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Socorro Ramirez

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2024 es decisivo para Venezuela en múltiples dimensiones. Ante todo en lo electoral, lo que determinará si Nicolás Maduro continúa en su cargo -ha sido presidente desde 2013 y antes era vicepresidente de Hugo Chávez- o si la oposición llega al ejecutivo. Además, por el colapso de la producción energética y el litigio territorial con Guyana. También este año será decisivo sobre si los retos pueden ser transformados en oportunidades, en estos cuatro ejes.

Elecciones en Venezuela

Aunque aún no hay fecha exacta, los comicios para elegir el nuevo presidente 2025-2031 deben realizarse en el 2º semestre de 2024, tal como acordaron en octubre 2023 en la mesa de negociación el gobierno y una parte sustancial de la oposición[1]. Pese a que el Acuerdo de Barbados incluye lo electoral exigiendo transparencia, no hay garantías para que se realicen las campañas electorales en forma realmente democrática y competitiva. Tampoco hay fechas para las elecciones en 2025 para escoger gobernadores, alcaldes y legisladores.

Empezando 2024, cuando el chavismo cumple 25 años en el poder, aún se desconoce quién será su candidato. Maduro -reelegido en 2018 en comicios desconocidos por más de 60 países, incluido Estados Unidos- primero afirmó que se postularía para las presidenciales, cuando Diosdado Cabello reiteró esa postulación dijo a Telesur que es prematuro confirmarla “Solo Dios sabe… No Diosdado”. Maduro no tiene ni 10% de favorabilidad, según la encuesta Delphos, y maniobra para impedir que otros sectores participen en elecciones.

Además de perseguir y amenazar a disidentes del chavismo y a distintos opositores, desde junio 2023 inhabilitó por 15 años a María Corina Machado de la Plataforma de Unidad Democrática, escogida como candidata opositora, al sacar 92,35% de los 2,3 millones de votos en las primarias que se realizaron el 22 octubre 2023. Ella ha insistido en que las elecciones libres son el camino para lograr el cambio, y ha convocado la alianza por Venezuela para estimular la organización de los venezolanos dentro y fuera de su país hacia los comicios[2].

En la apertura democrática y del camino electoral incide lo internacional. A finales de 2023, el régimen venezolano liberó a presos estadounidenses y venezolanos, y el gobierno de Biden, a Álex Saab -empresario colombo-venezolano catalogado como testaferro de Maduro- además anunció como alivio temporal el levantamiento de sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolanos; en abril 2024, lo finaliza o extiende dependiendo de las elecciones en Venezuela y en Estados Unidos.

El colapso de la producción energética

El colapso de la industria energética ha colocado a Venezuela en una situación grave. Los problemas de administración de PDVSA han contribuido a la destrucción de sus capacidades productivas, sus trabajadores están sumidos en la pobreza absoluta, muchos son

perseguidos o están presos. Aun así, Maduro usa petróleo y gas para pagar deudas, y a PDVSA para acuerdos con empresas energéticas de distintos países.

Esos ingresos, más que para generar desarrollo industrial y empleo nacional, el régimen madurista los usa para mantenerse en el poder. Mientras tanto, Venezuela terminó el 2023 con la inflación más alta del mundo: 260,70%; en 2022 había sido del 240% [3]. En esos años tuvo ligeros repuntes económicos, por la incidencia de las licencias que Biden les concedió a empresas petroleras y gasíferas norteamericanas para que operaran en Venezuela.

Litigio territorial y presión internacional

El 2024 es decisivo también para Venezuela en la disputa con Guyana sobre el territorio de 160.000 km2, rico en recursos naturales. La controversia escaló cuando el 3 de diciembre del 2023, Maduro convocara el referendo, diera 3 meses a operadoras como Exxon para salir de allí, y para anexarlo creara PDVSA Esequibo, colocara asentamiento militar próximo al área en litigio y designara jefe militar para el nuevo estado de Guayana Esequiba.

Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, se reunieron el 14 de diciembre 2023 en San Vicente y las Granadinas, acordaron no amenazarse, evitar incidentes por la disputa, y volver a reunirse en el primer trimestre de 2024. Brasil ha tratado de mediar en ese conflicto, mostrando que amenazas y demostraciones militares contradicen los compromisos asumidos por ambos países.

Gran Bretaña le pidió a Venezuela, el 28 de diciembre 2023, cesar acciones contra Guyana, cuyo gobierno había insistido que el buque de guerra británico en aguas en litigio no amenazaba y que su salida mostraba el compromiso de mantener relaciones pacíficas [4]. También la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, había señalado la llegada de ese buque como acción provocadora, pedido su retiro inmediato y que Venezuela reafirmara la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966, presentando ante la Corte los documentos que defienden ese territorio. El 31 de diciembre, Maduro ordenó el repliegue de las aeronaves desplegadas en el Atlántico, y continuar la defensa de la Guyana Esequiba.

La Corte Internacional le fijó el 8 de abril de 2024 como plazo para que Maduro presente su contramemoria que explique que ese territorio es venezolano. Aunque el régimen chavista no reconoce la jurisdicción de la Corte -porque investiga a su gobierno por crímenes de lesa humanidad- organizaciones como Acceso a la Justicia le han pedido a la Corte que no se deje utilizar para retrasar esa investigación y que mantenga comunicación directa con las víctimas y la sociedad civil venezolanas.

A convertir retos en oportunidades

Tanto el régimen de Maduro como la oposición venezolana, en 2024 pueden estimular el cambio democrático, pacífico y constitucional, si toman en cuenta los fracasos previos y convierten sus retos en oportunidades.

Maduro está aislado, aun dentro del chavismo no hay acuerdo sobre sus actuaciones, sabe que si su gobierno no garantiza elecciones realmente democráticas y acoge sus resultados, las sanciones se agravan, y que las presidenciales del 2024 pueden abrir una transición en Venezuela [5].

Por su parte, la oposición venezolana tiene que recomponer su unidad, no puede repetir divisiones y conflictos. Para ganar las elecciones debe lograr fuerte participación de diversos sectores políticos y sociales, respaldar la candidatura con más probabilidades de reunir la mayoría de votos, y evitar la abstención que aprovecharía Maduro para mantenerse en el poder. Cruciales son tanto las presiones al gobierno -para que suprima inhabilitaciones, actualice el registro y garantice el voto del éxodo poblacional- como las garantías e incentivos al chavismo para que respete los resultados electorales, incluso si debe dejar el poder y concrete con la oposición salidas democráticas.

Ambos lados deben revivir la mesa de diálogo y negociación para que no se repita lo que ocurrió en 2019, cuando, con la mediación de Noruega, el gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Maduro iniciaron un diálogo para buscar solución a las crisis venezolanas, pero se agotó por la falta de capacidad para construir un acuerdo, pues el gobierno no aceptó elecciones democráticas, ni compromisos internacionales, y la oposición no superó la división entre quienes apoyaban la negociación y los que la rechazaban.

Aunque aún no se perfilan salidas, lo que se haga desde ahora ayuda a que ambos lados, con apoyo internacional, avancen hacia la transición democrática en Venezuela.

[1] https://www.elnacional.com/venezuela/cinco-acontecimientos-que-haran-de-2024-un-ano-decisivo-para-venezuela/ [2] https://efectococuyo.com/politica/maria-corina-anuncia-creacion-de-red-para-defensa-del-voto-600k/?utm_medium=email”. [3] https://www.elnacional.com/economia/venezuela-cerraria-el-2023-con-una-inflacion-de-26070/ [4] https://www.elnacional.com/mundo/guyana-dice-que-presencia-de-buque-britanico-no-amenaza-a-venezuela/ [5] https://www.elnacional.com/opinion/2024-ano-de-la-transicion/

Socorro Ramírez

Enero 14, 2024

Artículo publicado en Razón Pública, Colombia

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Amnistía Internacional acaba de referirse a problemas de la población que llega de Venezuela a Colombia; pidió garantizar el acceso efectivo a mecanismos de registro y no devolución[1]. Crucial resulta comprender las problemáticas y especificidades de quienes huyen de la crisis venezolana, así como apoyar a las comunidades que los acogen, a partir de propuestas sociales concretas.

Hay que entender y atender especificidades.

Las modalidades y los problemas de este flujo poblacional son diversos:

  1. El paso pendular a Colombia para abastecerse, buscar servicios o recibir remesas de familiares para sobrevivir en Venezuela, pide garantías.
  2. Los indígenas binacionales ven limitado el libre tránsito por su territorio ancestral transfronterizo. Los Wayuu, por ejemplo, del lado venezolano enfrentan dificultades porque no son registrados con el nombre de su casta; en Colombia los tratan como migrantes.
  3. La población con doble nacionalidad, como hijos de venezolanos y de colombianos nacidos en el otro país, o los de segunda y tercera generación, no pueden legalizarse fácilmente.
  4. Las personas que requieren asilo o refugio huyendo de riesgos inminentes, esperan protección, no devolución, y poder trabajar mientras su petición es resuelta.
  5. A los emigrantes que dejan Venezuela buscando alternativas de vida y de trabajo para ellos y sus familias, les urge regularizar su situación y encontrar oportunidades.
  6. Los colombianos que, luego de vivir en Venezuela buscando alternativas económicas o huyendo del conflicto armado, retornan con familias binacionales, necesitan legalizar su situación y plena inserción.
  7. Los venezolanos en tránsito que durante meses atraviesan el Pacífico colombiano, el Tapón del Darién, o el archipiélago de San Andrés para ir por Centroamérica y México hasta Estados Unidos, son sometidos a hurtos, violencias incluso sexuales y a extorsiones del crimen organizado.

Urge plena concertación entre los países involucrados en esta problemática, pues algunos tratan de trasladarla al país vecino. Hay recriminaciones mutuas, por ejemplo entre los gobiernos de Colombia y Panamá en la frontera del Darién. Aunque el gobierno Biden ha abierto oficinas migratorias, donde se puede pedir visas o asilo, hay represamientos de solicitudes, prolongación de espera, deportaciones por parte de Estados Unidos.

Oportunidades y riesgos

Son muchas las posibilidades abiertas, pero también los apremios que manifiestan quienes forman parte de estas distintas modalidades de éxodo poblacional.

Además de la atención humanitaria, celebran las decisiones para la legalizar su vida en Colombia, como los Permisos Especiales de Permanencia (PEP), el Estatuto Temporal de Protección (ETP), el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), el Registro Único de Retornados (RUR), etc. 

Destacan también, las iniciativas para evitar ser apátridas, al otorgarles la nacionalidad colombiana a menores nacidos en Colombia que sean hijos/as de venezolanos/as, así como el reconocimiento de derechos a la salud, la educación, socioeconómicos y reproductivos.

Sin embargo, también hacen notar limitaciones de entidades como Migración Colombia para procesar y entregar información generada por encuestas realizadas y con iniciativas de regularización, o por entidades como el Observatorio Nacional de Migración y Salud, que deberían servir a nivel central y en los territorios que los acogen. 

Rechazan declaraciones de altos funcionarios señalando a venezolanos de causar problemas de seguridad pública. Les alarma el riesgo de xenofobia y su uso en las elecciones, pues hay candidatos con discursos discriminatorios o que tratan de instrumentalizarlos. Piden que se les permita votar, al menos en las elecciones locales donde han adquirido residencia.

Iniciativas sociales

A partir del seguimiento sistemático de la situación, se han formulado propuestas para la atención de ese flujo poblacional, iniciativas como Alerta Venezuela y el Observatorio sobre Venezuela[2]. Aquí resumimos algunas:

  • Responder a los anuncios de personajes de los gobiernos centrales de los países, cuando niegan la existencia de ese éxodo.
  • Garantizar la no devolución a Venezuela y un mayor acceso a la nacionalidad colombiana, superando barreras que lo impiden o generen ruptura familiar.
  • Establecer rutas de acceso con enfoque de derechos diferenciados (étnia, género, edad, etc), regularización, protección y atención en especial a población indocumentada y más vulnerable, ampliando los plazos de registro.
  • Propiciar la actuación integral y coordinada de instituciones nacionales y territoriales, en especial en las rutas frecuentadas por ese éxodo poblacional para garantizar orientación, prevención, protección frente a riesgos de ser victimizados por grupos armados irregulares y criminales, y para construir alternativas en las zonas de acogida, de atención e integración.
  • Explicitar derechos y deberes de las personas en situación de movilidad, revisar prevención y procesamiento de delitos contra ese éxodo desde Venezuela.
  • Aplicar la ley antidiscriminación del éxodo poblacional, desarrollando estrategias contra el racismo, la xenofobia, etc.
  • Revisar las iniciativas de retorno voluntario, digno, seguro, de población colombiana en situación de vulnerabilidad en Venezuela.
  • Propiciar el diálogo entre el Estado colombiano, las organizaciones del éxodo poblacional desde Venezuela, la Mesa Nacional de Sociedad Civil para las Migraciones, sobre diversas modalidades de esa diáspora, para garantizar la inclusión y la no-discriminación.
  • Promover la integración socioeconómica y cultural del éxodo desde Venezuela, reconociendo los aportes al desarrollo colombiano, evaluar políticas de integración, como el CONPES 4100 de 2022.
  • Fortalecer la coordinación entre países de origen, tránsito, destino y retorno, para promover el desarrollo de políticas sobre las diversas modalidades de esos flujos poblacionales, cumpliendo el derecho internacional e interamericano.

[1] https://www.elnacional.com/mundo/advierten-que-el-numero-de-venezolanos-refugiados-en-colombia-es-bajo-comparado-con-cifra-de-migrantes/

[2] https://immap.org/…/profiling-venezuelan-migrants-in…/

https://urosario.edu.co/sites/default/files/2023-08/informe-bitacora-migratoria-agosto.pdf

Socorro Ramírez

Publicado en RAZÓN PÚBLICA

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Tuvimos el privilegio de conversar en nuestra última tertulia con quizás una de las personas que más conoce los procesos y las negociaciones de los gobiernos de Colombia con esta guerrilla del ELN. Socorro nos presentó su perspectiva de los avances que se han tenido en las negociaciones con el gobierno actual, en una tertulia muy objetiva y realista sobre el presente y el futuro de estos procesos tan difíciles. Compartimos con nuestros lectores esta sesión .

Exjesuitas en tertulia- Jueves 10 de Agosto, 2023
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Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son parte de un proyecto más ambicioso del presidente colombiano, que abarca tanto a grupos políticos como delictivos, cuyas fronteras no siempre son claras.

Desde que inició su mandato en agosto de 2022, Gustavo Petro se ha planteado muchos objetivos. El primer presidente de izquierda de la historia colombiana ha postulado la necesidad de transformar el país en un cambio que apueste por la justicia social, la democracia y el respeto por el medio ambiente. En su amplia agenda se destaca, sin embargo, un punto central de su propuesta política: el logro de lo que ha denominado «paz total».

En un país que ha sufrido durante décadas conflictos armados internos y que ha conseguido un acuerdo con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún quedan desafíos por superar. En Colombia todavía hay guerrillas activas que no se han desmovilizado y que continúan causando estragos en la población. Petro ha tomado una especial determinación en lo que se refiere al fin de la violencia. Él mismo ha formado parte de una guerrilla –el Movimiento 19 de abril (M-19), que existió entre 1974 y 1990– y en numerosas ocasiones ha afirmado que los cambios deben producirse de manera pacífica.

La política de «paz total» de Petro apunta a terminar con las guerrillas y con las organizaciones conocidas como «multicriminales», que combinan el control de los territorios, el amedrentamiento de la población y la violencia ligada al narcotráfico. Su posición sobre esta materia ha sido la de negociar y ofrecer incentivos para que los diversos grupos violentos que actúan en el país se desmovilicen o se sometan a la justicia. En muchos casos ha habido interrogantes sobre si esos grupos tienen o no un verdadero carácter político –muchas guerrillas comenzaron con proclamas políticas y acabaron convirtiéndose en bandas criminales ligadas a negocios mafiosos– y si esa política toma en cuenta la especificidad y circunstancias diferentes que cada grupo presenta, su alcance regional o nacional, su ideología y su vinculación con economías ilegales.

Sin lugar a dudas, uno de los principales grupos con el que se pretende alcanzar la paz es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en el país desde mediados de la década de 1960. El desafío en este sentido es mayúsculo, en tanto el ELN tiene particularidades que otras organizaciones guerrilleras no poseen. Ahora mismo, el gobierno colombiano y la guerrilla están negociando en México y las esperanzas de paz comienzan a florecer.

La última guerrilla

El ELN lleva casi 60 años en la lucha armada. Surgió en 1964 por iniciativa de jóvenes estudiantes urbanos provenientes principalmente del Partido Comunista y de la juventud del Movimiento Revolucionario Liberal. La guerrilla, de inspiración marxista y fuertemente influida por la Revolución Cubana, se convirtió rápidamente en una organización particular: asumió el guevarismo y fue una de las primeras organizaciones armadas en adoptar posiciones de la Teología de la Liberación.

