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Socorro Ramirez

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2024 es decisivo para Venezuela en múltiples dimensiones. Ante todo en lo electoral, lo que determinará si Nicolás Maduro continúa en su cargo -ha sido presidente desde 2013 y antes era vicepresidente de Hugo Chávez- o si la oposición llega al ejecutivo. Además, por el colapso de la producción energética y el litigio territorial con Guyana. También este año será decisivo sobre si los retos pueden ser transformados en oportunidades, en estos cuatro ejes.

Elecciones en Venezuela

Aunque aún no hay fecha exacta, los comicios para elegir el nuevo presidente 2025-2031 deben realizarse en el 2º semestre de 2024, tal como acordaron en octubre 2023 en la mesa de negociación el gobierno y una parte sustancial de la oposición[1]. Pese a que el Acuerdo de Barbados incluye lo electoral exigiendo transparencia, no hay garantías para que se realicen las campañas electorales en forma realmente democrática y competitiva. Tampoco hay fechas para las elecciones en 2025 para escoger gobernadores, alcaldes y legisladores.

Empezando 2024, cuando el chavismo cumple 25 años en el poder, aún se desconoce quién será su candidato. Maduro -reelegido en 2018 en comicios desconocidos por más de 60 países, incluido Estados Unidos- primero afirmó que se postularía para las presidenciales, cuando Diosdado Cabello reiteró esa postulación dijo a Telesur que es prematuro confirmarla “Solo Dios sabe… No Diosdado”. Maduro no tiene ni 10% de favorabilidad, según la encuesta Delphos, y maniobra para impedir que otros sectores participen en elecciones.

Además de perseguir y amenazar a disidentes del chavismo y a distintos opositores, desde junio 2023 inhabilitó por 15 años a María Corina Machado de la Plataforma de Unidad Democrática, escogida como candidata opositora, al sacar 92,35% de los 2,3 millones de votos en las primarias que se realizaron el 22 octubre 2023. Ella ha insistido en que las elecciones libres son el camino para lograr el cambio, y ha convocado la alianza por Venezuela para estimular la organización de los venezolanos dentro y fuera de su país hacia los comicios[2].

En la apertura democrática y del camino electoral incide lo internacional. A finales de 2023, el régimen venezolano liberó a presos estadounidenses y venezolanos, y el gobierno de Biden, a Álex Saab -empresario colombo-venezolano catalogado como testaferro de Maduro- además anunció como alivio temporal el levantamiento de sanciones al petróleo, al gas y al oro venezolanos; en abril 2024, lo finaliza o extiende dependiendo de las elecciones en Venezuela y en Estados Unidos.

El colapso de la producción energética

El colapso de la industria energética ha colocado a Venezuela en una situación grave. Los problemas de administración de PDVSA han contribuido a la destrucción de sus capacidades productivas, sus trabajadores están sumidos en la pobreza absoluta, muchos son

perseguidos o están presos. Aun así, Maduro usa petróleo y gas para pagar deudas, y a PDVSA para acuerdos con empresas energéticas de distintos países.

Esos ingresos, más que para generar desarrollo industrial y empleo nacional, el régimen madurista los usa para mantenerse en el poder. Mientras tanto, Venezuela terminó el 2023 con la inflación más alta del mundo: 260,70%; en 2022 había sido del 240% [3]. En esos años tuvo ligeros repuntes económicos, por la incidencia de las licencias que Biden les concedió a empresas petroleras y gasíferas norteamericanas para que operaran en Venezuela.

Litigio territorial y presión internacional

El 2024 es decisivo también para Venezuela en la disputa con Guyana sobre el territorio de 160.000 km2, rico en recursos naturales. La controversia escaló cuando el 3 de diciembre del 2023, Maduro convocara el referendo, diera 3 meses a operadoras como Exxon para salir de allí, y para anexarlo creara PDVSA Esequibo, colocara asentamiento militar próximo al área en litigio y designara jefe militar para el nuevo estado de Guayana Esequiba.

Maduro y su homólogo guyanés, Irfaan Ali, se reunieron el 14 de diciembre 2023 en San Vicente y las Granadinas, acordaron no amenazarse, evitar incidentes por la disputa, y volver a reunirse en el primer trimestre de 2024. Brasil ha tratado de mediar en ese conflicto, mostrando que amenazas y demostraciones militares contradicen los compromisos asumidos por ambos países.

Gran Bretaña le pidió a Venezuela, el 28 de diciembre 2023, cesar acciones contra Guyana, cuyo gobierno había insistido que el buque de guerra británico en aguas en litigio no amenazaba y que su salida mostraba el compromiso de mantener relaciones pacíficas [4]. También la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática, había señalado la llegada de ese buque como acción provocadora, pedido su retiro inmediato y que Venezuela reafirmara la validez del Acuerdo de Ginebra de 1966, presentando ante la Corte los documentos que defienden ese territorio. El 31 de diciembre, Maduro ordenó el repliegue de las aeronaves desplegadas en el Atlántico, y continuar la defensa de la Guyana Esequiba.

La Corte Internacional le fijó el 8 de abril de 2024 como plazo para que Maduro presente su contramemoria que explique que ese territorio es venezolano. Aunque el régimen chavista no reconoce la jurisdicción de la Corte -porque investiga a su gobierno por crímenes de lesa humanidad- organizaciones como Acceso a la Justicia le han pedido a la Corte que no se deje utilizar para retrasar esa investigación y que mantenga comunicación directa con las víctimas y la sociedad civil venezolanas.

A convertir retos en oportunidades

Tanto el régimen de Maduro como la oposición venezolana, en 2024 pueden estimular el cambio democrático, pacífico y constitucional, si toman en cuenta los fracasos previos y convierten sus retos en oportunidades.

Maduro está aislado, aun dentro del chavismo no hay acuerdo sobre sus actuaciones, sabe que si su gobierno no garantiza elecciones realmente democráticas y acoge sus resultados, las sanciones se agravan, y que las presidenciales del 2024 pueden abrir una transición en Venezuela [5].

Por su parte, la oposición venezolana tiene que recomponer su unidad, no puede repetir divisiones y conflictos. Para ganar las elecciones debe lograr fuerte participación de diversos sectores políticos y sociales, respaldar la candidatura con más probabilidades de reunir la mayoría de votos, y evitar la abstención que aprovecharía Maduro para mantenerse en el poder. Cruciales son tanto las presiones al gobierno -para que suprima inhabilitaciones, actualice el registro y garantice el voto del éxodo poblacional- como las garantías e incentivos al chavismo para que respete los resultados electorales, incluso si debe dejar el poder y concrete con la oposición salidas democráticas.

Ambos lados deben revivir la mesa de diálogo y negociación para que no se repita lo que ocurrió en 2019, cuando, con la mediación de Noruega, el gobierno interino de Juan Guaidó y el régimen de Maduro iniciaron un diálogo para buscar solución a las crisis venezolanas, pero se agotó por la falta de capacidad para construir un acuerdo, pues el gobierno no aceptó elecciones democráticas, ni compromisos internacionales, y la oposición no superó la división entre quienes apoyaban la negociación y los que la rechazaban.

Aunque aún no se perfilan salidas, lo que se haga desde ahora ayuda a que ambos lados, con apoyo internacional, avancen hacia la transición democrática en Venezuela.

[1] https://www.elnacional.com/venezuela/cinco-acontecimientos-que-haran-de-2024-un-ano-decisivo-para-venezuela/ [2] https://efectococuyo.com/politica/maria-corina-anuncia-creacion-de-red-para-defensa-del-voto-600k/?utm_medium=email”. [3] https://www.elnacional.com/economia/venezuela-cerraria-el-2023-con-una-inflacion-de-26070/ [4] https://www.elnacional.com/mundo/guyana-dice-que-presencia-de-buque-britanico-no-amenaza-a-venezuela/ [5] https://www.elnacional.com/opinion/2024-ano-de-la-transicion/

Socorro Ramírez

Enero 14, 2024

Artículo publicado en Razón Pública, Colombia

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Amnistía Internacional acaba de referirse a problemas de la población que llega de Venezuela a Colombia; pidió garantizar el acceso efectivo a mecanismos de registro y no devolución[1]. Crucial resulta comprender las problemáticas y especificidades de quienes huyen de la crisis venezolana, así como apoyar a las comunidades que los acogen, a partir de propuestas sociales concretas.

