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Jorge Ivan González

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Los marcos fiscales de mediano plazo son profundamente frágiles, y sus hombros no pueden soportar el enorme peso que se les ha puesto encima. Se les exige que sean la guía de decisiones de política pública con enormes consecuencias en las condiciones de vida de las personas, y en el desarrollo de la economía.

La debilidad de los marcos fiscales tiene dos causas. Una es el desconocimiento de la incertidumbre; la otra la obsesión por las reglas.

A los seres humanos nos queda difícil aceptar que frente al futuro no sabemos. Y para compensar el desconcierto individual se les pide a los gobernantes que prefiguren el mañana. Esta tarea, que tranquiliza la conciencia, la cumple el Ministerio de Hacienda con los marcos fiscales. Sus proyecciones tienen una función tranquilizadora, similar a la de los sacerdotes cuando le anunciaban a su comunidad los mensajes del oráculo. La sociedad pide que alguien informe sobre lo que pasará en el futuro. Los ministros de Hacienda comunican con solemnidad lo que sucederá desde hoy hasta el 2037. Y sobre estos imaginarios se diseñan las sendas de convergencia y los ajustes al déficit.

Es interesante constatar la confianza que se sigue teniendo en las proyecciones a pesar de que nunca aciertan. Y es lógico que se equivoquen porque el mundo es incierto y las interacciones multicausales llevan a que Trump no tenga la más mínima idea de cuándo terminará la guerra en Irán.

Estos días se han presentado dos errores de predicción que deberían llevar a reflexionar sobre la necesidad de cambiar de manera sustantiva la metodología de elaboración de los marcos fiscales. Me refiero a las estimaciones sobre el valor del dólar y el precio del petróleo.

En el Marco Fiscal de 2025, hace apenas un año, se estimó para el 2026 un dólar a $4.408. Hoy está a $3.176. El error de predicción fue de 30 %. Se afirmó, además, que en 2026 el precio del barril de petróleo sería de US$62,3. Hoy está alrededor de US$85. El error de predicción es 36,4 %. Estas dos variables son importantes porque tienen un impacto directo en la balanza comercial, en los ingresos del Estado, en el volumen de la deuda. Claramente, el Marco Fiscal de 2025 no se está cumpliendo. Tampoco se acertará en las previsiones del Marco Fiscal de 2026.

Y los errores tienen una explicación muy simple: no se pueden construir funciones de probabilidad porque los eventos son únicos. Petro es irrepetible, lo mismo que Trump, Putin y Netanyahu. Y la combinación de las acciones de todos ellos resulta en hechos absolutamente inimaginables.

Y la segunda razón de la debilidad de los marcos fiscales, es la obsesión por las reglas, especialmente por la regla fiscal, que se anida en la fragilidad sustantiva de proyecciones que nunca se cumplirán.

En lugar de las reglas se debería volver al análisis discrecional. No se puede afirmar que el manejo discrecional sea irresponsable. Su tarea es examinar las proyecciones con un escepticismo razonable. Cualquiera que sea el marco fiscal, apenas es uno de los relatos posibles sobre el futuro. 

El propósito del marco fiscal no debería ser el de imponer una ruta de acción, sino el de ilustrar, de manera ordenada, una conversación que ayudará a tomar decisiones razonables, dado un conjunto de información que siempre será limitado. Los marcos fiscales son frágiles, como lo es cualquier relato que imagina el mundo futuro.

Publicado en el diario LA REPUBLICA, Colombia

Agosto, 2026

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Con toda razón Abelardo de la Espriella ha insistido en la importancia de la descentralización, pero su enfoque se ha centrado en las ciudades, dejando de lado a los territorios.

La preocupación por la descentralización no se puede reducir a las tres grandes ciudades, Medellín, Barranquilla y Cali. Estas urbes tienen dinámicas endógenas favorables que les han permitido reducir las diferencias con Bogotá. La atención del gobierno no debería concentrarse allí, ni siquiera en las ciudades intermedias.

La descentralización y la búsqueda de convergencia tiene que ir más allá de las ciudades y observar a los territorios. La falta de acercamiento entre regiones obliga a tener una perspectiva más amplia que la urbana. En 2025 la incidencia de la pobreza multidimensional en Vichada fue de 55,2 %, y en Bogotá de 2,2 %. El terremoto puso en evidencia, otra vez más, la diferencia en la capacidad de respuesta de los municipios de Chocó, frente a ciudades como Pereira, Manizales y Cali.

Para que la descentralización favorezca la convergencia regional, las ciudades se deben entender desde la óptica de sus territorios. Los males del litoral Pacífico o de la Mojana no dependen de la atención a las ciudades, sino de la mirada integral al territorio.

Puesto que este gobierno le está dando prelación a la descentralización, debe retomar la perspectiva regional que inspira el Acto Legislativo 03 de 2024. Allí se propone cerrar tres brechas: económica, sectorial y territorial. Aunque el significado de cada categoría es borroso y no se precisa en la norma, la intencionalidad es clara, ya que las enormes diferencias entre, por ejemplo, Quibdó y Medellín, son injustificables. Máxime cuando la riqueza ambiental del litoral Pacífico es única.

La verdadera descentralización tiene que estar basada en proyectos que rompan las fronteras administrativas que hoy existen. La atención a la Mojana tiene que superar los límites artificiales de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia. La mirada integral no es nueva. Es clarísima en los estudios de Orlando Fals. Su Historia Doble de la Costa es una invitación a mirar la geografía desde su integralidad.

La descentralización anclada en las grandes ciudades tiene el peligro de ampliar las brechas entre ellas y sus territorios. Al interior de cada departamento se observan asimetrías notables entre la capital y los municipios de su región.

El gobierno Petro no le dio importancia a la ley de competencias derivada del Acto Legislativo 03. Dejó pasar un año y solamente al final de 2025 presentó el proyecto al Congreso. Ya era demasiado tarde.

El nuevo gobierno cometería un grave error si deja avanzar el tiempo y no presenta un proyecto de ley en el que la descentralización le dé relevancia al ordenamiento del territorio. Para ello es indispensable aceptar la heterogeneidad entre regiones. Sobre todo, en los asuntos relacionados con la riqueza ambiental. En lugar de continuar mirando al litoral Pacífico y a la Amazonía como regiones “pobres”, debería reconocerse que son las más ricas del país y que son fundamentales para mantener la vida en el planeta Tierra.