Desde un inicio, se caracterizó por su rechazo de los procesos electorales y por la consideración exclusiva de la lucha armada frente a la lucha política –a la que tachaba de «pasiva»–. Aunque fue mutando con el tiempo, sostuvo de modo permanente algunas de sus peculiaridades. Entre ellas se destaca la del «federalismo insurgente», un concepto que sirve para indicar que, en cada uno de los territorios en los que actúa, las motivaciones pueden ser diferentes. A pesar de que, como toda organización de este tipo, tiene un mando unificado, existe una importante diversidad regional y una relativa autonomía tanto de sus frentes de guerra como de sus comandantes. Asimismo, hay otra característica relevante que debe ponerse de manifiesto: aunque el objetivo original del ELN era el de producir una revolución socialista en Colombia, la guerrilla acabó, en muchos territorios, involucrada en negocios con el narcotráfico.

Los primeros diálogos para acabar con la violencia de la guerrilla se produjeron en 1975, a menos de diez años de la creación del grupo armado, pero encontraron un punto muerto muy rápidamente. Fue recién en la década de 1990 cuando las negociaciones de paz lograron retomar impulso. Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN, y en el mandato de Ernesto Samper (1994-1998) se produjeron, en Madrid y Mainz, acercamientos para iniciar un eventual proceso de paz. Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, desarrolló un acercamiento para posibles negociaciones con el ELN en Cuba y en Venezuela. Finalmente, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia entre 2010 y 2018 y que logró el acuerdo de paz con las FARC, intentó rondas de negociación con el ELN en Quito y La Habana, y consiguió plasmar una agenda de seis puntos que nunca llegó a concretarse.

Tras la asunción de Iván Duque como presidente en 2018, las negociaciones se complicaron. Luego de una serie de combates y de treguas, el 19 de enero de 2019, el ELN atentó con un carro bomba contra la escuela General Francisco de Paula Santander, donde se forman los cadetes de la Policía Nacional, y Duque dio por finalizado el diálogo. Un diálogo que ahora Petro ha relanzado. El sexto presidente en intentar negociar con el ELN –y el primero que cuenta en su biografía con una participación anterior en un movimiento guerrillero– ha reanudado la mesa de diálogo.

El gobierno de Petro tiene, en el contexto actual, un desafío mayúsculo: lograr incluir a todas las estructuras territoriales del ELN. Petro sabe que, para lograr una paz duradera y completa, es necesario que las diversas estructuras de la guerrilla participen de la mesa de negociación. De lo contrario, la «paz total» no será posible. El desafío tiene un calado importante, en tanto los sectores del ELN que operan en el Pacífico colombiano han sido, tradicionalmente, renuentes a participar del diálogo.

De hecho, su ausencia en las negociaciones de 2017 y 2018 fue notoria. Una situación similar se evidencia en el departamento de Arauca, donde opera el Frente de Guerra Oriental, un grupo conocido por sus acciones particularmente violentas y por ser la estructura con más fuerza dentro del ELN. Con su presencia y control territorial, el Frente de Guerra Oriental del ELN fue convirtiendo esa zona en un área estratégica y una fuente de recursos, particularmente mineros y petroleros. Además, este sector del ELN ha logrado convertirse en binacional, en tanto ha ganado una fuerte influencia en Venezuela.

Nuevo arranque y freno de la negociación

Tras asumir el mando presidencial en agosto de 2022, Petro insistió en la necesidad de retomar el diálogo con la guerrilla. Finalmente, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de ese mismo año, se realizó una primera ronda de negociaciones en Caracas. El objetivo del encuentro fue la revisión de la agenda que había comenzado a desarrollarse en las negociaciones de 2017 y 2018. Al mismo tiempo, en aquellas jornadas se crearon subcomisiones para acordar el funcionamiento de la mesa de diálogo y se acordó el desarrollo de acciones para aliviar la situación de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado.

El 31 de diciembre de 2022, a las 22:45 (poco antes de la llegada del nuevo año), Petro publicó en la red social Twitter que había acordado «un cese bilateral» con grupos armados irregulares activos en Colombia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances que tuviera su desarrollo con los cinco grupos involucrados en sus decretos. Esos grupos eran el ELN, Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC que no firmaron los Acuerdos de Paz de 2016), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo), un grupo narcoparamilitar, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo paramilitar algo más nuevo.

Sin embargo, el 3 de enero el ELN respondió que no habría cese al fuego, pues solo cumpliría lo que se había discutido y acordado en la mesa de diálogo. Asumiendo que el alto el fuego no había sido acordado ni discutido, el grupo guerrillero pidió que el gobierno reconociera públicamente que su anuncio era erróneo y afirmó que esa medida unilateral ponía en crisis la negociación de paz. Además, rechazó que Petro pusiera al ELN «en la misma bolsa» junto con cuatro grupos irregulares de tipo criminal y exigió que se realizara una sesión extraordinaria entre las delegaciones del gobierno y la de la guerrilla para tratar lo ocurrido antes de abrir un segundo ciclo de diálogo. También pidió al gobierno cumplir los anuncios que hiciera el 12 de diciembre de 2022 sobre el alivio humanitario para presos del ELN que se encontraban enfermos o en condiciones infrahumanas. En ese contexto, las acciones del ELN y de las disidencias de las FARC aumentaron en la región de Arauca.

Frente a esta situación, el gobierno de Petro intentó mostrar que la idea del cese al fuego bilateral había estado presente en diversos intentos de negociación y en los propios llamados del ELN –por ejemplo, cuando declaró la tregua navideña–. Acto seguido, anunció la suspensión de los efectos jurídicos del Decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022 de alto el fuego con el ELN, y le pidió a esta agrupación que declarara una tregua verificable acogiendo el llamado de las comunidades para que cese la violencia en sus territorios. Al mismo tiempo, ordenó reactivar operaciones militares contra la guerrilla y aceptó convocar una reunión extraordinaria antes del segundo ciclo de la mesa de diálogo, con el objetivo de aclarar lo sucedido y de avanzar en la discusión sobre el cese al fuego bilateral. En ese marco, Petro visitó a Nicolás Maduro para discutir, entre otras cosas, el papel de Venezuela como garante de la negociación. Para reforzar la posición oficial, el coordinador de la delegación del gobierno insistió en que la intención del presidente colombiano, al declarar ese cese bilateral del fuego con el ELN, era la de «abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de la negociación política».

Las poblaciones urgieron al gobierno y al ELN a dinamizar la negociación en la mesa de diálogo para avanzar en un proceso de paz real. Además, les reclamaron acciones inmediatas ante la situación de emergencia que enfrentan, y solicitaron ayuda para la gente que no quiere o no puede regresar a sus territorios. Al gobierno le pidieron dar respuesta a los dramas humanitarios, no solo con iniciativas puntuales para calmar el dolor, sino a través de acciones estructurales para resolver sus causas. Al ELN le exigieron detener el desplazamiento poblacional que genera la confrontación armada, así como los daños al Derecho Internacional Humanitario de esas comunidades.

Del 16 al 21 de enero de 2023, delegados del gobierno y el ELN realizaron un encuentro extraordinario en Caracas, del que surgió un comunicado conjunto titulado «Exitoso balance». En el comunicado podía leerse lo siguiente: «La Mesa de Diálogos valora la franqueza y la profundidad que tuvo el proceso de discusión y conviene en mantener los mecanismos de comunicación durante los periodos en los cuales no está reunida. Asimismo, la Mesa de Diálogos pone de presente que esta reunión extraordinaria contribuyó a ratificar y fortalecer los principios sobre los cuales se adelantan estos diálogos: los acuerdos son para cumplirlos, bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe». El comunicado conjunto señalaba, asimismo, que ambas delegaciones habían acordado que el segundo ciclo de conversaciones debía examinar los logros y dificultades en la implementación de los acuerdos alcanzados en el primero, y que debía consagrarse a dos temas cruciales: el cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.

Para escuchar a las comunidades más perjudicadas por el conflicto, la Caravana Humanitaria hacia el Pacífico colombiano que la mesa de diálogo había acordado realizar, hizo en enero de 2023 dos recorridos: uno por el Bajo Calima en el Valle y otro por el medio San Juan en el Chocó. Allí pudo observar la grave situación de las personas que viven en albergues que deberían ser provisionales, pero se han convertido en permanentes pese a sus condiciones infrahumanas. Y evidenció también las carencias en términos de alimentación y servicios de salud. 

Un ejemplo claro de esa situación es el producido en el Polideportivo de El Cristal, donde permanecen algunas de las 210 familias desplazadas por el conflicto. Las poblaciones reclamaron la liberación de sus territorios de la situación de guerra y exigieron servicios básicos en los albergues y garantías para retornar y permanecer en sus comunidades. Tanto el gestor de paz del ELN, como su vocero en la Caravana Humanitaria, reconocieron la urgencia planteada por los ciudadanos de terminar la guerra. Asimismo, afirmaron que habían enviado una lista de 40 presos al gobierno y que, de ella, se seleccionaron ocho que requerían con urgencia atención médica y el beneficio de «casa por cárcel». El ELN afirmó que esperaba cumpliera con las reformas penitenciarias y de justicia.

Así, reuniones, comunicado, acuerdos y caravana muestran que, afortunadamente, se superó el impasse suscitado con el anuncio presidencial de cese al fuego, con cinco grupos armados irregulares, como parte de la política de«paz total». La delegación de gobierno realizó entonces una reunión de tres días en Bogotá, para analizar las lecciones aprendidas del cese al fuego de 101 días que se pactó con el ELN entre septiembre de 2017 y enero de 2018, revisar lo avanzado sobre cómo planear la participación de la sociedad civil y preparar cómo atender los temas ambientales; con el encuentro con el presidente Petro, el 7 de febrero de 2023, preparó la continuación de la Mesa de negociación.

La reactivación de la mesa de diálogo

El segundo ciclo de la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN comenzó el 13 de febrero de 2023 en Ciudad de México. Las partes acordaron que la negociación se extenderá por 21 días y contará con la participación de los embajadores de diez países garantes o acompañantes –Noruega, Venezuela, Cuba, México, España, Alemania, Suiza, Suecia, Chile y Brasil–.

Esas conversaciones deben examinar los logros y las dificultades en la implementación de lo acordado en el primer ciclo, empezando por el desarrollo de la Caravana Humanitaria. Resulta crucial que cada parte examine lo planteado por las poblaciones más afectadas de las zonas del Valle y del Chocó y que la mesa defina si asume esas experiencias como un programa piloto.

Resulta igualmente clave tratar la cuestión del cese al fuego. En las sesiones desarrolladas en 2017 y 2018 se desarrolló una submesa específica para esa materia, donde tuvieron participación generales del Ejército y la Policía, que contribuyeron a discutir protocolos para concretar la medida.

El otro tema que aborda este nuevo ciclo es el de la participación de la sociedad civil. Resulta esencial que parta de lo avanzado en las audiencias y consultas con organizaciones sociales de los territorios más afectados, sobre todo en lo concerniente a las formas como se desarrollará la participación de la ciudadanía en los diversos aspectos que hacen al proceso de paz.

Es de desear que el gobierno afine sus pronunciamientos y su capacidad de concertación y de acción. Y que el ELN asuma, de una vez y para siempre, que nada justifica el sufrimiento al que somete a las poblaciones más vulnerables de Colombia. Es necesario que la guerrilla comprenda que no puede sostener la violencia escudada en el apoyo social que recibe de parte de un sector de la población. Su propuesta a la mesa de negociaciones de un abandono paulatino de la violencia a medida que el Estado vaya realizando transformaciones sociales en un sentido de justicia es, en tal marco, infundada. Lo que el pueblo colombiano desea es la paz y, sin dudas, las transformaciones sociales. Pero para que esas transformaciones puedan desarrollarse claramente, la paz es prioritaria. Sin paz, esos avances se vuelven mucho más difíciles, como se ha demostrado durante el largo ciclo de la violencia política en Colombia.

Socorro Ramirez

Febrero, 2023

Publicado en NUEVA SOCIEDAD.

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En su campaña presidencial, Gustavo Petro prometió que buscaría una relación mucho más horizontal entre Colombia y Estados Unidos. En los meses iniciales del nuevo gobierno colombiano, declaraciones de ambos lados dejaron ver que cada uno trataba de mostrar sus prioridades y preocupaciones al comienzo de su aproximación.

En su campaña electoral y en el inicio de su gobierno, Petro mostró la necesidad de más equilibrio y diversificación temática en la relación con Estados Unidos. Pocos días después de su triunfo electoral, recibió llamadas de felicitación desde Estados Unidos, primero de Anthony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, y enseguida del presidente Joe Biden; luego, hubo reuniones bilaterales en Colombia y en Estados Unidos.

Petro señala que su meta de Paz Total, además, de negociación con el ELN, implica el desmonte y sometimiento al sistema judicial de todos los grupos armados ilegales, incluidos narcotraficantes, que no serían extraditados si cooperan, indemnizan a las víctimas y garantizan que no reincidirán en actos delictivos. También ha hablado de la reforma de las políticas de drogas, empezando por acabar la aspersión aérea, destruir cultivos industrializados para la producción de estupefacientes, apoyar la sustitución de cultivos con participación de las comunidades productoras de coca y controlar los insumos químicos usados para transformarla en cocaína. 

Hay otros temas prioritarios de su política internacional, que también implican un cambio de foco en la relación con Estados Unidos. La vicepresidenta Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo ‒exgobernador del Chocó, exministro de ambiente y embajador en Washington‒, también han expuesto la prioridad ambiental y en la lucha contra el cambio climático.

El gobierno de Biden ha dicho que apoya la búsqueda de la Paz Total, que debería partir de la implementación del Acuerdo de Paz con las exFarc. El 3 de octubre, luego de la reunión con el presidente colombiano, Blinken dijo que Biden “apoya fuertemente el abordaje holístico que la administración Petro está tomando”, que los dos gobiernos están ampliamente sincronizados sobre la política de drogas¹ y firmó con la vicepresidenta Márquez un convenio en que Estados Unidos asume como primer garante internacional del punto étnico del Acuerdo de Paz. El Departamento de Estado donó 12 helicópteros para la protección de los bosques en Colombia y Biden ordenó revisar la forma como la marihuana está clasificada en la legislación estadounidense, pidió a los gobernadores avanzar en su despenalización e indultó unas 6500 personas condenadas por poseerla².

Las declaraciones de ambos lados han ido mostrando tanto énfasis distintos como aproximaciones y convergencias. Por ejemplo, Todd Robinson, encargado de políticas de drogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que veía problemas en los supuestos beneficios de las propuestas de Petro para los narcos, aunque al final de agosto ‒después de que él, miembros de la Casa Blanca y del Comando Sur se reunieran con funcionarios colombianos‒, señaló que “las nuevas prioridades encajan con lo que queremos”. Blinken señaló como prioritario para Colombia sustituir cultivos con reforma agraria y seguro acceso a mercados, detener el tráfico de drogas, eliminar el lavado de dinero y lograr que los países de tránsito y los consumidores reduzcan la demanda de estupefacientes. Reconoció la libertad de Colombia de tomar decisiones sobre cuándo extraditar a los narcotraficantes. Por su parte, Petro aceptó en ciertos casos la erradicación forzada.

Esas aperturas en la comunicación y en temáticas claves resultan novedosas, pues durante el periodo en que coincidieron temporalmente las presidencias de Biden e Iván Duque, la relación se redujo a tal punto que su contacto telefónico tardó meses. Afectó esa relación Francisco Santos, miembro del partido de gobierno del Centro Democrático, quien como embajador de Duque en Estados Unidos apoyó la reelección de Donald Trump. Pese a la alianza de Duque con Trump, quien aunque nombró a Colombia aliado principal no miembro de la OTAN casi le hace perder la certificación en lucha contra el narcotráfico, señaló a Duque de ser infructuoso en la guerra contra las drogas y para derrocar a Nicolás Maduro, aunque compartían ambas estrategias; y como se vio en mensaje en la libreta de John Bolton ‒asesor de Seguridad Nacional‒, estaba dispuesto a enviar “5000 tropas a Colombia”.

Venezuela es un tema prioritario en las agendas de los dos países. De hecho, Petro tan pronto asumió la presidencia restableció relaciones diplomáticas y reconoció al gobierno de Maduro. Por su parte Biden, desde comienzos de 2022, ha enviado a sus emisarios a generar acercamientos con el régimen bolivariano, lo que en medio de la guerra de Rusia en Ucrania ha permitido negociaciones para que Venezuela suministre petróleo, luego de mitigar algunas sanciones a PDVSA, que le prohibían hacer negociaciones con Chevron. Y el pasado 1° de octubre autorizó el canje de siete estadounidenses encarcelados en Venezuela ‒entre ellos, cinco directivos de Citgo filial de PDVSA‒ por dos venezolanos ‒sobrinos de la esposa de Maduro‒ detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico.

