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Socorro Ramirez

Líder estudiantil graduada en Historia (Universidad Pedagógica). Dirigente social, sindical y política. Candidata de la izquierda a la presidencia de la República. Miembro de la Comisión de Paz de Belisario Betancur. Obtuvo maestría, doctorado y posdoctorado summa cum laude en Relaciones internacionales en la Sorbona. Investigadora y docente del IEPRI (Universidad Nacional). Mediadora de paz Uribe-Correa (Ecuador) y Uribe-Chávez (Venezuela) y miembro de las Comisiones fronterizas binacionales. Negociadora con el ELN. Gestora de organizaciones que buscan la paz en Colombia, la democracia en Venezuela y mejores relaciones entre los dos países. Autora de varios libros e innumerables artículos sobre fronteras, relaciones binacionales y el ELN. Profesora emérita de la Universidad Nacional.

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Tensiones recientes entre los gobiernos estadounidense y colombiano

Por Socorro Ramirez
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Varios factores inciden en las recientes tensiones en la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. Ante todo, la profundización de la problemática de las drogas, pese a los esfuerzos por reprimirla.

Donald Trump expresa preocupación por el incremento en la producción de cocaína y la proliferación de diferentes grupos armados ilegales que, con violencia, se disputan las rutas del narcotráfico en distintos lugares de Colombia. El mandatario colombiano le agrega la preocupación por los rumores sobre la supuesta intervención estadounidense de congresistas y personajes republicanos, en un posible golpe de estado en su contra.

Como señala Julio Londoño, los presidentes de Estados Unidos y de Colombia han adoptado las diplomacias del micrófono y del X con mensajes a media noche y desde lugares extraños, como parte de su forma de manejo de la política exterior. Donald Trump “sobre la marcha”, poniendo en ascuas a gran parte de la comunidad internacional e, incluso, a muchos norteamericanos, amenaza con una imposición de aranceles a productos que importa; ha elaborado una lista negra de países, cuyos nacionales no pueden ingresar a Estados Unidos y, en el próximo mes de septiembre 2025, debe decidir si certifica o no a Colombia en la lucha contra las drogas. Por su lado, Gustavo Petro, pese a la necesidad de tener especial cuidado en las relaciones de Colombia, en particular con sus principales socios, ha hecho cambios con mucha frecuencia en la política exterior y en el papel que juega el/la canciller.

Kevin Whitaker, exembajador de Estados Unidos en Colombia, afirmó que la situación es compleja debido a que “las dos administraciones son muy tercas, son muy comprometidas con su visión del mundo, y la verdad es que, sin los diplomáticos principales en las capitales para enviar mensajes, eso hace más difícil la situación que se puede complicar puesto que el presidente colombiano no ofreció disculpas por haber mencionado una supuesta participación de funcionarios estadounidenses en el plan golpista, la situación puede complicarse aún más”, y agregó “No sé si el orgullo del presidente le permita hacer eso”.

Se ha recordado lo sucedido antes, cuando en 1989 enviaron la flota estadounidense para bloquear las costas caribeñas colombianas, supuestamente para evitar la salida de buques con cocaína. Además, bloquearon buques comerciales y productos colombianos en los puertos norteamericanos, pasajeros y aviones comerciales procedentes de Colombia. Todo eso ante la liberación que hizo un juez, de Jorge Luis Ochoa, del cartel de Medellín. También George Bush padre iba a imponer mayores aranceles a productos colombianos como castigo por la producción de coca. Hubo reuniones de los presidentes, lo que ayudó a superar la crisis e incidió, por varios años, en las relaciones diplomáticas y económicas binacionales.

Luego de que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ordenara el 3 de julio de 2025 el llamado a consultas urgentes de John T. McNamara, encargado de negocios interinos de la Embajada en Bogotá, como respuesta a lo que calificó declaraciones “infundadas y reprobables” provenientes de los más altos niveles del Gobierno colombiano, el presidente Gustavo Petro rechazó la decisión. Y llamó a consultas a Daniel García-Peña, embajador colombiano en Estados Unidos y a explicar el desarrollo de la agenda bilateral: 

1) Descarbonización de la economía y transición energética. 

2) Interconexión eléctrica de América del Sur con Panamá y América del Norte, para hacer viable el gran potencial de energías limpias de América del Sur. 

3) Revitalización de la selva amazónica y la selva del Chocó biogeográfico, con el fin de absorber buena parte del CO₂ de la atmósfera del planeta. 

4) Ataque a capos del narcotráfico y sus finanzas internacionales, incluido el mayor desafío que enfrentan las organizaciones multinacionales del crimen en América Latina: la autodenominada “Junta del Narcotráfico”, con sede en Dubái, que confedera mafias albanesas, italianas, mexicanas, colombianas y del Cono Sur. 

5) Tratado sobre la inmigración, reconociendo el derecho de Estados Unidos a recibir o rechazar a sus visitantes, sobre la base de la dignidad humana. 

6) Colaboración del gobierno de Estados Unidos en la construcción de una reforma del sistema financiero mundial, para que se pueda canjear deuda por acción climática, hasta por 25 billones de dólares, con el objetivo de dar un primer gran paso contundente hacia la descarbonización de la economía mundial y la adaptación a la crisis climática. 

7) Unir esfuerzos en la construcción de la paz regional, con salidas políticas y dialogadas a los conflictos en Venezuela, Cuba y Haití; poner fin a los bloqueos e intensificar las relaciones económicas, culturales y políticas del Gran Caribe del que formamos parte Colombia y Estados Unidos. “Unirnos como América Latina y el Caribe con Estados Unidos en los esfuerzos por lograr la paz en el conflicto Rusia – Ucrania y en conseguir, en Medio Oriente, que existan dos Estados y dos naciones libres y en paz en la región de Palestina, con un cese permanente al fuego y la liberación de todos los rehenes. 

Esas fueron las palabras de Petro explicitando la agenda bilateral.

Muy importante la urgente actuación de las cancillerías y de los respectivos embajadores para evitar que se profundicen las tensiones bilaterales y para que la relación binacional resuelva el acumulado de situaciones sin resolver y profundice en los retos que tiene por delante.

Publicado en la revista SUR

Socorro Ramírez

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Trump, aferrado al proteccionismo 

Por Socorro Ramirez
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En lo que lleva de su segunda presidencia, Donald Trump ha mostrado una enorme visión conflictiva global y de su país. Asume que los demás quieren explotarlo a él y a Estados Unidos. Así ha tratado de justificar una seguidilla de anuncios y luego se arrepiente de algunos. Durante meses lanzó amenazas, y en el que llamó ‘día de la liberación’, escaló e impuso aranceles a miles de bienes exportados por más de 100 naciones a Estados Unidos. 

Antes, en dos ocasiones, Trump había anunciado aranceles del 25 % a México y Canadá, países que temporalmente se lograron salvar de los aranceles masivos recientemente anunciado, paquete que va a causar una recesión global, que puede ser profunda y duradera incluso en Estados Unidos de América (USA, sigla en inglés).

Trump dice que implementa ese sistema de aranceles para contrarrestar la pérdida en el comercio y, supuestamente lo impone proporcionalmente al trato recibido en cada caso. De este modo pierden los países deficitarios en el comercio global y ganan los superavitarios. Pero, como señala Salomón Kalmanovitz, esa idea de Trump es problemática y errada; y citando a Faisa Islam de la BBC, dice que ese es el mayor cambio en el comercio global en 100 años. 

Por ejemplo, Europa cobra a los productos made in USA una tarifa de 3 %, pero en la lista, Trump inventa que es de 39 %. Agrega, que el caso estadounidense es muy ilustrativo de un país con déficit comercial grande, que financia con emisión de su moneda, la más importante divisa internacional, al menos hasta ahora. Los grandes beneficiarios del comercio global con poca carga tributaria habían sido los consumidores, en particular, de Estados Unidos, que contaban con arancel promedio del 3 % y que Trump cambia donde se le da la gana; aplicando así un impuesto contra su propio pueblo, supuestamente en aras de hacer que su país vuelva a ser grande. Pero la productividad USA ha crecido menos que la de sus socios comerciales, está rezagada en innovación, diseño, calidad, frente a la que alcanzan sus competidores más exitosos. Y el problema de la productividad no se soluciona con aranceles, que más bien empeoran la situación, al no estimular a invertir en innovación y modernización de infraestructuras, en desarrollo, investigación, ni en mejoras del sistema educativo [1].

Afectaciones y respuestas

Las medidas de comercio exterior adoptadas por Trump empiezan a reconfigurar un orden económico a nivel internacional con regreso del proteccionismo de Estados Unidos, que ya no es socio confiable. Más de 100 países se vieron impactados por esos aranceles anunciados por Trump y en diferente forma y medida, algunos ya se están moviendo para contrarrestarlas. No es un reto fácil de superar. 

Por ejemplo, la Unión Europea (UE) ‒que busca la forma de responder y de reponerse del efecto económico de estas medidas‒ ve desacuerdos a su interior sobre cómo manejar la situación, según el interés de cada país frente a Estados Unidos ‒para unos en el pasado ha sido un aliado económico, para otros, un rival‒. Desde la pasada presidencia de Trump, 2017-2021, la UE ha sido su principal adversario, tanto político como económico. Y trata de ampliar los acuerdos comerciales como lo ha intentado con Mercosur, México, Suiza; ahora con Sudáfrica, India, Indonesia, Tailandia. Países como el Reino Unido, mostró una lista de productos estadounidenses a los que les impondría aranceles.

Más complicado es para China, cuya economía es una de las más golpeadas por Trump, con aranceles de hasta 104 % contra sus productos. En su reciente campaña, Trump prometió aranceles de 60 % a las importaciones de Estados Unidos desde China ‒y de entre 10-20 % para el resto del mundo‒. Lo que hizo fue imponer la víspera del que llamó el “día de la liberación”, dos aumentos arancelarios del 10 %, o sea de 20 %, a las exportaciones chinas a Estados Unidos y un arancel universal de 25 % para el aluminio y el acero; y esta semana, Trump le impuso un arancel de 34 %. 

China decidió defenderse y respondió con la misma fórmula: aranceles de 34 % para las exportaciones estadounidenses hacia ese país; además, en tanto segunda economía del mundo, trata de convertirse en aliado cada vez más cercano de varios países del norte ‒como Japón y Corea del Sur‒ [2]. Y sin duda que, si logran mayor integración, sus grandes economías desafían al dominio comercial estadounidense. Ese cambio global, aceleraría la división del mundo en bloques económicos, impidiendo que el comercio transnacional sea multilateral y lo lidere la Organización Mundial del Comercio (OMC). Además, China trata de aprovechar geopolíticamente las medidas de Trump; hizo ejercicios militares en las costas de Taiwán y, con el retiro de Trump del Acuerdo de París, decidió aumentar su involucramiento en energías renovables.

Como al sur global pertenece no solo China, sería interesante analizar el papel que pueden desarrollar otros actores como India, país sobre el que Trump impuso aranceles; India trata de no mostrar que resiente mucho las sanciones de Trump, de mantener un equilibrio y cautela en sus respuestas, y de actuar con otros países frente a Estados Unidos para evitar que Trump reaccione con más agresividad. Le interesa actuar a través de los BRICS, organismo político y económico internacional de países emergentes en los años 2000 ‒Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica‒ creado en 2010. Aunque Trump ha tratado de aplicar y retirar medidas según su conveniencia, ha asumido la imposición de aranceles como política central, al punto que los ha llamado “la palabra más bonita del mundo”. Y los aranceles pueden alertar al resto de países del mundo, impactando el panorama global, así como la forma como  reaccionen frente al impacto económico que generen sus medidas [3].

Para América Latina, Trump también refuerza medidas. Aunque en países suramericanos ‒Ecuador, Argentina, Chile o Perú‒reconocen a China como buen socio en algunos asuntos, Colombia sigue muy dependiente de Estados Unidos ‒en lo que incide la cercanía geográfica y la exportación de petróleo o café‒; tiene vigente un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde 2012, y es señalado como uno de los “favorecidos” por los aranceles más bajos de los que impuso Trump, del 10 %, que afectan las exportaciones agropecuarias, dejando exentas las ventas de petróleo y oro a ese destino. Sin embargo, desde hace poco tiempo, tal vez desde el gobierno de Juan Manuel Santos, y ahora con el de Gustavo Petro, se ha tratado de abrir embajadas en países europeos, africanos, y de Oriente Medio. 

El ministro de Hacienda colombiano, dijo a los medios de comunicación, el pasado viernes 4 de abril, que el gobierno de Petro está evaluando la situación y no descarta tomar medidas, pero las exportaciones de Colombia a Estados Unidos no le generan impacto significativo a ese país, aunque pueden afectar a los colombianos. Una diplomacia comercial debería estar pensando el caso, tras los cambios en el gabinete. La canciller ha dicho que intentan reducir el daño y que están tratando de ampliar y consolidar nuevos destinos para las exportaciones colombianas. En Colombia, al final de 2024, de más de 1,7 millones de las empresas nacionales, solo 9.370 estaban registradas como exportadoras; y aunque aparezca bajo el arancel del 10 %, el sector agropecuario se verá golpeado por la relevancia del mercado USA, y resulta difícil concretar otros mercados de reemplazo, por trámites de admisibilidad o por costos de fletes (para transportar mercancías). Esta encrucijada, apenas comienza.

Sobre el régimen de Maduro, Trump ha dicho que, a partir del 2 de abril 2025 impone aranceles del 25% a quienes compren Petróleo y Gas a Venezuela, y anunció como plazo el 27 de mayo de ese mismo año, para que Chevron cese operaciones en Venezuela. También ordenó la suspensión de permisos temporales de residencia en Estados Unidos para más de 300 mil venezolanos y la deportación de 261 venezolanos a cárceles de El Salvador.

Como señala Miguel Henrique Otero, en el primer mes de gobierno de Trump en 2025, la pregunta predominante dentro y fuera de Venezuela se concentró en cuál sería el camino que su política exterior debería tener frente a los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. La visita a Caracas de Richard Grenell, al final de enero, generó la pregunta de si Estados Unidos iniciaría una etapa de relaciones “blandas” con esa dictadura; se dijo que las petroleras USA y europeas podrían presionar a favor de alguna forma de convivencia para mantener las operaciones de esas empresas fuera de la agenda política. Además, organizaciones venezolanas defensoras de derechos humanos y de oposición, así como diversos sectores democráticos, preguntaron sobre qué podría pasar con las sanciones, si se podría mantener una agenda de Estados Unidos y Venezuela, que contemple negocios e intercambios económicos, por el apoyo internacional al presidente electo Edmundo González Urrutia, a la oposición y a su liderazgo, así como poder exigir la liberación de los presos políticos.

También se ha mostrado que, a pesar de que el gobierno de Trump tiene otras grandes preocupaciones ‒por ejemplo, la guerra en Ucrania, el acoso del islamismo terrorista a Israel, las luchas comerciales y tecnológicas con China, los flujos de inmigrantes que presionan sobre la frontera sur del territorio estadounidense, el impacto de sus políticas comerciales y arancelarias, etc.‒ el régimen dictatorial venezolano no ha sido desplazado a un plano secundario; se lo sigue viendo como un peligro real para todo el continente y se insiste en manejarlo sin nada que lo beneficie, ni que permita que el régimen de Maduro utilice mecanismos de relaciones internacionales para mantenerse en el poder, desconociendo su derrota electoral el 28 de julio 2024.

La sociedad civil venezolana cada vez asume que es un deber no cesar esa lucha por un cambio que de verdad enrute a Venezuela hacia la democracia [4].

Socorro Ramírez

Publicado en Revista SUR, Colombia

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[1] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/salomon-kalmanovitz/la-guerra-comercial-de-trump/

[2] https://cambiocolombia.com/economia/regreso-proteccionismo-segunda-guerra-comercial-trump

[3] https://www.elespectador.com/mundo/mas-paises/donald-trump-contra-el-mundo-como-van-a-responder-los-paises-afectados-por-los-aranceles-de-estados-unidos-noticias-de-hoy/

[4] Maduro al borde del abismo: ¿le dará Trump el último empujón? – EL NACIONAL

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Afectadas las relaciones entre Colombia y Venezuela por la cuestionada posesión de Maduro como presidente.

Por Socorro Ramirez
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La situación crítica de Venezuela preocupa a sus países vecinos, a la región y a buena parte de la comunidad internacional. Preocupa ante todo a Colombia, su mayor vecino, por la fuerte articulación binacional. Así lo veremos en las tres partes de este artículo: lo que pasó en las elecciones del 28 de julio de 2024 (28J), el esfuerzo del régimen por imponerse y las afectaciones a Colombia.

La elección presidencial venezolana no fue un proceso democrático.