Hay que entender y atender especificidades.

Las modalidades y los problemas de este flujo poblacional son diversos:

  1. El paso pendular a Colombia para abastecerse, buscar servicios o recibir remesas de familiares para sobrevivir en Venezuela, pide garantías.
  2. Los indígenas binacionales ven limitado el libre tránsito por su territorio ancestral transfronterizo. Los Wayuu, por ejemplo, del lado venezolano enfrentan dificultades porque no son registrados con el nombre de su casta; en Colombia los tratan como migrantes.
  3. La población con doble nacionalidad, como hijos de venezolanos y de colombianos nacidos en el otro país, o los de segunda y tercera generación, no pueden legalizarse fácilmente.
  4. Las personas que requieren asilo o refugio huyendo de riesgos inminentes, esperan protección, no devolución, y poder trabajar mientras su petición es resuelta.
  5. A los emigrantes que dejan Venezuela buscando alternativas de vida y de trabajo para ellos y sus familias, les urge regularizar su situación y encontrar oportunidades.
  6. Los colombianos que, luego de vivir en Venezuela buscando alternativas económicas o huyendo del conflicto armado, retornan con familias binacionales, necesitan legalizar su situación y plena inserción.
  7. Los venezolanos en tránsito que durante meses atraviesan el Pacífico colombiano, el Tapón del Darién, o el archipiélago de San Andrés para ir por Centroamérica y México hasta Estados Unidos, son sometidos a hurtos, violencias incluso sexuales y a extorsiones del crimen organizado.

Urge plena concertación entre los países involucrados en esta problemática, pues algunos tratan de trasladarla al país vecino. Hay recriminaciones mutuas, por ejemplo entre los gobiernos de Colombia y Panamá en la frontera del Darién. Aunque el gobierno Biden ha abierto oficinas migratorias, donde se puede pedir visas o asilo, hay represamientos de solicitudes, prolongación de espera, deportaciones por parte de Estados Unidos.

Oportunidades y riesgos

Son muchas las posibilidades abiertas, pero también los apremios que manifiestan quienes forman parte de estas distintas modalidades de éxodo poblacional.

Además de la atención humanitaria, celebran las decisiones para la legalizar su vida en Colombia, como los Permisos Especiales de Permanencia (PEP), el Estatuto Temporal de Protección (ETP), el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), el Registro Único de Retornados (RUR), etc. 

Destacan también, las iniciativas para evitar ser apátridas, al otorgarles la nacionalidad colombiana a menores nacidos en Colombia que sean hijos/as de venezolanos/as, así como el reconocimiento de derechos a la salud, la educación, socioeconómicos y reproductivos.

Sin embargo, también hacen notar limitaciones de entidades como Migración Colombia para procesar y entregar información generada por encuestas realizadas y con iniciativas de regularización, o por entidades como el Observatorio Nacional de Migración y Salud, que deberían servir a nivel central y en los territorios que los acogen. 

Rechazan declaraciones de altos funcionarios señalando a venezolanos de causar problemas de seguridad pública. Les alarma el riesgo de xenofobia y su uso en las elecciones, pues hay candidatos con discursos discriminatorios o que tratan de instrumentalizarlos. Piden que se les permita votar, al menos en las elecciones locales donde han adquirido residencia.

Iniciativas sociales

A partir del seguimiento sistemático de la situación, se han formulado propuestas para la atención de ese flujo poblacional, iniciativas como Alerta Venezuela y el Observatorio sobre Venezuela[2]. Aquí resumimos algunas:

  • Responder a los anuncios de personajes de los gobiernos centrales de los países, cuando niegan la existencia de ese éxodo.
  • Garantizar la no devolución a Venezuela y un mayor acceso a la nacionalidad colombiana, superando barreras que lo impiden o generen ruptura familiar.
  • Establecer rutas de acceso con enfoque de derechos diferenciados (étnia, género, edad, etc), regularización, protección y atención en especial a población indocumentada y más vulnerable, ampliando los plazos de registro.
  • Propiciar la actuación integral y coordinada de instituciones nacionales y territoriales, en especial en las rutas frecuentadas por ese éxodo poblacional para garantizar orientación, prevención, protección frente a riesgos de ser victimizados por grupos armados irregulares y criminales, y para construir alternativas en las zonas de acogida, de atención e integración.
  • Explicitar derechos y deberes de las personas en situación de movilidad, revisar prevención y procesamiento de delitos contra ese éxodo desde Venezuela.
  • Aplicar la ley antidiscriminación del éxodo poblacional, desarrollando estrategias contra el racismo, la xenofobia, etc.
  • Revisar las iniciativas de retorno voluntario, digno, seguro, de población colombiana en situación de vulnerabilidad en Venezuela.
  • Propiciar el diálogo entre el Estado colombiano, las organizaciones del éxodo poblacional desde Venezuela, la Mesa Nacional de Sociedad Civil para las Migraciones, sobre diversas modalidades de esa diáspora, para garantizar la inclusión y la no-discriminación.
  • Promover la integración socioeconómica y cultural del éxodo desde Venezuela, reconociendo los aportes al desarrollo colombiano, evaluar políticas de integración, como el CONPES 4100 de 2022.
  • Fortalecer la coordinación entre países de origen, tránsito, destino y retorno, para promover el desarrollo de políticas sobre las diversas modalidades de esos flujos poblacionales, cumpliendo el derecho internacional e interamericano.

[1] https://www.elnacional.com/mundo/advierten-que-el-numero-de-venezolanos-refugiados-en-colombia-es-bajo-comparado-con-cifra-de-migrantes/

[2] https://immap.org/…/profiling-venezuelan-migrants-in…/

https://urosario.edu.co/sites/default/files/2023-08/informe-bitacora-migratoria-agosto.pdf

Socorro Ramírez

Publicado en RAZÓN PÚBLICA

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Tuvimos el privilegio de conversar en nuestra última tertulia con quizás una de las personas que más conoce los procesos y las negociaciones de los gobiernos de Colombia con esta guerrilla del ELN. Socorro nos presentó su perspectiva de los avances que se han tenido en las negociaciones con el gobierno actual, en una tertulia muy objetiva y realista sobre el presente y el futuro de estos procesos tan difíciles. Compartimos con nuestros lectores esta sesión .

Exjesuitas en tertulia- Jueves 10 de Agosto, 2023
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Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) son parte de un proyecto más ambicioso del presidente colombiano, que abarca tanto a grupos políticos como delictivos, cuyas fronteras no siempre son claras.

Desde que inició su mandato en agosto de 2022, Gustavo Petro se ha planteado muchos objetivos. El primer presidente de izquierda de la historia colombiana ha postulado la necesidad de transformar el país en un cambio que apueste por la justicia social, la democracia y el respeto por el medio ambiente. En su amplia agenda se destaca, sin embargo, un punto central de su propuesta política: el logro de lo que ha denominado «paz total».

En un país que ha sufrido durante décadas conflictos armados internos y que ha conseguido un acuerdo con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún quedan desafíos por superar. En Colombia todavía hay guerrillas activas que no se han desmovilizado y que continúan causando estragos en la población. Petro ha tomado una especial determinación en lo que se refiere al fin de la violencia. Él mismo ha formado parte de una guerrilla –el Movimiento 19 de abril (M-19), que existió entre 1974 y 1990– y en numerosas ocasiones ha afirmado que los cambios deben producirse de manera pacífica.

