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Francisco Cajiao

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La educación siempre ha sido un tema preferido por este blog. Por la naturaleza de muchos de nosotros, por la importancia que tiene para el progreso del país. Porque es unos de los derechos fundamentales del ser humano. En esta semana, dos de nuestros colaboradores estrella dedican sus contribuciones a analizar críticamente el funcionamiento del ICETEX como organismo clave destinado a asegurar la educación superior de los colombianos.

Las dificultades presupuestales para 2025 amenazan las oportunidades de miles de jóvenes que dependen de créditos y becas. En medio de promesas incumplidas y polémicas decisiones, el debate sobre el acceso a la educación superior está más vivo que nunca.

En los últimos días se ha conocido que los recursos del Icetex para el año 2025 están seriamente comprometidos, por lo cual no parece claro si se abrirán nuevas convocatorias o habría modo de cumplir los compromisos ya adquiridos con miles de jóvenes que sin esos créditos o becas tendrían que suspender sus estudios.

El ministro de Educación declara inicialmente que ese no es su problema, ya que el Instituto no depende de su cartera, aunque él preside su junta directiva. Luego dice que el responsable es el ministro de Hacienda, quien responde que los recursos presupuestales se asignan a educación y ese ministerio los gestiona a sus entidades adscritas. Se señala que el representante del ministro en la junta es un enemigo declarado de la institución y, como si fuera poco, se propone convertirlo en un banco de carácter privado en el gobierno de lo público. Finalmente se asegura que sí habrá dinero para los que ya están estudiando, pero no para nuevas convocatorias. Todo esto, y más, en solo una semana de brillante gestión ministerial.

Lamentablemente, muchos colombianos desconocen qué es el Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior) y la función que ha cumplido desde su creación en 1950, bajo la iniciativa de Gabriel Betancourt Mejía, quien buscaba proporcionar acceso a la educación superior a estudiantes de escasos recursos y facilitarles la posibilidad de estudiar tanto en Colombia como en el exterior. De igual manera se pretendía estimular la formación técnica indispensable en el proceso de modernización del país —el SENA se creó siete años más tarde— y facilitar el acceso a estudios altamente especializados que por aquel entonces solo eran posibles en el exterior.

Vale recordar que en ese momento la educación superior era de muy difícil acceso para los sectores menos favorecidos, como sigue siéndolo en la actualidad, a pesar de los miles de promesas que cada aspirante a gobernar hace para conseguir el favor de los jóvenes y sus familias en las urnas.

Inicialmente, el ICETEX operó como una entidad privada sin ánimo de lucro, hasta que en 1968, mediante la Ley 19, se transformó en una institución pública, lo que le permitió expandir su alcance y consolidarse como un pilar del sistema educativo colombiano. Desde entonces, ha evolucionado con el objetivo de adaptarse a las necesidades educativas y económicas del país. Desde su creación ha financiado los estudios de más de 5,3 millones de estudiantes en Colombia. Esta cifra incluye a beneficiarios de créditos propios y de fondos administrados por la entidad. Solo entre 2018 y 2021, 4,22 millones de estudiantes fueron apoyados a través de fondos administrados, mientras que 1,08 millones accedieron a créditos propios.

La educación superior a partir del 2000

En el 2000, la cobertura neta de la educación superior en Colombia era del 13,8 %. Esto reflejaba una muy baja capacidad de acceso a la educación superior en comparación con otros países de la región. En 2010, países como Argentina y Uruguay tenían coberturas del 75 % y el 63 %, respectivamente, mientras que Colombia alcanzó el 37,1 % en ese mismo año y para el 2024 se estima que puede estar en el 51 % o el 52 %, en el mejor de los casos.

De acuerdo con cifras oficiales de la entidad, en las últimas dos décadas, el ICETEX ha otorgado más de 1,5 millones de créditos educativos. Durante este tiempo, el número de beneficiarios y el monto desembolsado han crecido significativamente. Por ejemplo, en 2010 los créditos representaban cerca de 1,5 billones de pesos, mientras que para 2023 esta cifra superó los seis billones. Esta tendencia está asociada al incremento de los costos educativos y a la necesidad de contar con educación superior en el país.

Con estos datos y teniendo en cuenta que más del 70 % de los beneficiarios proviene de familias con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, es fácil entender la importancia que ha tenido esta institución en el desarrollo del talento humano del país, máxime cuando la educación superior pública cubre un poco menos del 50 % de la matrícula total, incluido el Sena, que representa casi el 20 %, de manera que muchos de quienes aspiren a completar una carrera profesional universitaria forzosamente deben buscar alternativas en el sector privado.

Todos estos méritos institucionales no eximen al Icetex de problemas en sus mecanismos de crédito que han desbordado en muchos casos la capacidad de pago de los deudores y han obligado a revisar a fondo su estructura financiera, lo que se viene haciendo desde hace varios años.

La incoherencia del Gobierno

Bajo estas circunstancias y en este contexto, el gobierno actual prometió crear universidades y construir más de treinta sedes, crear 500 000 cupos nuevos, gratuidad total en todas las instituciones públicas, incrementar el presupuesto a las universidades para resolver problemas de déficit estructural, vincular con contratos indefinidos a todos los profesores, incrementar los recursos del bienestar universitario y reformar la Ley 30 que regula la educación superior, entre otras cosas. Además, se ofreció a reformar el Icetex, rebajar los intereses a los deudores y condonar las deudas pendientes.

De todo esto se ha cumplido muy poco, entre otras cosas por la ineptitud de quienes han tenido a su cargo la dirección del ministerio. Desde el inicio era claro para cualquiera que supiera sumar y restar que la meta de 500 000 cupos nuevos no era posible financieramente y mucho menos, sin contar con la capacidad instalada de las universidades privadas. De mil maneras se ha dicho que hacer una universidad es algo muy diferente a construir un edificio, lo cual ya es de enorme dificultad en el sector público y eso lo debía saber el presidente Petro, que había pasado por la vergüenza de no hacer ni el 5 % de los preescolares y colegios que ofreció en Bogotá.

El problema ahora no se limita a incumplir las promesas de educación pública gratuita y de excelente calidad, o a cumplirlas en un porcentaje muy inferior a lo que han hecho otros gobiernos con menos alharaca. Una cohorte de bachilleres acaba de terminar su año escolar y de ellos solamente unos pocos encontrarán cupo en las universidades públicas (no siempre los más pobres, porque el sistema selecciona por mérito), mientras muchísimos más no tendrán ninguna alternativa dado que sin una fuente de crédito educativo accesible, sus familias no podrán llevarlos a donde sí hay cupos disponibles. Entonces el cuento de la gratuidad se vuelve casi un chiste, porque solamente será para quienes, desde antes, ya pagaban muy poco y solo favorecerá en serio a los más adinerados, que en teoría pagaban matrículas altas en las universidades públicas de alta calidad.

La última paradoja es que en vez de un instituto de crédito reformado con mecanismos aceptables de pago, con libertad para condonar deudas, con herramientas para administrar becas y fondos de las regiones o las empresas, ahora se propone un banco fondeado con recursos del sector privado, en el

cual —si es que se trata de un banco— su fin primordial será generar utilidades. Para este propósito, el señor ministro de educación puede consultar todas las líneas de crédito educativo que desde hace décadas ofrecen los bancos comerciales del país, pero si se trata de abrir puertas, de garantizar el derecho a la educación superior y de ofrecer a los jóvenes que acaban de terminar su educación media una oportunidad para continuar su trayectoria educativa, no parece razonable decirles que esperen con paciencia hasta que el Gobierno haga unas grandes universidades públicas gratuitas en vez de permitirles aprovechar los cupos disponibles que sí están dispuestos a pagar.

