Home Autor
Autor

Mauricio Archila Neira

march, protest, society
Download PDF

En la primera parte de este artículo, Mauricio Archila ‒en colaboración con Martha Cecilia García‒ expuso lo sucedido en las movilizaciones del 21N y días siguientes, los antecedentes históricos y las luchas de los trabajadores del sector de la salud. Ahora, amplía las movilizaciones a otros sectores sociales, expresa las situaciones de violencia que surgieron y menciona las medidas que ha tomado el Gobierno.

Otro actor que se movilizó al inicio de los confinamientos, y muy radicalmente, fueron los reclusos. No bien se habían decretado las cuarentenas obligatorias, en las cárceles hubo protestas por el hacinamiento y las precarias condiciones sanitarias, lo que hacía temer un rápido y masivo contagio, no solo de presos sino de sus familiares y de los propios guardias penitenciarios. Así, el 21 de marzo se presentaron motines en 17 prisiones; solo en La Modelo de Bogotá 23 presos murieron y 83 resultaron heridos, al igual que siete trabajadores.

El temor al contagio también produjo movilizaciones en algunos municipios y barrios de las grandes ciudades, que llegaron a bloquear sus vías de acceso. Fueron protestas que exhibieron ciertas dosis de xenofobia, especialmente contra los venezolanos, y de lo que Adela Cortina llama aporofobia* –rechazo del pobre– contra los mendigos, habitantes de calle, recicladores y trabajadores informales. A veces, estas acciones por miedo al contagio estaban basadas más en rumores que en información oficial, la cual curiosamente no llegaba a tiempo.

De manera concomitante, la pobreza exacerbada por el cierre de la economía formal e informal derivó en movilizaciones para pedir ayuda, sobre todo al Estado en sus distintos niveles, y a entes privados, apoyos que no se prestaban oportunamente. No faltaron tampoco los falsos anuncios de ayudas, cuando no cierto oportunismo de algunos mandatarios locales para pescar votos en río revuelto, que propiciaron notorias aglomeraciones, que amenazaron con extender el contagio. En casos más desesperados, hubo tomas temporales de espacios públicos para forzar los auxilios o exigir permisos para retornar al trabajo. Por esas vías se presentaron las peticiones de desempleados, vendedores ambulantes y, en general, de los trabajadores informales, algunos de ellos venezolanos, que se hicieron visibles como un nuevo actor de la protesta en el país. Los microtransportadores de todo tipo igualmente participaron en movilizaciones, lo mismo que los “rappitenderos”. Algunos taxistas, además de pedir que se les permitiera trabajar, se opusieron al retorno de Uber. 

La mayoría de estas acciones eran aisladas y reunían poca gente, pero proliferaron a lo largo del país. Nos recuerdan las “protestas del hambre” que se vivían en los inicios del capitalismo en lo que E. P. Thompson acertadamente llamó la “economía moral de la multitud”. En pocos casos derivaron en saqueos de supermercados y locales comerciales. Con el tiempo, las familias necesitadas recurrieron a poner trapos rojos en las ventanas de sus casas o salieron por las calles con el mismo emblema o con banderas de Colombia, gritando desesperadamente por ayuda. A esas voces plañideras se sumaron músicos y mariachis, que deambulaban por las calles dando improvisados conciertos al aire libre. “Si no nos mata el coronavirus, lo hará el hambre”, decían algunos protestatarios en Bogotá a inicios de abril. Estas situaciones se agudizaron a medida que avanzaban los confinamientos más estrictos. 

En algunos casos el desespero por la situación llevó a que se dieran ocupaciones temporales de edificios vacíos con la intención de llamar la atención por ayudas. Hubo también invasiones de terrenos desocupados o baldíos, pero en este caso tenían la ilusión, hábilmente manipulada por expertos en estas lides, de hacerse a un precario lote para vivienda en áreas no aptas para ello, como ocurrió en San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Bosa o Usme en Bogotá, en Soacha, en Cali y en otras ciudades. Las órdenes de desalojo se prestaron para fuertes choques con la policía, especialmente con el Esmad.

Además de los “pobres”, otros actores sociales más organizados manifestaron públicamente sus reclamos. Así, por ejemplo, los sindicatos de trabajadores asalariados se pronunciaron contra las amenazas de reformas laboral, pensional o tributaria que los perjudicarían. Debido a la caída de la demanda durante las cuarentenas obligatorias y a la falta de apoyo del Estado, muchos trabajadores formales quedaron en la calle. Por eso, un reclamo de este sector era por el derecho al trabajo con la respectiva reactivación económica. Pero también, cuando esta posibilidad se abría, exigían medidas de protección para un retorno seguro al trabajo. Tal fue el caso de los trabajadores bananeros y los de la rama judicial, entre otros.