El régimen de Nicolás Maduro -que controla a su favor las instituciones estatales nacionales- le puso todas las trabas posibles a la oposición para su participación electoral. Empezó por inhabilitar a María Corina Machado (MCM), pese a que ella ganó las elecciones primarias de la oposición, con más de dos millones de votos. Luego, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó su inhabilitación por 15 años, acusándola de presunta participación en delitos contra el Estado, como apoyar sanciones contra Venezuela. Tampoco aceptaron que la académica Corina Yoris, se inscribiera como candidata en reemplazo de Machado. Entonces, la Plataforma Unitaria Democrática registró como candidato al exdiplomático Edmundo González Urrutia (EGU), quien -con casi 7 millones y medio de votos, 67,7 % del total- ganó la elección. 

Así lo demuestran las actas de las mesas electorales, que la oposición recogió al terminar la elección del 28J y ha difundido ampliamente[1]. La oposición logró el apoyo popular mayoritario no solo al interior de Venezuela, sino entre la diáspora venezolana, pese a que interfirieron sus posibilidades de votar. Pero Edmundo González tuvo que huir de Venezuela, no se le ha permitido regresar, menos aún desde que anunció que estaría el 10 de enero para posesionarse.

El régimen de Maduro abandonó la narrativa chavista de ser un proyecto democrático con respaldo electoral; prefirió ser y actuar como dictadura. Pese a que firmó con la oposición, en octubre de 2023 el acuerdo de Barbados, el gobierno desconoció su compromiso de dar garantías electorales y derechos políticos a los venezolanos, así como de proteger esos y otros intereses vitales de Venezuela. Por todo eso, Maduro tiene cada vez menos legitimidad; su poder depende de la capacidad de su aparato represivo. No le importa aferrarse al poder sin apoyo popular, le importa mantener capacidad de coerción con el control y uso del aparato represivo del Estado, y con el apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas comandadas por Padrino López, así como con la actuación violenta de los llamados “colectivos” y de grupos irregulares que actúan desde Venezuela, como el ELN y disidencias exFarc.

La imposición por la fuerza y sus efectos.

Entre el 9 y el 10 de enero de 2025, Nicolás Maduro se instaló en su tercer periodo consecutivo en el poder, imponiéndose por la fuerza, pues ha logrado controlar el poder con aumento de la represión y el uso de la fuerza militar y policial. El incidente sufrido por MCM cuando iba hacia Caracas luego de un período en la clandestinidad, aumentó el miedo en la población y en la oposición, que el régimen ha logrado infundir. Todo esto ha incrementado el deterioro democrático, interfiriendo el papel de la oposición y sumiendo a la población en un gran temor. Ahora anuncia su intención de reformar, a su acomodo, la constitución, e implantar el llamado Estado Comunal.

El régimen tratará que las elecciones regionales en 2025 no sean competitivas, no generen posibilidades de escoger una tendencia política distinta a la suya. La oposición trata de lograr aceptación popular y alimenta las esperanzas de la sociedad en que un cambio político se puede lograr, pero ve limitada su capacidad de movilizar a la población por acción del aparato represivo del régimen.

Así seguirá agudizándose el problema de gobernanza del régimen de Maduro, tanto con el agravamiento de la pobreza interna, como con la pérdida de credibilidad, en especial de potenciales inversionistas. Justo cuando Venezuela necesita reactivar la economía, crece el temor de invertir allí ante la ausencia del Estado de derecho y de sus garantías procesales. Esa situación estimula especulación y corrupción e impide acceder a créditos o reincorporarse a los mercados financieros internacionales cuando necesita inversiones para reactivar la producción petrolera, estabilizar su economía, generar reformas estructurales, evitar embargos de activos externos por acreedores que buscan recompensar sus pérdidas por confiscación.

Toda esa crítica situación en Venezuela ha llevado a que buena parte de su población se vaya del país. Esa diáspora ya supera los 7 500 000 migrantes. Venezuela pierde talentos y fuerza de trabajo productivo, agrava el terrible estado de los servicios de salud, educación, seguridad y aumenta el déficit fiscal, la inestabilidad de precios y el tipo de cambio, la inflación y la contracción económica. Además se acelera la imposición de sanciones y de órdenes de captura contra Maduro y sus cómplices, acusados de crímenes de lesa humanidad por organismos multilaterales y su aislamiento internacional. Desde Estados Unidos ofrecen 25 millones de dólares por Maduro y otro tanto por Diosdado Cabello y 10 millones de dólares por Padrino López [2]. Todo eso ha ido mostrando que con Maduro no hay futuro, y él aspira a que lo salve Donald Trump a cambio de petróleo.

El gobierno de Maduro aumenta la militarización ante los anuncios de protestas del 9 y 10 de enero y genera, en la primera quincena de enero, al menos 83 detenciones arbitrarias, como señala Ligia Bolívar[3]; la mayoría de estas detenciones, al no ser reconocida por el Estado o al negar el paradero de las víctimas, constituye desapariciones forzadas, uno de los crímenes contra la humanidad que, junto al crimen de persecución, está siendo empleado por el Estado en aras de disuadir el trabajo de la sociedad civil en el contexto poselectoral, y del golpe de Estado en curso, desde la posición de un gobierno que se sabe perdedor de las elecciones, pero que ha preferido aferrarse acudiendo a la fuerza. 

Agrega además, que Maduro no estuvo en condiciones de cumplir con los postulados mínimos de la Constitución que obliga a juramentarse ante la Asamblea Nacional; ese día no hubo ni quórum de los diputados. Por eso ‘Alerta Venezuela’ llama a los Estados a intensificar el uso de sus canales diplomáticos, así como de los mecanismos disponibles, conforme con el Derecho Internacional, con el fin de proteger a activistas, defensores, periodistas y cualquier persona perseguida por oponerse al gobierno; de apoyar con acciones coordinadas el restablecimiento de la democracia y el estado de derecho y de favorecer soluciones que tengan por norte la garantía de los derechos humanos.

Afectaciones a Colombia

La primera afectada es la frontera que articula asuntos claves colombo-venezolanos, ante todo poblacionales -comunidades indígenas binacionales, habitantes de un país que se han ido a vivir al otro; ambientales -ecosistemas de enorme importancia para ambos lados- también económicos y de seguridad; aumenta las incertidumbres, etc. Sin importarle esas articulaciones, Maduro arbitrariamente ordenó “cerrar la frontera con Colombia” 72 horas, del 10 al 13 de enero.

Los efectos del deterioro de la relación con Venezuela también podrían sentirse en las negociaciones con el ELN que se desarrollan en ese país por su acción allí y también la de otros grupos criminales como el Clan del Golfo, afectando tanto a la población como al renacimiento del comercio binacional, además de aumentar la crisis humanitaria que ha ido forzando a millones de ciudadanos a buscar refugio en Colombia, como país más próximo.

Preocupa que el presidente Petro haya sugerido que las sanciones internacionales son el principal factor que afecta a la democracia en Venezuela, desconociendo las actuaciones del régimen chavista-madurista, o que coopte el grosero mentís del régimen de Maduro sobre la detención de MCM, para calificarla de fake news. En la campaña electoral de 2026, la relación con Venezuela será un tema crucial que no se puede atender repitiendo las narrativas del régimen madurista, ni buscando congraciarse con ese gobierno, sino con una sólida relación entre los dos estados, las autoridades y las poblaciones fronterizas.

Gran rechazo mereció el deplorable llamado de Álvaro Uribe (desde Cúcuta), el 12 de enero 2025, a optar por la vía militar frente al régimen de Maduro, intervención que agravaría los efectos en Colombia. Maduro respondió señalando a Uribe de ser un “triste personaje paramilitar y narcotraficante, asesino y criminal”. Uribe fue apoyado por la candidata presidencial Vicky Dávila, quien en su cuenta X dijo que la única amenaza creíble para Maduro y su régimen es el uso de la fuerza de una coalición de países occidentales, con una labor de inteligencia quirúrgica para convencer a los militares de que se hagan a un lado o incluso apoyen a las fuerzas democráticas, las elegidas en las urnas[4]. Así menosprecia que los efectos de una acción como esa recaen en el pueblo raso que los sufre. En cambio, el presidente Gustavo Petro señaló que eso sería una violación a la autonomía del vecino país y solo llevaría a más violencia.

El canciller Luis Gilberto Murillo ha tratado de clarificar la situación. El 12 de enero de 2025 señaló que, aunque no hubo reconocimiento oficial a la posesión de Maduro debido a la falta de garantías en las elecciones, la asistencia del embajador colombiano Milton Rengifo fue “la decisión más responsable” para garantizar canales diplomáticos y evitar la ruptura de relaciones “que hay que manejar con mucho tacto por las implicaciones que tiene para las comunidades fronterizas[5]”. Además, destacó la importancia de mantener “canales humanitarios” con Venezuela y rechazó la propuesta de intervención militar en el vecino país.

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[1]https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-de-venezuela/ser-vecinos-de-venezuela-hoy-es-realmente-dificil/

[2]https://www.elnacional.com/opinion/el-ultimo-gran-error-de-maduro/

[3]https://alertavenezuela.org/blog/2025/01/14/inicio-el-golpe-de-estado-en-venezuela/14en25

[4]https://www.lasillavacia.com/en-vivo/vicky-davila-sobre-venezuela-solo-queda-el-uso-de-la-fuerza/

[5]https://www.elespectador.com/politica/expresidente-uribe-pidio-una-intervencion-militar-internacional-en-venezuela-para-sacar-a-maduro-noticias-hoy/

Socorro Ramírez

Publicado en revista Sur

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Encrucijada decisiva en Venezuela  

Por Socorro Ramirez
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Análisis de la situación actual de Venezuela y de la posición de Colombia frente a la elección presidencial del 28J y la posterior posesión del presidente para un tercer mandato.

El régimen chavista-madurista que ha oprimido durante tanto tiempo al pueblo venezolano se aferró de nuevo al poder mediante represión, fraude electoral, expulsiones, detenciones y amenazas a la gente para infundir miedo, paralizar a la población, silenciar la protesta social y a la oposición política. 

Ha habido dos momentos claves donde se ha manifestado ese aumento de la represión, como lo veremos en las dos primeras partes de este artículo. En la tercera parte, veremos otros factores cruciales para analizar la situación actual –la pérdida de credibilidad del régimen de Maduro, el impacto positivo opositor, pero también sus debilidades–. Y terminaremos haciendo referencia a la ambigüedad de la posición del gobierno colombiano frente a estas encrucijadas venezolanas.

El 28 de julio de 2024 (28J), fuerte pérdida electoral chavista-madurista

La elección presidencial venezolana del 28J no fue competitiva porque el régimen controla a su favor todas las instituciones estatales nacionales y le puso todas trabas posibles a la oposición. Esos obstáculos empezaron con la escogencia de candidato/a representativo/a de quienes piden cambios en el rumbo del país. María Corina Machado (MCM) fue inhabilitada, pese a que ganó las elecciones primarias de la oposición con más de dos millones de votos; en enero de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó esa inhabilitación por quince años, por presunta participación en delitos contra el Estado, como apoyar sanciones contra Venezuela. Tampoco aceptaron que la académica Corina Yoris se inscribiera como candidata en reemplazo de MCM. Entonces, la Plataforma Unitaria Democrática registró como candidato al exdiplomático Edmundo González Urrutia (EGU).

Aunque ese 28J, EGU ganó las elecciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó a mostrar las actas electorales. La oposición –suponiendo lo que podría suceder– recogió copia de esas actas de mesa el día de las elecciones, las conservó y las mostró a una y otra entidad internacional. El Centro Carter, institución con gran trayectoria en monitoreo electoral, que había sido invitada oficialmente a observar los comicios en Venezuela, acreditó las copias de esas actas. Además, afirmó que como la autoridad electoral venezolana nunca dio a conocer los resultados desglosados por mesa ni publicó las actas electorales, esa elección “no pudo ser considerada democrática” y acusó al régimen de violar “la propia legislación nacional”.

El CNE prefirió darle a Nicolás Maduro la “victoria” y el TSJ le ratificó la reelección para un tercer mandato. Al recolectar más del 80 % de las actas de las mesas electorales, la oposición demostró que ganó EGU, que logró el apoyo popular no solo mayoritario al interior de Venezuela, sino entre la diáspora venezolana, aunque casi no la dejaron votar, con casi siete millones y medio de votos, el 67,7 % del total. Ante la contundente victoria de EGU y esa pérdida de apoyo a Maduro, además del fraude electoral, la respuesta del régimen ha sido la represión y la persecución generalizada, para sostenerse en el poder. De hecho, en julio de 2024, el régimen de Maduro capturó por lo menos 2 200 personas que siguen en la cárcel.

9 y 10 de enero de 2025: aumentó la convulsión en Venezuela

Antes y durante la posesión presidencial del 10 de enero de 2025, tanto el chavismo como la oposición convocaron a sus seguidores a las calles. Al mismo tiempo, hubo nuevos arrestos por razones políticas, que se suman a las personas que habían sido capturadas. De hecho, aumentaron las detenciones, incluidos niños, adolescentes, mujeres, familiares.

Analistas venezolanos muestran que el chavismo ha pasado de una represión selectiva, capturas a dirigentes políticos que consideraba “amenazantes”, a una represión generalizada y en contra de las marchas de la oposición. Así, por ejemplo, el 9 de enero de 2025, en Maracaibo, Valencia y Maracay, los opositores fueron reprimidos, hubo saqueos en las calles y francotiradores en los techos.

Intentaron retener a la líder opositora MCM, quien –luego de 130 días en la clandestinidad, bajo la amenaza de ser capturada tras las imputaciones que le hizo la Fiscalía del régimen de Maduro– reapareció hacia la 1 de la tarde en la manifestación que había convocado el jueves 9 de enero en las calles de Chacao, Caracas. Luego de su discurso, MCM salió; su equipo político informó que fue “violentamente interceptada”, detenida y luego liberada. Por la noche, MCM confirmó en trino que estaba en “un lugar seguro y con más determinación que nunca. Hasta el final”.

Mucho de lo que sigue en Venezuela va a depender no solo del régimen que muestra su desgaste, sino también de la capacidad de articulación y de concretar un cambio por parte de la oposición. Como señaló Rónal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, “Una pregunta básica es cuál es el plan de la oposición. ¿Cuáles son los efectos negativos de que no se cumplan sus expectativas? De hecho, no parecía existir mucha coordinación; cuando EGU anunciaba reiteradamente que estaría en Venezuela para su posesión el 10 de enero. El régimen de Maduro ordenó su captura, ofreciendo 100.000 dólares a quien ayude a su detención. Infortunadamente su anuncio de regreso para proclamarse como el “legítimo presidente de Venezuela, avalado por más de siete millones de votos”, no estuvo acompañado de una gran movilización venezolana ni de la presión internacional.

Lo que pase en Venezuela también va a depender de las fuerzas Armada y Policial, de quienes a su interior quieren una Venezuela libre. Los sectores sociales y de oposición que han salido a las calles a protestar les están pidiendo a esas fuerzas que escuchen el clamor del pueblo, hagan cumplir la Constitución y respetar la soberanía popular que se expresó masivamente el 28J en favor de la oposición y su candidato, EGU. Les insisten en que si el pueblo venezolano y las Fuerzas armadas-policiales actúan juntos, el régimen chavista-madurista no podrá impedir el cambio; pero, si se dividen o son indiferentes ante esa grave situación que vive Venezuela, le ayudan a Maduro a perpetuarse en el poder.

Pérdida de credibilidad del régimen de Maduro, impacto positivo de EGU, debilidad opositora

La pérdida de credibilidad del régimen de Maduro no solo es en su país, sino internacionalmente, dificulta su actuación apoyado solo por los pocos que dan credibilidad a esas elecciones en Venezuela. Mientras tanto, la legitimidad de EGU como ganador de las elecciones crece en América Latina, Europa y Estados Unidos.

Por ejemplo, Donald Trump buscó negociar con el régimen de Maduro por su interés en el petróleo y, aunque había ignorado a EGU, pasó a considerarlo el presidente electo de Venezuela. Claro que, como señala Phil Gunson, analista del International Crisis Group, es riesgoso pronosticar qué decisión tomará el gobierno de Trump.

EGU, pasadas las elecciones, salió de Venezuela, se exilió en España y desde Madrid recibió apoyo del Parlamento Europeo. Luego realizó una gira por Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Panamá, República Dominicana, países que lo reconocen como presidente de Venezuela, como también lo han hecho Perú y Paraguay. El gobierno de izquierda de Gabriel Boric señaló al régimen de Maduro como una dictadura y retiró a su embajador en Caracas a días de la posesión, pero la región no ha actuado en forma coordinada, y menos conjunta, frente a la situación venezolana. Se han ido disolviendo los acercamientos que hubo entre países latinoamericanas para impulsar una transición democrática en Venezuela. Luego de las denuncias de fraude electoral del 28J, cada gobierno optó por su estrategia frente al régimen de Maduro.