Francisco Cajiao

Publicado en Razón Pública

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Las condiciones laborales, salariales y sociales de docentes y directivos de los colegios oficiales han mejorado.

La fundación Empresarios por la Educación dio a conocer los resultados de una encuesta realizada en el segundo semestre de 2024 a 4 528 docentes y directivos de los colegios oficiales del país. El estudio estuvo a cargo de la empresa Invamer y tiene representatividad de 330 000 educadores de educación preescolar, básica y media de todo el país, con un nivel de confiabilidad del 95 %. Tal vez sea el primer estudio de cobertura nacional que, además de datos demográficos, incluye opiniones sobre la percepción del ejercicio profesional, la calidad de la educación y las condiciones laborales.

Entre las cosas más destacadas puede señalarse el importante progreso en las condiciones laborales, salariales y sociales conseguido en las últimas décadas, que, unido al nivel de calificación académica, constituye un importante grupo profesional de primer nivel. De acuerdo con los datos, cerca del 45 % de los maestros y el 32 % de los directivos tienen una formación de posgrado (especialización, maestría o doctorado), y quienes no tienen título profesional no superan el 2 %. 

El nivel de ingreso del 64 % está entre los 3 y los 7 millones de pesos mensuales, y un 31 % recibe entre 5 y 14 millones por mes, dependiendo de su nivel de estudios y su categoría en el escalafón. De acuerdo con las categorías del Dane, el primer grupo hace parte de la clase media, mientras el segundo pertenece a la clase alta por su nivel de ingresos. En el grupo de los directivos, el 61 % pertenece a la clase alta. Es importante recordar que la encuesta cubre los sectores rural y urbano.

Tanto docentes como directivos declaran, por encima del 90 %, sentirse valorados por sus estudiantes, compañeros y por la comunidad, y en más del 95 % dicen estar muy satisfechos con su profesión, aunque cerca de la mitad reconocen que el trabajo es muy difícil. Otro dato valioso es que más del 80 % dice haber encontrado un buen equilibrio entre su ejercicio profesional y su vida familiar. También encuentran muy satisfactorios su salario y su régimen prestacional, aunque muestran insatisfacción con los servicios de salud (59 %).

Esta no es la imagen que se suele proyectar desde las organizaciones gremiales, que insisten en presentar a los educadores como trabajadores marginales, siempre maltratados, mal pagados y urgidos de reconocimiento social. Si bien esa fue una realidad hace unas décadas, es importante ir reconociendo los avances conseguidos, tanto por las luchas sindicales, como por la convicción de muchos sectores de la sociedad que saben que sin buenos maestros no es posible tener buena educación.

Lo que resulta urgente es dar pasos para entender que un grupo profesional tan importante debe también avanzar en objetivos políticos más altruistas, que, más allá de las movilizaciones y situaciones coyunturales, consisten en asegurar que los sectores más pobres de la sociedad puedan acceder al conocimiento y a los beneficios que se derivan del cultivo de la ciencia, la tecnología y el juicio crítico sobre los problemas que enfrenta la sociedad en todos los frentes económicos y sociales.

Es en este punto donde la encuesta deja muchas preocupaciones, pues pareciera que hay mucho conformismo con la calidad de la educación en las instituciones, que la mayoría califica como satisfactoria, a pesar de la precariedad que arrojan las evaluaciones. De otra parte, parece que los temas de desarrollo emocional resultan más relevantes en las preocupaciones de los maestros que aquellos que tienen relación con los aspectos cognitivos.

Imposible ahondar en todos los temas de la encuesta, pero lo importante es provocar su estudio y lectura para que quienes se interesan en el desarrollo de una profesión tan valiosa para toda la sociedad puedan respetar y conocer mejor a quienes la ejercen y diseñar las mejores políticas para su apoyo y su formación.

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá

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Si hay alguna situación que saque lo mejor de mucha gente y permita ver qué valores se recibieron desde la infancia, es un desastre natural.

La forma como una persona viva su vida depende de la preparación que haya tenido para trabajar, resolver problemas, tomar decisiones acertadas, perseverar en la búsqueda de objetivos, relacionarse adecuadamente con otros, adaptarse a diversos ambientes y asumir la responsabilidad sobre sus propios actos. En esto consiste la buena educación.

Aprender a usar la lengua no tiene como principal objetivo la formación de novelistas y poetas, sino de seres humanos capaces de comunicarse con otros para entenderse, buscar juntos niveles cada vez más elaborados de convivencia, descifrar colectivamente los rumbos por los cuales transitar hacia las encrucijadas del futuro, e intentar confluir hacia acuerdos de beneficio colectivo. Desde luego, no siempre la lengua cumple este objetivo y, en cambio, se convierte con frecuencia en herramienta de mentira y confusión, arma para destruir a quien no se aviene a un determinado dogma y amenaza para quienes se atreven a desafiar a quien tiene el poder.

Otro tanto podría decirse de la ciencia, del arte, de muchos inventos y formas de organización social que ofrecen incalculables posibilidades de enriquecer a las personas y a las comunidades, o pueden convertirse en muy peligrosos instrumentos en manos de personas o grupos obsesionados con sus propias ambiciones.

En los últimos años hemos contemplado con horror una pandemia que dejó millones de muertos, guerras que degradan el valor de la vida humana hasta convertirla en cifras sin historia, dictadores que se atornillan al poder con el silencio de unos y la complicidad de otros. Gobernantes que ofrecían horizontes de pulcritud aparecen rindiéndose ante los corruptos que los adulan. Y así podría seguirse una letanía de hechos inaceptables en los cuales se cultiva el escepticismo de una juventud que parece no encontrar salida mientras cada día se le anuncia el fin del mundo.

Pero en medio de todas estas realidades no suelen destacarse todos aquellos que viven de manera solidaria y amorosa con quienes la pasan mal. Si hay alguna situación que saque lo mejor de mucha gente y permita ver qué valores se recibieron desde la infancia, es un desastre natural. El desbordamiento de los ríos en Valencia ha sido aterrador, pueblos enteros han sido arrasados, más de un centenar de ciudadanos desprevenidos han muerto y hay muchos desaparecidos. Pero allí donde todos han sufrido, aparecen decenas de voluntarios a llevar comida, a ayudar a despejar calles, a dar acogida a quienes perdieron todo. Y eso mismo ocurrió en 2020 durante ese largo año en que el COVID invadía todos los rincones.

La solidaridad es la preparación indispensable para los malos tiempos y ella debe cultivarse desde la primera infancia. Los miles de hombres y mujeres que aparecen a ayudar en medio de las guerras, de los campos minados, de los rincones de miseria donde se incuban las epidemias y las hambrunas, no surgen de un día para otro. Son personas que recibieron con sus primeras letras lecciones de generosidad cultivadas a lo largo de los años con ideas y convicciones que les permiten entregar su tiempo y su esfuerzo a otros seres humanos por simple amor a la vida.

Pienso con frecuencia qué clase de seres humanos estamos formando en nuestros colegios. Sería interesante saber cuántos vivirán la vida usando sus habilidades, sus palabras, su fuerza para tender la mano a otros, para agruparse en torno a la obsesión de progresar usando el conocimiento, y cuántos estarán alimentando odios para ser guerreros y agresores sistemáticos o perpetuos solitarios empeñados en obtener riqueza o acumular más poder que los otros.