A los sindicalistas les preocupaba igualmente que en las condiciones de confinamiento y con el poder concentrado en la presidencia de la república se expidieran decretos para la ampliación de la jornada de trabajo o la mayor flexibilización de los contratos, que permitieran despidos masivos o el recorte de derechos conquistados. Así, por ejemplo, el sindicato de Cerrejón se lanzó a una huelga a inicios de septiembre en contra de la propuesta de la empresa de un sistema de turnos que terminaría disminuyendo los puestos de trabajo, en medio de la crisis global de la comercialización del carbón. También hubo protestas ante las nuevas amenazas de privatización, como ocurrió con la USO ante el anuncio del gobierno de vender la empresa de transporte y logística de hidrocarburos, Cenit, uno de los activos más importantes de Ecopetrol, y de trasladar a más de 400 trabajadores del segmento de transporte. 

El confinamiento modificó los repertorios de protesta del mundo del trabajo, lo que disminuyó la huelga física y prácticamente impidió las marchas en espacios públicos, con lo que tuvimos un primero de mayo en casa. Igualmente, el magisterio lanzó el 12 y 13 de agosto un “paro virtual” en oposición al retorno presencial a clases y por el cumplimiento de los acuerdos previos, en especial en relación con el servicio de salud de los maestros. Las centrales sindicales, a comienzos de septiembre rechazaron, con caravanas en las principales ciudades del país, el decreto 1174 del 27 de agosto de 2020, que estableció el piso mínimo de seguridad social en el país –reglamentó la contribución al sistema general de pensiones de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo–, lo que para los sindicalistas era una “reforma laboral”. 

En el campo educativo también se hicieron visibles los estudiantes de universidades públicas, que solicitaron matrícula cero para todos durante los semestres que durara la pandemia. Ante las dificultades de algunas directivas para responder totalmente a este justo reclamo, algunos entraron en huelga de hambre, como fue el caso de las universidades Nacional y del Quindío.

Por su parte, en el mundo rural, indígenas, campesinos y afros se han pronunciado contra los incumplimientos estatales y la violencia que sigue presentándose contra ellos y sus líderes, en particular en el Pacífico y las zonas andinas de Cauca y Nariño. A su vez, los cultivadores de coca se han opuesto a las fumigaciones que, a pesar de la cuarentena, continuaron por órdenes de la administración estadounidense. Esto redundó en abiertos choques con el Ejército en algunas de las zonas más conflictivas, como Catatumbo, Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare y Meta. Los indígenas que se han desplazado a ciudades, como los embera a Bogotá, pidieron apoyos ante su precaria situación económica y de salud, sin que se les respondiera pronta y eficazmente. Algo similar ocurrió con los wayúu en La Guajira, especialmente en el norte, en donde también continuó la disputa con el Estado por las salinas de Manaure.

También estos actores rurales han acompañado a movimientos sociales urbanos, especialmente a los ambientalistas, en contra del extractivismo minero en páramos como Santurbán y de los intentos de fracking que no dejan de insinuarse en plena pandemia.

El confinamiento en los hogares volvió más vulnerables a las mujeres ante la violencia de género ejercida por familiares cercanos, cuando no los feminicidios. En este último caso las más afectadas fueron las trabajadoras sexuales, y más si eran transgénero. Así adquirió pleno sentido la consigna de “¡Si nos tocan a una, respondemos todas!”, levantada el 20 de junio en Bogotá. Para las mujeres el año se había iniciado con mucha agitación en torno al aborto, tanto a favor como en contra.

La violencia contra los líderes sociales y los desmovilizados derivó igualmente en respuestas de ira, a veces con acciones violentas que derivaron en la destrucción de edificios públicos y privados, así como de algunos medios de transporte. Pero no necesariamente eran ataques ciegos, pues muchos de los objetos de ataque son entes representativos de esa violencia, por ejemplo, los CAI el 9 y 10 de septiembre. Y tampoco los protagonistas responden a la categoría vaga y difusa, que tanto le sirve al gobierno, de “vándalos”. Quienes participan en estas protestas de la ira son gentes de carne y hueso, muchas veces jóvenes de escasos ingresos que ven un futuro oscuro, no solo por las precarias condiciones del mercado laboral, sino por la reciente violencia contra ellos, como ha ocurrido con los recientes asesinatos en Cali, Samaniego, Antioquia y Bogotá.