La verdadera descentralización se alcanzará cuando las zonas Andina y Caribe acepten que su sostenibilidad depende de los activos ambientales de la Amazonía y el Pacífico. Para que estas regiones tengan autonomía se requiere que las ciudades que consumen el agua le transfieran recursos a los territorios que generan el agua.

Publicado en el diario LA REPÚBLICA, Colombia

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Más allá de las dificultades administrativas y de los enredos legales es importante reflexionar sobre las razones de fondo que impidieron la consolidación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad. 

Habría tres explicaciones: primera, no se respondió la pregunta «¿igualdad de qué?»; segunda, la presión de los diversos movimientos woke y, tercera, la pretensión de transversalidad.

Primero. ¿Igualdad de qué? Nunca se precisó el significado conceptual de la igualdad ni las implicaciones operativas de la definición. A esta pregunta, Amartya Sen respondió: «de las capacidades básicas». Pero, obviamente, esta noción tiene que concretarse en un mecanismo institucional. Desde el proyecto de ley no se precisa el tipo de igualdad que se busca. En el artículo 2 se mencionan las «desigualdades económicas, políticas y sociales».

Además, se pone en evidencia la igualdad en el disfrute de los derechos. La llamada «igualdad democrática», predicada por Elizabeth Anderson, también cabe en los propósitos ambiguos que tuvo el proyecto de ministerio.

Estas aproximaciones cubren todas las formas de desigualdad imaginables. El propósito del ministerio siempre fue tan amplio que ningún mecanismo institucional podía responder de manera adecuada.

Segundo. La presión woke. Tiene razón Susan Neiman cuando afirma que la izquierda no es woke. Los diversos grupos que buscan un reconocimiento de su «identidad» encontraron en el ministerio el espacio adecuado para expresar sus reivindicaciones y, de alguna forma, aspiraron a tener su propio viceministerio. En la primera versión se propusieron cinco: a) mujeres; b) juventud; c) pueblos étnicos y campesinos; d) poblaciones y territorios excluidos y superación de la pobreza y, e) diversidades. Además de la dificultad de precisar el objeto de cada uno, los traslapes entre ellos son evidentes.

El principio de igualdad va acompañado del reconocimiento de las diferencias entre poblaciones. Su listado tiene que limitarse porque el número de categorías es excesivamente amplio.

Además, los cruces son inevitables. Piense, por ejemplo, en una mujer afro que es campesina y está en condiciones de vulnerabilidad. Allí convergen, por lo menos, cuatro categorías: una, referida a la ocupación (campesina); otra, relacionada con la condición étnica (afro); otra, referida al género (mujer), y otra, asociada al nivel de ingreso (vulnerabilidad). Esta multiplicidad de condiciones obligaría a precisar mecanismos de atención diferentes y, en la práctica, el resultado es caótico.

Nunca fue clara la unidad de análisis. Para determinar la pobreza, el Dane tiene claro que es el hogar, pero otros programas sociales centran la atención en la familia. Entre las dos dimensiones hay asimetrías complejas. Además de estas dificultades, el ministerio tenía que ver con poblaciones que no se atienden ni desde el hogar ni desde la familia.

Y, tercero, la pretensión de la transversalidad. Dados unos propósitos tan heterogéneos y sin jerarquías claras, el ministerio pretendía hacer múltiples tareas que interferían con las de otros ministerios y, claramente, con las del Departamento para la Prosperidad Social (DPS).

Desde el nuevo ministerio se querían hacer vías terciarias, construir vivienda, mejorar acueductos, repartir subsidios y atender habitantes de calle. Los conflictos entre ministerios eran evidentes. Quizás el enredo habría sido un poco menor si se hubiera aceptado la idea inicial de subsumir el DPS en el ministerio.

Jorge Iván González

Publicado en el diario LA REPUBLICA, Colombia

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Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentan a los mismos retos. La forma de resolverlos es muy diferente. Desgraciadamente, durante este proceso electoral ha faltado debate programático y los candidatos no han sido suficientemente explícitos sobre los mecanismos que utilizarán para responder a los problemas estructurales del país.

Los aspectos cruciales son: (i) Crecimiento con industrialización e inclusión, (ii) Transición energética, (iii) Paz y ordenamiento del territorio, (iv) Situación fiscal, (v) Descentralización y autonomía regional y (vi) Política social.

(i) Crecimiento con industrialización e inclusión. Todos los diagnósticos coinciden en que el crecimiento de la economía colombiana sigue marcado por una clara dependencia del extractivismo. Este reconocimiento es explícito en el plan de desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida¹, y en el Conpes sobre reindustrialización². Desde que comenzó, la administración Petro tenía clara la importancia de avanzar hacia una economía verde. Pero, desgraciadamente, el gobierno nunca le prestó atención a los instrumentos propuestos en el Plan de Desarrollo, ni a las estrategias formuladas en el Conpes.

La industrialización tiene dos componentes. La participación del Estado, y el respeto por la iniciativa privada.

Desde el primer momento el presidente puso el énfasis en los aportes de Mazzucato³ y, en este sentido, el gobierno reconoció la importancia de la articulación entre el sector privado y el público. Desde esta perspectiva, el Estado debe crear las condiciones propicias para el desarrollo de la actividad privada.

Y en cuanto al respeto por iniciativa privada, el presidente ha tomado una posición ambigua. Por un lado, ha generado tensiones innecesarias con los empresarios y los gremios. Pero, por otra parte, reconoce que la legislación colombiana impide que el gobierno nacionalice firmas privadas, así que no es posible que en el país suceda algo similar a lo que pasó en Venezuela.

Se equivoca Abelardo de la Espriella cuando acusa de Petro y a Cepeda de comunistas. Ninguno de los dos ha propuesto la propiedad colectiva de los medios de producción. Nunca han negado la relevancia del sector privado en el quehacer de la economía.

En su relación con el sector privado, aunque la diferencia entre Cepeda y De la Espriella no es significativa, los empresarios confían más en De la Espriella. Cepeda nunca ha dicho que combatirá al sector privado, ni que estatizará la economía, pero se le acusa de comunista, como si estuviéramos en la época de la guerra fría.