Un colegio es una especie de bola de cristal. Desde muy temprano los niños muestran hacia dónde se inclinan, siguiendo lo que reciben de su familia, de los medios de comunicación, de la cultura. Pero una buena educación seguramente podrá cultivar lo mejor que hay en ellos y prepararlos para los malos tiempos.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO, Bogotá

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Es claro que lo del derecho a la educación no es tanto cuestión de leyes, sino de  buena administración.

A finales de los ochenta, siendo rector de la Universidad Pedagógica, conocí a representantes de la Cooperación Italiana que habían firmado un convenio con el Ministerio de Educación para iniciar un programa de integración de niños con discapacidad en las aulas regulares. En esa época, la población infantil con problemas serios del aprendizaje se atendía en las instituciones de educación especial. Muchos quedaban sin respuesta a sus necesidades, y los que iban a centros especializados quedaban restringidos a crecer solamente con quienes tenían su misma condición.

Italia, al igual que España y otros países europeos, había dado pasos importantes en la integración de esos niños a las escuelas, rompiendo las barreras de la segregación, y Colombia abría sus puertas a las primeras experiencias que darían lugar a importantes cambios de concepción y de política. Desde mucho antes, como maestro, tuve la convicción de que el tratamiento de las dificultades escolares, fueran causadas por condiciones biológicas, comportamentales, culturales o de cualquier otra naturaleza, era una cuestión ética ligada al derecho fundamental no solo a la educación, sino a ser parte de la comunidad humana.

Eso, desde luego, no podía ser una simple consigna moral o ideológica, desvinculada del conocimiento serio y sistemático de las dificultades específicas del aprendizaje y de los recursos y metodologías apropiados para atenderlas, garantizando que niños con necesidades especiales pudieran recibir la atención necesaria, máxime cuando sus condiciones los convierten en una población más frágil en relación con los objetivos convencionales del proceso educativo. 

Desde entonces se ha avanzado mucho en la concepción de la inclusión y también en las políticas públicas de protección a la población que requiere atención y apoyo especial en su proceso educativo. La Constitución del 91 definió el derecho a la educación sin discriminación, y la Ley 115 de 1994 sentó los principios para una educación inclusiva. En 1997 se expidió la Ley 361, en la cual se establece que las instituciones educativas no pueden negarse a admitir estudiantes con discapacidad.

Desde entonces se han venido incluyendo niños y niñas con muy diversas condiciones en las aulas regulares. Hasta aquí podríamos decir que hay un avance, pero de nada sirve si no reciben la atención específica que requieren, pues, lejos de ayudarlos a progresar en sus aprendizajes y procesos de socialización, se corre el riesgo de hacerles mayor daño. En los países donde la inclusión funciona bien, los maestros que tienen en sus grupos niños con limitaciones cuentan con auxiliares, pues de otro modo ni el que necesita ayuda especial la recibe, ni los demás pueden avanzar porque el maestro tiene que atender a los que muestran dificultades. Esto, sin mencionar la disponibilidad de ayudas tecnológicas, asesorías y personal especializado suficiente para reforzar la labor del aula, que no suele ser suficiente cuando hay problemas motores, neurológicos, de fonoaudiología, de comportamiento o de atención.

Mantengo cercana relación con rectores y maestros de Bogotá y otras regiones del país, y me comentan que el número de niños con necesidades especiales se ha incrementado mucho. Es muy difícil pensar que un docente de primaria con más de cuarenta niños pueda hacer un trabajo eficaz si, además, tiene seis o siete con problemas de aprendizaje o de comportamiento.

Así no se garantiza el derecho de esos seis o siete estudiantes, ni tampoco el de los demás, sin contar con que los fracasos reiterados de los maestros suelen ir agotando sus mejores cualidades, como ocurre con cualquier otro profesional. Es claro que lo del derecho a la educación no es tanto cuestión de leyes, como de buena administración. Parece urgente una evaluación juiciosa de los avances y dificultades que tiene nuestra educación en esta ruta de la inclusión.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Hay una tendencia creciente a evitar que niños y jóvenes tropiecen con dificultades que los puedan mortificar y frustrar en sus deseos y aspiraciones inmediatas. Los padres que hacen parte de esta cultura de la facilidad, animada profusamente por los medios de comunicación, buscan satisfacer esas demandas aún a costa de grandes sacrificios y parecen sentir un gran sufrimiento cuando sus hijos manifiestan que no son felices.

Estamos llenos de propaganda y productos para que la vida sea fácil. Hay máquinas que ahorran tiempo y esfuerzo para cocinar, moverse, hacer labores domésticas y simplificar el trabajo. Y ahora aparecen las herramientas para reducir también el esfuerzo intelectual: máquinas que buscan datos, elaboran trabajos escritos, tesis de grado y operaciones matemáticas.

Muchos niños y adolescentes manifiestan estar aburridos de manera constante. Dicen no tener nada que hacer y se sumergen en sus pantallas para explorar juegos electrónicos en los cuales pueden durar largas horas tratando de superar niveles que parecen inalcanzables. Mientras tanto, eluden las dificultades del contacto directo con otros chicos y prefieren enviarse mensajes con emoticones o fabricarse vidas de mentira funcionando como avatares de sí mismos en las redes sociales. Todo esto hace parte de un profundo cambio sobre el cual debe reflexionar la pedagogía.

Decía Estanislao Zuleta en su Elogio de la dificultad que “Adán y sobre todo Eva tienen el mérito original de habernos liberado del paraíso, nuestro pecado es que anhelamos regresar a él”. En ese mismo texto, que debería ser de lectura obligada para chicos, jóvenes y viejos, el gran pensador y pedagogo antioqueño invita a desconfiar de las promesas de felicidad que en apariencia son “un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición” y luego añade: “Aquí mismo en los proyectos de la existencia cotidiana, más acá del reino de las mentiras eternas, introducimos también el ideal tonto de la seguridad garantizada; de las reconciliaciones totales; de las soluciones definitivas”.

El mundo real representa un reto constante. No basta querer volar para elevarse por los aires: el sueño de Ícaro requirió tres mil años de esfuerzo acumulado para convertirse en realidad. Los niños merecen la oportunidad de darles un sentido a sus vidas asumiendo desde la primera infancia retos dignos de su talento y su capacidad. En los Juegos Olímpicos rendimos homenaje a miles de jóvenes que, basados en el esfuerzo, logran vencer sus propios límites. Otro tanto ocurre en cada escenario artístico donde unos minutos de música recogen, a veces, décadas de estudio, práctica y frustraciones. Nada de esto es fácil.

Y, por supuesto, avanzar en los retos que tiene la humanidad para producir alimentos, resolver problemas de salud, aprender a convivir entre pueblos y culturas diversas, cuidar el planeta y descifrar los grandes misterios de la naturaleza representa un grado de dificultad enorme para el cual se requieren entrenamiento intelectual y temple emocional desde la primera infancia.

El proceso de formación escolar debería estar marcado desde el comienzo por la dificultad, y eso significa que cada reto propuesto a un estudiante debe tener sentido y ser capaz de convertirse en un asunto vital. El ejercicio de dictar clases y tomar lecciones de mil cosas inconexas para aprobar asignaturas no es difícil sino absurdo. 

