinos 

La realidad que se experimenta en casi todo el sector rural es una escasez de mano de obra. Los cultivadores de café, de palma o de cacao, lo mismo que los ganaderos, manifiestan las dificultades que están teniendo para conseguir trabajadores para las labores de cosecha, a pesar de la presencia de migrantes venezolanos que han aumentado un poco la oferta de mano de obra.

 No es difícil entender por qué los jóvenes campesinos prefieren buscar en las ciudades otras oportunidades de trabajo en lugar de las labores a sol y agua que realizaron sus padres y abuelos. No solo es la posibilidad de obtener un mejor salario, que no siempre se da, pues muchas veces solo logran empleos informales, sino sobre todo la calidad de vida por los servicios que encuentran en la ciudad.

Cuando han conformado una familia y tienen hijos, saben que en la ciudad tienen posibilidad de obtener vivienda propia con los subsidios públicos, así como acceso a mejores escuelas donde los niños no tienen que caminar kilómetros diarios, y servicios de salud mucho más completos que los precarios puestos de salud de sus veredas. 

Ante esta realidad es indispensable incluir como uno de los elementos de la reforma agraria la provisión de bienes públicos que mejoren la calidad de vida de los campesinos. No es suficiente que tengan un pedazo de tierra propia o que logren mayores ingresos en sus proyectos productivos; tampoco que tengan oportunidades de trabajo decente, como mejores salarios y prestaciones sociales.

Vivienda digna, educación de calidad para sus hijos y acceso a servicios de salud son elementos esenciales para que los campesinos, en particular los jóvenes, quieran permanecer en el campo. Es obligación prioritaria del Estado ofrecer estos bienes públicos en todo el sector rural del país para no terminar en una reforma agraria que sea exitosa en resolver la injusticia de campesinos sin tierra, pero que lleve a una situación de tierra sin campesinos.

Mauricio Cabrera Galvis

Octubre, 2022

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¿Qué prefiere usted, que el año entrante la inflación se mantenga alrededor de 10 % y que la economía crezca un 3 %, o que la inflación baje a 6 %, el crecimiento del PIB sea 0 % y aumente el desempleo? Este es el dilema que hoy enfrentan las autoridades monetarias- Es una pregunta tan difícil como la que le hace el tío impertinente a un niño pequeño: ¿usted a quien quiere más: a su papá o a su mamá?

Ante todo, hay que decir que no se trata de una pregunta abierta como ¿usted que prefiere: inflación o crecimiento? A esta pregunta cualquier economista razonable respondería con su palabra mágica: ¡depende! Porque la respuesta depende de las circunstancias y las magnitudes. Por ejemplo, cuando la inflación es de 80 % anual, como en Argentina, no hay duda que hay que bajarla a cualquier costo, pero con una inflación de 10 % y originada en aumento de costos y factores externos, la respuesta no es tan clara.

Es claro que un aumento de las tasas de interés del Banco de la República sí sirve para frenar la inflación, pero el mecanismo que funciona, que es el encarecimiento del crédito que desestimula el consumo y la inversión, a su vez frena la demanda agregada y, por lo tanto, el crecimiento económico. Por eso, se plantea el dilema entre inflación y crecimiento.

Por una interpretación equivocada de la Constitución del 91, hasta el año 1999 la posición del Banco frente a este dilema era que siempre prefería bajar la inflación a costa del crecimiento y el empleo; más aún, que su meta de inflación siempre debería ser menor que la del año anterior.

La Corte Constitucional corrigió esos desatinos en su sentencia C-481 de 1999, en la que definió de manera inequívoca que la finalidad del Banco no es exclusivamente luchar contra la inflación, sino que también debe preocuparse por el crecimiento, puesto que como organismo del Estado debe colaborar a sus objetivos esenciales como son mejorar la calidad de vida de la población, el pleno empleo y la distribución equitativa. Es un mandato similar al que tiene el Federal Reserve de los Estados Unidos.

