Vecinos para siempre

A Colombia y Venezuela los une su frontera más larga, abigarrada y compleja. Ante todo, comparten poblaciones indígenas; además, cada país es el principal destino migratorio o de refugio para el otro: así como miles de colombianos buscaron empleo e ingresos en Venezuela en los años 70 y 80, y en los 90 se refugiaron de la violencia, a partir de 2015 aumentó el éxodo desde Venezuela, con la expulsión de colombianos que retornaron al país con familia binacional. Así las cosas, ha llegado la mitad de los más de cinco millones de venezolanos forzados a salir de su país. Mientras unos han seguido hacia otros destinos, otros tantos se han quedado en Colombia; miles más entran a Colombia a abastecerse, a buscar ingresos, servicios de salud o a recuperar remesas que les envían sus familiares migrantes; y, más recientemente, en medio de la pandemia, miles transitan hacia allá y hacia acá. Los dos países comparten también ecosistemas estratégicos y cada lado ha generado formas de protección ambiental, cuya coordinación se ve afectada con las tensiones binacionales. La integración andina posibilitó un entrecruzamiento de las dos economías, mutuamente ventajoso, que generó empleos, ingresos, comercio, infraestructuras y oportunidades para ambos lados, hasta la salida de Venezuela de la Comunidad Andina. 

En ese contexto veremos, primero, factores que agravan la situación de las zonas fronterizas colombo-venezolanas y, luego, alternativas que ayudan a su transformación.

I. Agravantes de la situación

1. Las crisis de Venezuela 

La destrucción económica, institucional, de infraestructura y servicios esenciales, la falta de abastecimiento básico, así como el crecimiento alarmante de desempleo, pobreza, violaciones de los derechos humanos, sociales y políticos, han generado una emergencia humanitaria compleja y prolongada que, como lo muestra el informe de la misión de la ONU, ha forzado un éxodo masivo y repercute en el aumento de problemas a ambos lados de la frontera. 

Agrava esas crisis el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro se aferre al poder a cualquier costo como se ve, entre otros, en dos asuntos complicados. Uno, ante la destrucción de la industria petrolera, las sanciones económicas y la urgencia de conseguir divisas, se ha incentivado la explotación irregular de oro, coltán y de tierras raras en el arco minero energético del Orinoco, lo que genera graves daños sociales, ambientales y de seguridad. Y dos, el aumento en el lado venezolano de la actividad del ELN y de disidencias de las FARC ha reflejado su intervención en distintos asuntos, en acuerdo con el régimen de Maduro. 

Los intentos de negociación entre diversos sectores venezolanos han fracasado y no se avizora una salida pactada. En lugar de avanzar hacia una estrategia unitaria y efectiva, la oposición está cada vez más dividida y desligada de la ciudadanía, de los problemas cotidianos de la población que intenta sobrevivir, del éxodo al que se ve forzada para buscar alternativas en condiciones vulnerables. Ante esa incapacidad de articularse para construir una alternativa que logre una transición pacífica que permita hacerle frente a las crisis acumuladas, cada vez más aliados internacionales de la oposición prefieren concentrarse en lo humanitario.

2. Destrucción del andamiaje institucional para manejar esa compleja vecindad 

Las tensiones al final de los ocho años en que coincidieron los gobiernos de Hugo Chávez y Álvaro Uribe paralizaron toda la institucionalidad que ayudaba a procesar esa compleja vecindad: la Comisión Negociadora (CONEG), dedicada a asuntos como la delimitación marítima y la densificación de hitos en la frontera terrestre; la Comisión Binacional Fronteriza (COMBI – FRON), que reunía a las Fuerzas Armadas y de Policía de los dos países; la Comisión Presidencial de Integración y Asuntos Fronterizos (COPIAF), más conocida como Comisión de Vecindad, así como diversos mecanismos entre autoridades locales de ambos lados de la frontera. 