La diferencia entre los dos candidatos sí es evidente en su manera de concebir la inclusión. La lucha contra la desigualdad es central en el discurso de Cepeda, como lo ha sido en el de Petro. Pero Cepeda no ha propuesto instrumentos claros para combatir la desigualdad. Este es un problema estructural muy complejo, que no pudo resolver este gobierno. A pesar de la tributaria progresiva de Ocampo, el Gini no se mueve. Entre el 2023 y el 2024 pasó de 0,553 a 0,551. Junto a la mala distribución de los ingresos se debe tener presente la creciente desigualdad de la riqueza. En el sector agropecuario la concentración es significativa, con un Gini cercano a 0,9.

(ii) Transición energética. En el plan de desarrollo se reconoce que la transición energética es progresiva. Es inevitable aceptar la paradoja de que la transición es más rápida si la producción de petróleo aumenta. Si se quiere acelerar la transición energética, la producción de petróleo debe pasar de 750.000 barriles día a un millón. Aceptando esta lógica, ni en el Conpes de reindustrialización, ni en el plan de desarrollo, se propone la no exploración. Este discurso del presidente ha sido perjudicial y le ha hecho un grave daño a las finanzas de Ecopetrol.

Se equivoca Cepeda al hacerle eco a Petro. Desconoce que la transición toma tiempo y que la dependencia del carbón y de los hidrocarburos no se puede eliminar en el corto plazo. La transición toca aspectos tan estructurales que no puede modificarse de forma inmediata. De la Espriella se va al otro extremo al no reconocer la importancia de la economía verde y en absolutizar la importancia del negocio petrolero.

(iii) La paz total ha fracasado. En el plan de desarrollo se muestra que la violencia está íntimamente ligada al ordenamiento del territorio. El desorden en su manejo es un factor determinante de la violencia. La expansión de los grupos armados muestra, de manera contundente, que el Estado no controla todo el territorio nacional. Durante este gobierno no se ofrecieron alternativas de desarrollo que permitieran ir modificando las economías ilegales.

A duras penas se pueden lograr acuerdos de paz parciales, reducidos a una región. Además, no existe ninguna garantía de que estos procesos se mantengan en el tiempo.

Frente a la coca, hay tres posibilidades. Una es la aspersión con glifosato. La otra es la sustitución de cultivos finca a finca. Estos dos enfoques no han dado los resultados esperados. La producción de coca continúa y el conflicto se ha agudizado. La tercera alternativa es el desarrollo de proyectos agroindustriales exitosos que generen suficientes incentivos económicos para que los campesinos abandonen la producción de coca y la minería ilegal.

Se han dado pasos importantes en la consolidación del catastro multipropósito, que es una condición básica para la reforma rural integral y el ordenamiento del territorio.

Cepeda no ha sido crítico de la paz total. Y De la Espriella se equivoca pensando que resolverá el problema con el ejército. La fuerza no es la solución.

(iv) La situación fiscal es grave. Frente a las dificultades fiscales, ninguno de los dos candidatos ha sido claro. De la Espriella ha insistido en una disminución drástica del gasto público. En las condiciones actuales esta alternativa no es posible. Cepeda no ha propuesto mecanismos creíbles. Tampoco se ha pronunciado sobre el aumento sustantivo de la deuda pública.

Para resolver la crisis fiscal es necesario explorar dos caminos. El primero es la realización de una reforma tributaria territorial, que involucre a la Nación, los departamentos y los municipios. Y el otro es mejorar la eficiencia del gasto. Ninguna de estas dos vías ha sido considerada por los candidatos.

(v) Descentralización y autonomía regional. En el proyecto de ley de competencias presentado por el gobierno se desperdició la oportunidad de repensar la descentralización y la autonomía de las regiones. Se terminó dándole prioridad a lo sectorial sobre la geografía. Los sectores de educación, salud y agua/saneamiento se trenzaron en una discusión sobre los porcentajes. El proyecto desconoce la geografía y los temas territoriales. Vuelve a cometer el error de poner todo el énfasis en los aspectos sectoriales. En el pasado las brechas no se han cerrado porque la geografía se ha dejado de lado. Y, de nuevo, se pretende cerrar las brechas sin considerar de manera explícita la geografía.

Ninguno de los dos candidatos ha presentado un análisis sistemático de la ley de competencias. No son claras sus posiciones.

(vi) Política social. En educación y salud el gobierno ha dado bandazos y el resultado es agridulce. En el campo de la educación se avanzó en gratuidad, pero se descuidó la calidad. Se mejoró el presupuesto de las universidades públicas, pero no se ha cuestionado su ineficiencia. En salud los resultados han sido negativos. En pensiones se avanzó bien, y la reforma laboral mejoró las condiciones de los trabajadores.

De la Espriella ha sido muy crítico de la situación de la salud, pero su propuesta de reforma no es clara, comenzando porque no ha precisado la fuente de los recursos, ni el ordenamiento institucional que podría ser más adecuado. Cepeda ha permanecido en silencio.

Sin explicación alguna, el gobierno avanza muy lentamente en la implementación del registro universal de ingresos(RUI), que permitiría organizar los subsidios y mejorar la focalización.

_______________________

¹ República de Colombia. (2023). Ley 2294. Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Bogotá: Congreso de la República.

² Departamento Nacional de Planeación, DNP. (2023). Política Nacional de Reindustrialización, Documento Conpes, no. 4129. Bogotá: DNP.

³ Mazzucato, Mariana. (2011). El Estado Emprendedor. Barcelona: RBA Libros, 2014.

⁴ Gobierno Nacional. (2025). Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de competencias y recursos del Sistema General de Participaciones, de conformidad con los artículos 151, 356 y 357 de la Constitución Política, con el fin de fortalecer la autonomía territorial, la descentralización y el cierre de brechas y se dictan otras disposiciones. Tercera versión. Bogotá: Gobierno Nacional.

Jorge Iván González

Junio, 2026

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La funcionalidad de los bancos centrales se ha ido modificando a lo largo del tiempo. Las funciones principales son dos. Por un lado, cumplen la tarea de ser prestamistas de última instancia y, por el otro, garantizan la confianza en el dinero. Los bancos centrales hacen parte integral de un orden institucional que le da credibilidad al papel moneda.

Uno de los autores que más destacó la importancia de la institución monetaria fue Hicks. En Las dos tríadas decía: “… el dinero no es un mecanismo; es una institución humana y, por cierto, una de las más sobresalientes. Incluso las formas más simples del dinero –hasta la acuñación de metales– necesitan para funcionar una cierta confianza mutua”¹.

