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Jorge Ivan Gonzalez

Tareas de la política económica para el 2025

Por Jorge Ivan Gonzalez 24 enero, 2025

El 2024 termina con un crecimiento del PIB de 2 %, y en el 2025 el aumento podría estar alrededor de 3 %. Sobre esta cifra hay un cierto consenso. En el 2025 la política económica tiene las siguientes tareas: i) Examinar el gasto. ii) Flexibilizar la política monetaria. iii) Discutir la regla fiscal. iv) Estimular el mercado interno y la reindustrialización.

1. Examinar el gasto

Las dificultades fiscales del 2024 estuvieron acompañadas de un bajo nivel de gasto. Algunas entidades ni siquiera lograron ejecutar el 50 % del presupuesto. Es significativa, por ejemplo, la débil ejecución del Ministerio de Agricultura, y del Departamento de la Prosperidad Social.

En el plan de desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, se le dio prioridad al sector agrícola. Y, en consecuencia, en 2024 se le asignó un presupuesto sin precedentes, de $9,2 billones. En vista de los bajos niveles de ejecución, en el presupuesto del 2025 el monto se redujo a $5 billones. También vale la pena destacar lo que sucedió con los recursos destinados a la inclusión social. Entre 2024 y 2025 el presupuesto se redujo de $15,1 billones a $10 billones. Y, de manera más específica en el caso del Departamento de Protección Social el presupuesto pasó de $10,7 billones a $5,6 billones. Estas caídas pueden ser mayores, ya que en el cónclave del gobierno que se tuvo esta semana se propuso una reducción más drástica del gasto.

El menor gasto es la oportunidad para reflexionar sobre la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Es evidente la ausencia de proyectos estratégicos y. por esta razón, la inversión se dispersa en proyectos pequeños sin impacto significativo. Es clara, además, la falta de coordinación entre los ministerios, y entre estos y los gobiernos locales (municipios y departamentos). Este panorama lleva a una atomización, que debilita la incidencia del gasto.

Es conveniente, entonces, poner en práctica el presupuesto por programa, como fue definido en el plan de desarrollo. La definición de programas con un horizonte de mediano y largo plazo obliga a que haya concurrencia de fuentes, con una visión que supera los enfoques puramente coyunturales.

2. Flexibilizar la política monetaria

La política monetaria se tiene que flexibilizar. La tasa de interés de política monetaria, que ahora es de 9,50 %, continúa muy alta. La inflación ha ido cediendo y no se justifica continuar con intereses tan altos. La autoridad monetaria continúa negando la llamada “tasa de sacrificio”. En la errada opinión del Banco de la República, el crecimiento de la economía y el empleo no se afectan con las altas tasas de interés. Por tanto, la política monetaria restrictiva no conlleva ningún “sacrificio”. Esta mirada es equivocada. El crecimiento de la economía podría haber sido mayor con una tasa de interés más baja. La reducción de la inflación por la vía de elevadas tasas de interés tiene efectos perversos en la actividad económica y en el empleo.

Ahora que llegan dos nuevos miembros a la Junta del Banco de la República es posible que la política monetaria se flexibilice, y que se armonice con el empleo y la producción. Además, esta coordinación entre los mundos real y monetario es una disposición legal y es de la esencia de la normatividad del Banco de la República.

3. Discutir la regla fiscal

La fracasada ley de financiamiento ya comenzaba a abrir espacios para discutir los alcances de la regla fiscal. Allí se introdujo la regla fiscal verde. El principio básico es sencillo: las inversiones en activos ambientales, que estén debidamente certificadas, no deben incluirse en la contabilidad del déficit fiscal primario.

Es importante que la discusión continúe, sobre todo después de la COP 16. Como los recursos disponibles para conservar la biodiversidad son tan limitados, es fundamental ampliar las fuentes de financiación. Además de la regla fiscal verde deben estimularse otros mecanismos como la compra-venta de bonos o la sustitución de deuda por inversiones que contribuyan a la adaptación y a la mitigación climática.

4. Definir competencias de los gobiernos locales

Después de la aprobación del acto legislativo que modifica las transferencias del Sistema General de Participaciones se impone la necesidad de definir competencias. El nuevo acto legislativo busca que, de manera progresiva, el porcentaje de transferencias a los municipios y departamentos, con respecto a los ingresos corrientes, suba a 39,5 %. El porcentaje actual está en 23,8 %. En la norma no se definen las competencias porque estas se determinarán en una ley posterior.

La primera tarea para definir competencias y distribución de recursos es la clasificación de los municipios. Al modificar las competencias tendrán que revisarse la ley 715 de 2001 y la ley 1176 de 2007. También es importante reflexionar sobre los alcances de las leyes 142 y 143 de 1994. Esta tarea es urgente y se debe llevar a cabo en 2025. El asunto es neurálgico para el futuro de la descentralización.

5. Estimular el mercado interno y la reindustrialización

El Conpes 4129 de 2023 fija el derrotero de la reindustrialización. Se busca ir abandonando de manera progresiva la dependencia del petróleo y de minerales como el carbón. Aunque se ha ido avanzando en algunos sectores, como la agroindustria y el turismo, todavía se está lejos de la consolidación de una dinámica industrial que, adicionalmente, esté soportada en tecnologías limpias.

En el Conpes se proponen cuatro áreas estratégicas: i) la transición energética justa; ii) la agroindustria y la soberanía alimentaria; iii) la reindustrialización a partir del sector de la salud y iv) reindustrialización a partir del sector de la defensa para la vida.

En el campo la tarea más importante es el catastro multipropósito, que es la condición básica para la modernización del sector agropecuario. En el plan de desarrollo se puso la meta ambiciosa de actualizar el catastro de 660 municipios. El proceso va lento porque se han presentado enormes dificultades.

Y, finalmente, la consolidación del mercado interno se logra gracias al desarrollo de la infraestructura. En el plan de desarrollo se destaca la relevancia de la conexión férrea y fluvial, además del modo carretero. Los atrasos del país son evidentes.

Jorge Iván González

Enero 13, 2025

Publicado en la Revista SUR

24 enero, 2025 2 Comentarios

Actualidad

Otra vez el salario mínimo

Por Jorge Ivan Gonzalez 24 diciembre, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

De nuevo comienza la discusión sobre el salario mínimo. Sería ideal que los gremios, el gobierno y los sindicatos llegaran a un acuerdo. La negociación ha comenzado con tensiones entre las partes. En el debate subyacen tres temas relevantes: la relación entre salario e inflación, entre salario y productividad, y entre política monetaria y fiscal.

1. Salario e inflación

Es usual afirmar que el aumento del salario se manifiesta en mayor inflación. Esta apreciación no es completamente cierta. Sin duda, aumentos excesivos en el salario pueden llevar a crecimiento de los precios. Pero la dificultad es determinar el significado de “excesivo”, ya que si el salario sube, las empresas se ven obligadas a mejorar la productividad, y ello se manifiesta en menores costos y por tanto, en menor inflación.

Con razón, los sindicatos insisten en que el salario se tiene que fijar en función de la inflación pasada, y no de la inflación esperada. Se busca que la capacidad de compra de los trabajadores no se vea afectada. Desde otra perspectiva, se dice que la estimación del salario mínimo en función de la inflación esperada evita la indexación de la economía porque contrarresta las tendencias inerciales de la inflación. De allí se concluye que para romper las tendencias inerciales de la inflación, la negociación salarial debe realizarse en función de la inflación esperada y no de la inflación efectiva.

En Colombia la inflación tiene un alto contenido inercial. Para romper esa tendencia es necesario actuar simultáneamente en varios frentes. La relación entre los precios y los salarios apenas es uno de ellos. Por esta razón los autores más ortodoxos proponen fijar el salario en función de la inflación futura y no de la inflación pasada. Los avances que se consigan en este campo, aunque son importantes, por sí solos no garantizan la ruptura con la inflación inercial. Una política integral de lucha contra la inflación también debe abarcar los frentes cambiario, de finanzas públicas, de productividad, etc.

La confiabilidad en la meta de inflación definida por las autoridades monetarias es determinante para romper la inercia inflacionaria. La meta irá siendo más creíble a medida que vaya disminuyendo el desfase entre las inflaciones esperada y efectiva. Por esta razón la meta de inflación debe ser lo más realista posible.

Además de combatir la inercia inflacionaria, el salario mínimo aprobado debe estimular la competitividad y la productividad. El reto de la política económica radica en articular las dinámicas, de tal forma que las metas intermedias no vayan en contravía de los propósitos finales. La preocupación por la forma como deben armonizarse los objetivos intermedios y finales es uno de los temas más apasionantes de la teoría y de la política económicas.

El salario depende de la demanda, de la producción y, entre otras variables, de los precios. No se puede caer en la visión ingenua que establece una relación mecánica y unilateral entre precios y salarios. Al explicitar la importancia de factores estructurales como la productividad y la competitividad, se reconoce la complejidad de la lucha contra la inflación. Por consiguiente, no debe esperarse que la inflación se reduzca de manera continua y lineal. El proceso es discontinuo.

2. Salario y productividad

Además de la inflación, ha sido tradicional considerar que el salario también debe tener en cuenta los cambios en la productividad. Se ha aceptado que el criterio sea la productividad total de los factores (PTF), o productividad multifactorial, que es estimada por el Dane [*].

La PTF da cuenta de aquella parte de la productividad que no es explicada directamente por el capital y el trabajo. Solow [†] la llamó, de manera muy genérica, “cambio técnico”, y como su significado preciso no es claro, el autor también afirmó que la PTF es la expresión de “nuestra ignorancia”. Es decir, del misterio que logra que la misma combinación de capital y trabajo, en algunos casos sea exitosa, y en otros un fracaso. El “espíritu empresarial”, en la visión schumpeteriana, potencia la relación entre capital y trabajo, y hace que unas empresas sean más exitosas que otras. A la PTF también se la conoce como “el residuo de Solow”[‡]. En general, se acepta que para estimular la productividad y la competitividad de las empresas, el salario mínimo debe incorporar las mejoras en productividad. La forma como interactúan los salarios, los precios y la productividad, sigue siendo motivo de polémica entre los economistas.