Difícil es encontrar un problema, una pregunta, un texto y sumergirse en su desciframiento sin límite de tiempo. Difícil es ponerse de acuerdo con otros para desarrollar un proyecto durante un tiempo prolongado, asumiendo las implicaciones de respetar reglas pactadas para conciliar las diferencias. Muchos métodos pedagógicos que dan la oportunidad de explorar las inquietudes de los estudiantes y desarrollar sus propios proyectos han mostrado que la dificultad no es un obstáculo cuando tiene sentido.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Colombia

26 de agosto 2024

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La universidad ha sido escenario central del debate político en momentos críticos de las sociedades contemporáneas.

Se está hablando del interés del presidente por capturar las universidades públicas a través de sus delegados a los consejos superiores y del propio ministro de educación. Pero me temo que eso no muestra una justa valoración de la participación política de los jóvenes, pues antes que ciudadanos interesados en la búsqueda de mejores horizontes para el país y para el mundo, los muestra como dóciles instrumentos de un gobierno, obedientes a un rol de agitadores, sin capacidad de pensamiento propio.

La universidad ha sido escenario central del debate político en momentos críticos de las sociedades contemporáneas. Las transformaciones culturales que se fraguaron en mayo de 1968 tuvieron como protagonistas a los universitarios franceses, lo mismo que ocurrió con la resistencia a la guerra de Vietnam en las universidades de California y otras ciudades de Estados Unidos. Otro tanto podría decirse de las movilizaciones estudiantiles contra las dictaduras en Argentina, Chile y Colombia, para mencionar apenas unos ejemplos.

Lo que parece mostrar la historia es que el valor de la actividad política universitaria y su proyección en el tiempo suele tener mayor importancia en los aspectos formativos que en los destinos institucionales. Es evidente que de los movimientos estudiantiles han surgido importantes líderes cuyo papel en diferentes escenarios de la vida del país ha sido destacado, uniendo su experiencia de militancia juvenil con su posterior madurez académica y profesional. Por eso es necesario preservar la universidad como escenario del debate político e ideológico, además de promover su desarrollo en los exigentes campos del conocimiento científico. Eso solo es posible si se crean las condiciones de un ambiente universitario que garantice y estimule la pluralidad, pues mientras la discusión tome el rumbo del unanimismo y el adoctrinamiento, las mayorías se irán marginando de su participación activa, como por desgracia ha venido ocurriendo.

Hace unos años fui invitado a dar una conferencia en una importante universidad pública. En el auditorio había cerca de ochenta personas, lo que tenía muy contentos a mis anfitriones que me decían que ya era difícil juntar más de treinta estudiantes para cualquier actividad como ésta, aunque la universidad se esforzaba en invitar gente muy interesante. Y es precisamente en esos escenarios donde se abren los debates políticos importantes, antes que en las asambleas o en los tumultos bulliciosos con encapuchados, consignas y pancartas.

Desde luego, es necesaria la participación estudiantil en el gobierno de las universidades, pero me atrevo a pensar que es aún más importante su opinión sobre asuntos que les atañen directamente como la reforma pensional, o que tienen enorme relevancia como los temas ambientales, la reforma agraria, los desafíos energéticos o los problemas de corrupción. Estos son debates imprescindibles en los espacios académicos donde no solamente se forman los profesionales, sino los ciudadanos que tendrán que liderar estos asuntos en un plazo mucho menor del que imaginamos. 

Las universidades regionales deben formar a sus dirigentes y de la experiencia de participación que puedan estimular, surgirán las posibilidades de desarrollo que requieren.

En la etapa universitaria se cultivan valores e ideales o se entierran definitivamente. Decía Piaget en alguno de sus estudios, que en este período se cocinaban los grandes sueños y que si eso no ocurría, difícilmente sucedería después. Ojalá la mayoría de los estudiantes participaran en movimientos culturales, deportivos, comunitarios o políticos, entendiendo que ellos hacen parte de la construcción de esa compleja red de interacciones y diversidades que constituyen el proceso formativo de la educación superior. Lo grave e indeseable es que grupos minoritarios hagan creer, a base de intimidación y violencia, que ellos representan legítimamente a los miles de jóvenes que en esas condiciones prefieren refugiarse en el silencio y la apatía.

Publicado en El Tiempo, Bogotá

12 de agosto 2024

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La construcción de una universidad es un proceso dispendioso, relacionado con la formación de comunidades del saber.

 En 2007, siendo secretario de educación de Bogotá, me correspondió presidir el Consejo Superior de la Universidad Distrital, en el momento de elegir un nuevo rector. Uno de los candidatos era el doctor Carlos Ossa Escobar, quien incluía en su propuesta una Constituyente Universitaria. Fue la primera vez que escuché hablar de esto y, desde entonces, me pareció más una metáfora que un concepto claro. 

Lo que proponía era hacer una reforma de los estatutos internos que regulan el gobierno universitario, con amplia participación estudiantil, pero entendiendo que había normas superiores impuestas por la Constitución, las leyes, las directrices del Ministerio de Educación, de otras instancias del gobierno y de los organismos de control, amén de orientaciones provenientes de asociaciones científicas y profesionales. Es poco lo que hay que “constituir” en instituciones ya constituidas al amparo de tantas condiciones. 

En las recientes discusiones sobre la autonomía universitaria, lo que se ha puesto en primer plano es el nombramiento de los rectores, pero no sobra enfatizar lo que significa el desarrollo real de una universidad en función de sus objetivos primordiales. El gobierno universitario tiene dos funciones diferentes: por una parte, debe asegurar el correcto y eficiente uso de los recursos, la atención a los estudiantes, la suficiencia y buen estado de las instalaciones, la adecuada consecución de recursos y demás tareas administrativas, pero todo ello es el medio para cumplir con el objetivo misional que es el desarrollo académico y científico que garantice la debida formación de los jóvenes en los campos profesionales que requiere el país y que ellos reclaman para la garantía plena del derecho a educarse. 

En un país como el nuestro se sabe del gran interés que hay por actividades en las cuales se mueve dinero, se hacen contratos, se multiplican nombramientos y se distribuyen privilegios. Todo esto se asocia con el poder. Las exigencias de participar y convertirse en constituyentes universitarios buscan incidir en ese tipo de decisiones, antes que en los más duros y complejos asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología, la investigación y la docencia, que es donde reside la importancia de la autonomía. Los delegados del presidente en los consejos superiores no han sido seleccionados por sus capacidades para impulsar la calidad y el conocimiento crítico, sino por su militancia obediente para capturar cuotas de poder administrativo. 

El gobierno parece ignorar que la construcción de una universidad es un proceso dispendioso relacionado con la formación de comunidades del saber, antes que con hacer edificios. Las más valiosas han perdurado por varios siglos, afianzadas en la autoridad académica de quienes durante décadas se ocupan de investigar, formar generaciones, romper con paciencia y persistencia paradigmas del conocimiento, soportar la frustración de proyectos cuya conclusión se dilata, confrontando a veces al poder político. Entre tanto, la gran mayoría de los jóvenes permanece allí cuatro o cinco años y los que duran demasiado no son de fiar. Muy pocos de los mejores regresan o agradecen lo que recibieron como privilegiados de la sociedad. 

Es difícil pensar que con esa visión de corto plazo puedan en un par de años reinventar el nuevo reino de la felicidad sobre la Tierra. Eso, desde luego, no significa que ampliar su participación en muchos asuntos no sea de la mayor importancia, pero todavía será mejor si en vez de populismos demagógicos se buscan estrategias creativas para escuchar la voz de quienes usualmente se mantienen al margen de todas las discusiones por pereza o amedrentamiento y se asegure que quienes permanecen en el tiempo reflexionen con serenidad sobre la dirección y reglamentos que se necesitan para que el conocimiento y la razón tengan un lugar digno en la sociedad. 