La política de «paz total» de Petro apunta a terminar con las guerrillas y con las organizaciones conocidas como «multicriminales», que combinan el control de los territorios, el amedrentamiento de la población y la violencia ligada al narcotráfico. Su posición sobre esta materia ha sido la de negociar y ofrecer incentivos para que los diversos grupos violentos que actúan en el país se desmovilicen o se sometan a la justicia. En muchos casos ha habido interrogantes sobre si esos grupos tienen o no un verdadero carácter político –muchas guerrillas comenzaron con proclamas políticas y acabaron convirtiéndose en bandas criminales ligadas a negocios mafiosos– y si esa política toma en cuenta la especificidad y circunstancias diferentes que cada grupo presenta, su alcance regional o nacional, su ideología y su vinculación con economías ilegales.

Sin lugar a dudas, uno de los principales grupos con el que se pretende alcanzar la paz es el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que opera en el país desde mediados de la década de 1960. El desafío en este sentido es mayúsculo, en tanto el ELN tiene particularidades que otras organizaciones guerrilleras no poseen. Ahora mismo, el gobierno colombiano y la guerrilla están negociando en México y las esperanzas de paz comienzan a florecer.

La última guerrilla

El ELN lleva casi 60 años en la lucha armada. Surgió en 1964 por iniciativa de jóvenes estudiantes urbanos provenientes principalmente del Partido Comunista y de la juventud del Movimiento Revolucionario Liberal. La guerrilla, de inspiración marxista y fuertemente influida por la Revolución Cubana, se convirtió rápidamente en una organización particular: asumió el guevarismo y fue una de las primeras organizaciones armadas en adoptar posiciones de la Teología de la Liberación.

Desde un inicio, se caracterizó por su rechazo de los procesos electorales y por la consideración exclusiva de la lucha armada frente a la lucha política –a la que tachaba de «pasiva»–. Aunque fue mutando con el tiempo, sostuvo de modo permanente algunas de sus peculiaridades. Entre ellas se destaca la del «federalismo insurgente», un concepto que sirve para indicar que, en cada uno de los territorios en los que actúa, las motivaciones pueden ser diferentes. A pesar de que, como toda organización de este tipo, tiene un mando unificado, existe una importante diversidad regional y una relativa autonomía tanto de sus frentes de guerra como de sus comandantes. Asimismo, hay otra característica relevante que debe ponerse de manifiesto: aunque el objetivo original del ELN era el de producir una revolución socialista en Colombia, la guerrilla acabó, en muchos territorios, involucrada en negocios con el narcotráfico.

Los primeros diálogos para acabar con la violencia de la guerrilla se produjeron en 1975, a menos de diez años de la creación del grupo armado, pero encontraron un punto muerto muy rápidamente. Fue recién en la década de 1990 cuando las negociaciones de paz lograron retomar impulso. Durante el gobierno de César Gaviria (1990-1994) se desmovilizó la Corriente de Renovación Socialista, una disidencia del ELN, y en el mandato de Ernesto Samper (1994-1998) se produjeron, en Madrid y Mainz, acercamientos para iniciar un eventual proceso de paz. Álvaro Uribe, quien gobernó entre 2002 y 2010, desarrolló un acercamiento para posibles negociaciones con el ELN en Cuba y en Venezuela. Finalmente, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia entre 2010 y 2018 y que logró el acuerdo de paz con las FARC, intentó rondas de negociación con el ELN en Quito y La Habana, y consiguió plasmar una agenda de seis puntos que nunca llegó a concretarse.

Tras la asunción de Iván Duque como presidente en 2018, las negociaciones se complicaron. Luego de una serie de combates y de treguas, el 19 de enero de 2019, el ELN atentó con un carro bomba contra la escuela General Francisco de Paula Santander, donde se forman los cadetes de la Policía Nacional, y Duque dio por finalizado el diálogo. Un diálogo que ahora Petro ha relanzado. El sexto presidente en intentar negociar con el ELN –y el primero que cuenta en su biografía con una participación anterior en un movimiento guerrillero– ha reanudado la mesa de diálogo.

El gobierno de Petro tiene, en el contexto actual, un desafío mayúsculo: lograr incluir a todas las estructuras territoriales del ELN. Petro sabe que, para lograr una paz duradera y completa, es necesario que las diversas estructuras de la guerrilla participen de la mesa de negociación. De lo contrario, la «paz total» no será posible. El desafío tiene un calado importante, en tanto los sectores del ELN que operan en el Pacífico colombiano han sido, tradicionalmente, renuentes a participar del diálogo.

De hecho, su ausencia en las negociaciones de 2017 y 2018 fue notoria. Una situación similar se evidencia en el departamento de Arauca, donde opera el Frente de Guerra Oriental, un grupo conocido por sus acciones particularmente violentas y por ser la estructura con más fuerza dentro del ELN. Con su presencia y control territorial, el Frente de Guerra Oriental del ELN fue convirtiendo esa zona en un área estratégica y una fuente de recursos, particularmente mineros y petroleros. Además, este sector del ELN ha logrado convertirse en binacional, en tanto ha ganado una fuerte influencia en Venezuela.

Nuevo arranque y freno de la negociación

Tras asumir el mando presidencial en agosto de 2022, Petro insistió en la necesidad de retomar el diálogo con la guerrilla. Finalmente, entre el 21 de noviembre y el 12 de diciembre de ese mismo año, se realizó una primera ronda de negociaciones en Caracas. El objetivo del encuentro fue la revisión de la agenda que había comenzado a desarrollarse en las negociaciones de 2017 y 2018. Al mismo tiempo, en aquellas jornadas se crearon subcomisiones para acordar el funcionamiento de la mesa de diálogo y se acordó el desarrollo de acciones para aliviar la situación de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado.

El 31 de diciembre de 2022, a las 22:45 (poco antes de la llegada del nuevo año), Petro publicó en la red social Twitter que había acordado «un cese bilateral» con grupos armados irregulares activos en Colombia desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2023, prorrogable según los avances que tuviera su desarrollo con los cinco grupos involucrados en sus decretos. Esos grupos eran el ELN, Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (disidencias de las FARC que no firmaron los Acuerdos de Paz de 2016), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (o Clan del Golfo), un grupo narcoparamilitar, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, un grupo paramilitar algo más nuevo.

Sin embargo, el 3 de enero el ELN respondió que no habría cese al fuego, pues solo cumpliría lo que se había discutido y acordado en la mesa de diálogo. Asumiendo que el alto el fuego no había sido acordado ni discutido, el grupo guerrillero pidió que el gobierno reconociera públicamente que su anuncio era erróneo y afirmó que esa medida unilateral ponía en crisis la negociación de paz. Además, rechazó que Petro pusiera al ELN «en la misma bolsa» junto con cuatro grupos irregulares de tipo criminal y exigió que se realizara una sesión extraordinaria entre las delegaciones del gobierno y la de la guerrilla para tratar lo ocurrido antes de abrir un segundo ciclo de diálogo. También pidió al gobierno cumplir los anuncios que hiciera el 12 de diciembre de 2022 sobre el alivio humanitario para presos del ELN que se encontraban enfermos o en condiciones infrahumanas. En ese contexto, las acciones del ELN y de las disidencias de las FARC aumentaron en la región de Arauca.

Frente a esta situación, el gobierno de Petro intentó mostrar que la idea del cese al fuego bilateral había estado presente en diversos intentos de negociación y en los propios llamados del ELN –por ejemplo, cuando declaró la tregua navideña–. Acto seguido, anunció la suspensión de los efectos jurídicos del Decreto 2657 del 31 de diciembre de 2022 de alto el fuego con el ELN, y le pidió a esta agrupación que declarara una tregua verificable acogiendo el llamado de las comunidades para que cese la violencia en sus territorios. Al mismo tiempo, ordenó reactivar operaciones militares contra la guerrilla y aceptó convocar una reunión extraordinaria antes del segundo ciclo de la mesa de diálogo, con el objetivo de aclarar lo sucedido y de avanzar en la discusión sobre el cese al fuego bilateral. En ese marco, Petro visitó a Nicolás Maduro para discutir, entre otras cosas, el papel de Venezuela como garante de la negociación. Para reforzar la posición oficial, el coordinador de la delegación del gobierno insistió en que la intención del presidente colombiano, al declarar ese cese bilateral del fuego con el ELN, era la de «abreviar los tiempos de la negociación armada y estimular al máximo los espacios de la negociación política».