Actualmente, cada moneda nacional está respaldada por su respectivo gobierno y por el banco central. El poder económico, militar y político de un Estado es determinante en la aceptación que tenga su moneda en el ámbito internacional. Se podría afirmar que el dólar es reconocido como medio de cambio en el mundo entero porque Estados Unidos tiene la capacidad de lanzar bombas donde considere necesario. El euro o el yuan, cuentan con el respaldo de Europa y China. Estas monedas pueden competir en el mercado internacional de divisas porque están respaldadas por estados fuertes.

La relación entre la aceptación de la moneda y el poder del país se hizo más evidente a partir de 1971, cuando Nixon declaró que el dólar ya no estaría respaldado por el oro de la Reserva Federal. A partir de entonces el soporte del dólar dejó de ser el oro, trasladándose a los gobiernos respectivos.

En contraste con las monedas fuertes, el peso colombiano apenas cumple su función de medio de pago dentro del país. No tiene ninguna aceptación en el panorama internacional. Por fuera de Colombia, el peso no le interesa a nadie.

Siempre ha existido polémica sobre la conveniencia de una banca central. Hayek, por ejemplo, nunca estuvo de acuerdo con la existencia de bancos centrales². Consideró que los bancos privados, que emiten monedas propias, estimulan la competencia y mejoran la eficiencia. La moneda nacional de curso forzoso apoyada por un banco central genera condiciones monopólicas que no son eficientes.

Las opiniones de Hayek se tropezaron con realidades complejas como la quiebra de bancos privados. En Colombia fue famosa la historia de banco de Pedro A. López en 1923, que no pudo responder cuando se presentó una corrida masiva. Este tipo de complicación se evita con un banco central que tenga el privilegio de emisión de una moneda de curso forzoso. El Banco de la República se creó ese mismo año.

John Maynard Keynes propuso en las reuniones de Bretton Woods de 1944, al final de la segunda guerra, que se creara una especie de banco mundial y una moneda que fuera aceptada por todos los países. La Unión Internacional de Compensación, pensaba Keynes, podría actuar como un banco central de todos los bancos centrales. Y la unidad monetaria compatible con esta organización sería del bancor. Esta moneda de aceptación universal no fue concebida como un papel físico con el que los particulares pudieran hacer transacciones, sino como un instrumento para operaciones financieras entre los bancos centrales. Los derechos especiales de giro (DEG), que se utilizan actualmente, se podrían considerar como una versión parcial del bancor keynesiano.

En Bretton Woods, Keynes representaba a Inglaterra, y su propuesta no fue aceptada por la comisión de Estados Unidos, encabezada por Harry Dexter White. Para Estados Unidos, ganador de la guerra, era fundamental que su moneda se impusiera como la divisa internacional por excelencia. Así que, siguiendo los lineamientos de White, se creó el Banco Mundial para impulsar el desarrollo, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para resolver los desequilibrios de la balanza de pagos. De todas maneras, tanto para Keynes como para White, los bancos centrales son fundamentales.

Además de constituirse en prestamista de última instancia, y dependiendo del momento histórico, el banco central ha cumplido diversas funciones. Una de ellas es la de banca de fomento, estimulando el desarrollo económico y privilegiando a sectores específicos. Dependiendo de las circunstancias, se reducen o se amplían las medidas de fomento de los bancos centrales. En varios momentos, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo han actuado con una lógica keynesiana. Las políticas de easy money, o emisiones, de la Reserva Federal fueron significativas durante Obama. Alcanzaron cifras astronómicas, cercanas a los USD 3,5 billones³. Estas operaciones buscaban inyectar recursos para reactivar la economía. Este comentario muestra que los bancos centrales varían de manera significativa su funcionalidad.

No obstante la diversidad de actuaciones, las tareas de fomento trataron de abandonarse desde mediados de los años ochenta. Las teorías de Friedman fueron determinantes para este cambio de perspectiva. En lugar de actividades de fomento, se dijo que los bancos centrales tienen que ser independientes del sector privado y de los gobiernos. Y se argumentó que la estabilidad de la inflación está estrechamente ligada a esta autonomía de la banca central.

Para evitar cualquier desvío de las metas de inflación los bancos deben seguir reglas estrictas que eviten las tentaciones populistas de los gobiernos. La regla básica es sencilla: la cantidad de moneda tiene que crecer al mismo ritmo que el producto. Si el dinero aumenta en un mayor porcentaje, hay inflación.

En Colombia, el crecimiento del salario de 23 % claramente está por encima del aumento del PIB, que fue de 2,6 % en 2025. Esta asimetría, sin duda, aumenta las expectativas de inflación. Y para contrarrestar este efecto y reducir la cantidad de dinero, la mayoría de los miembros de la Junta del Banco de la República optó por aumentar la tasa de interés.

Desde el principio los keynesianos criticaron la visión de Friedman y argumentaron que los bancos centrales –que siempre son necesarios– pueden garantizar la estabilidad del dinero sin necesidad de seguir reglas. En tanto autoridad monetaria tienen que decidir de manera discrecional, y no de acuerdo con reglas fijas.

En Colombia, la mayoría de los miembros de la Junta Directiva del Banco de la República continúa pegada a la lógica friedmaniana, y establece una relación directa, y siempre cuestionable, entre un aumento de la tasa de interés y una reducción de la inflación.

Estas interacciones unicausales tienen dos inconvenientes. Por un lado, le dan excesiva importancia a los factores asociados con la demanda de dinero, descuidando otros determinantes de la inflación relacionados con los costos de la oferta (guerra de Irán, escasez de alimentos, restricción de fertilizantes, etc.).

Y, por otro, minimiza la incertidumbre. Una vez se mueve la tasa de interés, el efecto sobre los precios no es inmediato porque se presenta una serie de hechos impredecibles, que puede distorsionar el objetivo inicial. Los diversos acontecimientos pueden llevar a que en lugar de reducir la inflación, la mayor tasa de interés se exprese en costos más altos y en precios elevados. Dada la complejidad de estas interacciones, es necesario aceptar con humildad, como lo hacen los keynesianos, que no sabemos.

Estas discusiones son interminables, y el espacio adecuado para el debate es la Junta Directiva del Banco de la República. Afortunadamente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reconsideró su posición, y volvió a la Junta.

La tensión entre el banquero central y los gobiernos no es nueva, ni en Colombia, ni en el mundo. Ahora en Estados Unidos se expresa en la pelea entre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y Donald Trump, pero también ha habido conflictos en Europa. Incluso, cuando teóricos de corte keynesiano, como Lanfalussy y Aglietta, impulsaron la creación del Banco Central Europeo.

