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Una constitución para Napoleón

Por Jesús Ferro Bayona
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Con razón la frase “la revolución ha terminado” se volvió la expresión común del nuevo estado de cosas, que a su vez Bonaparte mencionaba para no dejar ninguna duda sobre la moderna era que él inauguraba. 

En la historia de los golpes de Estado, el que dio Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799 ha quedado para la posteridad de los amigos de fechas memorables, como un referente. Se conoce como el golpe de Estado del 18 Brumario, nombre este último con el que la Revolución francesa bautizó el mes de brumas otoñales, que es noviembre, en los países con cambios estacionales. Para borrar los vestigios del cristianismo, los revolucionarios cambiaron los nombres de los meses con los que el papa Gregorio XIII había cristianizado el calendario romano de Julio César. 

Pero Napoleón Bonaparte, que se hallaba en un momento crítico de su trayectoria política, necesitaba una constitución que legitimara la toma del poder y fortaleciera su imparable carrera hacia los poderes omnímodos. En poco menos de un mes, una comisión nombrada por él preparó un proyecto de constitución conocido como la constitución del año VIII según el conteo de los años de la Revolución.  

Una vez aprobado el proyecto por Bonaparte, se llamó a plebiscito a la población con derecho a voto, de los cuales 3.011.077 electores votaron por el  sí  contra 1.562 que votaron por el  no. Fue aprobada la nueva constitución a la medida de Napoleón.  

Empleando una figura de la antigua Roma, el plebiscito aprobó que el poder ejecutivo quedara en manos de tres cónsules, de los cuales Napoleón era el primero en dignidad y gobierno. Con ello, Bonaparte se adueñó del poder resultante del golpe de Estado de Brumario, asegurándose la legitimidad del golpe, evitando aventuras electorales futuras y teniendo para su beneficio una constitución de 95 artículos que, por donde se la mire, lo convertía en el titular de la legalidad y de paso daba entierro a la Revolución de 1789 y los principios que la sostenían.  

Con razón la frase “la Revolución ha terminado” se volvió la expresión común del nuevo estado de cosas, que a su vez Bonaparte mencionaba para no dejar ninguna duda sobre la moderna era que él inauguraba. 

El control sobre el poder legislativo del Estado quedó establecido en un Senado con miembros que eran cooptados de listas elaboradas por Bonaparte, cuya misión era velar por la constitucionalidad de las leyes y designar a los miembros de dos órganos: el tribunado y el cuerpo legislativo. Los tribunos discutían los proyectos de ley y los enviaban al cuerpo legislativo que votaba los proyectos enviados por el tribunado, sin derecho a discutirlos. Una pirámide perfecta para un dictador astuto que soñaba con ir más lejos:  su perpetuación en el poder cuando fue elegido cónsul vitalicio. 

Jesús Ferro Bayona

Publicado en El Heraldo, Barranquilla 

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