Con todo, expresidentes y cancilleres de 12 países –Costa Rica, Paraguay, Colombia, Brasil, Chile, Panamá, Ecuador, Argentina, Guatemala, Perú, México, Uruguay– ante la investidura de Maduro reiteraron apoyo a la democracia y al respeto de los derechos humanos en Venezuela, rechazaron la investidura unilateral y arbitraria de un nuevo período presidencial para Maduro por carecer de legitimidad democrática y de evidencia verificable de integridad electoral. Ante la eventual presencia de EGU en territorio venezolano, exigieron que se resguarde su integridad física y los derechos que le asisten en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, demandaron el respeto de los derechos fundamentales de todos los venezolanos, sin represalias, acorde con los llamados de organizaciones internacionales.

Ambigüedad de la posición colombiana

En el caso del presidente colombiano, aunque hubo presión social para que no reconociera los resultados del fraude electoral del 28J y mantuviera abiertas las relaciones diplomáticas, en lugar de definir y expresar con claridad su posición, su gobierno mantuvo una ambigüedad mientras se aproximaba el 10 de enero. Gustavo Petro calificó las elecciones venezolanas como un “error” y lo achacó al bloqueo. El canciller dijo que prefería que Colombia no asistiera a la posesión de Maduro. El vicecanciller contradijo esa posición y anunció que el embajador de Colombia en Venezuela asistiría. Y, en efecto, el gobierno de Gustavo Petro hizo presencia en la posesión de Maduro a través del embajador Milton Rengifo.

Tras la retención de MCM, la Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que se refirió a las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, incluidas detenciones y acoso a líderes opositores. Así dice: “Colombia, en su calidad de miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, siempre apegada al multilateralismo y al Derecho Internacional, insta a las autoridades venezolanas para que en todo momento y circunstancia brinden plenas garantías para el ejercicio del derecho a la oposición política y la movilización social”. Pero luego, Petro calificó como fake news los reportes sobre esa confusa retención de MCM.

En lo que no ha habido ambigüedad ha sido en el rechazo a la decisión del régimen de Maduro de cerrar los pasos fronterizos formales del lado venezolano del viernes 10 al lunes 13 de enero 2025. Colombia decidió mantenerlos abiertos porque, como se ha demostrado, la frontera no es una raya, cerrar y romper relaciones entre países vecinos como Colombia y Venezuela, que comparten en sus distintos ámbitos fronterizos fuertes articulaciones sociales, poblacionales con comunidades binacionales, ambientales, económicas, etc., afecta a ambos países en todo sentido y por largo plazo.

Socorro Ramírez

Enero, 2025

Publicado en Razón Pública

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Retos y respuestas desastrosas

Por Socorro Ramirez
Escrito por Socorro Ramirez
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Este artículo tiene dos partes. En la primera veremos cómo el ELN aumenta la violencia y rechaza la construcción de paz; en la segunda se destacan las acciones de comunidades afectadas que le exigen cada vez más al ELN que pare la violencia y, al gobierno, que construya paz con los territorios.

ELN: aumenta la violencia y rechaza la construcción de paz

2024, otro año perdido en el propósito que el llamado Ejército de Liberación Nacional (ELN) acabe su levantamiento armado. El cese al fuego de seis meses, prorrogado hasta completar un año, expiró empezando agosto. La delegación del gobierno anunció el 10 de agosto que habían recibido la instrucción del presidente Petro de hacer una propuesta para descongelar la mesa de conversación y reactivar el cese al fuego. Sin embargo, no lograron reconstruir el diálogo, ni poner en marcha lo acordado en mayo en Caracas, ni de realizar el primer punto de la agenda de negociación: la participación de la sociedad civil.

El ELN no aceptó destrabar las conversaciones ni extender el cese al fuego. En cambio, aumentó su violencia y el control de territorios ‒con secuestros, desplazamientos de poblaciones, uso de menores de edad, asesinatos, retenes en vías, restricción de derechos ciudadanos, economías ilícitas, negocios criminales…[1]‒. Genera miedo para tratar de obligar al silencio. El ELN dijo que consideraría la extensión de la tregua si el Gobierno lo retiraba del listado de Grupos Armados Organizados (GAO), mediante un decreto que publicara antes del 23 de agosto[2]. Y, a cambio, ofreció que, en señal de buena voluntad, no atacaría a la fuerza pública, salvo para defenderse. Pero lo que el ELN ha buscado es el reconocimiento de beligerancia para quedar facultado, entre otras cosas, a actuar como “estado dentro de otro Estado”.

Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz, mostró que el retiro de los GAO lo ha pedido el ELN siempre y se les ha negado. Además pidió que, antes de reactivar los diálogos, el ELN debe comprometerse ‒ante el pueblo colombiano, la Iglesia, los garantes, la comunidad internacional‒, a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

De nuevo, del 19 al 25 de noviembre, las partes se reunieron y acordaron realizar a comienzos de 2025 una evaluación del desarrollo de los acuerdos, introducir correctivos, evitar acciones que debiliten el proceso de negociación, evaluar y definir la continuidad del cese al fuego, y empezar a desarrollar la agenda de negociación. En medio de esa reunión, el 24 de noviembre, el ELN realizó el atentado con explosivos contra la base militar de Puerto Jordán en Arauca. Ya había planteado como situación problemática la relacionada con Comuneros del Sur, que el 7 de mayo 2024 se separó del ELN y emprendió una negociación con el gobierno nacional, por lo cual el ELN solicitó un veto o desautorización de Otty Patiño ‒consejero y comisionado presidencial‒ que negocia con Comuneros la entrega de armas y su transición a la vida civil. Pero, como bien dice Iván Cepeda, en las negociaciones ninguna delegación puede vetar a miembros de su contraparte, y hay que cumplir el acuerdo de reunirse a principios de 2025 y llevar los diálogos de paz a territorios como Arauca, Chocó, sur de Bolívar y Catatumbo [3].

Al profundizar su violencia, el ELN aumentó la desconfianza y la presión nacional e internacional para que concrete el fin de su accionar armado. Tanto la Iglesia Católica, las organizaciones sociales en Colombia, como las Naciones Unidas y los países garantes insistieron en la necesidad de concretar el acuerdo de paz [4].

La población muestra graves afectaciones y exige verdaderas soluciones

Los territorios con mayores problemas y marginamiento han visto, en 2024, agravar su situación con la actuación del ELN. Por ejemplo en Chocó, el frente de guerra occidental, hizo un paro armado desde agosto. El Foro Interétnico Solidaridad Chocó le exigió al ELN que se comprometa con el cese al fuego, un acuerdo humanitario y la terminación de su levantamiento armado, pues como ha mostrado el Comité Internacional de la Cruz Roja, ese departamento es el más afectado en Colombia [5]. La población le pidió al Estado que no solo reaccione ante situaciones como ésta, sino que genere soluciones estructurales que contribuyan a terminar la violencia.

En el Cauca también la situación es dramática por los enfrentamientos en el cañón del Micay del ELN y la Segunda Marquetalia, o con el Ejército Nacional [6]. El otro eje clave de acción del ELN es la frontera con el mayor vecino de Colombia ‒en departamentos como Arauca y Norte de Santander‒ aprovechando que el régimen de Maduro facilita que se refugien en estados venezolanos como Apure, Amazonas, Barinas, Bolívar, Táchira, Zulia [7].

Por toda la violencia ejercida por el ELN en distintas regiones, amplios sectores de la sociedad y activistas sociales ‒indígenas, campesinos, profesores, excombatientes‒ le exigen a esa guerrilla respetar la vida de las personas y de las comunidades, acabar con todas sus acciones violentas contra la población e incluso de destrucción de la infraestructura. Para avanzar en la negociación hacia la paz, también le exigen no intensificar la violencia, valorar lo ya pactado ‒como acuerdos parciales o avances en las mesas sobre temas cruciales, así como el apoyo de los puentes tendidos para el acercamiento, con la activa participación de la Iglesia, de países garantes, de organismos como Human Rights Watch, el Carter Center, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos‒. Todo eso ayuda a posibilitar y desarrollar la negociación para terminar ese conflicto armado.

El líder del ELN, ‘Pablo Beltrán’, ha dicho que las extorsiones y los secuestros ‒a los que se refiere como “impuestos” y “retenciones”‒ son “operaciones de finanzas” que no hacían parte de lo pactado, y que no abandonarán las armas hasta que logren transformaciones profundas que permitan una paz estable. Sin embargo, no asume que esos cambios sustanciales requieren que la guerrilla acabe esa acción armada que agrava la situación, en especial de comunidades marginadas. Además, la estructura descentralizada del ELN y la autonomía operativa de sus frentes de guerra restringen la capacidad del Comando Central (COCE) para articular la acción de sus miembros; éstos actúan según sus propias prioridades e intereses, en especial económicos y de control territorial.

Aunque el ELN ha asumido algunos compromisos en la mesa de negociación, sus frentes mantienen acciones de extorsión, secuestro, desplazamiento y buscan control sobre zonas estratégicas y sus fuentes de financiación. Por eso las comunidades afectadas están reaccionando y han mostrado cómo la concentración en disputas territoriales entre actores ilegales impide la negociación de la paz. De hecho, en los últimos años las infracciones al DIH aumentaron en al menos 65 municipios, principalmente en aquellos afectados por la disputa territorial entre el ELN y otros grupos armados [8].

Como han mostrado líderes sociales y estudiosos del tema, esa guerrilla no asume el cese al fuego como herramienta real de desescalamiento de hostilidades, sino como medio para fortalecer sus estructuras y estrategias, en especial territoriales. Sus frentes más belicistas se resisten a desmovilizarse, convirtiéndose en fuertes obstáculos para construir la paz. Así, para que la reanudación de la mesa de diálogos sea exitosa, es clave que ambas partes hagan esfuerzos preparatorios específicos, constantes y consistentes; que el gobierno aborde las realidades territoriales que agudizan el conflicto y adopte medidas que estimulen la acción nacional y local para superar la problemática; que genere una política de seguridad fundamentada en la defensa de los derechos humanos, el fomento de la paz y el fortalecimiento de la democracia; que el ELN asuma que luego de 60 años de lucha armada y 30 años de intentos fallidos de negociación, le debe poner fin a su levantamiento armado, aprovechando que sus mandos actuales están llegando a una edad de retiro. Para eso les es fundamental evitar que sus frentes territoriales se consagren a las economías ilegales causando daños dramáticos, en especial a poblaciones indígenas, afros, campesinas; impedir que sigan abusando de las mujeres, convirtiéndolas en víctimas de violencia sexual y parar los desplazamientos y confinamientos a las comunidades, el reclutamiento y abuso de niños/as y la destrucción de la naturaleza, etc.

_________________

[1] https://www.sur.org.co/dos-anos-de-compromiso-con-la-paz-y-la-persistencia-del-conflicto/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=dos-anos-de-compromiso-con-la-paz-y-la-persistencia-del-conflicto

[2] https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/ramiro-bejarano-guzman/ojo-al-eln/ 11ag24

[3] ELN también solicitó un veto o desautorización a Otty Patiño -consejero y comisionado presidencial.

[4] https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/propuesta-confidencial-de-gobierno-petro-a-guerrilla-del-eln-para-descongelar-mesa-de-paz/

[5] https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/asi-se-vive-la-crisis-por-paro-de-eln-en-choco-comunidades-piden-solucion-a-petro/

[6] https://www.infobae.com/colombia/2024/08/07/tras-el-fin-del-cese-al-fuego-ya-se-registro-el-primer-combate-entre-el-ejercito-y-el-eln-este-es-el-balance/

[7] https://www.elnuevosiglo.com.co/politica/eln-ha-consolidado-su-presencia-en-ocho-estados-de-venezuela-

[8] https://razonpublica.com/la-paz-total-las-negociaciones-eln-proceso-multiples-desafios/

Socorro Ramírez

Artículo publicado en la revista SUR

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Rechazo al ingreso de Venezuela a los BRICS

Por Socorro Ramirez
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Ante todo, conviene empezar revisando el proceso de conformación de la agrupación que encierra el tema que nos ocupa; luego, mostrando el aumento de la exigencia a Maduro para demostrar el triunfo electoral que se autoadjudica; después, haciendo ver cómo ese rechazo se tradujo, tanto en la negativa al ingreso de Venezuela a los BRICS, como en el fracaso de Maduro y de su estrategia de romper con su aislamiento.

El proceso de conformación de los BRICS

En 2001, el economista Jim O’Neill acuñó el nombre BRIC para agrupar a cuatro países -Brasil, Rusia, India y China- que consideraba eran los mercados emergentes más significativos [1]. El 20 de septiembre de 2006, los ministros de relaciones exteriores de los BRIC se reunieron en Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. El ministro ruso dijo que saludaba el interés de esos cuatro países en institucionalizar su colaboración, y se reunieron cuatro veces. 

En 2008, los gobiernos de esos cuatro países tomaron la decisión de formar con ese nombre, un grupo tanto para coordinar sus posiciones y políticas, como para generar una especie de polo de poder global que fuera autónomo frente a Estados Unidos, Europa y Japón. En la sesión realizada en Yekaterinburgo (Rusia) el 16 de mayo de 2008, elaboraron enfoques comunes sobre asuntos claves de la agenda internacional; luego -aprovechando la cumbre del G8 en Japón- volvieron a reunirse el 9 de julio de 2008; el 7 de noviembre de 2008, en Londres, aprobaron declaraciones sobre problemas económicos mundiales; después, en diciembre de 2010, los cuatro BRIC acordaron incorporar a Sudáfrica.

Empezaron a llamarse BRICS para recoger las iniciales de los cinco países con economías emergentes, que en la primera década de los años 2000 presentaban un gran potencial de desarrollo de dimensiones estratégicas. Cada uno de ellos cuenta con gran población, territorio, recursos naturales abundantes, economías ascendentes, clase media en expansión. Su crecimiento es superior a la media global de su producto interno bruto (PIB) y de su participación en el comercio internacional. 

Los ministros de Hacienda se reunieron el 13 de marzo de 2009 en São Paulo. Los BRICS han ido celebrando sucesivas cumbres anuales: el 16 de junio de 2009, en Yekaterimburgo (Rusia), el 15 de abril de 2010 en Brasilia (Brasil), el 14 de abril de 2011, en Sanya (China), el 29 de marzo de 2012, en Nueva Delhi (India), -el 26 de marzo de 2013, en Durban (Sudáfrica), el 14 y 16 de julio de 2014, en Fortaleza (Brasil). La XI cumbre del grupo se realizó en Brasil el 13 y 14 de noviembre de 2019. La XII -que debía haberse realizado en Rusia del 21 al 23 de julio de 2020-, fue aplazada por la pandemia y se hizo en forma virtual el 17 de noviembre de 2020. La XIII cumbre se realizó en la India, el 9 de septiembre de 2021, y la XIV, en Pekín el 23 y 24 de junio de 2022, en formato virtual. La XV cumbre, se realizó en Johannesburgo el 22 y 23 de agosto de 2023.

Con su ampliación, ese grupo se fue constituyendo tanto en un foro internacional de países emergentes, como en un espacio político y comercial, lo que lo podría convertir en potencial heredero del poderío económico de los miembros del llamado Grupo de los 7 (G7), integrado por Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y la Unión Europea. 

Los BRICS quieren suscitar una reforma tanto en el Fondo Monetario Internacional para que adquiera mayor peso y un funcionamiento más rápido, como en el Banco Mundial, para que -en lugar de mediar entre el Norte y el Sur- promueva relaciones de igualdad entre países. También los BRICS fueron vistos por algunos gobiernos como el paradigma de la cooperación Sur-Sur, aunque esa interpretación fue puesta en cuestión por analistas que mostraban las contradicciones entre los intereses de China con su competencia por el sur, y las aspiraciones similares de los demás miembros. Esas tensiones, entre otros factores, ayudaron a que los BRICS fueran perdiendo proyección económica [2].

No obstante tensiones y debilitamientos, en 2023 el presidente sudafricano anunció que se incorporarían nuevos miembros a los BRICS. Así lo hicieron, a comienzos de 2024, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán. Y aunque la Cumbre de 2023, aprobara las solicitudes de incorporación de Arabia Saudita y Argentina, esos dos países no ingresaron. El primero no concluyó los procedimientos para lograrlo y retiró la solicitud de ingreso. Y Argentina -cuya inclusión fue impulsada por la India, apoyada por los otros cuatro países BRICS y se fundamentaba en su enorme territorio, recursos naturales y economía- el 24 de agosto de 2023 se anunció que estaba invitada, pero el 29 de diciembre, al comienzo de la gestión presidencial de Javier Milei, Argentina renunció a los BRICS. 