Yendo más lejos de las discusiones de estos días, el Banco de Pagos Internacionales (el banco de bancos) ha insistido en que la tarea principal de los bancos centrales no es la lucha contra la inflación, sino la financiación del crecimiento verde. Invita a los banqueros centrales a que revisen de manera sustantiva su misionalidad.

Desgraciadamente, en Colombia estamos lejos de estos debates. El conflicto entre el presidente y el Banco de la República ha llevado a una excesiva simplificación del debate.

_________________

¹ Hicks, John. (1966). “Las dos tríadas”, en Hicks John. (1967). Ensayos críticos sobre teoría monetaria. Barcelona: Ariel, 1975, pp. 15-81.

² Hayek, Friedrich von. (1978). La desnacionalización del dinero. Barcelona: Folio, 1996.

³ Billones nuestros (12 ceros), o trillones, según la contabilidad usada en Estados Unidos.

⁴ Friedman, Milton, Schwartz, Anna. (1986). “Has Government Any Role in Money?”. Journal of Monetary Economics, vol. 17, no. 1, Jan., pp. 37-62.

⁵ Friedman, Milton, Schwartz, Anna. (1986). “Has Government Any Role in Money?”, en Schwartz, Anna (1987), ed. Money in Historical Perspective. Chicago: University of Chicago Press, pp. 289-314.

Bank for International Settlements, BIS. (2020). The Green Swan. Central Banking and Financial Stability in the Age of Climate Change. Basel: BIS.

Jorge Iván González

Publicado en la Revista SUR

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Los marcos fiscales de mediano plazo siempre se equivocan en sus predicciones. Y, a pesar de sus permanentes errores, se continúa utilizando la misma metodología.

Las fallas en las proyecciones son protuberantes. En el marco fiscal del año pasado se dijo que el dólar estaría hoy en $4.408. Y su valor actual es $3.707. Se proyectó un precio del barril de petróleo de US$62,3. Hoy está alrededor de US$100.

A favor de los marcos fiscales se podría argumentar que la situación actual es excepcional. Y que la combinación Trump, Putin, Netanyahu, Zelensky, Petro… es única. Esta apreciación olvida que los errores de estimación de los marcos fiscales no son nuevos. Son reiterados. Y la razón es muy sencilla: el futuro es incierto.

A pesar de la imposibilidad de predecir, los economistas seguimos haciendo ejercicios de adivinos, con dos consecuencias nefastas.

La primera es la insistencia en aplicar métodos de estimación calcados de las ciencias físicas. Es la “pretensión del conocimiento” de las ciencias sociales. Esta mirada fue rechazada de manera enfática por Hayek. Las ciencias sociales no pueden caer en esa trampa que, llevada al extremo, se termina en la ingenuidad de pretender prefigurar el futuro. Este modo de proceder, continúa Hayek, es el germen del totalitarismo.

En lugar de continuar soñando con predicciones basadas en la probabilidad de “caso”, la prospectiva debería estar anclada en la probabilidad de “clase”. No se puede pretender adivinar el precio del dólar o del petróleo. Esta probabilidad de caso no es el camino para hacer planeación. La alternativa es la probabilidad de clase. La mirada tiene que ser diferente. Un buen ejemplo de probabilidad de caso es tratar de planear sobre la afirmación “… el joven Pablo se accidentará mañana en su moto”. En lugar de este tipo de apreciación, la probabilidad de clase sería “… los jóvenes se accidentan y por ello hay que obligarlos a tener el Soat”. Este último es el camino adecuado para planear.

Como nunca se sabe cuál será el precio del petróleo, deben crearse condiciones favorables para avanzar en la transición energética. Y, en vez de esforzarse por imaginar la tasa de cambio en los años próximos, el criterio de política debe ser estimular las exportaciones.

El método en ciencias sociales tiene que cambiar. Es necesario abandonar la tarea de brujos. Los procedimientos de la mecánica clásica tienen que ser abandonados.

El segundo elemento que se debe tener presente es la exagerada importancia que tiene un ejercicio metodológico tan débil en las decisiones de la política pública. Sobre principios tan frágiles no se pueden fundar decisiones trascendentales de gasto e inversión. El marco y la regla fiscal se han convertido en ejercicios inútiles de adivinación en un mundo incierto.

En lugar de reglas, es necesario rescatar la discreción en el mejor sentido keynesiano. No puede continuarse asociando la discreción a la irresponsabilidad. El buen manejo fiscal no debería depender de ejercicios de brujería. No se pueden fijar reglas a partir de predicciones imposibles. Los seres humanos tenemos la ilusión de conocer el futuro. Siempre han existido sacerdotes del oráculo. La sociedad actual le ha atribuido esta función mágica a los economistas que la siguen aceptando sin cuestionarla. Quizás hechos tan dolorosos como Gaza, Ucrania e Irán tengan la contundencia suficiente para llevarnos a afirmar con humildad: “no sabemos”.

Jorge Iván González

Publicado en LA REPÚBLICA, Colombia

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Hace poco, también Colombia y Ecuador decidieron participar en la guerra de los aranceles. Estados Unidos han dicho, claramente, que los aranceles tienen el propósito de estimular la industria nacional. Para agilizar los trámites, Trump ha dicho que es un asunto de seguridad nacional y, por tanto, no es necesario que el Congreso intervenga en su decisión, pero los problemas de fondo van más allá de este debate coyuntural.

Una vieja disputa

La utilización del arancel para reducir la competencia externa reabre la discusión sobre la ventaja de las lógicas proteccionistas. Las teorías mercantilistas, desarrolladas durante los siglos XVI-XVIII, estaban basadas en dos principios. Por un lado, la acumulación de metales preciosos, como oro y plata, se considera como el mejor signo de riqueza de un país. Y, por otro, para lograr este objetivo es necesario proteger la producción nacional de la competencia extranjera.

Es interesante observar que estos dos postulados están renaciendo. La demanda de oro se ha incrementado de manera sustantiva y el valor de la onza está cercano a los US 5.000, el precio más alto de la historia. Además, el gobierno de Estados Unidos ha considerado que el mecanismo más expedito para fortalecer la industria local son los aranceles.

