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Socorro Ramirez

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Biden y Colombia

Por Socorro Ramirez
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El discurso de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos de compromiso con la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y el multilateralismo, las casi 20 medidas que enseguida puso en marcha son un intento de propiciar una reunificación y son señales del tipo de política que quiere desarrollar

El discurso de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos de compromiso con la democracia, la libertad, el Estado de Derecho y el multilateralismo, las casi 20 medidas que enseguida puso en marcha frente a la pandemia, el racismo, la xenofobia, las desigualdades, la polarización exacerbadas por Trump y que profundizaron la división de ese país, así como la coalición de su gobierno de la que hacen parte mestizos de origen afroamericano, latino, asiático de alguna manera es un intento de propiciar una reunificación y son señales del tipo de política que quiere desarrollar. No será fácil consolidar ese giro; de hecho ya recibió un freno en la atención a la problemática migratoria con la decisión del tribunal del distrito sur de Texas de detener la orden de Biden que suspendía durante cien días la deportación de inmigrantes indocumentados para revisar acciones tomadas por su predecesor y adoptar un sistema migratorio justo y eficaz.

Aun con las presiones que tendrá en contra, esos primeros pasos de Biden ya marcan lo que podría esperarse en relación con América Latina y el Caribe, en particular con Colombia, por parte del nuevo gobierno y del parlamento de mayoría demócrata. El gobierno colombiano se ve abocado a restaurar la relación con los dos partidos de ese país y a redefinir dimensiones claves de su política interna y exterior. Tendrá que revertir marcas que dejó el apoyo del presidente Iván Duque a Trump y la injerencia del uribismo en favor de su reelección. Ya se abrió una indagación en el Congreso sobre una posible interferencia foránea en las elecciones estadounidenses en la que están señaladas Rusia, China, Irán y Colombia 

Aunque en la agenda bilateral son cruciales el tema comercial y el del cambio climático -en especial para la reducción de emisiones de carbono, la deforestación y la minería ilegal así como en la protección del Amazonas y la biodiversidad del país-, en este artículo me concentro en lo que puede acontecer en tres prioridades: la paz y los derechos humanos, la política de drogas y la crisis de Venezuela.

 Paz y derechos humanos

Biden, como vicepresidente de Obama y enlace para América Latina, de 2009 a 2017, tuvo relación con Colombia, ante todo a través del respaldo que dio a la negociación con las FARC; de hecho, en su visita al país dijo que ese Acuerdo de Paz “no debía ser minimizado ni ignorado”. Ese respaldo fue reiterado por el entonces secretario de Estado, John Kerry -ahora consagrado a la lucha contra el cambio climático-, y ese gobierno envió a Bernard Aronson como delegado especial. Además, los demócratas en el Congreso estadounidense desde que expidieron una resolución en 2016 de apoyo a la solución pacífica del conflicto armado colombiano, han insistido en la necesidad de lograr la implementación de ese Acuerdo y construir una paz duradera que cumpla estándares internacionales de justicia y transparencia.

El embajador estadounidense en Colombia, Philip Goldberg, ha mostrado luego de la posesión de Biden, que su gobierno prioriza el proceso de paz y la defensa de los derechos humanos. En diálogo con El Tiempo acaba de pedir “hacer más” en la implementación del Acuerdo de Paz, evitar masacres, proteger la vida de líderes sociales y excombatientes.

En esa perspectiva resultan claves tres mensajes que desde Colombia acaban de ser enviados al presidente Biden y a la vicepresidenta Kamala Harris. Ante todo, del movimiento Defendamos la Paz [1]. Además, de 104 miembros de resguardos y cabildos indígenas, asociaciones de víctimas, comunidades campesinas, y consejos comunitarios afrodescendientes [2]. También, de la líder afrodescendiente Francia Márquez [3]. Los tres mensajes coinciden en pedir apoyo para que el Estado colombiano cumpla el Acuerdo de Paz, impida los asesinatos de líderes de procesos sociales, de paz y ambientales -ya sobrepasan los 900- y de más de 250 miembros de la exguerrilla FARC ahora partido los Comunes; y para lograr un pacto de paz con el ELN.

Ahora, desde el gobierno y el Congreso estadounidense habrá presión al gobierno Duque para que implemente el Acuerdo, proteja los derechos humanos y la vida tanto de líderes sociales como de los excombatientes.