Como toda medida, la PTF no es perfecta. La estimación econométrica de la PTF obliga a establecer numerosos supuestos sobre la forma y las características de la función de producción. En concreto, sobre el tipo de residuos. Esta es una de las razones que explica por qué los investigadores llegan a resultados tan diferentes.

Además de la PTF, en la mesa de negociación se están discutiendo otras aproximaciones a la productividad. La productividad media del trabajo (PMT) es igual a la relación entre el producto y el número de personas empleadas. Esta es una medida agregada y sencilla de calcular. Además, tiene la ventaja de que la información básica es producida regularmente por el DANE. Tiene el inconveniente de que en razón de su naturaleza agregada, es muy difícil hacer una adecuada interpretación de su tendencia. Un aumento de la productividad puede deberse, sencillamente, a un efecto precios.

3. Salario mínimo y política fiscal

La literatura ha estudiado con cierto detalle el problema de la combinación óptima de las políticas monetaria y fiscal. Un gobierno que trate de realizar, conjuntamente, políticas expansivas de corte fiscal y monetario, genera presiones contradictorias. Mientras que la política fiscal expansiva hala la tasa de interés hacia arriba, la política monetaria expansiva la reduce. Estas fuerzas contrarias causan tensiones que fácilmente echan al traste los objetivos finales del gobierno.

Desde esta perspectiva global, es fundamental que haya una buena coordinación entre el gobierno y las autoridades monetarias. La Junta Directiva del Banco de la República ha centrado su atención en el impacto monetario de la intervención esterilizadora. El énfasis que se le ha dado a las relaciones estrictamente monetarias (cantidad de dinero, interés nominal, tasa de cambio), ha relegado a un segundo plano el examen de los vínculos que existen entre los instrumentos monetarios y algunas variables reales que son claves, como la producción y el empleo.

El manejo de las variables monetarias debe hacerse teniendo presente su impacto sobre la productividad y la competitividad. La estabilidad monetaria del salario está directamente asociada a las condiciones que se presentan en el seno de la producción. No es pertinente, entonces, desligar la lucha contra la inflación de los determinantes estructurales de ella.

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[*] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Dane, 2022. Productividad Total de los Factores (PTF). Año Base 2015. Nota Metodológica, Dane, Bogotá.

[†] “Se advertirá que estoy empleando la frase “cambio técnico” como expresión abreviada de cualquier tipo de desplazamiento de la función de producción. En consecuencia, aparecerán como “cambio técnico” las recesiones, las recuperaciones, los mejoramientos en la educación de la fuerza de trabajo, y toda suerte de cosas” (SOLOW, Robert, 1957. “Technical Change and the Aggregate Production Function”, Review of Economic and Statistics, v. 39, n. 3, aug., pp. 312-320; subrayado nuestro). No obstante los avances logrados en los últimos años, todavía no sabemos cuál es toda esa “suerte de cosas” a las que hace referencia Solow.

[‡] “A pesar del trabajo detallado de Denison y otros, sólo poseemos un conocimiento muy limitado de los determinantes de dicho residuo, de por qué es mayor en algunos países que en otros, o de por qué crece más en unos períodos que en otros” (BLANCHARD, Olivier, FISCHER, Stanley, 1989. Lectures on Macroeconomics, MIT Press, Massachusetts, 1993, pp. 4-5).

Jorge Iván González

Artículo publicado en la revista SUR

24 diciembre, 2024 0 comentario

Actualidad

Temas estructurales de la reforma laboral

Por Jorge Ivan Gonzalez 24 octubre, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

El Congreso está discutiendo la reforma laboral [1]. Ha sido la oportunidad de reflexionar sobre temas estructurales que inciden en el mercado de trabajo. Los gremios económicos se han opuesto con dos argumentos principales. Han dicho que la reforma no favorece el empleo y, además, que incentiva la informalidad.

Este debate no es nuevo. En el 2021 Santiago Levy coordinó un estudio que se conoció como la Misión de Empleo [2]. Varias de las afirmaciones de este informe han sido retomadas por los gremios. Estos días los gremios han dicho, por ejemplo, que el mejoramiento de las condiciones laborales que propone la reforma va a restarle flexibilidad al mercado laboral. En su momento, el estudio de Levy fue criticado por la que se llamó la Misión Alternativa de Empleo e Ingresos [3]. Los planteamientos básicos de la reforma laboral del gobierno Petro se acercan a los postulados de la Misión Alternativa.

1. Los ideales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

En la exposición de motivos de la reforma laboral se toman, como referencia ideal, los postulados de la OIT sobre el empleo decente. Se recuerda que el mercado del trabajo es cualitativamente diferente a cualquier otro, y gracias al empleo es posible obtener los ingresos que permiten que el individuo lleve el tipo de vida que considera valioso.

“En la sociedad contemporánea, el trabajo desempeña un papel fundamental como el eje central de ciudadanía social. A través del trabajo, no solo se generan los ingresos necesarios para cubrir las necesidades básicas y alcanzar una calidad de vida digna, sino que también desempeña un papel crucial en la construcción de la identidad individual y colectiva, así como en la articulación de la vida social en un ambiente de paz” (Proyecto de Ley de Reforma Laboral…, p. 2).

Esta mirada es, sin duda, el ideal de cualquier política de empleo. Es pertinente afirmar que la sociedad debe crear las condiciones para que todas las personas tengan empleo, y para que éste sea de calidad.

La formulación de un propósito tan loable ha sido fuente de tensiones. Por un lado, el gobierno busca que las normas laborales propuestas en el proyecto de ley se aproximen a este ideal. Pero, por otro lado, los empresarios observan que mientras la normatividad laboral vaya convergiendo hacia los postulados de la OIT, el costo de la mano de obra se acentúa. Para los empresarios, frases como la siguiente son muy difíciles de asimilar.

“El nuevo proyecto tiene en su centro la necesidad de desarrollar el principio constitucional de estabilidad en el empleo, mediante la habilitación del uso de los contratos de trabajo a término indefinido como regla general y enfocados en dar respuesta a los escenarios de productividad en actividades permanentes” (Proyecto de Ley de Reforma Laboral…, p. 4).

El conflicto entre empresarios, gobierno y trabajadores es inevitable, y las organizaciones sindicales han cumplido un papel muy importante en los procesos de conciliación. La baja tasa de sindicalización que existe en Colombia (4,6%) no permite que las conversaciones entre empresarios y trabajadores tengan un alcance nacional. Además de que la sindicalización es baja, la gran mayoría de estos trabajadores está vinculada a entidades públicas. Para tener un punto de referencia, en Islandia la tasa de sindicalización es de 91,8%, en Dinamarca del 66,5%, en Suecia del 64,9%, en Bélgica del 50,3%.

2. La visión conjunta de la seguridad social

El gobierno debió haber presentado las reformas a la seguridad social (salud, pensiones y laboral) en un solo paquete, mostrando las relaciones que existen entre ellas. En este punto tiene razón la Misión de Levy. La evolución del mercado laboral tiene una incidencia directa en las pensiones y en la salud. La fortaleza financiera de ambos sistemas depende de lo que suceda con el mercado de trabajo. En la medida en que éste se active y formalice, será mayor la estabilidad financiera de la salud y de las pensiones. En los debates de la reforma pensional, que ya se aprobó, y de la salud, que todavía sigue en curso, siempre se vuelve a la pregunta por las condiciones del mercado laboral.

Los escenarios fiscales son muy diferentes dependiendo del nivel de ingreso y de la formalización de los trabajadores. En la perspectiva optimista, si la informalidad disminuye y el salario aumenta, las contribuciones privadas a la seguridad social aumentan y se le disminuye la carga al gobierno, ya que el escenario fiscal es favorable. De las tres reformas a la seguridad social, la laboral es la central, porque de ella depende la financiación de las otras dos. Los escenarios alternativos se tendrían que sustentar en la reforma laboral.

3. El sector informal

El impacto de la reforma sobre el nivel de informalidad ha sido otro de los temas polémicos. La definición de la informalidad continúa siendo pantanosa. El DANE la ha modificado siguiendo las directrices de la OIT.

La clasificación de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) del 2018 es diferente a la del 2005. Estos cambios han sido propuestos por la OIT en 1993 y 2003, a través las directrices 15 y 17 de la Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (Ciet) [4]. El DANE ha aceptado estas recomendaciones y ha replanteado el concepto y los criterios de medición de la informalidad [5].

La nueva categorización de la informalidad abandona el tamaño de la empresa. y centra la atención es aspectos formales, como la inscripción en las cámaras de comercio, el manejo adecuado de la contabilidad, y la afiliación a la seguridad social. Este cambio de óptica es significativo, y pone en evidencia la fragilidad de la definición de la informalidad.

Desde el punto de vista de la política pública se debería modificar completamente el tratamiento de lo informal. En lugar de buscar mecanismos que permitan pasar de lo informal a lo formal, se debería aceptar que la formalidad es una característica derivada de otras condiciones económicas y sociales. Por ejemplo, las aglomeraciones tienen menos informalidad que las ciudades pequeñas. Los mayores niveles de educación están acompañados de menor informalidad. La formalización es un subproducto de otras dinámicas.

4. Salarios y productividad

En la exposición de motivos y en los debates alrededor de la reforma laboral, no se examina la relación que existe entre las mejores condiciones laborales y la productividad. Si el salario aumenta, la empresa se ve en la obligación de elevar la productividad.

En los análisis convencionales, incluyendo el de la Misión Levy, se afirma que los salarios altos tienen una incidencia negativa en el empleo. Pero la relación podría plantearse de otra manera. Si el valor de la hora de trabajo se incrementa, se crean incentivos para tecnificar la empresa y aumentar la productividad laboral.