Ricardo¹, en Inglaterra, siempre se opuso a las restricciones del comercio y criticó, duramente la ley de granos, -que entre 1815 y 1846 estableció aranceles a la importación de cereales- y se enfrentó a Malthus, que era proteccionista. Unos años más tarde, List defendió los aranceles, argumentando que el libre comercio es benéfico entre países con niveles similares de desarrollo industrial, pero no es conveniente entre países que tienen desarrollos diferentes. Y critica la hipocresía de los países que crecieron gracias a la protección y que después le predican a los demás el libre comercio. En sus palabras,

“Cualquier nación que, mediante aranceles protectores y restricciones a la navegación, haya elevado su poder manufacturero y su marina a un grado de desarrollo tal que ninguna otra nación pueda sostener una competencia libre con ella, no puede hacer nada más sensato que desechar esas escaleras de su grandeza, predicar a otras naciones los beneficios del libre comercio y declarar que hasta ahora ha vagado por caminos erróneos y que solo ahora ha logrado descubrir la verdad.”

“Cualquier nación que mediante derechos de protección y restricciones a la navegación, haya elevado su poder manufacturero y su capacidad marítima a tal grado de desarrollo que ninguna otra nación pueda sostener la libre competencia con ella, no pueda hacer nada más sabio que desechar estas escaleras de su grandeza, predicar a otras naciones los beneficios del libre comercio, y declarar con tono penitente que hasta ahora ha vagado por los caminos del error y que apenas, por primera vez, ha logrado descubrir la verdad²(subrayado mío).

Una vez que los países ricos alcanzan la cima “desechan” la escalera para que otros no la alcancen.

Este mismo principio fue retomado hace 20 años por Chang³. El autor muestra que la mayoría de las naciones que hoy son desarrolladas usaron políticas industriales, comerciales y tecnológicas proteccionistas. Claramente buscaban promover las industrias nacientes. En los años de la ley de granos, Inglaterra también protegió la producción manufacturera. Igualmente, entre 1816 y 1845 Estados Unidos protegió su industria, aunque tenía la ventaja de que el transporte desde Europa era costoso, y ello desestimulaba la competencia europea. Considera Chang que las industrias estadounidenses “pueden ser consideradas como las más protegidas en el mundo mientras se pusieron al día con las demás naciones”. Los países desarrollados son hipócritas porque después de que consolidaron sus economías se dedicaron a predicar el libre comercio.

En medio de su desespero, Trump está buscando todos los mecanismos que le permitan impulsar la economía. Además de los aranceles, es notoria la depreciación del dólar que favorece a los exportadores.

En Colombia el desbalance es estructural

Aunque Colombia no ha sido tan golpeada por el aumento de los aranceles a las importaciones decretados por Estados Unidos, la situación de la balanza comercial es crítica. El mal es estructural. No es un problema de la coyuntura. Las importaciones están creciendo a un ritmo muy superior a las exportaciones y esta tendencia se está agudizando con la apreciación del peso frente al dólar.

La gráfica muestra que 2013 fue el último año cuando la balanza fue positiva. El superávit de este año y de los anteriores tiene mucho que ver con el aumento de los precios del petróleo. Casi 60 % de las exportaciones del país se concentran en petróleo y minerales. Obviamente, el ideal es aumentar la participación de otro tipo de productos.

Actualmente, Colombia cuenta con 18 acuerdos comerciales, incluyendo tratados de libre comercio y acuerdos de alcance parcial: CAN (1973, 1994), Panamá y Chile (1993), Caricom y México (1995), Cuba (2001), Mercosur (2005), Triángulo Norte (2009), EFTA y Canadá (2011), Estados Unidos y Venezuela (2012), Unión Europea (2013) y Corea del Sur, Costa Rica, Alianza del Pacífico (2016), Israel (2020) y Emiratos Árabes Unidos.

Estos acuerdos no han llevado a un cierre del déficit comercial. En 2024 el desbalance con los países que han firmado tratados de libre comercio con Colombia fue de ‑US 5 173 millones.

En síntesis…

La tensión entre el proteccionismo y el libre mercado continuará. Pero más allá del debate sobre los aranceles, el asunto preocupante para Colombia es el déficit estructural de la balanza comercial que en 2025 fue de ‑US 15 204 millones.

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¹ Ricardo, David (1815). An Essay on the Influence of a Low Price on the Profits of Stock; Shewing the Inexpediency of Restrictions on Importation: With Remarks on Mr. Malthus’ Two Last Publications: “An Inquiry into the Nature and Progress of Rent” and “The Grounds of an Opinion on the Policy of Restricting the Importation of Foreing Corn”. London: John Murray.

² List, Frederick. (1841). National System of Political Economy. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1856.

³ Chang Ha-Joon. (2003). “Patada a la escalera: La verdadera historia del libre comercio”. Ensayos de Economía (2013), 22 (42), junio, pp. 27-58.

Jorge Iván González

Publicado en la REVISTA SUR

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El presupuesto del Gobierno Nacional Central que se acaba de aprobar en el Congreso se puede examinar desde diferentes ópticas: i) la pérdida de autonomía del país, ii) el peso relevante de la deuda pública y iii) una distribución sectorial sin rumbo y sin eficiencia.

1. Pérdida de autonomía del presupuesto

Este presupuesto refleja una pérdida de autonomía del gobierno frente a la dinámica de los capitales internacionales. El aumento de la deuda tiene que ver con el desbalance de las finanzas nacionales, pero también con el costo del dinero en los mercados mundiales.

Al final de 2025 el pago será de $112,6 billones. En 2026 sería de $97,1 billones. Sin suficiente precisión, el Ministerio de Hacienda ha dicho que esta disminución se explica por “… operaciones de manejo de deuda en los mercados financieros”. Aunque el servicio de la deuda es el rubro más importante de presupuesto, no hace parte del debate público. Las decisiones sobre el financiamiento son tomadas por Crédito Público sin ninguna discusión. 

En el Congreso apenas se menciona el tema de forma marginal. No obstante su relevancia, las modalidades de financiación no hacen parte de la deliberación ciudadana. Es un asunto oscuro. Solamente en intereses de la deuda durante 2026, se pagarán $70,7 billones. Finalmente, esta cifra depende del comportamiento de los bonos del Tesoro norteamericano. La tasa de interés de la deuda –interna y externa– responde a los flujos de capitales internacionales. Esta dependencia del exterior es inevitable.