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá 

29 de julio 2024 

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No parecería tan raro que, una vez más, aparezca a la cabeza de la educación del país alguien sin ningún mérito.

El nombramiento del señor Daniel Rojas como ministro de Educación ha caído muy mal en un sector al que se adula como el más importante del país, el que merece el mayor respeto y del que depende la superación de las enormes brechas sociales que nos aquejan.

La realidad, sin embargo, es que los ministros verdaderamente preparados para ejercer responsabilidades tan exigentes han sido excepcionales en los últimos cuarenta años. Por ese ministerio han desfilado personajes de los perfiles más variopintos, muchos de ellos llenando cuotas políticas o de género. En materia de formación ha habido desde una señora que apenas contaba con el bachillerato hasta doctos juristas, uno que otro economista, unos pocos destacados intelectuales que honraron al país en sus intercambios internacionales y no más de dos o tres que hubieran hecho su trayectoria profesional en la educación, conociendo sus problemas, dialogando con maestros y rectores de colegios y universidades y leyendo con interés y persistencia acerca de un asunto cuya complejidad es mucho mayor que la supuesta por los jefes de Estado que hemos tenido en este medio siglo.

Algunos de los hombres y mujeres ajenos al sector que pasaron por esta cartera terminaron aprendiendo mucho en el tiempo que tuvieron, y no pocos se enamoraron de la educación después de haber hecho un curso cuyo costo para los contribuyentes es supremamente elevado si se tienen en cuenta salarios, viajes, séquitos, logística y, sobre todo, la enorme pérdida de tiempo y las frecuentes decisiones equivocadas que resultan de la ignorancia de los aprendices. 

Esto para no mencionar los casos en que conflictos internos entre el jefe y los subalternos inmediatos, como el que se ha comentado profusamente entre la ministra Vergara y el viceministro de Básica y Media que, sin haber sido excepción, generó un ambiente de tensión muy perjudicial en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con las decenas de promesas pendientes. Recuerdo un ministro que mandó levantar una pared en el despacho para no encontrarse con la viceministra que le habían impuesto.

En cuanto a la experiencia de quienes se ganaron la rifa de ser ministros de Educación, hay varios que aceptaron a regañadientes porque aspiraban a estar en ese círculo del poder, pero en otros sectores de mayor relevancia y menos conflictividad; también hubo quienes hicieron valiosos aportes, gracias a una experiencia política que les permitió sacar adelante leyes de gran importancia y quienes pusieron al servicio del país su destacada experiencia administrativa adquirida en otras ramas del poder público o del sector privado. Y no faltó quien presentó como experiencia haber criado seis hijos. El actual tiene como gran mérito haber regalado a universidades unos bienes raíces que, desde luego, no eran de él. Eso es lo que ha argumentado el Presidente en su defensa. Por lo demás, no parece estar entre los más cultos, ni los mejor preparados ni aquellos con sólida experiencia política. Dicen que es un militante, es decir, ¡un creyente!

Desde esta perspectiva, no pareciera tan raro que una vez más aparezca a la cabeza de la educación del país alguien sin ningún mérito. Es como si agarraran a cualquier vecino, y le pidieran resolver en unos meses los problemas propios del ministro de Hacienda (déficit fiscal, balanza de pagos, inflación, recesión…), sin que jamás hubiera tocado un tratado de economía, ignorara por completo la estructura productiva del país y pensara que el Banco de la República debería tener cajeros en las esquinas.

Todo esto me hace pensar en la vergonzosa época de los Borgia, cuando los papas de la Iglesia católica nombraban cardenales a los adolescentes recomendados por sus aliados políticos, para afianzar la fe en base a prebendas, honores y corruptelas, en franco detrimento de aquello que proclamaban desde los púlpitos como el legado de Cristo en la tierra.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá

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Pareciera que lo único que todavía les ofrece esperanza y credibilidad a los jóvenes son las universidades, sean públicas o privadas. 

Recientemente se han publicado los resultados de dos importantes encuestas. En la Fundación Empresarios por la Educación sondearon la opinión de estudiantes entre los 12 y los 18 años sobre su percepción y expectativas relacionadas con la educación que reciben, y la Universidad del Rosario con Cifras y Conceptos y este diario divulgaron el resultado de su novena entrega sobre “lo que piensan, sienten y quieren los jóvenes en Colombia”, con una población de entre 18 y 32 años. Los primeros se mostraron muy optimistas: dan un alto valor a la educación, consideran mayoritariamente que es de buena calidad, disfrutan la asistencia al colegio y muestran altas expectativas en relación con el nivel de estudios que desearían alcanzar, incluyendo los posgrados. La realidad de los números, por desgracia, no concuerda con sus percepciones, pues las pruebas que evalúan el aprendizaje no son satisfactorias, y la tasa de tránsito a la educación superior apenas bordea el 41 %. 

Los datos suministrados por ellos mismos en relación con factores problemáticos de convivencia escolar también hacen pensar que muchos no la pasan tan bien como podría parecer. Lo que resulta muy interesante es la convicción de una gran mayoría de los encuestados sobre la importancia de la disciplina, constancia y esfuerzo personal como factor fundamental para tener éxito. 

La encuesta de los mayores se centra sobre sus opiniones políticas, la forma como perciben el país y el clima emocional en el que viven. Se destaca un desplazamiento hacia posiciones políticas de centroderecha, alejándose de la izquierda, junto con un aumento de la desfavorabilidad del Presidente y la Vicepresidenta, quienes han orientado parte de sus promesas hacia la población joven, ofreciendo la creación de 500 000 cupos nuevos en la educación superior y gratuidad en las universidades públicas. 

Se descubre que solo el 9 % dice conocer medianamente bien la Constitución, lo que hace pensar en muy precarias condiciones para una participación política consciente. A esta pobre formación democrática se suman sus angustias por la falta de empleo, la inseguridad, la corrupción, la incertidumbre sobre el sistema de salud y las dificultades de acceso a la educación superior. 

Al indagar sobre sus emociones se encontraron porcentajes significativos de sentimientos como desconcierto, tristeza y miedo ante la situación del país. También mencionaron emociones como ansiedad, desagrado/asco, ira, y repudio. Todo esto se complementa con una profunda desconfianza y desilusión con respecto a las instituciones: gobierno, congreso, justicia…pareciera que lo único que todavía les ofrece esperanza y credibilidad son las universidades, sean públicas o privadas. 

Estos estudios merecen mucha mayor discusión y análisis del que han tenido hasta ahora, pues comienzan a mostrar el perfil de una generación sobre la cual recaerá muy pronto el desenvolvimiento del país y no parece que se les esté ofreciendo un gran incentivo para hacerse responsables entusiastas de ese futuro inmediato. No se transluce (a lo mejor no se indagó) un gran interés por el conocimiento, el desarrollo científico, el emprendimiento o el deseo de resolver los grandes problemas nacionales. Tampoco se pregunta por el interés de abandonar el país, pero informes recientes señalan que cerca de mil colombianos lo están haciendo cada día y de ellos una alta proporción es de jóvenes que van a estudiar fuera, con la intención de no regresar. 

No parece, entonces, que ofrecer cupos en universidades que todavía no se han creado o hacer reformas que tendrán sus efectos en una o dos décadas sea algo que alivie el desánimo de una generación que necesita retos y oportunidades ahora. Resulta, en cambio, de la mayor importancia reconocer el altísimo valor que todos los encuestados le asignan a la oportunidad de estudiar para ofrecer respuestas inmediatas. 