Ante la negativa de algunos miembros a proseguir con la ampliación, los BRICS optaron en la XVI Cumbre -realizada en octubre 2024 en Kazán (Rusia)- por crear la categoría de país asociado. El siguiente paso serán consultas lideradas por Rusia con los 13 nuevos asociados acordados por consenso -Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam- antes de culminar con su entrada oficial.

Así, los primeros países que conformaron esta agrupación, con su enorme potencial, pueden ser las economías dominantes hacia 2050, dijo Jim O’Neill, economista en Goldman Sachs en Building Better Global Economic BRICS -construyendo mejores ladrillos económicos globales- trabando palabras entre el acrónimo de los cuatro miembros que conformaron los BRIC -Brasil, Rusia, India y China- y la palabra en inglés brick, o sea ladrillo. Esos países además de muy poblados, cuentan con una clase media y economías en expansión y un crecimiento superior al promedio global [3]; no tratan de mostrar los BRICS un intento de conformar una unión política de negociación y menos supranacional, aunque sí han tomado medidas para aumentar sobre todo su cooperación política.

Que Maduro demuestre el triunfo electoral que se autoadjudica

Ante el intento de Maduro de que los BRICS aceptaran a Venezuela, su situación y estrategia fue ampliándole el aislamiento. En las elecciones del 28 de julio 2024, el Consejo Nacional Electoral -controlado por Maduro- lo declaró ganador, pese a que las actas recopiladas en las mesas de votación, por parte de la oposición, muestran el triunfo contundente de Edmundo González Urrutia con más del 67 % de votos y a Maduro tan solo con 31 %. Así lo demostraron el Panel de Expertos de las Naciones Unidas y el Centro Carter que presentó la mayor parte de esas actas. Aunque el Tribunal Superior de Justicia que controla el régimen chavista-madurista ha tratado de consolidar ese fraude, eso solo ha aumentado el rechazo regional e internacional. Por ejemplo, el presidente Gabriel Boric, declaró que Chile no reconoce ese falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía. Esa autoadjudicación del triunfo, cuando las actas demuestran lo contrario, ha incrementado el aislamiento del régimen venezolano. También, la exigencia a Maduro de presentar las actas electorales se ha ido multiplicando.

A pesar de que ya no funciona la acción conjunta de tres países claves de la región latinoamericana y caribeña, frente a la actuación fraudulenta del régimen de Maduro, la presión en su contra continúa. México desde la última elección -con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y luego con la nueva presidenta Claudia Sheinbaum- no ha seguido en el intento conjunto con Brasil y Colombia, de buscar respuesta del gobierno venezolano para demostrar lo que realmente aconteció en la última elección presidencial en Venezuela. Como se disolvió esa coordinación entre los tres países, los gobiernos de Brasil y Colombia hicieron algunas acciones conjuntas: no reconocen la supuesta victoria de Maduro, y han reiterado la exigencia al chavismo-madurismo, que entregue las actas de esa elección presidencial.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, ha pedido al gobierno de Maduro en forma reiterada, que divulgue las actas electorales para demostrar que sí triunfó sobre el opositor Edmundo González Urrutia. Y ante la negativa de Maduro de entregarlas, el presidente Lula le exigió a Maduro respetar la voluntad popular expresada en las urnas y no permitió el ingreso de Venezuela a los BRICS. Maduro reaccionó fuertemente señalando esa decisión de “agresión inexplicable e inmoral” y rechazando el llamado de la comunidad internacional. Gustavo Petro, presidente de Colombia mantiene hasta ahora la solicitud de que Maduro muestre las actas.

Negativa al ingreso de Venezuela a los BRICS y fracaso de Maduro

Maduro estaba muy interesado en unir a Venezuela a esa agrupación internacional. De hecho dijo que “está en el camino de los BRICS porque está en el camino del equilibrio del mundo desde tiempos de Bolívar y porque queremos construir un mundo pluripolar, multicéntrico y practicamos los principios de los BRICS por convicción”. Y en Rusia, sostuvo que los BRICS “son la esperanza para los países del Sur, que aspiramos al desarrollo y que llevamos la bandera de la igualdad y la libertad” [4].

Esa vinculación podría servirle al régimen de Maduro, que ante su aislamiento internacional, tiene un gran interés en poder ingresar a los BRICS, entre otras cosas, para enfrentar las sanciones occidentales, que le impiden vender su petróleo. Sin embargo, no se pudo vincular. El gobierno de Brasil estimuló la no inclusión de Venezuela en la lista de países que aspiraban a ser miembros asociados a los BRICS.

Maduro buscaba el respaldo de los BRICS haciendo maniobras que generaron una nueva pérdida de legitimidad y la agudización de su marginamiento. En lugar de escuchar los llamados internacionales, incluso de gobiernos progresistas de América Latina, intentó aprovechar la reunión de los BRICS para enfrentar su aislamiento diplomático, buscar legitimidad en ese escenario, y tratando de mostrar en Kazán que tiene apoyos internacionales, se acercó a Rusia y China. Vladimir Putin lo recibió y facilitó su ingreso a la reunión, pero optó por la distancia con Maduro. China priorizó la cohesión de ese bloque económico por sobre la incorporación de Venezuela. Ambos, Rusia y China, quieren continuar una relación pragmática con la Venezuela de Maduro, sin asumir el costo político de incluirla en los BRICS.

Al fracasar en su intento de ser parte de esta reciente cumbre de los BRICS, Maduro mostró que su soledad y aislamiento no son momentáneos, sino de largo plazo. Su no disposición a una apertura en favor de una negociación para una real transición democrática en Venezuela se ha ratificado cada vez más con su intensificación de la represión contra opositores, incluidos niños y adolescentes, periodistas y dirigentes. Su búsqueda desaforada de legitimidad internacional hizo inalcanzable hasta su intento de ingresar a los BRICS. Como señaló Celso Amorim, asesor especial en Asuntos Exteriores de Brasil, esa exclusión de los BRICS demostró la no confianza en el régimen venezolano.

Maduro respondió comparando a Lula con Bolsonaro, diciendo “El pueblo venezolano siente indignación y vergüenza por esta agresión inexplicable e inmoral de la cancillería brasileña, que mantiene lo peor de las políticas de Jair Bolsonaro contra la Revolución Bolivariana” [5]. Esa respuesta, además de aumentar el distanciamiento, afectó las relaciones entre Venezuela y Brasil, ya deterioradas por lo sucedido con las elecciones presidenciales venezolanas y la negativa del régimen de Maduro de mostrar las actas electorales.

La cancillería del régimen de Maduro lanzó una ofensiva contra voceros del gobierno de Brasil por impedir que Venezuela fuera invitada a ser miembro asociado de los BRICS; convocó el 30 de octubre 2024, al encargado de negocios de Brasil para expresar su rechazo a las declaraciones de Celso Amorim, a quien acusó de comportarse “más como un mensajero del imperialismo norteamericano”. Y llamó a consulta a Manuel Vadell, embajador venezolano en Brasilia. A su vez, Jorge Rodríguez, de la Asamblea Nacional venezolana, aseguró que Amorim visitó Venezuela antes de las elecciones, como enviado de Jake Sullivan, asesor de seguridad de la presidencia estadounidense y no como representante brasileño.

Amorim explicó que Brasil estuvo de acuerdo con la incorporación a los BRICS, de Cuba y no de Venezuela por el malestar existente con el régimen de Maduro, y calificó la reacción del Gobierno chavista como “totalmente desproporcionada”. Explicó también que los miembros de los BRICS no votaron la semana pasada en la cumbre de Kazan, sobre los países aspirantes a asociarse al bloque, sino que se decidió por consenso. 

Por eso, el veto de Brasilia dejó fuera a Venezuela, pese al apoyo explícito de Rusia. “Brasil no quiere una expansión indefinida [de los BRICS], Brasil piensa que tienen que ser países con influencia y que puedan ayudar a representar la región. Y, en nuestra opinión, la Venezuela actual no cumple con estas condiciones”[6].

Esa negativa al ingreso de la Venezuela chavista-madurista, mostró cómo la situación y la estrategia de Maduro, lo conducen a su aislamiento internacional.

______________

[1] Ministerio de España, de Asuntos Exteriores y de Cooperación, “Países BRICS: una nueva relación internacional”, 1 de octubre de 2016.

[2] Mouron Fernando, Urdinez Francisco, Schenoni Luis (2016). Sin espacio para todos: China y la competencia por el Sur Revista CIDOB d’Afers Internacionals 114. ISSN1133-6595. Trajan Shipley 12 de enero de 2020, ¿Qué ha sido de los BRICS? El Orden Mundial.

[3] Suárez Vélez, Jorge (2012). Ahora o Nunca. La gran oportunidad de México para crecer.. Debate. p.173. ISBN 978-607-311-344-1.

[4] https://www.instagram.com/ecosdeltorbes/p/DBelnvMy46Z/

[5] htpps://cambiocolombia.com/poder/lula-aumenta-la-distancia-con-maduro-que-puede-hacer-petro

[6] https://elpais.com/america/2024-10-30/el-chavismo-carga-contra-brasil-o-nos-respeta-o-haremos-que-nos-respete.html

Socorro Ramírez

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Urge negociar una transición en Venezuela  

Por Socorro Ramirez
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Los problemas en el país vecino se han visto agravados por las recientes elecciones presidenciales. Resulta clave la gestión internacional a favor de una negociación y una transición democrática entre el gobierno y la oposición venezolana.

Obstáculos electorales

Aunque con el Acuerdo de Barbados, negociado en octubre 2023 entre la oposición y el gobierno venezolano, y con el alivio de sanciones de Estados Unidos a cambio de que el régimen chavista-madurista aceptara las elecciones, hubo esperanzas de abrir una nueva etapa hacia la democratización; Nicolás Maduro incumplió dichos acuerdos y, con su control sobre los poderes e instituciones públicas, obstaculizó el proceso electoral.

Aparte de las cuestionables condiciones preelectorales que no fueron libres ni justas, las elecciones del domingo 28 de julio de 2024 estuvieron muy por debajo de los estándares internacionales de integridad electoral en sus diversas etapas, violaron numerosas disposiciones de sus leyes nacionales y de los derechos políticos básicos de las personas venezolanas a la hora de elegir un gobierno. 

En la misma jornada electoral, ante la evidencia de que la oposición aparecía en las encuestas con más del 70 % de preferencias y con el temor de que la votación confirmara esa avalancha electoral, el régimen oficialista impidió la participación de millones de votantes dentro y fuera del país.  Más de ocho millones de venezolanos han emigrado desde 2014. 

Maduro y su régimen no permitieron que los migrantes y refugiados se registraran en el extranjero para votar, pusieron requisitos que no existen en la legislación venezolana y que les resultaba imposible cumplir por las condiciones impuestas a la emigración. 

Además, el régimen no permitió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizara las primarias opositoras para escoger candidatura, y a María Corina Machado (MCM), que resultó escogida, la inhabilitaron, impidiendo la inscripción de una candidata de reemplazo. Asimismo, señalaron la coalición opositora como “derecha fascista”. Por otro lado, al candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia, Maduro lo catalogó como “viejo decrépito del capitalismo salvaje”. 

Así mismo, Maduro abusó de ventajismo, represión e irregularidades, puso a su favor vehículos oficiales, recursos públicos e instituciones estatales; aumentó el número de los presos políticos con la detención de activistas de la campaña electoral opositora y generó frecuentes cambios en los centros de votación para su propio control. 

El 28 de julio a medianoche, después de interrumpir la transmisión de la votación, el CNE proclamó a Maduro triunfador y hasta el 11 de agosto, se ha negado a publicar las actas de las mesas electorales. El gobierno atribuyó los retrasos a un ataque “terrorista” que obstaculizó la transmisión y el fiscal general alegó que el sistema electoral sufrió un ataque informático. Maduro afirmó que Elon Musk fue el autor intelectual del ataque. La auditoría de las redes de telecomunicaciones programada por el CNE para el 29 julio, que habría sido esencial para investigar cualquier ataque cibernético, fue cancelada sin explicación.

Maduro también limitó la observación internacional en la elección presidencial, retiró la invitación a la Unión Europea, al expresidente argentino Alberto Fernández y a varios líderes de distintos países. Limitó el papel de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Centro Carter. A este último, el canciller Yván Gil, lo acusó de apoyar un “golpe de Estado”, cuando el Centro Carter manifestó que sus datos indican que el ganador fue el opositor, Edmundo González.

Después de las elecciones, Maduro intenta culpar a líderes opositores del supuesto hackeo contra el sistema electoral y los amenaza con detenerlos. El 29 de julio, el régimen de Maduro expulsó de Venezuela, por lo que llamó “acciones y declaraciones injerencistas”, a los representantes de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que, entre otras cosas, habían pedido que el gobierno entregara las actas electorales para una completa revisión de los resultados, y solicitaron una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sumado a todo lo anterior, Maduro ordenó el regreso a Caracas de los representantes de Venezuela en esos países. 

Internacionalmente se apoya un acuerdo venezolano para la transición democrática

En marzo 2024, cuando no se permitió registrar a la candidata alternativa Corina Yoris, los presidentes Lula de Brasil y Petro de Colombia criticaron al gobierno de Maduro; ambos resolvieron no enviar observadores, por todos los problemas generados por el régimen oficialista en la campaña electoral. 

Luego, los presidentes de Colombia, Brasil y México han mantenido estrecha interlocución y acción frente a la situación venezolana. En comunicado del 8 agosto del presente año, afirmaron que es fundamental que el CNE presente los resultados de las elecciones presidenciales desglosados por mesa de votación.

Por su parte, el 8 de agosto, María Corina ofreció a todos los expertos de cualquier país del mundo, pero muy especialmente a Colombia, Brasil y México, todas las actas y bases de datos en su poder sobre las elecciones del 28 de julio. Urge que el régimen imperante entregue las actas electorales para generar una interlocución entre gobierno y oposición; lo anterior sería posible con las copias que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que apoyó a González, ha recopilado y puesto a disposición a través de una página web. 

Pero, hasta el momento, Maduro sigue aferrado a su posición, como lo mostró el 9 de agosto 2024 cuando compareció ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al que pidió certificar su reelección, y aunque dijo estar dispuesto a convocar un diálogo entre los 38 partidos venezolanos, le exigió a MCM entregarse a la justicia. 

Los presidentes de Colombia, Brasil y México mantienen cierta comunicación con el régimen venezolano y han tratado tanto de estimular y apoyar el diálogo, como de buscar acuerdos entre gobierno y oposición hacia una transición democrática en Venezuela. Incluso, diversos analistas y sectores les han propuesto que ofrezcan a Maduro garantías e incentivos para que asuma que aferrarse al poder le puede resultar muy costoso, más aún, con la pérdida de apoyo popular en las masivas manifestaciones sociales poselectorales en distintos sitios de Venezuela.

Ese aumento de impopularidad de Maduro se incrementa con la represión, como lo denuncian varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Por ejemplo, Provea registró al menos 24 muertes en las protestas y el Foro Penal contabilizó 1 263 arrestados entre el 29 julio y el 9 de agosto 2024. 

La posibilidad de que los gobiernos de Brasil, Colombia y México puedan proveer una mediación eficaz y pacífica depende, en alguna medida, de que mantengan y amplíen esa gestión, involucrando dichos esfuerzos a gobiernos como el de Chile y otros. 

El presidente de Estados Unidos dio un apoyo explícito a la labor de estos tres presidentes en el conflicto en Venezuela, aunque Maduro ha mostrado que pretende aprovechar que el gobierno de Joe Biden necesita seguridad energética, y presume que requiere cambiar petróleo por levantamiento de sanciones. El 10 de agosto 2024, se dijo que hubo conversación virtual de los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela, aunque sin poder concretar aún posibles salidas.

La Unión Europea también puede ampliar la acción internacional. De hecho, insistió en que la campaña presidencial entre el gobierno y la oposición se mantuvieran en el proceso electoral. Urge ayudar a generar una etapa de diálogo, sobre todo ahora que se aproximan las elecciones regionales y locales y el arranque del nuevo periodo presidencial en enero 2025, para comprometer al gobierno y a la oposición a que actúen con moderación para que el perdedor no tema represalias y, en cambio, fluya la construcción de un acuerdo entre todos los actores políticos hacia una transición democrática en Venezuela.

Socorro Ramírez

Publicado en Razón Pública

Agosto 18, 2024 

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Urge negociar una transición en Venezuela  

Por Socorro Ramirez
Escrito por Socorro Ramirez
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Los problemas en el país vecino se han visto agravados por las recientes elecciones presidenciales. Resulta clave la gestión internacional a favor de una negociación y una transición democrática entre el gobierno y la oposición venezolana.