La teoría económica siempre ha identificado el salario con la productividad marginal, así que un aumento del primero debería llevar a un mejoramiento de la productividad. Esta interacción no se plantea en la reforma laboral, ni ha sido objeto de debate público.

5. Empleo, costos logísticos y financieros.

Tampoco se ha considerado el vínculo entre el empleo y los costos relacionados con la geografía, y las tasas de interés.

Los costos logísticos son elevados e inciden de manera negativa en la productividad y la competitividad. De acuerdo con la Encuesta Nacional Logística del 2020, el transporte tiene un peso considerable en los costos de la logística. En el sector agropecuario representa el 37,1%, en la industria el 20,1%, en la construcción el 43,1%, en el comercio el 29,8%, y en la minería el 77,2%. En estas condiciones la industria nacional no puede ser competitiva.

Las altas tasas de interés del Banco de la República son otro elemento que incide de manera negativa en el empleo. La lucha contra la inflación tiene costos en la producción y el empleo.

Estas variables contextuales se deberían considerar de manera explícita en los debates sobre el mercado laboral y el empleo. Hasta ahora se han dejado de lado.

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[1] CONGRESO DE LA REPUBLICA., 2023. Proyecto de Ley. Por Medio del Cual Se Adopta una Reforma Laboral para el Trabajo Digno y Decente en Colombia, Gobierno Nacional, Bogotá.

[2] MISION DE EMPLEO., 2021. Misión de Empleo 2020-2021. Reporte Ejecutivo de la Misión de Empleo de Colombia, DNP, Bogotá.

[3] BONILLA Ricardo., QUEVEDO Ruth., 2021, coord. Misión Alternativa de Empleo e Ingresos. Propuesta para una Colombia Incluyente, Misión Alternativa de Empleo e Ingresos, ENS, Medellín.

[4] ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT., 1993. Resolución sobre las Estadísticas del Empleo en el Sector Informal, Adoptada por la 15 Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (Ciet), OIT, Bogotá.

ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO, OIT., 2003. Informe de Conferencia. 17 Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo (Ciet), OIT, Bogotá.

[5] DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Dane, 2009. Metodología Informalidad Gran Encuesta Integrada de Hogares – Geih, Dirección de Metodología y Producción Estadística, Dimpe, Dane, Bogotá.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Dane, 2021. Censo Económico de Colombia. Documento Metodológico. Temática de Informalidad, Dane, Bogotá.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA, Dane, 2022. Mercado Laboral. Nueva Medición de Informalidad Laboral, Dane, Bogotá.

Jorge Iván González

Publicado en Revista SUR

24 octubre, 2024 1 comentario

Actualidad

Debates alrededor del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles

Por Jorge Ivan Gonzalez 20 octubre, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) fue creado en 2007; es el art. 69 del Plan de Desarrollo 2006-2010 [1]. Entre las razones que se tuvieron para hacerlo, se destaca la necesidad de estabilizar los ingresos de Ecopetrol, teniendo como referencia el precio internacional.

Se trata de eliminar el costo de oportunidad que tendría la venta del combustible a un precio más bajo en el mercado nacional, en lugar de exportarlo. La lógica subyacente es sencilla. Ecopetrol podría, en teoría, exportar todo el combustible. Y, entonces, no habría razón para que el precio interno sea inferior al internacional.

Antes del 2007, el precio del combustible producido en el país se vendía a un precio que tenía como referencia los costos de Ecopetrol. Esta lógica se rompió y desde el 2007 el precio internacional es el determinante.

1. El FEPC y la pandemia

Durante los meses de pandemia, el gobierno Duque tomó la decisión de no aumentar el precio de los combustibles. Esta medida es comprensible dadas las dificultades que se presentaron esos meses. De todas maneras, una vez terminada la pandemia, el gobierno Duque sí debió haber dado los primeros pasos, así hayan sido débiles, para comenzar a aumentar el precio. En el Marco Fiscal del 2022 se reconoce un déficit del FEPC de $14,2 billones [2]. Este monto continuó subiendo hasta llegar a los $36 billones.

Desde que comenzó la administración Petro era evidente la necesidad de cubrir el déficit. Este gobierno asumió el reto de manera responsable, y ya actualizó el precio de la gasolina. El año pasado el déficit del FEPC se redujo a $20,5 billones. Sin el aumento del precio del diésel el desbalance continuaría en $11 billones. El debate actual se agudizó por el aumento del precio del diésel. En gracia de la discusión se podría afirmar que el gobierno actual debió comenzar este tipo de medida desde los primeros meses de la administración. Si se hubiera hecho así, el ritmo de aumento del precio podría ser más suave.

2. El subsidio real e implícito

Para entender mejor la naturaleza del FEPC habría que diferenciar entre los subsidios real e implícito.

En la literatura sobre las finanzas públicas, el estudio de Selowsky [3] define el subsidio como la diferencia entre el costo y la tarifa (o cualquier forma de pago). Cuando el costo (C) es mayor que la tarifa (T) el subsidio (S) es positivo, así que S=C-T. Esta definición es aceptada entre los economistas y juristas. A partir del trabajo de Selowsky se ha abierto un abanico muy amplio de estudios económicos sobre los subsidios. Esta versión corresponde el subsidio real. Si se acepta esta definición, no hay subsidio al combustible porque el precio interno está por encima del costo de producción de Ecopetrol.

La otra definición se refiere al subsidio implícito. Hay subsidio si el precio doméstico (PD) es inferior al precio internacional (PI), así que S=PD-PI. Esta modalidad de subsidio es cualitativamente diferente del subsidio real.

Los transportadores han argumentado que la lógica prevalente debe ser la que se utiliza para calcular el subsidio real. Si así fuera, no sería necesario subir el precio del diésel porque el precio es superior al costo de producción de Ecopetrol.

El ajuste del precio doméstico al internacional, y la conservación del FEPC se justificaría por tres razones: estabilidad del ciclo, desincentivar el uso de combustibles contaminantes y mejorar los excedentes de la Nación vía Ecopetrol.

En teoría, si el Fondo se administra bien, se podría estabilizar el movimiento de los precios. Desde la perspectiva ambiental, no hay ninguna razón para subsidiar a la gasolina y al diésel. Finalmente, si el precio de los combustibles sube, Ecopetrol tendrá más recursos, y estos excedentes se le transferirían a la Nación.

3. Los excedentes de Ecopetrol y la política pública.

Las finanzas públicas reciben recursos de Ecopetrol por tres vías: impuesto a la renta, regalías y participación en los dividendos. Si los excedentes de la Empresa aumentan, la situación fiscal mejora. Estos montos adicionales en manos del Estado, permiten que el subsidio indiscriminado de los combustibles a bajo precio, se convierta en dineros que permitan financiar gastos públicos debidamente diseñados. Esta sola razón sería suficiente para subir el precio de los combustibles.

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[1] REPUBLICA DE COLOMBIA., 2007. Ley 1151. Por la Cual Se Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, Gobierno Nacional, Bogotá. En la reglamentación del 2014 se precisan las condiciones de funcionamiento del Fepc. Ver, MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO., 2014. Decreto 1880. Por el Cual Se Reglamenta el Funcionamiento y Operatividad del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), Creado Mediante el Artículo 69 de la Ley 1151 de 2007 y Se Dictan otras Disposiciones, Ministerio de Hacienda, Bogotá.

[2] MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO., 2022. Marco Fiscal de Mediano Plazo 2022. Crecimiento e Inversión Social con Sostenibilidad Fiscal, Ministerio de Hacienda, Bogotá.

[3] SELOWSKY Marcelo., 1979. Who Benefits from Government Expenditure? A Case of Study of Colombia, University Press, World Bank, Washington.

Jorge Iván González

Publicado en la Revista Sur, Colombia

20 octubre, 2024 0 comentario

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Crecimiento de la economía: bien pero no tan bien

Por Jorge Ivan Gonzalez 13 octubre, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

En julio, el Indicador de seguimiento de la economía (ISE) creció un 3,68 %. La interpretación que le ha dado el gobierno a este resultado ha sido muy positiva. El Ministro de Hacienda ha insistido en que la actividad económica ya está en franca recuperación.

Vale la pena examinar las implicaciones de esta afirmación. Sin duda, la economía va bien, pero no tan bien.

Tal y como se observa en la gráfica, el crecimiento de julio muestra que el ciclo de la producción está superando la amenaza de recesión.

El primer comentario es de corte metodológico, y tiene que ver con la diferencia entre el ISE y el PIB. No se deben confundir ambas mediciones. El ISE tiene una información más limitada que el PIB. Y entonces se debe interpretar como una medida que apenas es indicativa. El resultado definitivo se conocerá únicamente cuando se publique el PIB. Además, el ISE es muy agregado y no permite observar la dinámica de los subsectores.

A partir de los datos del ISE, es conveniente hacer algunas reflexiones sobre las características de la economía colombiana.

De acuerdo con los resultados del cuadro, las actividades primarias han sido las de mayor crecimiento (7,5 %). Este rubro es muy agregado. Incluye, además de la agricultura, la ganadería y la minería. A partir de la información del Dane, no es posible precisar el peso que tiene cada uno de estos subsectores en el resultado final.

El crecimiento de la agricultura es un fenómeno de coyuntura, en parte explicado por los altos precios del café. Pero esta tendencia favorable no significa que se hayan presentado cambios estructurales en la evolución del sector agropecuario. Los resultados del ISE responden a una situación de coyuntura y no se deben interpretar como una tendencia de largo plazo.

El panorama del sector agropecuario continúa siendo crítico. El país continúa importando el 40% de los alimentos. Alrededor de 14 millones de toneladas año. Los datos del censo agropecuario del 2014 ponen en evidencia problemas estructurales que siguen sin resolverse. Se destacan tres hechos: la concentración de la tierra, la fragmentación de la propiedad, el atraso del catastro.