Francisco Cajiao 

Publicado en El Tiempo, Bogotá 

Julio, 2024

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Se equivoca FECODE al decir que el acuerdo logrado en el Senado es una traición; no se puede comprometer un derecho fundamental con un sindicato.

Con la aprobación unánime del proyecto de ley estatutaria de la educación en la Comisión Primera del Senado, la senadora María José Pizarro resaltó la capacidad del Congreso para hacer acuerdos serios y respetuosos y pensar en lo mejor para el país y, especialmente, para la población a quien se pretende proteger. Era un momento paradigmático, cuando se celebraba un triunfo de la razón y no de una facción beligerante. Por desgracia, la alegría duró poco, aunque escuché que la senadora alberga la ilusión de recomponer los acuerdos.

En el momento de escribir esta columna parece muy probable el hundimiento de la iniciativa, pues los tiempos se agotaron y, a no ser que milagrosamente se logre un nuevo acuerdo, el esfuerzo de muchas personas e instituciones que han trabajado duro para ofrecer algo valioso a las próximas generaciones, se habrá ido al caño por la intolerancia de grupos muy minoritarios, pero con gran capacidad para hacer ruido y amedrentar a quienes toman decisiones en nombre de la población que los eligió.

Las pugnas que se han suscitado en torno al articulado no tienen en cuenta que lo más importante de la iniciativa no es su contenido, sino la discusión que ha generado desde que llegó al Senado, pues por primera vez en más de dos décadas se abordan en el Legislativo asuntos cruciales de la educación, que tienen que ver con el futuro de las nuevas generaciones a quienes les corresponde vivir en un mundo cada vez más complejo y con mayores exigencias. Vivir en la sociedad del conocimiento y no tener acceso a él implica profundizar más y más las grandes brechas sociales, debilitar las oportunidades de desarrollo del país y retrasar las oportunidades de progreso democrático, asociadas a mayores niveles educativos de la población.

El sentido de una ley estatutaria es desarrollar la Constitución y no sustituirla. En ella ya se consagra el derecho, se dice que la educación es un servicio público –que puede ser prestado por el Estado o por particulares– y que para que el derecho sea debidamente satisfecho, debe tener la calidad requerida para que los estudiantes aprendan y esos aprendizajes se conviertan en la oportunidad de acceder a otros derechos. 

De nada sirve una declaración sobre el derecho a la educación superior, por ejemplo, si los más pobres no adquieren a lo largo de su infancia y adolescencia los aprendizajes necesarios para acceder a ese nivel educativo y poder transitarlo exitosamente, o si tienen que esperar a que el Gobierno construya y desarrolle decenas de universidades para ofrecerles un cupo, mientras hay miles disponibles en instituciones establecidas. Dice el artículo 69 de la carta que “el Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior”.

Se equivoca FECODE al decir que el acuerdo logrado en el Senado es una traición a compromisos contraídos con la organización. No se puede comprometer un derecho fundamental con un sindicato, por importante que sea, cuando la educación es un asunto vital en un país diverso, en el cual deben escucharse muchas voces. La posición intransigente y dogmática de sus directivos también desconoce la enorme diversidad que existe entre los miles de profesionales afiliados, a quienes desde luego no se ha consultado. Los maestros son indispensables en la discusión, pero no pueden ser sus dueños.

El derecho a la educación es tan esencial que debe estar por encima de dogmatismos y declaraciones grandilocuentes sin ningún efecto práctico. Por eso el único éxito aceptable de un proyecto como éste es que sea el producto de un verdadero, honesto y generoso acuerdo entre sectores diversos de la sociedad. Si esto no se logra, se habrá perdido una gran oportunidad; pero el hundimiento no tiene implicaciones inmediatas, pues el país cuenta con una abundante jurisprudencia que consagra el derecho fundamental.

Francisco Cajiao

Columna publicada en El Tiempo, Bogotá.

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La evaluación es la herramienta imprescindible para avanzar en la garantía del derecho a la educación.

Habilidades sociales y emocionales para mejores vidas es el documento que presenta los resultados de la encuesta realizada por la OCDE en 2023 entre estudiantes de 10 y 15 años. En este gran esfuerzo internacional para recopilar datos sobre estas habilidades participaron cinco países y once ciudades, entre las que figuran Bogotá y Manizales. 

Dice la Organización: “El informe explora cómo las siguientes habilidades difieren por parte de los grupos sociodemográficos y cómo se relacionan con los resultados claves de la vida: habilidades de rendimiento de tareas (persistencia, responsabilidad, autocontrol y motivación de logros); habilidades de regulación emocional (resistencia, control emocional y optimismo); participación con otras habilidades (afirmación, sociabilidad y energía); habilidades de apertura de mente (curiosidad, creatividad y tolerancia) y habilidades de colaboración (empatía y confianza)”.

Es muy valioso el esfuerzo por desarrollar herramientas que permitan ampliar la comprensión del desarrollo infantil y el impacto de la educación, ya no solo en los procesos cognitivos, sino en otros aspectos fundamentales para la construcción de una trayectoria de vida. Un segundo punto relevante es la posibilidad de hacer comparaciones entre países y grupos poblacionales diversos y, tal vez, entre el desarrollo de estas habilidades y el tipo de modelos pedagógicos.

Los resultados de la encuesta son muy difíciles de resumir en un espacio limitado como el de esta columna, pero vale la pena enunciar algunos a manera de ejemplo: se encuentra que los chicos de 10 años suelen mostrar mayores habilidades sociales y emocionales que los de 15 años, en particular, confianza, energía y optimismo. Las niñas de 15 años reportan mayor tolerancia, motivación de logro, empatía y responsabilidad que sus compañeros varones. Los estudiantes con menor nivel socioeconómico muestran niveles más bajos en todas las habilidades, pero las brechas más marcadas están en las habilidades de mentalidad abierta (creatividad, tolerancia y curiosidad) y las de interacción con los demás (asertividad, sociabilidad y empatía). Un dato preocupante es que se observa deterioro en la mayoría de las habilidades sociales y emocionales después de la pandemia de covid-19.

Bogotá participó en las mediciones de 2019 y 2023, pero sería muy importante que en una próxima oportunidad participara todo el país, decisión que dependerá del Ministerio de Educación y del ICFES. Cuando hay grandes brechas sociales, con enorme distancia en las posibilidades de progreso de amplios sectores y un ambiente de inseguridad, incertidumbre y desconfianza frente a las instituciones, es indispensable estarle tomando la temperatura a lo que ocurre con la educación de niños, niñas y jóvenes.

El ICFES ha sido una muy importante institución en su función de evaluación de la educación en todos sus niveles y ese es un patrimonio que conviene no solamente conservar, sino desarrollar con los muy altos estándares técnicos que le han merecido reconocimiento internacional. 

Además de esas evaluaciones muestrales entre países en las que participa Colombia, es muy importante reactivar los procesos de evaluación censal que se suspendieron desde el gobierno anterior, pues ellos son los que le permiten a los alcaldes, gobernadores, maestros y comunidades conocer con precisión la calidad de los procesos de sus entidades territoriales e interesarse en ellos.La evaluación es una herramienta imprescindible para avanzar en la garantía del derecho a la educación, entendido más allá del simple acceso. De nada sirve que haya cupos para todo el mundo, si lo que se recibe en el proceso no les ofrece a todos los ciudadanos la calidad necesaria para acceder a las oportunidades que existen en la sociedad y sin un buen sistema de evaluación no hay manera de reclamar el derecho cuando este es insatisfecho.

