Socorro Ramirez

En su campaña presidencial, Gustavo Petro prometió que buscaría una relación mucho más horizontal entre Colombia y Estados Unidos. En los meses iniciales del nuevo gobierno colombiano, declaraciones de ambos lados dejaron ver que cada uno trataba de mostrar sus prioridades y preocupaciones al comienzo de su aproximación.

En su campaña electoral y en el inicio de su gobierno, Petro mostró la necesidad de más equilibrio y diversificación temática en la relación con Estados Unidos. Pocos días después de su triunfo electoral, recibió llamadas de felicitación desde Estados Unidos, primero de Anthony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, y enseguida del presidente Joe Biden; luego, hubo reuniones bilaterales en Colombia y en Estados Unidos.

Petro señala que su meta de Paz Total, además, de negociación con el ELN, implica el desmonte y sometimiento al sistema judicial de todos los grupos armados ilegales, incluidos narcotraficantes, que no serían extraditados si cooperan, indemnizan a las víctimas y garantizan que no reincidirán en actos delictivos. También ha hablado de la reforma de las políticas de drogas, empezando por acabar la aspersión aérea, destruir cultivos industrializados para la producción de estupefacientes, apoyar la sustitución de cultivos con participación de las comunidades productoras de coca y controlar los insumos químicos usados para transformarla en cocaína. 

Hay otros temas prioritarios de su política internacional, que también implican un cambio de foco en la relación con Estados Unidos. La vicepresidenta Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo ‒exgobernador del Chocó, exministro de ambiente y embajador en Washington‒, también han expuesto la prioridad ambiental y en la lucha contra el cambio climático.

El gobierno de Biden ha dicho que apoya la búsqueda de la Paz Total, que debería partir de la implementación del Acuerdo de Paz con las exFarc. El 3 de octubre, luego de la reunión con el presidente colombiano, Blinken dijo que Biden “apoya fuertemente el abordaje holístico que la administración Petro está tomando”, que los dos gobiernos están ampliamente sincronizados sobre la política de drogas¹ y firmó con la vicepresidenta Márquez un convenio en que Estados Unidos asume como primer garante internacional del punto étnico del Acuerdo de Paz. El Departamento de Estado donó 12 helicópteros para la protección de los bosques en Colombia y Biden ordenó revisar la forma como la marihuana está clasificada en la legislación estadounidense, pidió a los gobernadores avanzar en su despenalización e indultó unas 6500 personas condenadas por poseerla².

Las declaraciones de ambos lados han ido mostrando tanto énfasis distintos como aproximaciones y convergencias. Por ejemplo, Todd Robinson, encargado de políticas de drogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que veía problemas en los supuestos beneficios de las propuestas de Petro para los narcos, aunque al final de agosto ‒después de que él, miembros de la Casa Blanca y del Comando Sur se reunieran con funcionarios colombianos‒, señaló que “las nuevas prioridades encajan con lo que queremos”. Blinken señaló como prioritario para Colombia sustituir cultivos con reforma agraria y seguro acceso a mercados, detener el tráfico de drogas, eliminar el lavado de dinero y lograr que los países de tránsito y los consumidores reduzcan la demanda de estupefacientes. Reconoció la libertad de Colombia de tomar decisiones sobre cuándo extraditar a los narcotraficantes. Por su parte, Petro aceptó en ciertos casos la erradicación forzada.

Esas aperturas en la comunicación y en temáticas claves resultan novedosas, pues durante el periodo en que coincidieron temporalmente las presidencias de Biden e Iván Duque, la relación se redujo a tal punto que su contacto telefónico tardó meses. Afectó esa relación Francisco Santos, miembro del partido de gobierno del Centro Democrático, quien como embajador de Duque en Estados Unidos apoyó la reelección de Donald Trump. Pese a la alianza de Duque con Trump, quien aunque nombró a Colombia aliado principal no miembro de la OTAN casi le hace perder la certificación en lucha contra el narcotráfico, señaló a Duque de ser infructuoso en la guerra contra las drogas y para derrocar a Nicolás Maduro, aunque compartían ambas estrategias; y como se vio en mensaje en la libreta de John Bolton ‒asesor de Seguridad Nacional‒, estaba dispuesto a enviar “5000 tropas a Colombia”.

Venezuela es un tema prioritario en las agendas de los dos países. De hecho, Petro tan pronto asumió la presidencia restableció relaciones diplomáticas y reconoció al gobierno de Maduro. Por su parte Biden, desde comienzos de 2022, ha enviado a sus emisarios a generar acercamientos con el régimen bolivariano, lo que en medio de la guerra de Rusia en Ucrania ha permitido negociaciones para que Venezuela suministre petróleo, luego de mitigar algunas sanciones a PDVSA, que le prohibían hacer negociaciones con Chevron. Y el pasado 1° de octubre autorizó el canje de siete estadounidenses encarcelados en Venezuela ‒entre ellos, cinco directivos de Citgo filial de PDVSA‒ por dos venezolanos ‒sobrinos de la esposa de Maduro‒ detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico.

Ha habido énfasis distintos en asuntos como los referidos a Venezuela. Así se vio en la rueda de prensa, luego de la visita a Petro del secretario de Estado. Blinken responsabilizó al gobierno de Maduro de las crisis que presionan a los venezolanos a dejar su país y pidió continuar otorgando garantías a los migrantes venezolanos a través del estatuto aplicado por el anterior gobierno colombiano. Petro enfatizó en que la normalización de relaciones con Venezuela es lo que puede cambiar la situación de los migrantes, señaló problemas del estatuto y propuso que se elabore uno para colombianos en Estados Unidos. 

Aunque su gobierno no asistió a la votación en la OEA sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua, le pidió luego a ese gobierno y al de Venezuela regresar al sistema interamericano de derechos humanos. En la Asamblea de la OEA, Blinken señaló que el gobierno de Biden pide a Maduro dar pasos para que las elecciones previstas en 2023 y 2024 en Venezuela sean realmente libres. Y preguntado sobre el restablecimiento que hizo Petro de la relación diplomática con Venezuela, dijo que respeta esa decisión soberana de Colombia y espera que ayude a la transición democrática en ese país. 

En la asamblea de la OEA hubo una diferencia significativa. Estados Unidos y otros países rechazaron revisar si se revocaba la aceptación de un representante del gobierno interino de Juan Guaidó. Colombia apoyó esa propuesta con países como Chile y Bolivia, pero no lograron el umbral necesario para la votación.

Implicaciones de los anuncios 

Muchos de los anuncios gubernamentales aún no se traducen en procesos y hechos. Y los gobiernos de Colombia y Estados Unidos todavía no revisan diferencias como las que pueden tener sobre la extradición, el fracaso de casi medio siglo de la “guerra contra las drogas”, que ese tema no vuelva a copar la agenda bilateral y que el indicador de avance no sea el número de hectáreas erradicadas de coca, marihuana o amapola.