Ha habido énfasis distintos en asuntos como los referidos a Venezuela. Así se vio en la rueda de prensa, luego de la visita a Petro del secretario de Estado. Blinken responsabilizó al gobierno de Maduro de las crisis que presionan a los venezolanos a dejar su país y pidió continuar otorgando garantías a los migrantes venezolanos a través del estatuto aplicado por el anterior gobierno colombiano. Petro enfatizó en que la normalización de relaciones con Venezuela es lo que puede cambiar la situación de los migrantes, señaló problemas del estatuto y propuso que se elabore uno para colombianos en Estados Unidos. 

Aunque su gobierno no asistió a la votación en la OEA sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua, le pidió luego a ese gobierno y al de Venezuela regresar al sistema interamericano de derechos humanos. En la Asamblea de la OEA, Blinken señaló que el gobierno de Biden pide a Maduro dar pasos para que las elecciones previstas en 2023 y 2024 en Venezuela sean realmente libres. Y preguntado sobre el restablecimiento que hizo Petro de la relación diplomática con Venezuela, dijo que respeta esa decisión soberana de Colombia y espera que ayude a la transición democrática en ese país. 

En la asamblea de la OEA hubo una diferencia significativa. Estados Unidos y otros países rechazaron revisar si se revocaba la aceptación de un representante del gobierno interino de Juan Guaidó. Colombia apoyó esa propuesta con países como Chile y Bolivia, pero no lograron el umbral necesario para la votación.

Implicaciones de los anuncios 

Muchos de los anuncios gubernamentales aún no se traducen en procesos y hechos. Y los gobiernos de Colombia y Estados Unidos todavía no revisan diferencias como las que pueden tener sobre la extradición, el fracaso de casi medio siglo de la “guerra contra las drogas”, que ese tema no vuelva a copar la agenda bilateral y que el indicador de avance no sea el número de hectáreas erradicadas de coca, marihuana o amapola.

En el caso colombiano eso implicaría que no se queden en promesas de campaña y de inicio de gobierno, sino que se vuelvan prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de políticas públicas. La suspensión tanto de las fumigaciones con glifosato como de la erradicación forzada de cultivos para uso ilícito son pasos iniciales que deben estar acompañados de la implementación de lo contemplado al respecto en el Acuerdo de Paz de 2016. En la sustitución/regulación de drogas de uso ilícito el gobierno debe impulsar medidas concretas, aplicar las inversiones prometidas para financiar cultivos alternativos que generen mejores condiciones para que, por ejemplo, los cocaleros se vinculen a economías legales y no vuelva a proliferar el problema de drogas ni intentos de solución represiva. Debe además evaluar en forma constante ese proceso a nivel social, técnico e institucional para demostrar que esos nuevos enfoques producen mejores resultados. 

En medio de las elecciones de mitad de mandato y dada la difícil situación en Estados Unidos, Biden recibe críticas de republicanos y sectores atados a la guerra contra las drogas por sus aproximaciones al gobierno de Petro y los cambios en la política de drogas.

Al presidente Petro le llegaron recomendaciones formuladas por personas expertas, vinculadas a entidades que trabajan sobre la problemática de las drogas³, que indican que buena parte de las reformas que quiere hacer implican estrategias de corto, mediano y largo plazo, las cuales deben ser bien comunicadas, pues promueven iniciativas que salvan vidas al tiempo y reducen daños asociados al consumo como a la producción de drogas. En la transición que genera la construcción de una nueva política de drogas, le piden informar sus desarrollos y saber manejar contradicciones que se generen en ese proceso, priorizando los derechos de los nacionales sin afectar las relaciones internacionales y aproximarse tanto a la discusión en otros países sobre nuevos enfoques ante la problemática de drogas como a la investigación sobre cómo el prohibicionismo ha ayudado a la persistencia del conflicto armado ‒así lo muestran estudios académicos, la Comisión de la Verdad, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos‒, y ayudar a la formación social para reducir los impactos negativo de ese consumo de sustancias mientras se genera su regulación⁴.

Ojalá Petro asuma esas recomendaciones, que le implicarían liderar el proceso y articular la institucionalidad nacional para adelantar esos cambios, generar diálogo/negociación al respecto con el gobierno estadounidense, atender las implicaciones de cambios territoriales, en salud pública, reformas legales y procesos sociales. Ojalá los gobiernos de Colombia y Estados Unidos logren mantener una cuidadosa comunicación sobre asuntos de interés bilateral que permita procesar sus diferencias. A eso ayudaría el logro de avances concretos en Colombia y la aproximación del gobierno Petro, por ejemplo, a países de América Latina, el Caribe y de Europa que han venido avanzando en el debate sobre la necesidad de cambios en la política de drogas. Además, Colombia con Brasil, México, Argentina, Chile y Perú, países grandes de la región y gobernados por una izquierda democrática diversa y dispuesta a hacer cambios, podrían concertar agendas comunes ‒por ejemplo, en la inclusión social y lo ambiental, en favor de la democracia en Venezuela‒, ante la problemática de las drogas, que logren concretar nuevas políticas con el gobierno del presidente Biden.

_______________

¹ https://efe.com/mundo/estados-unidos-apoya-firmemente-el-enfoque-de-petro-sobre-las-drogas/

² https://www.lanacion.com.ar/estados-unidos/estados-unidos-joe-biden-indulto-a-miles-de-personas-detenidas-por-posesion-de-marihuana-nid06102022/

³ Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, Corporación Acción Técnica Social (ATS), Elementa DDHH, Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), Corporación Viso Mutop, Fundación Ideas para la Paz (FIP).

⁴ https://www.elespectador.com/politica/las-recomendaciones-de-la-academia-y-la-sociedad-civil-en-la-politica-de-drogas/

Socorro Ramírez 

Octubre 10, 2022 

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Desde su campaña presidencial, Gustavo Petro mostró la necesidad de reanudar relaciones institucionales con Venezuela. Tan pronto fue electo conversó por teléfono con Nicolás Maduro sobre la posibilidad de reunirse, después de seis años sin encuentros presidenciales ‒el último fue el 11 de agosto de 2016, cuando Juan Manuel Santos fue a dialogar con Maduro en Puerto Ordaz‒. Aunque este texto fue escrito el 7 de noviembre de 2022, mantiene vigencia.

Luego de anunciar el restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela, cada presidente envió su embajador e informó la reapertura de consulados y de vuelos entre los dos países. Luego, el 26 de septiembre de 2022, desde el puente internacional Simón Bolívar se dio la reapertura de pasos fronterizos. Maduro no asistió alegando motivos de seguridad, pese a que en febrero de 2019 ordenó “cierre de frontera” con Colombia, como lo había hecho en agosto de 2015. Sin embargo, la actual reapertura se ha reducido en la práctica a permitir por algunos puentes unas operaciones comerciales (en promedio pasan tres camiones de carga al día), la circulación a pie de personas, la atención de algunos trámites, y se han reabierto muy pocos consulados.

En octubre de 2022 se fue delineando el encuentro presidencial luego de que Maduro invitara a Caracas al mandatario colombiano, quien el 27, desde Cúcuta, le pidió: “Fortalezcamos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que no haya persecución política en América del Sur, para que la democracia se pueda profundizar, para que la libertad sea el sinónimo del cambio político, para que las diversas expresiones de Suramérica se puedan encontrar, se puedan integrar¹

Conviene señalar que Human Rights Watch le había pedido a Petro aprovechar el restablecimiento de relaciones para impulsar el respeto a los derechos humanos en Venezuela. Y el 31, desde la presidencia se anunció que, “para impulsar la economía de la región y socializar su agenda a favor de los intereses del bloque latinoamericano”, Petro viajaba al día siguiente a Caracas a hablar con Maduro sobre el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la relación bilateral, la reapertura de fronteras y temas medioambientales.

Reunión de presidentes de Colombia y Venezuela

El 1 de noviembre, en el palacio de Miraflores en Caracas se dio el encuentro presidencial de Petro y sus acompañantes canciller, embajadores en Venezuela y en la OEA, jefe de gabinete, con Maduro y su comitiva vicepresidenta, ministros de Relaciones Exteriores, Agricultura, Defensa y su embajador en Colombia. Luego de una hora de diálogo, realizaron una rueda de prensa conjunta. Ahí y posteriormente cada uno ha ido presentando su mirada de lo conversado.

Maduro dijo que hablaron sobre relaciones comerciales y económicas, nuevos pasos hacia la apertura total y segura de la frontera, lucha contra el narcotráfico, regreso de Venezuela a la Comunidad Andina, fortalecimiento de la Comunidad de Estados Americanos y de la cooperación amazónica y formulación de una posición común para la reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 27).

Petro habló de la necesidad de reincorporación de Venezuela, tanto al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para crear espacios de paz, cooperación, equilibrio y mayor seguridad en la región, como a la Comunidad Andina (CAN) para reinstitucionalizar el intercambio comercial y los espacios fronterizos. Dijo, además, que sobre seguridad fronteriza hablaron de la creación y activación de mecanismos conjuntos para hacerle frente a las mafias y organizaciones criminales y que estaba decepcionado de ver cómo, luego del mes de reapertura de “la frontera”, las trochas seguían abiertas. 

Los dos presidentes habrían hablado también de la cooperación entre las empresas Monómeros que Petro devolvió a Maduro, luego de que Iván Duque se la entregara a Juan Guaidó y Pequiven para la oferta de fertilizantes que, como ha señalado Petro, su costo de importación implica la subida de precios de alimentos en Colombia.

Según algunos medios de comunicación, Petro le habría propuesto a Maduro revivir la mesa de México y acordar allí que gobierno y oposición se darían garantías mutuas para las próximas elecciones presidenciales. La reanudación de la mesa para buscar una salida negociada a la crisis de Venezuela será tema crucial en la reunión de París que propicia Emmanuel Macron con los presidentes de Colombia, México, Chile y Argentina². Y según la declaración firmada por ambos mandatarios, habrían acordado crear y/o activar mecanismos conjuntos de seguridad fronteriza y espacios de concertación y diálogo binacional.

Así, el encuentro y la declaración sobre la reunión presidencial posibilitan, de cierta forma, abrir una ruta que exigiría no solo “normalizar”, sino reconstruir la relación binacional, proceso que no es fácil, pero al menos ambos gobiernos reconocen que la crucial revitalización de las zonas frontera requiere de trabajo institucional conjunto. Clave es la insistencia, en particular de Petro, en la necesidad de sustentar la relación en la democracia y el respeto a los derechos humanos, que deben regir el comportamiento de ambos gobiernos; así su estrategia no estaría montada sobre proximidad personal o ideológica, sino basada en principios. 

Hay también cierto pragmatismo que se ve reflejado en asumir la posibilidad de que el tránsito hacia la democracia en Venezuela empiece a ocurrir con Maduro en el poder, que el chavismo es una fuerza política que debe competir limpiamente en lo electoral y, desde el gobierno, debe garantizar la participación política de todos los sectores venezolanos, respetando la alternancia³

El gobierno de Estados Unidos y el secretario de Naciones Unidas celebraron el diálogo abierto entre los gobiernos de Petro y Maduro, al considerarlo bueno para resolver la crisis humanitaria en Venezuela. Importante para los dos países es el anuncio de un gran evento empresarial en diciembre próximo, convocado por ambos gobiernos y por la Corporación Andina de Fomento, que reforzaría las posibilidades de reactivación económica fronteriza y binacional a partir de 2023.

Urgencias y asuntos claves pendientes

Pasos informales de un país al otro por el desierto, las montañas, los llanos, los ríos y la selva han existido siempre, más aún cuando Colombia y Venezuela comparten poblaciones binacionales, empezando por las comunidades indígenas transfronterizas y dado que cada país ha sido el principal destino migratorio del otro. El cierre intermitente de pasos fronterizos formales, que lleva siete años, obligó a poblaciones y comercio de ambos lados, que necesitan pasar al otro país, a hacerlo por esas trochas. Ese aumento de circulación por pasos informales, la ausencia de los Estados, sus tensiones y rupturas de relaciones institucionales bilaterales aumentaron la presencia en esas trochas de grupos criminales que impusieron su control con violencia: extorsionan, tratan de cooptar hasta niños, abusar sexualmente de mujeres y desplegar todo tipo de actividad delictiva, contrabando, tráfico de drogas, armas y personas, y hay denuncias de que compran la complicidad de autoridades de uno y otro lado con su acción irregular.

El presidente Petro dijo la última semana de octubre en Cúcuta que la correcta reactivación económica se ha visto torpedeada por mafias que ocupan la frontera; que solo ha habido intercambio de productos por 2,5 millones de dólares desde que la zona fue reabierta; que funcionarios de ambos lados cobran comisiones por el paso por las trochas de productos y vehículos de carga y le ordenó a su ministro de Comercio, Industria y Turismo tomar medidas para acabar esas trochas. Pero, en realidad, es imposible cerrar el desierto, las montañas, los llanos, los ríos o la selva. Lo que urge es el trabajo conjunto entre ambos países, empezando por la acción coordinada entre las fuerzas de seguridad, para impedir la acción de esos grupos irregulares y buscar su liquidación.

Urge la completa apertura de los pasos fronterizos formales para el flujo vehicular poblacional y comercial por todos los puentes entre los dos países. Como señala el coordinador en Venezuela del Observatorio de Violencia de FundaRedes, no hay evidencia de cambios positivos. Con la apertura fronteriza limitada, las autoridades dejan circular camiones unas pocas horas diarias por el puente internacional Simón Bolívar. Esto hace que población y comercio tengan que seguir usando más de 400 trochas a lo largo de toda la frontera, al menos 250 en el ámbito fronterizo más poblado y articulado, entre el Táchira y Norte de Santander. Siguen sin funcionar muchos pasos formales. El puente Tienditas, por ejemplo, espera su readecuación para que pueda funcionar, pues ni se ha inaugurado y ya lo deterioró el bloqueo al que fue sometido cuando desde Caracas ordenaron “cierre de fronteras”.

En el encuentro de Caracas los presidentes no hablaron o no hicieron referencia pública a asuntos claves como la migración. Aunque Petro había mencionado antes de reunirse con Maduro que tratarían el tema de los venezolanos en Colombia y los colombianos en Venezuela, no hubo pronunciamiento al respecto, salvo el acuerdo de designar funcionarios consulares de los dos países.

Tampoco hicieron referencia a la necesidad de la acción conjunta para lograr que el ELN, que actúa a ambos lados, asuma la negociación para terminar su “resistencia armada” y se comprometa con la construcción de paz, más aún cuando el 11 de septiembre de 2022 Petro le pidió a Maduro que Venezuela sea garante lo había sido en las conversaciones en Quito y en La Habana de 2017 a 2018 de la negociación que ha anunciado reviviría en noviembre retomando lo avanzado, y Maduro aceptó asumir ese papel. 

En Colombia y en Venezuela se ha señalado, entre otras cosas que, dado que el ELN se ha convertido en guerrilla binacional, a ambos lados les conviene el fin de la acción armada de ese grupo. Como actúa en algunas regiones venezolanas en favor del régimen por ejemplo, en el Arco Minero del Orinoco donde el gobierno venezolano autorizó desde 2015, la explotación de oro, coltán, tierras raras, con graves daños ambientales y sociales a la población indígena, Maduro tendría no solo que ser garante, sino comprometerse a ayudar a que el ELN ponga fin a su acción armada en los dos países.

Resulta crucial que el nuevo periodo de las relaciones dependa de un genuino interés bilateral más que de las necesidades de los actuales mandatarios y que no se reduzca a relaciones entre los gobiernos centrales. Esto implica que se pongan en marcha los mecanismos institucionales que, cuando han funcionado, estimulan una fluida relación interestatal, comercial, ciudadana y fronteriza. Y para que el proceso abierto reconstruya la relación binacional, es también crucial la participación y el compromiso efectivo de los gobiernos nacionales, estaduales/departamentales y locales, de las fuerzas militares y policiales, de las autoridades de migración y aduanas, de los gremios y empresarios, de las redes ciudadanas de ambos países, así como de las poblaciones en los territorios fronterizos.

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¹ https://www.infobae.com/america/agencias/2022/10/27/petro-pide-a-maduro-que-venezuela-regrese-al-sistema-interamericano-de-ddhh/

² https://caracol.com.co/2022/11/06/gustavo-petro-propuso-a-maduro-elecciones-en-venezuela-con-garantias/

³ https://cambiocolombia.com/opinion/puntos-de-vista/primera-cumbre-colombo-venezolana-saldo-positivo

⁴ https://efectococuyo.com/internacionales/estados-unidos-reacciona-a-la-reunion-entre-petro-y-maduro/

⁵ https://www.laopinion.com.co/columnistas/cierren-las-trochas

⁶ https://www.elnacional.com/venezuela/fundaredes-contabilizo-mas-de-400-trochas-en-frontera-entre-colombia-y-venezuela/  

⁷ https://www.lasillavacia.com/historias/historias-silla-llena/7-claves-para-entender-la-esperada-reunion-entre-petro-y-maduro/

⁸ https://www.elnacional.com/opinion/lo-que-no-dice-nicolas-maduro-sobre-el-arco-minero-del-orinoco-en-la-cop27/  

⁹ https://razonpublica.com/recuperando-la-relacion-venezuela/

Socorro Ramírez  

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Desde antes de la posesión del presidente Gustavo Petro se han venido emitiendo mensajes y tomando medidas dirigidas a la superación de rupturas y cierres de dimensiones cruciales en la relación colombo-venezolana. Hay otras implicaciones claves de esas reaperturas de relaciones y pasos fronterizos formales. 