Lo que la Corte no hizo, ni podía hacer, era determinar límites cuantitativos a esos dos objetivos y por eso, en la práctica la pregunta inicial con valores específicos es tan difícil de responder. Al seguir subiendo sus tasas de interés, el Banco ratificó que prefiere que la inflación baje el año entrante, aun sabiendo que podemos llegar a una recesión. Lo hace porque le preocupa el aumento de los intereses internacionales y porque cree que si no recupera la credibilidad de su meta y se consolidan expectativas de inflación altas, se perjudicará el crecimiento de mediano plazo.

El gobierno, por su parte, hubiera preferido que no subieran más las tasas, no solo por el seguro impacto negativo sobre el crecimiento y el empleo, sino porque cree que van a empezar a disminuir las presiones de aumento de precios, en particular los de los alimentos y los servicios públicos, de manera que la inflación empezará a descender sin necesidad de frenar más la demanda.

Las dos posiciones son opiniones válidas sobre un futuro que ninguno de los dos puede predecir con certeza. Pero la decisión ya fue tomada y tendremos menos inflación y menor crecimiento.

Mauricio Cabrera G.

Octubre, 2022

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Se volvió a alborotar el debate sobre las pensiones tras el anuncio del presidente Petro de dar un bono mensual de $500.000 a tres millones de ancianos que no tienen pensión, para lo cual es indispensable una reforma pensional que fortalezca a Colpensiones.

Frente el anuncio del presidente de dar un bono mensual de $500.000 a tres millones de ancianos, de inmediato arremetieron los críticos, sobre todo los viudos del poder: que es una propuesta populista e irresponsable, que es el comienzo de las expropiaciones de un gobierno socialista, que le van a quitar la plata a los fondos privados y que van a dejar a los trabajadores sin pensión, y otras acusaciones de parecido tenor. 

Vamos por partes. Ante todo, hay que recordar que aunque Petro hizo esta propuesta desde la campaña electoral, no fue el primero en plantearla. De hecho, Sergio Fajardo la había hecho antes, y en su momento le reclamó a Petro que se la había tomado. 

También Fedesarrollo ha respaldado un sistema de pilares, que debe tener “un primer pilar gratuito y de cobertura universal de beneficios que entregaría un auxilio mensual de $500.000 a todos los adultos mayores de 65 años que no reciben una pensión…”. No parece, pues, una propuesta socialista ni irresponsable. 

La pregunta clave para implementar esta propuesta es de dónde sacar los $18 billones necesarios para financiarlo. En este punto las críticas son malintencionadas porque distorsionan la propuesta del presidente. Él no dijo que iba a hacerlo con la plata que está en los fondos privados, ni que iba a tomar el ahorro de los trabajadores, ni a vulnerar sus derechos adquiridos; ni siquiera dijo que esos recursos debían salir de Colpensiones. 

La propuesta de Petro es que ese subsidio debe pagarse del presupuesto nacional, pero no buscando recursos nuevos con otra reforma tributaria, sino liberando recursos que hoy se destinan al pago de pensiones. 

Para entender el esquema financiero propuesto hay que señalar que hoy Colpensiones debe desembolsar este año unos $36 billones para pagar las mesadas de 1.5 millones de pensionados, de los cuales el gobierno central aporta unos $14 billones, los ahorros de los pensionados que se han trasladado de los fondos privados otros $9 billones, y el saldo de $13 billones de las cotizaciones de los actuales trabajadores. En otras palabras, parte de las pensiones actuales se pagan con las cotizaciones corrientes de los afiliados. 

El núcleo de la propuesta es que con el sistema de pilares pasarían a Colpensiones todos los trabajadores que ganen hasta 2 o 4 salarios mínimos (ese umbral está en discusión), con lo cual aumentaría el valor de las cotizaciones y Colpensiones no necesitaría recurrir al presupuesto nacional, que liberaría recursos para pagar los subsidios a los ancianos. 