La concentración de la propiedad es escandalosa. El 71 % de los productores está en fincas de menos de 5 ha. y ocupa el 3,1 % del área disponible. Mientras tanto, el 0,2 % de los productores se ubica en fincas de más de 1 000 ha., ocupando el 59,5 % del área. El coeficiente de Gini es altísimo, de 0,92. La pésima distribución de la tierra tiene incidencias negativas en la productividad y la competitividad.

No es conveniente la fragmentación de las fincas. El 82,8 % de las unidades productivas no alcanzan a generar los ingresos correspondientes a una Unidad Agrícola Familiar (UAF), equivalentes a unos $3,5 millones mes. Este debería ser el mínimo ingreso de cualquier finca.

Y el tercer asunto complejo es el atraso del catastro. En el plan de desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida [1], se propone una meta para la actualización del catastro del 70 %. Es decir, 660 municipios en los cuatro años de este gobierno.

Dentro de las actividades primarias se incluye la minería. Y como sucede con la agricultura, el buen crecimiento coyuntural no puede ocultar la preocupación por la enorme dependencia de la economía extractiva.

Las actividades secundarias, dentro de las que se encuentra la industria y la construcción, tuvieron un crecimiento de 1,5%. Ninguno de estos dos subsectores logra una recuperación significativa.

Y el sector de las actividades terciaras, que son muy variadas, tuvo un crecimiento de 3,3 %. El mayor dinamismo se dio en las administraciones públicas, con un crecimiento del 7,7 %.

Resumiendo, la lectura del ISE no debe llevar a desconocer los problemas estructurales que continúan sin solución. Y desde la perspectiva coyuntural es muy positivo que el ciclo actual muestre que la economía no está en recesión.

Es necesario aprovechar este impulso de la economía para estimular los mecanismos que favorezcan la reactivación. Desde la mirada macro se presentan dos obstáculos al crecimiento. Uno es la caída de la inversión pública y, el otro, es la alta tasa de interés.

En el presupuesto del 2025 se está presentando una situación excepcional, ya que la relación entre el servicio de la deuda y la inversión es muy alta, de 1,37. Esta cifra es elevada, y supera considerablemente el promedio de 1,08, observado entre 2011 y 2024. El servicio de la deuda pasará de $94,5 billones en el 2024 a $112,6 billones en el 2025. Mientras tanto, la inversión caerá de $99,8 billones a $82,4 billones.

La menor inversión pública tiene efectos negativos en el empleo y en el crecimiento. Los comentarios que se han hecho estos días sobre la importancia de la reactivación se deben tomar en serio. Un insumo básico es el Conpes de reindustrialización [2].

Este documento tiene varias ventajas. Primero, reconoce los avances logrados en cada sector. Su diagnóstico es realista. Segundo, entiende la complejidad de la transición de una economía extractiva hacia procesos industriales que toman tiempo. Estos cambios estructurales no se logran de un momento a otro. Tercero, define los sectores que merecen atención prioritaria. Cuarto, esta transición hacia una economía industrial y limpia requiere un trabajo conjunto entre los sectores público y privado. El Conpes de reindustrialización reconoce que la participación del Estado en la economía es fundamental para crear condiciones favorables para la actividad privada.

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[1] REPUBLICA DE COLOMBIA, 2023. Ley 2294. Por la Cual Se Expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, Congreso de la República, Bogotá.

[2] DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, DNP 2023. Política Nacional de Reindustrialización, Documento Conpes, no. 4129, DNP, Bogotá.

Jorge Iván González

Publicado en la revista Sur

23 septiembre, 2024 

13 octubre, 2024 3 Comentarios

Actualidad

El angustioso presupuesto del 2025

Por Jorge Ivan Gonzalez 6 septiembre, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

La discusión del presupuesto del 2025 pone en evidencia la difícil situación fiscal por la que atraviesa Colombia. Para que el país pueda cumplir con sus obligaciones ese año se deben tomar medidas urgentes.

El año 2025 será especialmente difícil

El Congreso comenzó a discutir el proyecto de presupuesto del 2025. El panorama es, por decir lo menos, angustioso. La gráfica ayuda a entender la singularidad del 2025, a partir de un índice sencillo, que es la relación entre el monto destinado al pago del servicio de la deuda (SD), y el valor de la inversión (I).

Además, esta presenta la relación (%) entre los montos destinados al servicio de la deuda y a la inversión (SD/I), con datos originales que están en pesos corrientes, del 2024 y el 2025, con estimaciones del Ministerio de Hacienda.

En el período considerado (2011-2024), la relación SD/I fue en promedio 1,08. Es decir, el servicio de la deuda ha sido ligeramente superior a la inversión. Desde el punto de vista de la estabilidad fiscal y del desarrollo económico, lo ideal habría sido que la inversión pública fuera superior al servicio de la deuda. Por tanto, no es deseable una relación mayor que uno.

Entre 2024 y 2025 el indicador SD/I pasó de 0,95 a 1,37, el nivel más alto del período. En otras palabras, el año próximo se tendrá que destinar un monto de recursos significativo para pagar la deuda, reduciendo de manera sustantiva la inversión pública.

El servicio de la deuda pasará de $94,5 billones en 2024 a $112,6 billones en 2025. Mientras tanto, la inversión caerá de $99,8 billones a $82,4 billones. De acuerdo con estos datos, en 2025 habrá una diferencia sin precedentes entre el servicio de la deuda y la inversión.

Los recursos que le inyecta el gobierno a la economía a través de la inversión pública tienen un efecto multiplicador importante, de 1 a 4. Por cada peso que destina el Estado a la inversión, activa cuatro pesos de inversión privada. Si en lugar de invertir, los recursos públicos se destinan a pagar intereses, la actividad económica se debilita.

Así que la notable brecha entre el servicio de la deuda y la inversión tiene consecuencias negativas en la producción, el empleo y, por último, en las finanzas públicas, reduciendo el margen de maniobra del gobierno. Solamente para el pago de intereses, en 2025 se destinarán $59,4 billones.

La pandemia fiscal y otros males

Desde el punto de vista fiscal, la pandemia continúa. En el 2025 confluyen, por lo menos, cuatro obligaciones que se contrajeron durante los meses del COVID-19.

Primera obligación. Durante la pandemia se contrataron deudas de corto plazo. Se presentaron situaciones inesperadas frente a las que era necesario actuar. La compra de vacunas, por ejemplo, no daba espera. Una parte importante de estos compromisos se tienen que pagar en 2025. El valor puede estar alrededor de $40billones.

Segunda obligación. El Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC) se creó en 2007. De acuerdo con sus reglas, el precio interno de la gasolina y del ACPM tiene que ir a la par con el precio internacional. Con esta medida se busca proteger las finanzas de Ecopetrol.

Si el precio interno es inferior al internacional se genera un déficit ya que, en teoría, la empresa podría haber exportado el combustible que vende en el mercado interno. El FEPC lleva a que, desde el punto de vista contable, para Ecopetrol sea indiferente vender en el mercado internacional o en el nacional.

Durante la pandemia, el gobierno no subió el precio interno de los combustibles, y este se fue alejando del precio internacional. La brecha se acercó a los $40 billones. Gracias a que, desde el año pasado, el precio de la gasolina comenzó a subir, el desbalance actual se redujo a cerca de $20 billones. Para compensarlo, es necesario comenzar a subir el precio del diésel (ACPM). Por esto, actualmente hay una tensión muy fuerte entre los transportadores y el gobierno. Sin embargo, el ministro de Hacienda ha sido claro en que, con acuerdo o sin acuerdo, el gobierno subiría el precio del diésel.

Tercera obligación. Es la llamada “opción tarifaria”. Durante los meses de la pandemia no se aumentaron las tarifas de los servicios públicos y creó un desbalance cercano a $4 billones, que ahora debe ser compensado. Sin embargo, es comprensible que durante los meses del COVID-19 el gobierno Duque haya decidido congelar las tarifas.

Cuarta obligación. En los contratos de concesiones viales el Estado asume el riesgo de demanda y, como durante la pandemia no pasaron carros por los peajes, se generó un desbalance que ahora tiene que ser subsanando. El faltante oscila en alrededor de $4 billones.

La suma de estas cuatro obligaciones llega, aproximadamente, a la enorme cifra de $48 billones. Además de estos problemas fiscales, derivados directamente de la pandemia, habría que agregar dos males adicionales.

Por un lado, el error en las proyecciones de recaudo de la Dian que esperaba, en 2024, obtener $10 billones adicionales por la solución exitosa de litigios. Y, por otro lado, la Corte Constitucional rechazó la no deducibilidad de las regalías, que fue una de las medidas más relevantes de la reforma tributaria de 2022. El impacto fiscal de esta medida puede ser de unos $4 billones por año.

Buscando soluciones

Frente a este panorama, y a pesar de todas las dificultades fiscales, no es conveniente proponer una nueva reforma tributaria. Entre las alternativas habría que pensar en:

Primero. Mejorar la eficiencia del gasto. Son numerosas las razones de la ineficiencia del gasto. Una de ellas es la corrupción, pero en ningún momento es la causa más importante, aunque desde el punto de vista de la opinión pública sea la que más llena titulares.

La Comisión del Gasto y de la Inversión Pública hizo un cuidadoso análisis de las características del gasto público en Colombia. Mostró que no tiene sentido pensar en una reducción del gasto, pues es imposible bajarlo, entre otras razones.

Propone gastar más, pero de manera eficiente. Y una forma de hacerlo es mediante el presupuesto por programa, que obliga a priorizar el gasto y la inversión alrededor de proyectos estratégicos, en los que concurren diversas fuentes de financiación (presupuesto General de la Nación, regalías, Sistema General de Participaciones, recursos de las ciudades y departamentos).