Las poblaciones urgieron al gobierno y al ELN a dinamizar la negociación en la mesa de diálogo para avanzar en un proceso de paz real. Además, les reclamaron acciones inmediatas ante la situación de emergencia que enfrentan, y solicitaron ayuda para la gente que no quiere o no puede regresar a sus territorios. Al gobierno le pidieron dar respuesta a los dramas humanitarios, no solo con iniciativas puntuales para calmar el dolor, sino a través de acciones estructurales para resolver sus causas. Al ELN le exigieron detener el desplazamiento poblacional que genera la confrontación armada, así como los daños al Derecho Internacional Humanitario de esas comunidades.

Del 16 al 21 de enero de 2023, delegados del gobierno y el ELN realizaron un encuentro extraordinario en Caracas, del que surgió un comunicado conjunto titulado «Exitoso balance». En el comunicado podía leerse lo siguiente: «La Mesa de Diálogos valora la franqueza y la profundidad que tuvo el proceso de discusión y conviene en mantener los mecanismos de comunicación durante los periodos en los cuales no está reunida. Asimismo, la Mesa de Diálogos pone de presente que esta reunión extraordinaria contribuyó a ratificar y fortalecer los principios sobre los cuales se adelantan estos diálogos: los acuerdos son para cumplirlos, bilateralidad, carácter político, reconocimiento mutuo, confianza y buena fe». El comunicado conjunto señalaba, asimismo, que ambas delegaciones habían acordado que el segundo ciclo de conversaciones debía examinar los logros y dificultades en la implementación de los acuerdos alcanzados en el primero, y que debía consagrarse a dos temas cruciales: el cese al fuego bilateral y la participación de la sociedad civil en la construcción de la paz.

Para escuchar a las comunidades más perjudicadas por el conflicto, la Caravana Humanitaria hacia el Pacífico colombiano que la mesa de diálogo había acordado realizar, hizo en enero de 2023 dos recorridos: uno por el Bajo Calima en el Valle y otro por el medio San Juan en el Chocó. Allí pudo observar la grave situación de las personas que viven en albergues que deberían ser provisionales, pero se han convertido en permanentes pese a sus condiciones infrahumanas. Y evidenció también las carencias en términos de alimentación y servicios de salud. 

Un ejemplo claro de esa situación es el producido en el Polideportivo de El Cristal, donde permanecen algunas de las 210 familias desplazadas por el conflicto. Las poblaciones reclamaron la liberación de sus territorios de la situación de guerra y exigieron servicios básicos en los albergues y garantías para retornar y permanecer en sus comunidades. Tanto el gestor de paz del ELN, como su vocero en la Caravana Humanitaria, reconocieron la urgencia planteada por los ciudadanos de terminar la guerra. Asimismo, afirmaron que habían enviado una lista de 40 presos al gobierno y que, de ella, se seleccionaron ocho que requerían con urgencia atención médica y el beneficio de «casa por cárcel». El ELN afirmó que esperaba cumpliera con las reformas penitenciarias y de justicia.

Así, reuniones, comunicado, acuerdos y caravana muestran que, afortunadamente, se superó el impasse suscitado con el anuncio presidencial de cese al fuego, con cinco grupos armados irregulares, como parte de la política de«paz total». La delegación de gobierno realizó entonces una reunión de tres días en Bogotá, para analizar las lecciones aprendidas del cese al fuego de 101 días que se pactó con el ELN entre septiembre de 2017 y enero de 2018, revisar lo avanzado sobre cómo planear la participación de la sociedad civil y preparar cómo atender los temas ambientales; con el encuentro con el presidente Petro, el 7 de febrero de 2023, preparó la continuación de la Mesa de negociación.

La reactivación de la mesa de diálogo

El segundo ciclo de la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN comenzó el 13 de febrero de 2023 en Ciudad de México. Las partes acordaron que la negociación se extenderá por 21 días y contará con la participación de los embajadores de diez países garantes o acompañantes –Noruega, Venezuela, Cuba, México, España, Alemania, Suiza, Suecia, Chile y Brasil–.

Esas conversaciones deben examinar los logros y las dificultades en la implementación de lo acordado en el primer ciclo, empezando por el desarrollo de la Caravana Humanitaria. Resulta crucial que cada parte examine lo planteado por las poblaciones más afectadas de las zonas del Valle y del Chocó y que la mesa defina si asume esas experiencias como un programa piloto.

Resulta igualmente clave tratar la cuestión del cese al fuego. En las sesiones desarrolladas en 2017 y 2018 se desarrolló una submesa específica para esa materia, donde tuvieron participación generales del Ejército y la Policía, que contribuyeron a discutir protocolos para concretar la medida.

El otro tema que aborda este nuevo ciclo es el de la participación de la sociedad civil. Resulta esencial que parta de lo avanzado en las audiencias y consultas con organizaciones sociales de los territorios más afectados, sobre todo en lo concerniente a las formas como se desarrollará la participación de la ciudadanía en los diversos aspectos que hacen al proceso de paz.

Es de desear que el gobierno afine sus pronunciamientos y su capacidad de concertación y de acción. Y que el ELN asuma, de una vez y para siempre, que nada justifica el sufrimiento al que somete a las poblaciones más vulnerables de Colombia. Es necesario que la guerrilla comprenda que no puede sostener la violencia escudada en el apoyo social que recibe de parte de un sector de la población. Su propuesta a la mesa de negociaciones de un abandono paulatino de la violencia a medida que el Estado vaya realizando transformaciones sociales en un sentido de justicia es, en tal marco, infundada. Lo que el pueblo colombiano desea es la paz y, sin dudas, las transformaciones sociales. Pero para que esas transformaciones puedan desarrollarse claramente, la paz es prioritaria. Sin paz, esos avances se vuelven mucho más difíciles, como se ha demostrado durante el largo ciclo de la violencia política en Colombia.

Socorro Ramirez

Febrero, 2023

Publicado en NUEVA SOCIEDAD.

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Desde antes de la posesión del presidente Gustavo Petro se han venido emitiendo mensajes y tomando medidas dirigidas a la superación de rupturas y cierres de dimensiones cruciales en la relación colombo-venezolana. Hay otras implicaciones claves de esas reaperturas de relaciones y pasos fronterizos formales. 

Desde agosto de 2015, el régimen de Nicolás Maduro decidió expulsar a miles de colombianos, marcar sus viviendas para demolerlas y en reiteradas ocasiones ordenó “cerrar la frontera con Colombia”. Aunque hubo reaperturas parciales, la situación se agravó en 2019, cuando rompió relaciones diplomáticas por el reconocimiento que hizo Iván Duque a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, luego de haberlo apoyado en el concierto Venezuela Aid Live y en sus intentos de ingresar lo recogido como ayuda humanitaria. A su turno, con la pandemia, Duque también ordenó “cerrar fronteras”.

Esa ruptura de relaciones y los “cierres de frontera” ‒que en realidad clausuraron los siete pasos fronterizos formales en una línea limítrofe de 2219 km‒, hicieron proliferar contrabandos y afectaron el desplazamiento del enorme éxodo poblacional desde Venezuela, que se vio obligado a circular por vías informales. Y ahí las “normas” las impone el grupo armado irregular con más fuerza, que aprovecha la ausencia de los Estados para someter a extorsiones, abusos y todo tipo de violencias a quienes circulan por el desierto, la montaña, la selva, los ríos.