En el caso colombiano eso implicaría que no se queden en promesas de campaña y de inicio de gobierno, sino que se vuelvan prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de políticas públicas. La suspensión tanto de las fumigaciones con glifosato como de la erradicación forzada de cultivos para uso ilícito son pasos iniciales que deben estar acompañados de la implementación de lo contemplado al respecto en el Acuerdo de Paz de 2016. En la sustitución/regulación de drogas de uso ilícito el gobierno debe impulsar medidas concretas, aplicar las inversiones prometidas para financiar cultivos alternativos que generen mejores condiciones para que, por ejemplo, los cocaleros se vinculen a economías legales y no vuelva a proliferar el problema de drogas ni intentos de solución represiva. Debe además evaluar en forma constante ese proceso a nivel social, técnico e institucional para demostrar que esos nuevos enfoques producen mejores resultados. 

En medio de las elecciones de mitad de mandato y dada la difícil situación en Estados Unidos, Biden recibe críticas de republicanos y sectores atados a la guerra contra las drogas por sus aproximaciones al gobierno de Petro y los cambios en la política de drogas.

Al presidente Petro le llegaron recomendaciones formuladas por personas expertas, vinculadas a entidades que trabajan sobre la problemática de las drogas³, que indican que buena parte de las reformas que quiere hacer implican estrategias de corto, mediano y largo plazo, las cuales deben ser bien comunicadas, pues promueven iniciativas que salvan vidas al tiempo y reducen daños asociados al consumo como a la producción de drogas. En la transición que genera la construcción de una nueva política de drogas, le piden informar sus desarrollos y saber manejar contradicciones que se generen en ese proceso, priorizando los derechos de los nacionales sin afectar las relaciones internacionales y aproximarse tanto a la discusión en otros países sobre nuevos enfoques ante la problemática de drogas como a la investigación sobre cómo el prohibicionismo ha ayudado a la persistencia del conflicto armado ‒así lo muestran estudios académicos, la Comisión de la Verdad, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos‒, y ayudar a la formación social para reducir los impactos negativo de ese consumo de sustancias mientras se genera su regulación⁴.

Ojalá Petro asuma esas recomendaciones, que le implicarían liderar el proceso y articular la institucionalidad nacional para adelantar esos cambios, generar diálogo/negociación al respecto con el gobierno estadounidense, atender las implicaciones de cambios territoriales, en salud pública, reformas legales y procesos sociales. Ojalá los gobiernos de Colombia y Estados Unidos logren mantener una cuidadosa comunicación sobre asuntos de interés bilateral que permita procesar sus diferencias. A eso ayudaría el logro de avances concretos en Colombia y la aproximación del gobierno Petro, por ejemplo, a países de América Latina, el Caribe y de Europa que han venido avanzando en el debate sobre la necesidad de cambios en la política de drogas. Además, Colombia con Brasil, México, Argentina, Chile y Perú, países grandes de la región y gobernados por una izquierda democrática diversa y dispuesta a hacer cambios, podrían concertar agendas comunes ‒por ejemplo, en la inclusión social y lo ambiental, en favor de la democracia en Venezuela‒, ante la problemática de las drogas, que logren concretar nuevas políticas con el gobierno del presidente Biden.

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¹ https://efe.com/mundo/estados-unidos-apoya-firmemente-el-enfoque-de-petro-sobre-las-drogas/

² https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/estados-unidos-joe-biden-indulto-a-miles-de-personas-detenidas-por-posesion-de-marihuana-nid06102022/

³ Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, Corporación Acción Técnica Social (ATS), Elementa DDHH, Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), Corporación Viso Mutop, Fundación Ideas para la Paz (FIP).

⁴ https://www.elespectador.com/politica/las-recomendaciones-de-la-academia-y-la-sociedad-civil-en-la-politica-de-drogas/

Socorro Ramírez 

Octubre 10, 2022 

Desde su campaña presidencial, Gustavo Petro mostró la necesidad de reanudar relaciones institucionales con Venezuela. Tan pronto fue electo conversó por teléfono con Nicolás Maduro sobre la posibilidad de reunirse, después de seis años sin encuentros presidenciales ‒el último fue el 11 de agosto de 2016, cuando Juan Manuel Santos fue a dialogar con Maduro en Puerto Ordaz‒. Aunque este texto fue escrito el 7 de noviembre de 2022, mantiene vigencia.

Luego de anunciar el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, cada presidente envió su embajador e informó la reapertura de consulados y de vuelos entre los dos países. Luego, el 26 de septiembre de 2022, desde el puente internacional Simón Bolívar se dio la reapertura de pasos fronterizos. Maduro no asistió ‒alegando motivos de seguridad‒, pese a que en febrero de 2019 ordenó “cierre de frontera” con Colombia, como lo había hecho en agosto de 2015. Sin embargo, la actual reapertura se ha reducido en la práctica a permitir por algunos puentes unas operaciones comerciales (en promedio pasan tres camiones de carga al día), la circulación a pie de personas, la atención de algunos trámites, y se han reabierto muy pocos consulados.

En octubre de 2022 se fue delineando el encuentro presidencial luego de que Maduro invitara a Caracas al mandatario colombiano, quien el 27, desde Cúcuta, le pidió: “Fortalezcamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que no haya persecución política en América del Sur, para que la democracia se pueda profundizar, para que la libertad sea el sinónimo del cambio político, para que las diversas expresiones de Suramérica se puedan encontrar, se puedan integrar”¹. 

Conviene señalar que Human Rights Watch le había pedido a Petro aprovechar el restablecimiento de relaciones para impulsar el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Y el 31, desde la presidencia se anunció que, “para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano”, Petro viajaba al día siguiente a Caracas a hablar con Maduro sobre el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la relación bilateral, la reapertura de fronteras y temas medioambientales.

Reunión de presidentes de Colombia y Venezuela

El 1 de noviembre, en el palacio de Miraflores en Caracas se dio el encuentro presidencial de Petro y sus acompañantes ‒canciller, embajadores en Venezuela y en la OEA, jefe de gabinete‒, con Maduro y su comitiva ‒vicepresidenta, ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura, Defensa y su embajador en Colombia‒. Luego de una hora de diálogo, realizaron una rueda de prensa conjunta. Ahí y posteriormente cada uno ha ido presentando su mirada de lo conversado.

Maduro dijo que hablaron sobre relaciones comerciales y económicas, nuevos pasos hacia la apertura total y segura de la frontera, lucha contra el narcotráfico, regreso de Venezuela a la Comunidad Andina, fortalecimiento de la Comunidad de Estados Americanos y de la cooperación amazónica y formulación de una posición común para la reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27).

Petro habló de la necesidad de reincorporación de Venezuela, tanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para crear espacios de paz, cooperación, equilibrio y mayor seguridad en la región, como a la Comunidad Andina (CAN) para reinstitucionalizar el intercambio comercial y los espacios fronterizos. Dijo, además, que sobre seguridad fronteriza hablaron de la creación y activación de mecanismos conjuntos para hacerle frente a las mafias y organizaciones criminales y que estaba decepcionado de ver cómo, luego del mes de reapertura de “la frontera”, las trochas seguían abiertas. 