Uno de los artículos del plan de desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, exige que se aplique el presupuesto por programa. Si el país realmente avanzara en esta dirección se reducirían muchos de los problemas que hoy tiene el presupuesto, que es inflexible, lleva a una fragmentación de la inversión por sectores y por departamentos, y está amarrado a las anualidades.

Segundo. No desestimular las inversiones en hidrocarburos y minerales. Estos recursos son necesarios. Los avances hacia la economía verde son lentos, y no se logran de un momento a otro. En la estructura de las exportaciones de Colombia el petróleo y los minerales representan el 60 %.

No se puede pretender que esta matriz cambie de un momento a otro y, sobre todo, se debe reconocer que, para reducir la dependencia del petróleo, se tiene que aumentar la producción hasta llegar a un millón de barriles/día. Hoy se están produciendo 750 000 barriles diarios.

Tercero. Es necesario discutir la misionalidad del Banco de la República, y la pertinencia de controlar la inflación por la vía de la tasa de interés. En la literatura se conoce como tasa de sacrificio el costo que tienen para la economía los instrumentos que utilizan los bancos centrales para reducir la inflación.

En Colombia se ha considerado que el aumento de la tasa de interés es el mecanismo privilegiado para combatir la inflación. Pero esta decisión ha tenido un impacto negativo en el crecimiento y el empleo. La tasa de sacrificio ha sido muy alta. De acuerdo con el Banco de Pagos Internacionales (BIS), los bancos centrales deben replantear su misionalidad. En lugar de insistir en los viejos instrumentos de corte monetarista, deberían diseñar mecanismos que permitan financiar la transición hacia una economía verde.

En las reuniones que ha tenido el gobierno con los gremios para discutir las medidas de reactivación se vuelve, una y otra vez, sobre la tasa de interés. En el acuerdo al que se acaba de llegar con los banqueros se insiste en ampliar el crédito y bajar esta tasa. El margen que tienen los bancos privados está condicionado por la tasa de referencia (o de política monetaria) determinada por el Banco de la República, y si esta continúa tan alta como ahora, no será posible la reactivación.

Cuarto. Ha llegado el momento de abrir el debate sobre la necesidad de repensar la regla fiscal. El rango de acciones es amplio, y va desde la suspensión de la regla, hasta el diseño de diversas modalidades de flexibilización.

En 2020 y 2021, para poder responder al COVID-19, se suspendió la regla fiscal. Puesto que ahora el país atraviesa por una situación fiscal especialmente compleja, se podría pensar en su suspensión y/o flexibilización.

Del informe del BIS se desprende la posibilidad de introducir una regla fiscal verde, que permite excluir de la contabilidad del déficit aquel gasto, debidamente certificado, que se destine a la protección y consolidación de activos ambientales. Este gasto es cualitativamente diferente a los demás y se debe tratar con criterios especiales.

En la contabilidad fiscal, para la determinación del déficit, todos los gastos se suman como si fueran de la misma naturaleza. La regla fiscal verde supone que el gasto ambiental es cualitativamente diferente a los demás, y no debería sumar como los otros.

Quinto. En lugar de una nueva reforma tributaria, se debería buscar la ampliación y la consolidación de las fuentes de ingreso de las ciudades grandes e intermedias.

Las rentas derivadas del suelo y del urbanismo tienen enormes potencialidades que no se han aprovechado. Las ciudades del país no están cobrando por congestión. Tampoco cobran derechos de edificabilidad, ni primas de localización, y a duras penas recuperan las participaciones en plusvalías.

Y con respecto a las finanzas de los municipios pequeños y de los departamentos, es necesario comenzar a discutir las conclusiones de la Misión de Descentralización, que acaba de entregar el informe final.

Jorge Iván González

Publicado en Razón Pública

Septiembre 1, 2024

6 septiembre, 2024 2 Comentarios

Actualidad

El gobierno está abandonando los retos estratégicos

Por Jorge Ivan Gonzalez 20 agosto, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

La visión estratégica del Plan Nacional de Desarrollo y las decisiones del gobierno a corto plazo demuestran una gran asimetría. Descubra las cinco transformaciones que busca el plan y los avances y retos que tiene el gobierno por delante.

Desde la perspectiva de la planeación, estos dos años de la administración Petro han mostrado la profunda asimetría entre la visión estratégica expresada en el plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida y las decisiones de corto plazo que ha ido tomando el gobierno. Los retos estratégicos se están ahogando en decisiones de corto plazo que obstaculizan el logro de las apuestas ambiciosas consignadas en el programa de gobierno.

Las cinco grandes transformaciones que se plantean en el plan de desarrollo son una invitación para que la sociedad colombiana avance en procesos estratégicos de mediano y largo plazo. Se busca que durante este gobierno se sienten las bases de un proceso que necesariamente toma tiempo. Los cambios estructurales son de tal naturaleza, que no se pueden conseguir en cuatro años.

Ordenamiento del territorio

La primera transformación es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. Este es el principal problema del país. El tema estuvo presente en la Constituyente de 1991, y se trató de concretar años después, en el 2011, en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (Loot). La norma no ha cumplido con sus propósitos iniciales, y el país vive un caos en materia de ordenamiento territorial.

El plan de desarrollo llama la atención sobre la necesidad de colocar la geografía en primer lugar y de buscar alternativas que permitan que el desarrollo económico y social sean compatibles con la sostenibilidad ambiental. Es el principal llamado del programa de gobierno del presidente Petro.

Es evidente que este propósito que toca asuntos estructurales no se puede conseguir en el corto plazo. Lo sucedido en La Guajira es muy ilustrativo. Ni este gobierno, ni los anteriores, han reconocido que los problemas no se solucionarán si se continúa desconociendo la asimetría en el uso del suelo. En las áreas de los territorios colectivos, el conflicto en el uso del suelo es de 19%, en las tierras con aptitud agrícola es del 42% y en las áreas de protección es del 26%. En el departamento, el 93% de los planes de ordenamiento territorial no se ha actualizado. 

En su desespero, los gobiernos toman medidas de cortísimo plazo que no resuelven los problemas de fondo. Antes de los carrotanques, otros gobiernos le dieron prelación a las motobombas. Estas soluciones inmediatistas se han desconectado de cualquier proyecto estratégico. El fracaso ha sido rotundo.

Consideraciones similares se podrían hacer a propósito de La Mojana. Las improvisaciones han sido evidentes. Mientras tanto, se pierde la oportunidad de consolidar proyectos estratégicos, como la modernización de todas las plantas de tratamiento de agua potable (Ptar), de tal manera que no se vuelva a contaminar un solo río.

El ordenamiento del territorio guarda una estrecha relación con la paz. El control de los grupos armados de extensas zonas dedicadas al narcotráfico y a la minería ilegal, está íntimamente ligado a la falta de alternativas productivas que sean más atractivas que las economías ilegales. La paz total, como la paz perpetua, es un ideal kantiano que nunca se alcanzará. Si en regiones como el Cañón de Micay o Bajo Calima se estructuran inversiones audaces, se podrán crear condiciones propicias para el logro de una paz parcial.

La seguridad humana

La segunda transformación es la seguridad humana. Y, de nuevo, es una tarea que toma tiempo. El ideal ético final es lograr que cada persona pueda llevar el tipo de vida que considera valioso. Se busca que alrededor de este propósito converjan las acciones de los diferentes actores. En el plan plurianual de inversiones se busca la coordinación entre ministerios y entre el gobierno central y los municipios y departamentos. También se insiste en la necesidad de articular las actividades de los sectores público y privado.

Por los afanes, se siguen cometiendo graves errores. En el campo de la salud se están tomando decisiones improvisadas que han empeorado las dificultades que ya existían. Y en la educación, el desespero por consolidar el movimiento estudiantil a través de la llamada “constituyente universitaria” está ocultado los verdaderos problemas del sistema. De manera ingenua se pretende que las ambiciosas metas del plan de desarrollo se puedan lograr sin el concurso del sector privado.

El derecho humano a la alimentación

Esta tercera transformación es la concreción de los acuerdos de La Habana y el camino para modernizar el sector agropecuario. El instrumento estratégico para lograr este objetivo es el catastro multipropósito. La reforma agraria es complementaria y depende de los avances que se vayan logrando en la actualización de los avalúos. 

Las angustias del corto plazo han llevado al gobierno a priorizar la compra de tierra, minimizando los aspectos relacionados con el desarrollo agropecuario y con el examen de las disfuncionalidades entre las aptitudes y usos del suelo. La información básica para que se pueda avanzar en la reforma rural integral depende del catastro. Por sí misma, la compra de tierras no resuelve el problema.

El plan de desarrollo se ha propuesto una meta ambiciosa que es la actualización del catastro en 660 municipios. Este proceso es complejo y no se ha evolucionado al ritmo que sería deseable. Los énfasis del gobierno deberían centrarse en la actualización del catastro.

El error de óptica se refleja muy bien en la falta de ejecución del Ministerio de Agricultura, que para el 2024 tiene un presupuesto sin precedentes de $8 billones. El ministro de Hacienda ha reconocido que difícilmente se ejecutará la mitad. La equivocación estuvo en asignar la mayor parte de los recursos a la compra de tierras, sin darle suficiente relevancia a los instrumentos relacionados con el catastro y con el diseño de proyectos agroindustriales ambiciosos.

La transformación energética hacia una economía verde

Este cambio solamente se puede lograr en el mediano y largo plazo. Y en Colombia únicamente se puede alcanzar aumentando la producción de petróleo y reduciendo lentamente la dependencia del carbón. Los mensajes iniciales del gobierno sobre no exploración tuvieron un impacto negativo en las inversiones nuevas.

Apenas recientemente, el presidente de Ecopetrol reconoció que el país tiene que aumentar su producción de 775 mil barriles diarios a un millón. Efectivamente, no tiene sentido reducir la producción en Colombia, mientras que en las vecindades, la Guyana pasó de 380 mil barriles en 2023 a 650 mil este año. Y rápidamente llegará al millón.