Pero no solo hay estallidos violentos ante la violación de derechos humanos. Se han presentado sugestivas acciones pacíficas, como la Marcha por la Dignidad en defensa de la vida, desplegada desde Popayán y el Catatumbo hacia Bogotá entre fines de junio y principios de julio de 2020. En la misma dirección se orientaba la propuesta de convertir algunos CAI en bibliotecas populares o lugares de la memoria de las víctimas del 9 y 10 de septiembre de 2019. Y más recientemente, el 16 de septiembre, con el derribamiento de la estatua ecuestre del conquistador Sebastián de Belalcázar en Popayán por los misak –antes denominados guambianos–, los legítimos herederos de esas tierras.

Así mismo, en las ciudades a lo largo de la cuarentena hubo nuevamente cacerolazos contra las medidas del gobierno y, en algunos casos, en apoyo de autoridades locales, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Pero han sido menos frecuentes y nutridos en comparación con los vistos en el 21 N.

Por su parte, gremios como los de los industriales, los comerciantes y los transportadores presionaron por medidas de apoyo estatal o por reapertura de sus sectores. Pero estos gremios no suelen protestar, pues acuden al cabildeo y a la presión directa al gobierno, que les da más réditos sin incurrir en los costos de las movilizaciones. 

Fueron más visibles los mítines de mayores de 70 años, intelectuales o miembros de las elites, que se pronunciaron enérgicamente contra el recorte de su libertad al obligárseles a permanecer en mayor confinamiento que al resto de la población, mientras el gobierno los trataba condescendientemente como “abuelitos”. Fue lo que se llamó la “rebelión de las canas”, que logró medidas judiciales a su favor al suprimirse esta discriminación por la edad. 

Y no faltaron algunas movilizaciones en apoyo del senador Álvaro Uribe Vélez ante su detención domiciliaria en El Ubérrimo, decretada por la Corte Suprema de Justicia el 4 de agosto. Estas fueron acciones con un cierto sesgo autoritario que deslegitimaban a las altas cortes y al sistema judicial.

Vistos los actores y las demandas de las protestas en tiempos del Covid-19, con sus continuidades y novedades, digamos algo sobre los repertorios. Hubo una evidente limitación en la presencia física por los confinamientos y el cierre de espacios públicos con el fin de evitar el contagio; aunque se dieron encuentros, por lo común no fueron muy masivos. Mucha gente teme el contagio y por eso no se mete en conglomeraciones que no permitan la necesaria distancia. A partir de la apertura gradual de mayo y sobre todo de septiembre, se han incrementado las multitudes y hasta han desbordado cualquier expectativa, como ocurrió con las revueltas del 9 de septiembre y días siguientes. 

Durante los tiempos duros de la cuarentena se recurrió más bien a los cacerolazos, a los letreros para pedir ayuda en casas y edificios, los trapos rojos, e innumerables convocatorias por redes a acciones virtuales. La más notoria fue el “paro virtual” de Fecode de agosto.

Algo que no es muy visible durante estos meses de pandemia es la profundización de la crisis, tanto socioeconómica, como ambiental y política. Aquí se hace evidente la mayor debilidad del Estado, no solo como protector de la vida y salud de los ciudadanos, sino en su funcionamiento institucional, debido al manejo autoritario de la pandemia. La retórica del orden y la patria, a la que le apuestan el Centro Democrático y sus aliados, termina debilitando al Estado, especialmente en las ramas legislativa y judicial, pues refuerza la excepcionalidad constitucional y el manejo presidencialista de la pandemia. Pero además le cierra la puerta a reformas necesarias como la de la policía, pues considera que este cuerpo es fundamental para contener la protesta y para atacar los cultivos de uso ilícito. 

El gobierno de Duque, que había abierto algunas puertas de negociación en su primer año de mandato, se endureció con el 21N. Su ensimismamiento se ha profundizado ahora con la pandemia y los poderes autocráticos que se ha arrogado. La respuesta ante los reclamos ciudadanos es cada vez más la represión ‒y crecientemente letal‒, como se vio en los primeros días de septiembre.

Pero además ha habido un deterioro de lo público y de los bienes considerados comunes, pues el gobierno, en aras de estimular la recuperación económica, disminuye la tasa tributaria y amplía exenciones a los más pudientes, sin descontar que sigue el extractivismo, introduce reformas lesivas al mundo del trabajo y anuncia más privatizaciones mientras continúa el desmonte del Estado. Estamos ante una mezcla explosiva de violencia y neoliberalismo que no anticipa buenos vientos para nuestra precaria democracia. 

Para finalizar, podemos decir que ni la pandemia ni la violencia han detenido las protestas, pero sin duda han debilitado una masiva participación y la presencia en espacios públicos. Se vislumbra que la olla a presión contenida parcialmente por los confinamientos, los toques de queda y las cuarentenas durante la pandemia, vuelva a estallar. Ignoramos si a los niveles del 21 N; es difícil saberlo, pues la violencia ha debilitado a las organizaciones sociales, pero esto mismo puede dar pauta a unas expresiones más anómicas, desorganizadas y violentas como las revueltas de la ira, que harán añorar los tiempos “organizados” del paro agrario de 2013 o de la Mane (Mesa amplia nacional estudiantil) en 2011. Pero este círculo vicioso de protesta/represión parece ser lo que buscan los “halcones” de derecha y de la insurgencia para rearmarse y retornar a la guerra que tantos réditos les da. 