Luego de más de siete años de esos cierres y rupturas entre los dos países, Gustavo Petro anunció en su campaña y tan pronto fue electo presidente de Colombia, que reanudaría las relaciones con Venezuela. El primer paso fue la reunión en el Táchira, del canciller Carlos Faría de Venezuela y Álvaro Leyva, quien sería nombrado canciller por Petro. Ambos anunciaron que los dos gobiernos restablecerían relaciones y llamaron al retorno de los venezolanos, pues su regreso mostraría la “normalización” de la situación, lo que generó fuerte reacción en ambos países.

Una vez posesionado, Petro y Maduro hablaron por teléfono y cada uno escogió su embajador en el otro país. Armando Benedetti, nombrado por Petro, llegó desde el 28 de agosto de 2022 a Caracas, asumiendo gran protagonismo y haciendo muchos anuncios en encuentros con Nicolás Maduro y con sus altos funcionarios. Aunque dijo que no se metería en la situación interna de Venezuela, se reunió con el vicepresidente del partido político oficial, Diosdado Cabello, quien le exigió a Petro entregarle al gobierno de Maduro a los exiliados venezolanos residentes en Colombia. Por fortuna, Petro enseguida respondió en Twitter “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”. A su vez, Benedetti dijo que la migración venezolana está regresando a su país y que el supuesto éxodo no existe. 

Esa y otras declaraciones causaron reacción en ambos lados. Por ejemplo, su anuncio que Colombia busca que se levante la denuncia presentada en 2021 ante la Corte Penal Internacional (CPI) por parte de países latinoamericanos y Canadá contra el régimen de Maduro por persecución sistemática de opositores y violación de derechos humanos. Leyva añadió luego a la revista Cambio que el gobierno retira esa denuncia ante la CPI¹. Pero el 20 de septiembre de 2022, la misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas para Venezuela mostró que el Estado venezolano, utilizando servicios de inteligencia civil y militar, ha cometido “graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual” mediante acciones que fueron ordenadas directamente por Maduro y sus colaboradores más próximos para reprimir a la oposición².

A finales de agosto de 2022, Benedetti dijo en entrevista con Efe, que Monómeros Colombo Venezolanos ‒petroquímica, filial de Pdvsa ubicada en Colombia y gestionada por el grupo opositor de Guaidó desde 2019‒, debía volver a manos del gobierno de Maduro, por ser el único reconocido como presidente de Venezuela por Petro. Luego de que la Cámara de Comercio de Barranquilla aceptó el registro que propuso Maduro para la junta directiva, y que el gobierno venezolano recuperó oficialmente el control de la empresa, su embajador Félix Plasencia dijo el 19 de septiembre de 2022 en entrevista con Telesur: “La legalidad, el tránsito cierto de las cosas, toda esa construcción malvada, equivocada, agresiva, que además afectaba los intereses del pueblo venezolano y el pueblo colombiano, termina”³.

Ambos gobiernos anunciaron la reapertura del sistema consular, aunque por su cierre prolongado, algunas sedes requieren un pronto reforzamiento. Resulta una urgencia en ambos lados su pleno funcionamiento, pues es numerosa la población binacional. De hecho, ambos países no solo comparten comunidades indígenas transfronterizas. sino que cada uno ha sido el destino migratorio del otro. Y es grande el número de personas que no han podido regularizar su situación y aparecen “sin ser de aquí ni de allá” lo que, además de aumentar sus vulnerabilidades por falta de documentos de identificación, les impide movilizarse, acceder a servicios y a oportunidades de trabajo.

Reapertura de pasos fronterizos y comercial

El pasado 8 de septiembre, Maduro y Petro trinaron en Twitter que el 26 de septiembre “reabrirán la frontera”. Petro agregó que solo será para transporte aéreo y de carga. Desde ese anuncio tenían dos semanas para resolver asuntos claves para la reapertura de pasos fronterizos formales ‒por ejemplo, definir permisos de circulación, horarios de movilidad, parqueaderos, coordinación de aduanas y del sistema de movilidad que incluiría regular el paso de vehículos particulares, superar problemas de infraestructura deteriorada en algunas vías de acceso a los puentes internacionales‒. De hecho, el puente Simón Bolívar es sometido del lado colombiano a trabajos de reparación y restauración. Germán Umaña, ministro colombiano de Comercio, Industria y Turismo, en reunión con empresarios de ambos países dijo que para esa reapertura antes deben garantizarse condiciones de seguridad y diplomáticas adecuadas.

En cada país se han desarrollado reuniones interinstitucionales para establecer tareas al respecto, pero es poco lo que se ha anunciado de avance en coordinación entre ambos países, de esos procesos necesarios para la reapertura de pasos fronterizos. En cambio, el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, declaró que lo que ocurrirá el 26 de septiembre “será un acto simbólico y así lo considero yo, porque esto ha sido muy acelerado y hay procesos de carácter administrativo y legales que deben ser considerados para mejorar las condiciones de los pasos binacionales”.

Además, esa reapertura requiere de coordinación entre la fuerza policía y militar de ambos lados para hacerle frente a muchos problemas de seguridad pública que se aumentaron con el cierre de esos pasos fronterizos formales y la ruptura de relaciones intergubernamentales. Exige también el desmonte del sistema de códigos que desde Venezuela se implementó y generó una especie de legalización del contrabando, el cual suscita resistencia a la reapertura legal. Además, de asuntos normativos y regulatorios por resolver, las sanciones sobre Venezuela tienen efectos en la dinámica comercial con Colombia.

Para ayudar a la reactivación del comercio binacional y la integración subregional, Petro propuso en Lima que Venezuela y Chile regresen a la Comunidad Andina. La vicepresidenta Delcy Rodríguez habló sobre disposición de su gobierno a negociar ese reingreso a la CAN, que requiere precisar condiciones, nuevos términos, dimensiones, etapas, normativa, base institucional indispensable para garantizar la viabilidad de posibles acuerdos y definir el alcance de la integración que, lejos de reducirse a lo comercial, se proyecte a la integración humana, educativa, cultural. Maduro dijo que un equipo de oficiales de ambos gobiernos está trabajando para acelerar la reactivación económica y comercial; anunció el 26 de agosto que propondrá a Petro la creación de una zona económica binacional, comercial y de desarrollo productivo, que podría comenzar entre Norte de Santander y el Táchira, y luego ampliarse al Zulia, Apure y Amazonas.

No han hablado los dos gobiernos sobre la necesidad de recuperar y poner en marcha la institucionalidad binacional para la vecindad. Resulta crucial que funcione la Comisión Binacional y Fronteriza (Combifron), que reunía a las fuerzas militares y policías de ambos países para revisar conjuntamente las problemáticas de seguridad en la frontera compartida y no se reúne desde mayo de 2009, o la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (Copiaf), conocida como Comisión de Vecindad, que reunía sectores institucionales, empresariales, académicos y sociales de ambos países y buscaba fortalecer nexos positivos binacionales, concertar la realización de obras de infraestructura, ambientales y sociales en beneficio de las poblaciones fronterizas.

Ayuda de un país al otro ante problemas cruciales

El gobierno de Petro, en la intención de avanzar en la estrategia de paz total que de manera diferenciada abarca a todos los actores armados de Colombia, empezó por revivir los diálogos de paz con el ELN, levantó órdenes de captura y de extradición a los negociadores de esa guerrilla para que pudieran viajar a Venezuela a reunirse con sus compañeros y definir cómo van a asumir esa negociación. Además, el 11 de septiembre de 2022, Petro le pidió a Maduro que Venezuela sea garante de esos diálogos ‒lo había sido en las conversaciones en Quito y en La Habana 2017-2018‒ y Maduro aceptó asumir ese papel.