El mensaje a favor de las energías alternativas es muy positivo, pero las dinámicas no serán tan rápidas como se pensó inicialmente. Mientras tanto, hay tareas que no se están haciendo y que tienen repercusiones directas en el cambio de la matriz energética. La congestión vehicular aumenta sin que nadie se atreva a castigar el carro privado, la economía circular no se concreta, y las nuevas construcciones no son ambientalmente sostenibles.

La estructura de las exportaciones del país se reprimarizó y el 60% depende del petróleo y minerales. La propuesta de re-industrialización que ha hecho el gobierno es positiva, pero requiere tiempo.

La convergencia regional

Las brechas entre las regiones son significativas. El mal se ha reconocido desde hace mucho tiempo. A mediados de los setenta, de manera explícita, el gobierno de López insistía en la necesidad de cerrar las brechas. Con el paso de los años las diferencias continúan aumentando.

Este gobierno vuelve a llamar la atención sobre las profundas inequidades y reconoce la necesidad de modificar el Sistema General de Participaciones (SGP), de tal manera que se logre mayor autonomía regional. Ahora la prioridad debería ser la discusión de las conclusiones de la Misión de Descentralización, que acaba de entregar el informe final. 

Allí se proponen caminos que permitan distribuir mejor los recursos. El punto de partida es el reconocimiento de la heterogeneidad regional, ya que el actual SGP no acepta que las diferencias sean sustantivas.

Desde que se publicó el informe del Sistema de Ciudades, el Departamento Nacional de Planeación ha llamado la atención sobre la necesidad de reconocer las diferencias entre las regiones, asociándolas a las densidades, distancias y flujos (de carga y pasajeros). Los municipios del litoral Pacífico, la Amazonía y la Orinoquía no se pueden comparar con los de la zona Andina o Caribe. La geografía marca diferencias sustantivas. A los primeros se les tiene que transferir recursos porque tienen activos ambientales valiosos. No es apropiado compararlos en términos poblacionales.

El debate sobre la descentralización está ganando espacio. En este contexto, se debe tener claro que las ciudades grandes e intermedias tienen una amplia autonomía fiscal, gracias a la ley 388 de 1997. Los municipios pequeños sí necesitan un tratamiento especial por parte del gobierno central.

El caso de los departamentos es muy diferente al de los municipios. Su falta de recursos fiscales es evidente. Se les tiene que dar un mayor margen de maniobra porque sus potencialidades fiscales son muy limitadas. Los cambios en la descentralización tienen que enfocarse en los departamentos, más que en los municipios.

La estabilidad macro

Las finanzas públicas pasan por una situación difícil. En gran parte, ocasionada por los compromisos que se adquirieron durante los meses de la pandemia. Los más significativos son: el déficit del Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc), las obligaciones de pago de los créditos de corto plazo que se contrataron durante los meses del COVID, el desbalance ocasionado por la opción tarifaria y la compensación que debe hacer el gobierno para responder por el riesgo de demanda de las concesiones viales.

Estas obligaciones han reducido el margen de inversión y el panorama para el 2025 es preocupante. En el Presupuesto General de la Nación, entre 2024 y 2025 el servicio de la deuda pasará de $94,5 billones a $112,6 billones. El crecimiento de 19,1% es significativo. Al mismo tiempo, la inversión caerá en un 17,4%, de $99,9 b. a $82,4 b. Este contraste tan fuerte, entre un mayor servicio de la deuda, y una menor inversión tendrá un efecto negativo en el crecimiento, el empleo y, finalmente, en la estabilidad de las finanzas públicas.

La situación es insostenible. Ha llegado el momento para reflexionar, de manera cuidadosa, sobre la eficiencia del gasto y la conveniencia de flexibilizar la regla fiscal. La inversión se sigue dispersando en proyectos sin articulación y sin perspectiva regional. En cuanto al balance presupuestal, se debe indagar por la posibilidad de una regla fiscal verde. Las inversiones ambientales, debidamente certificadas, no se deberían incluir en el cálculo del déficit fiscal.

Jorge Iván González

Publicado en Razón Pública

Agosto 4, 2024

20 agosto, 2024 1 comentario

Actualidad

El diálogo en torno al plan de desarrollo

Por Jorge Ivan Gonzalez 15 agosto, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Las alternativas formuladas en el plan de desarrollo resultaron de un consenso y deberían ser la base para nuevos acuerdos.

Es incomprensible que las apuestas del plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, no se hayan convertido en los ejes de la discusión pública. Y lo más sorprendente es que esta desidia comience por el propio Gobierno. La agenda de estos días tiene muy poco que ver con el plan de desarrollo. Esta brecha entre las estrategias de medio plazo del plan y la miopía del debate coyuntural está llevando a decisiones erráticas. Es notoria la confusión y la pérdida de perspectiva.

El abandono de la brújula no tiene justificación. Primero, porque el plan de desarrollo fue el resultado de un proceso complejo que incluyó el programa de gobierno, los diálogos regionales vinculantes, los comentarios del Consejo Nacional de Planeación, las discusiones con los gremios, las propuestas de los ministros y el intenso trabajo del Congreso. Segundo, porque el Gobierno está en la mitad del camino y puede reorientar las prioridades. Tercero, porque el plan toca temas estructurales que claramente van más allá de un gobierno. Y, cuarto, porque las estrategias definidas en el plan son la base para un acuerdo nacional.

Las alternativas formuladas en el plan de desarrollo resultaron de un consenso, y deberían ser la base para nuevos acuerdos.

Ordenamiento del territorio alrededor del agua. Este es el principal problema estructural de la sociedad colombiana. Tiene que ver con el conflicto armado, la sostenibilidad ambiental, la no contaminación de los ríos, la revisión de la ley orgánica de ordenamiento territorial.

El derecho humano a la alimentación. Este capítulo del plan de desarrollo es la concreción de los compromisos de la Habana. Es la modernización del sector agropecuario, que tiene como principal instrumento el catastro multipropósito. Allí se consignan los mecanismos del plan de choque para recuperar el proceso de paz.

La transición energética y la reindustrialización. El Conpes sobre reindustrialización concreta las líneas fundamentales de la transición hacia una economía verde.

La convergencia regional. Las diferencias son inaceptables. Los cambios del Sistema General de Participaciones deberían: i) Reconocer la heterogeneidad de los municipios y departamentos. ii) Distribuir los recursos con criterios que vayan más allá de la población y tengan en cuenta la conservación de la riqueza ambiental. iii) Darle mayor autonomía financiera a los gobiernos locales.

El mejoramiento de la calidad de vida. El instrumento básico es el registro universal de ingresos que permitirá modificar de manera sustantiva toda la política de focalización y distribución de subsidios y permitirá hacer más eficientes los gastos en salud, educación y servicios sociales.

Estos ejercicios se tienen que articular en el presupuesto por programa, aprobado en el plan de desarrollo, y que permitirá diseñar proyectos estratégicos de impacto regional y nacional.

Si estas grandes líneas de acción ya están aprobadas en la ley del plan, valdría la pena retomarlas y ver cómo se van concretando en el acuerdo nacional. No se puede abandonar una ruta que ya está definida.

Jorge Iván González

Publicado en El Espectador, Bogotá

15 agosto, 2024 4 Comentarios

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Actualidad

La inflación y algunas de sus causas

Por Jorge Ivan Gonzalez 5 agosto, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Entre junio del 2023 y junio del 2024 la inflación bajó de 12,13% a 7,18%. El ritmo de caída se está haciendo más lento. Las causas de la inflación son heterogéneas. No hay un solo determinante.

1. La composición sectorial de la inflación

Durante el año (junio 2023-junio 2024) los precios que crecieron por encima del promedio (7,18 %) fueron: educación (11,21 %); restaurantes (9,57 %); alojamiento y servicios públicos (9,25 %); bebidas alcohólicas y tabaco (8,15 %) y transporte (8,10 %).

Si los precios de la educación aumentan por encima del promedio, no será posible cumplir con las metas de ampliación de cobertura, sobre todo en secundaria y terciaria. El incremento de las matrículas de los colegios privados agudiza las brechas entre ricos y pobres, ya que el acceso se restringe a quienes tienen capacidad de pago.

Desde que comenzó este gobierno se ha insistido en la importancia de reducir el costo de la educación, con el fin de ampliar la cobertura. En universitaria, técnica y tecnológica, el plan de desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, es ambicioso y propone la meta de 500 mil nuevos estudiantes. Para que este objetivo se pueda alcanzar se requiere la participación de las entidades públicas y privadas. Esta alianza es necesaria porque las públicas no son capaces de aumentar su oferta de manera significativa. No basta con construir nuevas sedes, ya que hay limitaciones estructurales, relacionadas con la contratación de profesores de calidad, el diseño de programas pertinentes, la suficiencia de estudiantes de cada región, etc.

Aunque el gasto público destinado a la educación ha ido creciendo, los costos han avanzado a un mayor ritmo. Esta tendencia, que también es internacional, obliga a que las familias destinen a la educación una mayor parte de su ingreso, reduciendo la disponibilidad para otros bienes valiosos, como la alimentación o el arriendo.

La segunda inflación más alta fue la de restaurantes. Las razones del aumento de los precios pueden estar relacionadas con el crecimiento de los precios de los insumos importados, de los arriendos, y de otros factores de producción.

La presión sobre los inmuebles continúa intensificándose, y ello se manifiesta en un aumento de los precios. En las grandes ciudades están subiendo los costos de la vivienda y del arriendo. También han aumentado las tarifas de los servicios públicos. Los incrementos han sido especialmente altos en energía en la costa caribe. Las dos empresas que prestan el servicio allí, Air-E y Afinia, han tenido que aumentar las tarifas porque, por un lado, las pérdidas, especialmente el robo de energía, son elevadas y, por el otro, porque están realizando las inversiones que nunca hizo Electricaribe. El gobierno no ha encontrado la fórmula para reducir tarifas. Se acaba de anunciar, con demasiado bombo, una modesta disminución del 4 %.