Francisco Cajiao

Publicado en EL TIEMPO

Mayo, 2024

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Es tiempo de preguntarse qué formación democrática se debe ofrecer en colegios y universidades. La posición del Gobierno frente a la designación del rector de la Universidad Nacional cuestiona seriamente la autonomía de las universidades públicas.

En ejercicio de esa autonomía, la Constitución y la ley les otorgan la potestad de hacer sus propios estatutos que incluyen los procedimientos para designar a sus autoridades, de acuerdo con unos criterios orientados a garantizar el cumplimiento de sus fines esenciales, centrados en el cultivo del conocimiento a través de la investigación y la formación de alta calidad de los jóvenes, cuyo talento asegura el progreso colectivo.

La autonomía se convierte en una condición fundamental para el cumplimiento de su misión, evitando cualquier subordinación ideológica o política que pueda poner trabas a la libertad de pensamiento.

Desde luego, las normas no son inmutables y pueden cambiarse cuando no respondan de manera adecuada a los fines que persiguen, pero lo que no es aceptable en una sociedad democrática es que se cuestionen a posteriori, cuando los resultados de las decisiones legítimas de las instituciones no agradan a quien ostenta el poder presidencial.

Si se quería cambiar el procedimiento de elección del rector, tendría que haberse hecho antes por los canales previstos en el mismo estatuto. Lo que no luce bien es que el Consejo Superior, presidido por una ministra de Estado y dos representantes del Presidente, tome una decisión habiendo consensuado el procedimiento y luego se declaren indignados por el resultado y cuestionen lo actuado. Eso es hacer trampa. El poder no puede usarse de ese modo. Es una mala lección de democracia en una institución educativa.

Cada día se hace más evidente que el Presidente y sus colaboradores consideran que las decisiones que no son de su agrado por definición no son democráticas. No les gustan las decisiones del Congreso de la República que no se pliegan a su capricho. No les gusta, por supuesto, que haya asociaciones gremiales que elijan a candidatos diferentes a los propuestos por el Gobierno, como en el caso de los cafeteros, o fallos de la justicia que cuestionen la ineptitud o la corrupción de sus funcionarios, que ya están lejos de ser excepcionales, porque los Olmedos se multiplican.

La Constitución de 1991 incluyó mecanismos de participación e inclusión que defendió con seriedad y compromiso el grupo político al que decía pertenecer Gustavo Petro, y gracias a eso ha podido disfrutar del poder y los privilegios que otorgan los cargos a los que ha llegado por elección popular, así algunos los haya desempeñado con pobres resultados, tanto para sus creyentes como para los sectores más vulnerables. En los últimos días, sin embargo, ha hecho saber que esa Constitución ya no le sirve y tampoco los procedimientos para cambiarla.

Es tiempo de preguntarse qué formación democrática se debe ofrecer a niños, niñas y jóvenes en colegios y universidades. El Presidente prometió a los estudiantes de la U. N. algo que no podía ofrecer sin brincarse la autonomía del Consejo Superior, y ahí están en paro. La lección de democracia es: si no te gustan los resultados, arma un tumulto. Si alguna agremiación no favorece tus deseos, puedes usar recursos públicos para inventar una paralela. Si alguien hace lo que tú no lograste, trata de que fracase, sin importar que sea respaldado por el voto popular.

¿Valdrá la pena enseñar a los niños que los manuales de convivencia deben respetarse? ¿Se dará facultad a los rectores de los colegios para que cambien a los personeros que no sean obsecuentes y destierren a los maestros que no estén de acuerdo con ellos? ¿Será posible enseñar que la palabra empeñada es suficiente para confiar en la autoridad? ¿Se avecina el tiempo en que quienes hoy invierten en las campañas políticas comiencen a invertir en las campañas para rectores de las universidades públicas? La formación democrática va más allá de los currículos.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá.

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Imagino una campaña para elegir rector liderada por estos grupos que actúan sin mostrar la cara.

Lo sucedido en la Universidad Nacional, a raíz del nombramiento del rector, es una campanada de alerta para toda la educación superior, sobre todo cuando avanza el trámite de la Ley Estatutaria y se anuncia un nuevo proyecto para reemplazar la Ley 30 que ha regulado el sistema durante tres décadas.

Es bueno que se abran nuevas oportunidades de acceso a estudios superiores para quienes concluyen su bachillerato. En un artículo publicado en la revista Cambio, Edna Bonilla hace un recuento de los enormes beneficios que trae para el país y para cada región el desarrollo de las capacidades intelectuales, profesionales y técnicas de sus jóvenes y el impacto que eso tiene en la economía, la cultura y la política. 

Pero nada de eso se consigue con la expedición de una ley, si no se dan condiciones esenciales como la efectiva mejora de la calidad en la educación básica, la garantía de que los niños que van a los colegios públicos reciban el tiempo de atención escolar necesario para su desarrollo, el apoyo en salud para superar las dificultades que suelen presentarse en los años de primaria y la garantía de que la educación superior pública tendrá las condiciones de independencia que le permitan desarrollar en los estudiantes la capacidad crítica, el espíritu investigativo y el compromiso ético que conlleva la permanente búsqueda de la verdad. 

No conozco el texto aprobado por la Cámara, pero ojalá haya recogido un concepto de la Corte Constitucional que señala el carácter de derecho-deber, es decir que el derecho a la educación superior no es incondicional, por cuanto quienes acceden a ella están sujetos al cumplimiento de requisitos académicos esenciales para certificar su idoneidad para ejercer una profesión u oficio en beneficio de la comunidad. Esto concuerda con otros pronunciamientos de la misma Corte sobre la obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación superior y la autonomía universitaria.

Es indispensable ahondar en el principio de autonomía, entendiendo sus profundas raíces en la vida política y el desarrollo científico y económico del país. Algunos de los que hoy paralizan la universidad usando la violencia para desconocer los reglamentos autónomos de la institución son los que en otros momentos han vociferado reclamando una autonomía que entienden como extraterritorialidad para rechazar que dentro del campus puedan ingresar actores del Estado como la Policía, con el fin de proteger la vida, honra y bienes de estudiantes, profesores y funcionarios.

Imagino una campaña para elegir rector liderada por estos grupos que actúan sin mostrar la cara, amenazando a quienes no los secundan y bloqueando la libertad de expresión. No se puede saber si son estudiantes regulares o traficantes encapuchados. ¿Quién da cuenta de sus financiadores? ¿Puede una comunidad amedrentada elegir libremente a quien asegure los ideales académicos, éticos y sociales que pretende garantizar un derecho fundamental? No se entiende que un gobierno que se dice progresista ponga en riesgo la independencia de las instituciones que aseguran el progreso, que forman a quienes deben enfrentar los enormes retos de las próximas generaciones frente al cambio climático, la alimentación, la energía, la salud, las relaciones internacionales, la industria…

No es declarando días cívicos como se resuelven los problemas del país y tampoco haciendo grandes manifestaciones. Una y otra cosa pueden ser expresiones legítimas de confrontación ideológica o política, pero no consiguen lo que históricamente se ha producido en los centros donde el pensamiento riguroso, el debate libre y la investigación científica son las herramientas que se entregan a la juventud para que transforme la realidad usando la razón. 

Si de algo debe mantenerse independiente la universidad es de quienes ostentan el poder, pues, así como deben ser sus grandes defensores pueden ser sus peores enemigos.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá.