Los dos presidentes habrían hablado también de la cooperación entre las empresas Monómeros ‒que Petro devolvió a Maduro, luego de que Iván Duque se la entregara a Juan Guaidó‒ y Pequiven para la oferta de fertilizantes que, como ha señalado Petro, su costo de importación implica la subida de precios de alimentos en Colombia.

Según algunos medios de comunicación, Petro le habría propuesto a Maduro revivir la mesa de México y acordar allí que gobierno y oposición se darían garantías mutuas para las próximas elecciones presidenciales. La reanudación de la mesa para buscar una salida negociada a la crisis de Venezuela será tema crucial en la reunión de París que propicia Emmanuel Macron con los presidentes de Colombia, México, Chile y Argentina². Y según la declaración firmada por ambos mandatarios, habrían acordado crear y/o activar mecanismos conjuntos de seguridad fronteriza y espacios de concertación y diálogo binacional.

Así, el encuentro y la declaración sobre la reunión presidencial posibilitan, de cierta forma, abrir una ruta que exigiría no solo “normalizar”, sino reconstruir la relación binacional, proceso que no es fácil, pero al menos ambos gobiernos reconocen que la crucial revitalización de las zonas frontera requiere de trabajo institucional conjunto. Clave es la insistencia, en particular de Petro, en la necesidad de sustentar la relación en la democracia y el respeto a los derechos humanos, que deben regir el comportamiento de ambos gobiernos; así su estrategia no estaría montada sobre proximidad personal o ideológica, sino basada en principios. 

Hay también cierto pragmatismo que se ve reflejado en asumir la posibilidad de que el tránsito hacia la democracia en Venezuela empiece a ocurrir con Maduro en el poder, que el chavismo es una fuerza política que debe competir limpiamente en lo electoral y, desde el gobierno, debe garantizar la participación política de todos los sectores venezolanos, respetando la alternancia³. 

El gobierno de Estados Unidos y el secretario de Naciones Unidas celebraron el diálogo abierto entre los gobiernos de Petro y Maduro, al considerarlo bueno para resolver la crisis humanitaria en Venezuela⁴. Importante para los dos países es el anuncio de un gran evento empresarial en diciembre próximo, convocado por ambos gobiernos y por la Corporación Andina de Fomento, que reforzaría las posibilidades de reactivación económica fronteriza y binacional a partir de 2023.

Urgencias y asuntos claves pendientes

Pasos informales de un país al otro por el desierto, las montañas, los llanos, los ríos y la selva han existido siempre, más aún cuando Colombia y Venezuela comparten poblaciones binacionales, empezando por las comunidades indígenas transfronterizas y dado que cada país ha sido el principal destino migratorio del otro. El cierre intermitente de pasos fronterizos formales, que lleva siete años, obligó a poblaciones y comercio de ambos lados, que necesitan pasar al otro país, a hacerlo por esas trochas. Ese aumento de circulación por pasos informales, la ausencia de los Estados, sus tensiones y rupturas de relaciones institucionales bilaterales aumentaron la presencia en esas trochas de grupos criminales que impusieron su control con violencia: extorsionan, tratan de cooptar hasta niños, abusar sexualmente de mujeres y desplegar todo tipo de actividad delictiva, contrabando, tráfico de drogas, armas y personas, y hay denuncias de que compran la complicidad de autoridades de uno y otro lado con su acción irregular⁵.

El presidente Petro dijo la última semana de octubre en Cúcuta que la correcta reactivación económica se ha visto torpedeada por mafias que ocupan la frontera; que solo ha habido intercambio de productos por 2,5 millones de dólares desde que la zona fue reabierta; que funcionarios de ambos lados cobran comisiones por el paso por las trochas de productos y vehículos de carga y le ordenó a su ministro de Comercio, Industria y Turismo tomar medidas para acabar esas trochas. Pero, en realidad, es imposible cerrar el desierto, las montañas, los llanos, los ríos o la selva. Lo que urge es el trabajo conjunto entre ambos países, empezando por la acción coordinada entre las fuerzas de seguridad, para impedir la acción de esos grupos irregulares y buscar su liquidación.

Urge la completa apertura de los pasos fronterizos formales para el flujo vehicular poblacional y comercial por todos los puentes entre los dos países. Como señala el coordinador en Venezuela del Observatorio de Violencia de FundaRedes, no hay evidencia de cambios positivos. Con la apertura fronteriza limitada, las autoridades dejan circular camiones unas pocas horas diarias por el puente internacional Simón Bolívar. Esto hace que población y comercio tengan que seguir usando más de 400 trochas a lo largo de toda la frontera, al menos 250 en el ámbito fronterizo más poblado y articulado, entre el Táchira y Norte de Santander⁶. Siguen sin funcionar muchos pasos formales. El puente Tienditas, por ejemplo, espera su readecuación para que pueda funcionar, pues ni se ha inaugurado y ya lo deterioró el bloqueo al que fue sometido cuando desde Caracas ordenaron “cierre de fronteras”.

En el encuentro de Caracas los presidentes no hablaron o no hicieron referencia pública a asuntos claves como la migración. Aunque Petro había mencionado antes de reunirse con Maduro que tratarían el tema de los venezolanos en Colombia y los colombianos en Venezuela, no hubo pronunciamiento al respecto, salvo el acuerdo de designar funcionarios consulares de los dos países⁷.

Tampoco hicieron referencia a la necesidad de la acción conjunta para lograr que el ELN, que actúa a ambos lados, asuma la negociación para terminar su “resistencia armada” y se comprometa con la construcción de paz, más aún cuando el 11 de septiembre de 2022 Petro le pidió a Maduro que Venezuela sea garante ‒lo había sido en las conversaciones en Quito y en La Habana de 2017 a 2018‒ de la negociación que ha anunciado reviviría en noviembre retomando lo avanzado, y Maduro aceptó asumir ese papel. 

En Colombia y en Venezuela se ha señalado, entre otras cosas que, dado que el ELN se ha convertido en guerrilla binacional, a ambos lados les conviene el fin de la acción armada de ese grupo. Como actúa en algunas regiones venezolanas en favor del régimen ‒por ejemplo, en el Arco Minero del Orinoco⁸ donde el gobierno venezolano autorizó desde 2015, la explotación de oro, coltán, tierras raras, con graves daños ambientales y sociales a la población indígena‒, Maduro tendría no solo que ser garante, sino comprometerse a ayudar a que el ELN ponga fin a su acción armada en los dos países.

Resulta crucial que el nuevo periodo de las relaciones dependa de un genuino interés bilateral más que de las necesidades de los actuales mandatarios y que no se reduzca a relaciones entre los gobiernos centrales. Esto implica que se pongan en marcha los mecanismos institucionales que, cuando han funcionado, estimulan una fluida relación interestatal, comercial, ciudadana y fronteriza⁹. Y para que el proceso abierto reconstruya la relación binacional, es también crucial la participación y el compromiso efectivo de los gobiernos nacionales, estaduales/departamentales y locales, de las fuerzas militares y policiales, de las autoridades de migración y aduanas, de los gremios y empresarios, de las redes ciudadanas de ambos países, así como de las poblaciones en los territorios fronterizos.