Obstáculos electorales

Aunque con el Acuerdo de Barbados, negociado en octubre 2023 entre la oposición y el gobierno venezolano, y con el alivio de sanciones de Estados Unidos a cambio de que el régimen chavista-madurista aceptara las elecciones, hubo esperanzas de abrir una nueva etapa hacia la democratización; Nicolás Maduro incumplió dichos acuerdos y, con su control sobre los poderes e instituciones públicas, obstaculizó el proceso electoral.

Aparte de las cuestionables condiciones preelectorales que no fueron libres ni justas, las elecciones del domingo 28 de julio de 2024 estuvieron muy por debajo de los estándares internacionales de integridad electoral en sus diversas etapas, violaron numerosas disposiciones de sus leyes nacionales y de los derechos políticos básicos de las personas venezolanas a la hora de elegir un gobierno. 

En la misma jornada electoral, ante la evidencia de que la oposición aparecía en las encuestas con más del 70 % de preferencias y con el temor de que la votación confirmara esa avalancha electoral, el régimen oficialista impidió la participación de millones de votantes dentro y fuera del país.  Más de ocho millones de venezolanos han emigrado desde 2014. 

Maduro y su régimen no permitieron que los migrantes y refugiados se registraran en el extranjero para votar, pusieron requisitos que no existen en la legislación venezolana y que les resultaba imposible cumplir por las condiciones impuestas a la emigración. 

Además, el régimen no permitió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) organizara las primarias opositoras para escoger candidatura, y a María Corina Machado (MCM), que resultó escogida, la inhabilitaron, impidiendo la inscripción de una candidata de reemplazo. Asimismo, señalaron la coalición opositora como “derecha fascista”. Por otro lado, al candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia, Maduro lo catalogó como “viejo decrépito del capitalismo salvaje”. 

Así mismo, Maduro abusó de ventajismo, represión e irregularidades, puso a su favor vehículos oficiales, recursos públicos e instituciones estatales; aumentó el número de los presos políticos con la detención de activistas de la campaña electoral opositora y generó frecuentes cambios en los centros de votación para su propio control. 

El 28 de julio a medianoche, después de interrumpir la transmisión de la votación, el CNE proclamó a Maduro triunfador y hasta el 11 de agosto, se ha negado a publicar las actas de las mesas electorales. El gobierno atribuyó los retrasos a un ataque “terrorista” que obstaculizó la transmisión y el fiscal general alegó que el sistema electoral sufrió un ataque informático. Maduro afirmó que Elon Musk fue el autor intelectual del ataque. La auditoría de las redes de telecomunicaciones programada por el CNE para el 29 julio, que habría sido esencial para investigar cualquier ataque cibernético, fue cancelada sin explicación.

Maduro también limitó la observación internacional en la elección presidencial, retiró la invitación a la Unión Europea, al expresidente argentino Alberto Fernández y a varios líderes de distintos países. Limitó el papel de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el Centro Carter. A este último, el canciller Yván Gil, lo acusó de apoyar un “golpe de Estado”, cuando el Centro Carter manifestó que sus datos indican que el ganador fue el opositor, Edmundo González.

Después de las elecciones, Maduro intenta culpar a líderes opositores del supuesto hackeo contra el sistema electoral y los amenaza con detenerlos. El 29 de julio, el régimen de Maduro expulsó de Venezuela, por lo que llamó “acciones y declaraciones injerencistas”, a los representantes de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, que, entre otras cosas, habían pedido que el gobierno entregara las actas electorales para una completa revisión de los resultados, y solicitaron una reunión urgente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sumado a todo lo anterior, Maduro ordenó el regreso a Caracas de los representantes de Venezuela en esos países. 

Internacionalmente se apoya un acuerdo venezolano para la transición democrática

En marzo 2024, cuando no se permitió registrar a la candidata alternativa Corina Yoris, los presidentes Lula de Brasil y Petro de Colombia criticaron al gobierno de Maduro; ambos resolvieron no enviar observadores, por todos los problemas generados por el régimen oficialista en la campaña electoral. 

Luego, los presidentes de Colombia, Brasil y México han mantenido estrecha interlocución y acción frente a la situación venezolana. En comunicado del 8 agosto del presente año, afirmaron que es fundamental que el CNE presente los resultados de las elecciones presidenciales desglosados por mesa de votación.

Por su parte, el 8 de agosto, María Corina ofreció a todos los expertos de cualquier país del mundo, pero muy especialmente a Colombia, Brasil y México, todas las actas y bases de datos en su poder sobre las elecciones del 28 de julio. Urge que el régimen imperante entregue las actas electorales para generar una interlocución entre gobierno y oposición; lo anterior sería posible con las copias que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) que apoyó a González, ha recopilado y puesto a disposición a través de una página web. 

Pero, hasta el momento, Maduro sigue aferrado a su posición, como lo mostró el 9 de agosto 2024 cuando compareció ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al que pidió certificar su reelección, y aunque dijo estar dispuesto a convocar un diálogo entre los 38 partidos venezolanos, le exigió a MCM entregarse a la justicia. 

Los presidentes de Colombia, Brasil y México mantienen cierta comunicación con el régimen venezolano y han tratado tanto de estimular y apoyar el diálogo, como de buscar acuerdos entre gobierno y oposición hacia una transición democrática en Venezuela. Incluso, diversos analistas y sectores les han propuesto que ofrezcan a Maduro garantías e incentivos para que asuma que aferrarse al poder le puede resultar muy costoso, más aún, con la pérdida de apoyo popular en las masivas manifestaciones sociales poselectorales en distintos sitios de Venezuela.

Ese aumento de impopularidad de Maduro se incrementa con la represión, como lo denuncian varias Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Por ejemplo, Provea registró al menos 24 muertes en las protestas y el Foro Penal contabilizó 1 263 arrestados entre el 29 julio y el 9 de agosto 2024. 

La posibilidad de que los gobiernos de Brasil, Colombia y México puedan proveer una mediación eficaz y pacífica depende, en alguna medida, de que mantengan y amplíen esa gestión, involucrando dichos esfuerzos a gobiernos como el de Chile y otros. 

El presidente de Estados Unidos dio un apoyo explícito a la labor de estos tres presidentes en el conflicto en Venezuela, aunque Maduro ha mostrado que pretende aprovechar que el gobierno de Joe Biden necesita seguridad energética, y presume que requiere cambiar petróleo por levantamiento de sanciones. El 10 de agosto 2024, se dijo que hubo conversación virtual de los gobiernos de Estados Unidos y de Venezuela, aunque sin poder concretar aún posibles salidas.

La Unión Europea también puede ampliar la acción internacional. De hecho, insistió en que la campaña presidencial entre el gobierno y la oposición se mantuvieran en el proceso electoral. Urge ayudar a generar una etapa de diálogo, sobre todo ahora que se aproximan las elecciones regionales y locales y el arranque del nuevo periodo presidencial en enero 2025, para comprometer al gobierno y a la oposición a que actúen con moderación para que el perdedor no tema represalias y, en cambio, fluya la construcción de un acuerdo entre todos los actores políticos hacia una transición democrática en Venezuela.

Socorro Ramírez

Publicado en Razón Pública

Agosto 18, 2024 

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Retos para Venezuela 

Por Socorro Ramirez
Escrito por Socorro Ramirez
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El período oficial para la elección presidencial era del 4 al 25 de julio, pero en realidad, se tomó meses -hasta el 28 de julio 2024- cargados de irregularidades fabricadas por Nicolás Maduro, así como de incertidumbres, sobre si ese gobierno estaría o no dispuesto a facilitar la constitucional alternancia y transmisión de mando, aceptando la derrota electoral como lo proyectaban las encuestas. Así lo veremos en las tres partes de este artículo: dura campaña, difícil jornada electoral, transición. 

Dura campaña 

Las encuestas reiteraban que en cualquier magnitud de participación (alta, media, pequeña), se daría una diferencia de 20 a 34% en favor de la oposición, y que el 71,3% defendía la urgencia de un cambio de gobierno. Y así lo confirmaban en las calles las grandes movilizaciones lideradas por María Corina Machado (MCM) y el candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia (EGU). Al tiempo aumentaban las protestas contra el derrumbe de la economía, la crisis sociopolítica, la represión gubernamental en la campaña electoral. 

La mayoría de la oposición democrática mostró que esta era la mejor oportunidad para iniciar el camino de la democratización, de la generación de oportunidades de trabajo con libertad económica, política, social, así como de reunificación familiar, posibilitando el retorno de millones de venezolanos que han salido del país buscando refugio o alternativas de vida. 

Aunque en octubre 2023 el gobierno de Maduro se comprometió -en el Acuerdo de Barbados con la Plataforma Unitaria de la oposición- a fortalecer una cultura de tolerancia y convivencia políticas, que materializaría las garantías en todos los procesos electorales y rechazaba toda forma de violencia política, en la campaña presidencial hizo todo lo contrario. Dijo que solo él garantizaba la paz y que la oposición quería subvertir el orden y llenar las calles de violencia: “Están buscando una hecatombe, una tragedia, algo fuerte que cambie el curso de lo que va a ocurrir en Venezuela”. 

Maduro, que llegó al poder en abril 2013, luego de la muerte de Hugo Chávez, ahora se lanzó para un tercer mandato consecutivo de otros 6 años. Usando el control que ejerce sobre el entramado institucional, mostró no estar dispuesto a ceder el poder y obstaculizó de muchas formas a la oposición. De los 4 millones de migrantes que podrían votar, sólo 69.200 lograron registrarse, pues abrió sólo un mes el registro electoral en el exterior; en algunos países lo redujo a dos semanas, a muchos les pidieron documentos innecesarios o cerraron los consulados.  

A los opositores los califica de “extrema derecha”, a EGU le dice “viejo decrépito del capitalismo salvaje”; inhabilitó a María Corina Machado, MCM, a quien llama “vieja decrépita de la ideología del odio y del fascismo”. El régimen cierra hoteles, restaurantes, comercios donde MCM y EGU han entrado; allana la casa en la que MCM se alojó en la campaña; le hicieron atentado en Barquisimeto; a las dos camionetas que usa las llenaron de pintura, a una le vaciaron el aceite del motor, a la otra le cortaron los frenos, y a su jefe de seguridad lo detuvieron a la madrugada, sacándolo de su vivienda en Caracas. Bloquea medios de comunicación, genera desinformación, decomisa equipos de sonido y tarimas para evitar eventos opositores. Encarceló y convirtió en presos políticos a más de 300 personas, como a Rocío San Miguel, luchadora por los derechos humanos, de la que no se ha vuelto a saber nada. 

El 17 de julio, para infundir miedo al electorado, Maduro advirtió: “Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo” votando por él, y condicionó la paz a la victoria contundente del oficialismo. 

La oposición denunció que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diseñó las elecciones presidenciales para confundir a los 21,3 millones de venezolanos que pueden votar y crearles obstáculos para sufragar: -a muchos les cambiaron su lugar de votación a otro estado lejos de su hogar, con una sola urna, lo que provocó largas colas; en la papeleta las fotos de Maduro aparecían por 13 partidos, ocupando la primera línea y parte de la segunda, mientras los otros candidatos figuraban dispersos; interfirió la labor de testigos electorales y la distribución de credenciales fue lenta [1]. 

Ante las malas perspectivas para ganar, hubo temor de que alegara excusas como las fricciones con Guyana por la reclamación del Territorio Esequibo, para declarar emergencia nacional y suspender las elecciones; que suprimiera la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática y el tarjetón electoral, lo que podría generar muchos votos nulos para EGU, y convertirse en fraude electoral. Maduro al aferrarse al poder, destruye las aspiraciones democráticas y los derechos fundamentales de los venezolanos. 

Difícil jornada electoral 

Desde temprano, el domingo 28 de julio se mostró en redes sociales con fotos y videos, mesas donde se demoró la posibilidad de votar, funcionarios policiales y representantes del CNE que dificultaban la labor de testigos y colectivos chavistas amedrentando a electores, máquinas de votación que fallaban. En Elorza, Apure, personas identificadas como del ELN impidieron el acceso a las vías para llegar al centro de votación [2]. 

Después de que la oposición cuestionó esos problemas, el secretario de Naciones Unidas, António Guterres, pidió a las autoridades electorales realizar su trabajo de forma independiente y sin interferencias para garantizar la libre expresión del electorado, transparencia en el conteo de votos, publicar puntualmente los resultados de las elecciones y desglosar la información. Dijo que habían tomado nota de anuncios hechos por autoridades electorales y de preocupaciones expresadas por actores políticos. 

El régimen oficialista fue anulando la participación nacional e internacional para observar las elecciones. El CNE retiró la invitación a la Unión Europea, la OEA fue vetada, expertos electorales de Naciones Unidas sólo podían entregar un informe interno después de las elecciones. 

Uruguay, Costa Rica, República Dominicana, Panamá, Ecuador pidieron garantías para que estas elecciones fueran realmente libres en Venezuela. Colombia y Chile cuestionaron algunos problemas que se fueron presentando. Lula abogó por elecciones libres y la aplicación de los Acuerdos de Barbados [3], expresó preocupación por el veto a MCM [4], lo que fue contestado en duros términos por Maduro, ante lo cual Brasil cambió de opinión sobre si enviar o no observadores electorales a Venezuela; el Tribunal Superior Electoral brasileño decidió cancelar esa presencia como respuesta al cuestionamiento de Maduro. El expresidente de Argentina, Alberto Fernández, fue excluido por Maduro de la función de observador internacional [5]. El gobierno colombiano también decidió no servir de observador en la jornada electoral en Venezuela. Maduro dijo que sólo confiaba en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla como veedores. 

Enviaron observadores el Consejo de Expertos Electorales Latinoamericano, la Unión Africana y El Centro Carter. Esta última, una organización estadounidense invitada por Maduro a observar esos comicios, le pidió al CNE que publique inmediatamente las actas de todas las mesas de votación. Esta información, señaló en comunicado, es indispensable para que puedan completar su evaluación. Esto mismo es lo que ha pedido la oposición, que asegura que ahí puede demostrar sus mayorías. 

Sin embargo, contra todas las encuestas que auguraban amplio triunfo de la oposición, con 80% de los sufragios escrutados, a media noche el CNE proclamó a Maduro vencedor anunciando 51,2% de los votos frente a 44,2% de EGU. Entretanto, la oposición reivindicaba la victoria de su candidato, EGU. Será necesario que genere alianzas en los territorios nacionales y en el ámbito internacional, que evite caer en provocaciones o discursos de confrontación, garantice la gestión de una transición política que asegure la estabilidad y la redemocratización de Venezuela. 

Transición 

En diversos países y organismos internacionales hubo cuestionamientos de la situación como se desarrollaron la campaña y las elecciones presidenciales, luego de que el chavismo-madurismo limitara la observación internacional. Todo lo ocurrido en estas elecciones también suscitó involucramientos internacionales en favor de una transición pactada. 

Como han dichos varios analistas, un proceso electoral no se reduce a un ganador y a un perdedor, y menos a la capitulación del gobierno o a la rendición de la oposición. La etapa que abren las elecciones, requiere con urgencia la construcción de un acuerdo para la transición [6], no sólo para resolver los problemas que dejan estas elecciones, sino para que este medio año -entre la elección y la posesión en enero 2025- permita preparar las elecciones del 2025 de legisladores, gobernadores, alcaldes, para el nuevo periodo de gobierno. 

Ojalá se inicie una negociación entre gobierno y oposición, que dé garantías de que no habrá retaliaciones de unos contra otros, ni contra quienes continúen en la actividad política. Esto es esencial para hacer posible la construcción y la garantía de realización de una transición pacífica y ordenada hacia una democracia plena. 

El conflicto venezolano requiere un sustantivo proceso de reconciliación nacional. Esto implica la construcción y desarrollo de un acuerdo político que facilite la alternancia en el poder, a partir de la consolidación de una solución electoral que garantice, no sólo la ausencia de persecución al perdedor después de las elecciones, sino posibilidad de reconstrucción del país y propicie hacerle frente a los tantos problemas acumulados y agravados en Venezuela. 

______________ 

[1] https://www.elnacional.com/venezuela/elecciones-en-venezuela-denuncian-que-logistica-de-los-comicios-busca-confundir-a-los-votantes/ 

[2]https://elecciones2024venezuela.com https://www.elnacional.com/venezuela/disparos-lentitud-presencia-del-eln-e-impedimento-de-entrada-a-testigos-de-mesa-algunas-de-las-denuncias-en-centros-de-votacion/ 

[3] https://www.elnacional.com/mundo/lula-aspira-a-mantener-buenas-relaciones-argentina-venezuela/ 

[4] https://efectococuyo.com/politica/el-insultometro-de-maduro-durante-la-campana-electoral/?utm_medium=email 

[5] https://www.lasillavacia.com/en-vivo/venezuela-brasil-no-va-a-enviar-observadores-a-las-elecciones-del-domingo/ 

[6] https://www.elnacional.com/opinion/entregara-maduro-el-poder-en-caso-de-perder-las-elecciones-2/ 

Socorro Ramírez 

Publicado en Revista Sur 

29 julio, 2024 

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Elecciones presidenciales en Venezuela

Por Socorro Ramirez
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El 28 de julio 2024, Venezuela enfrenta unas elecciones claves. Su desarrollo y lo que pase luego depende de cómo actúen las dos partes en que está dividido el país, como lo veremos en este artículo.