Hoy más que nunca necesitamos una paz integral y duradera.

* Cortina, Adela (2017). Aporofobia, el rechazo al pobre. Un desafío para la democracia. Barcelona: Paidós.

Mauricio Archila y Martha Cecilia García

0 comentario
0 Linkedin
march, protest, society
Download PDF

Escrito en septiembre de 2020, Mauricio Archila ‒en colaboración con Martha Cecilia García‒ plantea que para entender lo ocurrido en cuanto a protestas desde que empezó la pandemia del COVID-19 se requiere que nos ubiquemos en una perspectiva histórica*.

Para entender lo ocurrido en términos de protestas durante lo que va de la pandemia del Covid-19 conviene ubicarnos en la perspectiva histórica, apoyándonos en la Base de Datos de Luchas Sociales (Bdls) que alimenta el Cinep desde 1975. Como muestra el gráfico 1, las protestas en Colombia, que habían disminuido desde los altos niveles de mediados de los 70, con unos picos a mediados de los 80, se reactivaron a fines del siglo pasado y en especial desde 2007, con altibajos, trazando un ciclo de alza entre 2011 y 2015, cuando se dieron importantes movilizaciones nacionales de estudiantes, campesinos, pobladores urbanos y trabajadores. 

Parecía que regresábamos al terreno de la tradicional lucha de clases, pero la pluralidad de actores y el peso de reclamos culturales, étnicos y de género mostraron que estábamos ante nuevas conflictividades que rebasaban lo meramente material. Las negociaciones de La Habana con las Farc generaron muchas expectativas que no quedaron congeladas, a pesar de la pérdida del plebiscito aprobatorio en octubre de 2016. Luego, vendría un bajón en los indicadores de protesta, que comenzaron a recuperarse en 2019, no tanto en número de registros cuanto en cobertura, amplitud de las demandas y, sobre todo, en cantidad y diversidad de participantes, como se expresó en el paro del 21 de noviembre de 2019 (21N) y los días siguientes. 

En efecto, las jornadas del 21N contaron con masiva movilización en ciudades y campos, y desbordaron toda expectativa, no solo del gobierno sino de los propios organizadores. Los motivos del paro, originalmente, eran rechazar el “paquetazo” económico del gobierno de Iván Duque –cuyo Plan de Desarrollo anunciaba reformas pensional y laboral, y la creación de un “holding financiero” estatal con 19 entidades del sector público– y exigir el cumplimiento integral de los acuerdos de paz con las Farc. Luego, el pliego presentado por el Comité Nacional de Paro al presidente Duque el 26 de noviembre se amplió para incluir exigencias adicionales, como la eliminación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y la depuración de la policía; la definición de las políticas ambientales con las organizaciones del sector y rechazo al fracking; el trámite inmediato en el Congreso de la República de los proyectos de ley anticorrupción y el cumplimiento de los acuerdos firmados por el actual gobierno con estudiantes, indígenas, campesinos, maestros y otros sectores sociales. 

El presidente Duque se resistió a negociar al principio; luego, convocó a una “conversación”, que no negociación, citando por separado a los diversos protagonistas del 21N y, finalmente, se sentó a la mesa con el Comité de Paro, pero usando tácticas dilatorias y divisionistas. La multiplicidad desbordante de demandas –condensadas no solo en sucesivos pliegos, sino en pancartas exhibidas en calles y veredas– no fue negociada, no tanto por su amplitud, sino porque algunos reclamos apuntaban a modificaciones fundamentales del modelo de desarrollo y de democracia colombianos. Por eso, los organizadores del 21N, luego del intervalo de fin de año, recurrieron otra vez a la presión callejera. Pero llegó el Covid-19 al país a mediados de marzo. Algunos mandatarios locales, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretaron confinamientos obligatorios para prevenir el contagio masivo, a lo que se sumó, a regañadientes, el gobiermo nacional. En esas condiciones es obvio que disminuyó la intensidad y densidad de la protesta, pero no desapareció. Aunque aún no tenemos cifras consolidadas de luchas sociales en lo que va de 2020, en términos gruesos podemos hablar de unos 400 registros hasta inicios de septiembre, de los cuales una tercera parte fueron antes del 17 de marzo.

