En la ruta de la inclusión

Es claro que lo del derecho a la educación no es tanto cuestión de leyes, sino de  buena administración.

A finales de los ochenta, siendo rector de la Universidad Pedagógica, conocí a representantes de la Cooperación Italiana que habían firmado un convenio con el Ministerio de Educación para iniciar un programa de integración de niños con discapacidad en las aulas regulares. En esa época, la población infantil con problemas serios del aprendizaje se atendía en las instituciones de educación especial. Muchos quedaban sin respuesta a sus necesidades, y los que iban a centros especializados quedaban restringidos a crecer solamente con quienes tenían su misma condición.

Italia, al igual que España y otros países europeos, había dado pasos importantes en la integración de esos niños a las escuelas, rompiendo las barreras de la segregación, y Colombia abría sus puertas a las primeras experiencias que darían lugar a importantes cambios de concepción y de política. Desde mucho antes, como maestro, tuve la convicción de que el tratamiento de las dificultades escolares, fueran causadas por condiciones biológicas, comportamentales, culturales o de cualquier otra naturaleza, era una cuestión ética ligada al derecho fundamental no solo a la educación, sino a ser parte de la comunidad humana.

Eso, desde luego, no podía ser una simple consigna moral o ideológica, desvinculada del conocimiento serio y sistemático de las dificultades específicas del aprendizaje y de los recursos y metodologías apropiados para atenderlas, garantizando que niños con necesidades especiales pudieran recibir la atención necesaria, máxime cuando sus condiciones los convierten en una población más frágil en relación con los objetivos convencionales del proceso educativo. 

Desde entonces se ha avanzado mucho en la concepción de la inclusión y también en las políticas públicas de protección a la población que requiere atención y apoyo especial en su proceso educativo. La Constitución del 91 definió el derecho a la educación sin discriminación, y la Ley 115 de 1994 sentó los principios para una educación inclusiva. En 1997 se expidió la Ley 361, en la cual se establece que las instituciones educativas no pueden negarse a admitir estudiantes con discapacidad.

Desde entonces se han venido incluyendo niños y niñas con muy diversas condiciones en las aulas regulares. Hasta aquí podríamos decir que hay un avance, pero de nada sirve si no reciben la atención específica que requieren, pues, lejos de ayudarlos a progresar en sus aprendizajes y procesos de socialización, se corre el riesgo de hacerles mayor daño. En los países donde la inclusión funciona bien, los maestros que tienen en sus grupos niños con limitaciones cuentan con auxiliares, pues de otro modo ni el que necesita ayuda especial la recibe, ni los demás pueden avanzar porque el maestro tiene que atender a los que muestran dificultades. Esto, sin mencionar la disponibilidad de ayudas tecnológicas, asesorías y personal especializado suficiente para reforzar la labor del aula, que no suele ser suficiente cuando hay problemas motores, neurológicos, de fonoaudiología, de comportamiento o de atención.

Mantengo cercana relación con rectores y maestros de Bogotá y otras regiones del país, y me comentan que el número de niños con necesidades especiales se ha incrementado mucho. Es muy difícil pensar que un docente de primaria con más de cuarenta niños pueda hacer un trabajo eficaz si, además, tiene seis o siete con problemas de aprendizaje o de comportamiento.

Así no se garantiza el derecho de esos seis o siete estudiantes, ni tampoco el de los demás, sin contar con que los fracasos reiterados de los maestros suelen ir agotando sus mejores cualidades, como ocurre con cualquier otro profesional. Es claro que lo del derecho a la educación no es tanto cuestión de leyes, como de buena administración. Parece urgente una evaluación juiciosa de los avances y dificultades que tiene nuestra educación en esta ruta de la inclusión.

Francisco Cajiao

Publicado en El Tiempo, Bogotá