En su campaña presidencial, Gustavo Petro prometió que buscaría una relación mucho más horizontal entre Colombia y Estados Unidos. En los meses iniciales del nuevo gobierno colombiano, declaraciones de ambos lados dejaron ver que cada uno trataba de mostrar sus prioridades y preocupaciones al comienzo de su aproximación.
En su campaña electoral y en el inicio de su gobierno, Petro mostró la necesidad de más equilibrio y diversificación temática en la relación con Estados Unidos. Pocos días después de su triunfo electoral, recibió llamadas de felicitación desde Estados Unidos, primero de Anthony Blinken, jefe de la diplomacia estadounidense, y enseguida del presidente Joe Biden; luego, hubo reuniones bilaterales en Colombia y en Estados Unidos.
Petro señala que su meta de Paz Total, además, de negociación con el ELN, implica el desmonte y sometimiento al sistema judicial de todos los grupos armados ilegales, incluidos narcotraficantes, que no serían extraditados si cooperan, indemnizan a las víctimas y garantizan que no reincidirán en actos delictivos. También ha hablado de la reforma de las políticas de drogas, empezando por acabar la aspersión aérea, destruir cultivos industrializados para la producción de estupefacientes, apoyar la sustitución de cultivos con participación de las comunidades productoras de coca y controlar los insumos químicos usados para transformarla en cocaína.
Hay otros temas prioritarios de su política internacional, que también implican un cambio de foco en la relación con Estados Unidos. La vicepresidenta Francia Márquez y Luis Gilberto Murillo ‒exgobernador del Chocó, exministro de ambiente y embajador en Washington‒, también han expuesto la prioridad ambiental y en la lucha contra el cambio climático.
El gobierno de Biden ha dicho que apoya la búsqueda de la Paz Total, que debería partir de la implementación del Acuerdo de Paz con las exFarc. El 3 de octubre, luego de la reunión con el presidente colombiano, Blinken dijo que Biden “apoya fuertemente el abordaje holístico que la administración Petro está tomando”, que los dos gobiernos están ampliamente sincronizados sobre la política de drogas¹ y firmó con la vicepresidenta Márquez un convenio en que Estados Unidos asume como primer garante internacional del punto étnico del Acuerdo de Paz. El Departamento de Estado donó 12 helicópteros para la protección de los bosques en Colombia y Biden ordenó revisar la forma como la marihuana está clasificada en la legislación estadounidense, pidió a los gobernadores avanzar en su despenalización e indultó unas 6500 personas condenadas por poseerla².
Las declaraciones de ambos lados han ido mostrando tanto énfasis distintos como aproximaciones y convergencias. Por ejemplo, Todd Robinson, encargado de políticas de drogas del Departamento de Estado de Estados Unidos, dijo que veía problemas en los supuestos beneficios de las propuestas de Petro para los narcos, aunque al final de agosto ‒después de que él, miembros de la Casa Blanca y del Comando Sur se reunieran con funcionarios colombianos‒, señaló que “las nuevas prioridades encajan con lo que queremos”. Blinken señaló como prioritario para Colombia sustituir cultivos con reforma agraria y seguro acceso a mercados, detener el tráfico de drogas, eliminar el lavado de dinero y lograr que los países de tránsito y los consumidores reduzcan la demanda de estupefacientes. Reconoció la libertad de Colombia de tomar decisiones sobre cuándo extraditar a los narcotraficantes. Por su parte, Petro aceptó en ciertos casos la erradicación forzada.
Esas aperturas en la comunicación y en temáticas claves resultan novedosas, pues durante el periodo en que coincidieron temporalmente las presidencias de Biden e Iván Duque, la relación se redujo a tal punto que su contacto telefónico tardó meses. Afectó esa relación Francisco Santos, miembro del partido de gobierno del Centro Democrático, quien como embajador de Duque en Estados Unidos apoyó la reelección de Donald Trump. Pese a la alianza de Duque con Trump, quien aunque nombró a Colombia aliado principal no miembro de la OTAN casi le hace perder la certificación en lucha contra el narcotráfico, señaló a Duque de ser infructuoso en la guerra contra las drogas y para derrocar a Nicolás Maduro, aunque compartían ambas estrategias; y como se vio en mensaje en la libreta de John Bolton ‒asesor de Seguridad Nacional‒, estaba dispuesto a enviar “5000 tropas a Colombia”.
Venezuela es un tema prioritario en las agendas de los dos países. De hecho, Petro tan pronto asumió la presidencia restableció relaciones diplomáticas y reconoció al gobierno de Maduro. Por su parte Biden, desde comienzos de 2022, ha enviado a sus emisarios a generar acercamientos con el régimen bolivariano, lo que en medio de la guerra de Rusia en Ucrania ha permitido negociaciones para que Venezuela suministre petróleo, luego de mitigar algunas sanciones a PDVSA, que le prohibían hacer negociaciones con Chevron. Y el pasado 1° de octubre autorizó el canje de siete estadounidenses encarcelados en Venezuela ‒entre ellos, cinco directivos de Citgo filial de PDVSA‒ por dos venezolanos ‒sobrinos de la esposa de Maduro‒ detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico.