Antes de mirar lo ocurrido en estos meses de confinamiento en términos de protagonistas y motivos de las protestas, señalemos que hay profundas continuidades con movilizaciones previas, derivadas de fallas estructurales de nuestra sociedad y de notorias ausencias y debilidades estatales, pero lo ocurrido en lo que va de la pandemia muestra novedades resultantes de la forma como se ha manejado.

La protesta colombiana sigue reflejando desajustes estructurales como los derivados del modelo aperturista y extractivista en términos de pobreza, desigualdad social, desempleo, flexibilización laboral, privatizaciones y daños ambientales, entre los más prominentes, a los que se articula la persistente violencia contra líderes sociales y desmovilizados.

Además de esta violencia política agenciada por el paramilitarismo con nuevas denominaciones y sectores de las fuerzas armadas, desde el ascenso de Duque al poder se nota un incremento en la cruenta represión a las protestas por parte de la Policía, especialmente del Esmad. Y lo más grave es que ante claros hechos de violación de derechos humanos, como el asesinato de Dilan Cruz el 26 de noviembre de 2019, estos casos se mantienen en la justicia penal militar, con lo que se refuerza la impunidad. Así se teme que vaya a pasar con el asesinato de Javier Ordóñez, ocurrido el 8 de septiembre de 2020, víspera del día de los derechos humanos en Colombia, y con los 13 muertos de los días siguientes. 

Como si fuera poco, el tradicional presidencialismo del régimen político colombiano se ha agudizado durante la pandemia. Según Rodrigo Uprimny, hasta el momento Duque ha expedido 115 decretos legislativos, casi un tercio de los 386 producidos durante los 30 años de vigencia de la Constitución del 91. En consecuencia, se legisla sin el Congreso, al que no se le consultan muchas decisiones fundamentales, entre ellas la presencia de tropas de Estados Unidos en el país. A veces, ni siquiera se consulta a sus aliados políticos, aunque siempre Duque parece proceder con la aprobación del supremo jefe del Centro Democrático. 

A la justicia, por su parte, también se le relega –aunque ella si no se deja fácilmente– cuando no se la deslegitima, sobre todo ante decisiones que afectan al gobierno y a sus aliados; por ejemplo, la detención domiciliaria de Álvaro Uribe Vélez a comienzos del pasado agosto. Por ende, la cuarentena terminó siendo no solo un confinamiento domiciliario, sino un verdadero estado de excepción, en el que se volvió a un crudo presidencialismo, que había tratado de frenarse con la Constitución de 1991. 

En este contexto veamos lo ocurrido en estos tiempos del Covid-19. 

Fuente: Cinep, Bdls.

Como muestra el gráfico 2, la salud ha sido un motivo de movilización desde la ley 100 de 1993, especialmente a partir de 2009. En efecto, las luchas por este motivo han ocupado el 4,5 % del total de las protestas sociales registradas por la Bdls entre 1994 y 2019, mostrando un comportamiento relativamente regular entre 1994 y 2008, año a partir del cual ascienden vertiginosamente para volver a disminuir desde 2017, sin caer a los bajos niveles del comienzo del periodo. Son luchas que involucran a muchos actores y cuentan con cubrimiento en prácticamente todo el territorio nacional. El sistema de salud en Colombia tiene una baja legitimidad social, algo que se deteriora aún más desde los años 90, y se ha profundizado con el manejo de la actual pandemia del Covid-19. En estos tiempos se han incrementado las protestas de la población para exigir efectiva y oportuna atención ante el eventual contagio, comenzando por la toma de pruebas. 

Las luchas de los trabajadores del sector salud son las más numerosas en estos meses de cuarentena. Además de la denuncia de precarias condiciones de hospitales, clínicas y centros de salud, hay problemas de desabastecimiento de la mínima dotación para todos ellos. Pero lo más preocupante es la difícil condición laboral de los trabajadores, con malos salarios, pagos a destiempo y exagerados turnos de trabajo. Esto se exacerbó con el decreto presidencial 538 del 13 de abril de 2020, que obligaba a los trabajadores del sector a estar disponibles para la atención de la pandemia. En algunos casos no han sido suficientes las denuncias y reclamos, por lo que los trabajadores han tenido que recurrir a medidas más radicales como la huelga de hambre a comienzos de agosto en el hospital de Valledupar. A veces también se les estigmatiza y maltrata verbal y físicamente por ser eventuales transmisores del coronavirus. Lo paradójico es que de dientes para afuera se les exalta y aplaude. Como dijeron los trabajadores de la salud en Cartagena a comienzos de abril: “Los héroes con hambre no trabajan”. 

Algo que compensó su valentía y espíritu de servicio, al ser la primera línea de atención de la pandemia, fue el fallo de la sala laboral de la Corte Suprema del 25 de junio que autorizó la huelga en ese sector, a raíz del movimiento de los trabajadores del hospital de Maicao.

