El gobierno revive el debate sobre las inversiones forzosas como respuesta a la emergencia invernal y como herramienta para abaratar el crédito, en un contexto marcado por un aumento excepcional del salario mínimo y señales de desorden en la política económica.
El shock del salario mínimo
Después del aumento excesivo del salario mínimo, la junta directiva del Banco de la República reaccionó como era previsible, y la tasa de interés de referencia, o la tasa de política monetaria, pasó de 9,25 % año a 10,25 %.
Ya se sabía que las expectativas inflacionarias creadas por el alza del salario mínimo serían contrarrestadas por el banco central con mayores tasas de interés. Este resultado era obvio, así que la causa inmediata del mayor costo del crédito fue el aumento del mínimo.
De manera desesperada para tratar de corregir este daño, el gobierno actúa dando bandazos. Y ahora pretende con las inversiones forzosas corregir un daño que él mismo causó.
Los hechos están mostrando que el alza desproporcionada del salario mínimo está desestabilizando la economía. En los últimos 25 años, el mínimo había subido, en promedio, 2,4 puntos por encima de la inflación. El decreto de diciembre lo aumentó 17,9 puntos. No se requieren ejercicios econométricos sofisticados para concluir que semejante cambio desencadena procesos perversos.
En uno de sus textos más brillantes, Marshall recordaba que en los análisis económicos básicos, el sentido común permite llegar a conclusiones razonables, y es más útil que los ejercicios sofisticados derivados de la aplicación a las ciencias sociales de las ecuaciones de la mecánica clásica. En sus palabras, “…el sentido común es el resultado de la experiencia de la vida, de nosotros mismos y de nuestros antepasados; es un instrumento de la biología más que de la dinámica”.
El debate sobre las consecuencias del salario mínimo no se resuelve con econometría. La mitad de los modelos concluyen que no afecta la inflación, y la otra mitad que sí. Así es imposible dirimir el debate. Se olvida que en las ciencias sociales, dada la multicausalidad, los ejercicios econométricos apenas son construcciones imaginarias. El modelo es útil solamente porque ayuda a conversar.
Una vez que se decretó el salario mínimo la secuencia de eventos hace imposible predecir sus consecuencias. La multiplicidad de variables tiene efectos que se contrarrestan, sin que se pueda determinar relaciones unicausales.
Comenzando por el hecho de que el alza se decreta en un momento de apreciación del peso. El dólar barato contrarresta las presiones inflacionarias. Pero, inmediatamente, el Banco sube la tasa de interés y, simultáneamente, el Consejo de Estado interviene, pero después de que las empresas modificaron los contratos laborales tratando de adaptarse a los cambios en el mínimo. Apenas esta semana Trump vuelve a modificar la política de aranceles respondiendo a las decisiones de las Cortes. Y, finalmente, el presidente anuncia inversiones forzosas.
Es imposible predecir los resultados de la conjunción de estos hechos. Durante este mes las expectativas sobre el futuro de los precios se modificaron de manera sustantiva. Es ingenuo pensar que un modelo econométrico, copiado de la mecánica clásica, pueda articular todos estos factores de manera adecuada.
Las inversiones forzosas y el sistema financiero
Las inversiones obligatorias reducen la disponibilidad de recursos para los sectores que no han sido privilegiados. Estos créditos tienen que ser colocados a una tasa más alta, con el fin de compensar los menores ingresos asociados a las inversiones forzosas.
Los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverri, Mauricio Cárdenas y José Antonio Ocampo firmaron una carta rechazando las inversiones forzosas. En su opinión no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia invernal. Además, consideran que suben la tasa de interés y reducen la disponibilidad de recursos para el conjunto de la economía. Habría otras alternativas para impulsar a sectores específicos, como los subsidios focalizados a la tasa de interés y las líneas de redescuento.
Estos argumentos también han sido defendidos por Asobancaria, que insiste en las “distorsiones del mercado financiero”. De acuerdo con sus estimaciones, si las inversiones forzosas fueran el 5 % de los depósitos, equivalente a cerca de $38 billones, las tasas de colocación podrían aumentar entre medio y un punto porcentual.
Estos comentarios son pertinentes. A nivel internacional, las inversiones forzosas no han sido consideradas como mecanismos adecuados de desarrollo. Los gobiernos de Bolivia, con Evo Morales, y Venezuela, con Hugo Chávez, crearon nuevas inversiones forzosas que, según los exministros, han sido perjudiciales. Entonces, concluyen que esta vía “difícilmente” debería seguirla Colombia.
Inversiones forzosas y actividad económica
Las inversiones forzosas podrían justificarse si existieran proyectos estratégicos que deban ser apoyados de manera especial.
De forma vaga se han mencionado los sectores que podrían ser beneficiados, sin que estos lineamientos se inscriban en una política de desarrollo de mediano y largo plazo. El gobierno ha dicho que el mecanismo permite favorecer a la agroindustria, el turismo y la construcción, pero no se ha precisado la forma de hacerlo. Entre otras razones, porque no se enmarcan en una política de desarrollo. El Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) de reindustrialización no se ha atendido y el uso de los recursos de las inversiones forzosas no es claro. Hasta ahora no hay la menor idea de cuál será el destino de las inversiones forzosas.
Las inversiones forzosas no son nuevas. Ya existen en el país. La ley 16 de 1990 determinó inversiones forzosas para el sector agropecuario. El monto es definido por la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario y puede estar alrededor del 1 % de los depósitos, deducido previamente el encaje bancario en Títulos de Desarrollo Agropecuario (TDA).
En general, estos recursos se han dispersado y no han respondido a criterios estratégicos con una mirada de mediano y largo plazo. No puede afirmarse, entonces, que las inversiones forzosas hayan permitido una modernización del sector agropecuario.
Cuando el presidente propuso por primera vez las inversiones forzosas, los banqueros no estuvieron de acuerdo e impulsaron el pacto por el crédito. Contradiciendo la opinión de Asobancaria, el presidente considera que este acuerdo no ha funcionado, aunque en los primeros 17 meses los desembolsos hacia los cinco sectores estratégicos alcanzaron $228 billones.
Finalmente, en su carta los exministros concluyen que “…la solidaridad con los damnificados se demuestra con acciones eficaces, no con medidas que encarecen el crédito para todos los colombianos”.
Las inversiones forzosas no resuelven los problemas causados por la emergencia, y no tienen ningún horizonte claro.
Publicado en la revista Razón Pública