También han tenido una inflación superior al promedio, las bebidas alcohólicas, el tabaco y el transporte. Este último tiene un componente que es público. Sería ideal que el valor del pasaje sea subsidiado para los hogares más pobres.

2. Algunas causas de la inflación

La figura muestra que a lo largo del tiempo la inflación ha tenido comportamientos muy diferentes. Y podría argumentarse, además, que las causas cambian según las coyunturas. Al principio de la serie cuando la inflación fue muy baja, habría explicaciones asociadas a la revaluación del peso, como resultado de la bonanza de los hidrocarburos y de la minería. Además, las tasas de interés internacionales todavía eran bajas.

El posterior aumento de la inflación tiene explicaciones complejas relacionadas con los mayores costos que se presentaron durante los meses de pandemia. A nivel internacional, la cadena de suministros se rompió. En el aumento de los precios también tuvo que ver la devaluación del peso y su impacto negativo en el precio de los alimentos importados. El país está importando 12 millones de toneladas año, equivalentes al 30 % de los alimentos que se consumen cada año. Este volumen de importaciones tan elevado, lleva a que el precio esté muy determinado por la tasa de cambio. Adicionalmente, es inaceptable que el país esté importando alimentos porque tiene todas las potencialidades para producirlos. Esta dinámica se convierte, de facto, en un debilitamiento de la estructura agropecuaria del país.

Otro factor que también incide en la inflación es la política restrictiva del Banco de la República, que se tradujo en aumentos excesivos de la tasa de interés de referencia. El encarecimiento del crédito desestimula la inversión privada y conduce a un estancamiento de la economía.

Recientemente han ido ganando espacio los ejercicios analíticos que muestran una clara relación entre la inflación y el poder monopólico de grandes empresas como Google, Amazon, etc. La búsqueda de un mayor excedente termina afectando negativamente al consumidor por la vía de precios más elevados.

Para luchar contra la inflación y acelerar su ritmo de descenso, es importante actuar sobre determinantes estructurales como la poca producción de alimentos. Si mejora la productividad agropecuaria, se reducen los precios y, además, se avanza en la seguridad alimentaria. Hay otros factores sobre los que se podría actuar, y que tocan la matriz de costos de las empresas, como el mejoramiento de la logística de transporte.

Las miradas estructurales se han dejado de lado, y las autoridades monetarias le han dado demasiada relevancia al control de la inflación a través de los aumentos de la tasa de interés. ¡Esta vía es equivocada!

Jorge Iván González

Publicado en Revista SUR 15 julio, 2024

5 agosto, 2024 0 comentario

Actualidad

Las brechas de pobreza

Por Jorge Ivan Gonzalez 9 mayo, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

El Dane acaba de publicar los datos sobre la incidencia de la pobreza multidimensional en 2023.

Es una medida que incluye 15 variables incorporadas en 5 dimensiones: condiciones educativas, situación de la niñez y juventud, trabajo (informalidad y desempleo), acceso a la salud y características de la vivienda. No incluye ninguna medida de ingreso, y por esta razón no es un indicador de las fluctuaciones de las condiciones de vida en el corto plazo. Refleja, más bien, tendencias de tipo estructural.

La pobreza se está reduciendo de manera continua desde 2010, cuando era 29,7%, hasta 2023 cuando llegó a 12,1%. Durante estos años, el número de personas en condiciones de pobreza pasó de 12,9 a 6,3 millones. Entre 2022 y 2023 salieron de la pobreza 338.000 personas.

Con excepción de 2020, la tendencia descendente se ha mantenido. Por razones de la pandemia, entre 2019 y 2020, la incidencia de la pobreza subió de 17,5% a 18,1%. La principal causa de este aumento fue la inasistencia escolar, que pasó de 2,7% de los hogares a 16,4%. En 2021, una vez que se fue superando la pandemia, la inasistencia escolar se redujo a 5,5%. Y en 2023 bajó a 2,3%. Además de los indicadores relacionados con la educación, durante los meses de covid también se deterioraron las condiciones de trabajo. Aumentó la informalidad y el desempleo de larga duración.

La tendencia decreciente de la pobreza multidimensional muestra que en el país se ha ido construyendo una institucionalidad que ha contribuido al mejoramiento de las 15 variables que componen la pobreza multidimensional. Esta dinámica se ha mantenido en el mediano plazo (2010-2023), independientemente de que en estos años se hayan presentado importantes cambios en el ritmo de la economía y en la orientación política de los gobernantes. La pobreza disminuye independientemente de los ciclos, y este es un logro relevante de la política pública.

Pero frente a este hecho positivo que abre las puertas al optimismo, también se presentan dos brechas que son preocupantes. La urbano/rural y la regional. En 2023 la incidencia de la pobreza rural fue de 25,1%, y la urbana de 8,3%. Esta diferencia de 16,8 puntos es inaceptable. Las condiciones de vida en el campo son considerablemente inferiores a las de las ciudades.

Y las diferencias entre regiones es escandalosa. Mientras que en 2023 la pobreza en Bogotá fue de 3,6% en la región Caribe era de 20,1%, y en la Pacífica (sin el Valle del Cauca) 19,4%. El panorama se complica si se tiene presente que al interior de cada región son evidentes las desigualdades entre las áreas urbanas y las rurales.

Las divergencias entre regiones no son justificables. Más aún, es censurable que una sola persona viva en condiciones de pobreza. Pero mientras se logra el ideal lejano de pobreza cero, por lo menos se debería presentar convergencia alrededor de la región con menor pobreza. Así que la incidencia de la pobreza multidimensional debería estar alrededor de 3,5%-4%, que es nivel alcanzado por Bogotá.

Desde el punto de vista de la política pública, las dimensiones y las variables que se incluyen en la pobreza multidimensional, permiten dirigir las decisiones de los gobiernos hacia los sectores que requieren más atención para ir reduciendo las brechas. Es posible, entonces, hacer una asignación eficiente de la inversión pública de tal forma que se reduzcan las brechas.

Jorge Ivan González

Publicado en La República, Bogotá.

9 mayo, 2024 4 Comentarios

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Jorge Iván González – La Colombia que yo sueño.

Por Jorge Ivan Gonzalez 27 abril, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Durante nuestra reciente tertulia, nuestro compañero y amigo Jorge Iván González compartió con nosotros sus ideas sobre la Colombia que todos soñamos a la luz de sus experiencias dentro del gobierno actual de Colombia. Esta conferencia inolvidable la queremos compartir con nuestros lectores del blog.

Exjesuitas en tertulia- 18 de Abril, 2024

27 abril, 2024 0 comentario

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Kahneman

Por Jorge Ivan Gonzalez 11 abril, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Acaba de morir Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía en 2002. En su lectura sobre la “racionalidad limitada” muestra la importancia que tienen los juicios intuitivos en el proceso de elección.

Junto con Amos Tversky mostró la importancia que tiene la “heurística del juicio” en las decisiones individuales. Todas las personas nos movemos en Sistema I. Ello significa que la gran mayoría de nuestras decisiones las realizamos pensando rápido. La heurística nos lleva a tomar atajos.

Esta forma de actuar es constitutiva de la sicología humana. La reflexión pausada, el pensar despacio, es propia del Sistema II. Esta modalidad del pensamiento es menos usual que la del Sistema I. La sociedad ha creado espacios, como el monasterio y la universidad, que favorecen la reflexión en Sistema II. El desarrollo de la ciencia se mueve en Sistema II, y requiere un análisis sistemático y ordenado. Este quehacer pausado exige instituciones que favorezcan la reflexión.

Las versiones ingenuas de la economía, muy alimentadas por el libro de texto, suelen afirmar que el empresario o el consumidor actúan de manera racional, como homo economicus. Esta apreciación es falsa. Para los grandes economistas, el sentimiento y la pasión juegan un papel determinante en la decisión del individuo. La relación entre economía, biología y sicología, tiene una larga tradición. Autores como Smith, Bentham, Edgeworth, Marshall, Keynes, etc., ponen en primer lugar el sentimiento.

Kahneman recupera la preocupación de Marshall por la relación de la economía con la biología. De la misma manera que los seguidores de Mahoma se inclinan en dirección de la Mecca, dice Marshall, la economía debe mirar a la biología, y no tanto a las matemáticas que sirven para explicar procesos muy sencillos, pero no son útiles para entender las complejidades del comportamiento humano.

Animados por la necesidad de comprender la acción humana, a mediados de los años 40, Von Neumann y Morgenstern proponen la Teoría de Juegos como un método apropiado para sistematizar las relaciones entre las personas. También por esos años, el principal texto de Mises, ‘La Acción Humana’, pone en evidencia los límites intrínsecos de la razón. Y Hayek destaca el “orden sensorial”, mostrando la forma como los sentimientos inciden en la decisión racional. La ciencia, dice, se construye a partir de los prejuicios de los individuos. El estudio de los límites de la razón es la obra magistral de Simon, otro premio Nobel de Economía.

Kahneman explicita los aportes de Popper y Taleb. El conocimiento, en cualquier disciplina, no puede ser ingenuo. Las afirmaciones con pretensión de universalidad no son aceptables. El futuro es incierto, y las apreciaciones subjetivas – limitadas, sesgadas y parciales – son inevitables en toda elección. Puesto que hay limitaciones intrínsecas en el proceso de conocer, la sociedad tiene que consolidar instituciones que permitan superar la miopía de los sujetos, y creen las condiciones necesarias para pensar despacio. Kahneman muestra que las dinámicas económicas están marcadas por las concepciones subjetivas de los sujetos.

La teoría económica estándar le sigue temiendo a la biología y a la sicología, porque estas disciplinas obligan a explicitar el desequilibrio y la incertidumbre. Se niega a reconocer, con humildad, que frente al comportamiento futuro de los individuos, sencillamente, no sabemos!