Es evidente que pagar las pensiones de hoy con las cotizaciones actuales es tirar el problema hacia adelante, pues habrá déficit cuando crezca el número de pensionados. Por eso, es necesaria la reforma pensional que aumente el número de cotizantes de Colpensiones y reduzca el valor de los subsidios a las pensiones altas para que disminuya el déficit futuro. 

Para resolver ese problema hay 20 o 30 años, mientras que el hambre y las necesidades de tres millones de ancianos no dan espera. $500.000 para un anciano que vive en la pobreza no 

es una fortuna, pero sí es una obligación ética de la sociedad que no puede abandonar a su suerte a sus ciudadanos más débiles y desprotegidos. 

Mauricio Cabrera Galvis

Septiembre, 2022

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La propuesta de eliminar la exención del IVA a todas las transacciones de finca raíz, con una tarifa del 5 %, ha generado el esperado rechazo de los constructores, pero también objeciones técnicas sobre su aplicabilidad, en particular a las compras de inmuebles usados.

Estas últimas son válidas y es posible que esa fuera una de las razones por la que en la reforma tributaria de 2018 lo que se estableció fue un “impuesto al consumo de bienes inmuebles”, con tarifa de 2 %.

Como es sabido, ese impuesto al consumo fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, por lo que es difícil intentar imponerlo de nuevo, a pesar de que tresmagistrados no estuvieron de acuerdo con la sentencia y salvaron su voto con argumentos de mucho fondo. 

Antes de ver la alternativa que existe para ese tributo en Colombia conviene mirar cómo se gravan las transacciones de inmuebles en otras partes.

Impuestos a ventas de inmuebles en el mundo

Aunque en Colombia nos parece extraño, en muchos países del mundo se acostumbra gravar las compraventas de bienes inmuebles, y con tarifas que acá generarían fuertes protestas en los congresos gremiales, pues llegan a niveles de 30 % a 40 % del valor de la transacción.

Son tres los tipos de impuestos que se utilizan en los diversos países, a veces simultáneos y a veces excluyentes. En primer lugar, el IVA que se aplica ordinariamente a la primera venta del inmueble, en ocasiones con la misma tarifa de los demás bienes ‒como en Bélgica u Holanda (21%) o Chile (19 %)‒, y en otras con tarifas más bajas, como en Corea del Sur (10 %) o Irlanda (13.5 %).

Segundo, un impuesto directo a las transferencias de propiedad, que en general tiene tarifas crecientes de acuerdo con el valor del inmueble, que llega a máximos por encima de 10 % ‒en España, Sudáfrica o Luxemburgo‒, o más moderadas (entre 3 % y 6 %) en Indonesia, Alemania, Francia o Italia. En América Latina,Brasil, México, Panamá, Perú y Uruguay están en este rango.

Tercero, en los países de tradición anglosajona lo que se usa es el “Stamp Duty”, que es un “Impuesto de Timbre” sobre el valor de la transacción. También se usa que la tarifa sea creciente, de acuerdo con el valor de la propiedad, con unos valores máximos de 28 % en Hong Kong y 34 % en Singapur. En Europa, Inglaterra tiene la tasa más alta (12 %), mientras que en nuestro vecindario, la tarifa de Argentina es 3.3 %.

El cuadro siguiente muestra las tarifas de los impuestos diferentes al IVA en un conjunto de países. Están marcados con un asterisco aquellos que utilizan el Impuesto de Timbre. Se destaca que en Colombia son de 0 %.