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¹ https://www.infobae.com/america/agencias/2022/10/27/petro-pide-a-maduro-que-venezuela-regrese-al-sistema-interamericano-de-ddhh/

² https://caracol.com.co/2022/11/06/gustavo-petro-propuso-a-maduro-elecciones-en-venezuela-con-garantias/

³ https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/primera-cumbre-colombo-venezolana-saldo-positivo

⁴ https://efectococuyo.com/internacionales/estados-unidos-reacciona-a-la-reunion-entre-petro-y-maduro/

⁵ https://www.laopinion.com.co/columnistas/cierren-las-trochas

⁶ https://www.elnacional.com/venezuela/fundaredes-contabilizo-mas-de-400-trochas-en-frontera-entre-colombia-y-venezuela/  

⁷ https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/7-claves-para-entender-la-esperada-reunion-entre-petro-y-maduro/

⁸ https://www.elnacional.com/opinion/lo-que-no-dice-nicolas-maduro-sobre-el-arco-minero-del-orinoco-en-la-cop27/  

⁹ https://razonpublica.com/recuperando-la-relacion-venezuela/

Socorro Ramírez  

Las prioridades del gobierno Biden pueden impactar la relación entre Estados Unidos y Colombia. Así puede verse en dos asuntos esenciales para Colombia: paz y derechos humanos, y salidas a las crisis en Venezuela.

La identificación del gobierno y del partido de Iván Duque con Trump y su gobierno, el haber compartido su actuación autoritaria y unilateral, la estrategia de máxima presión contra Cuba y Venezuela incluyendo sanciones y amenaza militar, los llevó hasta apoyar su reelección. Esto generó distancias y discrepancias con los demócratas y con el gobierno de Joe Biden que, según sus declaraciones, le apuesta a un sistema internacional basado en instituciones multilaterales, democracia y derechos humanos.

Síntomas de esa distancia son la demora de meses en tener la única conversación entre los dos presidentes y la versión de lo que hablaron. Biden llamó a Duque y su comunicado sobre ese diálogo mostró todos los elementos de la conversación incluyendo la condena a los actos de violencia y vandalismo en las protestas, pero también el apoyo a los derechos de quienes se movilizan pacíficamente y el llamado a que la aplicación de la ley esté sujeta a altos estándares de responsabilidad. El gobierno colombiano calló al respecto.

Aunque el gobierno de Duque se demoró en cambiar como embajador en Estados Unidos (EE.UU.) a Francisco Santos, quien fue instrumento central en esa ruptura con la tradicional relación de la diplomacia colombiana con ambos partidos estadounidenses, se vio obligado a removerlo y empezar a reconocer que las prioridades del gobierno Biden pueden impactar la relación binacional. Así se puede ver en dos asuntos esenciales para Colombia: paz y derechos humanos, y salidas a las crisis en Venezuela, como lo muestro en este artículo.

Paz y derechos humanos

En cuanto a la paz, Biden como vicepresidente de Obama (2009-2017) estuvo en Cartagena en diciembre de 2016 y celebró el Acuerdo de Paz firmado por Santos y las Farc. Luego, ha expresado la esperanza de que Colombia avance en ese proceso, mientras sectores demócratas han rechazado los asesinatos de líderes sociales, manifestantes y excombatientes.

En contraste, el Centro Democrático ha cuestionado el Acuerdo aunque, gracias al apoyo y verificación internacional de su implementación, el gobierno no ha podido renunciar del todo a su aplicación, pero ha dejado de lado dimensiones cruciales que contribuyen al recrudecimiento del conflicto armado y la violencia. Esperamos que el nuevo embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón, que ahora se unió al uribismo, sea consciente de que en Washington no puede dedicarse a minar el Acuerdo con las Farc.

En derechos humanos también se ha visto algo parecido. En nombre del gobierno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, en su primer viaje a Washington, inicialmente rechazó, luego postergó, y terminó aceptando la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de viajar a Colombia ante la solicitud de participantes en las protestas que en 2021 arrancaron a finales de abril. En el cambio de posición incidieron que en medios de comunicación estadounidenses mostraron el maltrato dado por el gobierno de Duque y la fuerza pública a los manifestantes y la petición a Biden hecha por 55 congresistas del partido Demócrata de condicionar la ayuda a la policía y la venta de equipos o municiones al ESMAD, a que se identifique y separe del servicio a los implicados en graves violaciones de derechos humanos en las protestas.

En la visita realizada del 8 al 10 de junio 2021, la CIDH se reunió con diferentes actores sociales y gubernamentales y con base en diversas fuentes, el 7 de julio entregó su informe. Pese a no ser vinculante, es significativo que un organismo de la OEA le recuerde al Estado colombiano sus obligaciones internacionales, evidencie graves irregularidades ‒uso desmedido de fuerza, retiro de protección a manifestantes para detenerlos y asistencia militar disuasiva, ciberpatrullaje. así como desaparición de personas, violencia sexual y de género, étnico-racial, contra periodistas y misiones médicas‒. Además, cuestionó la restricción a la libertad de expresión en internet y la caracterización de terrorismo, vandalismo o criminalidad con las que se estigmatiza a los manifestantes. Igualmente, mostró que polarización y lógicas bélicas dificultan el diálogo para lograr soluciones a la conflictividad social, rechazó todas las violencias, incluyendo los ataques a bienes públicos, la agresión a los policías y la violación de derechos fundamentales de terceros que no participaban de las protestas. La CIDH entregó 41 recomendaciones e instaló un Mecanismo Especial de Seguimiento en Derechos Humanos para Colombia.

Duque y su partido descalificaron el informe y recomendaciones porque, según ellos, le pedía al gobierno “tolerar la criminalidad”. La Cancillería dijo: “nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por lo tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”. Pero la intervención de la CIDH, más que obstaculizar el funcionamiento de los órganos internos, es garantía adicional de protección.

El gobierno colombiano parece no entender que si no atiende esas recomendaciones la supervisión seguirá y puede llegar a la Corte Interamericana. Atender las problemáticas que se han manifestado en las protestas, no solo ayudaría a buscarles solución, sino que reduciría la percepción negativa de la comunidad internacional, que se agrava con el maltratamiento al paro y las manifestaciones, observado desde Naciones Unidas, la Unión Europea, la Campaña Defender la Libertad, Tribunales de los Pueblos e Internacional de Opinión, Human Rights Watch, etc. Continuará la presión del Congreso de EE.UU. para detener la profundización de la violencia y violación de derechos humanos en Colombia, así el estilo no confrontacional de Biden lo lleve a hacer exigencias en privado.

Salida negociada en Venezuela

Otra dimensión crucial para Colombia, en la que se han producido señales de cambio en el gobierno de Biden, es en relación con la búsqueda de salidas pacíficas a las crisis política, económica, social, humanitaria, en Venezuela.