En 2015, Maduro expulsó colombianos, ordenó “cierre total de la frontera” (peatonal, de vehículos y mercancías); un año después lo flexibilizó, pero en febrero de 2019 rompió relaciones diplomáticas y consulares, cerró y bloqueó los pasos legales, aunque después abrió algunos en horario restringido para personas y carga comercial. Con la pandemia, en marzo 2020, Duque ordenó también el “cierre de fronteras”. 

La línea limítrofe de 2219 kilómetros no es una cremallera que permita impedir los flujos transfronterizos. “Cerrar fronteras” solo bloquea los siete pasos formales existentes, obligando a las personas y mercancías a atravesar por trochas informales en las que grupos armados irregulares se disputan el control, imponiendo sus regulaciones con extorsión, trata de personas, explotación sexual y trabajo forzado. Así, el éxodo poblacional queda en condiciones aún más vulnerables; el activo comercio fronterizo, en lugar de generar empleos e ingresos legales, ve crecer el contrabando, la corrupción, las economías ilegales (como la venta de gasolina, ahora de Colombia a Venezuela), la criminalidad y la violencia. 

A la diplomacia del micrófono de reacción y confrontación permanente se agrega el control militarizado de territorios limítrofes, la geopolitización y securitización de asuntos nacionales y binacionales, una carrera armamentista y la amenaza del uso de la fuerza. Todo eso agrava los problemas de las zonas fronterizas.

3. Política del gobierno de Iván Duque 

Pese a que los intereses de Colombia son radicalmente distintos de los que tiene Estados Unidos sobre Venezuela, más aún bajo el impredecible Trump, dispuesto a lo que sea en pro de su reelección, Duque ha secundado su estrategia. Con su partido, el Centro Democrático, ha respaldado sanciones económicas y se ha aliado con el sector opositor que, para buscar una salida, privilegia la acción externa por sobre la negociación. 

Duque acompañó la estrategia de la oposición venezolana que arrancó en enero de 2019 cuando, ante la elección irregular de Maduro, la Asamblea Nacional nombró a su presidente Juan Guaidó como encargado de la presidencia de Venezuela. En febrero, con el concierto para presionar la entrada desde Colombia de donaciones humanitarias a Venezuela, Duque anunció que en cuestión de horas caería Maduro. Luego, sectores opositores venezolanos impulsaron un fallido intento de rebelión militar y, con la participación de venezolanos exiliados, antiguos miembros de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos y la empresa de seguridad privada contratada para proteger el concierto de febrero, instalaron un campo de entrenamiento en Maicao, con el fin de realizar la Operación Gedeón y sacar del poder a Maduro. Al llegar a Venezuela, el 3 de mayo de 2020, la aventura fracasó. 

Todo ese complicado proceso ha tenido efectos negativos en ambos países, los cuales se han aumentado por otras políticas como el lanzamiento de las llamadas Zonas Futuro para “combatir cultivos ilícitos”, y la llegada, el 20 de julio de 2020, de 53 militares estadounidenses a cinco unidades militares cerca a Venezuela, según el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo para “asesoramiento, cooperación y entrenamiento en la lucha contra el narcotráfico”. Esa lucha la reducen a forzar la disminución de cultivos para uso ilícito con fumigaciones aéreas, pese a sus efectos ambientales, en la salud, los cultivos legales y las poblaciones locales. 

4. Interferencias en la construcción de paz 

La paz territorial, punto esencial del Acuerdo de Paz, debe generar impactos positivos, en especial en las zonas fronterizas donde se acumuló el conflicto armado, y donde se ubicó la mitad de los espacios territoriales de capacitación y reincorporación de exguerrilleros de las FARC. Luego de la realización de la consulta veredal-municipal-subregional para la construcción de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y el esbozo de Planes de Acción para la Transformación Regional, se paralizó el proceso de priorización de proyectos de ordenamiento social de propiedad y uso del suelo, infraestructura y adecuación de tierras, salud, educación, vivienda, agua potable y saneamiento, así como de emprendimientos con participación étnica y mecanismos de reconciliación. También se paralizó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). 