Política de drogas

En el tema de drogas, que ha sido central en la relación con Colombia, la política bipartidista estadounidense confiaba en la fumigación aérea como instrumento para reducir las hectáreas de cultivo de coca y la distribución de cocaína en ese país.

Sin embargo, el informe bipartidista de la Comisión de Política de Drogas -entre cuyos firmantes están dos personas de origen colombiano: Juan S. González, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad, y Dan Restrepo- asume el fracaso del Plan Colombia, lo ineficiente y contraproducente que es la erradicación forzosa, y muestra que la situación de las comunidades en zonas cocaleras debía ser un eje clave de la política de drogas, posibilitar su participación y garantizar la protección de sus voceros como obligación del Estado. El embajador Goldberg dice que ahora el regreso a la aspersión con glifosato es un programa cuya decisión y responsabilidad es del gobierno colombiano que si decide aplicarla, debe conseguir el glifosato, controlar los aviones, lo que ya no harán como antes los contratistas; Estados Unidos ayudará en algunos aspectos.

En esa perspectiva resulta clave la presión en Colombia para que el gobierno de Biden y los demócratas acepten hacer ajustes a la política de drogas ligados con la paz. De hecho, el punto 4 del Acuerdo con la FARC, trae un enfoque multidimensional de esa problemática que incluye acuerdos con cultivadores de coca para la sustitución voluntaria, y que en lugar de que el Estado lance venenos desde el aire con graves daños socio-ambientales, llegue a la periferia nacional a ayudar en la construcción de paz territorial con participación de sus pobladores, y mejore la lucha contra la criminalidad, el narcotráfico y el lavado de ese dinero. Justo en ese punto del Acuerdo jugó un papel el enviado especial Bernie Aronson. Ahora, el gobierno Biden podría aceptar ese giro que implica desmilitarizar la lucha contra el narcotráfico y apoyar el desarrollo económico alternativo en esas zonas afectadas por la violencia y la criminalidad. Como dice la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la sustitución de cultivos concertada con comunidades es más sostenible y rinde más frutos; en cambio incrementar tensiones entre el Estado y las comunidades ha sido contraproducente para encontrar soluciones estructurales a economías ilegales, como se ha visto en Tumaco y el Catatumbo.

Salida negociada a la crisis de Venezuela

Frente a la crisis en Venezuela generada por el régimen de Maduro que viola los derechos humanos y persigue a organizaciones sociales y a las que luchan por defenderlos, Biden seguramente ajustará la estrategia intervencionista del impredecible Trump, de “todas las cartas sobre la mesa”, que hizo confiar a sectores opositores más en la presión externa que en la construcción de una ruta interna, socavando esfuerzos para una solución política. Además, la amenaza de acción militar unificó a las fuerzas armadas contra enemigos externos y las sanciones petroleras agravaron la situación al exacerbar la crisis económica y humanitaria con graves efectos sobre la población más que sobre los funcionarios. El régimen de Maduro se aferró al control de todos los poderes públicos, que fue logrando con diverso tipo de maniobras; mientras tanto, la oposición terminó reprimida, en el exilio y más fraccionada.

El secretario de Estado Antony Blinken dijo al Senado que Maduro es un dictador y es parte del problema, no de la solución, que continúan reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino y la Asamblea Nacional elegida en 2015 como el único organismo elegido democráticamente. Pero son vagas las bases constitucionales de la decisión de continuidad administrativa de la Asamblea que presidía Guaidó y de su gobierno, y lo afectan las acusaciones sobre malversación de recursos en su entorno. La Unión Europea ha dicho que trabajará con la oposición democrática y la sociedad civil de Venezuela, pero no se refirió a Guaidó como presidente interino.

Jen Psaki, portavoz del gobierno de Biden, dijo que la meta de Estados Unidos es apoyar una transición democrática y pacífica en Venezuela mediante elecciones libres y justas, que tomarán medidas para perseguir a violadores de derechos humanos y corruptos, y buscarán soluciones para atender la crisis humanitaria. Eso exige que la oposición venezolana sea capaz de construir un acuerdo entre sus diversos sectores y liderazgos en torno a una hoja de ruta para buscar una salida negociada.

Ojalá Biden y los demócratas se comprometan con una defensa de la necesaria negociación entre los venezolanos, ofrezcan alivio de las sanciones petroleras a cambio de elecciones anticipadas, con reglas democráticas y una real observación internacional, que atienda la emergencia humanitaria compleja, abra una transición y la reconstrucción de ese país. Eso implica que el gobierno Biden, con el regreso de Estados Unidos al multilateralismo, asuma que no puede actuar unilateralmente frente a la crisis en Venezuela y trate de coordinar con la Unión Europea y países latinoamericanos y del Caribe esfuerzos en favor de la negociación en busca de una salida pacífica y democrática.

