Después de la tempestad viene la calma

Hay que aceptar que quienes piensan distinto también forman parte de la nación y tienen derecho a participar en la construcción del futuro colectivo.

Durante meses, el debate político estuvo marcado por una agria confrontación. Las redes sociales amplificaron los insultos, los seguidores más radicales de cada sector encontraron razones para alimentar la desconfianza y, en muchos momentos, vimos un país dividido en orillas incapaces de reconocerse mutuamente. En ese ambiente, ninguna propuesta pareció digna de ser debatida y ninguna crítica resultó razonable. La política dejó de ser un espacio para deliberar y se convirtió en escenario de agresión y descalificación.

Por eso resulta importante el cambio de tono de los candidatos después de la elección. Sin renunciar a sus diferencias, ambos parecen haber comprendido que el país está cansado de la agresividad y que los ciudadanos esperan algo más que una competencia de agravios. El lenguaje más moderado, la disposición a reconocer preocupaciones legítimas del adversario y el esfuerzo por dirigirse a sectores distintos de los propios seguidores son señales positivas en una democracia que necesita recuperar la confianza en la palabra.

No se trata de pedir unanimidad. Las sociedades democráticas viven precisamente de la diferencia. Los proyectos políticos existen porque hay distintas maneras de entender el desarrollo económico, la justicia social, la seguridad o el papel del Estado. Lo indispensable es aceptar que quienes piensan distinto también forman parte de la nación y tienen el mismo derecho a participar en la construcción del futuro colectivo.

La convivencia democrática no exige abandonar las convicciones. Por el contrario, las convicciones adquieren mayor valor cuando pueden defenderse mediante argumentos y no mediante descalificaciones o amenazas. Es perfectamente legítimo debatir con firmeza sobre la corrupción que erosiona la confianza ciudadana, sobre las violaciones de los derechos humanos, sobre la crisis de calidad que afecta a la educación o sobre los desafíos de una paz todavía extraviada. Son asuntos demasiado importantes para ser ocultados bajo una falsa armonía.

Pero una cosa es debatir y, otra, destruir. Una cosa es confrontar ideas y, otra, convertir al adversario en enemigo. Cuando el lenguaje político se degrada hasta el punto de negar la legitimidad del otro, se prepara el terreno para formas más graves de violencia. La historia colombiana ofrece suficientes ejemplos de cómo las palabras pueden convertirse en combustible para la exclusión, la persecución y la muerte. Quien necesita acudir a la intimidación o al odio para imponer sus posiciones revela, en el fondo, la fragilidad de sus argumentos. La violencia suele presentarse como una demostración de poder, pero en realidad constituye una señal de debilidad. Es el reconocimiento implícito de la incapacidad de convencer, sustituyendo la persuasión por el miedo.

El país enfrenta desafíos demasiado complejos para seguir atrapado en la lógica de la confrontación permanente. La pobreza, la inseguridad, el deterioro ambiental, la desigualdad territorial y la crisis de confianza institucional requieren acuerdos básicos que trasciendan los ciclos electorales. Ningún gobierno podrá resolverlos por sí solo y ninguna oposición responsable debería apostar al fracaso del país para obtener ventajas políticas.

Por eso, el cambio de tono que hoy se observa merece ser valorado y fortalecido. No porque anuncie el fin de las diferencias, sino porque abre la posibilidad de discutirlas civilizadamente. Después de la tempestad no llega una calma pasiva ni resignada. Llega la oportunidad de reconstruir puentes, de reconocer la legitimidad del contradictor y de entender que la democracia no consiste en eliminar al otro, sino en encontrar la manera de convivir con él mientras buscamos soluciones para los problemas que compartimos. Esa es, entre otras, la paz que Colombia necesita.

La educación democrática no pasa tanto por las aulas como por el ejemplo de quienes ejercen el poder.

Francisco Cajiao

Julio, 2026

Publicado en EL TIEMPO, Colombia