Desde agosto de 2015, el régimen de Nicolás Maduro decidió expulsar a miles de colombianos, marcar sus viviendas para demolerlas y en reiteradas ocasiones ordenó “cerrar la frontera con Colombia”. Aunque hubo reaperturas parciales, la situación se agravó en 2019, cuando rompió relaciones diplomáticas por el reconocimiento que hizo Iván Duque a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de haberlo apoyado en el concierto Venezuela Aid Live y en sus intentos de ingresar lo recogido como ayuda humanitaria. A su turno, con la pandemia, Duque también ordenó “cerrar fronteras”.

Esa ruptura de relaciones y los “cierres de frontera” ‒que en realidad clausuraron los siete pasos fronterizos formales en una línea limítrofe de 2219 km‒, hicieron proliferar contrabandos y afectaron el desplazamiento del enorme éxodo poblacional desde Venezuela, que se vio obligado a circular por vías informales. Y ahí las “normas” las impone el grupo armado irregular con más fuerza, que aprovecha la ausencia de los Estados para someter a extorsiones, abusos y todo tipo de violencias a quienes circulan por el desierto, la montaña, la selva, los ríos.

Luego de más de siete años de esos cierres y rupturas entre los dos países, Gustavo Petro anunció en su campaña y tan pronto fue electo presidente de Colombia, que reanudaría las relaciones con Venezuela. El primer paso fue la reunión en el Táchira, del canciller Carlos Faría de Venezuela y Álvaro Leyva, quien sería nombrado canciller por Petro. Ambos anunciaron que los dos gobiernos restablecerían relaciones y llamaron al retorno de los venezolanos, pues su regreso mostraría la “normalización” de la situación, lo que generó fuerte reacción en ambos países.

Una vez posesionado, Petro y Maduro hablaron por teléfono y cada uno escogió su embajador en el otro país. Armando Benedetti, nombrado por Petro, llegó desde el 28 de agosto de 2022 a Caracas, asumiendo gran protagonismo y haciendo muchos anuncios en encuentros con Nicolás Maduro y con sus altos funcionarios. Aunque dijo que no se metería en la situación interna de Venezuela, se reunió con el vicepresidente del partido político oficial, Diosdado Cabello, quien le exigió a Petro entregarle al gobierno de Maduro a los exiliados venezolanos residentes en Colombia. Por fortuna, Petro enseguida respondió en Twitter “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”. A su vez, Benedetti dijo que la migración venezolana está regresando a su país y que el supuesto éxodo no existe. 

Esa y otras declaraciones causaron reacción en ambos lados. Por ejemplo, su anuncio que Colombia busca que se levante la denuncia presentada en 2021 ante la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de países latinoamericanos y Canadá contra el régimen de Maduro por persecución sistemática de opositores y violación de derechos humanos. Leyva añadió luego a la revista Cambio que el gobierno retira esa denuncia ante la CPI¹. Pero el 20 de septiembre de 2022, la misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela mostró que el Estado venezolano, utilizando servicios de inteligencia civil y militar, ha cometido “graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual” mediante acciones que fueron ordenadas directamente por Maduro y sus colaboradores más próximos para reprimir a la oposición².

A finales de agosto de 2022, Benedetti dijo en entrevista con Efe, que Monómeros Colombo Venezolanos ‒petroquímica, filial de Pdvsa ubicada en Colombia y gestionada por el grupo opositor de Guaidó desde 2019‒, debía volver a manos del gobierno de Maduro, por ser el único reconocido como presidente de Venezuela por Petro. Luego de que la Cámara de Comercio de Barranquilla aceptó el registro que propuso Maduro para la junta directiva, y que el gobierno venezolano recuperó oficialmente el control de la empresa, su embajador Félix Plasencia dijo el 19 de septiembre de 2022 en entrevista con Telesur: “La legalidad, el tránsito cierto de las cosas, toda esa construcción malvada, equivocada, agresiva, que además afectaba los intereses del pueblo venezolano y el pueblo colombiano, termina”³.

Ambos gobiernos anunciaron la reapertura del sistema consular, aunque por su cierre prolongado, algunas sedes requieren un pronto reforzamiento. Resulta una urgencia en ambos lados su pleno funcionamiento, pues es numerosa la población binacional. De hecho, ambos países no solo comparten comunidades indígenas transfronterizas. sino que cada uno ha sido el destino migratorio del otro. Y es grande el número de personas que no han podido regularizar su situación y aparecen “sin ser de aquí ni de allá” lo que, además de aumentar sus vulnerabilidades por falta de documentos de identificación, les impide movilizarse, acceder a servicios y a oportunidades de trabajo.

Reapertura de pasos fronterizos y comercial

El pasado 8 de septiembre, Maduro y Petro trinaron en Twitter que el 26 de septiembre “reabrirán la frontera”. Petro agregó que solo será para transporte aéreo y de carga. Desde ese anuncio tenían dos semanas para resolver asuntos claves para la reapertura de pasos fronterizos formales ‒por ejemplo, definir permisos de circulación, horarios de movilidad, parqueaderos, coordinación de aduanas y del sistema de movilidad que incluiría regular el paso de vehículos particulares, superar problemas de infraestructura deteriorada en algunas vías de acceso a los puentes internacionales‒. De hecho, el puente Simón Bolívar es sometido del lado colombiano a trabajos de reparación y restauración. Germán Umaña, ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, en reunión con empresarios de ambos países dijo que para esa reapertura antes deben garantizarse condiciones de seguridad y diplomáticas adecuadas.

En cada país se han desarrollado reuniones interinstitucionales para establecer tareas al respecto, pero es poco lo que se ha anunciado de avance en coordinación entre ambos países, de esos procesos necesarios para la reapertura de pasos fronterizos. En cambio, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, declaró que lo que ocurrirá el 26 de septiembre “será un acto simbólico y así lo considero yo, porque esto ha sido muy acelerado y hay procesos de carácter administrativo y legales que deben ser considerados para mejorar las condiciones de los pasos binacionales”.

Además, esa reapertura requiere de coordinación entre la fuerza policía y militar de ambos lados para hacerle frente a muchos problemas de seguridad pública que se aumentaron con el cierre de esos pasos fronterizos formales y la ruptura de relaciones intergubernamentales. Exige también el desmonte del sistema de códigos que desde Venezuela se implementó y generó una especie de legalización del contrabando, el cual suscita resistencia a la reapertura legal. Además, de asuntos normativos y regulatorios por resolver, las sanciones sobre Venezuela tienen efectos en la dinámica comercial con Colombia.

Para ayudar a la reactivación del comercio binacional y la integración subregional, Petro propuso en Lima que Venezuela y Chile regresen a la Comunidad Andina. La vicepresidenta Delcy Rodríguez habló sobre disposición de su gobierno a negociar ese reingreso a la CAN, que requiere precisar condiciones, nuevos términos, dimensiones, etapas, normativa, base institucional indispensable para garantizar la viabilidad de posibles acuerdos y definir el alcance de la integración que, lejos de reducirse a lo comercial, se proyecte a la integración humana, educativa, cultural. Maduro dijo que un equipo de oficiales de ambos gobiernos está trabajando para acelerar la reactivación económica y comercial; anunció el 26 de agosto que propondrá a Petro la creación de una zona económica binacional, comercial y de desarrollo productivo, que podría comenzar entre Norte de Santander y el Táchira, y luego ampliarse al Zulia, Apure y Amazonas.

No han hablado los dos gobiernos sobre la necesidad de recuperar y poner en marcha la institucionalidad binacional para la vecindad. Resulta crucial que funcione la Comisión Binacional y Fronteriza (Combifron), que reunía a las fuerzas militares y policías de ambos países para revisar conjuntamente las problemáticas de seguridad en la frontera compartida y no se reúne desde mayo de 2009, o la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (Copiaf), conocida como Comisión de Vecindad, que reunía sectores institucionales, empresariales, académicos y sociales de ambos países y buscaba fortalecer nexos positivos binacionales, concertar la realización de obras de infraestructura, ambientales y sociales en beneficio de las poblaciones fronterizas.

Ayuda de un país al otro ante problemas cruciales

El gobierno de Petro, en la intención de avanzar en la estrategia de paz total que de manera diferenciada abarca a todos los actores armados de Colombia, empezó por revivir los diálogos de paz con el ELN, levantó órdenes de captura y de extradición a los negociadores de esa guerrilla para que pudieran viajar a Venezuela a reunirse con sus compañeros y definir cómo van a asumir esa negociación. Además, el 11 de septiembre de 2022, Petro le pidió a Maduro que Venezuela sea garante de esos diálogos ‒lo había sido en las conversaciones en Quito y en La Habana 2017-2018‒ y Maduro aceptó asumir ese papel.

En Colombia y en Venezuela se ha señalado, entre otras cosas que, dado que el ELN se ha convertido en guerrilla binacional, a ambos lados les conviene el fin de la acción armada de ese grupo. Como actúa en algunas regiones venezolanas en coordinación o a favor del régimen ‒por ejemplo, en el Arco Minero donde el gobierno venezolano autorizó desde 2016, la explotación de oro, coltán, tierras raras, con graves daños ambientales y sociales por el trabajo forzado impuesto a indígenas‒, Maduro tendría no solo que ser garante sino comprometerse como parte de la negociación para que el ELN ponga fin a su acción armada en los dos países. Al mismo tiempo, a ambos lados se ha dicho que Petro debería estimular y apoyar la negociación entre el gobierno y las oposiciones venezolanas para que, a través de elecciones democráticas y libres en Venezuela, genere alternancia en el poder y resuelva las crisis de ese país. Ese asunto también ha sido pedido desde Estados Unidos donde, además, el papel del régimen de Maduro como garante de la paz en Colombia suscita reacciones en contra por parte de algunos legisladores demócratas y republicanos.

Así, lo que necesitan ambos países no es solo “normalizar las relaciones” entre los gobiernos centrales, proceso necesario como parte del pleno restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares. Tratándose de una vecindad tan intensa como la colombo-venezolana, requiere además la participación de todos los sectores para la reconstrucción de esa relación: gobiernos e instituciones nacionales, autoridades y sectores de ambos lados de todos los ámbitos fronterizos, gremios económicos y cámaras de comercio, académicos y redes y organizaciones sociales. 

Solo así podrán abordarse todas las dimensiones cruciales que involucran a los dos países en lo institucional, social, ambiental, económico y de seguridad. El restablecimiento de las relaciones binacionales tiene un alcance sustancial.

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¹ https://www.wradio.com.co/2022/09/09/colombia-retirara-la-demanda-ante-la-cpi-respondio-el-canciller-alvaro-leyva/

² https://www.elnacional.com/venezuela/politica/la-onu-acusa-a-maduro-y-a-jefes-de-inteligencia-de-crimenes-de-lesa-humanidad/  https://www.ohchr.org/es/%20cenezuela

³ https://www.elespectador.com/mundo/america/venezuela-monomeros-pasa-a-ser-controlada-por-el-gobierno-de-nicolas-maduro-noticias/

⁴ https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/bitstream/handle/123456789/20254/2022-05-03.%20Ni%20de%20aqui%20ni%20de%20alla.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Socorro Ramírez

Septiembre 19, 2022 

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Empecemos por resaltar como novedad que, a diferencia del anterior intento que se llevó dos años (2015-2017) para arrancar, este fue puesto en marcha en los cien primeros días del gobierno de Gustavo Petro, quien desde su posesión como presidente de Colombia generó rápidos hechos que le abrieron paso a la reanudación de la negociación de paz con el ELN.

En los primeros 100 días de su gobierno, Gustavo Petro:

Envió una delegación a Cuba el 11 y 12 de agosto, a reunirse con los del ELN que allí permanecían y a restablecer relaciones con el gobierno de la isla ‒rotas desde que Iván Duque congeló la negociación, incumplió los protocolos firmados con Cuba y la acusó de apoyo al terrorismo porque servía de sede y garante a la mesa de paz‒.

El 20 de agosto, desde el sur de Bolívar, Petro anunció que había dado instrucción de suspender órdenes de captura y solicitudes de extradición de integrantes de la delegación de diálogo del ELN, lo que permitió que el 2 de octubre pudieran salir de Cuba a reunión del grupo guerrillero en Venezuela sobre su participación en la negociación.

El 4 de octubre, el ELN y el gobierno colombiano ‒ante delegados de Venezuela, Cuba y Noruega países garantes y que servirían de sedes rotativas‒ anunciaron que reactivarían la mesa de diálogo¹.

El 21 de noviembre en Caracas fue la primera cita de las dos delegaciones, hasta mediados de diciembre.

Definición de delegaciones

El ELN ratificó parte de la delegación anterior y agregó nuevos guerrilleros. Tras la aprobación de la ley de paz total, el gobierno ordenó la excarcelación de tres personas ligadas al ELN, a quienes nombró gestores de paz. La que más polémica ha generado es alias Violeta; estaba detenida en la cárcel de Jamundí por presunta participación en el atentado al centro comercial Andino en Bogotá en junio de 2017, y fue liberada el 18 de noviembre de 2022. Sigue vinculada al proceso penal en curso, y enfrenta el malestar de las familias afectadas por el atentado terrorista, quienes rechazaron esa salida de la cárcel, la no realización de audiencia con presencia de víctimas para tomar esa decisión y la falta de reparación. Ante la pregunta de por qué esta vez sí ven posibilidades de paz, Pablo Beltrán contestó que están negociando con un gobierno de izquierda y saludó que haya incorporado a distintos sectores³.

La delegación oficial ‒diferente de las que había designado el gobierno de Santos, que tuvieron periodo de aprestamiento‒, fue nombrada por Petro al momento mismo de arrancar esa compleja tarea; les urge prepararse juntos y revisar lo que ocurrió en los cinco intentos anteriores. Hay muy pocas mujeres, los miembros de esa delegación tienen experiencias profesionales o personales disímiles que, si logran articularlas, pueden aportar mucho y podrían clasificarse en cuatro sectores³.

En el más cercano a Petro está el jefe negociador Otty Patiño (participó de equipos similares en los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco ‒que ayudaron a la desmovilización del M-19‒ y fue constituyente elegido por la antigua guerrilla; luego se dedicó a trabajar sobre temas de conflicto y paz); y también dos senadores del Pacto Histórico muy comprometidos con la política de paz total del gobierno: María José Pizarro (hija del candidato presidencial y exdirigente del M-19 Carlos Pizarro, asesinado tras firmar la paz en 1990, se ha dedicado a la lucha a favor de la paz y contra la violencia); e Iván Cepeda (presidente de la Comisión de Paz del Congreso; tras el asesinato de su padre creó la Fundación Manuel Cepeda para promover paz, justicia, verdad sobre crímenes de lesa humanidad).

Luego están cuatro líderes de regiones claves en esta negociación:

‒Alberto Castilla (promotor del Comité de Integración Social del Catatumbo [Cisca], la Coordinación Nacional Agraria, el Congreso de los Pueblos, concejal de Convención, congresista). 

‒Horacio Guerrero, de Sibundoy, Putumayo, exalcalde encargado de Ciudad Bolívar en Bogotá (fue Defensor Delegado de Indígenas y Minorías Étnicas, director de Asuntos Indígenas en el gobierno Santos).

‒Carlos Rosero, de Buenaventura, dirigente afrodescendiente y cofundador del Proceso de Comunidades Negras (ayudó a la expedición de la ley 70 de 1993, para reconocer a las comunidades negras en zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico). 

‒Olga Lucía Silva (de la plataforma Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que articula 289 organizaciones; defensora de derechos de niños/as víctimas; atendió el caso del militar que violó a una niña, la asesinó y mató a dos hermanitos en Arauca).

Los dos casos gremiales son significativos. En la instalación del congreso ganadero, Petro le propuso al presidente de Fedegan participar en la negociación con el ELN “con sus maneras de pensar, con su representación sobre un sector de la sociedad que indudablemente tiene algo y mucho que decir”. 

‒José Félix Lafaurie aceptó diciendo: “El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente con mucha generosidad. A quienes más nos ha golpeado la violencia es al sector ganadero”. Esa designación ha generado polémica

‒Rosmery Quintero, directora de Acopi, entidad que reúne mipymes que en muchas zonas son casi las únicas actividades productivas a través de microempresas familiares y pequeños negocios.

Dos militares retirados harán parte de la delegación oficial: 

‒El almirante de la Armada (r) Orlando Romero (integró la subcomisión técnica para el fin del conflicto que negoció con las Farc protocolos del cese al fuego, cronograma para la dejación de armas, ubicación de las 26 zonas veredales donde se concentraron, y dirigió el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego y la dejación de armas)-

‒El coronel (r) de infantería del Ejército Álvaro Matallana (fue decano de la Escuela Superior de Guerra. Es hijo del general José Joaquín Matallana, recordado por dirigir las tropas en el ataque a Marquetalia, donde nacerían las Farc). 