También resulta esencial un giro de Biden frente a las cerca de 200 medidas de Trump para aumentar el bloqueo y la vinculación de Cuba a la lista de países auspiciadores del terrorismo, de la que el gobierno Obama la había sacado en medio del proceso de acercamiento para normalizar las relaciones. Trump la volvió a incluir alegando que Cuba no extraditó a la delegación del ELN que actuó en la mesa negociadora, como lo ha exigido Duque, sin tener en cuenta que la isla lo que ha hecho es cumplir los protocolos firmados al respecto con el Estado colombiano y que ha jugado un papel decisivo en la negociación de paz para Colombia. No será fácil avanzar frente a Cuba pues en buena medida, Trump ganó en la Florida por su estrategia radical contra la isla y sus amenazas intervencionistas en Venezuela.

En síntesis, el giro comenzado por Biden le plantea al gobierno de Colombia retos cruciales en especial en materia de paz y derechos humanos, en la política de drogas así como en la estrategia que ha venido aplicando hacia Venezuela y Cuba. Perder esa oportunidad hará muy difícil la última parte de la presidencia de Duque. No basta con buscar contactos entre los dos gobiernos y con congresistas demócratas si Duque no se abre a las nuevas realidades e imperativos que favorecen a Colombia.

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[1] https://www.onic.org.co/comunicados-de-otros-sectores/4106-carta-abierta-al-presidente-de-eeuu-joe-baiden-urge-la-implementacion-de-paz-en-colombia

[2] https://www.justiciaypazcolombia.com/comunidades-negras-indigenas-campesinas-dirigen-carta-a-gobierno-de-estados-unidos/

[3] https://www.onic.org.co/comunicados-de-otros-sectores/4106-carta-abierta-al-presidente-de-eeuu-joe-baiden-urge-la-implementacion-de-paz-en-colombia

Socorro Ramírez

25 enero, 2021  

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¿Castrochavistas en la Casa Blanca y espías cubanos? La estrategia uribista con miras al 2022 ha sido muy dañina para las relaciones internacionales de Colombia.

El “dossier secreto”

A mediados de enero la revista Semana aseguró haber accedido a un “dossier secreto” que habría recibido el gobierno de Duque. El documento describiría un plan de Cuba para interferir en la política colombiana “a través de la orientación de cubanos con cobertura diplomática en organizaciones sociales solidarias, la infiltración de programas de cooperación con autoridades locales y su financiación por medio del ELN”. Duque anunció que, de ser necesario, solicitaría la expulsión de los diplomáticos cubanos mencionados en el dossier, mientras que un grupo de 30 congresistas del Centro Democrático pidió romper relaciones con la isla.

El supuesto plan, las acciones del partido de gobierno y la respuesta del presidente Duque coinciden con las acciones del hoy expresidente Trump, y son parte de una estrategia electoral.

Pero los nuevos tiempos hacen cada vez más urgente un cambio de rumbo en la política internacional colombiana.

Imitando a Trump

En medio de su extremismo populista de derecha y para asegurarse el voto latino, Trump quiso complacer a los cubano-estadounidenses de la Florida endureciendo el bloqueo contra Cuba. Sus casi 200 medidas reforzaron el embargo comercial-financiero y las sanciones contra dirigentes cubanos y empresas extranjeras; prohibieron la llegada de cruceros y vuelos a la isla, e impidieron que los cubanos en el exterior visitaran a sus familiares o les enviaran remesas.

Por seguir a Trump, el gobierno colombiano rompió con una de las posiciones que Colombia había mantenido en la asamblea general de la ONU. Todos los años se repetía el rechazo al bloqueo de la isla por perjudicar directamente al pueblo cubano. Pero en noviembre de 2019, mientras Estados Unidos, Israel y Brasil votaron en contra, hubo dos abstenciones: Ucrania y, por primera vez, Colombia.

Poco antes de finalizar su gobierno, Trump endureció estas medidas al reincorporar a Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo, de la que Obama la había retirado como parte de las negociaciones para normalizar las relaciones bilaterales. La decisión de Obama fue un cambio indispensable en la dañina y fracasada política que Estados Unidos había impuesto durante más de medio siglo.