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá

11 abril, 2024 2 Comentarios

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Facticidad y validez

Por Jorge Ivan Gonzalez 27 febrero, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

La tensión entre facticidad y validez ha sido analizada por Habermas. Se presenta en todas las sociedades democráticas.

El discurso del programa de gobierno del presidente Petro es intrínsecamente válido. Se trata de un mensaje novedoso en el que se hacen explícitas dimensiones estructurales tan relevantes como la recuperación de los activos ambientales, la transición energética, la modernización del sector agropecuario, la búsqueda de la seguridad humana y la convergencia social y regional.

En la lógica habermaniana el discurso es un elemento constitutivo de la acción comunicativa, que permite ir diseñando nuevos tipos de sociedad. Por su misma naturaleza, el discurso es transformador. Y este es el gran mérito de la lógica argumentativa del presidente. La fuerza de estos mensajes se expresó en las urnas.

Todos los discursos, dice Aristóteles, son retóricos. Y ello no les resta valor. Este tipo de formulación permite construir silogismos incompletos, los entimemas, que movilizan y generan pasión. Estimulan los sentimientos y son instrumentos poderosos de la persuasión. La retórica es un componente sustantivo del quehacer político.

Pero más allá de la validez intrínseca del discurso, la puesta en acción de las ideas requiere de la facticidad. El Plan de Desarrollo es una apuesta por la concreción del ideal discursivo. Es la formulación de programas de inversión específicos, que puedan ser financiables. El plan plurianual de inversión se queda cortísimo frente a los ideales del discurso. Es inevitable que así sea. Entre la validez del discurso y la facticidad de la planeación hay una brecha insoluble, que es profundamente dolorosa. Es la angustia, que en mayor o menor medida, sienten todos los gobernantes. Las limitaciones intrínsecas alimentan desesperanzas y generan frustraciones. Los electores sienten que las promesas no se cumplen y que las realizaciones no llenan sus expectativas.

Es el drama que resulta de las numerosas limitaciones institucionales, sociales, económicas, jurídicas y políticas. En lugar de aceptar los hechos fácticos como una realidad sobre la que es necesario actuar, el gobernante cae en la tentación de negarlos.

No obstante los alcances limitados de cualquier plan de desarrollo, en ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’, se proponen cambios estructurales profundos, comenzando por el ordenamiento del territorio y la consolidación del catastro multipropósito. Después de medio siglo de guerra con las Farc, en La Habana se llegó a la conclusión que en el país se necesita una reforma rural integral. Este tipo de mecanismo apenas es un paso para lograr los ambiciosos ideales planteados en el programa de gobierno. Los sueños comienzan a ser posibles con cambios que en otros países se podrían calificar como reformistas, pero que en Colombia son revolucionarios. Si el territorio se ordena se avanza hacia la paz, se mejora la productividad de las empresas, se moderniza el sector agropecuario, se disminuye la divergencia regional.

Durante estos meses, la inevitable tensión entre facticidad y validez no se pudo resolver. El conflicto se volvió insalvable. La absolutización de la bondad del discurso llevó a desconocer la complejidad de su realización práctica. Quizás allí radique el motivo último que hizo inviable mi continuidad en la dirección del Departamento Nacional de Planeación.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá.

27 febrero, 2024 7 Comentarios

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Obras por impuestos

Por Jorge Ivan Gonzalez 15 febrero, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

Las obras por impuestos no son un incentivo tributario, sino una modalidad de pago del impuesto. Se trata, entonces, de recursos públicos que son ejecutados por las empresas.

Hasta el momento, el balance de este mecanismo ha sido positivo. Tanto los empresarios como el gobierno han considerado que el instrumento ha cumplido con sus propósitos.

Desde la perspectiva de los empresarios, el mecanismo ha sido exitoso porque contribuye a mejorar su imagen institucional y les permite crear un ambiente amable con las comunidades. Aunque para la empresa sea más sencillo hacer un giro y consignarle los impuestos a la DIAN1, prefiere hacer la obra a pesar de los costos que ello implica. Esta decisión se toma porque la empresa valora otras dimensiones, de naturaleza reputacional, que van más allá de los aspectos puramente financieros.

Y por el lado del gobierno, las obras por impuestos han sido favorables porque la capacidad de gestión de las empresas es considerablemente mayor que la del Estado y las inversiones realizadas han sido oportunas y de calidad. La empresa se encarga de todo el proceso de la inversión, desde el diseño hasta su ejecución final. Las etapas de contratación en el sector público son engorrosas y toman más tiempo. Además, es positivo que el gobierno (local o nacional) sea el que decide el tipo de obra y sus características.

Entre 2018 y 2024, el monto de los recursos destinados a las obras por impuestos pasaría de $219.000 millones de pesos a $1 billón. El CONFIS2 acaba de aprobar este último cupo. Y si se ejecuta el presupuesto, el monto total a lo largo del período ascendería a $3,1 billones. La ampliación de estos cupos es una expresión de la bondad del mecanismo. Hasta ahora se han aprobado 297 proyectos en los que han participados 160 empresas y 238 municipios. La mayoría de los proyectos han sido en educación (156), le sigue transporte (75), vivienda (32) y energía (23).

Las bondades del mecanismo son indiscutibles desde la perspectiva micro, así que cuando se examina cada uno de los proyectos el balance es positivo. Pero desde la óptica macro vale la pena hacer consideraciones de tipo estratégico, que ponen en evidencia limitaciones de las obras por impuestos. Desde esta mirada global, el mecanismo se puede mejorar.

Primero, la jerarquización de los proyectos se debe realizar en función de programas estratégicos. Sería ideal que cada una de las inversiones se pudiera inscribir en líneas de acción con una perspectiva regional de mediano y largo plazo.

Segundo, el mecanismo se debe ampliar a cualquier tipo de municipio. La normatividad actual obliga a que los proyectos se realicen en los 344 municipios Zomac (Zonas más Afectadas por el Conflicto Armado), que incluyen 170 municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial). Para que los proyectos de inversión sean estratégicos y de carácter regional, no se deberían restringir a los municipios Zomac, porque su dispersión reduce las posibilidades de articulación estratégica.

Tercero, se debe buscar una mayor diversificación, tanto desde la perspectiva de las empresas, como de los sectores. Sería conveniente que aumentaran los proyectos relacionados con el ambiente, las TIC, o la salud. También es conveniente que participe un mayor número de empresas.

Cuarto, en las evaluaciones futuras del instrumento se le debería dar mayor énfasis al impacto estratégico que a los análisis micro.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá

15 febrero, 2024 0 comentario

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El fin de la estratificación

Por Jorge Ivan Gonzalez 6 enero, 2024

Escrito por Jorge Ivan Gonzalez

El Departamento Nacional de Planeación (DNP) ha ido avanzando hacia la consolidación del registro universal de ingreso, que fue aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo (PND).

Cuando se haya logrado esta meta, ya no será necesario focalizar subsidios a través de la estratificación. Tampoco tendrá sentido continuar con encuestas que ahora se utilizan para la focalización, como las del Sisben, o Familias en Acción.

La estratificación tiene dos limitaciones estructurales. La primera tiene que ver con el espacio analítico. El estrato se refiere a la vivienda, e informa de manera muy imperfecta sobre las condiciones socioeconómicas del hogar. Entre la vivienda y el hogar existe una brecha conceptual insalvable. La segunda limitación tiene que ver con el costo político de subir el estrato. Ningún grupo de vecinos permite que se le cambie el estrato porque ello se reflejaría en menores subsidios.

El campo analítico del estrato es la vivienda, y el de la capacidad de pago es el hogar. Esta diferencia esencial no se puede modificar. La metodología de la estratificación gira alrededor de la vivienda, bien sea considerada desde la perspectiva de la manzana, o del predio. El estrato no puede dar cuenta de la capacidad de pago del hogar. La características de la vivienda y las condiciones socioeconómicas del hogar responden a espacios analíticos específicos. No es pertinente evaluar el ingreso del hogar a partir de la vivienda. Esta imposibilidad es insuperable, ya que se trata de una diferencia sustantiva.

La aproximación a través del predio, y no de la manzana, fue un ejercicio realizado por la Secretaría Distrital de Planeación, mediante la estimación del Valor Unitario Integral (VUI). A pesar de los avances que se lograron al relacionar el estrato con el predio, no se superaron las limitaciones intrínsecas, que impiden captar las condiciones socioeconómicas de los hogares.

La segunda limitación del estrato es de naturaleza política. Nadie se deja subir el estrato. Los vecinos se ponen de acuerdo y no admiten que se suba el estrato porque ello se refleja en menor subsidio o en una tarifa más alta. Esta inmovilidad del estrato ha llevado a que en Bogotá, por ejemplo, 69% de hogares está concentrado en los estratos 2 y 3. En otras palabras, el estrato perdió su capacidad de discriminar y ya no permite diferenciar.

Puesto que la brecha entre la vivienda y el hogar es insuperable, la atención se debe ir centrando en la capacidad de pago del hogar. El punto de llegada se definió en el PND, que formaliza el registro universal de ingresos (RUI).

El paso intermedio entre el estrato y el RUI es el Registro Social de Hogares (RSH), que ya se está utilizando como un complemento al Sisben en el proceso de selección de beneficiarios. Actualmente, el RSH cuenta con 55 millones de registros. A medida que la información administrativa se vaya consolidando y si el pago electrónico avanza, será posible conocer el ingreso de las personas de menores recursos. Poco a poco se han ido integrando los registros administrativos que existen en el país.

Además, en el PND se estimula al Banco de la República para que avance en la formalización de los pagos electrónicos. Ello permitirá mejorar la información sobre las transacciones de todos los ciudadanos y se irá consolidando el RUI. En tales circunstancias, ya no será necesario el estrato.

Jorge Iván González

Publicado en La República, Bogotá

6 enero, 2024 2 Comentarios

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