Y cuatro militares activos integrarán el Equipo de Apoyo y Observadores al Proceso de Paz: 

‒Hugo Alejandro López Barreto, mayor general del Ejército (jefe de la subcomisión técnica, estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Vulcano en el Catatumbo).

‒Roberto Bonilla, capitán de navío de la Armada, de la Dirección de Apoyo a la Transición.

‒Rodrigo Mezu Mina, teniente coronel de la Fuerza Aérea; acompañó los diálogos con las Farc en la subcomisión técnica para el fin del conflicto.

‒Isabel Ozuna Stockl, mayor del Ejército, especialista en Derechos Humanos, cese al fuego, monitoreo y verificación.

A recuperar lo avanzado

La mesa decidió retomar los avances dejados por el último intento de negociación que arrancó en 2016 y desarrolló seis ciclos en Quito y en La Habana en 2017 y 2018.

Ante todo, dejó la agenda, los fundamentos y una propuesta de diseño de cómo sería el proceso que debe nutrir el desarrollo de los cuatro primeros puntos ‒participación social, democracia, transformaciones, víctimas‒, para pasar al quinto, el fin del conflicto armado y el sexto, su implementación. 

La participación territorial, sectorial y temática podrá ser organizada por un equipo de redes sociales y universidades, que en un año concluya con una sesión nacional de síntesis de propuestas que entregará a la mesa para que las dos delegaciones negocien. Así no se desaprovecha la oportunidad de que en el periodo de este gobierno que tiene como prioridad la construcción de paz, la mesa pueda desarrollar toda la agenda, el Estado ponga en marcha las respectivas reformas y políticas públicas que implica el acuerdo, y desde los territorios las iniciativas sociales apoyen todo el proceso. 

Esa propuesta la construyó la delegación del gobierno Santos luego de procesar las audiencias en Tocancipá y de realizar consultas en los territorios y con organizaciones sociales sobre cómo estructurar esa participación para la paz. Además, el proceso anterior construyó un efectivo apoyo internacional y dejó reglas de funcionamiento, así como la experiencia de negociación y aplicación de un cese al fuego, cuya evaluación dio origen a protocolos de asuntos cruciales para un cese al fuego bilateral que lleve al fin del conflicto armado.

Le ayudaría mucho a la nueva mesa examinar oportunidades y dificultades que dejó el Acuerdo de Paz de 2016, y su desarrollo, porque podría fortalecer muchos procesos que repercuten en construcción de paz territorial a partir de las circunstancias actuales. También la mesa debe lograr un acuerdo sobre asuntos humanitarios para ser aplicado lo antes posible con el fin de detener los efectos de esa violencia contra poblaciones vulnerables. Así mismo, deberá asumir el compromiso de generar información objetiva en todos los momentos de la negociación, desplegando una pedagogía para la paz que ayude a concretar apoyo al proceso, al acuerdo y a su implementación.

Urge la actuación de cada parte en favor de la paz

Ambas partes han ido comunicando ‒a más de asuntos comunes‒, sus propias perspectivas. El gobierno Petro ha mostrado la necesidad urgente de llegar a acuerdos tempranos que alivien la compleja situación humanitaria nacional por la violencia que generan actores armados ilegales y ha resaltado que el ELN desescale su accionar bélico y libere personas secuestradas.

Antonio García, del COCE, ha insistido en que la política de paz total debe tener un acercamiento diferente al ELN al usado con grupos armados ilegales que no tienen orígenes sociales ni políticos. Sobre la posibilidad de cese al fuego resaltó como dificultad que, durante el tiempo inicial de reactivación de los diálogos, es apresurado tomar medidas al respecto, pues las partes están concentradas en avanzar en la construcción de confianza e identificación de visiones comunes que permitan tomar decisiones claves.

Petro, en su apuesta por la paz total, le da importancia al diálogo social y con los territorios, desplegando lo que ha llamado diálogos regionales vinculantes para nutrir el plan nacional de desarrollo de su gobierno. La denominación de vinculantes ha sido cuestionada por generar expectativas que sobrepasan las posibilidades institucionales para su total concreción. Con todo, esa disposición a escuchar a la población ayuda al trabajo de la mesa, pues la participación social debe nutrir la negociación.

Si el ELN quiere construir paz tiene que parar esa afectación grave a la población. Aunque las estadísticas son precarias, porque la gente teme denunciar ‒en lo que va de 2022 ha habido más de 300 homicidios‒, muchas de las personadas asesinadas eran líderes sociales; confinamientos de veredas y resguardos indígenas, reclutamientos y desapariciones forzadas. Enfrentamientos del ELN y disidencias exFARC ‒por ejemplo, en Arauca‒, agravan la situación, como se mostró en la sesión de la Comisión de Paz del Senado realizada en Saravena, donde la población pidió al gobierno intervenir con urgencia. El ELN debe demostrar con hechos su decisión de terminar la acción armada: liberar secuestrados, acabar con esa y otras ignominias, como las de reclutar niños/as, abusar de las mujeres, atacar líderes, desplazar y confinar poblaciones, minar territorios, extorsionar y lanzar explosivos. Están obligados a respetar el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y la autonomía local, y dejar de atacar la infraestructura petrolera, cuyas voladuras generan graves daños ambientales, sociales y económicos.

El Gobierno Nacional tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos para impedir el asesinato de líderes sociales, constituirse en garante de los derechos de las comunidades, cumplir los acuerdos con las exFarc, concentrar esfuerzos en las regiones afectadas por el conflicto armado y apostar por sus poblaciones en lugar de estigmatizarlas porque en ellas se mimeticen guerrilleros que tratan de aprovecharlas. Tiene que evitar que la manera como enfrenta la situación de esos territorios los vulnere aún más y debe ir más allá de la presencia militar, desplegando una efectiva acción del Estado que construya infraestructuras, servicios básicos y oportunidades locales de desarrollo sostenible.

El ELN debe demostrar con hechos que la negociación pondría fin a su carácter de grupo armado transnacional que actúa en Colombia y en Venezuela, país sede y garante de la mesa de paz, lo que ha generado fuerte reacción en ambos países. Insigth Crime ha mostrado cómo resulta inconveniente que uno de los garantes tenga el problema en su propio territorio y señala que el ELN actúa en 40 municipios de ocho estados venezolanos. En suma, en ambos lados y en la mesa, el ELN debe demostrar su disposición a acabar su acción armada y ayudar a concretar la pronta negociación de paz en este sexto intento.

___________

¹ https://www.elespectador.com/politica/es-posible-la-paz-con-el-eln-los-elementos-determinantes-del-proceso/

² https://cambiocolombia.com/articulo/pais/la-diferencia-es-que-hay-un-gobierno-de-izquierda-eln-en-la-reinstalacion-de-la-mesa

³ https://www.elespectador.com/politica/petro-santos-las-diferencias-en-sus-mesas-de-negociacion-con-la-guerrilla/

⁴ https://www.elespectador.com/politica/petro-santos-las-diferencias-en-sus-mesas-de-negociacion-con-la-guerrilla/

⁵ https://www.elespectador.com/politica/es-posible-la-paz-con-el-eln-los-elementos-determinantes-del-proceso/  

⁶ https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/no-existe-un-mando-unificado-del-eln-analistas-en-norte-de-santanderhttps://www.elespectador.com/politica/dialogo-gobierno-eln-conteo-regresivo-para-su-reanudacion/https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/dialogos-con-el-eln-donde-quedaron-y-lo-que-hace-falta-por-negociarhttps://efectococuyo.com/politica/de-que-depende-el-exito-del-dialogo-de-paz-con-el-eln-y-su-relacion-con-venezuela/   

Socorro Ramirez

Enero, 2023

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Existen iniciativas de paz que han generado interrogantes y en otros casos se han realizado modificaciones que merecen ser analizadas.

El presidente Gustavo Petro denominó Paz Total a la política central de su gobierno, la cual ha despertado tanto esperanzas como controversias. Examinar los fundamentos legales que ha ido logrando, así como los desarrollos que ha tenido, permite ver cómo esa crucial tarea ha ido perfilando las dimensiones claves para que no se quede en anuncios genéricos.

Construcción de fundamentos

Para darle soporte legal a la política de paz total, el 3 de noviembre de 2022 el Congreso aprobó la Ley 2272 –a partir de sesiones conjuntas de las Comisiones primeras que conciliaron y votaron los proyectos de ley 181 del Senado y 160 de la Cámara–, y al día siguiente fue firmada por el presidente Petro. 

La nueva ley modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, de orden público, que le otorga al presidente facultades para adelantar negociaciones con grupos armados al margen de la ley, promover la convivencia y definir políticas de seguridad. Es posible que el gobierno vaya a necesitar leyes adicionales, según los avances en distintas mesas de diálogo, los requerimientos de entidades nacionales y territoriales que apliquen los acuerdos a los que se vaya llegando en las distintas mesas, y el papel que jueguen las organizaciones sociales y humanitarias regionales y nacionales.

Mediante el Decreto 2422 de 2022 se creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, con el fin de coordinar la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros a ciudadanos –hombres y mujeres– pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privados de la libertad. En esta comisión participan los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ejerce la secretaría técnica.

Detrás de la violencia de la mayoría de los grupos armados ilegales se halla el problema de las drogas. Ante el total fracaso de la guerra contra ellas, Petro propone reforzar la lucha contra los traficantes y el blanqueo de dinero; descriminalizar cultivos de coca y marihuana para que los indígenas y campesinos no sean los castigados, y legalizar y regular la venta y el consumo ocasional y recreativo. Tratándose de un problema clave para el avance de la paz total, urgen desarrollos legislativos que sustenten la nueva política.

Ejes y procesos de la paz total

El gobierno Petro ha señalado que la paz total está compuesta por tres ejes: (i) desactivar los factores de violencia mediante procesos de paz y a través del sometimiento a la justicia; (ii) proteger la vida, empezando por la de los más amenazados: líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de grupos que han optado por la paz, y (iii) lograr la paz social y convivencia ciudadana que permita resolver pacíficamente conflictos cotidianos, los cuales se desarrollarían a través de –al menos– siete procesos, a saber:

1) Implementar el Acuerdo con las FARC. Como mostró la Comisión de la Verdad, en los cuatro años de gobierno de Iván Duque solo se avanzó 30 %; el mayor rezago se registra en la implementación del capítulo étnico (13 %) y en las medidas de género (12 %). Al recibir como presidente electo el Informe de la Comisión de la Verdad, Petro se comprometió a cumplir sus recomendaciones y el Acuerdo de Paz.

2) Negociar con el ELN. El gobierno nombró una delegación diversa y el ELN intentó equilibrar sus representaciones territoriales. En el intento anterior hubo frentes que no aceptaron participar, como el de Chocó, pese a la presión de comunidades negras e indígenas. El 12 de diciembre de 2022, al concluir su primer ciclo, la mesa que sesionó en Caracas anunció acuerdos humanitarios que comenzarían en el Medio San Juan (Chocó) y el Bajo Calima (Valle), pero el frente Occidental que actúa allí convocó paro armado indefinido a partir del 15 de diciembre. Es de esperar que la presión social y gubernamental hagan cumplir los acuerdos humanitarios y que la mesa retome las negociaciones y logre la paz.

3) Decidir el tratamiento a las disidencias. Se cuestiona incluir en las negociaciones de paz u ofrecerle beneficios a Iván Márquez y a otros reincidentes que abandonaron el Acuerdo de Paz.

4) Buscar el sometimiento a la justicia de bandas criminales de distinto tipo. Existen interrogantes sobre lo que ocurriría si a pesar de que esos procesos sean exitosos continúan la violencia y las economías ilegales; cómo garantizar que entes como las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo renuncien al rentable negocio criminal y no vuelvan a delinquir. El proyecto inicial les concedía reducción de penas y posibilidad de retener parte de su capital, pero el gobierno tuvo que suprimir esas concesiones por rechazos en el Congreso. Petro ha presentado la reconciliación de Shottas y Espartanos en Buenaventura como primer logro de la paz total, en el que fue clave el papel de la Iglesia.

5) Establecer regiones de paz o territorios para adelantar diálogos de paz, que podrían partir de los municipios categorizados como “zonas más afectadas por el conflicto armado” y donde están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

6) Nombrar como gestores de paz a los jóvenes de la “primera línea”, algunos encarcelados por presuntos delitos en el estallido social, lo cual tiene complejidades jurídicas que ameritan discusión pública y precisión gubernamental. Como los gobiernos de Uribe y Santos nombraron gestores de paz a guerrilleros presos que fueron liberados para facilitar acercamientos con las FARC y el ELN, su uso podría sugerir que esos jóvenes forman parte de grupos armados ilegales, acusación que ellos siempre han rechazado. Se ha exigido diferenciar entre personas condenadas y otras con procesos dilatados por carencia de evidencias o pruebas precarias.

También se pide que las condiciones de liberación de detenidos estén reguladas por la ley y no sean discrecionales del gobierno. Además, se ha cuestionado el anuncio de Petro del 14 de diciembre acerca del pago mensual de $1.000.000 a 100.000 gestores de paz que nombraría; se ha dicho que podrían pasar a ser colectivos puestos al servicio de eternizar a Petro en el poder. El fiscal le ha pedido al gobierno explicar “de qué es vocero el gestor de paz”, y que la justicia determine sobre salida de privados de la libertad. El ministro del Interior aclara que no es amnistía, indulto ni perdón judicial, que quienes sean escogidos por la Comisión Intersectorial como beneficiarios de esa medida quedan vinculados judicialmente a expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia judicial, pues los procesos no se suspenden. Asimismo, se ha cuestionado la judicialización masiva que hizo la Fiscalía contra manifestantes y el contraste con la lentitud de la investigación de abusos de la Policía.

7) Reemplazar el servicio militar obligatorio por el servicio social para la paz. El servicio sería de 12 meses, concedería certificado equivalente a la libreta militar, contaría como experiencia laboral, y podría prestarse en cualquiera de las 11 modalidades que enumera: 

(i) promoción de alfabetización digital; 

(ii) trabajo con víctimas del conflicto armado, defensa de derechos humanos y del derecho internacional humanitario; 

(iii) apoyo a la refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz; 

(iv) promoción de la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización; 

(v) protección de naturaleza, biodiversidad, fuentes hídricas, hábitats marinos y costeros, riqueza ambiental y forestal; 

(vi) promoción de la paz étnica, cultural y territorial, respetando la autodeterminación, autonomía, y los usos y costumbres de esas comunidades; 

(vii) protección y cuidado de personas en discapacidad y de mayores en vulnerabilidad; 

(viii) trabajo en la reforma rural integral; 

(ix) vigilancia del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación; 

(x) trabajo con personas damnificadas o afectadas por amenazas naturales, y 

(xi) promoción de educación y actividades de gestión del riesgo y cambio climático. 

Ese proyecto causó fuertes críticas y dejó puntos por esclarecer, como los referidos a la objeción de conciencia o a quienes no deseen acogerse a ninguna de las dos alternativas.

Socorro Ramírez

Diciembre, 2022

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Por diversas razones, conocemos poco lo que sucede en el vecino país. La megaelección a la que se refiere este texto convocó a 21.159.846 electores, que debían elegir 3082 cargos, en 14.262 centros de votación donde había 30.106 mesas electorales y 33.186 máquinas para votar.

Empezando diciembre, no todos los resultados están consolidados. El Consejo Nacional Electoral (CNE) adjudicó 22 de 23 gobernaciones –en la de Barinas, donde nació Hugo Chávez, su hermano es candidato, pero el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la suspendió‒ y reconoció 334 de 335 alcaldías ‒falta la de Arismendi. Y mostró participación de 42 % ‒que contrasta con 61 % alcanzado en 2017 en los comicios regionales‒ y una abstención de 58 %.

Hay debate sobre lo que reflejan esos resultados. Empezando por la abstención, si más que atender llamados de algunos opositores a no participar en elecciones muestra desinterés y/o reacción contra las élites políticas oficialistas u opositores. Así lo anunciaban encuestas previas sobre identificación política, donde aparecía el 40 % de venezolanos sin filiación política, 73 % no creía en el liderazgo oficialista ni opositor, 78,6 % asumía que esas elecciones no iban a incidir en un cambio, 15 % chavismo inconforme con Maduro, 10 % chavismo comprometido, 17 % opositores identificados con sus líderes y 18 % que no apoyan a sus dirigentes [1].

Exigencias y observación del proceso electoral

Esfuerzos dirigidos a mejorar las condiciones electorales arrancaron por iniciativa ciudadana, en particular del Foro Cívico, que impulsó soluciones urgentes en Venezuela frente a la pandemia, la crisis política y humanitaria, la redemocratización, y con actores claves ayudó a concretar la vinculación de dos opositores expertos en la nueva directiva del CNE, que actualizó y mejoró registro electoral, máquinas de votación, sistema automatizado y auditado del proceso. En medio del arranque de los diálogos en México, el régimen accedió a revertir algunas inhabilitaciones de partidos políticos opositores cuya dirigencia y símbolos habían sido intervenidos por el TSJ en junio-julio de 2020.