Sin embargo, Trump atendió las acusaciones del gobierno Duque en el sentido de que Cuba apoyaba el terrorismo por permitir que la delegación negociadora del ELN permaneciera en la isla.

Duque siempre se mostró reticente a seguir en la mesa de negociación con el ELN y la clausuró después del ataque contra la Escuela de Policía General Santander, en enero de 2019. Al exigir extraditar a los negociadores que permanecían en la isla, Duque incumplió las obligaciones internacionales que el país había adquirido e irrespetó los protocolos firmados sobre cómo proceder si se levantaba la mesa de negociación que sesionó en Cuba por petición de Colombia.

Como señaló la Ministra de Asuntos Exteriores de Noruega (otro de los países garantes), si los gobiernos que facilitan esfuerzos de paz corren el riesgo de acabar designados como patrocinadores del terrorismo, va a ser muy difícil que Colombia encuentre quién se comprometa con esos esfuerzos.

Duque también siguió a Trump en su política con Venezuela. En vez de apoyar una negociación entre los venezolanos para abrir una transición que permita la reconstrucción del más importante país vecino, el gobierno colombiano se sumó a las sanciones y amenazas de Trump para lograr a cualquier costo la salida de Nicolás Maduro del gobierno.

Las razones electorales domésticas

Francisco Santos, embajador de Colombia en Estados Unidos, fue recientemente señalado de haber apoyado la campaña de reelección de Trump. Junto con otros uribistas, el diplomático se sumó a la campaña de miedo desplegada por algunos republicanos en Florida. Además, rompiendo con la tradición colombiana y latinoamericana, el embajador se empeñó en lograr que Mauricio Claver-Carone, candidato de Trump, fuera escogido como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esta cercanía con uno de los partidos políticos de Estados Unidos comenzó con Uribe. Durante su mandato el gobierno colombiano apoyó la invasión a Irak ordenada por George W. Bush y, encima, siendo jefe de Estado, recibió a John McCain, quien entonces era el candidato republicano a la presidencia durante la campaña electoral de 2008.

De cierta forma, la prórroga de este alineamiento también está ligada con la búsqueda de apoyos políticos para Uribe. Cuando Uribe fue detenido en su casa por orden de la Corte, Trump le llamó “héroe” y “aliado de nuestro país en la lucha contra el castrochavismo”. Por su parte, el vicepresidente Mike Pence pidió que se le permitiera “defenderse como un hombre libre”. Trump acogió las críticas uribistas al Acuerdo con las FARC y acusó a Joe Biden de ser castrochavista, amigo de Petro, y de apoyar un proceso de paz que, según él, entregó el país a los narcotraficantes.

Hoy, el uribismo reproduce en Colombia esta misma estrategia para aferrarse al poder y agitando la bandera contra el castrochavismo, advierte que hay planes cubano-venezolanos para interferir en las elecciones de 2022, favorecer a la izquierda, desestabilizar al país y poner en riesgo la seguridad nacional.

Ante la creciente insatisfacción social, los autoritaristas de extrema derecha agudizan la polarización, la estigmatización, el odio y el juego sucio. De este modo pretenden impedir que una posible coalición democrática de centro-izquierda ‒en favor de la libertad y la igualdad, apegada a las reglas de juego constitucionales y legales‒ triunfe en las elecciones presidenciales y legislativas. El uribismo sindica de proguerrilleras a las protestas sociales, a las redes que respaldan el desbloqueo de Cuba y a las autoridades locales que han recibido, a través de programas reconocidos por organismos multilaterales, apoyo cubano en áreas como educación, deporte y salud.

El alineamiento con el impredecible Trump y el uso que hacen los uribistas de las relaciones internacionales para hacer politiquería interna ha dejado a Colombia cada vez más aislada de sus vecinos latinoamericanos y la ha hecho más vulnerable ante Estados Unidos. Estas estrategias causaron malestar en el partido Demócrata y pueden tener repercusión en la relación con el Congreso estadounidense y la nueva administración.

Nuevos tiempos

Pocas horas después de jurar como el presidente número 46 de Estados Unidos, Joe Biden firmó 17 órdenes ejecutivas para revertir muchas de las dañinas medidas de Trump.

Tomar la iniciativa para que su país y Cuba normalicen relaciones y compromisos no será una labor fácil ni rápida. Ayudaría que Colombia reconozca, como lo han hecho los negociadores Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, “el espíritu generoso y el profesionalismo que desplegó Cuba a favor de la paz de Colombia”. Hay que admitir que Cuba demostró también durante el proceso adelantado con el ELN el mismo compromiso que contribuyó a lograr el Acuerdo con la FARC.

