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ACUERDOS Y DESACUERDOS 

Por Vicente Alcala
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Jaime Heredia me regaló el libro que aparece arriba. Hoy cobra actualidad, después del discurso del presidente de la República, el pasado 20 de julio, al abrir las sesiones del Congreso para el año 2024-2025. 

Se cumplen casi 90 años de la “Ley de tierras” de 1936 que buscaba promover la distribución más equitativa del campo colombiano. 

En 1961 se creó el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) y la Ley 1 de 1968 buscaba intensificar los esfuerzos iniciados e impulsar el Desarrollo Rural Integral.  

Si los anteriores se podrían calificar de acuerdos, el Pacto de Chicoral de 1978 (llamado también Acuerdo) se puede calificar como desacuerdo, porque se realizó para frenar la Reforma Agraria impulsada por la Ley 1 de 1968. 

En 1994, la Ley 160 estableció el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino. El Incora fue reemplazado por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) en 2003. 

La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, tuvo buenas intenciones y, a la vez, desafíos como la violencia y la oposición en algunas regiones. 

Avanzando al Acuerdo Final entre el gobierno colombiano y las FARC, firmado en noviembre de 2016, en el capítulo número 1 encontramos: “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”. Hay unos Considerandos, unos Principios, unos Programas y unos Planes. El desacuerdo está en la no implementación de dicho acuerdo, y el debate está sobre las razones de su ineficacia.  

Frente a metas ambiciosas, el presidente en su discurso reconoció que de los 3 millones de hectáreas que en el Acuerdo se planearon distribuir entre los campesinos, apenas se habían entregado en los dos años de su gobierno 184.000 hectáreas, sin hablar de los gobiernos anteriores.   

No vayan a pensar que “me estoy metiendo en política”. No hablo del partido liberal, ni del conservador, ni del pacto histórico, ni de los demás. 

Estoy hablando de hechos y preguntándome ¿a qué se debe esa “imposibilidad” de llevar a cabo la -reiteradamente denominada- Reforma Agraria.?  

Hay acuerdos explícitos con desacuerdos implícitos. Hay acuerdos verbales que no se implementan. Hay acuerdos de unos y desacuerdos de otros. 

La razón principal de su no cumplimiento es que los acuerdos se hacen sin contar con los que están en desacuerdo. Los que tienen acaparadas las tierras (“legal” o ilegalmente) no están de acuerdo en despojarse de ellas, y esto ocurre desde 1930 o antes.  

El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011, del PNUD “Colombia rural, Razones para la Esperanza” presentó, por ejemplo, estos datos: 

RANGO AREA (%) PREDIOS (%) PROPIETARIOS (%) 
Microfundio 10,59 80,49 78,31 
Pequeña propiedad 19,1 13,66 14,72 
Mediana propiedad 18,2 4,99 5,83 
Gran propiedad 52,2 0,86 1,15 
Total 100,0 100,0 100,0 

Colombia registra una de las más altas desigualdades en la propiedad rural en América Latina y el mundo. Y ello es consecuencia de un proceso histórico, de las políticas públicas, de la operación del mercado, del narcotráfico y de la actuación de grupos armados por fuera de la ley, así como de la cultura de rápido enriquecimiento y la avidez por la renta del suelo. No entramos aquí en el análisis del uso del suelo: reservas y baldíos, forestales, ganadería extensiva, producción agrícola y otros. 

El último capítulo del Informe del PNUD planteó una propuesta de agenda de políticas para el sector rural. 

La firma de los acuerdos de 2016 abrió posibilidades para realizar cambios de fondo en la distribución de la tierra, el desarrollo productivo del campo, la participación ciudadana y la sostenibilidad ambiental… pero esa ventana de oportunidad se fue cerrando poco a poco, hasta el punto de clausurarse casi por completo. Los acuerdos se estrellan una vez más con los desacuerdos. 

Este artículo, más que respuestas y soluciones, plantea preguntas y retos que se prolongarán por años.  

El cúmulo de factores objetivos y subjetivos; territorios, regiones, pasiones, intereses, poderes, resistencias, conflictos, violencias, diferencias… nos tiene inmersos en la situación actual. Más que mirarla con pesimismo u optimismo, se trata de avanzar hacia un futuro cercano, y más lejano, que permita superar desacuerdos y facilitar acuerdos. Tarea humana y sobrehumana, pero indispensable, ojalá pacífica y concertada.    

Vale la pena leer, en este blog, el artículo de Bernardo Nieto, publicado el 15 de mayo de 2021: “La solución al problema agrario requiere líderes políticos comprometidos”. 

Vicente Alcalá Colacios

Agosto, 2024

5 Comentarios
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5 Comentarios

Rodolfo de Roux 6 agosto, 2024 - 2:14 am

Saludable recorderis de cambios urgentes que están pendientes desde hace decenios. Gracias, Vicente.

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Humberto Sánchez Asseff 6 agosto, 2024 - 9:26 am

Vicente, gracias. Me gustó tu artículo, empezando por el comentario que parece tan obvio pero que no se tiene en cuenta: Los acuerdos hay que hacerlos con los que no están de acuerdo. Después vienen los datos que presentas. Si los que no están de acuerdo son los que tienen predios más grandes, el porcentaje de estos “terratenientes” es bajo y, diría yo en mi ignorancia, no son muchos con los cuales negociar. Esas posiciones cerradas y poco altruistas son las que inducen a la fuerza y violencia para establecer el derecho de todos. Gracias Vicente.

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JUAN L GOMEZ C 6 agosto, 2024 - 5:54 pm

Excelente análisis Vicente. Hacer las leyes no basta, más bien parecen un engaña bobos, que cada vez enredan más la situación. Ahora, p.e., creo yo, estamos en un ataque de “reformitis”

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Elssye Morales 10 agosto, 2024 - 7:14 am

El cuadro del PNUD, se puede complementar con estos datos de contexto: el territorio colombiano tiene unas 114.174.800 hectáreas; un 50% de ellas son de propiedad de la nación (57 millones de hectáreas); un 14% del territorio se ha establecido como “áreas protegidas”. La propiedad privada legalizada o notariada está solamente al rededor de un 30% ; la ocupación de hecho, la invasión ilegal de tierras ( incluso en las áreas protegidas) por parte de pequeños, medianos y grandes ocupantes constituye un grave problema jurídico y de desarrollo rural. Las leyes de 1936, 1968, 1994, 2011… y las sucesivas instituciones como Incora, IGAC, Incoder, Agencia nacional de tierras ANT, son muestras de la ineficiencia de las soluciones y su gran dificultad. Pero no se puede desfallecer…

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Julio Hidalgo 11 agosto, 2024 - 11:03 am

Apreciado Vicente:

Un análisis muy valioso de uno de nuestros mayores problemas sociales, mil gracias por tus aportes que siempre nos dan luz para el camino.

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