Se presenta, entonces, un cambio sustantivo en la comprensión de las finanzas públicas. La novedad radica en el cambio de la secuencia analítica, que comienza con el impacto de los movimientos de capitales en la tasa de interés interna, afectando el costo de la deuda. Y estos aumentos del servicio de la deuda tienen que ser compensados con los ingresos tributarios. El monto de la reforma tributaria está condicionado por el valor de la deuda. De manera más directa podría afirmarse que la urgencia y el monto de la reforma tributaria están determinados, en gran medida, por el tamaño de la deuda.

Y esta dependencia se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Anteriormente, cuando el peso de la deuda no era tan relevante, las decisiones tributarias eran más autónomas. Y en la última etapa del proceso presupuestal, la deuda era la variable de ajuste. Ahora sucede todo lo contrario. Las obligaciones crediticias terminan condicionando las decisiones tributarias.

2. El peso relevante de la deuda pública

La deuda pública se puede mirar desde dos perspectivas. Por un lado, el costo del servicio que corresponde a los pagos de intereses y abonos a capital. Y, por el otro, el saldo, que es el monto de la deuda acumulada.

El porcentaje del saldo de la deuda pública (GCN) con respecto al PIB pasó de 34,4% del PIB a 61,3%. Este aumento es significativo. Cada vez los ingresos se van rezagando más frente al gasto público.

Obsérvese además que, en 2012, cuando se comenzó a aplicar la regla fiscal, el saldo era de 33,2%. Claramente, la regla fiscal no ha tenido éxito en el control de la deuda¹. La regla fiscal ha fracasado.

El aumento de la deuda no es un problema exclusivo de Colombia. Tal y como se observa en la gráfica, el crecimiento de la deuda ha sido especialmente notorio en los países de ingresos altos, así que entre 1991 y 2021 el saldo de la deuda pasó de 55% del PIB a 122,5%². En los países de ingresos medios (entre los que está Colombia) subió de 40,8% en 1997 a 65,1% en el 2021. Y en los países de ingresos bajos, en el mismo período, pasó de 40,8% a 48,6%.

Obviamente, los aumentos de la deuda obligan a reducir otros gastos, sobre todo la inversión pública, y ello se traduce en menor crecimiento del PIB y, por tanto, en menores impuestos. Se va configurando un círculo vicioso que es intrínsecamente perverso. Es muy probable que el Congreso no apruebe la reforma tributaria por valor de $16,3 billones. En tal caso, la inversión será menor que la estimada en el presupuesto.

3. Distribución sectorial sin rumbo e ineficiente.

El presupuesto no atendió el mandato del plan de desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, que obliga a que la estructura del gasto se presente por programas (art. 364). Al no articular el gasto alrededor de programas estratégicos, la dispersión sectorial es evidente. El presupuesto debía ser por programas y esta norma no se cumplió.

El segundo gasto, después del servicio de la deuda es educación, con $88,2 billones. Aunque este monto es importante y muestra una preocupación del gobierno por incentivar la educación, está respaldado en un postulado que es muy cuestionable. El ministro de Educación ha supuesto, de manera equivocada, que la educación pública es intrínsecamente buena. El hecho de que una institución sea financiada por el gobierno no significa que sea de calidad. Esta absolutización de lo público, y el desprecio por lo privado que de allí se deriva, no ha permitido hacer una evaluación juiciosa de la eficiencia del gasto. Entre las universidades públicas algunas son buenas, pero otras son de mala calidad y altamente burocratizadas. Lo mismo puede afirmarse de numerosas instituciones de educación terciaria.

El tercer gasto en importancia es el de salud, con $78,1 billones. Este monto no permite cerrar el déficit actual y no compensa los faltantes de la unidad de pago por capitación (UPC). La crisis de la salud continuará agudizándose. Es evidente la falta de recursos del sistema. Se está en un punto fiscal crítico que tiene implicaciones más allá del valor de la UPC. Aun si hubiera acuerdo sobre su valor, queda la pregunta por la forma como deben pagarse las deudas vigentes.

El gasto siguiente es del de defensa y policía, de $65,7 billones. Mientras no se consolide la paz este gasto continuará creciendo. La paz tiene que ser integral y debe estar respaldada en proyectos económicos estratégicos. El reto es transformar economías ilegales en polos de desarrollo. La sustitución de cultivos, finca por finca, ha logrado resultados muy parciales.

En general, es clara la ineficiencia en el manejo del gasto. En 2024, la ejecución estuvo alrededor de 82 %. Y peor, un monto importante de este gasto se dispersó en pequeños proyectos. Al dejar por fuera el presupuesto por programa, no hay ninguna garantía de que el presupuesto de 2026 se vaya a ejecutar de manera eficiente.

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Jorge Iván González

20 octubre, 2025

¹ Ardanaz, Cavallo e Izquierdo reconocen que las reglas fiscales, sobre todo en los países emergentes, no han sido suficientes para controlar el déficit fiscal y la relación entre el saldo de la deuda pública y el PIB (Ardanaz, Martín, Cavallo, Eduardo e Izquierdo, Alejandro, 2023. Fiscal Rules: Challenges and Reform Opportunities for Emerging Makets, IDB Working Paper Series, no. IDP-WP-1443, Inter-American Development Bank (IDB), New York).

² La deuda del gobierno federal de Estados Unidos aumentó de 3 billones de dólares en 1960 a 35 billones en 2024 (en la denominación de Estados Unidos son 35 trillones de dólares; es decir, 35 y 12 ceros). Este monto equivale a 123% del PIB. A finales de los sesenta era 35%.

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En recientes declaraciones a La República¹, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, atribuía la inflación a tres factores: 1) el aumento de los aranceles a las exportaciones a Estados Unidos; 2) el mayor déficit de las finanzas públicas del país y, 3) el alza en el salario mínimo. Cada una de estas explicaciones puede discutirse.

El debate de hoy

  1. Con respecto a la primera, habría que examinar la estructura de costos de las firmas que exportan a Estados Unidos para determinar el mecanismo a través del cual los aranceles están afectando la inflación de precios en Colombia. El ejercicio no es sencillo y todavía no se ha realizado de manera sistemática.
  2. La segunda explicación tampoco es fácil. La incidencia de las finanzas públicas en la inflación tiene diversos caminos. Uno podría ser que el mayor gasto del gobierno se refleje en un incremento de la demanda, que se traduce en precios más altos. Otro enfoque podría poner el acento en las mayores necesidades de financiación, que obligarían al gobierno a endeudarse a tasas de interés más altas, que repercuten en el conjunto del crédito doméstico. Podría argumentarse también que la financiación del gasto adicional obliga a subir los impuestos, y ello incrementa los costos de las empresas, que no tienen más remedio que subir el precio de los productos. También sería posible afirmar que la demanda de crédito del gobierno genera un efecto crowding outque desplaza la inversión privada, porque los empresarios tienen que endeudarse a tasas más altas.