En una carta dirigida a Biden y a la vicepresidenta Harris, el movimiento Defendamos la Paz (DLP) señala que el acompañamiento del gobierno Obama contribuyó al éxito del proceso y a la firma del Acuerdo en 2006. Junto con Biden participaron también en este acompañamiento el enviado especial Bernard Aronson y John Kerry, el entonces secretario de Estado, hoy enviado presidencial para el clima.

Debido a que gran parte de lo pactado no se ha cumplido o se está llevando a cabo con lentitud, pocos recursos e, incluso, en medio de objeciones presidenciales, el movimiento DLP espera que Estados Unidos logre reforzar el respaldo a la implementación integral del Acuerdo. Por eso fue crucial que Biden reiterara el apoyo que le dio al Acuerdo de Paz con las FARC cuando era vicepresidente de Obama y que el Senado estadounidense manifestara su preocupación por la falta de cumplimiento del Acuerdo.

También debe notarse que el último informe de la Misión de Paz de Naciones Unidas reporta más de 1000 líderes y lideresas comunitarios asesinados y 248 excombatientes que estaban cumpliendo su compromiso con la paz entre 2016 y 2020. Esto sucede principalmente en los territorios donde el Estado debería estar haciendo presencia con programas de paz.

Resulta decisiva la presión para que el Estado colombiano proteja la vida de los activistas sociales, defensores de derechos humanos y militantes del partido FARC. Asimismo, es fundamental el cambio de enfoque del fracasado Plan Colombia en la fallida guerra contra las drogas, donde predominó la aspersión de los cultivos para mercados ilícitos, que Trump y Duque habían coincidido en reanudar.

Es clave para Colombia y la región que el gobierno de Biden, junto con la Unión Europea y organismos multilaterales, ayuden en la búsqueda de una salida pacífica y democrática a la situación de Venezuela, descartando cualquier intervención militar. Eso le exigiría a Colombia proponer salidas negociadas entre los venezolanos, actuar ante la grave situación en la extensa zona fronteriza y atender el éxodo desde Venezuela. Estas serían medidas justas de gran conveniencia nacional.

Socorro Ramírez

Febrero, 2021

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Vecinos para siempre

Por Socorro Ramirez
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A Colombia y Venezuela los une su frontera más larga, abigarrada y compleja. Ante todo, comparten poblaciones indígenas; además, cada país es el principal destino migratorio o de refugio para el otro: así como miles de colombianos buscaron empleo e ingresos en Venezuela en los años 70 y 80, y en los 90 se refugiaron de la violencia, a partir de 2015 aumentó el éxodo desde Venezuela, con la expulsión de colombianos que retornaron al país con familia binacional. Así las cosas, ha llegado la mitad de los más de cinco millones de venezolanos forzados a salir de su país. Mientras unos han seguido hacia otros destinos, otros tantos se han quedado en Colombia; miles más entran a Colombia a abastecerse, a buscar ingresos, servicios de salud o a recuperar remesas que les envían sus familiares migrantes; y, más recientemente, en medio de la pandemia, miles transitan hacia allá y hacia acá. Los dos países comparten también ecosistemas estratégicos y cada lado ha generado formas de protección ambiental, cuya coordinación se ve afectada con las tensiones binacionales. La integración andina posibilitó un entrecruzamiento de las dos economías, mutuamente ventajoso, que generó empleos, ingresos, comercio, infraestructuras y oportunidades para ambos lados, hasta la salida de Venezuela de la Comunidad Andina. 

En ese contexto veremos, primero, factores que agravan la situación de las zonas fronterizas colombo-venezolanas y, luego, alternativas que ayudan a su transformación.

I. Agravantes de la situación

1. Las crisis de Venezuela 

La destrucción económica, institucional, de infraestructura y servicios esenciales, la falta de abastecimiento básico, así como el crecimiento alarmante de desempleo, pobreza, violaciones de los derechos humanos, sociales y políticos, han generado una emergencia humanitaria compleja y prolongada que, como lo muestra el informe de la misión de la ONU, ha forzado un éxodo masivo y repercute en el aumento de problemas a ambos lados de la frontera. 