IMPUESTOS A TRANSFERENCIAS DE FINCA RAÍZ
(Diferentes al IVA)
PaísTarifa
 MínimaMáxima
Australia (*)1.25 %6.75 %
Corea del Sur5,0 %5,0 %
Hong Kong (*)6,5 %28,5 %
India (*)4,0 %10,0 %
Indonesia5,0 %5,0 %
Singapur (*)10,0 %34,0 %
Sudáfrica0,0 %13, 0%
Sri Lanka (*)3,0 %4, 0%
   
Alemania3,5 %6,5 %
Bélgica10,0 %12,5 %
Canadá0,5 %2,0 %
España6,0 %10,0 %
Francia0,6 %4,9 %
Holanda2,0 %6,0 %
Inglaterra (*)0,0 %12,0 %
Irlanda (*)1,0 %2,0 %
 Italia3,0 %7,0 %
Luxemburgo6,0 %10,2 %
Noruega (*)2.5 %2.5 %
Portugal (*)5,0 %10,0 %
   
Argentina (*)3,3 %3,3 %
Brasil3,0 %3,0 %
Chile (*)1,2 %1,3 %
Colombia0,0 %0,0 %
 México0,2 %4,5 %
Panamá2,0 %4,5 %
Perú3,0 %3,0 %
Uruguay3,0 %3,0 %
Fuente: Global Property Guide – DLA Piper Real WorldLaw.
(*) Países con Stamp Duty (Impuesto de Timbre).

Por la cercanía cultural es interesante el caso de España, pues es uno de los países en los que se usan los tres gravámenes: la compra de inmuebles nuevos debe pagar un IVA de 10 % si es vivienda o 21 % si son lotes no construidos. Si la transacción es en el mercado secundario se paga un “Impuesto de Transmisiones Patrimoniales” (ITP) de 10 %; además, en todos los casos hay un “stampduty” de 1,5 %.

Un impuesto de timbre a las transacciones de finca raíz en Colombia

La propuesta para Colombia, muy lejos de las tarifas impositivas de otros países, es establecer un Impuesto de Timbre (ITI) a las ventas de inmuebles con una tarifa de 2%. Para hacerlo no hay que crear ningún nuevo impuesto, puesto que este gravamen existe en el país hace más de un siglo, pero desde 2010 la tarifa es 0 %, es decir, que no se cobra nada.

El procedimiento es muy simple, pues solo consistiría en eliminar la exención al ITI que hoy tienen las escrituras de compraventa de bienes inmuebles de valor superior a unos 15.000 UVT y establecer una tarifa de 2 % para dichos documentos. Continuaría vigente toda la reglamentación del Estatuto Tributario (artículos 513 a 518) sobre sujetos pasivos, contribuyentes y agentes de retención.

Este tributo tiene varias ventajas. Ante todo, es muy progresivo, pues grava más a los que más recursos tienen, y esa es una de las razones por las que se usa en tantos paísescon tarifas muy superiores a la propuesta para Colombia, de manera que no puede argumentarse que nos resta competitividad. De otra parte, no cabe el argumento según el cual los propietarios de inmuebles muy valorizados no tienen la liquidez para pagar el impuesto, puesto que en este caso lo paga el comprador del inmueble.

Desde el punto de vista político no tendría objeciones,puesto que un impuesto similar ya lo aprobó el Congreso en 2018; tampoco hay el riesgo jurídico, no solo porque es diferente al impuesto al consumo que tumbó la Corte, sino porque el ITI existe desde hace mucho tiempo. Lo que se cambiaría ahora sería la tarifa.

En cuanto al recaudo que genera, podría ser superior a dos billones de pesos anuales, suponiendo que aplicaría al valor de la mitad de las transacciones registradas en notarías, lo que ayudaría a compensar los recortes que le están haciendo a la reforma tributaria y se lograrían los $25 billones esperados por el ministro Ocampo. Además, es un gravamen de fácil recaudo en las notarías.

*​*​*

Coletilla: este ITI también podría aplicarse a la venta de vehículos de alta gama, con valor superior a $200 millones. Es un sustituto al impuesto a bienes de lujo que están empezando a utilizar en países como Canadá.

Mauricio Cabrera

Septiembre, 2022

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