* Originalmente publicado en revista Foro, 101-102, 2020.

Mauricio Archila y Martha Cecilia García

0 comentario
0 Linkedin
crowd, day, first
Download PDF

Se cumplió un año del 21N, un hito en la movilización social de Colombia. Aunque las marchas para celebrar el aniversario no han sido masivas, nuestro compañero Mauricio Archila, historiador, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, investigador de Cinep en el tema de movimientos sociales y autor del libro Idas y venidas, vueltas y revueltas, protestas sociales en Colombia 1958-1990, fue entrevistado en noviembre de 2020 por Natalia Arenas, periodista de Cerosetenta. Él no cree que la falta de gente en las calles hoy signifique que la protesta está deslegitimada.

Cerosetenta habló con Mauricio Archila sobre lo que implicó el 21N (protestas del 21 de noviembre y días siguientes de 2019) y las movilizaciones que han surgido desde entonces. 

Después de haber estudiado las protestas en Colombia durante tanto tiempo, ¿considera que el 21N significó un hito en la historia de la movilización social?

Si, es un hito por varios aspectos. Uno muy notorio fue la gran participación, el número. Tal vez no haya sido la mayor protesta del país, pudo haber sido incluso más masiva la de febrero 2008 convocada desde el gobierno de Uribe contra las Farc, pero el 21N fue bastante masiva. También fue muy importante en términos de los sectores que participaron. Había gente nueva, gente que no había salido a marchar. Me atrevería a decir que hasta había duquistas y uribistas, no la mayoría por supuesto, pero gente que posiblemente votó por este gobierno y que por uno u otro factor estaba desencantada. Otro elemento es la riqueza y la pluralidad de las demandas, que tiene un factor crítico en el sentido de que es muy difícil de negociar. Entre el primer pliego, el segundo, y lo que salía en las calles uno podría hablar de unos ciento y pico de reclamos, para no hablar de cosas puntuales que pudieron ocurrir en muchos municipios. Eso refleja una cantidad de inconformismos, o de desequilibrios, que es lo que nosotros medimos. Los movimientos sociales y las protestas no son ni buenas ni malas per se, sino que expresan desajustes, desequilibrios de la sociedad. Son factores que, a mi juicio, ameritan considerar el 21N y los días siguientes como un hito de la movilización en el país. 

¿Usted siente que cambió algo tras esa movilización?

El 21N fue un catalizador o una expresión de una movilización que venía condensándose. Fue un punto alto, una cima en la movilización y recogió mucho descontento político. Nosotros hemos encontrado que el factor de mayor movilización en tiempos recientes se da en términos de incumplimientos de lo acordado. Comenzando por los acuerdos de paz, pero también todo lo que se concertó con los estudiantes en el 2018, que fue una movilización importante a finales del año. Lo que se concertó con el Chocó, con el Pacífico, con Buenaventura, con la Minga, en fin, muchas cosas que el gobierno de Duque fue acordando y que ha ido incumpliendoClaro, por detrás hay problemas económicos, de infraestructura, de vías de comunicación, pero se formula muchas veces más como reclamos de cumplimiento, de vigencia de derechos, de políticas públicas. Después vino diciembre con su alegría y la movilización entró en otro modo. Y luego estalló el coronavirus. Todo eso afectó la movilización. Sin embargo, no es del todo cierto que el movimiento del 21N se haya deslegitimado y que no se haya podido materializar por el coronavirus, como afirmó Mauricio Jaramillo, conocedor del movimiento laboral de la Universidad del Rosario, en un artículo publicado a finales de noviembre de 2020 en El Espectador. Ese artículo, a mi juicio, tiene frases desafortunadas. Obviamente en este momento no es posible acudir masivamente a las calles, pero se le olvidó el 9, 10 y 11 de septiembre.  Termina diciendo que la protesta va a disminuir porque en el 2022 todo el mundo va a estar pendiente de las elecciones, cosa que es difícil de predecir, pero no creo que vaya a ocurrir así. 

¿Por qué?

De entrada, no creo que se esté deslegitimando la protesta, se está transformando, están mutando los repertorios. El gobierno sí quisiera deslegitimarla y no sé si también algunos sectores de la sociedad que apoyan al gobierno y que ven en toda protesta un acto subversivo, de castrochavismo. Pero la gran mayoría pensamos que la protesta es un derecho legítimo y responde a los desequilibrios de la sociedad. Entonces, claro que sigue siendo legítima. 