Esta vez, la observación acreditada en algunas etapas, no en todo el proceso electoral, fue realizada por 300 personas de cuatro misiones internacionales y seis organizaciones de la sociedad civil venezolana.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE) de 136 personas, en su declaración preliminar mostró que el marco legal electoral cumple con la mayoría de estándares internacionales básicos, que en consultas con diferentes sectores el actual CNE fue evaluado como el más equilibrado de los últimos 20 años, aunque sigue sin poder sancionatorio de violaciones a normas electorales. Entre los problemas señaló precaria información electoral, instalación de puntos rojos y dispositivos de control de votantes, uso de recursos del Estado y medios públicos en su campaña, 94 % de mesas observadas no cerraron a tiempo por mala organización y operación remate del oficialismo, y falta de independencia judicial e irrespeto al Estado de Derecho que afectaron las condiciones, equidad y transparencia de las elecciones.

El Observatorio Electoral Venezolano valoró como avance en esta megaeleción, con respecto a comicios anteriores, el nuevo CNE, el sistema técnico de votación, la reactivación de tarjeta de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), las mejoras en las condiciones electorales que estimularon la participación opositora. También mostró falta de independencia de los poderes públicos, existencia de presos políticos, inhabilitaciones de candidatos, intervenciones judiciales de partidos opositores, ventajismo oficialista en medios públicos. Con la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación [2] y otras organizaciones muestran irregularidades como proselitismo a favor de candidatos oficialistas en radio o televisión estatal y por funcionarios gubernamentales, puntos de inducción del voto con intimidación o uso de recursos públicos, Ley contra el Odio como amenaza a la libertad de expresión, bandas armadas o violencia en centros electorales y sus alrededores.

Opositores: más votos, menos representación

Desde 2015, la mayoría de partidos de oposición no postulaban candidatos en las elecciones regionales, presidenciales y parlamentarias argumentando irregularidades y malas condiciones electorales. La suma de votos de distintos sectores opositores (4,42 millones, 54 % del total) sobrepasa los que obtuvo el chavismo monolíticamente centralizado, pero la división entre agrupaciones participantes (también hubo abstencionistas) dispersaron los votos, al no ponerse de acuerdo en torno a un solo candidato para un mismo cargo.

Al menos tres vertientes significativas expresaban la división opositora:

  • La MUD volvió a participar en elecciones, pero sin consenso, mientras partidos de la coalición presentaban candidatos, Juan Guaidó era ambiguo entre votar o abstenerse, llamaba a luchar por condiciones para elecciones presidenciales y que solo cuando ocurrieran dejaba de ser presidente interino, y aumentaron las tensiones por denuncias de corrupción y mal uso de recursos de Venezuela a los que han accedido en Colombia o en Estados Unidos.
  • La Alianza Democrática había participado en las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2020 con estructuras paralelas de partidos opositores judicializados por el gobierno, por lo que fue señalada de “alacranes filochavistas” y colaboracionistas. En estas megaelecciones hizo sugerencias sin eco, primero de construir una hoja de ruta conjunta, luego de realizar primarias donde había varias candidaturas opositoras reñidas, pero la MUD rechazó esas propuestas.
  • Partidos con presencia local como Alianza del Lápiz, Fuerza Vecinal, chavismo disidente e independientes.

Las diversas expresiones opositoras no intentaron organizar primarias ni un comando conjunto de campaña: primaron sus divisiones. Sumándolas, habían logrado 117 alcaldías; unidas, habrían ganado más (en 2013 obtuvieron 26 y más de 30 con respecto a las que alcanzó en 2017). La MUD lanzó tarde sus candidatos, logró cerca de 1,5 millones de votos y unas 59 alcaldías (18 % del total), la Alianza sacó 1,3 millones de votos, 37 alcaldías (11 %), los otros partidos lograron 21 alcaldías (6 %).

Unidas la MUD, la Alianza y Fuerza Vecinal habrían ganado al menos 13 de 23 gobernaciones, pero solo obtuvieron tres; en varios casos la división favoreció al PSUV. Por ejemplo, en el Táchira, de haber participado unidos, lo hubiesen derrotado por más de 50.000 votos, en Mérida, sumados serían 46.348 más que el elegido, en Falcón le hubiesen ganado con más de 35.000 votos.

Oficialismo con menos votos y más representación

El régimen chavista/madurista muestra el mapa de Venezuela pintado de rojo y se declara  triunfador ante la comunidad internacional y la desmoralización opositora; sin embargo, cada vez está más debilitado en todos los planos. Su Gran Polo Patriótico (GPP) perdió un tercio de votos con respecto a elecciones anteriores, por el rechazo poblacional de entre 80 % – 85 % ante 22 años de múltiples crisis de Venezuela. Aunque aún hay disputa en dos estados, con 3,9 millones de votos obtuvo 19 gobernaciones y 211 alcaldías, solo cinco triunfos con más del 50 % (Caracas, Aragua, Carabobo, Delta Amacuro y Vargas).

Como muestra un artículo al respecto [3], con herramientas tecnológicas mejora su biocontrol social, usa información estatal, la cruza con la base de datos del PSUV y chequea a sus votantes, sectoriza su propaganda para controlar la población objetivo y beneficiar a su base con planes sociales y asistenciales, depósitos de pagos y bonos, aceptación de la dolarización de la economía. Buscaron al votante medio, a jóvenes apolíticos y a lo que queda de la clase media prometiendo hasta prosperidad. Así, tratando de garantizarse resultados favorables, vía diversas entidades públicas y el gobierno, hizo amenazas, chantajes, ataques contra diversos opositores, y despliegue promocional usando recursos públicos. Todo eso y la división opositora ayudó a que el oficialismo, con menos votos y logrando movilizar a su favor menos electores, se quedara con la mayoría de cargos.

Una dimensión con posible repercusión es mostrada por Control Ciudadano: desde las elecciones regionales de 2013, la presencia de militares en gobiernos estaduales o municipales ha venido disminuyendo: de 52 % entre 2013-2017, bajó a 30 % entre 2017-2021 y cayó a 17 % para 2021-2025. Así, de siete oficiales en reserva activa que ejercieron como gobernadores (Apure, Bolívar, La Guaira, Lara, Trujillo, Yaracuy, Aragua), ahora lo harán en cuatro estados (Lara, Sucre, Trujillo, Yaracuy) y la alcaldesa de Libertador en Caracas, uno de los cargos de elección más importantes, pues es sede de los poderes públicos. Y cuando efectivos de la Fuerzas Armadas Bolivarianas asumen cargos públicos civiles suelen reproducir esquemas de militarización de la estructura de gestión; con su disminución en gobiernos regionales, los comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral y de las Zonas Operativas de Defensa Integral pasan a ejercer una tutela militar indebida sobre las competencias de las gobernaciones, en especial en estados dirigidos por gobiernos opositores, como podría suceder en Zulia, Cojedes y Nueva Esparta [4].

Retos para gobierno y oposiciones

Estos resultados generan retos grandes para el oficialismo en un país cuyo Producto Interno Bruto ha acumulado un derrumbe de 79 % entre 2013-2020; luego de tener en 1997 el PIB per cápita más alto de América Latina, ahora es más bajo que el de Haití (según el Fondo Monetario Iinternacional). La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida muestra que 94 % de hogares está bajo la línea de pobreza y casi 74 % en condiciones de pobreza extrema. El ingreso mínimo legal mensual pasó de US400 en 2001 a US2,5 mensuales en 2020 en medio de la hiperinflación.

Las fuerzas opositoras tienen el reto de construir acuerdos en torno a una sólida estrategia electoral unitaria que propicie la organización y movilización ciudadana. Definir si apoya al Movimiento Venezolano por el Revocatorio (Mover) que decidió presentar el 6 de diciembre ante el CNE una propuesta de reglamento para activar el referéndum revocatorio permitido por la Constitución. Y el G4 (Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo) debe resolver la permanencia o no del gobierno interino de Guaidó, cuyo período extendido vence en enero de 2022, y debe reconfigurar la MUD con reglas y vocería claras, y definir la estrategia sobre un proyecto país que una a buena parte de las oposiciones [5].

¿Será que gobierno y opositores retoman la mesa en México y ahí ayudan a generar condiciones para elecciones libres, justas, verificables, que recuperen el poder del voto y abran una ruta democrática para una transición pacífica y negociada con apoyo de la comunidad internacional?

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[1] https://efectococuyo.com/opinion/realidad-poselectoral-y-ahora-que/

[2] https://efectococuyo.com/politica/puntos-rojos-voto-asistido-observadores-nacionales-21nov/

[3] https://nuso.org/articulo/Venezuela-maduro-Guaido-elecciones/

[4] https://efectococuyo.com/politica/control-ciudadano-disminuye-presencia-militar-gobiernos-regionales/

[5] https://efectococuyo.com/politica/abstencion-opositora-en-comicios-regionales-castigo-o-desafeccion/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=descarga-cocuyo-7-143-encrucijadas-que-dejo-el-21N

Socorro Ramírez

* Artículo publicado en noviembre 29 de 2021 

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En Colombia la violencia está lejos de haber desaparecido con los acuerdos de paz. En regiones portuarias en las que abunda la pobreza de grupos étnicos históricamente relegados, la presencia de multinacionales extractivas se combina con la de bandas armadas. El Estado solo parece tener una respuesta: la militarización. 

Buenaventura, municipio situado a 116 kilómetros de Cali, capital del Valle del Cauca, es el mayor puerto marítimo sobre el océano Pacífico. En la actualidad mueve entre 40 y 50 % del comercio exterior de Colombia y constituye el punto a través del cual el país se relaciona con la región de Asia-Pacífico.

Declarado distrito especial portuario, tiene una serie de características destacables: su riqueza cultural, forestal, pesquera y maderera son evidentes. Su importancia es tal que hay quienes pretenden modernizarlo para superar al puerto de El Callao en Perú y al de Valparaíso en Chile y convertirlo así en la capital de la Alianza del Pacífico, cuyo lanzamiento se hizo en 2011 desde el Caribe, en Cartagena.

Sin embargo, Buenaventura es un puerto sin ciudad o sin comunidad. Hay situaciones que explican por qué.

Tras décadas de apertura económica y libre comercio, diferentes intereses privados y corporativos que controlan grandes empresas, zonas francas, servicios portuarios y operaciones logísticas han confluido en la zona de Buenaventura. Su expansión ha garantizado ganancias privadas, pero no se ha traducido en beneficios para la comunidad.

La riqueza generada y la visión de desarrollo que alimenta contrasta con la perspectiva de la población local, que vive con un puerto construido a sus espaldas. Los pobladores, por lo general parte de comunidades negras e indígenas, defienden desde sus territorios ancestrales un desarrollo local basado en criterios antagónicos a los de los intereses privados. Ponen el acento en la protección cultural, ambiental y social, frente a la economía extractiva que llega desde fuera.

Los intereses externos, principalmente estadounidenses, alimentan la animadversión contra los habitantes de la zona, a quienes sindican como un “estorbo para el progreso”. Durante años se han producido presiones para que abandonen sus territorios comunitarios y para sacar, por ejemplo, a quienes habitan zonas de bajamar.

La discriminación racial y la segregación regional, como los intentos de cooptación de algunos líderes para que apoyen esas dinámicas externas, ha fracturado procesos identitarios, en especial los del pueblo afro. A eso se suma la violencia, la incertidumbre y la impotencia para superar problemas que persisten y afectan esas luchas colectivas en defensa de reivindicaciones étnico-territoriales en Buenaventura y su zona rural.

Una situación similar a la de Buenaventura la viven poblaciones de Quibdó, Alto Baudó, Tumaco, El Charco y La Tola en los otros tres departamentos del litoral Pacífico colombiano ‒Chocó, Cauca y Nariño‒ donde se produce una grave problemática étnica, ambiental, de tierras, cultivos de coca, extracción irregular de recursos naturales y violencia.

El Estado no logra controlar esos territorios marginales, proveer seguridad, estimular alternativas económicas legales ni fortalecer la autoridad legítima para regular las actividades políticas, económicas, sociales y controlar distintas expresiones de violencia. Su ausencia ‒o más bien su traumática presencia‒ facilita que actúen la delincuencia y las bandas criminales, pero también grupos armados irregulares que se disputan el control del narcotráfico, los combustibles y la minería ilegal, y la tala de bosques.

El Estado apenas aparece en momentos críticos, monta consejos de seguridad y aumenta la presencia de fuerza pública. Solo se aproxima a la región desde una perspectiva militarista de la seguridad.

Aunque los territorios colectivos y las organizaciones de comunidades negras e indígenas predominantes en el litoral Pacifico fueron reconocidos por la Constitución colombiana de 1991, la cultura blanca y centralista que impera en Bogotá y en varias de las capitales departamentales no ayuda a la consolidación de formas de gobierno regional y local amparadas en los procesos de territorialización y cosmovisiones de las comunidades étnicas.

El llamado “Acuerdo Humanitario Ya” arrancó en Chocó y ha tratado de defender la necesidad de aprovechar la construcción de paz territorial, punto crucial del Acuerdo del gobierno nacional y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), para estimular políticas que, desde la perspectiva de las comunidades del Pacífico, reviertan esas realidades estructurales de saqueo y violencia.

Las comunidades locales vienen denunciando desde hace años el aumento de inseguridad por la actuación de grupos criminales que se disputan el control territorial, así como oleadas de violencia en calles, barrios, casas, esteros.

Mientras que el Bloque Paramilitar Calima ha cometido todo tipo de masacres ‒desde torturas y asesinatos hasta descuartizamientos y desapariciones‒, en la zona suburbana están tratando de expandirse el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A la última oleada de violencia ha contribuido la división en dos grupos (los «espartanos» y los «shotas») de la banda armada La Local. En lo que va de 2021 han generado 38 enfrentamientos violentos y han tratado de someter a comunidades locales, usando o destruyendo organizaciones y liderazgos sociales.

Estas disputas en el interior de las bandas afectan sobre todo a la población negra a la que obligan al destierro y han contribuido a un aumento de 200 % de los asesinatos respecto del año anterior. Han aumentado la violación de mujeres y las muertes y heridas de niños por lesiones con minas antipersonas y explosivos. Asimismo, se ha verificado un incremento de los desplazamientos, los confinamientos y los reclutamientos forzados. Las extorsiones a comerciantes y los robos son parte de la realidad cotidiana de la región.

En la década de 1990, una potente organización de los movimientos sociales pidió aplicar el artículo transitorio 55 de la Constitución y la ley 70 de 1993 para reconocer y regular los territorios de comunidades negras en zonas ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. La población ha venido haciendo marchas, huelgas y paros cívicos de manera ininterrumpida. El más resonante fue, sin dudas, el paro de 21 días de 2017.

Esta última medida de protesta consiguió que se creara el Fondo para el Desarrollo Integral del Distrito Especial de Buenaventura, consistente en distintos programas. Desde 2017, Buenaventura fue incluida como lugar de aplicación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) contemplados en el Acuerdo de Paz, para estimular un proceso de transformación estructural urbana y rural, la protección de la riqueza pluriétnica y multicultural, la biodiversidad, la economía campesina y familiar, las organizaciones comunitarias.

En las elecciones locales de 2019, Víctor Hugo Vidal, uno de los líderes del paro cívico de 2017, fue elegido como alcalde, lo que derrotó al clientelismo ejercido por las élites económicas y políticas tradicionales.

El pasado 10 de febrero de 2021, más de 80.000 personas en cadena humana recorrieron 22 kilómetros caminando agarrados de las manos. Ahí lanzaron la iniciativa SOS Buenaventura, en rechazo de la violencia y exigiendo protección al liderazgo comunitario, seguridad, inversión social, paz.

Desde la década de 1970, los distintos gobiernos nacionales han formulado planes para la región de Buenaventura y las zonas vinculadas al Pacífico. Durante los últimos veinte años, esas iniciativas se han reproducido cada vez más y han apelado a nuevas formulaciones para el desarrollo regional. Sin embargo, todos los planes se quedaron en la letra del papel. Los recursos que contemplaban fueron insuficientes o no se transfirieron.

No hay continuidad de un gobierno central al siguiente que permita asumir compromisos adquiridos a nombre del Estado, de modo que se logre un proceso sistemático de escucha y recolección de iniciativas locales y, con el concurso de esas comunidades, pueda garantizarse su desarrollo.

No solo predomina el planeamiento desde la capital nacional y departamental al margen de las instituciones comunitarias y sus visiones, sino que prevalece el incumplimiento de esos planes y de los acuerdos firmados por sucesivos gobiernos con las comunidades locales. La falta de inversión social y la corrupción aumentan ese acumulado que genera frustración, desconfianza y agrava la situación en los territorios más marginados que sirven de escenario a violencias de distinto tipo.

Una y otra vez, los gobiernos han militarizado a Buenaventura por tierra, agua y aire, para proteger barcos, contenedores, grúas y la vía que la conecta con el resto del país. A algunos voceros sociales les han enviado escoltas y vehículos blindados como protección, pero muchas veces desde el Estado se estigmatiza el liderazgo social y miembros de la fuerza pública terminan sobornados por bandas armadas irregulares.