Candidaturas, y maniobras del régimen chavista

Nicolás Maduro aspira a continuar como presidente, pero acaba de ser golpeado pues no logró fracturar la unidad opositora ni sacarla de la ruta electoral. El régimen chavista-madurista nunca esperó que las fuerzas opositoras lograran superar sus diferencias y divisiones, y que se unieran en torno a Edmundo González Urrutia quien fue jefe de la misión diplomática de Venezuela en Argentina y Argelia. Lo apoyan los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática con cuya tarjeta electoral se inscribió, empezando por Vente Venezuela de María Corina Machado, inhabilitada por el régimen para ser candidata, y de su reemplazo Corina Yoris quien no fue registrada; incluso el gobernador del Zulia, Manuel Rosales Guerrero, candidato por Un Nuevo Tiempo (UNT), con el Movimiento por Venezuela, retiró su candidatura para apoyar la de unidad.

Edmundo González fue admitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidato por lo que no pueden inhabilitarlo, retirarlo o bloquearlo. Lo apoyan las 10 organizaciones de la Plataforma Unitaria Democrática, y ha recibido respaldo del Movimiento al Socialismo (MAS), Unión y Progreso (UyP), Partido Unión y Entendimiento (Puente). González publicó en su cuenta en X que otros 11 partidos lo apoyan -1) Democracia Renovadora, 2) Gente Emergente, 3) Moverse, 4) Movimiento Ecológico, 5) Movimiento Republicano, 6) Partido Cristiano de Venezuela Unidad – Organizados Elegimos (NOE), 7) Nueva Visión para mi País (Nuvipa), 8) Movimiento de los Pueblos Indígenas de Venezuela (Parlinve), 9) Unidad Nacional, 10) Unión Republicana Democrática (URD), 11) Vanguardia Popular.

Esa unidad opositora aspira a derrotar a Maduro, quien ha tratado de anular los derechos ciudadanos, así como los liderazgos, movimientos y partidos opositores; ha aumentado los presos políticos en condiciones infames de reclusión, sometidos a tortura, aislados de su familia, como la líder de derechos humanos Rocío San Miguel. Además, ha eliminado la justicia con tribunales sin independencia ni respeto por la Constitución; el régimen controla todos los poderes públicos, la ley, la institucionalidad, los recursos públicos. Todo eso ha forzado a huir de Venezuela a más 8 millones de personas, muchos exponiéndose a graves riesgos o incluso la muerte, por ejemplo, al cruzar a pie la Selva del Darién para ir hacia Estados Unidos; o los que cruzan las fronteras de países de Suramérica, para buscar un mejor futuro allí o tratar de ingresar a Europa.

El calendario electoral presidencial es estrecho; y para impedir la participación, el régimen puso muchas trabas en el Registro Electoral. De los 3 millones de nuevos votantes en Venezuela, sólo lograron inscribirse cerca de 200.000; de 7.722.579 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, podrán votar 69.189 personas, y apenas 6.020 pudieron cambiar su centro de votación de Venezuela al país donde residen.

Las trabas también las han impuesto en países donde se concentran los migrantes. Por ejemplo, los consulados venezolanos en Chile sólo admitieron 593 cambios de centros desde Venezuela y 14 inscripciones de nuevos votantes. En los 5 consulados en Colombia sólo pudieron inscribirse 25 nuevos votantes y apenas 248 cambios de centros de votación desde Venezuela fueron procesados. Así, para las próximas elecciones presidenciales, 21.402.220 ciudadanos tendrían derecho a votar, de los cuales solamente 69.189 podrán hacerlo desde el exterior de Venezuela. En los 16.025 centros de votación -1.700 adicionales a la última elección, en sitios de difícil acceso, tendrán sólo 1 mesa, para un mayor control electoral del gobierno[1]. La comunidad internacional, en especial gobiernos como los de Colombia y Brasil, deben insistir en mostrarle al régimen madurista-chavista las consecuencias de afectar el derecho al voto.

Pacto Político para transición democrática desde lo electoral

Han surgido propuestas para que Venezuela salga de la catástrofe generada por el régimen en estos 25 años. Son agudas las crisis a todos los niveles: institucional, económica, de la educación, la salud, los servicios públicos -de agua, electricidad, gas, gasolina-; hiperinflación, pobreza extrema, emergencia humanitaria, morbilidad hasta infantil, etc.

Hay sectores -como lo muestra Víctor Álvarez[2]– que trabajan dentro y fuera de Venezuela en favor de mantener la ruta electoral tratando de incidir sobre ambos lados de la gran fractura en la República Bolivariana de Venezuela: al régimen, exigiendo condiciones y garantías para las elecciones tanto presidenciales como legislativas regionales y municipales de 2025; a la oposición y a la población en general, procuran ayudarles a superar la apatía electoral, a reconstruir la confianza en el voto, a movilizarse en favor de una solución pacífica-electoral de los conflictos venezolanos y a rechazar las vías violentas. Ha surgido la propuesta de estimular un pacto entre todos los candidatos a la presidencia de Venezuela para que, independiente del sector político que gobierne, por la vía electoral se pueda lograr la alternabilidad en el poder y que una derrota electoral no se convierta en persecución política, sino que permita una convivencia pacífica.

Proponen que todos los candidatos a la presidencia asuman el compromiso de ayudar a generar un clima de reencuentro nacional, debatan una amnistía general por faltas y delitos políticos como 1) violaciones de la libertad de expresión, organización política, participación electoral; 2) represión de manifestaciones y protestas con fines políticos, contra el orden institucional y el gobierno establecido; 3) actuaciones de los organismos de seguridad del Estado al enfrentar la resistencia y desobediencia a la autoridad, cuyos excesos pudieran dar lugar a juicios y condenas por parte de los órganos de justicia; 4) hechos del ejercicio de la función de gobierno que pueden dar lugar a investigaciones, imputaciones, acusaciones o condenas por parte de la Corte Penal Internacional; 5) persecución contra dirigentes políticos y funcionarios del gobierno por órdenes internacionales de captura y amenazas de extradición; 6) críticas al gobierno nacional, autoridades, poderes públicos por expresión de ideas y opiniones políticas; 7) difusión de imágenes y mensajes difamatorios u ofensivos en el ejercicio de la crítica a la acción de gobierno, poderes públicos, autoridades y funcionarios; 8) participación en el gobierno interino, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y extralimitación de las funciones de la Asamblea Nacional electa en 2015;  9) solicitud de fuerte presión con sanciones económicas y aislamiento internacional; 10) haber participado o apoyado el intento de golpe militar del 30 de abril de 2019, y pedido intervención militar externa a través del TIAR.

Con el fin de reducir costos de salida a quienes tienen el poder, también proponen a los candidatos presidenciales promover la eliminación de recompensas internacionales, no seguir presionando juicios en la Corte Penal Internacional, pedir el cese de persecución judicial contra representantes de los poderes públicos del Estado. Que los tribunales especiales de justicia transicional evalúen y decidan qué tipos de delitos pueden amnistiarse y quiénes pueden beneficiarse de medidas especiales de indulto o fin de la acción penal[3].

Diversos sectores venezolanos piden acoger lo que establece el Estatuto de Roma y el artículo 29 de la Constitución, que exceptúa de la amnistía las violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad, que sólo podrán ser juzgados por la justicia ordinaria; también, crear una Comisión de la Verdad que recoja y procese denuncias de violencia política y violaciones de derechos humanos por la confrontación política -de febrero 2014 a febrero 2024-, para resaltar a las víctimas del conflicto, que deben ser reconocidas y reparadas en un proceso de verdad y justicia transicional. Y plantean que, al liberar fondos de la República que Estados Unidos mantiene bloqueados, puedan crear un Fondo de Reparación de Daños a las víctimas del conflicto -presos y exiliados políticos; torturados, heridos, familiares de manifestantes muertos en protestas, migrantes y sus familias-, como parte de un Pacto para convivir en paz.

Pacto de convivencia

Como parte de la propuesta de pacto político, contemplan que los candidatos presidenciales deben comprometerse a respetar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y piden a la FANB ratificar su condición no deliberante, subordinada al poder civil; respetar la Constitución, las leyes y el resultado electoral como expresión de la soberanía nacional ejercida a través del voto. Señalan que, en caso de un cambio en el mando político, el nuevo presidente tendrá que coexistir con poderes públicos como la Asamblea Nacional, gobernaciones, alcaldías elegidos antes. Pero para poder gobernar, quien llega al poder tendrá que reconocer a su antecesor así sea adversario, ayudar a que sea posible la cooperación y complementación entre los diferentes poderes públicos y niveles de gobierno.

Con el fin de evitar que después de las elecciones se generen crisis de gobernabilidad proponen a los candidatos concertar un programa básico de reformas económicas, sociales e institucionales y, para su aplicación, piden que además de levantar las sanciones, Venezuela sea reinsertada en los mercados financieros internacionales, pueda reestructurar su deuda externa y promover inversiones extranjeras que ayuden a reactivar su industria petrolera y su aparato productivo. Así, quien gane las elecciones presidenciales, para que pueda gobernar, cuente con una economía saneada, un Estado re-institucionalizado y una sociedad activa.

Para facilitar la alternabilidad en el poder, limitar el poder excesivo presidencial y garantizar la autonomía de los poderes públicos, proponen a los candidatos impulsar una reforma constitucional que al menos tenga cinco elementos. 1) Eliminar la reelección indefinida del presidente, gobernadores y alcaldes. 2) Recortar el mandato presidencial a cinco años con una sola e inmediata reelección. 3) Activar la segunda vuelta en la elección presidencial. 4) Eliminar el referendo revocatorio para todos los cargos públicos de elección popular. 5) Designar al expresidente de la república como diputado vitalicio con inmunidad parlamentaria, al vicepresidente ejecutivo y a los vicepresidentes sectoriales diputados con inmunidad parlamentaria por dos períodos constitucionales, y a los ministros del gobierno saliente por un periodo, todos con voz, pero sin voto. Y recogen la propuesta de los presidentes de Brasil y Colombia, de someter el Pacto de Convivencia Pacífica a referendo popular en los comicios presidenciales de julio próximo.

Así, a menos de 90 días para las elecciones presidenciales venezolanas, las dos partes enfrentan desafíos cruciales. El régimen -Maduro, en particular-, debe parar las estrategias desplegadas para mantenerse en el poder al costo que sea, cumplir el Pacto de Barbados y garantizar elecciones democráticas. La oposición debe abandonar el triunfalismo, transformar el favoritismo que tiene en las encuestas y en el espíritu opositor en una victoria contundente al votar masivamente por el candidato unitario Edmundo González. Además, debe haber vigilancia de manera permanente todo el proceso electoral y el día de la elección, con la capacitación y acreditación de sólidos testigos en todas las mesas electorales.

Al mismo tiempo, ambas partes deben adelantar una negociación simultánea para -como se ha señalado antes-, garantizar que se eviten provocaciones, discursos o estrategias de confrontación, revanchismo y triunfalismo; y que, en cambio, se preparen para una transición democrática e incluyente. No hay resultados garantizados, solo tendencias aún no consolidadas. Ojalá los venezolanos logren consolidar la unidad de las oposiciones, y preparar una convivencia democrática y en paz, así como reconstruir su país.

_______________

[1] https://www.elnacional.com/venezuela/solo-508-venezolanos-en-el-exterior-se-registraron-para-votar-en-las-presidenciales/; https://www.elnacional.com/opinion/no-olvidemos-a-los-presos-politicos/

[2] https://t1p.de/nwtp1, https://www.elnacional.com/opinion/pacto-de-convivencia-entre-los-candidatos-a-la-presidencia/

[3] https://runrun.es/opinion/529554/pacto-de-convivencia-victor-alvarez/https://www.sur.org.co/author/sramirez/

Socorro Ramírez 

Mayo, 2024  

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¿Transición en Venezuela?

Por Socorro Ramirez
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Distintos informes sobre la situación en Venezuela documentan declive socioeconómico, alarmante pobreza, aguda crisis democrática y humanitaria con aumento de sus repercusiones, que se ven en el masivo desplazamiento poblacional.

Así lo señala la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), en la novena Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023 que muestra una dramática realidad: 82% de hogares no tienen alimentos básicos, 51,9% de la población se encuentra en pobreza multidimensional y año tras año crecen graves problemas: de ingresos, educación (aumenta la escolaridad, disminuye la cobertura), salud, empleo, vivienda, servicios colapsados y aumento de la migración interna y externa[1].

Mientras eso sucede, Nicolás Maduro se aferra al poder, incumple acuerdos, trata de neutralizar la competencia política restringiendo al máximo el voto en su contra, y esto le plantea enormes desafíos a los opositores. Así lo veremos en las tres partes de este artículo.

Incumplimiento del Acuerdo de Barbados

Ese acuerdo -firmado el 17 de octubre 2023 por el gobierno de Maduro y partidos de oposición agrupados en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- incluía nivelar las condiciones electorales hacia los comicios de 2024-2025; pero el régimen imperante lo ha incumplido con interferencias y restricciones al inhabilitar para ejercer cargos públicos, a candidatos opositores como María Corina Machado y Henrique Capriles. Insólito que ninguno de los poderes públicos venezolanos haya pedido al menos explicación sobre esas medidas, o convocara a la oposición afectada para que ejerza el derecho a la defensa; tratan de mostrar que el régimen es inamovible y que cualquier intento de sustituirlo está condenado al fracaso.

Al día siguiente de la firma del Acuerdo de Barbados, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo apoyó, notificó que levantaría temporalmente algunas sanciones impuestas a Venezuela; autorizó transacciones petroleras, gasíferas, auríferas, y eliminó la prohibición sobre el intercambio secundario de ciertos bonos soberanos venezolanos, así como de deuda emitida por la estatal petrolera PDVSA. La licencia que levanta las sanciones a los sectores del petróleo y gas expira a los seis meses, con la advertencia que sólo se renovará si el gobierno venezolano cumple con el acuerdo electoral y libera a los presos políticos estadounidenses y venezolanos.

El régimen chavista-madurista viola el Acuerdo de Barbados al no garantizar elecciones libres; al tratar de impedir que opositores o chavistas disidentes aspiren a un cargo de elección popular; al apresar opositores, algunos de ellos colaboradores de la candidata Machado. Además, varias sedes de diversos partidos políticos fueron marcadas con el slogan “furia bolivariana”, el nombre del plan cívico-militar-policial anunciado como estrategia de persecución a lo que llaman “intentona terrorista”. Por todo eso, Estados Unidos revisa la posibilidad de actualizar la política de sanciones al régimen de Venezuela.

La oposición venezolana solicita a Noruega, país facilitador del proceso de negociación y al resto de países acompañantes, denunciar la violación del Acuerdo de Barbados y pide a los presidentes de Colombia, Francia, Brasil, hacer lo que sea posible para que el gobierno de Maduro cumpla ese Acuerdo, garantizando un real proceso electoral y termine la represión contra actores sociales y políticos.

Complicadas campañas electorales

El 16 de marzo, voceros oficiales proclamaron a Maduro como candidato para un tercer periodo, segunda reelección, y dan datos estrafalarios sobre esa escogencia. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido oficialista PSUV, dijo que celebraron 317 187 asambleas para escoger candidato presidencial, otro dijo que recogieron cuatro millones de firmas[2]. Pero como muestra la movilización social por todo el territorio venezolano, la gente se manifiesta contra el régimen imperante y a favor del cambio.

La oposición tiene el desafío de organizarse y unirse, para una elección que supere al régimen ineficiente, corrupto, transgresor de la ley, violador de la constitución y de los derechos fundamentales, que deja enormes daños patrimoniales[3].

La PUD denunció que el régimen imperante viola hasta el cronograma electoral que lanzó, incumple los estrechos plazos y no respeta la ley al sacar del juego democrático a quienes pueden derrotarlo, y maniobrar para impedir que se exprese el deseo mayoritario de cambio[4].

En ese complicado contexto, debe construir con sus miembros, una estrategia unificada pues las elecciones presidenciales en 2024, y las regionales y locales en 2025, generan oportunidades para redefinir la situación nacional. Gerardo Blyde, jefe de la delegación de la PUD en los diálogos con el chavismo, ratificó que la coalición se mantendrá en la ruta opositora, y que siguen luchando para lograr condiciones electorales que abran una transición pacífica a la democracia[5]. Cualquier alternativa debe fomentar la no violencia, el diálogo sobre las diferencias políticas, para que su trámite democrático y electoral sea un vehículo fundamental de construcción de convivencia pacífica, amplio bienestar y prosperidad.