Agrava esas crisis el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro se aferre al poder a cualquier costo como se ve, entre otros, en dos asuntos complicados. Uno, ante la destrucción de la industria petrolera, las sanciones económicas y la urgencia de conseguir divisas, se ha incentivado la explotación irregular de oro, coltán y de tierras raras en el arco minero energético del Orinoco, lo que genera graves daños sociales, ambientales y de seguridad. Y dos, el aumento en el lado venezolano de la actividad del ELN y de disidencias de las FARC ha reflejado su intervención en distintos asuntos, en acuerdo con el régimen de Maduro. 

Los intentos de negociación entre diversos sectores venezolanos han fracasado y no se avizora una salida pactada. En lugar de avanzar hacia una estrategia unitaria y efectiva, la oposición está cada vez más dividida y desligada de la ciudadanía, de los problemas cotidianos de la población que intenta sobrevivir, del éxodo al que se ve forzada para buscar alternativas en condiciones vulnerables. Ante esa incapacidad de articularse para construir una alternativa que logre una transición pacífica que permita hacerle frente a las crisis acumuladas, cada vez más aliados internacionales de la oposición prefieren concentrarse en lo humanitario.

2. Destrucción del andamiaje institucional para manejar esa compleja vecindad 

Las tensiones al final de los ocho años en que coincidieron los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe paralizaron toda la institucionalidad que ayudaba a procesar esa compleja vecindad: la Comisión Negociadora (CONEG), dedicada a asuntos como la delimitación marítima y la densificación de hitos en la frontera terrestre; la Comisión Binacional Fronteriza (COMBI – FRON), que reunía a las Fuerzas Armadas y de Policía de los dos países; la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF), más conocida como Comisión de Vecindad, así como diversos mecanismos entre autoridades locales de ambos lados de la frontera. 

En 2015, Maduro expulsó colombianos, ordenó “cierre total de la frontera” (peatonal, de vehículos y mercancías); un año después lo flexibilizó, pero en febrero de 2019 rompió relaciones diplomáticas y consulares, cerró y bloqueó los pasos legales, aunque después abrió algunos en horario restringido para personas y carga comercial. Con la pandemia, en marzo 2020, Duque ordenó también el “cierre de fronteras”. 

La línea limítrofe de 2219 kilómetros no es una cremallera que permita impedir los flujos transfronterizos. “Cerrar fronteras” solo bloquea los siete pasos formales existentes, obligando a las personas y mercancías a atravesar por trochas informales en las que grupos armados irregulares se disputan el control, imponiendo sus regulaciones con extorsión, trata de personas, explotación sexual y trabajo forzado. Así, el éxodo poblacional queda en condiciones aún más vulnerables; el activo comercio fronterizo, en lugar de generar empleos e ingresos legales, ve crecer el contrabando, la corrupción, las economías ilegales (como la venta de gasolina, ahora de Colombia a Venezuela), la criminalidad y la violencia. 

A la diplomacia del micrófono de reacción y confrontación permanente se agrega el control militarizado de territorios limítrofes, la geopolitización y securitización de asuntos nacionales y binacionales, una carrera armamentista y la amenaza del uso de la fuerza. Todo eso agrava los problemas de las zonas fronterizas.

3. Política del gobierno de Iván Duque 

Pese a que los intereses de Colombia son radicalmente distintos de los que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, más aún bajo el impredecible Trump, dispuesto a lo que sea en pro de su reelección, Duque ha secundado su estrategia. Con su partido, el Centro Democrático, ha respaldado sanciones económicas y se ha aliado con el sector opositor que, para buscar una salida, privilegia la acción externa por sobre la negociación. 

Duque acompañó la estrategia de la oposición venezolana que arrancó en enero de 2019 cuando, ante la elección irregular de Maduro, la Asamblea Nacional nombró a su presidente Juan Guaidó como encargado de la presidencia de Venezuela. En febrero, con el concierto para presionar la entrada desde Colombia de donaciones humanitarias a Venezuela, Duque anunció que en cuestión de horas caería Maduro. Luego, sectores opositores venezolanos impulsaron un fallido intento de rebelión militar y, con la participación de venezolanos exiliados, antiguos miembros de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos y la empresa de seguridad privada contratada para proteger el concierto de febrero, instalaron un campo de entrenamiento en Maicao, con el fin de realizar la Operación Gedeón y sacar del poder a Maduro. Al llegar a Venezuela, el 3 de mayo de 2020, la aventura fracasó. 