Habría otras relaciones de causalidad posibles. Incluso algunas que van en la dirección contraria. Por ejemplo, podría afirmarse que, gracias al aumento de los gastos del gobierno, las empresas reducen costos, porque tienen mejores vías, los trabajadores que contratan son más educados y sanos, la seguridad mejora y el empresario no tiene que contratar vigilancia privada… Estas causalidades se traducirían en menores precios. Mazzucato² considera que el Estado “emprendedor” favorece la productividad de las empresas y, entonces, los costos bajan y los precios al consumidor final se reducen.

Cada una de éstas y otras causalidades son más o menos ciertas. Pero es totalmente incierto el resultado final de estas interacciones. La visión del banquero central apenas es una aproximación parcial a una de las variadas causalidades.

  • 3. Las relaciones entre el salario y la inflación también pueden mirarse de muy diversas maneras. Es legítimo afirmar que gracias al mayor salario crece la demanda agregada y ello le permite a las empresas mejorar los niveles de inversión, de tal manera que aumente la productividad, bajando costos y disminuyendo el precio final del producto. Claramente, esta perspectiva contradice la del Banco de la República.

Estas reflexiones solamente tienen el propósito de mostrar que las explicaciones de la inflación son excesivamente complejas. El banquero central no menciona otros factores que podrían incidir en el aumento de los precios: 

Dada la integración del mercado internacional de capitales, el aumento de las tasas de interés de los bonos emitidos por el gobierno norteamericano impacta los precios en el mundo entero. 

La guerra de Ucrania tiene implicaciones clarísimas en los precios a través de su incidencia en bienes como el petróleo, los abonos y los alimentos. 

La pésima logística del país incrementa los costos de las empresas y el precio final. 

El atraso del campo colombiano se refleja en baja productividad y altos costos de los alimentos, que son un componente fundamental del índice de precios al consumidor. 

Trabajos recientes han mostrado que la inflación tiene mucho que ver con las excesivas ganancias de las empresas³.

A estos factores podríamos agregarles otros más: las heladas, las variaciones en las tarifas de servicios públicos… La lista va mucho más allá de las tres causas mencionadas por el gerente del Banco de la República. Y lo más complicado de entender es el resultado final de estas causalidades que van en distintas direcciones. En síntesis, frente a la explicación de la inflación la mejor recomendación es humildad. Nunca sabremos bien qué está pasando.

Y desde el punto de vista general no puede afirmarse, como lo hace el Banco de la República, que la única fórmula para controlar la inflación sea el aumento de la tasa de interés de referencia. Esta mirada es sesgada y absolutamente parcial. En contra de la lógica del banquero central se podría afirmar que las altas tasas de interés aumentan los costos de las empresas y ello se refleja en mayores precios al consumidor. ¡El debate está abierto y continuará estándolo! Y en estos espacios de controversia no debería tener cabida el simplismo analítico.

El debate de siempre

La pregunta por la inflación lleva a interrogarse por la naturaleza del dinero. Y vale la pena recordar la frase de Aglietta y Orléan: “La cuestión monetaria es, absolutamente, un asunto político”. Esta afirmación golpea duramente las pretensiones de neutralidad de la política monetaria.

Las controversias sobre las causas de la inflación nunca tendrán solución. Las diferentes escuelas le atribuyen determinantes muy diversos. Las reflexiones sobre la inflación están muy relacionadas con la comprensión de la naturaleza de la moneda. El asunto se remonta a Aristóteles, quien le atribuyó a la moneda tres funciones: medida de valor, medio de cambio e instrumento para atesorar.

La función de la moneda como medida del valor tuvo auge con la literatura marxista, que se hizo la pregunta sobre la transformación de valores a precios. El valor de la mercancía se refleja de manera imperfecta en el precio. Para Marx el valor está relacionado con el tiempo de trabajo incorporado. Y el reto complicado es entender el proceso mediante el cual el valor se expresa en el precio. Esta transformación continúa siendo un misterio.

Actualmente se observan manifestaciones de la asimetría entre valores y precios. Aunque la teoría del valor trabajo de Marx ha ido perdiendo relevancia, la pregunta por el valor de las mercancías sigue vigente. Es difícil explicar por qué el jean que Marilyn Monroe utilizó en la película River of No Return se vendió en 52.000 dólares (212 millones de pesos). En el mercado bursátil se discute si el valor de la empresa es el que resulta de la oferta y demanda de acciones o es el que determina el contador en libros. La relación entre ambos indicadores se conoce como la q de Tobin. Y cualquiera que sea la medida, su expresión en los precios de la mercancía es confusa.

La función más estudiada de la moneda es la de medio de cambio. Hacia allí centran la atención los banqueros centrales, hasta el punto de que han dejado de lado la preocupación por la medida del valor, que seguirá siendo un tema filosófico de la mayor relevancia. La función de la moneda como medio de cambio es la menos compleja.

La función de reserva de valor introduce la noción temporal de forma explícita. La persona se pregunta con angustia por la mejor manera de conservar su riqueza de tal manera que no se desvalorice con el paso de los años. La interacción entre presente y futuro es incierta, y nunca será claro cuál es la forma monetaria (dólar, oro, esmeralda…) que garantice una mejor protección frente a un futuro completamente desconocido.

De nuevo, frente al misterio de la moneda y de la inflación, dos recomendaciones. Primero, no olvidar su naturaleza político-social. Y, segundo, reconocer con humildad que no sabemos.

Jorge Iván González

Publicado en la revista SUR, Colombia

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¹ https://www.larepublica.co/economia/entrevista-al-gerente-del-banco-de-la-republica-leonardo-villar-4200254 – 12 de agosto

² MAZZUCATO, Mariana, 2011. El Estado Emprendedor. Barcelona: RBA Libros, 2014.

³ GONZÁLEZ, Jorge. “La Ganancia Empresarial Impacta la Inflación”, Economía Colombiana, vol. 70, no. 372, junio-agosto 2024, pp. 48-54.

⁴ AGLIETTA, Michel y ORLÉAN, André. La Violencia de la Moneda. México: Siglo XXI, 1990.

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