Como el gobierno de Duque no ha podido reiniciar la aspersión con glifosato, dado que no ha cumplido las condiciones que exigió la Corte Constitucional (aplicación de planes preventivos, mitigación ambiental, consulta previa a comunidades étnicas, sustitución voluntaria y solo si fracasa recurrir a otra forma, agosto de 2019), intensificó la erradicación forzada con la participación de la Fuerza Pública en 82 % de municipios del PNIS, lo que generó tensiones con comunidades locales y aumentó 35 % la resiembra de coca. Eso revierte logros del PNIS y del Plan de Atención a Recolectores de hoja de coca, con los que había comenzado la reconversión laboral, vinculándolos a la gestión comunitaria para mejoramiento de escuelas, reforestación y mantenimiento de vías terciarias o caminos de herradura. Frenó también lo que propiciaba que cultivadores y “raspachines” encontraran ingresos para su subsistencia, los municipios ahorraran recursos y las comunidades fortalecieran su tejido social, logros decisivos para las fronteras, pues  70 % de los cultivos de coca están en zonas colindantes con Venezuela y Ecuador. 

Venezuela fue país garante de la mesa de conversación del gobierno colombiano y el ELN, pero esa negociación de paz se ha hecho imposible por los atentados de esa guerrilla y por las tensiones del gobierno Duque con Cuba y con el régimen de Maduro. El ELN lo ha aprovechado para consolidar su retaguardia estratégica en zonas fronterizas, tales como Arauca, donde concentra buena parte de tropas, mandos y controles territoriales, y cada vez más en el Catatumbo, aunque allí mantiene disputas violentas, para convertirse en actor binacional usando a Venezuela como su santuario estratégico. El ELN resulta útil para el régimen de Maduro en una triple perspectiva: evitar o resistir una intervención militar externa que asume como posible, estimular a las fuerzas armadas venezolanas muy atadas a la hipótesis de conflicto por el diferendo limítrofe y fragilizar a Colombia atándola al conflicto interno que centra su Ejército en la contrainsurgencia y, además, para intentar recuperar zonas mineras controladas por bandas criminales y poder sacar recursos del oro, diamantes y coltán, para lo cual en 2016 creó el Arco Minero del Orinoco ante los problemas de PVDSA y la caída de precios del petróleo. 

II. Transformación de conflictos en las fronteras 

Además de programas como la Escuela de Paz y Convivencia Ciudadana, que por años ha desarrollado el CINEP/PPP, han surgido dos esperanzadores procesos. 

1. Gobernaciones y cámaras 

Frente al agravamiento de la situación fronteriza por las tensiones entre los dos países, las gobernaciones de Táchira y Norte de Santander pusieron en marcha mesas de trabajo que han ayudado a procesar y hacer avanzar temas cruciales. En lo ambiental, atendieron una emergencia que afectó las dos naciones. Ante el cierre de pasos fronterizos formales, han tratado de concretar el paso de migrantes y retornados, así como un corredor humanitario para que las personas que tienen que ir a abastecerse o a buscar servicios en Cúcuta, puedan hacerlo a través de los puentes. En medio de la pandemia han intentado coordinar el control sanitario conjunto. Las secretarías de educación entregaron cartillas pedagógicas para población escolar de ambos países y han tratado de garantizar el paso de quienes estudian en diversas ciudades colombianas. En cuanto a seguridad, han planteado a los gobiernos centrales la urgencia de acciones concretas que permitan enfrentar esa problemática. 

Esas mesas de las gobernaciones se amplían con alcaldes, gremios económicos y cámaras de comercio, buscando cómo evitar la circulación fronteriza por los pasos irregulares y sentar las bases de recuperación económica, confianza ciudadana, entendimiento y cooperación crucial para enfrentar la crisis humanitaria, socioeconómica y de seguridad. 

El diálogo ha ido construyendo una Hoja de Ruta, con al menos cinco ejes:

1) Salud y manejo de la pandemia para acordar protocolos sanitarios y de bioseguridad que permitan el restablecimiento del tránsito de personas. 