Todo ese complicado proceso ha tenido efectos negativos en ambos países, los cuales se han aumentado por otras políticas como el lanzamiento de las llamadas Zonas Futuro para “combatir cultivos ilícitos”, y la llegada, el 20 de julio de 2020, de 53 militares estadounidenses a cinco unidades militares cerca a Venezuela, según el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo para “asesoramiento, cooperación y entrenamiento en la lucha contra el narcotráfico”. Esa lucha la reducen a forzar la disminución de cultivos para uso ilícito con fumigaciones aéreas, pese a sus efectos ambientales, en la salud, los cultivos legales y las poblaciones locales. 

4. Interferencias en la construcción de paz 

La paz territorial, punto esencial del Acuerdo de Paz, debe generar impactos positivos, en especial en las zonas fronterizas donde se acumuló el conflicto armado, y donde se ubicó la mitad de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación de exguerrilleros de las FARC. Luego de la realización de la consulta veredal-municipal-subregional para la construcción de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el esbozo de Planes de Acción para la Transformación Regional, se paralizó el proceso de priorización de proyectos de ordenamiento social de propiedad y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento, así como de emprendimientos con participación étnica y mecanismos de reconciliación. También se paralizó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). 

Como el gobierno de Duque no ha podido reiniciar la aspersión con glifosato, dado que no ha cumplido las condiciones que exigió la Corte Constitucional (aplicación de planes preventivos, mitigación ambiental, consulta previa a comunidades étnicas, sustitución voluntaria y solo si fracasa recurrir a otra forma, agosto de 2019), intensificó la erradicación forzada con la participación de la Fuerza Pública en 82 % de municipios del PNIS, lo que generó tensiones con comunidades locales y aumentó 35 % la resiembra de coca. Eso revierte logros del PNIS y del Plan de Atención a Recolectores de hoja de coca, con los que había comenzado la reconversión laboral, vinculándolos a la gestión comunitaria para mejoramiento de escuelas, reforestación y mantenimiento de vías terciarias o caminos de herradura. Frenó también lo que propiciaba que cultivadores y “raspachines” encontraran ingresos para su subsistencia, los municipios ahorraran recursos y las comunidades fortalecieran su tejido social, logros decisivos para las fronteras, pues  70 % de los cultivos de coca están en zonas colindantes con Venezuela y Ecuador. 

Venezuela fue país garante de la mesa de conversación del gobierno colombiano y el ELN, pero esa negociación de paz se ha hecho imposible por los atentados de esa guerrilla y por las tensiones del gobierno Duque con Cuba y con el régimen de Maduro. El ELN lo ha aprovechado para consolidar su retaguardia estratégica en zonas fronterizas, tales como Arauca, donde concentra buena parte de tropas, mandos y controles territoriales, y cada vez más en el Catatumbo, aunque allí mantiene disputas violentas, para convertirse en actor binacional usando a Venezuela como su santuario estratégico. El ELN resulta útil para el régimen de Maduro en una triple perspectiva: evitar o resistir una intervención militar externa que asume como posible, estimular a las fuerzas armadas venezolanas muy atadas a la hipótesis de conflicto por el diferendo limítrofe y fragilizar a Colombia atándola al conflicto interno que centra su Ejército en la contrainsurgencia y, además, para intentar recuperar zonas mineras controladas por bandas criminales y poder sacar recursos del oro, diamantes y coltán, para lo cual en 2016 creó el Arco Minero del Orinoco ante los problemas de PVDSA y la caída de precios del petróleo. 

II. Transformación de conflictos en las fronteras 

Además de programas como la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, que por años ha desarrollado el CINEP/PPP, han surgido dos esperanzadores procesos. 

1. Gobernaciones y cámaras 

Frente al agravamiento de la situación fronteriza por las tensiones entre los dos países, las gobernaciones de Táchira y Norte de Santander pusieron en marcha mesas de trabajo que han ayudado a procesar y hacer avanzar temas cruciales. En lo ambiental, atendieron una emergencia que afectó las dos naciones. Ante el cierre de pasos fronterizos formales, han tratado de concretar el paso de migrantes y retornados, así como un corredor humanitario para que las personas que tienen que ir a abastecerse o a buscar servicios en Cúcuta, puedan hacerlo a través de los puentes. En medio de la pandemia han intentado coordinar el control sanitario conjunto. Las secretarías de educación entregaron cartillas pedagógicas para población escolar de ambos países y han tratado de garantizar el paso de quienes estudian en diversas ciudades colombianas. En cuanto a seguridad, han planteado a los gobiernos centrales la urgencia de acciones concretas que permitan enfrentar esa problemática. 