No creo que vaya a disminuir porque los problemas no se han solucionado, han empeorado. Lo que hizo el Covid 19 fue desestructurar aún más lo que ya estaba descuadernado, como diría Carlos Lleras. Por ejemplo, el sistema de salud que venía mal por la privatización “peló el cobre”. Creo que no se han solucionado los problemas y, más aún, el gobierno sigue incumpliendo. Es cierto que durante el Covid 19 y mientras no se logre realmente una vacuna bien difundida, va a ser muy difícil volver masivamente a las calles, pero yo no creo que la gente esté muy contenta y que se haya deslegitimado la protesta. Lo que pasa es que en este momento no se puede salir por lo menos convencionalmente. 

En su libro usted habla de la indignación y el sentimiento de injusticia.  ¿Cree que estos factores pueden explicar lo que pasó el 9 y 10 de septiembre de 2020 en Bogotá?

Sin duda. Aunque es un libro de hace ya 20 años, sin querer queriendo en ese capítulo anotaba lo que me parece un fenómeno clave y es el sentimiento de indignación, de injusticia, que articula sentimientos con razones. Lo que surgió estos días de septiembre fue una revuelta de la ira y, en ese sentido, los sentimientos estuvieron un poco al frente.  Tuvo que ver, obviamente, con una brutalidad policial que fue captada por las redes sociales. Pero también hubo lo que Habermas llamaría la acción comunicativa: la protesta necesita comunicación que en este caso se dio a través de esas redes. Hubo desmanes, evidentemente. Desmanes por parte de la de la policía, algo que es preocupante porque su mandato es proteger la vida, pero también hubo ‒aunque no tan generalizados como se quiso mostrar‒ actos de violencia por parte de algunos sectores de la protesta.

Hay otras cosas también que están influyendo ahí. Durante este gobierno la Policía ha adquirido otra vez una mentalidad de “guerra fría”, de ver el enemigo externo encarnado internamente. Por ejemplo, fue a la Policía a la que mandaron a controlar la pandemia, era la que nos mandaba a acostar, la que nos requisaba si salíamos. Y especialmente con los jóvenes hay la sospecha de que se van a colar en Transmilenio o van a robar. Esa mentalidad genera muchos roces entre los jóvenes y la policía. De hecho, casi todos los que murieron el 9 y 10 de septiembre eran jóvenes, de 30 para abajo, y de estratos bajos. No estoy diciendo que la Policía recibió la orden de disparar y matar a jóvenes de estratos bajos, pero sí habla de un roce, por no hablar de procesos históricos con el Esmad. Valdría la pena, por supuesto, reformar y cuestionar esto. 

También dice que, aunque las protestas en Colombia son muchas, no siempre tienen tanto impacto como la gente espera. Y lo atribuye a tres causas principalmente: la desigualdad y la falta de capacidad del Estado para tener el uso legítimo de la fuerza, de las que ya conversamos, y la falta de intermediación por parte de los partidos políticos y, en particular de la izquierda. De hecho, dice que el problema es el elitismo de la izquierda que considera que ya sabe cuáles son los problemas de la gente y, por lo tanto, no hace un esfuerzo por encontrar consensos. ¿Esa falta de intermediación se mantiene o cómo se expresa hoy? 

Creo que eso aplicaba muy fuerte para esa segunda mitad del siglo XX, que es el período que yo analizo en el libro, pero hoy en día siento que hay signos de transformación. Primero, por unos procesos casi estructurales e históricos como que muchos partidos se han acabado. Segundo, porque creo que quienes seguimos, hemos comprendido que con esas posiciones mesiánicas, vanguardistas, poco se logra la transformación que buscamos. Creo que el vanguardismo de la izquierda, ese mesianismo, ha disminuido bastante. No ha desaparecido y no voy a dar nombres: hay mucho caudillismo todavía. Pero creo que las izquierdas han comprendido que hay que acercarse mucho más a la gente de carne y hueso. 

Eso me lleva a preguntarle por el liderazgo del Comité del Paro. ¿Por qué es tan difícil que haya liderazgo en estas movilizaciones?

Las formas organizativas que se construyeron en las democracias occidentales se han ido desgastando. En Colombia, hasta la subida de Álvaro Uribe, teníamos un bipartidismo histórico, pero hoy en día, los Partidos Liberal y Conservador se han fragmentado mucho, la izquierda mucho más y también los sindicatos. Esas formas de organización no han desaparecido, y la idea no es que lo hagan, pero en este momento no dan cuenta de la dinámica social. 

También han irrumpido nuevos actores, nuevas demandas, se han pluralizado mucho. Eso puede hacer difícil la negociación: no es lo mismo negociar un pliego de 2 o 3 puntos a uno de 110, que se puede perder en minucias como hizo el gobierno con su ‘conversación nacional’. Lo poco que prometió y aceptó, como el tratado de Escazú, no lo quiere firmar, aunque se había comprometido con los ambientalistas. 

