Elegir gobernantes es también elegir el tipo de sociedad que queremos ser.
En tiempos de campaña electoral, cuando el ruido de las consignas y la ansiedad por el poder ocupan el espacio público, conviene recordar una distinción fundamental: la política y la guerra no son lo mismo. Confundirlas no es un simple error retórico; es una desviación peligrosa que erosiona las bases mismas de la vida democrática.
La política, en su sentido más noble, es el arte de tramitar los conflictos sin destruir al adversario. Supone reconocer que la sociedad está hecha de diferencias legítimas y que gobernar implica construir acuerdos, establecer reglas y garantizar que esas diferencias puedan coexistir. La guerra, en cambio, parte de una lógica radicalmente opuesta: no busca tramitar el conflicto sino aniquilarlo, eliminar al otro, reducirlo al silencio o a la inexistencia.
Cuando una campaña presidencial adopta el lenguaje de la guerra –cuando convierte al contradictor en enemigo, cuando exalta el miedo, cuando insinúa que el país está al borde del abismo si “el otro” gana–, no está haciendo política: está sembrando una cultura de violencia. Y esa siembra tiene consecuencias profundas. No solo polariza a los ciudadanos, sino que los educa en la idea de que el desacuerdo es intolerable, de que la diferencia es una amenaza y de que la agresión es un recurso legítimo.
Una sociedad educada en ese clima pierde su capacidad de deliberar. Los argumentos son reemplazados por insultos, la evidencia por sospechas y la convivencia por la hostilidad permanente. Lo más grave es que esta pedagogía de la violencia no se queda en el discurso electoral: se filtra en las escuelas, en las familias, en las redes sociales, en la vida cotidiana. Se convierte en un modo de estar en el mundo.
Por eso, el deber de los ciudadanos no puede ser la indiferencia. La democracia no se agota en el acto de votar; exige una vigilancia crítica sobre la manera como se construye el poder. Rebelarse, en este contexto, no significa acudir a la violencia –sería caer en la misma trampa–, sino ejercer una resistencia ética y cívica frente a quienes degradan el lenguaje político. Esa rebelión se expresa en múltiples formas: exigir debates de ideas y no de descalificaciones, rechazar la difusión de mensajes que incitan al odio, cuestionar a los candidatos que apelan al miedo como estrategia y, sobre todo, negarse a replicar en la vida diaria las lógicas de confrontación que se promueven desde arriba.
Elegir gobernantes es también elegir el tipo de sociedad que queremos ser. Si aceptamos campañas que se comportan como guerras, terminaremos viviendo en un país donde la guerra –real o simbólica– será la norma. En cambio, si defendemos la política como espacio de encuentro y de construcción colectiva, estaremos apostando por una forma de educación social basada en el respeto, la argumentación y la dignidad.
En última instancia, la calidad de la democracia depende menos de quienes aspiran al poder que de la conciencia de los ciudadanos. Son ellos quienes deben trazar la línea que separa la política de la guerra, y quienes tienen la responsabilidad de no permitir que esa línea sea borrada en nombre de ambiciones personales, venganzas guardadas por generaciones, creencias o ideologías que invocan confrontaciones y exclusiones que riñen con cualquier consideración racional. El ciudadano tiene el enorme poder de negar su voto a quienes amenazan el derecho a vivir juntos y en paz.
Venimos de una historia violenta y ella no ha logrado resolver la pobreza, no ha conseguido amainar la corrupción que en estos cuatro años –cuando tantos creímos en un cambio de costumbres– multiplicó su incidencia en los más altos niveles del poder y, por supuesto, no ha conseguido ofrecer a las nuevas generaciones la dosis de esperanza que se requiere para avanzar en la construcción de una sociedad donde la prosperidad y la equidad puedan andar juntas.
Publicado en EL TIEMPO, Bogotá, Colombia