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Vivimos en una constante actitud defensiva que incluye la desconfianza sistemática en los demás.

La educación de un pueblo no solo es asunto de presupuestos, promesas de cupos, leyes estatutarias, currículos y didácticas especiales. Es ante todo un proceso continuo y colectivo de ciudadanía, orientado al ejercicio de la razón y al desarrollo de las enormes capacidades de cada estudiante que reclama su derecho a crecer tanto como sea posible.

Ese proceso implica aprender a vivir como parte de una comunidad y ello no es posible sino a partir de la confianza, de la seguridad de que los otros son apoyo y no amenaza, de que los adultos son guías y no manipuladores, de que la ley es fuente de riqueza y no una cadena contra la libertad.

Suele hablarse mucho de métodos pedagógicos, pero más importante es recordar valores fundamentales que definen los más altos ideales de una sociedad y que deben estar presentes en la familia, los líderes políticos y económicos, o los medios de comunicación, pues de éstos se alimentan la cultura y la identidad de quienes llegan a la escuela.

Es innegable que el mundo de hoy resulta muy amenazante y eso se traduce en una creciente sensación de incertidumbre que envuelve a niños, jóvenes y adultos que se ven inmersos en una perpetua inseguridad frente a múltiples aspectos de la vida: delincuencia común, informalidad laboral, promesas incumplidas, relaciones afectivas inciertas, amenazas bélicas y ambientales… Estos riesgos conducen a vivir en una constante actitud defensiva que incluye la desconfianza sistemática en los demás: cada ser humano se convierte en un posible agresor.

Los datos recientes de la Secretaría de Educación de Bogotá sobre acoso, maltrato y violencia escolar son aterradores tanto por su cantidad, como por sus características y esto afecta tanto a los estudiantes y a sus familias, como a los propios maestros que también terminan convertidos en víctimas de la desconfianza pública. Ha sido necesario desarrollar rutas y protocolos de atención que permiten reaccionar frente a los hechos, recurriendo muchas veces, a instancias judiciales, pero lo que debería preocuparnos más seriamente es indagar qué está ocurriendo en la sociedad para que estos fenómenos hayan crecido tanto.

La intolerancia, los insultos, los ejercicios inadecuados de poder, la corrupción, la discriminación y las muchas formas de sembrar odio entre la gente circulan profusamente por las redes sociales, seguramente se reproducen en ambientes familiares, las escupen continuamente los políticos y aparecen en vallas de organizaciones ilegales que amenazan a las comunidades de campos y ciudades.

Mientras esto ocurre cada día, a cada hora, las instituciones se ponen en duda y el propio gobierno parece cambiar las reglas del juego a su acomodo, creando aún mayores incertidumbres sobre cosas que parecían estar claramente definidas en la ley.

En un ambiente social sin certezas sobre lo que es lícito o ilícito, donde el esfuerzo de quienes se han preparado durante décadas para cumplir funciones públicas es despreciado, en el que personajes de muy dudosos méritos son premiados con cargos públicos de altísima responsabilidad poniendo en riesgo el bienestar de toda la población, incluyendo la más pobre, no es fácil pensar que los colegios sean islas apacibles en las cuales el amor al conocimiento, la solidaridad y la esperanza de un mejor futuro florecerán de manera espontánea.

La responsabilidad de los maestros es enorme y soy testigo de primera mano de que la inmensa mayoría de ellos responde a su misión lo mejor que puede, pero más allá de su ejercicio crítico, del esfuerzo por garantizar la convivencia en las mejores condiciones posibles, es muy difícil pedirles que suplanten el rol que cumplen en la sociedad los gobernantes y líderes que desde sus balcones y medios electrónicos dan la pauta de lo que deben ser las relaciones sociales y políticas para el desarrollo de una nación que por este camino nunca será civilizada.

Francisco Cajiao

Abril, 2024

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No se entiende que en altos cargos puedan ser entronizados personajes que confiesan su ignorancia.

Siempre se ha sabido que la educación es la única forma de conseguir que una sociedad progrese alejando a sus miembros de sus más primitivos impulsos en favor del uso de razón. Aristóteles decía que “dondequiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto”, y Kant subrayaba que “el objeto central de una buena educación es asegurar que los seres humanos desde el comienzo aprendan a someterse a las prescripciones de la razón”. Stuart Mill era enfático al decir que “la educación es la antesala de los derechos civiles, sociales o políticos. Para ello se requiere un alto ejercicio de la razón que asegure la libertad y la autodeterminación, más allá de las tutelas ideológicas o doctrinarias”.

La cuestión es tan seria que en muchos casos un alto nivel educativo se convierte en requisito ético y legal para poder desempeñarse en las complejas responsabilidades que requiere la sociedad. Por eso todos los ciudadanos tienen el derecho fundamental de acceder a la herencia cultural que se ofrece en la educación básica, pero también la obligación de superar con éxito las exigencias requeridas para acceder a los conocimientos avanzados que aseguran el alto ejercicio de la razón y la libertad más allá de las subordinaciones doctrinarias, parafraseando a Mill.

Ejercer la medicina sin un título profesional es delito. Lo mismo se aplica a quien construye edificios o ejerce el derecho sin los respaldos académicos necesarios. En muchos países se requiere certificación profesional para ejercer la plomería, la peluquería o la jardinería, y en eso viene trabajando Colombia con el marco nacional de cualificaciones, que pretende ser parte del sistema de educación superior.

Bajo esta premisa no es fácil entender que en altos cargos del Estado, donde se juegan las soluciones a gravísimos y complejos problemas de millones de seres humanos, puedan ser entronizados personajes que desde el día de su posesión confiesan su ignorancia. Habría que preguntarse en qué momento las líneas éticas se corrieron tanto que la gente con menos preparación asume la responsabilidad de resolver problemas que no entiende y si ese retroceso es parte del llamado progresismo.

Desde su origen, la especie tropezó con necesidades tan esenciales como la alimentación, la protección frente a los rigores de la naturaleza y la supervivencia en general. Esas urgencias fueron el acicate para que los primeros humanos aprendieran a conocer y transformar el entorno, para usar la razón en favor de la solución de problemas y la acumulación de saberes. La necesidad dio origen al desarrollo de la agricultura, desde la domesticación de las plantas hasta las formas más sofisticadas de tecnología alimentaria. Como siempre, mientras algunos se ocupaban de resolver los problemas, otros se esmeraban en proclamar la necesidad de resolverlos recurriendo a la magia, a los relatos míticos o a las medidas de poder más absurdas que, por supuesto, no ofrecían resultados.

Los deseos se proyectan más lejos que las necesidades y se van armando según la manera en que cada quien imagina que puede ser su vida o la sociedad en que sueña. Ya no se trata de asegurar la supervivencia inmediata, sino de fabricar nuevos mundos en los que pueda reinar

una suerte de felicidad en la que no todo el mundo está de acuerdo. La política suele ser ese campo de batalla en el que se enfrentan fantasías de humanidad ideal capaces de aglutinar a millones de seres humanos que todavía no salen de sus urgencias presentes para perseguir nuevas utopías. Eso requiere resolver los problemas de hoy recurriendo a quienes tienen el conocimiento y unir voluntades para inventar el porvenir.

Lo grave es cuando la pobreza se expande, la violencia florece y la desesperanza hace camino sin poner los medios que aconseja la razón para hacer que por lo menos algunas necesidades sean resueltas y tal vez algún sueño tenga oportunidad de hacerse realidad.

Francisco Cajiao

Artículo publicado en El Tiempo de Bogotá

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