Aunque los intentos de negociación del chavismo y la oposición han fracasado y ha aumentado el fraccionamiento de la oposición política, nuevas fuerzas venezolanas como el Foro Cívico Nacional ‒con organizaciones sociales, de trabajadores y empresarios, universidades e Iglesia‒ han ayudado a abrir una ruta de diálogo que presiona al régimen a negociar y a la oposición a articularse para recuperar la vía democrática y electoral en búsqueda de salidas a las crisis. Así, en 2021, sectores opositores y el régimen político han ido construyendo acuerdos puntuales para hacerle frente a la pandemia, a la inseguridad alimentaria, a la liberación o traslado de algunos sindicalistas o empresarios detenidos. Eso permitió, después de 17 años, el acceso de opositores al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe lograr condiciones adecuadas para las elecciones de 23 gobernadores y 335 alcaldes, concejales y legisladores el 21 de noviembre de 2021, claves también para las siguientes elecciones.

Iniciativas como esas o como algunas de las desarrolladas desde Europa, ayudaron al giro que Biden dio a la posición estadounidense sobre Venezuela. La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC) informó que posibilitaba las transacciones del gobierno y bancos venezolanos relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamiento de la pandemia. Luego, el Departamento del Tesoro emitió licencia autorizando, hasta el 8 de julio de 2022, todas las transacciones y actividades relacionadas con la exportación o reexportación, directa o indirecta de gas licuado de petróleo a Venezuela, que involucren al gobierno, a Pdvsa, o a cualquier entidad en la que Pdvsa posea alguna participación del 50 % o más.

Esa flexibilización de sanciones impuestas al régimen de Maduro acercó al gobierno de Biden y a la Unión Europea (UE). La reunión del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, analizó una iniciativa sobre Venezuela a la que se asoció Canadá. En el comunicado conjunto que resultó de esos diálogos, publicado el 25 de junio 2021, la UE, EE.UU.y Canadá presentan una estrategia gradual que ofrece un levantamiento progresivo de las sanciones a cambio de que el régimen de Nicolás Maduro se comprometa con un plan de verdaderas reformas y elecciones democráticas. Una delegación de la Unión Europea visitó Caracas para evaluar las condiciones tanto de las elecciones en noviembre 2021 como de la misión internacional que observaría su desarrollo. Esa apuesta ha ido aumentando el consenso internacional sobre la necesidad de desechar estrategias como la que expresó Trump de mantener “todas las opciones sobre la mesa” para buscar la salida de Maduro del poder.

El CNE restableció la posibilidad de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) participe en elecciones. Al haber conquistado la mayoría de la Asamblea Nacional en 2015, el régimen le había quitado ese derecho desde 2018. Su rehabilitación puede estimular a la oposición a reunificarse. Aún falta habilitar a todos los líderes sociales y partidos opositores excluidos, liberar a los presos políticos, que siguen aumentando, ampliar el registro, los circuitos electorales y las auditorías del sistema de votación, y lograr que los voceros de sectores claves del régimen se comprometan a respetar el resultado, así les sea desfavorable.

Para mejorar su imagen internacional Maduro ha anunciado que a los próximos opositores electos como autoridades locales o estaduales no les pondrá “protectores” oficialistas que actúen en forma paralela para controlar a los opositores elegidos como gobernadores, desconociendo el origen popular de su elección. Pero al mismo tiempo trata de implantar lo que llama “poder o Estado comunal” que desmonta la descentralización, la participación ciudadana y el poder de alcaldías y gobernaciones, y profundiza la represión con la expropiación armada de los bienes y la sede del periódico El Nacional y con “la revolución judicial” para asegurar el control que ejercen los poderes públicos.

Fuera del estatuto de protección a los migrantes, el gobierno de Duque ha tenido una posición contraproducente frente a las crisis venezolanas. Fue muy activo en el cerco diplomático a Maduro, y al aferrarse a esa opción se quedó solo, alejado de gobiernos como el de Biden, de países de la UE y de Latinoamérica que están propiciando una salida negociada a las crisis venezolanas. En esa salida Cuba es crucial. Aunque para Biden es difícil intentar normalizar esa relación con la isla como hizo Obama, sería muy dañino para Colombia que el uribismo acabara de romper las relaciones diplomáticas con Cuba, cuyo apoyo a las negociaciones con las guerrillas ha sido clave.

Aunque la mayoría demócrata en el Congreso es estrecha y son diversas las voces en la política internacional estadounidense, predomina allí la posición de respaldar salidas negociadas en Venezuela. Y en relación con Colombia irán combinando las preocupaciones sobre paz y derechos humanos con las económicas y de seguridad, centrales en la relación binacional. 

Ojalá otros sectores colombianos aprovechen que en el actual gobierno de Estados Unidos caben asuntos cruciales como la democracia, la paz, las salidas negociadas a las crisis, para que Colombia entre en esa dirección, menospreciada por el gobierno Duque.

Socorro Ramírez

Agosto, 2021

Los dos recientes atentados en Cúcuta son un reflejo de la difícil situación que hoy vive la frontera. Esta es la situación y estos son sus motivos.

La seguridad en la frontera

En menos de dos semanas han tenido lugar dos atentados en Cúcuta. Ambos atentados demuestran los graves problemas de seguridad en Cúcuta, en especial en su área metropolitana y en el Catatumbo, donde aumentan la delincuencia y la violencia —homicidios, masacres, secuestros, reclutamiento forzado, minas antipersonales—por parte del ELN, el EPL, disidencias de las FARC, bandas armadas como los Rastrojos o el Clan del Golfo. Estos grupos se disputan el control de los territorios y las economías ilegales.

La mera militarización y erradicación forzada de coca no se traducen en seguridad local, en reducción de cultivos de coca y menos aún del narcotráfico. El gobierno nacional menosprecia la complejidad de esas realidades y no les hace frente a los problemas que al final afectan a la población más vulnerable.

El desempleo en Cúcuta llega al 22,3 % en su zona rural, la informalidad laboral supera el 70 % y la pobreza aumentó al 53,5 %, según el DANE. Estos problemas, que se han agravado con la pandemia, han permitido a los grupos armados aumentar su control en la zona.

Se suma que Norte de Santander reemplazó a Nariño como la región con más área sembrada de coca, con 300 hectáreas alrededor de Cúcuta. Pese a 50 años de guerra contra las drogas y a la fumigación aérea de cultivos ilícitos, la productividad de estos aumentó 10 %.

Duque celebró que, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la oficina de Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca habían disminuido un 7 % en 2020 y habían pasado de 245.000 a 143.0000 hectáreas.

Pero el mismo día del atentado al helicóptero presidencial, la administración Biden señaló que las áreas de cultivos ilícitos en Colombia habían aumentado 15 % en 2020.

Según las cifras de erradicación presentadas por el gobierno colombiano, no deberían quedar cultivos de coca, pues en 2020 Duque señaló que había erradicado 130.000 hectáreas, que, sumadas a las 100.000 del 2019, sobrepasarían las 169.000 que según Naciones Unidas había en 2018, es decir, que en dos años habría destruido 61.000 hectáreas de coca más de las existentes.