En Colombia y en Venezuela se ha señalado, entre otras cosas que, dado que el ELN se ha convertido en guerrilla binacional, a ambos lados les conviene el fin de la acción armada de ese grupo. Como actúa en algunas regiones venezolanas en coordinación o a favor del régimen ‒por ejemplo, en el Arco Minero donde el gobierno venezolano autorizó desde 2016, la explotación de oro, coltán, tierras raras, con graves daños ambientales y sociales por el trabajo forzado impuesto a indígenas‒, Maduro tendría no solo que ser garante sino comprometerse como parte de la negociación para que el ELN ponga fin a su acción armada en los dos países. Al mismo tiempo, a ambos lados se ha dicho que Petro debería estimular y apoyar la negociación entre el gobierno y las oposiciones venezolanas para que, a través de elecciones democráticas y libres en Venezuela, genere alternancia en el poder y resuelva las crisis de ese país. Ese asunto también ha sido pedido desde Estados Unidos donde, además, el papel del régimen de Maduro como garante de la paz en Colombia suscita reacciones en contra por parte de algunos legisladores demócratas y republicanos.

Así, lo que necesitan ambos países no es solo “normalizar las relaciones” entre los gobiernos centrales, proceso necesario como parte del pleno restablecimiento de relaciones diplomáticas y consulares. Tratándose de una vecindad tan intensa como la colombo-venezolana, requiere además la participación de todos los sectores para la reconstrucción de esa relación: gobiernos e instituciones nacionales, autoridades y sectores de ambos lados de todos los ámbitos fronterizos, gremios económicos y cámaras de comercio, académicos y redes y organizaciones sociales. 

Solo así podrán abordarse todas las dimensiones cruciales que involucran a los dos países en lo institucional, social, ambiental, económico y de seguridad. El restablecimiento de las relaciones binacionales tiene un alcance sustancial.

_____________________

¹ https://www.wradio.com.co/2022/09/09/colombia-retirara-la-demanda-ante-la-cpi-respondio-el-canciller-alvaro-leyva/

² https://www.elnacional.com/venezuela/politica/la-onu-acusa-a-maduro-y-a-jefes-de-inteligencia-de-crimenes-de-lesa-humanidad/  https://www.ohchr.org/es/%20cenezuela

³ https://www.elespectador.com/mundo/america/venezuela-monomeros-pasa-a-ser-controlada-por-el-gobierno-de-nicolas-maduro-noticias/

⁴ https://saber.ucab.edu.ve/xmlui/bitstream/handle/123456789/20254/2022-05-03.%20Ni%20de%20aqui%20ni%20de%20alla.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Socorro Ramírez

Septiembre 19, 2022 

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Empecemos por resaltar como novedad que, a diferencia del anterior intento que se llevó dos años (2015-2017) para arrancar, este fue puesto en marcha en los cien primeros días del gobierno de Gustavo Petro, quien desde su posesión como presidente de Colombia generó rápidos hechos que le abrieron paso a la reanudación de la negociación de paz con el ELN.

En los primeros 100 días de su gobierno, Gustavo Petro:

Envió una delegación a Cuba el 11 y 12 de agosto, a reunirse con los del ELN que allí permanecían y a restablecer relaciones con el gobierno de la isla ‒rotas desde que Iván Duque congeló la negociación, incumplió los protocolos firmados con Cuba y la acusó de apoyo al terrorismo porque servía de sede y garante a la mesa de paz‒.

El 20 de agosto, desde el sur de Bolívar, Petro anunció que había dado instrucción de suspender órdenes de captura y solicitudes de extradición de integrantes de la delegación de diálogo del ELN, lo que permitió que el 2 de octubre pudieran salir de Cuba a reunión del grupo guerrillero en Venezuela sobre su participación en la negociación.

El 4 de octubre, el ELN y el gobierno colombiano ‒ante delegados de Venezuela, Cuba y Noruega países garantes y que servirían de sedes rotativas‒ anunciaron que reactivarían la mesa de diálogo¹.

El 21 de noviembre en Caracas fue la primera cita de las dos delegaciones, hasta mediados de diciembre.

Definición de delegaciones

El ELN ratificó parte de la delegación anterior y agregó nuevos guerrilleros. Tras la aprobación de la ley de paz total, el gobierno ordenó la excarcelación de tres personas ligadas al ELN, a quienes nombró gestores de paz. La que más polémica ha generado es alias Violeta; estaba detenida en la cárcel de Jamundí por presunta participación en el atentado al centro comercial Andino en Bogotá en junio de 2017, y fue liberada el 18 de noviembre de 2022. Sigue vinculada al proceso penal en curso, y enfrenta el malestar de las familias afectadas por el atentado terrorista, quienes rechazaron esa salida de la cárcel, la no realización de audiencia con presencia de víctimas para tomar esa decisión y la falta de reparación. Ante la pregunta de por qué esta vez sí ven posibilidades de paz, Pablo Beltrán contestó que están negociando con un gobierno de izquierda y saludó que haya incorporado a distintos sectores³.

La delegación oficial ‒diferente de las que había designado el gobierno de Santos, que tuvieron periodo de aprestamiento‒, fue nombrada por Petro al momento mismo de arrancar esa compleja tarea; les urge prepararse juntos y revisar lo que ocurrió en los cinco intentos anteriores. Hay muy pocas mujeres, los miembros de esa delegación tienen experiencias profesionales o personales disímiles que, si logran articularlas, pueden aportar mucho y podrían clasificarse en cuatro sectores³.

En el más cercano a Petro está el jefe negociador Otty Patiño (participó de equipos similares en los gobiernos de Belisario Betancur y Virgilio Barco ‒que ayudaron a la desmovilización del M-19‒ y fue constituyente elegido por la antigua guerrilla; luego se dedicó a trabajar sobre temas de conflicto y paz); y también dos senadores del Pacto Histórico muy comprometidos con la política de paz total del gobierno: María José Pizarro (hija del candidato presidencial y exdirigente del M-19 Carlos Pizarro, asesinado tras firmar la paz en 1990, se ha dedicado a la lucha a favor de la paz y contra la violencia); e Iván Cepeda (presidente de la Comisión de Paz del Congreso; tras el asesinato de su padre creó la Fundación Manuel Cepeda para promover paz, justicia, verdad sobre crímenes de lesa humanidad).

Luego están cuatro líderes de regiones claves en esta negociación:

‒Alberto Castilla (promotor del Comité de Integración Social del Catatumbo [Cisca], la Coordinación Nacional Agraria, el Congreso de los Pueblos, concejal de Convención, congresista). 

‒Horacio Guerrero, de Sibundoy, Putumayo, exalcalde encargado de Ciudad Bolívar en Bogotá (fue Defensor Delegado de Indígenas y Minorías Étnicas, director de Asuntos Indígenas en el gobierno Santos).

‒Carlos Rosero, de Buenaventura, dirigente afrodescendiente y cofundador del Proceso de Comunidades Negras (ayudó a la expedición de la ley 70 de 1993, para reconocer a las comunidades negras en zonas rurales ribereñas de la Cuenca del Pacífico). 

‒Olga Lucía Silva (de la plataforma Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que articula 289 organizaciones; defensora de derechos de niños/as víctimas; atendió el caso del militar que violó a una niña, la asesinó y mató a dos hermanitos en Arauca).

Los dos casos gremiales son significativos. En la instalación del congreso ganadero, Petro le propuso al presidente de Fedegan participar en la negociación con el ELN “con sus maneras de pensar, con su representación sobre un sector de la sociedad que indudablemente tiene algo y mucho que decir”. 

‒José Félix Lafaurie aceptó diciendo: “El sector ganadero no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente con mucha generosidad. A quienes más nos ha golpeado la violencia es al sector ganadero”. Esa designación ha generado polémica

‒Rosmery Quintero, directora de Acopi, entidad que reúne mipymes que en muchas zonas son casi las únicas actividades productivas a través de microempresas familiares y pequeños negocios.

Dos militares retirados harán parte de la delegación oficial: 

‒El almirante de la Armada (r) Orlando Romero (integró la subcomisión técnica para el fin del conflicto que negoció con las Farc protocolos del cese al fuego, cronograma para la dejación de armas, ubicación de las 26 zonas veredales donde se concentraron, y dirigió el Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese al fuego y la dejación de armas)-

‒El coronel (r) de infantería del Ejército Álvaro Matallana (fue decano de la Escuela Superior de Guerra. Es hijo del general José Joaquín Matallana, recordado por dirigir las tropas en el ataque a Marquetalia, donde nacerían las Farc). 