El liderazgo es difícil. En alguna época algunos teníamos como nostalgia del caudillo:  “muerto Gaitán, ¿quién?”, pero yo creo que no hay que seguir suspirando por un Gaitán. Por supuesto que el liderazgo tiene que renovarse. No puede seguir en una suerte de figuras masculinas, viejas y resabiadas. El sindicalismo tiene que comprender que es una fuerza importante que convoca, pero ya no es esa fuerza movilizadora de hace unos años. Cuando se quedan solos, como ocurrió el pasado 19 de noviembre, tenemos una marcha ordenada, pero chiquita. ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil está hoy un poco en reflujo y ese fue el que puso mucha fuerza a finales del 2018, en el 21N de 2019, y de alguna manera, en septiembre de 2020. 

El liderazgo tiene que cuestionarse. Estamos ante otro modelo que en Colombia todavía no hemos aclimatado, un modelo mucho más horizontal del liderazgo sin la figura del gran líder o la gran lideresa, que ojalá integre distintos sectores, regiones, etnias, géneros, orientaciones sexuales. 

Usted ha dicho que el tropel no atrae, sino que asusta e invita a la movilización pacífica, más parecida a la fiesta. Sin embargo, hay una percepción de que entre más tropel haya hay más incentivos por parte de los gobernantes para negociar. ¿Esa percepción es equivocada?

Es un argumento fuerte y alguna gente lo esboza, no solo en la práctica sino reflexivamente, pero yo no soy muy partidario de esa idea. Yo insisto en que los movimientos sociales tienen más contundencia por el número, por los argumentos, por los motivos y por las formas. Y creo que tienen mucho más impacto estas formas más lúdicas y festivas de protestar que el choque armado y la destrucción de los bienes públicos. 

Ahora, con gobiernos tan cerrados y tan sordos como este parecería que hay que hacer más bulla, porque con cacerolazos parece que no escuchan. Pero no estoy llamando a la destrucción. Esos choques tan violentos asustan y eso sí puede deslegitimar un poco la protesta. Esa es la insistencia que está haciendo el gobierno: querer identificar todo acto de protesta con vandalismo y con infiltración de la guerrilla y, por ese lado, todo el que sale a protestar es un castrochavista. Así estamos fregados. 

Usted afirma en el libro que las protestas en Colombia en la segunda mitad del siglo XX no significaron serios desafíos al poder. ¿Considera que eso ha cambiado con el tiempo y con movilizaciones más recientes? 

Cuando escribía el libro todavía estaba vigente este relato de reforma o revolución, la pregunta sobre cuál es el sentido emancipador de los movimientos sociales. Son preguntas que siguen estando al orden del día, pero por lo menos yo sí ya me he ido bajando de esa idea de la revolución, de “la toma del cielo por asalto” y la transformación al otro día de la sociedad. No niego que esos procesos se puedan dar y, de hecho, hemos encontrado movilizaciones que terminan tumbando gobiernos y produciendo verdaderas insurrecciones. Pero por lo común, la gente que sale a la calle no está buscando destruir el gobierno o destituirlo. 

He notado mucha radicalidad que, aunque en este momento no se exprese en las calles, cuando se pudo expresar se expresó muy violentamente, muy fuertemente, el 9 y 10 de septiembre de 2020). ¿Qué puede pasar en el futuro? No sé, pero en la medida en que las cosas no se han solucionado sino se han empeorado, yo no creo que lo previsible sea que este gobierno vaya a terminar sin protestas. Pero que lo tumbe la movilización ciudadana, no creo. 

Todas las protestas hay que ubicarlas en sus marcos espacio-temporales concretos. Comparar a Colombia con Bolivia, Perú o Venezuela no es muy adecuado así sean nuestros vecinos, para no hablar de China o de Francia. Lo que se ve en América Latina es que hay unos procesos fuertes de movilizaciones que sí pueden dar lugar a transformaciones, por ejemplo, en el plano electoral. Yo no le pongo todas las bazas a eso y no creo que ahora la cuestión vaya a ser solo electoral, pero creo que por ahí pueden pasar algunas cosas interesantes. 

¿Todavía piensa que protestar en Colombia es de valientes?

Sí, sigue siendo algo de hombres y mujeres valientes. Más cuando hay toda esta cantidad de líderes asesinados, más de 1000 desde el 2016. Porque cae en ese estigma del enemigo interno y cuando no es la Fuerza Pública, son los paramilitares que no han desaparecido, se han rearmado y en algunas regiones siguen siendo muy fuertes y en otras, como Bogotá, siguen mandando amenazas. Entonces sí, aquí es de valientes hacer protestas, organizar sindicatos y crear organizaciones sociales.  Es un oficio muy peligroso. 

2 Comentarios
0 Linkedin