Opositores ante desafíos electorales

Ante la inhabilitación de candidatos, como no hay posibilidad de modificar las fechas y decisiones del régimen dominante, quienes han mostrado fuerte deseo de cambio, han estado debatiendo sobre qué debería hacer María Corina Machado. Si al aceptar un/a sustituto/a, eso no terminaría siendo visto como que asume la inhabilitación, y beneficiaría a Maduro. Otros señalan que aunque ella obtuvo cerca de 3 millones de votos en la primaria opositora del 22 de octubre 2023, si aspira a ser la líder de la oposición, su candidatura no puede convertirse en un punto de honor, al precio de perder una oportunidad para lograr un cambio político a través de los votos. Que ella necesita ser más que la candidata presidencial sobre quien pesa una medida de inhabilitación injusta e inconstitucional; y dado que son ínfimas las posibilidades de inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como candidata a las presidenciales, la dirigente de Vente Venezuela tendría que asumir el liderazgo de la oposición para conducir la mejor estrategia que haga posible el cambio[6]. Varios han mostrado que con esos altos desafíos en esta elección presidencial, es esencial la participación masiva, y ver que en Venezuela

las elecciones son un momento crucial no para acusaciones y recriminaciones entre oficialismo y oposición.

Finalmente, el 22 de marzo, la oposición bajo el liderazgo de María Corina Machado, escogió a la profesora Corina Yoris como la candidata presidencial de la PUD -quien fue miembro de la Comisión Nacional de Primarias, y que al momento del anuncio de su candidatura no aparece inhabilitada en la web del CNE.

Opositores han llamado a convertir esta elección presidencial en oportunidad para que el régimen chavista y la oposición construyan un Pacto de Convivencia Pacífica, cesen lo que conduce a una espiral de odios y afanes de venganza, y en cambio se den mutuas garantías[7]. Que el chavismo desmonte las inhabilitaciones, restricciones electorales, persecuciones, impedimentos, encarcelamientos, etc., y que la oposición no permita que primen las ambiciones personales por sobre el interés general, que logre una candidatura de consenso capaz de ganar, que los liderazgos convenzan al descontento social de votar masivamente para que el enorme rechazo al gobierno por la vía electoral abra una pacífica y democrática transición, que le dé garantías políticas al chavismo-madurismo, así salga derrotado.

Muchos venezolanos están mostrando que para lograr negociar un acuerdo nacional por la reconstrucción de la democracia, las fuerzas opositoras deben fomentar su articulación para construir alternativas y evitar que cualquier intento de solución exacerbe la situación y que el régimen de Maduro lo aproveche para legitimar su actuación y aferrarse aún más al poder.

Socorro Ramírez

Artículo publicado en Razón Pública.com

[1] https://www.ucab.edu.ve/guayana/encovi-2023-los-hallazgos-mas-destacados-sobre-las-condiciones-de-vida-de-los-venezolanos/ [2] https://www.eluniversal.com/politica/177235/psuv-proclama-este-sabado-a-nicolas-maduro-como-su-candidato-a-las-presidenciales 16/03/2024 [3] https://www.elnacional.com/opinion/cuenta-regresiva-para-la-salida-de-maduro-y-su-heredada-revolucion/ [4] https://www.elnacional.com/venezuela/plataforma-unitaria-denuncia-que-el-cne-viola-su-propio-cronograma/ [5] https://efectococuyo.com/politica/blyde-dice-que-no-sera-candidato-y-ratifica-que-seguiran-en-ruta-electoral/ [6] https://efectococuyo.com/politica/maria-corina-machado-trascender-candidatura-liderazgo-lopez-maya/#:~:text=L%C3%B3pez%20Maya%20no%20da%20por,pactado%20en%20octubre%20de%202023. [7] https://efectococuyo.com/opinion/elecciones-el-28-de-julio/?utm_medium=email 15mz2024 Oscar Doval https://razonpublica.com/author/rp/

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2024 decisivo para Venezuela

Por Socorro Ramirez
Escrito por Socorro Ramirez
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2024 es decisivo para Venezuela en múltiples dimensiones. Ante todo en lo electoral, lo que determinará si Nicolás Maduro continúa en su cargo -ha sido presidente desde 2013 y antes era vicepresidente de Hugo Chávez- o si la oposición llega al ejecutivo. Además, por el colapso de la producción energética y el litigio territorial con Guyana. También este año será decisivo sobre si los retos pueden ser transformados en oportunidades, en estos cuatro ejes.

Elecciones en Venezuela

Aunque aún no hay fecha exacta, los comicios para elegir el nuevo presidente 2025-2031 deben realizarse en el 2º semestre de 2024, tal como acordaron en octubre 2023 en la mesa de negociación el gobierno y una parte sustancial de la oposición[1]. Pese a que el Acuerdo de Barbados incluye lo electoral exigiendo transparencia, no hay garantías para que se realicen las campañas electorales en forma realmente democrática y competitiva. Tampoco hay fechas para las elecciones en 2025 para escoger gobernadores, alcaldes y legisladores.

Empezando 2024, cuando el chavismo cumple 25 años en el poder, aún se desconoce quién será su candidato. Maduro -reelegido en 2018 en comicios desconocidos por más de 60 países, incluido Estados Unidos- primero afirmó que se postularía para las presidenciales, cuando Diosdado Cabello reiteró esa postulación dijo a Telesur que es prematuro confirmarla “Solo Dios sabe… No Diosdado”. Maduro no tiene ni 10% de favorabilidad, según la encuesta Delphos, y maniobra para impedir que otros sectores participen en elecciones.

Además de perseguir y amenazar a disidentes del chavismo y a distintos opositores, desde junio 2023 inhabilitó por 15 años a María Corina Machado de la Plataforma de Unidad Democrática, escogida como candidata opositora, al sacar 92,35% de los 2,3 millones de votos en las primarias que se realizaron el 22 octubre 2023. Ella ha insistido en que las elecciones libres son el camino para lograr el cambio, y ha convocado la alianza por Venezuela para estimular la organización de los venezolanos dentro y fuera de su país hacia los comicios[2].

En la apertura democrática y del camino electoral incide lo internacional. A finales de 2023, el régimen venezolano liberó a presos estadounidenses y venezolanos, y el gobierno de Biden, a Álex Saab -empresario colombo-venezolano catalogado como testaferro de Maduro- además anunció como alivio temporal el levantamiento de sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolanos; en abril 2024, lo finaliza o extiende dependiendo de las elecciones en Venezuela y en Estados Unidos.

El colapso de la producción energética

El colapso de la industria energética ha colocado a Venezuela en una situación grave. Los problemas de administración de PDVSA han contribuido a la destrucción de sus capacidades productivas, sus trabajadores están sumidos en la pobreza absoluta, muchos son

perseguidos o están presos. Aun así, Maduro usa petróleo y gas para pagar deudas, y a PDVSA para acuerdos con empresas energéticas de distintos países.

Esos ingresos, más que para generar desarrollo industrial y empleo nacional, el régimen madurista los usa para mantenerse en el poder. Mientras tanto, Venezuela terminó el 2023 con la inflación más alta del mundo: 260,70%; en 2022 había sido del 240% [3]. En esos años tuvo ligeros repuntes económicos, por la incidencia de las licencias que Biden les concedió a empresas petroleras y gasíferas norteamericanas para que operaran en Venezuela.

Litigio territorial y presión internacional

El 2024 es decisivo también para Venezuela en la disputa con Guyana sobre el territorio de 160.000 km2, rico en recursos naturales. La controversia escaló cuando el 3 de diciembre del 2023, Maduro convocara el referendo, diera 3 meses a operadoras como Exxon para salir de allí, y para anexarlo creara PDVSA Esequibo, colocara asentamiento militar próximo al área en litigio y designara jefe militar para el nuevo estado de Guayana Esequiba.

Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, se reunieron el 14 de diciembre 2023 en San Vicente y las Granadinas, acordaron no amenazarse, evitar incidentes por la disputa, y volver a reunirse en el primer trimestre de 2024. Brasil ha tratado de mediar en ese conflicto, mostrando que amenazas y demostraciones militares contradicen los compromisos asumidos por ambos países.

Gran Bretaña le pidió a Venezuela, el 28 de diciembre 2023, cesar acciones contra Guyana, cuyo gobierno había insistido que el buque de guerra británico en aguas en litigio no amenazaba y que su salida mostraba el compromiso de mantener relaciones pacíficas [4]. También la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, había señalado la llegada de ese buque como acción provocadora, pedido su retiro inmediato y que Venezuela reafirmara la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966, presentando ante la Corte los documentos que defienden ese territorio. El 31 de diciembre, Maduro ordenó el repliegue de las aeronaves desplegadas en el Atlántico, y continuar la defensa de la Guyana Esequiba.

La Corte Internacional le fijó el 8 de abril de 2024 como plazo para que Maduro presente su contramemoria que explique que ese territorio es venezolano. Aunque el régimen chavista no reconoce la jurisdicción de la Corte -porque investiga a su gobierno por crímenes de lesa humanidad- organizaciones como Acceso a la Justicia le han pedido a la Corte que no se deje utilizar para retrasar esa investigación y que mantenga comunicación directa con las víctimas y la sociedad civil venezolanas.

A convertir retos en oportunidades

Tanto el régimen de Maduro como la oposición venezolana, en 2024 pueden estimular el cambio democrático, pacífico y constitucional, si toman en cuenta los fracasos previos y convierten sus retos en oportunidades.

Maduro está aislado, aun dentro del chavismo no hay acuerdo sobre sus actuaciones, sabe que si su gobierno no garantiza elecciones realmente democráticas y acoge sus resultados, las sanciones se agravan, y que las presidenciales del 2024 pueden abrir una transición en Venezuela [5].

Por su parte, la oposición venezolana tiene que recomponer su unidad, no puede repetir divisiones y conflictos. Para ganar las elecciones debe lograr fuerte participación de diversos sectores políticos y sociales, respaldar la candidatura con más probabilidades de reunir la mayoría de votos, y evitar la abstención que aprovecharía Maduro para mantenerse en el poder. Cruciales son tanto las presiones al gobierno -para que suprima inhabilitaciones, actualice el registro y garantice el voto del éxodo poblacional- como las garantías e incentivos al chavismo para que respete los resultados electorales, incluso si debe dejar el poder y concrete con la oposición salidas democráticas.

Ambos lados deben revivir la mesa de diálogo y negociación para que no se repita lo que ocurrió en 2019, cuando, con la mediación de Noruega, el gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Maduro iniciaron un diálogo para buscar solución a las crisis venezolanas, pero se agotó por la falta de capacidad para construir un acuerdo, pues el gobierno no aceptó elecciones democráticas, ni compromisos internacionales, y la oposición no superó la división entre quienes apoyaban la negociación y los que la rechazaban.

Aunque aún no se perfilan salidas, lo que se haga desde ahora ayuda a que ambos lados, con apoyo internacional, avancen hacia la transición democrática en Venezuela.

[1] https://www.elnacional.com/venezuela/cinco-acontecimientos-que-haran-de-2024-un-ano-decisivo-para-venezuela/ [2] https://efectococuyo.com/politica/maria-corina-anuncia-creacion-de-red-para-defensa-del-voto-600k/?utm_medium=email”. [3] https://www.elnacional.com/economia/venezuela-cerraria-el-2023-con-una-inflacion-de-26070/ [4] https://www.elnacional.com/mundo/guyana-dice-que-presencia-de-buque-britanico-no-amenaza-a-venezuela/ [5] https://www.elnacional.com/opinion/2024-ano-de-la-transicion/

Socorro Ramírez

Enero 14, 2024

Artículo publicado en Razón Pública, Colombia

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El éxodo poblacional desde Venezuela

Por Socorro Ramirez
Escrito por Socorro Ramirez
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Amnistía Internacional acaba de referirse a problemas de la población que llega de Venezuela a Colombia; pidió garantizar el acceso efectivo a mecanismos de registro y no devolución[1]. Crucial resulta comprender las problemáticas y especificidades de quienes huyen de la crisis venezolana, así como apoyar a las comunidades que los acogen, a partir de propuestas sociales concretas.

Hay que entender y atender especificidades.

Las modalidades y los problemas de este flujo poblacional son diversos:

  1. El paso pendular a Colombia para abastecerse, buscar servicios o recibir remesas de familiares para sobrevivir en Venezuela, pide garantías.
  2. Los indígenas binacionales ven limitado el libre tránsito por su territorio ancestral transfronterizo. Los Wayuu, por ejemplo, del lado venezolano enfrentan dificultades porque no son registrados con el nombre de su casta; en Colombia los tratan como migrantes.
  3. La población con doble nacionalidad, como hijos de venezolanos y de colombianos nacidos en el otro país, o los de segunda y tercera generación, no pueden legalizarse fácilmente.
  4. Las personas que requieren asilo o refugio huyendo de riesgos inminentes, esperan protección, no devolución, y poder trabajar mientras su petición es resuelta.
  5. A los emigrantes que dejan Venezuela buscando alternativas de vida y de trabajo para ellos y sus familias, les urge regularizar su situación y encontrar oportunidades.
  6. Los colombianos que, luego de vivir en Venezuela buscando alternativas económicas o huyendo del conflicto armado, retornan con familias binacionales, necesitan legalizar su situación y plena inserción.
  7. Los venezolanos en tránsito que durante meses atraviesan el Pacífico colombiano, el Tapón del Darién, o el archipiélago de San Andrés para ir por Centroamérica y México hasta Estados Unidos, son sometidos a hurtos, violencias incluso sexuales y a extorsiones del crimen organizado.

Urge plena concertación entre los países involucrados en esta problemática, pues algunos tratan de trasladarla al país vecino. Hay recriminaciones mutuas, por ejemplo entre los gobiernos de Colombia y Panamá en la frontera del Darién. Aunque el gobierno Biden ha abierto oficinas migratorias, donde se puede pedir visas o asilo, hay represamientos de solicitudes, prolongación de espera, deportaciones por parte de Estados Unidos.

Oportunidades y riesgos

Son muchas las posibilidades abiertas, pero también los apremios que manifiestan quienes forman parte de estas distintas modalidades de éxodo poblacional.

Además de la atención humanitaria, celebran las decisiones para la legalizar su vida en Colombia, como los Permisos Especiales de Permanencia (PEP), el Estatuto Temporal de Protección (ETP), el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), el Registro Único de Retornados (RUR), etc. 

Destacan también, las iniciativas para evitar ser apátridas, al otorgarles la nacionalidad colombiana a menores nacidos en Colombia que sean hijos/as de venezolanos/as, así como el reconocimiento de derechos a la salud, la educación, socioeconómicos y reproductivos.

Sin embargo, también hacen notar limitaciones de entidades como Migración Colombia para procesar y entregar información generada por encuestas realizadas y con iniciativas de regularización, o por entidades como el Observatorio Nacional de Migración y Salud, que deberían servir a nivel central y en los territorios que los acogen. 

Rechazan declaraciones de altos funcionarios señalando a venezolanos de causar problemas de seguridad pública. Les alarma el riesgo de xenofobia y su uso en las elecciones, pues hay candidatos con discursos discriminatorios o que tratan de instrumentalizarlos. Piden que se les permita votar, al menos en las elecciones locales donde han adquirido residencia.

Iniciativas sociales

A partir del seguimiento sistemático de la situación, se han formulado propuestas para la atención de ese flujo poblacional, iniciativas como Alerta Venezuela y el Observatorio sobre Venezuela[2]. Aquí resumimos algunas:

  • Responder a los anuncios de personajes de los gobiernos centrales de los países, cuando niegan la existencia de ese éxodo.
  • Garantizar la no devolución a Venezuela y un mayor acceso a la nacionalidad colombiana, superando barreras que lo impiden o generen ruptura familiar.
  • Establecer rutas de acceso con enfoque de derechos diferenciados (étnia, género, edad, etc), regularización, protección y atención en especial a población indocumentada y más vulnerable, ampliando los plazos de registro.
  • Propiciar la actuación integral y coordinada de instituciones nacionales y territoriales, en especial en las rutas frecuentadas por ese éxodo poblacional para garantizar orientación, prevención, protección frente a riesgos de ser victimizados por grupos armados irregulares y criminales, y para construir alternativas en las zonas de acogida, de atención e integración.
  • Explicitar derechos y deberes de las personas en situación de movilidad, revisar prevención y procesamiento de delitos contra ese éxodo desde Venezuela.
  • Aplicar la ley antidiscriminación del éxodo poblacional, desarrollando estrategias contra el racismo, la xenofobia, etc.
  • Revisar las iniciativas de retorno voluntario, digno, seguro, de población colombiana en situación de vulnerabilidad en Venezuela.
  • Propiciar el diálogo entre el Estado colombiano, las organizaciones del éxodo poblacional desde Venezuela, la Mesa Nacional de Sociedad Civil para las Migraciones, sobre diversas modalidades de esa diáspora, para garantizar la inclusión y la no-discriminación.
  • Promover la integración socioeconómica y cultural del éxodo desde Venezuela, reconociendo los aportes al desarrollo colombiano, evaluar políticas de integración, como el CONPES 4100 de 2022.
  • Fortalecer la coordinación entre países de origen, tránsito, destino y retorno, para promover el desarrollo de políticas sobre las diversas modalidades de esos flujos poblacionales, cumpliendo el derecho internacional e interamericano.