Y cuatro militares activos integrarán el Equipo de Apoyo y Observadores al Proceso de Paz: 

‒Hugo Alejandro López Barreto, mayor general del Ejército (jefe de la subcomisión técnica, estuvo al frente de la Fuerza de Tarea Vulcano en el Catatumbo).

‒Roberto Bonilla, capitán de navío de la Armada, de la Dirección de Apoyo a la Transición.

‒Rodrigo Mezu Mina, teniente coronel de la Fuerza Aérea; acompañó los diálogos con las Farc en la subcomisión técnica para el fin del conflicto.

‒Isabel Ozuna Stockl, mayor del Ejército, especialista en Derechos Humanos, cese al fuego, monitoreo y verificación.

A recuperar lo avanzado

La mesa decidió retomar los avances dejados por el último intento de negociación que arrancó en 2016 y desarrolló seis ciclos en Quito y en La Habana en 2017 y 2018.

Ante todo, dejó la agenda, los fundamentos y una propuesta de diseño de cómo sería el proceso que debe nutrir el desarrollo de los cuatro primeros puntos ‒participación social, democracia, transformaciones, víctimas‒, para pasar al quinto, el fin del conflicto armado y el sexto, su implementación. 

La participación territorial, sectorial y temática podrá ser organizada por un equipo de redes sociales y universidades, que en un año concluya con una sesión nacional de síntesis de propuestas que entregará a la mesa para que las dos delegaciones negocien. Así no se desaprovecha la oportunidad de que en el periodo de este gobierno que tiene como prioridad la construcción de paz, la mesa pueda desarrollar toda la agenda, el Estado ponga en marcha las respectivas reformas y políticas públicas que implica el acuerdo, y desde los territorios las iniciativas sociales apoyen todo el proceso. 

Esa propuesta la construyó la delegación del gobierno Santos luego de procesar las audiencias en Tocancipá y de realizar consultas en los territorios y con organizaciones sociales sobre cómo estructurar esa participación para la paz. Además, el proceso anterior construyó un efectivo apoyo internacional y dejó reglas de funcionamiento, así como la experiencia de negociación y aplicación de un cese al fuego, cuya evaluación dio origen a protocolos de asuntos cruciales para un cese al fuego bilateral que lleve al fin del conflicto armado.

Le ayudaría mucho a la nueva mesa examinar oportunidades y dificultades que dejó el Acuerdo de Paz de 2016, y su desarrollo, porque podría fortalecer muchos procesos que repercuten en construcción de paz territorial a partir de las circunstancias actuales. También la mesa debe lograr un acuerdo sobre asuntos humanitarios para ser aplicado lo antes posible con el fin de detener los efectos de esa violencia contra poblaciones vulnerables. Así mismo, deberá asumir el compromiso de generar información objetiva en todos los momentos de la negociación, desplegando una pedagogía para la paz que ayude a concretar apoyo al proceso, al acuerdo y a su implementación.

Urge la actuación de cada parte en favor de la paz

Ambas partes han ido comunicando ‒a más de asuntos comunes‒, sus propias perspectivas. El gobierno Petro ha mostrado la necesidad urgente de llegar a acuerdos tempranos que alivien la compleja situación humanitaria nacional por la violencia que generan actores armados ilegales y ha resaltado que el ELN desescale su accionar bélico y libere personas secuestradas.

Antonio García, del COCE, ha insistido en que la política de paz total debe tener un acercamiento diferente al ELN al usado con grupos armados ilegales que no tienen orígenes sociales ni políticos. Sobre la posibilidad de cese al fuego resaltó como dificultad que, durante el tiempo inicial de reactivación de los diálogos, es apresurado tomar medidas al respecto, pues las partes están concentradas en avanzar en la construcción de confianza e identificación de visiones comunes que permitan tomar decisiones claves.

Petro, en su apuesta por la paz total, le da importancia al diálogo social y con los territorios, desplegando lo que ha llamado diálogos regionales vinculantes para nutrir el plan nacional de desarrollo de su gobierno. La denominación de vinculantes ha sido cuestionada por generar expectativas que sobrepasan las posibilidades institucionales para su total concreción. Con todo, esa disposición a escuchar a la población ayuda al trabajo de la mesa, pues la participación social debe nutrir la negociación.

Si el ELN quiere construir paz tiene que parar esa afectación grave a la población. Aunque las estadísticas son precarias, porque la gente teme denunciar ‒en lo que va de 2022 ha habido más de 300 homicidios‒, muchas de las personadas asesinadas eran líderes sociales; confinamientos de veredas y resguardos indígenas, reclutamientos y desapariciones forzadas. Enfrentamientos del ELN y disidencias exFARC ‒por ejemplo, en Arauca‒, agravan la situación, como se mostró en la sesión de la Comisión de Paz del Senado realizada en Saravena, donde la población pidió al gobierno intervenir con urgencia. El ELN debe demostrar con hechos su decisión de terminar la acción armada: liberar secuestrados, acabar con esa y otras ignominias, como las de reclutar niños/as, abusar de las mujeres, atacar líderes, desplazar y confinar poblaciones, minar territorios, extorsionar y lanzar explosivos. Están obligados a respetar el derecho internacional humanitario, los derechos humanos y la autonomía local, y dejar de atacar la infraestructura petrolera, cuyas voladuras generan graves daños ambientales, sociales y económicos.

El Gobierno Nacional tiene la obligación de hacer todos los esfuerzos para impedir el asesinato de líderes sociales, constituirse en garante de los derechos de las comunidades, cumplir los acuerdos con las exFarc, concentrar esfuerzos en las regiones afectadas por el conflicto armado y apostar por sus poblaciones en lugar de estigmatizarlas porque en ellas se mimeticen guerrilleros que tratan de aprovecharlas. Tiene que evitar que la manera como enfrenta la situación de esos territorios los vulnere aún más y debe ir más allá de la presencia militar, desplegando una efectiva acción del Estado que construya infraestructuras, servicios básicos y oportunidades locales de desarrollo sostenible.

El ELN debe demostrar con hechos que la negociación pondría fin a su carácter de grupo armado transnacional que actúa en Colombia y en Venezuela, país sede y garante de la mesa de paz, lo que ha generado fuerte reacción en ambos países. Insigth Crime ha mostrado cómo resulta inconveniente que uno de los garantes tenga el problema en su propio territorio y señala que el ELN actúa en 40 municipios de ocho estados venezolanos. En suma, en ambos lados y en la mesa, el ELN debe demostrar su disposición a acabar su acción armada y ayudar a concretar la pronta negociación de paz en este sexto intento.

___________

¹ https://www.elespectador.com/politica/es-posible-la-paz-con-el-eln-los-elementos-determinantes-del-proceso/

² https://cambiocolombia.com/articulo/pais/la-diferencia-es-que-hay-un-gobierno-de-izquierda-eln-en-la-reinstalacion-de-la-mesa

³ https://www.elespectador.com/politica/petro-santos-las-diferencias-en-sus-mesas-de-negociacion-con-la-guerrilla/

⁴ https://www.elespectador.com/politica/petro-santos-las-diferencias-en-sus-mesas-de-negociacion-con-la-guerrilla/

⁵ https://www.elespectador.com/politica/es-posible-la-paz-con-el-eln-los-elementos-determinantes-del-proceso/  

⁶ https://www.rcnradio.com/colombia/santanderes/no-existe-un-mando-unificado-del-eln-analistas-en-norte-de-santanderhttps://www.elespectador.com/politica/dialogo-gobierno-eln-conteo-regresivo-para-su-reanudacion/https://cambiocolombia.com/articulo/conflicto/dialogos-con-el-eln-donde-quedaron-y-lo-que-hace-falta-por-negociarhttps://efectococuyo.com/politica/de-que-depende-el-exito-del-dialogo-de-paz-con-el-eln-y-su-relacion-con-venezuela/   

Socorro Ramirez

Enero, 2023

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Existen iniciativas de paz que han generado interrogantes y en otros casos se han realizado modificaciones que merecen ser analizadas.