Ha habido énfasis distintos en asuntos como los referidos a Venezuela. Así se vio en la rueda de prensa, luego de la visita a Petro del secretario de Estado. Blinken responsabilizó al gobierno de Maduro de las crisis que presionan a los venezolanos a dejar su país y pidió continuar otorgando garantías a los migrantes venezolanos a través del estatuto aplicado por el anterior gobierno colombiano. Petro enfatizó en que la normalización de relaciones con Venezuela es lo que puede cambiar la situación de los migrantes, señaló problemas del estatuto y propuso que se elabore uno para colombianos en Estados Unidos.
Aunque su gobierno no asistió a la votación en la OEA sobre la violación de derechos humanos en Nicaragua, le pidió luego a ese gobierno y al de Venezuela regresar al sistema interamericano de derechos humanos. En la Asamblea de la OEA, Blinken señaló que el gobierno de Biden pide a Maduro dar pasos para que las elecciones previstas en 2023 y 2024 en Venezuela sean realmente libres. Y preguntado sobre el restablecimiento que hizo Petro de la relación diplomática con Venezuela, dijo que respeta esa decisión soberana de Colombia y espera que ayude a la transición democrática en ese país.
En la asamblea de la OEA hubo una diferencia significativa. Estados Unidos y otros países rechazaron revisar si se revocaba la aceptación de un representante del gobierno interino de Juan Guaidó. Colombia apoyó esa propuesta con países como Chile y Bolivia, pero no lograron el umbral necesario para la votación.
Implicaciones de los anuncios
Muchos de los anuncios gubernamentales aún no se traducen en procesos y hechos. Y los gobiernos de Colombia y Estados Unidos todavía no revisan diferencias como las que pueden tener sobre la extradición, el fracaso de casi medio siglo de la “guerra contra las drogas”, que ese tema no vuelva a copar la agenda bilateral y que el indicador de avance no sea el número de hectáreas erradicadas de coca, marihuana o amapola.
En el caso colombiano eso implicaría que no se queden en promesas de campaña y de inicio de gobierno, sino que se vuelvan prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de políticas públicas. La suspensión tanto de las fumigaciones con glifosato como de la erradicación forzada de cultivos para uso ilícito son pasos iniciales que deben estar acompañados de la implementación de lo contemplado al respecto en el Acuerdo de Paz de 2016. En la sustitución/regulación de drogas de uso ilícito el gobierno debe impulsar medidas concretas, aplicar las inversiones prometidas para financiar cultivos alternativos que generen mejores condiciones para que, por ejemplo, los cocaleros se vinculen a economías legales y no vuelva a proliferar el problema de drogas ni intentos de solución represiva. Debe además evaluar en forma constante ese proceso a nivel social, técnico e institucional para demostrar que esos nuevos enfoques producen mejores resultados.
En medio de las elecciones de mitad de mandato y dada la difícil situación en Estados Unidos, Biden recibe críticas de republicanos y sectores atados a la guerra contra las drogas por sus aproximaciones al gobierno de Petro y los cambios en la política de drogas.
Al presidente Petro le llegaron recomendaciones formuladas por personas expertas, vinculadas a entidades que trabajan sobre la problemática de las drogas³, que indican que buena parte de las reformas que quiere hacer implican estrategias de corto, mediano y largo plazo, las cuales deben ser bien comunicadas, pues promueven iniciativas que salvan vidas al tiempo y reducen daños asociados al consumo como a la producción de drogas. En la transición que genera la construcción de una nueva política de drogas, le piden informar sus desarrollos y saber manejar contradicciones que se generen en ese proceso, priorizando los derechos de los nacionales sin afectar las relaciones internacionales y aproximarse tanto a la discusión en otros países sobre nuevos enfoques ante la problemática de drogas como a la investigación sobre cómo el prohibicionismo ha ayudado a la persistencia del conflicto armado ‒así lo muestran estudios académicos, la Comisión de la Verdad, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos‒, y ayudar a la formación social para reducir los impactos negativo de ese consumo de sustancias mientras se genera su regulación⁴.
Ojalá Petro asuma esas recomendaciones, que le implicarían liderar el proceso y articular la institucionalidad nacional para adelantar esos cambios, generar diálogo/negociación al respecto con el gobierno estadounidense, atender las implicaciones de cambios territoriales, en salud pública, reformas legales y procesos sociales. Ojalá los gobiernos de Colombia y Estados Unidos logren mantener una cuidadosa comunicación sobre asuntos de interés bilateral que permita procesar sus diferencias. A eso ayudaría el logro de avances concretos en Colombia y la aproximación del gobierno Petro, por ejemplo, a países de América Latina, el Caribe y de Europa que han venido avanzando en el debate sobre la necesidad de cambios en la política de drogas. Además, Colombia con Brasil, México, Argentina, Chile y Perú, países grandes de la región y gobernados por una izquierda democrática diversa y dispuesta a hacer cambios, podrían concertar agendas comunes ‒por ejemplo, en la inclusión social y lo ambiental, en favor de la democracia en Venezuela‒, ante la problemática de las drogas, que logren concretar nuevas políticas con el gobierno del presidente Biden.
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¹ https://efe.com/mundo/estados-unidos-apoya-firmemente-el-enfoque-de-petro-sobre-las-drogas/
³ Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de Los Andes, Corporación Acción Técnica Social (ATS), Elementa DDHH, Centro de Estudios de Derecho Justicia y Sociedad (Dejusticia), Corporación Viso Mutop, Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Octubre 10, 2022