[1] https://www.elnacional.com/mundo/advierten-que-el-numero-de-venezolanos-refugiados-en-colombia-es-bajo-comparado-con-cifra-de-migrantes/

[2] https://immap.org/…/profiling-venezuelan-migrants-in…/

https://urosario.edu.co/sites/default/files/2023-08/informe-bitacora-migratoria-agosto.pdf

Socorro Ramírez

Publicado en RAZÓN PÚBLICA

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Los Esfuerzos de negociación de paz con el ELN – ¿Qué se ha logrado? – ¿Para dónde van?-

Por Socorro Ramirez
Escrito por Socorro Ramirez
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Tuvimos el privilegio de conversar en nuestra última tertulia con quizás una de las personas que más conoce los procesos y las negociaciones de los gobiernos de Colombia con esta guerrilla del ELN. Socorro nos presentó su perspectiva de los avances que se han tenido en las negociaciones con el gobierno actual, en una tertulia muy objetiva y realista sobre el presente y el futuro de estos procesos tan difíciles. Compartimos con nuestros lectores esta sesión .

Exjesuitas en tertulia- Jueves 10 de Agosto, 2023
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Negociaciones gobierno-ELN: la búsqueda de la difícil «paz total» en Colombia

Por Socorro Ramirez
Escrito por Socorro Ramirez
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Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son parte de un proyecto más ambicioso del presidente colombiano, que abarca tanto a grupos políticos como delictivos, cuyas fronteras no siempre son claras.

Desde que inició su mandato en agosto de 2022, Gustavo Petro se ha planteado muchos objetivos. El primer presidente de izquierda de la historia colombiana ha postulado la necesidad de transformar el país en un cambio que apueste por la justicia social, la democracia y el respeto por el medio ambiente. En su amplia agenda se destaca, sin embargo, un punto central de su propuesta política: el logro de lo que ha denominado «paz total».

En un país que ha sufrido durante décadas conflictos armados internos y que ha conseguido un acuerdo con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún quedan desafíos por superar. En Colombia todavía hay guerrillas activas que no se han desmovilizado y que continúan causando estragos en la población. Petro ha tomado una especial determinación en lo que se refiere al fin de la violencia. Él mismo ha formado parte de una guerrilla –el Movimiento 19 de abril (M-19), que existió entre 1974 y 1990– y en numerosas ocasiones ha afirmado que los cambios deben producirse de manera pacífica.

La política de «paz total» de Petro apunta a terminar con las guerrillas y con las organizaciones conocidas como «multicriminales», que combinan el control de los territorios, el amedrentamiento de la población y la violencia ligada al narcotráfico. Su posición sobre esta materia ha sido la de negociar y ofrecer incentivos para que los diversos grupos violentos que actúan en el país se desmovilicen o se sometan a la justicia. En muchos casos ha habido interrogantes sobre si esos grupos tienen o no un verdadero carácter político –muchas guerrillas comenzaron con proclamas políticas y acabaron convirtiéndose en bandas criminales ligadas a negocios mafiosos– y si esa política toma en cuenta la especificidad y circunstancias diferentes que cada grupo presenta, su alcance regional o nacional, su ideología y su vinculación con economías ilegales.

Sin lugar a dudas, uno de los principales grupos con el que se pretende alcanzar la paz es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en el país desde mediados de la década de 1960. El desafío en este sentido es mayúsculo, en tanto el ELN tiene particularidades que otras organizaciones guerrilleras no poseen. Ahora mismo, el gobierno colombiano y la guerrilla están negociando en México y las esperanzas de paz comienzan a florecer.

La última guerrilla

El ELN lleva casi 60 años en la lucha armada. Surgió en 1964 por iniciativa de jóvenes estudiantes urbanos provenientes principalmente del Partido Comunista y de la juventud del Movimiento Revolucionario Liberal. La guerrilla, de inspiración marxista y fuertemente influida por la Revolución Cubana, se convirtió rápidamente en una organización particular: asumió el guevarismo y fue una de las primeras organizaciones armadas en adoptar posiciones de la Teología de la Liberación.

Desde un inicio, se caracterizó por su rechazo de los procesos electorales y por la consideración exclusiva de la lucha armada frente a la lucha política –a la que tachaba de «pasiva»–. Aunque fue mutando con el tiempo, sostuvo de modo permanente algunas de sus peculiaridades. Entre ellas se destaca la del «federalismo insurgente», un concepto que sirve para indicar que, en cada uno de los territorios en los que actúa, las motivaciones pueden ser diferentes. A pesar de que, como toda organización de este tipo, tiene un mando unificado, existe una importante diversidad regional y una relativa autonomía tanto de sus frentes de guerra como de sus comandantes. Asimismo, hay otra característica relevante que debe ponerse de manifiesto: aunque el objetivo original del ELN era el de producir una revolución socialista en Colombia, la guerrilla acabó, en muchos territorios, involucrada en negocios con el narcotráfico.

Los primeros diálogos para acabar con la violencia de la guerrilla se produjeron en 1975, a menos de diez años de la creación del grupo armado, pero encontraron un punto muerto muy rápidamente. Fue recién en la década de 1990 cuando las negociaciones de paz lograron retomar impulso. Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN, y en el mandato de Ernesto Samper (1994-1998) se produjeron, en Madrid y Mainz, acercamientos para iniciar un eventual proceso de paz. Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, desarrolló un acercamiento para posibles negociaciones con el ELN en Cuba y en Venezuela. Finalmente, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia entre 2010 y 2018 y que logró el acuerdo de paz con las FARC, intentó rondas de negociación con el ELN en Quito y La Habana, y consiguió plasmar una agenda de seis puntos que nunca llegó a concretarse.

Tras la asunción de Iván Duque como presidente en 2018, las negociaciones se complicaron. Luego de una serie de combates y de treguas, el 19 de enero de 2019, el ELN atentó con un carro bomba contra la escuela General Francisco de Paula Santander, donde se forman los cadetes de la Policía Nacional, y Duque dio por finalizado el diálogo. Un diálogo que ahora Petro ha relanzado. El sexto presidente en intentar negociar con el ELN –y el primero que cuenta en su biografía con una participación anterior en un movimiento guerrillero– ha reanudado la mesa de diálogo.

El gobierno de Petro tiene, en el contexto actual, un desafío mayúsculo: lograr incluir a todas las estructuras territoriales del ELN. Petro sabe que, para lograr una paz duradera y completa, es necesario que las diversas estructuras de la guerrilla participen de la mesa de negociación. De lo contrario, la «paz total» no será posible. El desafío tiene un calado importante, en tanto los sectores del ELN que operan en el Pacífico colombiano han sido, tradicionalmente, renuentes a participar del diálogo.

De hecho, su ausencia en las negociaciones de 2017 y 2018 fue notoria. Una situación similar se evidencia en el departamento de Arauca, donde opera el Frente de Guerra Oriental, un grupo conocido por sus acciones particularmente violentas y por ser la estructura con más fuerza dentro del ELN. Con su presencia y control territorial, el Frente de Guerra Oriental del ELN fue convirtiendo esa zona en un área estratégica y una fuente de recursos, particularmente mineros y petroleros. Además, este sector del ELN ha logrado convertirse en binacional, en tanto ha ganado una fuerte influencia en Venezuela.

Nuevo arranque y freno de la negociación

Tras asumir el mando presidencial en agosto de 2022, Petro insistió en la necesidad de retomar el diálogo con la guerrilla. Finalmente, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de ese mismo año, se realizó una primera ronda de negociaciones en Caracas. El objetivo del encuentro fue la revisión de la agenda que había comenzado a desarrollarse en las negociaciones de 2017 y 2018. Al mismo tiempo, en aquellas jornadas se crearon subcomisiones para acordar el funcionamiento de la mesa de diálogo y se acordó el desarrollo de acciones para aliviar la situación de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado.

El 31 de diciembre de 2022, a las 22:45 (poco antes de la llegada del nuevo año), Petro publicó en la red social Twitter que había acordado «un cese bilateral» con grupos armados irregulares activos en Colombia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances que tuviera su desarrollo con los cinco grupos involucrados en sus decretos. Esos grupos eran el ELN, Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC que no firmaron los Acuerdos de Paz de 2016), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo), un grupo narcoparamilitar, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo paramilitar algo más nuevo.

Sin embargo, el 3 de enero el ELN respondió que no habría cese al fuego, pues solo cumpliría lo que se había discutido y acordado en la mesa de diálogo. Asumiendo que el alto el fuego no había sido acordado ni discutido, el grupo guerrillero pidió que el gobierno reconociera públicamente que su anuncio era erróneo y afirmó que esa medida unilateral ponía en crisis la negociación de paz. Además, rechazó que Petro pusiera al ELN «en la misma bolsa» junto con cuatro grupos irregulares de tipo criminal y exigió que se realizara una sesión extraordinaria entre las delegaciones del gobierno y la de la guerrilla para tratar lo ocurrido antes de abrir un segundo ciclo de diálogo. También pidió al gobierno cumplir los anuncios que hiciera el 12 de diciembre de 2022 sobre el alivio humanitario para presos del ELN que se encontraban enfermos o en condiciones infrahumanas. En ese contexto, las acciones del ELN y de las disidencias de las FARC aumentaron en la región de Arauca.

Frente a esta situación, el gobierno de Petro intentó mostrar que la idea del cese al fuego bilateral había estado presente en diversos intentos de negociación y en los propios llamados del ELN –por ejemplo, cuando declaró la tregua navideña–. Acto seguido, anunció la suspensión de los efectos jurídicos del Decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022 de alto el fuego con el ELN, y le pidió a esta agrupación que declarara una tregua verificable acogiendo el llamado de las comunidades para que cese la violencia en sus territorios. Al mismo tiempo, ordenó reactivar operaciones militares contra la guerrilla y aceptó convocar una reunión extraordinaria antes del segundo ciclo de la mesa de diálogo, con el objetivo de aclarar lo sucedido y de avanzar en la discusión sobre el cese al fuego bilateral. En ese marco, Petro visitó a Nicolás Maduro para discutir, entre otras cosas, el papel de Venezuela como garante de la negociación. Para reforzar la posición oficial, el coordinador de la delegación del gobierno insistió en que la intención del presidente colombiano, al declarar ese cese bilateral del fuego con el ELN, era la de «abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de la negociación política».

Las poblaciones urgieron al gobierno y al ELN a dinamizar la negociación en la mesa de diálogo para avanzar en un proceso de paz real. Además, les reclamaron acciones inmediatas ante la situación de emergencia que enfrentan, y solicitaron ayuda para la gente que no quiere o no puede regresar a sus territorios. Al gobierno le pidieron dar respuesta a los dramas humanitarios, no solo con iniciativas puntuales para calmar el dolor, sino a través de acciones estructurales para resolver sus causas. Al ELN le exigieron detener el desplazamiento poblacional que genera la confrontación armada, así como los daños al Derecho Internacional Humanitario de esas comunidades.

Del 16 al 21 de enero de 2023, delegados del gobierno y el ELN realizaron un encuentro extraordinario en Caracas, del que surgió un comunicado conjunto titulado «Exitoso balance». En el comunicado podía leerse lo siguiente: «La Mesa de Diálogos valora la franqueza y la profundidad que tuvo el proceso de discusión y conviene en mantener los mecanismos de comunicación durante los periodos en los cuales no está reunida. Asimismo, la Mesa de Diálogos pone de presente que esta reunión extraordinaria contribuyó a ratificar y fortalecer los principios sobre los cuales se adelantan estos diálogos: los acuerdos son para cumplirlos, bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe». El comunicado conjunto señalaba, asimismo, que ambas delegaciones habían acordado que el segundo ciclo de conversaciones debía examinar los logros y dificultades en la implementación de los acuerdos alcanzados en el primero, y que debía consagrarse a dos temas cruciales: el cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.

Para escuchar a las comunidades más perjudicadas por el conflicto, la Caravana Humanitaria hacia el Pacífico colombiano que la mesa de diálogo había acordado realizar, hizo en enero de 2023 dos recorridos: uno por el Bajo Calima en el Valle y otro por el medio San Juan en el Chocó. Allí pudo observar la grave situación de las personas que viven en albergues que deberían ser provisionales, pero se han convertido en permanentes pese a sus condiciones infrahumanas. Y evidenció también las carencias en términos de alimentación y servicios de salud. 

Un ejemplo claro de esa situación es el producido en el Polideportivo de El Cristal, donde permanecen algunas de las 210 familias desplazadas por el conflicto. Las poblaciones reclamaron la liberación de sus territorios de la situación de guerra y exigieron servicios básicos en los albergues y garantías para retornar y permanecer en sus comunidades. Tanto el gestor de paz del ELN, como su vocero en la Caravana Humanitaria, reconocieron la urgencia planteada por los ciudadanos de terminar la guerra. Asimismo, afirmaron que habían enviado una lista de 40 presos al gobierno y que, de ella, se seleccionaron ocho que requerían con urgencia atención médica y el beneficio de «casa por cárcel». El ELN afirmó que esperaba cumpliera con las reformas penitenciarias y de justicia.

Así, reuniones, comunicado, acuerdos y caravana muestran que, afortunadamente, se superó el impasse suscitado con el anuncio presidencial de cese al fuego, con cinco grupos armados irregulares, como parte de la política de«paz total». La delegación de gobierno realizó entonces una reunión de tres días en Bogotá, para analizar las lecciones aprendidas del cese al fuego de 101 días que se pactó con el ELN entre septiembre de 2017 y enero de 2018, revisar lo avanzado sobre cómo planear la participación de la sociedad civil y preparar cómo atender los temas ambientales; con el encuentro con el presidente Petro, el 7 de febrero de 2023, preparó la continuación de la Mesa de negociación.

La reactivación de la mesa de diálogo

El segundo ciclo de la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN comenzó el 13 de febrero de 2023 en Ciudad de México. Las partes acordaron que la negociación se extenderá por 21 días y contará con la participación de los embajadores de diez países garantes o acompañantes –Noruega, Venezuela, Cuba, México, España, Alemania, Suiza, Suecia, Chile y Brasil–.

Esas conversaciones deben examinar los logros y las dificultades en la implementación de lo acordado en el primer ciclo, empezando por el desarrollo de la Caravana Humanitaria. Resulta crucial que cada parte examine lo planteado por las poblaciones más afectadas de las zonas del Valle y del Chocó y que la mesa defina si asume esas experiencias como un programa piloto.

Resulta igualmente clave tratar la cuestión del cese al fuego. En las sesiones desarrolladas en 2017 y 2018 se desarrolló una submesa específica para esa materia, donde tuvieron participación generales del Ejército y la Policía, que contribuyeron a discutir protocolos para concretar la medida.

El otro tema que aborda este nuevo ciclo es el de la participación de la sociedad civil. Resulta esencial que parta de lo avanzado en las audiencias y consultas con organizaciones sociales de los territorios más afectados, sobre todo en lo concerniente a las formas como se desarrollará la participación de la ciudadanía en los diversos aspectos que hacen al proceso de paz.

Es de desear que el gobierno afine sus pronunciamientos y su capacidad de concertación y de acción. Y que el ELN asuma, de una vez y para siempre, que nada justifica el sufrimiento al que somete a las poblaciones más vulnerables de Colombia. Es necesario que la guerrilla comprenda que no puede sostener la violencia escudada en el apoyo social que recibe de parte de un sector de la población. Su propuesta a la mesa de negociaciones de un abandono paulatino de la violencia a medida que el Estado vaya realizando transformaciones sociales en un sentido de justicia es, en tal marco, infundada. Lo que el pueblo colombiano desea es la paz y, sin dudas, las transformaciones sociales. Pero para que esas transformaciones puedan desarrollarse claramente, la paz es prioritaria. Sin paz, esos avances se vuelven mucho más difíciles, como se ha demostrado durante el largo ciclo de la violencia política en Colombia.

Socorro Ramirez

Febrero, 2023

Publicado en NUEVA SOCIEDAD.

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