Esas mesas de las gobernaciones se amplían con alcaldes, gremios económicos y cámaras de comercio, buscando cómo evitar la circulación fronteriza por los pasos irregulares y sentar las bases de recuperación económica, confianza ciudadana, entendimiento y cooperación crucial para enfrentar la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad. 

El diálogo ha ido construyendo una Hoja de Ruta, con al menos cinco ejes:

1) Salud y manejo de la pandemia para acordar protocolos sanitarios y de bioseguridad que permitan el restablecimiento del tránsito de personas. 

2) Acciones humanitarias transfronterizas, una mesa dirigida por autoridades territoriales, con participación de obispos, del Servicio Jesuita a Refugiados y de organizaciones de la sociedad civil de cada país. 

3) Apertura de los pasos fronterizos legales para transporte terrestre de mercancías: retiro de contenedores en los puentes y controles sanitarios y aduaneros que permitan la reactivación comercial y económica que cuenta con condiciones institucionales y de infraestructura. 

4) Constitución de una mesa de apoyo regional transfronterizo, dirigida por autoridades territoriales, con gremios del transporte de carga, logística, cámaras de comercio y gremios binacionales. 

5) Construcción de una política de inclusión e integración de colombianos retornados, familias binacionales y migrantes venezolanos que genere coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales con cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil. 

2. Diplomacia ciudadana 

En septiembre de 2019, más de un centenar de académicos, miembros de organizaciones sociales, humanitarias, gremiales, redes y plataformas de derechos humanos de Colombia y Venezuela firmamos una declaración expresando la necesidad de generar una convergencia binacional entre distintos sectores. En noviembre, diversos sectores de ambos países, reunidos en Bogotá, analizaron problemáticas de cada lado y de la frontera compartida, acordaron llamarse Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV) y estimular una diplomacia social en favor de una solución pacífica de las crisis en Venezuela y de la construcción de paz en Colombia, con el fin de atender los problemas que se agravan en la frontera y la reconstrucción de la relación consular y binacional en defensa de los derechos de migrantes y retornados. 

En enero de 2020, en Cúcuta, PCCV revisó con alcaldes y gobernadores electos del lado colombiano de la frontera la situación de cada ámbito fronterizo y la manera de incorporar en los planes de desarrollo local la atención al éxodo forzado desde Venezuela. En febrero, en Bogotá, realizó reuniones con las Comisiones Segundas de Senado y Cámara que se ocupan de la política exterior y con la presidencia del Congreso para examinar la situación fronteriza y la actuación del gobierno de Colombia frente a Venezuela, al igual que el éxodo desde ese país; participó  en el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil binacional “Colombia-Venezuela, más que un conflicto”, y apoyó la consecución de recursos que hace FUNDIMUSICOL para la sobrevivencia y compra de instrumentos musicales para los venezolanos participantes. 

Desde marzo, en medio de la cuarentena, PCCV ha realizado una veintena de diálogos virtuales con diversos sectores de los dos países: líderes indígenas, organizaciones sociales, redes de comunicación, universidades y cámaras de comercio para analizar las diversas situaciones agravadas por la pandemia y las dificultades para hacerle frente común a la riesgosa situación. En algunos diálogos han intervenido migrantes venezolanos y colombianos retornados, así como miembros de la Iglesia y organizaciones dedicadas al seguimiento de la problemática migratoria, sobre todo en Bogotá, Cúcuta y el Caribe, donde se concentra la mayor parte del éxodo. Varios diálogos han estado asociados a eventos de otras entidades, tales como universidades, CINEP, CRIES, Pares, Fescol, El Espectador, Semana, el Instituto de Paz de Estados Unidos, el Instituto para las Transiciones Integrales y entidades de Naciones Unidas o de la Unión Europea. También ha participado en reuniones o gestiones con la Cámara Colombo-Venezolana, los gremios económicos y las gobernaciones para buscar la apertura de los pasos fronterizos legales. 

Las reuniones virtuales de PCCV se han regularizado cada mes con tres partes que desarrollan sus ejes de acción: el análisis de las problemáticas nacionales, fronterizas o binacionales, la coordinación de actividades y el diálogo con un sector u organización que realiza iniciativas afines. 

Es de esperar que las diplomacias fronteriza y ciudadana logren fortalecer nexos positivos que ayuden a procesar y transformar problemáticas cruciales entre los dos países. 

Fuente: CINEP (2020), Revista Cien días, edición 100, junio-diciembre, 134-146.

Socorro Ramírez

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