Además, la simplificación de la situación deja en la impunidad los delitos, no genera Estado ni mercado, servicios ni ciudadanía. Se subestima el problema de un puerto clave para el país con una población afectada por la miseria, la ausencia de Estado y la violencia.

El actual presidente Iván Duque reduce el problema a “lucha de narcos que se matan entre ellos” y su lema es “el que la hace la paga”. El ministro del Interior anunció que todo se normalizará con recompensas para la captura de bandas criminales y el aumento de 150 policías y dos destacamentos militares.

El fiscal anunció la unificación y el control exclusivo de metodologías para el conteo de asesinatos de líderes sociales y miembros de las ex FARC, pero la volvió un juego de números y categorías, invisibilizando de este modo su gravedad.

Las tres entidades del sistema de justicia transicional ‒la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas‒ piden presencia estatal integral urgente, más allá de la fuerza pública. La Defensoría del Pueblo lanza sucesivas alertas.

El obispo Rubén Darío Jaramillo dijo al Espectador: “La gente siente que la autoridad son los bandidos. Cada vez que hay un evento hay otro consejo de seguridad, traen unos policías de más, actúan y capturan a unas personas de estas, pero el problema sigue. Es como poner paños de agua tibia a una fiebre que está manifestando una infección”.

Las alertas internacionales acaban de activarse. Una en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a través de la representante en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que presentó el informe de la Misión de Verificación sobre el Acuerdo de Paz con las ex FARC. Además, se produjeron cuatro llamados desde Estados Unidos.

El Departamento de Estado y el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes pidieron al gobierno tomar medidas decisivas frente a problemas profundamente arraigados y al racismo que fomentan la violencia y la desigualdad. Human Rights Watch mostró líderes desprotegidos y comunidades indefensas, y un Estado incapaz de hacerse sentir en esos lugares.

La organización WOLA recuerda, a la vez, que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Colombia de 2012 ayudó a impulsar enormes proyectos en Buenaventura sin beneficios para su población, que el Plan de Acción Laboral Estados Unidos-Colombia incluye los puertos como sector prioritario, pero pronto abandonó el mejoramiento de los derechos de los trabajadores portuarios.

Las peticiones al gobierno de Joe Biden para que presione a Colombia a implementar el Acuerdo de Paz involucrando a las minorías étnicas y sus territorios marginados se multiplican cada vez más.

Hasta ahora, la incertidumbre y la desesperanza son los sentimientos crecientes en Buenaventura. El Estado colombiano debe acercarse a las realidades territoriales. Las organizaciones locales necesitan articularse en torno a una visión colectiva local y empoderarse para ser oídas e incidir. De lo contrario, el centralismo seguirá tomando decisiones que agravarán la situación de los territorios periféricos

Socorro Ramírez

* Artículo publicado en marzo de 2021.

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El Congreso de la República propuso hace unas semanas la creación de una comisión bilateral para restablecer las relaciones entre Colombia y Venezuela, pero el presidente Duque rechazó la idea. ¿Qué le conviene más a Colombia?

Una iniciativa casi en marcha

El 19 de octubre el Congreso de Colombia aprobó la proposición para retomar relaciones con Venezuela. La iniciativa ‒de los senadores Jorge Eliécer Guevara y Yezid García, de la Alianza Verde‒ pretendía conformar una comisión bilateral entre Colombia y Venezuela que normalizara las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países.

El presidente del Senado, Juan Diego Gómez, de la bancada conservadora, envió una invitación a la Asamblea Nacional venezolana para dialogar al respecto y el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, la aceptó.

Las respuestas a esta decisión legislativa en Colombia y Venezuela, así como en la frontera y la sociedad civil, reflejan realidades nacionales y locales que importa analizar con atención.

Es momento de que el Congreso colombiano se aproxime a esta coyuntura en su complejidad y mejore los nexos entre las dos naciones. Solo así se logrará reconstruir la relación binacional.

¿Cómo respondió Colombia?

Las bancadas afines al gobierno, en particular el Centro Democrático, no se opusieron cuando la propuesta fue sometida a debate. Sin embargo, la atacaron después de que el presidente Duque reafirmó que no reconoce la “dictadura narcotraficante y corrupta” de Nicolás Maduro.

Otras bancadas, cuyos senadores aprobaron la proposición, aclararon que no pretendían asumir el manejo de las relaciones internacionales, pues constitucionalmente esto corresponde al jefe del Estado.

Sobre esto, Juan Diego Gómez expresó que “puede ser un avance, tal vez un mensaje importante para la canciller Marta Lucía Ramírez y el mismo presidente Iván Duque, porque este es un asunto que no tiene ideología política”.

Así mismo, el senador Guevara explicó por Blu Radio: “yo recogí las posiciones de los habitantes de la frontera que vienen reclamando esto, hicimos la proposición, la llevamos y el Congreso la aprobó. No fue una jugada, ni le estoy haciendo el favor a nadie”.

El gobierno de Duque no intenta entender la complejidad de la situación venezolana, ni ayuda a que se concrete una negociación entre la oposición y el régimen de Maduro.

Duque sigue aferrado a la misma estrategia de Donald Trump ‒para forzar la salida de Maduro‒ y a la estrategia de Juan Guaidó cuando fue nombrado presidente interino: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

Después, ambas estrategias cambiaron, se agravó la división dentro de la oposición venezolana y aumentaron las denuncias en Estados Unidos y en Colombia por los malos manejos de los recursos de Venezuela. Ahora, el presidente Joe Biden está de acuerdo con la negociación para solucionar la crisis de Venezuela.

Después de fracasar, Guaidó puso en marcha una nueva estrategia que llevó a la oposición a una mesa de diálogo en México. Esta alternativa constituía una ruta de cinco pilares:

  • construir la mayor y mejor unidad posible,
  • rescatar capacidad de movilización para aumentar la presión interna,
  • atender la emergencia humanitaria complicada,
  • mejorar la alianza internacional para aumentar la presión externa, y
  • aspirar a elecciones libres y justas.

¿Cómo respondió Venezuela?  

Ante la decisión del Senado colombiano, la Asamblea Nacional venezolana ‒elegida en diciembre 6 de 2020‒, aprobó crear una comisión mixta y un grupo de amistad parlamentario para emprender acciones que ayudaran a normalizar las relaciones.

Jorge Rodríguez, después de referirse al fracaso de lo que señala como una política de agresión desde Colombia, respondió: “estamos listos. Pongan fecha, lugar y la agenda. Aunque el pueblo de Venezuela ha sufrido agresiones, los principales afectados han sido los empresarios de Colombia y los colombianos. Esa es una de las motivaciones principales que tuvo el Senado”.

Los diputados opositores que hacen parte de la Asamblea dicen estar dispuestos a participar en ese diálogo con congresistas colombianos, pues las rupturas y tensiones están ocasionando graves daños a ambas partes.

Por otro lado, los miembros de la Asamblea elegida en 2015 y la comisión delegada que preside Guaidó, señalaron que es a ellos a quienes el Congreso colombiano debe dirigirse, no a la Asamblea elegida en 2020.

El Foro Cívico ‒red que agrupa 690 organizaciones y 194 personas de la sociedad civil‒señaló que el diálogo debería ser entre los congresistas colombianos y todos esos sectores en que se expresa la división venezolana.

El Foro Cívico ha ayudado a concretar los pocos momentos de acuerdo entre opositores y el régimen de Maduro. Así ocurrió en la consecución de vacunas para la pandemia y en la escogencia del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) ‒con dos opositores como parte de los cinco rectores‒.

El 28 de octubre, cuando comenzó la campaña para las elecciones del próximo 21 de noviembre, el Foro Cívico le pidió al CNE que garantizara el pleno derecho a elegir y ser elegido, así como demostrar con “acciones nítidas su compromiso con la reinstitucionalización y la recuperación de la convivencia democrática en Venezuela. […] Esperamos que la elección en marcha se entienda como una oportunidad para diseñar una hoja de ruta que permita la edificación de una democracia”.

¿Qué dicen los colombianos más afectados?

El 26 de octubre se reunieron en Cúcuta dos senadores de la frontera, el alcalde y los concejales de Cúcuta, el secretario de fronteras de la gobernación de Norte de Santander, gremios económicos y representantes de la sociedad civil para estudiar la propuesta aprobada por el Senado.

Es crucial oír a los sectores que pagan los costos de la creciente y peligrosa tensión entre Maduro y Duque: las zonas fronterizas; los colombianos en Venezuela y los venezolanos en Colombia; la producción y el comercio binacional.

Por ello, es lamentable que el gobierno nacional impidiera la participación de organismos del Estado colombiano relacionados con los problemas fronterizos, migratorios y binacionales que fueron invitados a ese diálogo.

Desde 2019, ante los graves efectos de la orden de Maduro de romper relaciones y “cerrar fronteras” ‒expulsar a los funcionarios colombianos diplomáticos y consulares‒, en las gobernaciones de Táchira y Norte de Santander se desarrollaron mesas binacionales de trabajo sobre asuntos locales urgentes, ambientales, migratorios, humanitarios, etc. Esas iniciativas se mermaron con la orden de “cierre de fronteras” impartida por Duque durante la pandemia.

En 2020, este trabajo conjunto sirvió para ayudar a concretar avances en un proceso concertado de reapertura gradual de los pasos fronterizos formales con los protocolos de bioseguridad. Aunque al comienzo el gobierno colombiano acompañó este proceso de reapertura, después volvió a desautorizarlo.

Cuando Caracas y Bogotá ordenan “cierre de fronteras” se cierran los siete pasos fronterizos formales y los migrantes, retornados y el comercio se ven obligados a pasar por desiertos, montañas, selvas y ríos. Además, grupos armados irregulares aprovechan para imponer extorsiones y violencias de todo tipo.

No es suficiente cuando ordenan “abrir fronteras”, pues si lo hacen de forma unilateral y con modalidades distintas se hace imposible cumplir la reapertura. Esto es lo que está ocurriendo en este momento en la frontera.

Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela hace presión para que, en vez de aumentar la tensión y seguir adoptando medidas unilaterales, los centros políticos de ambos países abran canales de comunicación o a través de un tercer país y/o un organismo internacional.

De esta forma se coordinarán los procesos exigidos para la reapertura efectiva de los pasos fronterizos para poblaciones, vehículos, comercio y oficinas consulares. Solo así podrá hacerse frente al agravamiento de los problemas y a la reconstrucción de la relación binacional.

Socorro Ramírez

Noviembre, 2021

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Las prioridades del gobierno Biden pueden impactar la relación entre Estados Unidos y Colombia. Así puede verse en dos asuntos esenciales para Colombia: paz y derechos humanos, y salidas a las crisis en Venezuela.

La identificación del gobierno y del partido de Iván Duque con Trump y su gobierno, el haber compartido su actuación autoritaria y unilateral, la estrategia de máxima presión contra Cuba y Venezuela incluyendo sanciones y amenaza militar, los llevó hasta apoyar su reelección. Esto generó distancias y discrepancias con los demócratas y con el gobierno de Joe Biden que, según sus declaraciones, le apuesta a un sistema internacional basado en instituciones multilaterales, democracia y derechos humanos.

Síntomas de esa distancia son la demora de meses en tener la única conversación entre los dos presidentes y la versión de lo que hablaron. Biden llamó a Duque y su comunicado sobre ese diálogo mostró todos los elementos de la conversación incluyendo la condena a los actos de violencia y vandalismo en las protestas, pero también el apoyo a los derechos de quienes se movilizan pacíficamente y el llamado a que la aplicación de la ley esté sujeta a altos estándares de responsabilidad. El gobierno colombiano calló al respecto.

Aunque el gobierno de Duque se demoró en cambiar como embajador en Estados Unidos (EE.UU.) a Francisco Santos, quien fue instrumento central en esa ruptura con la tradicional relación de la diplomacia colombiana con ambos partidos estadounidenses, se vio obligado a removerlo y empezar a reconocer que las prioridades del gobierno Biden pueden impactar la relación binacional. Así se puede ver en dos asuntos esenciales para Colombia: paz y derechos humanos, y salidas a las crisis en Venezuela, como lo muestro en este artículo.

Paz y derechos humanos

En cuanto a la paz, Biden como vicepresidente de Obama (2009-2017) estuvo en Cartagena en diciembre de 2016 y celebró el Acuerdo de Paz firmado por Santos y las Farc. Luego, ha expresado la esperanza de que Colombia avance en ese proceso, mientras sectores demócratas han rechazado los asesinatos de líderes sociales, manifestantes y excombatientes.

En contraste, el Centro Democrático ha cuestionado el Acuerdo aunque, gracias al apoyo y verificación internacional de su implementación, el gobierno no ha podido renunciar del todo a su aplicación, pero ha dejado de lado dimensiones cruciales que contribuyen al recrudecimiento del conflicto armado y la violencia. Esperamos que el nuevo embajador de Colombia, Juan Carlos Pinzón, que ahora se unió al uribismo, sea consciente de que en Washington no puede dedicarse a minar el Acuerdo con las Farc.

En derechos humanos también se ha visto algo parecido. En nombre del gobierno, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, en su primer viaje a Washington, inicialmente rechazó, luego postergó, y terminó aceptando la petición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de viajar a Colombia ante la solicitud de participantes en las protestas que en 2021 arrancaron a finales de abril. En el cambio de posición incidieron que en medios de comunicación estadounidenses mostraron el maltrato dado por el gobierno de Duque y la fuerza pública a los manifestantes y la petición a Biden hecha por 55 congresistas del partido Demócrata de condicionar la ayuda a la policía y la venta de equipos o municiones al ESMAD, a que se identifique y separe del servicio a los implicados en graves violaciones de derechos humanos en las protestas.

En la visita realizada del 8 al 10 de junio 2021, la CIDH se reunió con diferentes actores sociales y gubernamentales y con base en diversas fuentes, el 7 de julio entregó su informe. Pese a no ser vinculante, es significativo que un organismo de la OEA le recuerde al Estado colombiano sus obligaciones internacionales, evidencie graves irregularidades ‒uso desmedido de fuerza, retiro de protección a manifestantes para detenerlos y asistencia militar disuasiva, ciberpatrullaje. así como desaparición de personas, violencia sexual y de género, étnico-racial, contra periodistas y misiones médicas‒. Además, cuestionó la restricción a la libertad de expresión en internet y la caracterización de terrorismo, vandalismo o criminalidad con las que se estigmatiza a los manifestantes. Igualmente, mostró que polarización y lógicas bélicas dificultan el diálogo para lograr soluciones a la conflictividad social, rechazó todas las violencias, incluyendo los ataques a bienes públicos, la agresión a los policías y la violación de derechos fundamentales de terceros que no participaban de las protestas. La CIDH entregó 41 recomendaciones e instaló un Mecanismo Especial de Seguimiento en Derechos Humanos para Colombia.

Duque y su partido descalificaron el informe y recomendaciones porque, según ellos, le pedía al gobierno “tolerar la criminalidad”. La Cancillería dijo: “nuestro Estado cuenta con una institucionalidad robusta y sólida, cimentada en principios democráticos y garantías para todos los ciudadanos y, por lo tanto, no consideramos necesario un mecanismo de seguimiento”. Pero la intervención de la CIDH, más que obstaculizar el funcionamiento de los órganos internos, es garantía adicional de protección.

El gobierno colombiano parece no entender que si no atiende esas recomendaciones la supervisión seguirá y puede llegar a la Corte Interamericana. Atender las problemáticas que se han manifestado en las protestas, no solo ayudaría a buscarles solución, sino que reduciría la percepción negativa de la comunidad internacional, que se agrava con el maltratamiento al paro y las manifestaciones, observado desde Naciones Unidas, la Unión Europea, la Campaña Defender la Libertad, Tribunales de los Pueblos e Internacional de Opinión, Human Rights Watch, etc. Continuará la presión del Congreso de EE.UU. para detener la profundización de la violencia y violación de derechos humanos en Colombia, así el estilo no confrontacional de Biden lo lleve a hacer exigencias en privado.

Salida negociada en Venezuela

Otra dimensión crucial para Colombia, en la que se han producido señales de cambio en el gobierno de Biden, es en relación con la búsqueda de salidas pacíficas a las crisis política, económica, social, humanitaria, en Venezuela.

Aunque los intentos de negociación del chavismo y la oposición han fracasado y ha aumentado el fraccionamiento de la oposición política, nuevas fuerzas venezolanas como el Foro Cívico Nacional ‒con organizaciones sociales, de trabajadores y empresarios, universidades e Iglesia‒ han ayudado a abrir una ruta de diálogo que presiona al régimen a negociar y a la oposición a articularse para recuperar la vía democrática y electoral en búsqueda de salidas a las crisis. Así, en 2021, sectores opositores y el régimen político han ido construyendo acuerdos puntuales para hacerle frente a la pandemia, a la inseguridad alimentaria, a la liberación o traslado de algunos sindicalistas o empresarios detenidos. Eso permitió, después de 17 años, el acceso de opositores al Consejo Nacional Electoral (CNE), que debe lograr condiciones adecuadas para las elecciones de 23 gobernadores y 335 alcaldes, concejales y legisladores el 21 de noviembre de 2021, claves también para las siguientes elecciones.