Pares ha mostrado el aumento de la inseguridad en estos tres años del gobierno de Duque:▪ El Clan del Golfo ha crecido;▪ las disidencias de las FARC extendieron su operación de 56 a 150 municipios;▪ el ELN pasó de estar en 99 a 170 municipios, y▪ en la frontera colombo-venezolana operan 28 grupos armados ilegales.

El uribismo y el gobierno han culpado de esto al proceso de paz y a una conspiración internacional.

Crítica relación colombo-venezolana

Además, el régimen de Maduro evade su contribución a los problemas que se viven en la frontera. La semana pasada fueron detenidos el director de la ONG venezolana Fundaredes, Javier Tarazona, y otros miembros, y fueron acusados de difamar y comprometer la seguridad de Venezuela porque denuncian el apoyo del régimen a grupos armados colombianos.

Fundaredes ha seguido el enfrentamiento armado en Apure, que comenzó en marzo de este año entre una de las disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Bolivariana, y que desplazó a la población que se vio forzada a cruzar el río hacia Arauca. Se suma que Fundaredes ha mostrado que ese conflicto sigue pese a la liberación de ocho militares el 31 de mayo.

Por este motivo, el fiscal Tarek William Saab ha dicho: «Simplemente ganas de desestabilizar. De seguro este señor (Javier Tarazona) es un adicto a las narcoseries, a las narconovelas de Colombia, y transmuta lo que ha ocurrido en Colombia hacia nuestro país».

Tanto Colombia como Venezuela responsabilizan al otro de los problemas en la frontera y se acusan mutuamente de “conspirar”.

Venezuela asumió como “injerencismo y provocación”:▪ la llegada a Colombia de la brigada estadounidense especializada en la lucha antinarcóticos y las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para mejorar la interoperabilidad bajo estándares de la OTAN;▪ la visita del jefe de la CIA, y▪ el viaje a Puerto Carreño del jefe del Comando Sur de Estados Unidos acompañado por el viceministro de Defensa para “verificar capacidades en lucha contra amenazas transnacionales”.

A su vez, aunque en la relación de China y Rusia con Maduro priman el interés económico y petrolero más que las afinidades ideológicas, sus acuerdos en seguridad y defensa son vistos por el gobierno de Colombia como una estrategia amenazante.

Colombia y Venezuela comparten una larga y abigarrada frontera con interdependencias de todo tipo, así que cuanto acontece a un lado, sea en aspectos poblacionales, sociales, ambientales, económicos o de seguridad, repercute en el otro.

Durante los más de 22 años del chavismo en el poder, los gobiernos centrales han tenido tensiones recurrentes, que además se han agravado en los últimos seis años.

Desde 2015, Maduro deportó miles de migrantes colombianos y ordenó cierres y aperturas de frontera. A esto se añade que la crisis en Venezuela haya aumentado el éxodo poblacional.

Miles de colombianos han regresado, a quienes se suman los casi dos millones de venezolanos que han entrado a Colombia buscando alternativas para vivir.

En 2019, Maduro expulsó al personal diplomático y consular colombiano. Por su parte, Iván Duque no envió embajador a Venezuela. Al llegar a la presidencia en octubre de 2018, afirmó: “Hemos mantenido la relación a nivel consular y un delegado a nivel de encargado de negocios. Pero, somos claros, lo que hay en Venezuela es una dictadura y como tal no tendremos embajador en ese país”. Pero la aparente diplomacia de Duque ha hecho que la frontera sea aún más peligrosa.

Maduro se posesionó de nuevo en enero de 2019, pero no fue reconocido por la Asamblea Nacional (AN) por irregularidades en su elección. A cambio, esta encargó a Juan Guaidó de la presidencia de Venezuela, quien fue reconocido por más de 50 países.

Duque, con varios gobiernos de esos países, acompañó el 23 de febrero a Guaidó a lanzar su estrategia para tener un gobierno de transición, elecciones libres y llevar ayuda humanitaria a Venezuela desde Cúcuta.

Duque anunció que Maduro tenía los días contados, pero la operación fracasó y Maduro se aferró al poder. Duque sigue insistiendo en la misma estrategia incluso ahora, cuando el gobierno de Biden apoya una salida negociada de la crisis venezolana.

Es justamente en este contexto de relaciones tensas entre ambos países y presencia de grupos armados que ocurrieron los dos atentados en junio en Cúcuta. Es necesario que el gobierno le haga frente a este problema y aborde sus diferencias con el gobierno de Venezuela de otra forma.

Socorro Ramírez

Julio, 2021

La diplomacia ciudadana es la iniciativa que desde la sociedad civil busca construir una capacidad de prevención y acción compartida frente a circunstancias adversas, como los efectos externos de crisis internas en países que enfrentan aguda polarización política, el aumento de la tensión entre Gobiernos o Estados y las dinámicas transfronterizas que pueden escalar conflictos con altos costos.

Entendemos la diplomacia ciudadana como aquella iniciativa que desde la sociedad civil busca construir una capacidad de prevención y acción compartida frente a circunstancias adversas, entre ellas los efectos externos de crisis internas en países que enfrentan aguda polarización política; emergencia humanitaria o conflicto armado; aumento de la tensión entre Gobiernos o Estados; dinámicas transfronterizas que pueden escalar conflictos con altos costos, y afectaciones en la gobernabilidad y la paz local, fronteriza, nacional o regional.

Se trata de una iniciativa dispuesta a generar acciones que mejoren la capacidad de entender esas crisis, que fortalezcan nexos positivos entre personas y sectores afectados, y que articulen redes para actuar directamente, ejerciendo una forma de democracia deliberativa y participativa que incida por medio de aquellos que pueden hacerle frente a la creciente complejidad de esos conflictos, como los sectores sociales, actores políticos o económicos, gobiernos locales o nacionales, y ámbitos multilaterales regionales o globales.
 

Esto es lo que ha intentado hacer la iniciativa Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV) de la sociedad civil binacional, desde que surgió en septiembre de 2019 con un manifiesto que lanzaba una convergencia ciudadana colombo-venezolana. Esa declaración fue firmada por más de 100 académicos, miembros de organizaciones sociales, humanitarias, gremiales, empresariales, redes y colectivos culturales de ambos lados de la frontera y de las capitales nacionales.
 

Se hizo en medio de la suspensión tanto de las relaciones diplomáticas entre ambos países como de toda la institucionalidad para la gestión de la abigarrada agenda binacional y de la compleja frontera compartida y, además, en medio del agravamiento de la compleja crisis humanitaria en Venezuela.
 

La iniciativa de los PCCV se ha ido construyendo a través del mutuo acercamiento, conocimiento y reconocimiento entre muchos de los firmantes de ese manifiesto inicial y de muchos otros sectores que hemos desarrollado 12 reuniones en el primer año de trabajo conjunto.

A través de 20 diálogos, esta iniciativa de la sociedad civil binacional ha tratado de estimular una diplomacia ciudadana en favor de cinco ejes:

• solución negociada y democrática de las crisis en Venezuela por los mismos ciudadanos de ese país,
• construcción de paz en Colombia,
• voz y articulación de diversos sectores y autoridades de ambos lados de la frontera,
• defensa de los derechos de los migrantes y retornados en medio de la crisis humanitaria compleja, y
• reconstrucción del sistema consular y de la relación binacional.