2) Acciones humanitarias transfronterizas, una mesa dirigida por autoridades territoriales, con participación de obispos, del Servicio Jesuita a Refugiados y de organizaciones de la sociedad civil de cada país. 

3) Apertura de los pasos fronterizos legales para transporte terrestre de mercancías: retiro de contenedores en los puentes y controles sanitarios y aduaneros que permitan la reactivación comercial y económica que cuenta con condiciones institucionales y de infraestructura. 

4) Constitución de una mesa de apoyo regional transfronterizo, dirigida por autoridades territoriales, con gremios del transporte de carga, logística, cámaras de comercio y gremios binacionales. 

5) Construcción de una política de inclusión e integración de colombianos retornados, familias binacionales y migrantes venezolanos que genere coordinación entre autoridades locales, regionales y nacionales con cooperación internacional y organizaciones de sociedad civil. 

2. Diplomacia ciudadana 

En septiembre de 2019, más de un centenar de académicos, miembros de organizaciones sociales, humanitarias, gremiales, redes y plataformas de derechos humanos de Colombia y Venezuela firmamos una declaración expresando la necesidad de generar una convergencia binacional entre distintos sectores. En noviembre, diversos sectores de ambos países, reunidos en Bogotá, analizaron problemáticas de cada lado y de la frontera compartida, acordaron llamarse Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV) y estimular una diplomacia social en favor de una solución pacífica de las crisis en Venezuela y de la construcción de paz en Colombia, con el fin de atender los problemas que se agravan en la frontera y la reconstrucción de la relación consular y binacional en defensa de los derechos de migrantes y retornados. 

En enero de 2020, en Cúcuta, PCCV revisó con alcaldes y gobernadores electos del lado colombiano de la frontera la situación de cada ámbito fronterizo y la manera de incorporar en los planes de desarrollo local la atención al éxodo forzado desde Venezuela. En febrero, en Bogotá, realizó reuniones con las Comisiones Segundas de Senado y Cámara que se ocupan de la política exterior y con la presidencia del Congreso para examinar la situación fronteriza y la actuación del gobierno de Colombia frente a Venezuela, al igual que el éxodo desde ese país; participó  en el concierto de la Orquesta Sinfónica Juvenil binacional “Colombia-Venezuela, más que un conflicto”, y apoyó la consecución de recursos que hace FUNDIMUSICOL para la sobrevivencia y compra de instrumentos musicales para los venezolanos participantes. 

Desde marzo, en medio de la cuarentena, PCCV ha realizado una veintena de diálogos virtuales con diversos sectores de los dos países: líderes indígenas, organizaciones sociales, redes de comunicación, universidades y cámaras de comercio para analizar las diversas situaciones agravadas por la pandemia y las dificultades para hacerle frente común a la riesgosa situación. En algunos diálogos han intervenido migrantes venezolanos y colombianos retornados, así como miembros de la Iglesia y organizaciones dedicadas al seguimiento de la problemática migratoria, sobre todo en Bogotá, Cúcuta y el Caribe, donde se concentra la mayor parte del éxodo. Varios diálogos han estado asociados a eventos de otras entidades, tales como universidades, CINEP, CRIES, Pares, Fescol, El Espectador, Semana, el Instituto de Paz de Estados Unidos, el Instituto para las Transiciones Integrales y entidades de Naciones Unidas o de la Unión Europea. También ha participado en reuniones o gestiones con la Cámara Colombo-Venezolana, los gremios económicos y las gobernaciones para buscar la apertura de los pasos fronterizos legales. 

Las reuniones virtuales de PCCV se han regularizado cada mes con tres partes que desarrollan sus ejes de acción: el análisis de las problemáticas nacionales, fronterizas o binacionales, la coordinación de actividades y el diálogo con un sector u organización que realiza iniciativas afines. 

Es de esperar que las diplomacias fronteriza y ciudadana logren fortalecer nexos positivos que ayuden a procesar y transformar problemáticas cruciales entre los dos países. 

Fuente: CINEP (2020), Revista Cien días, edición 100, junio-diciembre, 134-146.

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Socorro Ramírez