Iniciativas como esas o como algunas de las desarrolladas desde Europa, ayudaron al giro que Biden dio a la posición estadounidense sobre Venezuela. La Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro (OFAC) informó que posibilitaba las transacciones del gobierno y bancos venezolanos relacionadas con la prevención, diagnóstico y tratamiento de la pandemia. Luego, el Departamento del Tesoro emitió licencia autorizando, hasta el 8 de julio de 2022, todas las transacciones y actividades relacionadas con la exportación o reexportación, directa o indirecta de gas licuado de petróleo a Venezuela, que involucren al gobierno, a Pdvsa, o a cualquier entidad en la que Pdvsa posea alguna participación del 50 % o más.

Esa flexibilización de sanciones impuestas al régimen de Maduro acercó al gobierno de Biden y a la Unión Europea (UE). La reunión del jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, con el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, analizó una iniciativa sobre Venezuela a la que se asoció Canadá. En el comunicado conjunto que resultó de esos diálogos, publicado el 25 de junio 2021, la UE, EE.UU.y Canadá presentan una estrategia gradual que ofrece un levantamiento progresivo de las sanciones a cambio de que el régimen de Nicolás Maduro se comprometa con un plan de verdaderas reformas y elecciones democráticas. Una delegación de la Unión Europea visitó Caracas para evaluar las condiciones tanto de las elecciones en noviembre 2021 como de la misión internacional que observaría su desarrollo. Esa apuesta ha ido aumentando el consenso internacional sobre la necesidad de desechar estrategias como la que expresó Trump de mantener “todas las opciones sobre la mesa” para buscar la salida de Maduro del poder.

El CNE restableció la posibilidad de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) participe en elecciones. Al haber conquistado la mayoría de la Asamblea Nacional en 2015, el régimen le había quitado ese derecho desde 2018. Su rehabilitación puede estimular a la oposición a reunificarse. Aún falta habilitar a todos los líderes sociales y partidos opositores excluidos, liberar a los presos políticos, que siguen aumentando, ampliar el registro, los circuitos electorales y las auditorías del sistema de votación, y lograr que los voceros de sectores claves del régimen se comprometan a respetar el resultado, así les sea desfavorable.

Para mejorar su imagen internacional Maduro ha anunciado que a los próximos opositores electos como autoridades locales o estaduales no les pondrá “protectores” oficialistas que actúen en forma paralela para controlar a los opositores elegidos como gobernadores, desconociendo el origen popular de su elección. Pero al mismo tiempo trata de implantar lo que llama “poder o Estado comunal” que desmonta la descentralización, la participación ciudadana y el poder de alcaldías y gobernaciones, y profundiza la represión con la expropiación armada de los bienes y la sede del periódico El Nacional y con “la revolución judicial” para asegurar el control que ejercen los poderes públicos.

Fuera del estatuto de protección a los migrantes, el gobierno de Duque ha tenido una posición contraproducente frente a las crisis venezolanas. Fue muy activo en el cerco diplomático a Maduro, y al aferrarse a esa opción se quedó solo, alejado de gobiernos como el de Biden, de países de la UE y de Latinoamérica que están propiciando una salida negociada a las crisis venezolanas. En esa salida Cuba es crucial. Aunque para Biden es difícil intentar normalizar esa relación con la isla como hizo Obama, sería muy dañino para Colombia que el uribismo acabara de romper las relaciones diplomáticas con Cuba, cuyo apoyo a las negociaciones con las guerrillas ha sido clave.

Aunque la mayoría demócrata en el Congreso es estrecha y son diversas las voces en la política internacional estadounidense, predomina allí la posición de respaldar salidas negociadas en Venezuela. Y en relación con Colombia irán combinando las preocupaciones sobre paz y derechos humanos con las económicas y de seguridad, centrales en la relación binacional. 

Ojalá otros sectores colombianos aprovechen que en el actual gobierno de Estados Unidos caben asuntos cruciales como la democracia, la paz, las salidas negociadas a las crisis, para que Colombia entre en esa dirección, menospreciada por el gobierno Duque.

Socorro Ramírez

Agosto, 2021

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Los dos recientes atentados en Cúcuta son un reflejo de la difícil situación que hoy vive la frontera. Esta es la situación y estos son sus motivos.

La seguridad en la frontera

En menos de dos semanas han tenido lugar dos atentados en Cúcuta. Ambos atentados demuestran los graves problemas de seguridad en Cúcuta, en especial en su área metropolitana y en el Catatumbo, donde aumentan la delincuencia y la violencia —homicidios, masacres, secuestros, reclutamiento forzado, minas antipersonales—por parte del ELN, el EPL, disidencias de las FARC, bandas armadas como los Rastrojos o el Clan del Golfo. Estos grupos se disputan el control de los territorios y las economías ilegales.

La mera militarización y erradicación forzada de coca no se traducen en seguridad local, en reducción de cultivos de coca y menos aún del narcotráfico. El gobierno nacional menosprecia la complejidad de esas realidades y no les hace frente a los problemas que al final afectan a la población más vulnerable.

El desempleo en Cúcuta llega al 22,3 % en su zona rural, la informalidad laboral supera el 70 % y la pobreza aumentó al 53,5 %, según el DANE. Estos problemas, que se han agravado con la pandemia, han permitido a los grupos armados aumentar su control en la zona.

Se suma que Norte de Santander reemplazó a Nariño como la región con más área sembrada de coca, con 300 hectáreas alrededor de Cúcuta. Pese a 50 años de guerra contra las drogas y a la fumigación aérea de cultivos ilícitos, la productividad de estos aumentó 10 %.

Duque celebró que, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), de la oficina de Naciones Unidas para la Prevención de la Droga y el Delito (UNODC), los cultivos de coca habían disminuido un 7 % en 2020 y habían pasado de 245.000 a 143.0000 hectáreas.

Pero el mismo día del atentado al helicóptero presidencial, la administración Biden señaló que las áreas de cultivos ilícitos en Colombia habían aumentado 15 % en 2020.

Según las cifras de erradicación presentadas por el gobierno colombiano, no deberían quedar cultivos de coca, pues en 2020 Duque señaló que había erradicado 130.000 hectáreas, que, sumadas a las 100.000 del 2019, sobrepasarían las 169.000 que según Naciones Unidas había en 2018, es decir, que en dos años habría destruido 61.000 hectáreas de coca más de las existentes.

Pares ha mostrado el aumento de la inseguridad en estos tres años del gobierno de Duque:▪ El Clan del Golfo ha crecido;▪ las disidencias de las FARC extendieron su operación de 56 a 150 municipios;▪ el ELN pasó de estar en 99 a 170 municipios, y▪ en la frontera colombo-venezolana operan 28 grupos armados ilegales.

El uribismo y el gobierno han culpado de esto al proceso de paz y a una conspiración internacional.

Crítica relación colombo-venezolana

Además, el régimen de Maduro evade su contribución a los problemas que se viven en la frontera. La semana pasada fueron detenidos el director de la ONG venezolana FundaredesJavier Tarazona, y otros miembros, y fueron acusados de difamar y comprometer la seguridad de Venezuela porque denuncian el apoyo del régimen a grupos armados colombianos.

Fundaredes ha seguido el enfrentamiento armado en Apure, que comenzó en marzo de este año entre una de las disidencias de las FARC y la Fuerza Armada Bolivariana, y que desplazó a la población que se vio forzada a cruzar el río hacia Arauca. Se suma que Fundaredes ha mostrado que ese conflicto sigue pese a la liberación de ocho militares el 31 de mayo.

Por este motivo, el fiscal Tarek William Saab ha dicho: «Simplemente ganas de desestabilizar. De seguro este señor (Javier Tarazona) es un adicto a las narcoseries, a las narconovelas de Colombia, y transmuta lo que ha ocurrido en Colombia hacia nuestro país».

Tanto Colombia como Venezuela responsabilizan al otro de los problemas en la frontera y se acusan mutuamente de “conspirar”.

Venezuela asumió como “injerencismo y provocación”:▪ la llegada a Colombia de la brigada estadounidense especializada en la lucha antinarcóticos y las tripulaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para mejorar la interoperabilidad bajo estándares de la OTAN;▪ la visita del jefe de la CIA, y▪ el viaje a Puerto Carreño del jefe del Comando Sur de Estados Unidos acompañado por el viceministro de Defensa para “verificar capacidades en lucha contra amenazas transnacionales”.

A su vez, aunque en la relación de China y Rusia con Maduro priman el interés económico y petrolero más que las afinidades ideológicas, sus acuerdos en seguridad y defensa son vistos por el gobierno de Colombia como una estrategia amenazante.

Colombia y Venezuela comparten una larga y abigarrada frontera con interdependencias de todo tipo, así que cuanto acontece a un lado, sea en aspectos poblacionales, sociales, ambientales, económicos o de seguridad, repercute en el otro.

Durante los más de 22 años del chavismo en el poder, los gobiernos centrales han tenido tensiones recurrentes, que además se han agravado en los últimos seis años.

Desde 2015, Maduro deportó miles de migrantes colombianos y ordenó cierres y aperturas de frontera. A esto se añade que la crisis en Venezuela haya aumentado el éxodo poblacional.

Miles de colombianos han regresado, a quienes se suman los casi dos millones de venezolanos que han entrado a Colombia buscando alternativas para vivir.

En 2019, Maduro expulsó al personal diplomático y consular colombiano. Por su parte, Iván Duque no envió embajador a Venezuela. Al llegar a la presidencia en octubre de 2018, afirmó: “Hemos mantenido la relación a nivel consular y un delegado a nivel de encargado de negocios. Pero, somos claros, lo que hay en Venezuela es una dictadura y como tal no tendremos embajador en ese país”. Pero la aparente diplomacia de Duque ha hecho que la frontera sea aún más peligrosa.

Maduro se posesionó de nuevo en enero de 2019, pero no fue reconocido por la Asamblea Nacional (AN) por irregularidades en su elección. A cambio, esta encargó a Juan Guaidó de la presidencia de Venezuela, quien fue reconocido por más de 50 países.

Duque, con varios gobiernos de esos países, acompañó el 23 de febrero a Guaidó a lanzar su estrategia para tener un gobierno de transición, elecciones libres y llevar ayuda humanitaria a Venezuela desde Cúcuta.

Duque anunció que Maduro tenía los días contados, pero la operación fracasó y Maduro se aferró al poder. Duque sigue insistiendo en la misma estrategia incluso ahora, cuando el gobierno de Biden apoya una salida negociada de la crisis venezolana.

Es justamente en este contexto de relaciones tensas entre ambos países y presencia de grupos armados que ocurrieron los dos atentados en junio en Cúcuta. Es necesario que el gobierno le haga frente a este problema y aborde sus diferencias con el gobierno de Venezuela de otra forma.

Socorro Ramírez

Julio, 2021

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La diplomacia ciudadana es la iniciativa que desde la sociedad civil busca construir una capacidad de prevención y acción compartida frente a circunstancias adversas, como los efectos externos de crisis internas en países que enfrentan aguda polarización política, el aumento de la tensión entre Gobiernos o Estados y las dinámicas transfronterizas que pueden escalar conflictos con altos costos.

Entendemos la diplomacia ciudadana como aquella iniciativa que desde la sociedad civil busca construir una capacidad de prevención y acción compartida frente a circunstancias adversas, entre ellas los efectos externos de crisis internas en países que enfrentan aguda polarización política; emergencia humanitaria o conflicto armado; aumento de la tensión entre Gobiernos o Estados; dinámicas transfronterizas que pueden escalar conflictos con altos costos, y afectaciones en la gobernabilidad y la paz local, fronteriza, nacional o regional.

Se trata de una iniciativa dispuesta a generar acciones que mejoren la capacidad de entender esas crisis, que fortalezcan nexos positivos entre personas y sectores afectados, y que articulen redes para actuar directamente, ejerciendo una forma de democracia deliberativa y participativa que incida por medio de aquellos que pueden hacerle frente a la creciente complejidad de esos conflictos, como los sectores sociales, actores políticos o económicos, gobiernos locales o nacionales, y ámbitos multilaterales regionales o globales.
 

Esto es lo que ha intentado hacer la iniciativa Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV) de la sociedad civil binacional, desde que surgió en septiembre de 2019 con un manifiesto que lanzaba una convergencia ciudadana colombo-venezolana. Esa declaración fue firmada por más de 100 académicos, miembros de organizaciones sociales, humanitarias, gremiales, empresariales, redes y colectivos culturales de ambos lados de la frontera y de las capitales nacionales.
 

Se hizo en medio de la suspensión tanto de las relaciones diplomáticas entre ambos países como de toda la institucionalidad para la gestión de la abigarrada agenda binacional y de la compleja frontera compartida y, además, en medio del agravamiento de la compleja crisis humanitaria en Venezuela.
 

La iniciativa de los PCCV se ha ido construyendo a través del mutuo acercamiento, conocimiento y reconocimiento entre muchos de los firmantes de ese manifiesto inicial y de muchos otros sectores que hemos desarrollado 12 reuniones en el primer año de trabajo conjunto.


A través de 20 diálogos, esta iniciativa de la sociedad civil binacional ha tratado de estimular una diplomacia ciudadana en favor de cinco ejes:

  • solución negociada y democrática de las crisis en Venezuela por los mismos ciudadanos de ese país,
  • construcción de paz en Colombia,
  • voz y articulación de diversos sectores y autoridades de ambos lados de la frontera,
  • defensa de los derechos de los migrantes y retornados en medio de la crisis humanitaria compleja, y
  • reconstrucción del sistema consular y de la relación binacional.


En noviembre de 2019, PCCV reunió en Bogotá a diversos sectores de ambos países para analizar problemáticas de cada uno de ellos y de la frontera compartida.


En enero de 2020, en Cúcuta, PCCV revisó con alcaldes y gobernadores electos del lado colombiano de la frontera, la situación de cada ámbito fronterizo y la manera de incorporar en los planes de desarrollo local la atención al éxodo forzado desde Venezuela. En febrero realizó en Bogotá reuniones con la Comisión Segunda de Senado y Cámara que se ocupan de la política exterior y con la Presidencia del Congreso, con el fin de examinar la situación fronteriza y la actuación del Gobierno de Colombia frente a Venezuela y al éxodo desde ese país. Y el 29 de febrero realizó en Bogotá, con la Fundación para la Integración Musical de Colombia (Fundimusicol), el concierto “Colombia-Venezuela, más que un conflicto”, de la Orquesta Sinfónica Juvenil Binacional.


Posteriormente la iniciativa ha colaborado en una campaña de consecución de recursos que ayuden a la sobrevivencia y a la compra de instrumentos musicales para muchos de los jóvenes venezolanos participantes en dicha orquesta.


Desde marzo, en medio de la cuarentena, además de las reuniones internas, la red ha realizado o participado en 20 diálogos virtuales con indígenas, líderes comunitarios, organizaciones sociales, redes de comunicación, cámaras de comercio, universidades de La Guajira, del Perijá, del ámbito andino, de los Llanos, de la Orinoquia y del interior de Colombia y de Venezuela.


En esas conversaciones se han analizado las diversas situaciones afectadas por la pandemia y las dificultades para hacerle un frente común a la riesgosa situación. En algunas de esas reuniones han intervenido migrantes venezolanos y colombianos retornados, además de miembros de universidades, la Iglesia y organizaciones sociales dedicadas al seguimiento de la problemática migratoria, sobre todo en Bogotá, Cúcuta y el Caribe, donde se concentra la mayor parte del éxodo.


Para analizar el agravamiento de la situación fronteriza con el cierre de los puentes y pasos formales ordenados desde Caracas y Bogotá, PCCV ha realizado o participado en reuniones con gremios económicos y cámaras de comercio de la frontera o de cada país, y también con las gobernaciones del estado Táchira y del departamento de Norte de Santander. Con ellos se ha examinado la necesidad de que la reactivación comercial y económica se abra paso para enfrentar la crisis en la frontera, lo que va más allá de lograr la apertura de los pasos fronterizos legales.


En muchos casos, los diálogos se han asociado con otros eventos de universidades, al Día Internacional del Refugio y a la presentación por la Fundación Pares de sus estudios sobre seguridad en la frontera; o con programas de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales (CRIES), El EspectadorSemana, la Fundación Friedrich Ebert, la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana, el Instituto de Paz de Estados Unidos, el Instituto para las Transiciones Integrales y, además, con entidades de países de la Unión Europea que apoyan la gestión humanitaria. También se ha interactuado con organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y organizaciones de derechos humanos para entender mejor la problemática de la migración forzada.


Hoy los PCCV siguen fortaleciendo los lazos de cooperación y coordinación entre diversos sectores de ambos países, además de las capacidades de incidencia y de articulación entre los grupos promotores de la iniciativa.

Socorro Ramírez

Marzo, 2021

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