En noviembre de 2019, PCCV reunió en Bogotá a diversos sectores de ambos países para analizar problemáticas de cada uno de ellos y de la frontera compartida.

En enero de 2020, en Cúcuta, PCCV revisó con alcaldes y gobernadores electos del lado colombiano de la frontera, la situación de cada ámbito fronterizo y la manera de incorporar en los planes de desarrollo local la atención al éxodo forzado desde Venezuela. En febrero realizó en Bogotá reuniones con la Comisión Segunda de Senado y Cámara que se ocupan de la política exterior y con la Presidencia del Congreso, con el fin de examinar la situación fronteriza y la actuación del Gobierno de Colombia frente a Venezuela y al éxodo desde ese país. Y el 29 de febrero realizó en Bogotá, con la Fundación para la Integración Musical de Colombia (Fundimusicol), el concierto “Colombia-Venezuela, más que un conflicto”, de la Orquesta Sinfónica Juvenil Binacional.

Posteriormente la iniciativa ha colaborado en una campaña de consecución de recursos que ayuden a la sobrevivencia y a la compra de instrumentos musicales para muchos de los jóvenes venezolanos participantes en dicha orquesta.

Desde marzo, en medio de la cuarentena, además de las reuniones internas, la red ha realizado o participado en 20 diálogos virtuales con indígenas, líderes comunitarios, organizaciones sociales, redes de comunicación, cámaras de comercio, universidades de La Guajira, del Perijá, del ámbito andino, de los Llanos, de la Orinoquia y del interior de Colombia y de Venezuela.

En esas conversaciones se han analizado las diversas situaciones afectadas por la pandemia y las dificultades para hacerle un frente común a la riesgosa situación. En algunas de esas reuniones han intervenido migrantes venezolanos y colombianos retornados, además de miembros de universidades, la Iglesia y organizaciones sociales dedicadas al seguimiento de la problemática migratoria, sobre todo en Bogotá, Cúcuta y el Caribe, donde se concentra la mayor parte del éxodo.

Para analizar el agravamiento de la situación fronteriza con el cierre de los puentes y pasos formales ordenados desde Caracas y Bogotá, PCCV ha realizado o participado en reuniones con gremios económicos y cámaras de comercio de la frontera o de cada país, y también con las gobernaciones del estado Táchira y del departamento de Norte de Santander. Con ellos se ha examinado la necesidad de que la reactivación comercial y económica se abra paso para enfrentar la crisis en la frontera, lo que va más allá de lograr la apertura de los pasos fronterizos legales.

En muchos casos, los diálogos se han asociado con otros eventos de universidades, al Día Internacional del Refugio y a la presentación por la Fundación Pares de sus estudios sobre seguridad en la frontera; o con programas de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), El Espectador, Semana, la Fundación Friedrich Ebert, la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, el Instituto de Paz de Estados Unidos, el Instituto para las Transiciones Integrales y, además, con entidades de países de la Unión Europea que apoyan la gestión humanitaria. También se ha interactuado con organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y organizaciones de derechos humanos para entender mejor la problemática de la migración forzada.

Hoy los PCCV siguen fortaleciendo los lazos de cooperación y coordinación entre diversos sectores de ambos países, además de las capacidades de incidencia y de articulación entre los grupos promotores de la iniciativa.

Socorro Ramírez

Marzo, 2021

El discurso de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos de compromiso con la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y el multilateralismo, las casi 20 medidas que enseguida puso en marcha son un intento de propiciar una reunificación y son señales del tipo de política que quiere desarrollar. 

El discurso de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos de compromiso con la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y el multilateralismo, las casi 20 medidas que enseguida puso en marcha frente a la pandemia, el racismo, la xenofobia, las desigualdades, la polarización exacerbadas por Trump y que profundizaron la división de ese país, así como la coalición de su gobierno de la que hacen parte mestizos de origen afroamericano, latino, asiático de alguna manera es un intento de propiciar una reunificación y son señales del tipo de política que quiere desarrollar. No será fácil consolidar ese giro; de hecho ya recibió un freno en la atención a la problemática migratoria con la decisión del tribunal del distrito sur de Texas de detener la orden de Biden que suspendía durante cien días la deportación de inmigrantes indocumentados para revisar acciones tomadas por su predecesor y adoptar un sistema migratorio justo y eficaz.

Aun con las presiones que tendrá en contra, esos primeros pasos de Biden ya marcan lo que podría esperarse en relación con América Latina y el Caribe, en particular con Colombia, por parte del nuevo gobierno y del parlamento de mayoría demócrata. El gobierno colombiano se ve abocado a restaurar la relación con los dos partidos de ese país y a redefinir dimensiones claves de su política interna y exterior. Tendrá que revertir marcas que dejó el apoyo del presidente Iván Duque a Trump y la injerencia del uribismo en favor de su reelección. Ya se abrió una indagación en el Congreso sobre una posible interferencia foránea en las elecciones estadounidenses en la que están señaladas Rusia, China, Irán y Colombia 

Aunque en la agenda bilateral son cruciales el tema comercial y el del cambio climático -en especial para la reducción de emisiones de carbono, la deforestación y la minería ilegal así como en la protección del Amazonas y la biodiversidad del país-, en este artículo me concentro en lo que puede acontecer en tres prioridades: la paz y los derechos humanos, la política de drogas y la crisis de Venezuela.

 Paz y derechos humanos

Biden, como vicepresidente de Obama y enlace para América Latina, de 2009 a 2017, tuvo relación con Colombia, ante todo a través del respaldo que dio a la negociación con las FARC; de hecho, en su visita al país dijo que ese Acuerdo de Paz “no debía ser minimizado ni ignorado”. Ese respaldo fue reiterado por el entonces secretario de Estado, John Kerry -ahora consagrado a la lucha contra el cambio climático-, y ese gobierno envió a Bernard Aronson como delegado especial. Además, los demócratas en el Congreso estadounidense desde que expidieron una resolución en 2016 de apoyo a la solución pacífica del conflicto armado colombiano, han insistido en la necesidad de lograr la implementación de ese Acuerdo y construir una paz duradera que cumpla estándares internacionales de justicia y transparencia.

El embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg, ha mostrado luego de la posesión de Biden, que su gobierno prioriza el proceso de paz y la defensa de los derechos humanos. En diálogo con El Tiempo acaba de pedir “hacer más” en la implementación del Acuerdo de Paz, evitar masacres, proteger la vida de líderes sociales y excombatientes.

En esa perspectiva resultan claves tres mensajes que desde Colombia acaban de ser enviados al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Ante todo, del movimiento Defendamos la Paz [1]. Además, de 104 miembros de resguardos y cabildos indígenas, asociaciones de víctimas, comunidades campesinas, y consejos comunitarios afrodescendientes [2]. También, de la líder afrodescendiente Francia Márquez [3]. Los tres mensajes coinciden en pedir apoyo para que el Estado colombiano cumpla el Acuerdo de Paz, impida los asesinatos de líderes de procesos sociales, de paz y ambientales -ya sobrepasan los 900- y de más de 250 miembros de la exguerrilla FARC ahora partido los Comunes; y para lograr un pacto de paz con el ELN.