El presidente Gustavo Petro denominó Paz Total a la política central de su gobierno, la cual ha despertado tanto esperanzas como controversias. Examinar los fundamentos legales que ha ido logrando, así como los desarrollos que ha tenido, permite ver cómo esa crucial tarea ha ido perfilando las dimensiones claves para que no se quede en anuncios genéricos.

Construcción de fundamentos

Para darle soporte legal a la política de paz total, el 3 de noviembre de 2022 el Congreso aprobó la Ley 2272 –a partir de sesiones conjuntas de las Comisiones primeras que conciliaron y votaron los proyectos de ley 181 del Senado y 160 de la Cámara–, y al día siguiente fue firmada por el presidente Petro. 

La nueva ley modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, de orden público, que le otorga al presidente facultades para adelantar negociaciones con grupos armados al margen de la ley, promover la convivencia y definir políticas de seguridad. Es posible que el gobierno vaya a necesitar leyes adicionales, según los avances en distintas mesas de diálogo, los requerimientos de entidades nacionales y territoriales que apliquen los acuerdos a los que se vaya llegando en las distintas mesas, y el papel que jueguen las organizaciones sociales y humanitarias regionales y nacionales.

Mediante el Decreto 2422 de 2022 se creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, con el fin de coordinar la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros a ciudadanos –hombres y mujeres– pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privados de la libertad. En esta comisión participan los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ejerce la secretaría técnica.

Detrás de la violencia de la mayoría de los grupos armados ilegales se halla el problema de las drogas. Ante el total fracaso de la guerra contra ellas, Petro propone reforzar la lucha contra los traficantes y el blanqueo de dinero; descriminalizar cultivos de coca y marihuana para que los indígenas y campesinos no sean los castigados, y legalizar y regular la venta y el consumo ocasional y recreativo. Tratándose de un problema clave para el avance de la paz total, urgen desarrollos legislativos que sustenten la nueva política.

Ejes y procesos de la paz total

El gobierno Petro ha señalado que la paz total está compuesta por tres ejes: (i) desactivar los factores de violencia mediante procesos de paz y a través del sometimiento a la justicia; (ii) proteger la vida, empezando por la de los más amenazados: líderes sociales, defensores de derechos humanos y excombatientes de grupos que han optado por la paz, y (iii) lograr la paz social y convivencia ciudadana que permita resolver pacíficamente conflictos cotidianos, los cuales se desarrollarían a través de –al menos– siete procesos, a saber:

1) Implementar el Acuerdo con las FARC. Como mostró la Comisión de la Verdad, en los cuatro años de gobierno de Iván Duque solo se avanzó 30 %; el mayor rezago se registra en la implementación del capítulo étnico (13 %) y en las medidas de género (12 %). Al recibir como presidente electo el Informe de la Comisión de la Verdad, Petro se comprometió a cumplir sus recomendaciones y el Acuerdo de Paz.

2) Negociar con el ELN. El gobierno nombró una delegación diversa y el ELN intentó equilibrar sus representaciones territoriales. En el intento anterior hubo frentes que no aceptaron participar, como el de Chocó, pese a la presión de comunidades negras e indígenas. El 12 de diciembre de 2022, al concluir su primer ciclo, la mesa que sesionó en Caracas anunció acuerdos humanitarios que comenzarían en el Medio San Juan (Chocó) y el Bajo Calima (Valle), pero el frente Occidental que actúa allí convocó paro armado indefinido a partir del 15 de diciembre. Es de esperar que la presión social y gubernamental hagan cumplir los acuerdos humanitarios y que la mesa retome las negociaciones y logre la paz.

3) Decidir el tratamiento a las disidencias. Se cuestiona incluir en las negociaciones de paz u ofrecerle beneficios a Iván Márquez y a otros reincidentes que abandonaron el Acuerdo de Paz.

4) Buscar el sometimiento a la justicia de bandas criminales de distinto tipo. Existen interrogantes sobre lo que ocurriría si a pesar de que esos procesos sean exitosos continúan la violencia y las economías ilegales; cómo garantizar que entes como las Autodefensas Gaitanistas o el Clan del Golfo renuncien al rentable negocio criminal y no vuelvan a delinquir. El proyecto inicial les concedía reducción de penas y posibilidad de retener parte de su capital, pero el gobierno tuvo que suprimir esas concesiones por rechazos en el Congreso. Petro ha presentado la reconciliación de Shottas y Espartanos en Buenaventura como primer logro de la paz total, en el que fue clave el papel de la Iglesia.

5) Establecer regiones de paz o territorios para adelantar diálogos de paz, que podrían partir de los municipios categorizados como “zonas más afectadas por el conflicto armado” y donde están los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

6) Nombrar como gestores de paz a los jóvenes de la “primera línea”, algunos encarcelados por presuntos delitos en el estallido social, lo cual tiene complejidades jurídicas que ameritan discusión pública y precisión gubernamental. Como los gobiernos de Uribe y Santos nombraron gestores de paz a guerrilleros presos que fueron liberados para facilitar acercamientos con las FARC y el ELN, su uso podría sugerir que esos jóvenes forman parte de grupos armados ilegales, acusación que ellos siempre han rechazado. Se ha exigido diferenciar entre personas condenadas y otras con procesos dilatados por carencia de evidencias o pruebas precarias.

También se pide que las condiciones de liberación de detenidos estén reguladas por la ley y no sean discrecionales del gobierno. Además, se ha cuestionado el anuncio de Petro del 14 de diciembre acerca del pago mensual de $1.000.000 a 100.000 gestores de paz que nombraría; se ha dicho que podrían pasar a ser colectivos puestos al servicio de eternizar a Petro en el poder. El fiscal le ha pedido al gobierno explicar “de qué es vocero el gestor de paz”, y que la justicia determine sobre salida de privados de la libertad. El ministro del Interior aclara que no es amnistía, indulto ni perdón judicial, que quienes sean escogidos por la Comisión Intersectorial como beneficiarios de esa medida quedan vinculados judicialmente a expedientes y correrán la suerte que definan los jueces en sentencia judicial, pues los procesos no se suspenden. Asimismo, se ha cuestionado la judicialización masiva que hizo la Fiscalía contra manifestantes y el contraste con la lentitud de la investigación de abusos de la Policía.

7) Reemplazar el servicio militar obligatorio por el servicio social para la paz. El servicio sería de 12 meses, concedería certificado equivalente a la libreta militar, contaría como experiencia laboral, y podría prestarse en cualquiera de las 11 modalidades que enumera: 

(i) promoción de alfabetización digital; 

(ii) trabajo con víctimas del conflicto armado, defensa de derechos humanos y del derecho internacional humanitario; 

(iii) apoyo a la refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz; 

(iv) promoción de la política de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización; 

(v) protección de naturaleza, biodiversidad, fuentes hídricas, hábitats marinos y costeros, riqueza ambiental y forestal; 

(vi) promoción de la paz étnica, cultural y territorial, respetando la autodeterminación, autonomía, y los usos y costumbres de esas comunidades; 

(vii) protección y cuidado de personas en discapacidad y de mayores en vulnerabilidad; 

(viii) trabajo en la reforma rural integral; 

(ix) vigilancia del patrimonio cultural material e inmaterial de la nación; 

(x) trabajo con personas damnificadas o afectadas por amenazas naturales, y 

(xi) promoción de educación y actividades de gestión del riesgo y cambio climático. 

Ese proyecto causó fuertes críticas y dejó puntos por esclarecer, como los referidos a la objeción de conciencia o a quienes no deseen acogerse a ninguna de las dos alternativas.

Socorro Ramírez

Diciembre, 2022

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