Ahora, desde el gobierno y el Congreso estadounidense habrá presión al gobierno Duque para que implemente el Acuerdo, proteja los derechos humanos y la vida tanto de líderes sociales como de los excombatientes.

Política de drogas

En el tema de drogas, que ha sido central en la relación con Colombia, la política bipartidista estadounidense confiaba en la fumigación aérea como instrumento para reducir las hectáreas de cultivo de coca y la distribución de cocaína en ese país.

Sin embargo, el informe bipartidista de la Comisión de Política de Drogas -entre cuyos firmantes están dos personas de origen colombiano: Juan S. González, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad, y Dan Restrepo- asume el fracaso del Plan Colombia, lo ineficiente y contraproducente que es la erradicación forzosa, y muestra que la situación de las comunidades en zonas cocaleras debía ser un eje clave de la política de drogas, posibilitar su participación y garantizar la protección de sus voceros como obligación del Estado. El embajador Goldberg dice que ahora el regreso a la aspersión con glifosato es un programa cuya decisión y responsabilidad es del gobierno colombiano que si decide aplicarla, debe conseguir el glifosato, controlar los aviones, lo que ya no harán como antes los contratistas; Estados Unidos ayudará en algunos aspectos.

En esa perspectiva resulta clave la presión en Colombia para que el gobierno de Biden y los demócratas acepten hacer ajustes a la política de drogas ligados con la paz. De hecho, el punto 4 del Acuerdo con la FARC, trae un enfoque multidimensional de esa problemática que incluye acuerdos con cultivadores de coca para la sustitución voluntaria, y que en lugar de que el Estado lance venenos desde el aire con graves daños socio-ambientales, llegue a la periferia nacional a ayudar en la construcción de paz territorial con participación de sus pobladores, y mejore la lucha contra la criminalidad, el narcotráfico y el lavado de ese dinero. Justo en ese punto del Acuerdo jugó un papel el enviado especial Bernie Aronson. Ahora, el gobierno Biden podría aceptar ese giro que implica desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico y apoyar el desarrollo económico alternativo en esas zonas afectadas por la violencia y la criminalidad. Como dice la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la sustitución de cultivos concertada con comunidades es más sostenible y rinde más frutos; en cambio incrementar tensiones entre el Estado y las comunidades ha sido contraproducente para encontrar soluciones estructurales a economías ilegales, como se ha visto en Tumaco y el Catatumbo.

Salida negociada a la crisis de Venezuela

Frente a la crisis en Venezuela generada por el régimen de Maduro que viola los derechos humanos y persigue a organizaciones sociales y a las que luchan por defenderlos, Biden seguramente ajustará la estrategia intervencionista del impredecible Trump, de “todas las cartas sobre la mesa”, que hizo confiar a sectores opositores más en la presión externa que en la construcción de una ruta interna, socavando esfuerzos para una solución política. Además, la amenaza de acción militar unificó a las fuerzas armadas contra enemigos externos y las sanciones petroleras agravaron la situación al exacerbar la crisis económica y humanitaria con graves efectos sobre la población más que sobre los funcionarios. El régimen de Maduro se aferró al control de todos los poderes públicos, que fue logrando con diverso tipo de maniobras; mientras tanto, la oposición terminó reprimida, en el exilio y más fraccionada.

El secretario de Estado Antony Blinken dijo al Senado que Maduro es un dictador y es parte del problema, no de la solución, que continúan reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino y la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el único organismo elegido democráticamente. Pero son vagas las bases constitucionales de la decisión de continuidad administrativa de la Asamblea que presidía Guaidó y de su gobierno, y lo afectan las acusaciones sobre malversación de recursos en su entorno. La Unión Europea ha dicho que trabajará con la oposición democrática y la sociedad civil de Venezuela, pero no se refirió a Guaidó como presidente interino.

Jen Psaki, portavoz del gobierno de Biden, dijo que la meta de Estados Unidos es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela mediante elecciones libres y justas, que tomarán medidas para perseguir a violadores de derechos humanos y corruptos, y buscarán soluciones para atender la crisis humanitaria. Eso exige que la oposición venezolana sea capaz de construir un acuerdo entre sus diversos sectores y liderazgos en torno a una hoja de ruta para buscar una salida negociada.

Ojalá Biden y los demócratas se comprometan con una defensa de la necesaria negociación entre los venezolanos, ofrezcan alivio de las sanciones petroleras a cambio de elecciones anticipadas, con reglas democráticas y una real observación internacional, que atienda la emergencia humanitaria compleja, abra una transición y la reconstrucción de ese país. Eso implica que el gobierno Biden, con el regreso de Estados Unidos al multilateralismo, asuma que no puede actuar unilateralmente frente a la crisis en Venezuela y trate de coordinar con la Unión Europea y países latinoamericanos y del Caribe esfuerzos en favor de la negociación en busca de una salida pacífica y democrática.

También resulta esencial un giro de Biden frente a las cerca de 200 medidas de Trump para aumentar el bloqueo y la vinculación de Cuba a la lista de países auspiciadores del terrorismo, de la que el gobierno Obama la había sacado en medio del proceso de acercamiento para normalizar las relaciones. Trump la volvió a incluir alegando que Cuba no extraditó a la delegación del ELN que actuó en la mesa negociadora, como lo ha exigido Duque, sin tener en cuenta que la isla lo que ha hecho es cumplir los protocolos firmados al respecto con el Estado colombiano y que ha jugado un papel decisivo en la negociación de paz para Colombia. No será fácil avanzar frente a Cuba pues en buena medida, Trump ganó en la Florida por su estrategia radical contra la isla y sus amenazas intervencionistas en Venezuela.

En síntesis, el giro comenzado por Biden le plantea al gobierno de Colombia retos cruciales en especial en materia de paz y derechos humanos, en la política de drogas así como en la estrategia que ha venido aplicando hacia Venezuela y Cuba. Perder esa oportunidad hará muy difícil la última parte de la presidencia de Duque. No basta con buscar contactos entre los dos gobiernos y con congresistas demócratas si Duque no se abre a las nuevas realidades e imperativos que favorecen a Colombia.

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[1] https://www.onic.org.co/comunicados-de-otros-sectores/4106-carta-abierta-al-presidente-de-eeuu-joe-baiden-urge-la-implementacion-de-paz-en-colombia

[2] https://www.justiciaypazcolombia.com/comunidades-negras-indigenas-campesinas-dirigen-carta-a-gobierno-de-estados-unidos/

[3] https://www.onic.org.co/comunicados-de-otros-sectores/4106-carta-abierta-al-presidente-de-eeuu-joe-baiden-urge-la-implementacion-de-paz-en-colombia

Socorro Ramírez

25 enero, 2021